Martes, 28 Septiembre 2021 06:04

Grandes deudas

Grandes deudas

Evergrande, la enorme constructora china, es la noticia financiera del momento y en buena medida por las razones que se han vuelto más comunes: su enorme deuda y las previsibles consecuencias. En su nombre lleva el castigo (una pizca de metafísica no hará daño).

Siempre grande, o bien, cada vez más grande es la traducción literal del nombre de esta gigantesca compañía de China, cuyo negocio inmobiliario es el más endeudado del mundo. El grupo fue fundado en 1996 por Xu Jiayin y ahora abarca otras actividades: financieras, fabricación de autos eléctricos, alimentos y bebidas y, como debe ser, es dueño de uno de los grandes equipos de futbol, el Guangzhou FC.

Hoy, según la información pública disponible, el área de desarrollo de bienes raíces en Evergrande tiene mil 300 proyectos en más de 250 ciudades de China. El negocio se sostiene en un mar de deuda, valuada en más de 300 mil millones de dólares, en un sector en el que, añadiendo las actividades relacionadas, se estima que representa alrededor de una cuarta parte del PIB de China. El fenómeno está asociado con el dinámico proceso de urbanización en esa sociedad.

El tamaño de la deuda es un signo del modo de operar de empresas del tipo de Evergrande. En este caso, al parecer, el problema inmediato de la empresa se deriva, además de la magnitud de la deuda misma, de los cambios políticos que están en curso en China y reorientan la actividad económica y la relación entre el Estado con las empresas, asociado con las estrategias que hoy promueve el gobierno de Xi Jinping.

El Partido Comunista replantea su dirección en el marco de lo que se ha llamado la prosperidad común, que se enfoca en la profunda desigualdad que se ha creado en ese capitalismo dirigido desde el Estado. En dicha línea se diseñan un conjunto de políticas nacionales de seguridad. Una vuelta más de la línea del socialismo con características chinas. Se trata, en esencia de fortalecer el control económico y político.

El gobierno impuso medidas para reducir el nivel de la deuda de las grandes empresas constructoras. Evergrande ha tenido que restructurar su deuda para acomodar el negocio a las nuevas condiciones mediante el acopio de liquidez, afectando las condiciones de la venta de las unidades, pero en el camino se enfrenta al vencimiento de intereses.

Esto apunta a una situación que puede derivar en una crisis que se desparrame por el sector financiero y a los acreedores de la compañía en los mercados internacionales; además de las repercusiones sobre el conjunto de las empresas proveedoras.

Ya se ha llamado a esta crisis como el momento Lehman Brothers de China, en referencia a cómo se precipitó la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. Habrá que ver cómo se desenvuelve el asunto, mientras tanto, el viernes, Evergrande no pagó los intereses vencidos y entró en un periodo de gracia de 30 días.

Evergrande expresa un fenómeno típico de la financiarización económica y que se expresa en la conformación de empresas de gran tamaño y mucha deuda. Y mientras más mejor. Hoy, este rasgo es emblemático de la globalidad de los mercados.

El tamaño, expresa el poder de mercado de las empresas, vinculado con los costos y los precios con los que operan y las abundantes ganancias que generan. Se trata del espacio que dominan con sus productos y servicios; tan global como se pueda. Ejemplos de esto son bien conocidos y muchos son claramente identificables por todos. Otros lo son menos pero igualmente relevantes.

En ciertos sectores la dimensión de las empresas ha llevado a una situación denominada como demasiado grande para quebrar, lo cual deriva casi directamente en que ante una condición de fragilidad, el gobierno intervenga para prevenir o amortiguar la quiebra o, de plano, socializar los costos. Se trata de contener el reguero de deudas impagables que se genera.

En 2008, por ejemplo, los bancos y otras empresas financieras se consideraron muy grandes para quebrar. Aunque Lehman fue sacrificado, las dos grandes compañías hipotecarias públicas, la aseguradora privada AIG y la mayor parte del sector bancario fueron intervenidos, subsidiados o rescatados. La intervención aún tiene efectos en las condiciones financieras más de una década después.

Cómo dijo Alan Greenspan, antiguo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la crisis de 2008 fue un episodio de exuberancia irracional. El caso es que esa exuberancia y esa irracionalidad se generan en todos los mercados de activos, sean los créditos, bonos, acciones, bienes raíces, criptomonedas, obras de arte y demás. Cuando la exuberancia se financia con deudas crecientes y de enorme tamaño se provocan crisis muy costosas.

Mientras más desarrolladas son las economías de mercado se vuelven un formidable entramado de deudas. Puede leerse al respecto el libro de John Lanchester: ¿Huy! Por qué todo el mundo debe a todo mundo y nadie puede pagar. También puede verse el capítulo segundo de la serie de Netflix: El dinero en pocas palabras.

Las deudas deben validarse de modo constante y a tiempo, es decir, que deben cobrarse, lo que se hace de muy distintas maneras y con costos diferenciados. Cuando la magnitud de la deuda es demasiado grande y el entramado entre deudores y acreedores en más complejo, las crisis son más severas y las cargas sociales más desiguales.

Publicado enEconomía
Fuentes: Rebelión - Imagen: "El carbonero" (1934), Eduardo Kingman.

Rumbo a una mayor precarización laboral y a otros males

Los salarios corrientes del trabajo dependen del contrato establecido entre dos partes cuyos intereses no son, en modo alguno, idénticos. Los trabajadores desean obtener lo máximo posible, los patronos dar lo mínimo. Los primeros se unen para elevarlos, los segundos para rebajarlos. No es difícil, sin embargo, prever cuál de las partes vencerá en la disputa y forzará a la otra a aceptar sus condiciones.”Adam Smith – La riqueza de las naciones

 

El 23 de septiembre de 2021, casi a los cuatro meses de haber empezado su gobierno, y luego de una masiva vacunación contra el coronavirus, Guillermo Lasso finalmente hizo públicos algunos elementos de su primer gran plan económico recogido en el proyecto de ley “Creando Oportunidades” (de ahora en adelante, ley CREO). En un mensaje a la nación donde los detalles y los silencios decían más que las palabras, Lasso intentó dar un carácter salvador a su proyecto de ley. Sin embargo, una vez conocidos sus contenidos concretos, dicho proyecto más parece una reedición –a mayor escala y con menor recato– de la primera propuesta de “ley humanitaria”1 presentada por el gobierno de Lenín Moreno en 2020; propuesta que, recordemos, terminó abriendo las puertas a una –nada humanitaria– flexibilización laboral2.

Así, el gobierno de Lasso se muestra decidido a acelerar la marcha neoliberal arrancada en los últimos años del correísmo3 y mantenida durante todo el morenismo4. Si bien varias declaraciones de Lasso eran claras en ese sentido (basta recordar la cuestión de las privatizaciones5), el proyecto de ley CREO pone la discusión en un nuevo nivel tanto por la profundidad de varias reformas (sobre todo laborales) como por la ambición y la premura con la que el gobierno busca implementar su agenda en medio de un complejo –y hasta incierto– contexto político.

El proyecto de ley CREO se compone de los siguientes elementos: a) creación de un régimen laboral alternativo al Código de Trabajo; b) contribuciones económicas temporales para el impulso económico post-COVID; c) régimen impositivo para regularización de activos en el exterior; d) reformas a múltiples cuerpos legales adicionales. Aquí aparece una primera problemática: el proyecto de ley hace referencia a varios aspectos de forma simultánea (laboral, fiscal, tributario, “fomento” de inversiones, sectores estratégicos, etc.); de hecho, se busca reformar más de 25 leyes de materias distintas de forma urgente y con un solo proyecto de ley. Solo ese hecho ya puede poner en cuestionamiento la constitucionalidad de la ley CREO (aunque, siendo francos, no sería la primera vez que un proyecto de ley económica afecte a varios cuerpos legales)6.

Dentro de las dimensiones múltiples del proyecto de ley, la cuestión del “régimen laboral alternativo” –a la que le dedicaremos el grueso de nuestra atención en esta ocasión– quizá es de los más preocupantes pues la urgencia que vive el Ecuador de generar empleos se usa como pretexto para introducir varios cambios que hacen trizas las disposiciones constitucionales y legales al respecto, incluyendo los convenios en el marco de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de los cuales el Ecuador es signatario.

Por cierto, en términos políticos cabría decirse que fue un tanto “torpe” que el primer punto del proyecto de ley CREO sea justo la reforma laboral. De hecho, ni bien se comienza con la revisión del proyecto de ley, es posible leer que “Las disposiciones de este libro establecen un régimen distinto y alternativo al previsto en el Código del Trabajo. La aplicación del régimen establecido en este libro excluye la aplicación del Código del Trabajo y viceversa” (Ley CREO, art.3). Semejante afirmación no da espacio a interpretaciones: se busca crear una normativa legal paralela a la ya existente en términos laborales, aspecto que también podría ser constitucionalmente cuestionable pues se podría privar a varios trabajadores de los derechos laborales vigentes en el Código del Trabajo7.

Avanzando en el detalle del proyecto de ley, puede identificarse la creación de tres modalidades nuevas de contratación que no estarían sujetas al Código de Trabajo: contratos alternativos por tiempo definido e indefinido (art. 17); contratos alternativos por obra o servicios determinados (art. 18); y contratos alternativos eventuales (art. 19). Todas estas formas de contratación pueden realizarse bajo condiciones que más parecen un modernizado sistema de concertaje8 para una desembozada explotación laboral antes que una modernización de las relaciones laborales (término oficialista con el que se ha intentado dorar la píldora de la sobreexplotación laboral).

Apenas como ejemplo, se pueden enumerar las siguientes “joyas” del proyecto de ley CREO:

  • Se da libertad a los empleadores para que, en cualquier momento, se pueda pasar de una modalidad de trabajo virtual a presencial (art.15).
  • Se extiende el período de prueba (originalmente de tres meses) a “cinco meses, solo para la primera contratación. Pero para el caso de nuevas contrataciones del trabajador y siempre que sea para cargos distintos a los anteriormente desempeñados, también se entenderá incorporado dicho tiempo de prueba” (art.20). Es decir, se abre la posibilidad incluso a tener trabajadores “rotando” en diferentes actividades con tal de extender el período de prueba en el cual no existen obligaciones de pago de indemnizaciones ni de bonificaciones.
  • Se permite que, entre empleador y empleado, se defina por “mutuo acuerdo” que las herramientas esenciales para la ejecución del trabajo sean proporcionadas por el trabajador (art.26, numeral 5). Sabemos muy bien que, ante la necesidad imperiosa de los trabajadores de mantener la subsistencia propia y de sus familias, muchos de este tipo de “mutuos acuerdos” terminan volviéndose obligaciones adicionales impuestas por los empleadores9.
  • Se permite que la jornada laboral llegue a sumar 12 horas diarias seguidas, con un total de 40 horas semanales por cumplirse hasta en seis días. Sin embargo, si existe el “mutuo acuerdo” entre trabajadores y empleadores, pueden existir jornadas de trabajo continuas de hasta veintidós días (días de descanso serían acumulables), excepto en el sector turístico y naviero donde las jornadas podrían llegar a cuarenta y cuatro días seguidos (art.31).
  • Se permite que, si hay reducción en los ingresos del negocio, o si hay algún otro “evento de fuerza mayor o caso fortuito”, el empleador pueda reducir la jornada laboral hasta un máximo de 50% y reducir en la misma proporción tanto la remuneración del trabajador como los aportes de la seguridad social y demás beneficios. La reducción duraría hasta que se superen las “eventualidades”. Sin embargo, si hay “mutuo acuerdo”, se permiten reducciones aún más fuertes de jornada, remuneración y otros beneficios (art.32).
  • Se permite que los empleadores dejen de pagar remuneraciones a los trabajadores cuando las empresas sufran una suspensión de actividades por algún “caso fortuito” o “evento de fuerza mayor” e incluso se “podrá efectuar el aviso de salida de la seguridad social sin que esto represente terminación del contrato” (art. 37).
  • Se permite que sea el empleador el que determine el período en que el trabajador deberá gozar de sus vacaciones (art. 41). Asimismo, el empleador podrá negar el goce de las vacaciones de un año, y si hay “mutuo acuerdo”, pueden extenderse los períodos en los cuales no se gozan de vacaciones, las cuales deberán acumularse para períodos futuros (art. 42).
  • Se plantean trece causales de terminación de un contrato alternativo (art.70) (en contraste a los ocho motivos de despidos previstos en el Código del Trabajo). De hecho, se dispone que “el empleador podrá dar por terminado el contrato, sin necesidad de trámites o de formalidades previas”; es decir, se simplifica la posibilidad de despedir a los trabajadores sin tener que recurrir a trámites administrativos (p.ej. visto bueno). Para colmo, existen causales de terminación de contrato absurdas y subjetivas. Por ejemplo, se podrá terminar un contrato “Por falta de probidad. Para esta causal no es necesario que se produzcan daños al empleador o a terceros, sino la sola falta de apego a la rectitud en el obrar y al cumplimiento ético del deber” (art. 70, numeral 4). O, por ejemplo, “Por ineptitud para el trabajo para el cual fue contratado. Esta causal no está limitada al tiempo de servicios, por lo que puede configurarse en cualquier momento” (art.70, numeral 6). Así, los trabajadores terminan quedado a merced de los criterios subjetivos del empleador, que puede terminar las contrataciones de forma abrupta alegando causales sin siquiera verse en la obligación de comprobarlas ante un tercero. Y por si no fuera suficiente, también se dispone que, si un contrato termina por una de estas u otra “justa causa” determinada por el empleador, el trabajador deberá pagarle una “indemnizaciónequivalente a un mes de la última remuneración completa” (art.75).
  • Se permite que exista tanto la caducidad de las decisiones de terminación de contrato por “justas causas” (art.81) como también se dispone que “Las acciones provenientes del contrato de trabajo prescriben en el plazo de tres años contados desde la terminación de aquel. Sin embargo, transcurrido cinco años desde que la obligación laboral se hizo exigible, la acción por aquella estará prescrita, incluso si el contrato de trabajo no ha terminado” (art.82).

Con respecto a las peculiaridades de cada forma de contrato alternativo, cabe también hacer algunas menciones:

  • Los contratos alternativos de tiempo definido pueden tener una duración mínima de seis meses y pueden extenderse según “mutuo acuerdo” por varias veces hasta alcanzar un máximo de cuatro años. Luego de ese período, los trabajadores pasarían a la modalidad de contrato alternativo de tiempo indefinido que también estaría normado por la ley CREO. En otras palabras, puede suceder que un trabajador termine “entrampado” por años en un contrato laboral normado por la ley CREO y sin llegar a acceder nunca a los derechos laborales vigentes en el Código del Trabajo.
  • En el caso de los contratos alternativos eventuales (p.ej. para contratar trabajadores ocasionales solo por temporadas de alta demanda o como reemplazo de otros trabajadores), se elimina el recargo del 35% a la remuneración; recargo que, precisamente, compensaba en cierto modo la condición eventual del trabajador contratado.

Y por si no fuera suficiente todo lo antes mencionado, al final del proyecto puede leerse que: “El empleador que despidiese intempestivamente a cualquiera de sus trabajadores amparados por el Código de Trabajo con el motivo de contratarlos nuevamente bajo el régimen previsto en el LIBRO I, deberá pagarle una indemnización adicional equivalente a doce meses de la última remuneración completa del trabajador despedido intempestivamente”(ley CREO, disposición transitoria tercera).

Semejante disposición puede resultar rentable para los empleadores –incluso en términos económicos– frente a todas las posibilidades de flexibilización del trabajo disponibles en el proyecto de ley CREO. Sobre todo, se reduce a una mera cuestión pecuniaria la capacidad del empleador de hacer que los trabajadores dejen de estar cubiertos por el Código del Trabajo. Para comprender de mejor forma esta y otras posibilidades, es urgente que los sectores especializados en el derecho laboral hagan un análisis mucho más profundo de la ley CREO (aquí apenas hemos resumido puntos de forma general) e identifiquen todos los aspectos en donde dicha ley se va en contra del Código del Trabajo sea por mención o por omisión.

El caso es que, al revisar semejante proyecto de ley encaminado a exacerbar la explotación a las clases trabajadoras en el Ecuador, nace una duda medular: ¿qué sectores económicos estarían motivados a generar millones de empleos (como ha ofertado el propio Lasso) con semejante normativa laboral? Es aquí donde las nuevas formas de contratos alternativos planteadas por el gobierno empatan con los otros aspectos del proyecto de ley CREO que también son preocupantes.

Sin entrar en mayores detalles, el propio discurso de Lasso planteado el 23 de septiembre deja ver que la reforma laboral de la ley CREO empata con una visión desastrosa del mundo del trabajo. Entre los muchos aspectos que se podría cuestionar destacamos aquella aseveración presidencial, cuando se refiere a quienes no tienen empleo, que “ustedes podrán libremente decidir si quieren trabajar aquí, en el Ecuador, con condiciones laborales parecidas a las que hoy rigen en países a donde tantos compatriotas migran en busca de oportunidades. Lo único que vamos a hacer es poner esas condiciones a disposición de quien voluntariamente las quiera tomar.” La simpleza y perversidad de este razonamiento obvia las condiciones existentes en otros países que atraen a nuestros compatriotas, como puede ser el mayor nivel salarial, y por cierto aquello de la voluntariedad para aceptar condiciones de sobreexplotación laboral al margen de los derechos establecidos. A este paso, tanto a Lasso como a los defensores de su reforma laboral solo les falta decir -en un ejercicio de increíble deshumanización en relación al trabajo- que es preferible la esclavitud o el concertaje antes que el desempleo…

Semejante visión se ensambla con toda una propuesta de liberalizar la economía a merced de grandes capitales locales y transnacionales. Tal estrategia incluye, por ejemplo: la mención hecha por Lasso de la creación de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas (léase, Secretaría para la Privatización y Concesión del Estado); la creación de zonas francas donde muy probablemente las modalidades alternativas de contratación laboral serán la cereza de todo un libertinaje económico en beneficio del capital sobreexplotador de mano de obra y sin mayores preocupaciones ambientales; la “armonización” de las normas locales con los instrumentos internacionales (muy seguramente con nuevos empujones para que el Ecuador retome su relación de subordinación a los tribunales internacionales defensores de los capitales transnacionales, tal como se anuncia luego del retorno -inconstitucional- al CIADI10); la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio (China, Rusia, Alianza del Pacífico, etc.); entre otros puntos que merecen una discusión más detallada en reflexiones futuras.

En este contexto, cabe indicar que nos parece lamentable cómo semejante embate neoliberal termina por entrampar y hasta debilitar a propuestas redistributivas que son urgentes en medio de la crisis COVID-1911 y que, en otras condiciones, merecerían un total apoyo; eso así, haciendo algunos ajustes. Ahí se encuentra, por ejemplo, la tibia propuesta de la aplicación de tributos a los sectores del país de mayores ingresos (más de 2 mil dólares mensuales) y patrimonios (más de 500 mil dólares mensuales), así como la aplicación de tributos sobre empresas que alcanzaron en 2020 una mayor rentabilidad que en 2019 (y con patrimonios de más de un millón de dólares); una cuestión que, en medio de la actual crisis social, demanda una mayor contribución solidaria de quienes más tienen impulsando no solo una mejor distribución de los ingresos sino inclusive una redistribución de la riqueza (p.ej. redistribución de activos productivos, de la propiedad de la tierra, de acceso al agua, etc.).

Por cierto, el carácter redistributivo de la propuesta gubernamental también queda debilitado cuando el mismo gobierno propone la eliminación del impuesto a las herencias; un impuesto que más bien debería ser potencializado para ser aún más redistributivo, sobre todo en medio de la crisis que vivimos. De hecho, la coexistencia de una reforma tributaria potencialmente progresiva y la eliminación del impuesto a las herencias en la ley CREO es más que paradójica. Definitivamente dentro del gobierno parece haber disputas incluso en el sentido y la consistencia de algunos elementos de la política económica…

En resumen, más allá de sus bemoles, el proyecto de ley CREO merece un rechazo sobre todo por el retroceso de derechos laborales que plantea. No es justo que, en nombre de las trabajadoras y los trabajadores desempleados y subempleados del país, se quiera crear una normativa que se salte –como si nada– todos los derechos laborales obtenidos por décadas de luchas sociales. Debe quedar absolutamente claro que los derechos laborales -como establece la Constitución en el artículo 326- son irrenunciables e intangibles, además, serán nulas todas las estipulaciones temporales. El derecho al trabajo (artículo 325) y estas disposiciones constitucionales son inseparables, así que no se las puede marginar estableciendo un código laboral paralelo: hacerlo iría en contra del principio de igualdad establecido en el artículo 11. Eso representa una clara regresión de derechos, que no se resuelve en ningún caso con una consulta popular y ni siquiera con una nueva Constitución.

Para colmo, no es claro cuántos empleos realmente podrá generar la ley CREO; basta con notar el poco o quizá hasta nulo efecto que al parecer tuvo la reforma laboral instrumentada con la mal llamada “ley humanitaria” del morenismo. Por tanto, los efectos laborales de la ley CREO simplemente no parecen creíbles. El presidente Guillermo Lasso tiene razón cuando afirma que su “ley generará un apasionado debate”, lamentablementese enmarca en lo que él anticipa como “el camino correcto”, que de hecho limita una real discusión y nos remite a aquella proposición que tanto caracterizó la imposición del neoliberalismo en épocas anteriores con la TINA –there is noalternative– de Margaret Thatcher.

Así como históricamente las luchas sociales han permitido que se adquieran los derechos laborales actualmente vigentes, es hora que esas mismas luchas eviten este concertaje del siglo XXI impulsado por los integristas de mercado y exijan la búsqueda de verdaderas alternativas a la crisis económica y social que actualmente asfixia al país.12

Por Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro | 28/09/2021

 

1 Consultar nuestros comentarios en “Redistribución o barbarie ¿Del coronavirus a la ley de la selva?” (abril 2020). Disponible en https://rebelion.org/del-coronavirus-a-la-ley-de-la-selva/

2 Ver al respecto el texto de John Cajas-Guijarro (junio 2020); “Ajuste antipopular y resistencia en tiempos de COVID-19”. Disponible en https://rebelion.org/ajuste-antipopular-y-resistencia-en-tiempos-de-covid-19/

3 Sobre el tema se puede leer el texto de los autores (febrero 2017); “Correa un neo-neoliberal”. Disponible en https://rebelion.org/correa-un-neo-neoliberal/

4 Esta apeciación se encuentra en el artículo de los autores (septiembre 2018); “Moreno, un neoliberal más”. Disponible en https://rebelion.org/moreno-un-neoliberal-mas/

5 Los autores abordaron esta cuestión en el siguiente artítulo: “Monetizaciones, concesiones y otros eufemismos privatizadores”, (Septiembre 2021). Disponible en https://rebelion.org/monetizaciones-concesiones-y-otros-eufemismos-privatizadores/

6 Ver, por ejemplo, lo que dicta la Constitución en su artículo 136: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.

7 Ver, por ejemplo, el artículo 326, numeral 2 de la Constitución: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”.

8 Entiéndase por concertaje aquellas relaciones laborales coloniales de contrato mediante las cuales un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia, hereditaria y gratuita o con un salario mínimo, y que fue abolido por la Revolución Liberal (1895).

9 El propio Adam Smith tenía clara las relaciones asimétricas de poder entre trabajadores y empleadores. Al respecto, ver el texto de Eric Toussaint: “Adam Smith está más cerca de Karl Marx que de los neoliberales que actualmente lo ensalzan”, CADTM, junio 11 de 2009. Disponible en: http://www.cadtm.org/Adam-Smith-esta-mas-cerca-de-Karl,4461

10 Ver Alberto Acosta (julio 2021); “Presidente Guillermo Lasso viola la Constitución -¿Con complicidad de la Corte Constitucional?”. Disponible en https://rebelion.org/presidente-guillermo-lasso-viola-la-constitucion/

11 Al respecto de puede consultar el libro de John Cajas-Guijarro (2021); COVID-19: la tragedia de los pobres. Entre crisis, sindemia y otros males. Plataforma por el Derecho a la Salud/Fundación Donum/FOS. Quito. Disponible en https://saludyderechos.fundaciondonum.org/wp-content/uploads/2021/07/Covid-tragedia-de-pobres.pdf

12 Sobre la gravedad de la crisis y el momento que atravieza el país se puede consultar el artículo de Alberto Acosta (agosto 2021); “Ecuador en la trampa de un futuro pasadista”. Revista Ecuador Debate Nº 113, Quito. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1B56ycq

Imagen de portada: Eduardo Kingman, «El carbonero» (1934).
Fuente: Andrea Moreno Aguilar, Eduardo Kingman Riofrío (Quito: Banco Central del Ecuador, 2010),

Publicado enInternacional
"Esta es nuestra casa" o "Fuera especuladores". Pintadas contra la especulación en la ciudad. Álvaro Minguito

El resultado del referéndum llevado a cabo este domingo es claro; su aplicación, no tanto. El nuevo gobierno de la capital dominado por los socialdemócratas se echaría atrás, según las previsiones.

 

El referéndum en la capital alemana sobre la expropiación de viviendas a grandes tenedores que posean más de 3.000 viviendas ha obtenido el respaldo del 56% de los participantes en dicha consulta. A ésta estaban llamados todos los ciudadanos residentes en la capital con la nacionalidad alemana, unos 2,47 millones de personas. De ellos, debían votar al menos 600.000 en la consulta y la mayoría de ellos hacerlo a favor. Cerca de un millón de berlineses votó el domingo a favor de la propuesta, impulsada por organizaciones de activistas y respaldada por Die Linke.

Con la aprobación de la propuesta, la pelota pasa al tejado del nuevo Senado de Berlín, que debería elaborar una ley para desarrollarlo, aunque no es vinculante. Los organizadores, la plataforma “Deutsche Wohnen & Co enteignen” (Expropiar a Deutsche Wohnen y cia., en español) explicaba el domingo por la noche en palabras de su portavoz Joanna Kusiak que “desatender la petición del referéndum sería un escándalo político”, al tiempo que constató que la organización de cientos de activistas para llevarlo a cabo podría ser más duradera: “Somos miles de personas activas. Nos hemos enfrentado a los poderosos y hemos ganado. No vamos a desaparecer tan pronto”.

La ley que debe desarrollar el nuevo Senado afectaría a unas 240.000 viviendas de la capital, es decir, las viviendas que posean grandes inmobiliarias que posean más de 3.000 pisos, afectando a una decena de empresas del sector. En las últimas elecciones de 2017, los berlineses votaron a favor de mantener el aeropuerto de Tegel, pero éste fue cerrado por el gobierno berlinés. Lo mismo podría ocurrir con la nueva consulta.

En el nuevo parlamento berlinés el partido socialdemócrata (SPD) sigue siendo la primera fuerza, con un 21% de los votos, seguido muy de cerca por el partido verde (Die Grüne) con casi 19%. La tercera fuerza es la conservadora CDU con el 18,1% de los votos y cuartos quedó La Izquierda (Die Linke) con un 14%. Los ultras de Alternativa por Alemania (AfD) consiguen un 8% y los ultracapitalistas del FDP obtuvieron el 7%. El gobierno será, de este modo, de nuevo un tripartido, que hasta ahora estaba formado por una coalición progresista de SPD, Grüne y Linke. Si este gobierno sigue y qué hará con el referéndum va a depender en buena medida de Franziska Giffey.

La hasta ahora Ministra de Familia en el gobierno de Merkel ha salvado el trasero al SPD en la capital con su popularidad, pero su conservadurismo es bien conocido. Ya durante la campaña electoral, Giffey ha asegurado que para mantener la coalición actual la cuestión de las expropiaciones podría ser decisiva. Giffey está en contra de reencaminar la propiedad de las viviendas al ayuntamiento, mientras que Die Grüne y Die Linke están a favor del contenido del referéndum. A nadie extrañaría que los socialdemócratas se aliasen con la derecha para frenar las medidas más a la izquierda de la actual coalición, que congeló los alquileres, además de establecer los comedores y las extraescolares, las guarderías y el transporte escolar gratuitos para todos los berlineses.

Ese será el primer escollo, que a día de hoy parece insalvable. El segundo sería el paso por la comprobación de la legalidad de una norma de estas características en el marco constitucional alemán. Aquí podría fallar la norma según un estudio encargado por una asociación cercana a la industria y publicado esta semana. Según éste, dejar fuera de la categoría de “grandes tenedores” a las cooperativas de arrendatarios, que en su mayoría poseen más de 3.000 viviendas, sería inconstitucional por no garantizar la igualdad ante la ley. También se asegura en dicho informe que Berlín no tendría competencias en la materia y que la medida entraría en colisión con el freno de la deuda constitucional.

27 sep 2021 08:29

Publicado enInternacional
A sus 81 años, Nancy Pelosi se ha vuelto más combativa que de costumbre. Foto Afp

Nancy Pelosi (NP), polémica lideresa de la Cámara de Representantes, hoy de mayoría demócrata, a sus 81 años –tres años mayor que el presidente Biden– se ha vuelto más combativa que de costumbre y ha adoptado posturas que incendian las galerías.

En fechas recientes, el hijo del muy polémico especulador George Soros, Alexander, de 35 años, publicó un tuit que hizo volar la imaginación centrífuga en Estados Unidos al compartir una foto con su padre y NP: "¡Confiamos en Pelosi!" (https://bit.ly/3i5ElVY).

Ocho días después del hierático tuit, la aguerrida NP apareció en Chatham House (https://bit.ly/3o80UNF), meca de la anglosfera, donde abordó tres temas incandescentes: la disfuncionalidad del capitalismo en Estados Unidos, la toma del capitolio el 6 de enero y su advertencia de no romper los acuerdos de Gran Bretaña con Irlanda del Norte –donde los católicos ya son mayoría (https://bit.ly/3CL9mX9).

El viaje de NP a Gran Bretaña se debió a una reunión de los líderes de los parlamentos del G-7, donde aprovechó encontrarse con estudiantes de la Universidad de Cambridge y funcionarios británicos, además de su polémica conferencia en Chatham House.

En forma asombrosa, NP sentenció que el capitalismo no había servido a la economía de Estados Unidos como debería, por lo que necesitaba ser mejorado, pese a que el "capitalismo es nuestro sistema económico" (https://wapo.st/3kGyYOX).

Quizá NP, como los Soros padre e hijo, estén muy preocupados del gran avance del "socialismo", con sus propias características del Partido Comunista Chino, que en la economía como en varios rubros del high tech llevan un avance descomunal desde el 6G, pasando por sus hazañas en el espacio, hasta su liderazgo en la inteligencia artificial.

La católica NP comentó que "no se puede tener un sistema donde el éxito de algunos brinca (sic) de la explotación de los trabajadores y brinca de la explotación ambiental y el resto, y tenemos que corregirlo".

Como tampoco se puede pelear con sus donadores que han financiado su exitosa carrera política, tipo los Soros, NP diluyó su vino al referir que las cosas estaban cambiando: "Existe una creciente consciencia, aún en el sector privado (sic), de que tenemos que mejorar".

Otra de sus esperanzas radica en la "economía verde" con "justicia ambiental" que puede estimular la creación de empleo.

Adela Suliman, del Washington Post, comenta que NP no llegó tan lejos para usar la palabra "socialismo", que es enarbolado por el ala izquierda del Partido Demócrata como el senador Bernie Sanders y sus aliadas legisladoras del grupo SQUAD que exigen "cobrar impuestos a los ricos" (https://bit.ly/3lYljlz). Por cierto, uno de los más conspicuos evasores fiscales es George Soros (https://bit.ly/39BXkTk).

Sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero, NP lo comparó a un "11 de septiembre doméstico" que juzgó como un fracaso del ex presidente Trump y no de la democracia como tal, y que fue incitado por las redes sociales: “Fue un día horrible, horrible, horrible para nuestra democracia (…) La fuerza de nuestra democracia es cómo lidiar con ello”.

En forma sarcástica, agradeció a Estados Unidos por "vender dos millones de miembros de QAnon, acusado de sostener teorías conspirativas" (https://nyti.ms/3zFqoEk).

NP juzgó que las redes sociales son un "arma de doble filo" y sobre una próxima candidatura de Trump, refirió, sin citar su nombre, que "sería el primer presidente en haber sido juzgado dos veces y derrotado dos veces".

En su visita al primer ministro Boris Johnson, comentó que la ruptura de las charlas sobre Irlanda del Norte sería "problemático" para un acuerdo comercial de Estados Unidos con Gran Bretaña que se está negociando en el post-Brexit: "No es una amenaza, sino una predicción" (https://politi.co/39CRrW9).

El Good Friday Agreement, que garantiza la paz a la isla de Irlanda se ha estancado debido al Protocolo de Irlanda del Norte que propulsa el comercio entre Gran Bretaña y esta nación.

Se le habrá escapado a NP que el pacto militar trilateral multidimensional del "Aukus" (https://bit.ly/3CQXfbf) deglute de facto un virtual tratado comercial de Estados Unidos con Gran Bretaña que, incluso, desea incorporarse al T-MEC.

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://t.me/AJalife

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Publicado enInternacional
Con carteles de Álex Saab delegación del gobierno de Venezuela llegó a México

25-09-21. La delegación del Gobierno de Nicolás Maduro llegó este sábado a México para reanudar el diálogo con la oposición venezolana después de haber aplazado el encuentro acusando a Estados Unidos de interferir en las negociaciones.


“La delegación del diálogo venezolano presidida por el plenipotenciario Jorge Rodríguez arribó a la Ciudad de México para continuar la ronda de negociaciones con la plataforma unitaria de la oposición”, anunció en redes sociales la Asamblea Nacional, presidida por el mismo Rodríguez.

Los representantes de la administración de Maduro llegaron exhibiendo carteles con la imagen del empresario colombiano Alex Saab a quien Jorge Rodríguez, había solicitado al Reino de Noruega su incorporación a la delegación oficial; pero se encuentra detenido en una cárcel de Cabo Verde a la espera de que se oficialice su extradición a los Estados Unidos, país que lo acusa de narcotráfico y corrupción.

La tercera ronda de las conversaciones, que se llevan a cabo en México con el arbitraje de Noruega, debía haber arrancado el viernes, pero los representantes de Maduro plantaron a la oposición al no acudir al encuentro.

Ausencia y excusas

Aunque el Gobierno no justificó su ausencia, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, arremetió el viernes en redes contra el embajador de EE.UU. en el país, James Story, a quien acusó de dar órdenes a la oposición “sobre qué hacer en la mesa de diálogo”.

Un mensaje que fue respaldado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y líder del equipo negociador del Gobierno, quien escribió que el Ejecutivo venezolano “jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje”, en referencia al embajador.

Fue el representante de la delegación opositora, Gerardo Blyde, quien informó el viernes por la noche a través de un comunicado que los delegados del gobierno no habían acudido a la reunión.

Por Aporrea-Agencias

*Con información de Efe

Publicado enInternacional
Sábado, 25 Septiembre 2021 06:50

Misión cumplida

Misión cumplida

La Oficina de la Presidencia, donde se diseñan y operan las políticas del Krem-lin, hizo posible que el oficialista Rusia Unida, que no supera 30 por ciento de popularidad incluso en las encuestas encargadas por las autoridades, cuente de nuevo con mayoría calificada de dos tercios de los diputados –24 escaños más de los 300 requeridos– en la renovada composición de la Duma.

De este modo, la cámara baja del Parlamento federal volverá a ser, según la definió Boris Gryzlov cuando era su presidente, "un sitio donde no se debate" o, si se prefiere, "una desbocada máquina para aprobar leyes", elaboradas por y para el Ejecutivo, como la denominan los opositores.

Para lograrlo, se prohibió la participación de los críticos del Kremlin, tildados de "extremistas", "militantes de organizaciones indeseables", "agentes extranjeros" y otras etiquetas que cierran las puertas a cualquier cargo de elección popular; se dispersó el voto de castigo al incluir en las boletas a otros 13 partidos que son parte del sistema y desempeñan un papel subordinado, y se facilitó el ajuste de resultados, sobre todo en el interior del país y mediante la votación por Internet en Moscú y otras cuatro regiones, al dividir los escaños por listas de partido y distritos de votación directa, dando estos últimos al oficialismo el doble de diputados.

Tras retener casi un día los resultados de la votación electrónica, en Moscú no ganó ningún candidato, ya no de oposición sino de un partido diferente al oficialista, cuando de acuerdo con las boletas depositadas en las urnas iban arrasando en 13 de sus 15 distritos.

La votación por Internet confirmó que se puede obligar a los trabajadores de los sectores público y paraestatal a inscribirse sin votar o a revelar cómo lo hicieron y cambiar su sufragio (hubo 300 mil casos) y hasta añadir los apoyos de quienes en realidad no votaron.

Los operadores políticos del Kremlin cumplieron la misión de garantizar a la élite gobernante cinco años más de tranquilidad, reprimida la más mínima expresión de inconformidad. Y lo más importante de cara al futuro, de nuevo tienen mayoría calificada en la Duma por si otra vez hay que modificar la Constitución, en caso de que el presidente Vladimir Putin, en 2024, no quiera ser relegido y tampoco soltar las riendas del poder.

Publicado enInternacional
La democracia en la era de la inteligencia artificial

En vista de la creciente expansión de la inteligencia artificial en las sociedades modernas, resulta necesario discutir cómo puede servir para mantener y fortalecer el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, en lugar de contribuir a su debilitamiento. Eso dependerá en gran medida de las formas de regulación elegidas.

 

Así como debe hacerse una clara diferenciación entre internet como tal, una estructura tecnológica que conecta personas e información, y lo que sucede en internet, también debe hacerse una diferenciación entre el potencial teóricamente positivo de la inteligencia artificial y los usos para los cuales se la desarrolla actualmente. Por lo tanto, un análisis diferenciado debe ir más allá de una mera enumeración de las ventajas de la internet gratuita o los beneficios teóricos de la inteligencia artificial y tener en cuenta los efectos reales de las nuevas tecnologías digitales y modelos de negocio en el área de internet e inteligencia artificial.

Por tanto, la influencia de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial no solo se limita a la tecnología subyacente, sino que también atraviesa el ámbito social. Es por ello que la concentración de poder tecnológico, económico y político en manos de los «cinco temibles» (Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft), que ocupan el centro de la escena del desarrollo y uso comercial de la inteligencia artificial, tiene una especial importancia en este contexto.

Ambición de poder

Las megacorporaciones digitales no solo son capaces de ejercer una influencia política y social masiva, tienen también los recursos financieros para comprar nuevos desarrollos y startups en el campo de la inteligencia artificial y en todas las demás áreas relevantes para su modelo de negocio, y eso es exactamente lo que hacen. Su pretensión de concentrar poderío y controlar pone en desventaja al cuarto poder: el periodismo clásico, que es tan importante para la democracia. Su selectivo negocio de publicidad priva al periodismo de su sustento. Es cierto que no son la única razón de la muerte de los periódicos y del retroceso del periodismo clásico tanto en Europa como en Estados Unidos, pero son uno de los principales factores. Si bien es posible que algunas de sus investigaciones fundamentales sobre inteligencia artificial sean de acceso público, el trabajo mucho más elaborado sobre aplicaciones comerciales de inteligencia artificial se realiza en secreto. Los presupuestos en esta área superan con creces la inversión pública de muchos países. Esta acumulación de poder en manos de unos pocos debe ser observada de modo abarcativo: incluye el poder del dinero, el poder sobre la infraestructura democrática y el discurso público, el poder sobre los individuos a través de la elaboración de perfiles precisos y la supremacía en el campo de la inteligencia artificial. Los gigantes de internet han tenido logros sin precedentes como empresas: buena parte de su producción no está regulada, son dominantes en su mercado y son las empresas más rentables en la bolsa de valores. Tienen una inmensa influencia en la formación de opinión y en la política, al tiempo que han conservado su popularidad entre el público.

La cultura predominante de Silicon Valley sigue la «ideología californiana». Sus raíces se remontan al movimiento juvenil de la década de 1960. Parte de las metas de este movimiento era liberarse del dominio político de Washington y del dominio tecnológico de ibm, la empresa de tecnología líder en ese entonces. En esencia, había un gran anhelo de libertad personal y de capacidad individual para actuar como efecto de la descentralización. El desarrollo de la primera computadora personal (pc) y el multipremiado spot publicitario de la Apple Macintosh realizado por el reconocido director Ridley Scott, en el que una joven se libera del «Gran Hermano» («Y verás por qué 1984 no será como 1984»), son una expresión de esta búsqueda de libertad individual y autorrealización, lejos de los imperativos sociales y de la dependencia del Estado. En su famosa «Declaración de independencia del ciberespacio», John Perry Barlow, activista estadounidense por los derechos civiles y compositor de la banda de rock Grateful Dead, rechazó cualquier regulación legal de internet. Alegaba que las formas tradicionales de gobierno, que –diríamos– pueden existir únicamente sobre la base de la ley y el orden, «no tienen soberanía donde nosotros (los actores del ciberespacio) nos reunimos». No fue casualidad que esta declaración se hiciera pública en 1996 en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

La lucha contra las leyes

Esta idea también fue retomada en el discurso jurídico. David R. Johnson y David G. Post, jurisconsultos especializados en espacio digital, afirmaron que si los usuarios quieren establecer reglas en internet y estas no dañan a los no usuarios, entonces «la ley del mundo físico debería ser revocada en favor de esta forma de autorregulación». Pero no fue solo la «ideología californiana» lo que alentó el desacato de la ley. La enseñanza de innovaciones disruptivas, muy difundida en las escuelas de negocios, condujo en algún momento a una comprensión de la ley como algo disruptivo. Esta lucha de las empresas tecnológicas y los activistas contra las nuevas leyes, que siguen poniendo la tecnología por encima de la democracia, continúa hasta el día de hoy.

Por ejemplo, Google insistió en que solo se le aplique la ley de California, ya que las búsquedas hechas desde Europa son respondidas desde los servidores californianos. Es más, se argumentó que los resultados de las búsquedas no deberían clasificarse como «tratamiento de datos». La fundamentación: Google no es responsable de los resultados, ya que son producto del algoritmo automatizado y no pueden ser controlados por la empresa. Aquí es donde se hacen evidentes la cosmovisión de la empresa y la manera de concebir el Estado de derecho: en primer lugar, la automatización en forma de algoritmo como servicio protege a la empresa mediadora de cualquier responsabilidad legal. Visto así, el sueño de John Perry Barlow se haría realidad: en la era digital, la tecnología tendría prioridad sobre la jurisprudencia. En segundo lugar, si existiera cualquier forma de vínculo legal, este solo podría existir en relación con un orden global, presumiblemente dominado por la ley estadounidense y administrado por jueces estadounidenses. Este escenario sería ideal para Google. Los costos se reducirían considerablemente, incluso si la empresa operara en diferentes jurisdicciones. Esto estaría totalmente en línea con la idea de construir una única estructura global de internet que no esté dividida en diferentes jurisdicciones o fragmentada por normas nacionales y que sea muy difícil de atacar legalmente para ciudadanos no estadounidenses.

En este contexto, la reacción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tjue), generalmente entendida como el «retorno de la ley», fue positiva: el Tribunal respondió al argumento de Google manteniéndose en los límites de la cuestión jurídica planteada, pero sin perder de vista las implicaciones más amplias de esta cuestión. Al final, los reclamos de Google fueron rechazados y así se protegieron los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, sobre la base de la larga tradición europea de protección de la privacidad y protección de datos.

Se puede especular sobre si el argumento de Google de no querer asumir la responsabilidad de los resultados del algoritmo de búsqueda fue usado previendo negar toda responsabilidad por los productos de la futura inteligencia artificial autónoma. En cualquier caso, la respuesta del tjue en este caso fue clara. El presidente ejecutivo de Google se pronuncia actualmente en contra de una regulación general de la inteligencia artificial. Alega que tal regulación obstaculizaría la innovación y que solo puede concebirse una regulación específica de la inteligencia artificial por sectores. Lo que olvida es que se presentó el mismo patrón argumentativo contra el Reglamento General de Protección de Datos de la ue. Pero en vano, y con razón. Porque una normativa puramente sectorial deja sin regular demasiadas aplicaciones de la inteligencia artificial de uso general y, en su complejidad, abruma tanto a quien legisla como a la ciudadanía. Primero necesitamos fundamentos horizontales y generales. Luego se podrán agregar especificaciones por sector.

Cuestiones éticas

Cuando se pone todo esto en contexto, hay un denominador común claro: el intento de evitar responsabilidades, tanto en la legislación como en la jurisprudencia. Y todo surge de un pequeño grupo de empresas que tienen en sus manos un poder sin precedentes. El debate sobre las cuestiones éticas de la inteligencia artificial ya ha expuesto los innumerables desafíos en el ámbito de los derechos fundamentales y el Estado de derecho en este contexto. Es evidente que la inteligencia artificial no puede servir al bien público sin reglas claras. El potencial de la inteligencia artificial obliga a no correr los mismos riesgos que cuando se introdujo internet, que en su momento provocó un vacío legal. Las posibilidades de esta nueva tecnología son tan inmensas que pueden causar estragos y daños irreversibles a la sociedad. Pero mientras que hoy la inteligencia artificial es desarrollada por empresas gigantescas con presupuestos de miles de millones, están regresando los ingenuos argumentos con los que se causó mucho daño en las fases tempranas de internet.

También está claro que los numerosos conflictos de intereses entre empresas y público en relación con la inteligencia artificial no pueden resolverse mediante códigos de ética laxos ni autorregulación. Pero eso no significa que las empresas no deban contribuir a la discusión sobre los desafíos éticos y legales. Muchas de las personas que trabajan para estas empresas tienen las mejores intenciones y pueden hacer importantes aportes al debate. También se puede observar una cierta diferenciación en las actitudes hacia la legislación, según sea el modelo de negocio. Microsoft, que gana mucho dinero por servicios al gobierno y la administración pública, se posiciona de manera más constructiva frente al Estado de derecho y la democracia que otras empresas.

En vista de los enormes presupuestos con los que las megacorporaciones están presentes en muchos ámbitos de la ciencia, la sociedad civil y la opinión pública, es importante que todos quienes participan de la gran discusión sobre la regulación de internet y las nuevas tecnologías ofrezcan información clara sobre relaciones laborales, financiamiento u otras transferencias de servicios y expongan de manera abierta los conflictos de intereses.

Resulta sorprendente hasta qué punto los defensores de una legislación sobre inteligencia artificial estuvieron inicialmente a la defensiva, a pesar de que existe una larga historia de regulaciones legales en el ámbito de la tecnología. Todo arquitecto debe, en el curso de sus estudios universitarios, familiarizarse con las normas de construcción para salvaguardar el interés público, por ejemplo, en la construcción de edificios a prueba de derrumbes. Cada automóvil debe superar varias pruebas para garantizar la seguridad vial. La introducción de los cinturones de seguridad obligatorios, muy resistidos por la industria automotriz y los clubes automovilísticos, finalmente redujo a la mitad la cantidad de muertes en carreteras. Una y otra vez, la sociedad ha visto que, ante la aparición de nuevas tecnologías, es la regulación legal y no la desregulación lo que beneficia al interés público.

Los estímulos para reflexionar sobre la inteligencia artificial no solo han demostrado la multitud de exigencias que las nuevas tecnologías imponen a la legislación, la democracia y los derechos individuales. También han dado lugar a algunos catálogos de reglas éticas en esta área. Por ejemplo, Alan Winfield, profesor de Ética Robótica en la Universidad de Bristol, enumera diez códigos de conducta relacionados con la inteligencia artificial. Las últimas contribuciones a esta lista son la declaración del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial Fiable del 18 de abril de 2019 y el informe de la Comisión Alemana de Ética de Datos, presentado el 23 de octubre de 2019. Por tanto, no faltan propuestas sobre principios éticos en el tratamiento de la inteligencia artificial.

Un interrogante es si, después de la experiencia con una internet libre de todo marco legal, nuestra democracia debe volver a exponerse al riesgo de una tecnología omnipresente y decisiva, que puede tener efectos negativos sustanciales si no se la regula. A diferencia de internet, la inteligencia artificial no es producto de unos pocos académicos e idealistas, sino de las poderosísimas empresas de internet que la controlan. Mientras tanto, algunos representantes de estas empresas han llegado recientemente a la misma conclusión y han pedido una legislación sobre inteligencia artificial. También la canciller alemana Angela Merkel ha pedido, durante la conferencia del g-7 en Japón, una regulación legal de la inteligencia artificial, tal como lo es el Reglamento General de Protección de Datos (rgpd). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo, a modo de orientación, que la Comisión Europea presentaría una propuesta para regular la inteligencia artificial dentro de los 100 días posteriores a su asunción, ocurrida el 1o de noviembre de 20191.Todos los argumentos que ahora se utilizan en contra de una ley de inteligencia artificial fueron expuestos antes de 1995, cuando se introdujo la primera directiva de protección de datos personales en la ue. Luego se lo volvió a hacer durante las negociaciones sobre el rgpd en los años 2012 a 2016. Ninguno de los argumentos pudo convencer a los legisladores, y con razón. La afirmación de que la ley no puede seguir el veloz ritmo de desarrollo de la tecnología o los modelos comerciales ha sido refutada por la legislación europea tecnológicamente neutra2. El rgpd es un ejemplo de legislación moderna y tecnológicamente neutra, cuyo significado y relevancia evolucionan a la par del progreso tecnológico, incluida la inteligencia artificial.

Falacia y afirmaciones

La afirmación de que el derecho no es lo suficientemente preciso para regular tecnologías complejas y que una ley que no se adentre absolutamente en los detalles de un código preciso y fácil de usar no puede ser una buena ley constituye otra falacia por parte de los programadores. Por definición, el proceso democrático de elaboración de leyes es un acuerdo. El rgpd se negoció, durante el procedimiento parlamentario, sobre la base de casi 4.000 sugerencias individuales de mejora.

Las leyes (generalmente) las hacen personas razonables y, en caso de un conflicto legal, las interpretan jueces razonables. Este proceso abierto de elaboración de leyes y su posterior interpretación le confiere a la ley flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Las leyes no tienen que reescribirse una y otra vez como los códigos de programación, que deben ser revisados constantemente desde la versión 1.0 en adelante.

Para decirlo claramente: exigir que una ley sea tan precisa o tan rápidamente actualizable como un código de programación es antidemocrático. Esta exigencia ignora tanto el principio de deliberación y acuerdo en una democracia como el tiempo requerido para el debido proceso.

Por cierto, los grupos de presión no tuvieron ningún problema en evaluar los diversos anteproyectos del rgpd de manera completamente contradictoria: por un lado, como demasiado imprecisos para crear seguridad jurídica y, por el otro, como demasiado detallistas y no suficientemente abiertos y flexibles. Estas críticas encontradas prueban que se deber evitar la ley a toda costa recurriendo al descrédito. La afirmación de que la ley es demasiado inflexible para seguir el ritmo de los desarrollos tecnológicos es básicamente una forma más elegante de parafrasear lo que los neoliberales siempre han dicho: no queremos ninguna obligación legal, porque entonces se nos podrían atribuir responsabilidades legales.

Por lo demás, quienes abogan por una ética de la inteligencia artificial afirman lo mismo. El mundo de los negocios no tiene problemas con los códigos éticos, ya que estos carecen de legitimación democrática y no pueden ser impuestos por fuerza de ley. Pero esta es precisamente la principal ventaja del derecho sobre la ética: con la verosímil amenaza de sanciones anima a los desarrolladores a trabajar en pos del interés público.

Toda tecnología tiene que convivir con la realidad de que la ley le marque límites. Es hora de que Silicon Valley y la industria digital de internet acepten esta necesidad democrática. En un momento en que internet y la inteligencia artificial lo atraviesan todo, la falta de regulación de estas tecnologías claves podría significar el fin de la democracia. Las reglas éticas pueden ser una etapa preliminar y una ayuda orientadora en el camino hacia la legislación y pueden proporcionar contenido para leyes posteriores. Pero no pueden reemplazar la ley, carecen de la legitimidad democrática y la naturaleza vinculante con que los gobiernos y los tribunales pueden hacer cumplir las leyes.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y Brad Smith, presidente de Microsoft, han pedido recientemente en textos programáticos una legislación. Pero cuando esto se concreta, las empresas vuelven a lanzar la máquina de lobby contra una legislación eficaz para salvaguardar los datos y la privacidad. Esto se pudo observar hace muy poco en eeuu, tanto en California como en el estado de Washington, donde Microsoft tiene su sede. Además del derecho, también habrá espacio para una ética que vaya más allá de lo que exige la ley: las normas éticas internas de las empresas son buenas si son coherentes con la legislación del país en cuestión y si van más allá, por ejemplo, en lo que respecta al interés público.

Muchas de las cosas buenas que quieren hacer las empresas de Silicon Valley son bienvenidas. Pero esto no puede eximirlas de actuar dentro de la ley y el orden y respetando el proceso democrático. También está completamente claro que el rgpd debe aplicarse siempre que la inteligencia artificial trabaje con datos personales. El rgpd contiene derechos importantes para los consumidores sobre cómo se pueden usar sus datos, y estas reglas también influirán en el diseño de una inteligencia artificial. Los principios de protección de datos del rgpd son una guía importante para la inteligencia artificial, al igual que los límites al tratamiento automatizado de datos y los derechos a la información de los afectados. También está cobrando importancia, en lo que respecta a la inteligencia artificial, la evaluación de las consecuencias del tratamiento de datos personales para las personas afectadas, necesaria en determinadas condiciones. En este aspecto, no se necesita ninguna legislación nueva. Sin embargo, los principios del rgpd con respecto a la inteligencia artificial también deben aplicarse al tratamiento mediante inteligencia artificial de datos que no son personales.

En el discurso democrático, no obstante, es igualmente importante saber si el interlocutor es una persona o una máquina. Si las máquinas participan en el discurso político sin ser identificadas como tales, o si se hacen pasar por personas impunemente, puede producirse una grave distorsión del discurso, lo cual sería insostenible para una democracia. Hasta ahora, ninguna ley nos garantiza que seremos informados si quien entabla un diálogo con nosotros en un contexto político es una máquina.

Sin embargo, un discurso político transparente entre personas es la clave de la democracia. El «principio de materialidad» estipula que se debe, por ley, dejar claro si quien está hablando es una máquina o una persona. Las máquinas no identificadas y, más aún, las máquinas disfrazadas de personas deben ser sancionadas. Quienes controlan la infraestructura del discurso político deben asumir la responsabilidad de establecer una transparencia total. Se necesitan nuevas leyes para ello.

Pero podemos ser optimistas en cuanto a que las regulaciones detalladas de la ue para la lucha contra la discriminación y la protección del consumidor también se aplicarán en el campo de la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta esto, es necesario considerar algunos principios básicos de la legislación sobre la inteligencia artificial.

Si bien en Europa la ponderación parlamentaria de la tecnología basada en el principio de responsabilidad de Hans Jonas es ya una rutina y considera que la evaluación del impacto es un elemento clave del principio de precaución, esto no es así en eeuu. Allí, la Oficina de Evaluación de Tecnología (ota, por sus siglas en inglés) se cerró durante el gobierno de Ronald Reagan, una victoria temprana para el movimiento anticiencia. Hillary Clinton anunció en su campaña electoral de 2016 que quería reabrir este órgano o uno similar.

Evaluación de impacto en tres niveles

En Europa, sin embargo, siguen vigentes el principio y el método de evaluación de los efectos a corto y largo plazo de las nuevas tecnologías y el consiguiente asesoramiento político. La Red de Evaluación de Tecnología Parlamentaria Europea (epta, por sus siglas en inglés) reúne los métodos y las evaluaciones de impacto para los parlamentos europeos en una base de datos común. Para fortalecer la confianza en la tecnología en la era de la inteligencia artificial, en tiempos en que la tecnología gana cada vez más terreno en todas las áreas de nuestras vidas, es necesaria una evaluación de impacto en tres niveles.

Primero, como se ha descripto, una evaluación parlamentaria de impacto en el nivel político y legislativo. El objetivo en este caso es averiguar qué áreas afectará una nueva tecnología y qué debe hacer el Poder Legislativo para que sea preservado el interés público. Idealmente, esta evaluación de impacto debería tener lugar antes de que se utilicen tecnologías de alto riesgo. El poder de decisión con respecto a las consecuencias que han sido examinadas en una evaluación de impacto hecha por expertos debe estar en manos del gobierno o del Poder Legislativo, lo que en el nivel de la ue sería área de responsabilidad de la Comisión y el Consejo, así como del Parlamento a modo de colegislativo.

El segundo nivel se refiere a los desarrolladores y usuarios de nuevas tecnologías. Sería importante que se introdujera en relación con la inteligencia artificial una obligación legal para las empresas de realizar una evaluación de impacto de sus productos. Tal obligación legal ya existe para datos personales que se utilizan en procesos automatizados de toma de decisiones. Esto debería extenderse a todos los ámbitos de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Al menos si la inteligencia artificial tiene potencial para ser utilizada en el ámbito del ejercicio público del poder, es decir, en el ámbito democrático y político o en el ámbito de los servicios de interés general, independientemente de si se tratan datos personales o no.

Las evaluaciones de impacto en el nivel de desarrollador y usuario favorecerían la comprensión pública de la inteligencia artificial allí donde actualmente sigue faltando transparencia y conocimiento sobre los efectos. Las evaluaciones también ayudarían a que los directores ejecutivos y desarrolladores admitan el poder que realmente ejercen mediante sus productos. Así podría desarrollarse en la industria tecnológica una nueva cultura de responsabilidad por la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales.

Los estándares para ese tipo de evaluaciones de impacto antes de la difusión de la inteligencia artificial deberían establecerse en una ley redactada en términos generales, de manera similar a la obligación de realizar una evaluación de impacto en el rgpd. El Estado debe controlar el cumplimiento y debe haber sanciones severas en caso de incumplimiento. Si la inteligencia artificial va a ser utilizada por el Estado o se va a difundir ampliamente en la sociedad, la evaluación de impacto debería ser publicada. Si la tecnología es de alto riesgo, el gobierno debe realizar sus propios análisis y elaborar un plan para minimizar riesgos. Sin diferenciar entre sector público y privado, la resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre normas de derecho civil sobre robótica (2015/2103/inl) representa el plan mejor desarrollado hasta la fecha para manejar la inteligencia artificial. Contiene certificaciones ex ante y el marco legal para la investigación, el desarrollo y el uso.

En el tercer nivel, a las personas debería asistirlas el derecho legal de estar informadas sobre la funcionalidad exacta de la inteligencia artificial que están utilizando. ¿Qué lógicas sigue? ¿Cómo afecta su uso los propios intereses o los intereses de terceros? Esta obligación de proporcionar información también debería existir aunque no se estén procesando datos personales. En este caso, ya existe la obligación legal en el rgpd.

En este contexto, debe rechazarse la exigencia de los gigantes tecnológicos de mantener en secreto los modos de funcionamiento y los procesos de toma de decisiones de la inteligencia artificial. Ya existen numerosos proyectos de investigación sobre la explicabilidad de la inteligencia artificial. Y aunque existe al menos la obligación legal de proporcionar información cuando están involucrados actores estatales, la realidad es que las empresas mantienen mayormente en secreto los modos en que funciona su inteligencia artificial y las autoridades públicas no pueden cumplir con su obligación de proporcionar información si quieren utilizar esta tecnología.

Por todas estas razones, necesitamos una profunda evaluación de impacto de la inteligencia artificial en los tres niveles mencionados para seguir adelante con el diálogo entre tecnología y democracia. Esto es crucial en un momento en que la inteligencia artificial se está volviendo omnipresente e influye cada vez más en nuestras vidas. Si del debate público resulta una nueva conciencia de la responsabilidad por la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho, entonces la inteligencia artificial se habrá ganado una buena cuota de confianza y aceptación en la sociedad.

  • 1.

En 2021 se presentó un proyecto para avanzar en la regulación. Ver Marimar Jiménez: «La ue establece líneas rojas a la inteligencia artificial. ¿Por qué, cuáles son, a quién afectan?», suplemento «Cinco días» en El País, 22/4/2021 [N. del E.].

  • 2.

El principio de neutralidad tecnológica sostiene que el Estado no ha de imponer preferencias a favor o en contra de una determinada tecnología [N. del E.].


Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 294, Julio - Agosto 2021, ISSN: 0251-3552

Publicado enPolítica
El Salvador: en un año Nayib Bukele copó los tres poderes

En lo que va del año, Nayib Bukele tomó una serie de medidas que alarmaron a las organizaciones sociales salvadoreñas y provocaron un protesta masiva la semana pasada. Desde la reforma de la carrera judicial que implicaría la expulsión automática de un tercio de los casi 700 jueces de todo el país y la destitución de jueces para imponer magistrados afines al mandatario, hasta la decisión de no avanzar en proyectos de ley que podían significar la ampliación de derechos para las mujeres y la comunidad LGBTIQ en el país centroamericano, el avance sobre las instituciones del mandatario salvadoreño no parece tener límites.

Bicentenario salvadoreño

El año del bicentenario de la independencia centroamericana tuvo entre sus primeras marcas el triunfo del partido de Bukele, Nuevas Ideas, que consiguió una mayoría en la Asamblea Legislativa. La primera moción del congreso de mayoría oficialista resolvió la destitución de cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron sustituidos por magistrados cercanos al mandatario.

Para Saúl Baños, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el avance contra el modelo democrático comenzó en 2020 cuando Bukele buscaba la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para equipar a las fuerzas de seguridad. “Lo que ocurrió el nueve de febrero de 2020 cuando el presidente de la república y miembros del ejército y la policía irrumpieron en el palacio legislativo. Un intento de golpe prácticamente y no hubo sanción”, afirmó Baños a Página/12.

En 2021, con el triunfo electoral del partido Nuevas Ideas, el mandatario volvió a avanzar. “En la primera sesión plenario, un sábado, inusual, nos sorprendió a toda la población ya que con dispensa de trámite la primera moción fue la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional. Los depusieron del cargo de manera inconstitucional y nombraron a los sustitutos”, explicó el experto. El paso siguiente fue la destitución del fiscal general y el nombramiento inmediato de un sustituto. “Con esa acción se hizo de buena parte del poder y con eso trastocó el régimen republicano”, subrayó.

Concentración de poderes

“Tienen el ejecutivo y la asamblea legislativa, que fue resultado de una elección pero que terminó cooptando la sala constitucional”, puntualizó Baños, quien también se refirió a las decisiones que tomó el congreso. “Van en retroceso de lo poco que se ha avanzado. Por ejemplo,aprobaron la ley Alabi, que da amparo de impunidad para que no se investiguen las compras estatales de 2020. Son decisiones que impiden que la ciudadanía solicite y conozca cómo se manejan los fondos públicos. La ley de bitcoin, (primer país delmundo que oficializa una criptomoneda) fue aprobada de manera inconsulta, sin discusión legislativa, en un madrugón”, recordó. Mientras que los nuevos magistrados le dieron luz verde a Bukele para que pueda aspirar a un nuevo mandato en 2024, a pesar de que la constitución salvadoreña prohibe expresamente las reelecciones presidenciales sucesivas.

“Tenían que transcurrir dos mandatos (10 años), pero con esa resolución de la sala impuesta permite la relección del presidente. Faltan dos años para que termine esta administración, pero la sala ya autorizó al presidente para que se pueda reelegir ignorando la jurisprudencia constitucional”, señaló Baños.

Reforma a la carrera judicial

Otra de las decisiones que preocupa a las organizaciones sociales fue la reforma de la ley de la carrera judicial, que según Baños también se introdujo con dispensa de trámite y sin deliberación. La semana pasada Bukele, de 40 años,  promulgó la ley que pasa a retiro a un tercio de los jueces y una normativa similar para los fiscales. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso -de mayoría oficialista- el pasado 31 de agosto.

“Se establece que por esa reforma todos los jueces y juezas que tengan 60 años o más o que cumplieron 30 años de servicio deberán ser reemplazados”, explicó. Entre los jueces que deberán dejar su cargo a partir del 25 de septiembre, cuando entra en vigencia la reforma, está el juez Jorge Guzmán que investiga la matanza de El Mozote en 1981. En 2020 Guzmán pidió a la Fiscalía investigar y determinar si Bukele cometió algún delito en el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército. En los documentos el juez buscaba información sobre el operativo militar que derivó en la famosa masacre.

 “Hacer una reforma a la ley de la carrera judicial de esa manera no persigue hacer un proceso de depuración. Porqué únicamente a los jueces que tienen 60 años de edad, ahí se están yendo jueces con una experiencia enorme. Los propósitos son otros”, afirmó Baños. Los diputados de Nuevas Ideas habían promovido la reforma asegurando que la medida busca depurar el sistema judicial y combatir la corrupción. Pero en el texto no están mencionadas las presuntas prácticas de corrupción.

 “La corrupción es un argumento que les sirve. Pero hay un mecanismo para hacerlo, un debido proceso. Acá no se respetó lo que establece la Constitución. Distintas organizaciones como la que represento venimos planteando la necesaria depuración del sistema judicial, tanto altas cortes como jueces de primera instancia, pero se debe seguir respetando las normas para facultar el proceso”, indicó Baños.

Retroceso en derechos

Por otro lado, el presidente salvadoreño decidió eliminar la inclusión de la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia del proyecto de reforma constitucional de su gobierno. "He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia", escribió el mandatario en sus redes sociales.

El país centroamericano cuenta con una de las legislaciones más restrictivas al prohibir totalmente la interrupción del embarazo incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer. En este sentido, Morena Herrara, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico, rechazó la decisión del mandatario salvadoreño. “Nosotras lamentamos la posición que ha expresado el presidente porque está negando los derechos de las mujeres y no advierte las consecuencias de una legislación draconiano y de unas políticas públicas que están condenando a niñas y a mujeres”, dijo en diálogo con Página/12. “Nosotras tenemos una visión de que las cosas no están cerradas, que este gobierno actúa por conveniencia política, por imagen en medios de comunicación y en redes sociales. Seguimos reivindicando la responsabilidad que tienen de garantizar la salud y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, así como los derechos de las personas que se identifican desde las disidencias sexo genéricas”, agregó.

Para Herrera es fundamental por un lado mantener vivas las demandas y aumentar la presión social y por otro lado la necesidad de que escuchen a la comunidad internacional. En este sentido explicó que en este momento hay dos demandas en el sistema interamericano de derechos humanos, una es la de una campesina llamada Manuela, condenada a 30añosdeprisión por abortar. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso se conocerá en los próximos meses. La otra causa se conoce como Beatriz vs El Salvador.

En el caso de Manuela está enfocada en la violación de derechos por la criminalización de mujeres que viven en situación de pobreza y que fueron acusadas de aborto y luego condenadas por homicidio agravado. Es un proceso que tiene relación con el contexto de penalización absoluta del aborto, pero no es específico sobre aborto. En el caso de Beatriz sí es una demanda específica sobre aborto y ahí pensamos que el carácter de obligado cumplimiento de las sentencias de la corte jugará un papel en las políticas y legislación de El Salvador”, afirmó Herrera, quien también reivindicó la necesidad de restablecer la institucionalidad democrática, de la separación de poderes.

“Vemos un panorama difícil en El Salvador, pero esta es la realidad en la que vivimos y en la que necesitamos construir alternativas. No es la primera vez que se cierran espacios y consideramos que no nos queda otro camino que continuar luchando, incidiendo y transformando la realidad, convenciendo a la población de la importancia de estos derechos”.

Protesta

El pasado 15 de septiembre entre 5000 y 8000 manifestantes salieron a las calles de San Salvador para intentar poner un freno a los abusos de poder en la primera protesta masiva del mandato de Bukele. "Más allá de la cantidad de gente," escribió el corrresponsal de El País de España.  "Bukele fue derrotado en dos escenarios en los que hasta ahora no tenía rival: la calle y las redes. La convocatoria se convirtió en tendencia desde el día anterior y terminó con el silencio después de varios meses de polémicas reformas que han suscitado el rechazo dentro y fuera del país; desde Estados Unidos, que lo comparó con Hugo Chávez, a Naciones Unidas, que pidió respeto a la independencia judicial."

La respuesta Bukele no se hizo esperar. Primero cambió la descripción de su cuenta de Twitter, autodefiniéndose como "dictador de El Salvador" y horas más tarde subió la apuesta: pasó a llamarse “el dictador más cool del mundo mundial”.

Publicado enInternacional
La jefa del Tesoro de EEUU advierte sobre una "catástrofe económica" por la deuda del país

Si el Congreso no eleva el techo de la deuda, EEUU se "hundirá" en una crisis financiera, advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a los legisladores. El Departamento del Tesoro ya invocó medidas de ahorro de emergencia y así evitar que la economía más endeudada del mundo incumpla sus compromisos que ascienden a billones de dólares.

"EEUU siempre ha pagado sus facturas a tiempo, pero el consenso abrumador entre los economistas y los funcionarios del Tesoro de ambos partidos es que no aumentar el límite de la deuda produciría una catástrofe económica generalizada", escribió Janet Yellen en un artículo de opinión para el diario Wall Street Journal.

La jefa del Tesoro enfatizó que "en cuestión de días" millones de estadounidenses podrían tener problemas de efectivo. "Podríamos ver retrasos indefinidos en pagos críticos y casi 50 millones de personas mayores podrían dejar de recibir cheques del seguro social por un tiempo. Las tropas podrían quedarse sin paga. Millones de familias que dependen de los créditos fiscales mensuales por hijos podrían sufrir retrasos. EEUU, en definitiva, incumpliría con sus obligaciones", advirtió la responsable de las arcas públicas del país.

El artículo de Yellen llega justo cuando aumenta la presión sobre los demócratas para que voten por elevar el techo de la deuda antes de que en octubre se agoten las reservas para pagar las deudas existentes del Gobierno federal. El Congreso no extendió la suspensión del techo de la deuda antes de partir para unas vacaciones de seis semanas y los republicanos, encabezados por el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, han prometido no apoyar el aumento del límite, supuestamente por un sentido de conservadurismo fiscal.

El techo existente se restableció el 1 de agosto, cuando la deuda estadounidense se situó en unos 28,4 billones de dólares. Esa cifra supone más del 150% del PIB de la economía estadounidense, la más grande y también la más endeudada del mundo. En agosto, el Departamento del Tesoro invocó medidas de emergencia para ahorrar efectivo y así evitar que EEUU incumpla sus decenas de billones de dólares de deuda federal.

Para evitar un cierre de Gobierno, los legisladores deberán aprobar un proyecto de ley de financiación temporal de emergencia, conocida como resolución continua. EEUU ya ha experimentado este escenario unas 10 veces desde 1980, incluido un cierre de 35 días entre finales de 2018 y principios de 2019 durante la Administración Trump.

El Congreso ha elevado el techo de la deuda de EEUU aproximadamente 80 veces desde los años sesenta. Estimaciones apuntan a que, para el 2029, el total de la deuda federal más otras obligaciones públicas y privadas ascenderá a unos 89 billones de dólares o más de cuatro veces la economía estadounidense actual.

Publicado enEconomía
Un grupo de gente se aglomera para protestar frente a la sede de Evergrande en Shenzhen, en el sureste de China, el pasado 16 de septiembre.NOEL CELIS / AFP

Los mercados temen que el gigante del ‘ladrillo’, el más endeudado del mundo, pueda quebrar ante los vencimientos millonarios de esta semana

 

Pekín - 20 sept 2021 - 17:01 CEST

La crisis de liquidez de Evergrande, una de las principales inmobiliarias de China y la promotora más endeudada del mundo, se deteriora a marchas forzadas. Las Bolsas asiáticas se desplomaron este lunes ante el temor a una quiebra de la compañía que pueda arrastrar al sector en China e incluso en toda Asia. El gigante con sede en Shenzhen afronta pagos millonarios de intereses esta semana y los analistas temen que no pueda satisfacerlos. Los mercados temen que, si Pekín no interviene, las dificultades de Evergrande puedan desatar una ola de quiebras y contaminar al sector financiero, que bombeó créditos a compañías y compradores.

Evergrande, que acumula deudas oficialmente por valor de más de 300.000 millones de dólares (unos 255.000 millones de euros) ―el 2% del PIB chino, o el tamaño de toda la economía de Sudáfrica―, debe pagar este jueves intereses por valor de 84 millones de dólares (71,6 millones de euros) de sus bonos offshore, y otros 47,5 millones (unos 40 millones de euros) el próximo miércoles 29. En una jornada festiva en las bolsas de la China continental, la cotización de la compañía retrocedió este lunes un 10% en los mercados de Hong Kong, para quedar en su nivel más bajo en los últimos 11 años. El índice Hang Seng Inmobiliario cayó cerca de un 7%, hasta un su valor más bajo desde 2016, mientras que el índice general de la bolsa hongkonesa cerró en mínimos anuales. Las pérdidas se replicaron horas más tarde en los mercados europeos y norteamericanos, que se tiñeron de rojo.

La firma, fundada en 1996 y convertida en símbolo de los excesos de la burbuja inmobiliaria china, creció de modo desmesurado en los años de bonanza de las dos primeras décadas de este siglo. Su modelo de negocio aprovechó el crédito fácil para construir con dinero prestado ―por los bancos, por sus proveedores, de sus clientes e incluso por sus empleados― edificaciones que vendía antes de estar terminadas. Con ese dinero ejecutaba nuevos proyectos.

El modelo le permitió expandirse en numerosos sectores, desde el financiero, a través de una unidad de gestión de la riqueza, a los vehículos eléctricos, pasando por el fútbol. Pero el año pasado comenzó a verse en dificultades, a raíz de una serie de medidas adoptadas por los organismos reguladores para evitar unos niveles de deuda alarmantes en la economía china, y en el sector inmobiliario en concreto: esta industria acumula cinco billones de dólares de endeudamiento (4,26 billones de euros). Entre otras medidas, las compañías ya no puede recurrir a la venta por adelantado de sus promociones, lo cual ha supuesto graves problemas de liquidez para Evergrande.

Según la revista Caixin, el grupo tiene en construcción cerca de 800 proyectos, de los que la mitad se han paralizado debido a la escasez de efectivo. Ha puesto en marcha un plan de desinversiones y de venta de sus promociones a precios rebajados para hacerse con liquidez, mientras intenta renegociar los plazos para la devolución de deuda a sus acreedores. Pero las protestas de suministradores o pequeños inversores de vivienda que reclaman su dinero se han convertido casi en un acontecimiento diario en su sede de Shenzhen. Un banquero cuya entidad es una importante acreedora de Evergrande ha declarado a Caixin que hay un “99,99%” de posibilidades de que la promotora no pueda hacer frente a los intereses de su deuda en el tercer trimestre. En lo que va de año, las acciones de la compañía han perdido en torno a un 90% de su valor, y las agencias de calificación de riesgo han relegado su crédito a la categoría de bonos basura.

Una plantilla de 200.000 trabajadores

Ahora, los compradores de vivienda que adelantaron depósitos para hacerse con alguno de los apartamentos que construía Evergrande encaran la posibilidad de que sus pisos no lleguen a terminarse. Los contratistas y suministradores se arriesgan a no poder recibir pagos por los servicios prestados, lo cual a su vez puede provocarles una crisis de liquidez que ponga en peligro su propia subsistencia. Al mismo tiempo, los bancos y otras entidades que facilitaron créditos a la compañía pueden no recibir el dinero que esta les debe, lo cual podría acarrear graves consecuencias para todo el sistema financiero: cerca de 300 firmas son acreedoras de préstamos desembolsados a Evergrande. Una quiebra de la inmobiliaria podría provocar un encarecimiento del crédito, entre otras cuestiones.

Una de las grandes incógnitas, por el momento, es si el Gobierno chino considerará acudirá al rescate del gigante, que emplea a 200.000 personas directamente y de la que dependen otros 3,8 millones de trabajos indirectamente. O si dejará a su suerte a Evergrande, como una especie de aviso a navegantes en una economía china donde la deuda acumulada es uno de los grandes problemas. El director del periódico de ideología nacionalista Global Times, Hu Xijin, ha escrito en su blog personal que Evergrande no debería apostar por un rescate del gobierno, sino recurrir a los mecanismos de mercado para evitar su desplome. Pero otros no opinan lo mismo.

“Sospechamos que las autoridades intervendrán, pero optarán por una reestructuración organizada más que un rescate. Lo más probable es que algo así ayudase a los compradores de vivienda afectados, mientras que los acreedores privados tendrían que asumir algunos costes”, considera la consultora Capital Economics en una nota. “Dado lo hinchado que está el sector de la promoción inmobiliaria, podría haber toda una ola de quiebras a la vuelta de la esquina, lo que tendría el potencial de precipitar un aterrizaje duro. Pero llegados a ese punto probablemente se pueda contar con medidas estatales para impedir un estrangulamiento del crédito en China; con todos sus defectos, esta es una de las ventajas de contar con un sistema financiero muy controlado, en lugar de un sistema de mercado más libre”, agrega la consultora.


 Las claves del 'crash' de la inmobiliaria china Evergrande, que invoca el fantasma de una crisis como la de Lehman Brothers

La empresa mantiene con bancos, inversores y fondos una deuda de más de 250.000 millones de euros a la que no parece poder hacer frente, lo que entraña riesgos de contagio en la segunda economía del mundo, y la posibilidad de que salte sus fronteras, y augura conflictos sociales por la volatilización de ahorros de familias que no han recibido sus casas.

 

20/09/2021 23:09

Eduardo Bayona@e_bayona

Diario Público

La inmobiliaria china Evergrande, uno de los gigantes empresariales de la segunda economía del mundo, se dirige a la quiebra en un proceso que tiene en vilo al mundo de las finanzas por los evidentes riesgos de contagio que esa situación genera en una economía globalizada e interconectada, en un episodio que pone sobre la mesa la existencia de una crisis de deuda en el país asiático al mismo tiempo que augura conflictos sociales en él ante la volatilización de los ahorros de miles de familias que no van a recibir las casas en las que los habían invertido.

Las bolsas asiáticas y occidentales registraron este lunes notables caídas (la española cayó de los 8.700 puntos) al aparecer como inminente la situación de insolvencia de la empresa, que hace ya semanas que perdió el apoyo de bancos occidentales que operan en Asia en sus intentos por refinanciarse y soltar lastre, mientras los analistas debaten sobre si va a tratarse de un caso aislado o en realidad es, como ocurrió con el banco estadounidense Lehman Brothers, un síntoma de algo más inquietante y de alcance global.

"El grupo tiene riesgos de impago de préstamos y litigios fuera de su curso normal de negocios", admitió la compañía en un comunicado difundido hace tres semanas.

¿Qué es Evergrande?

Con sede en Shenzhen, en el sur del país, se trata de una de las principales empresas del sector inmobiliario chino, en el que maneja una cartera de 1.300 proyectos en 280 ciudades. Según el portal de datos financieros Tradingview, al cierre de 2020 sus activos sumaban un valor de 351.878 millones de dólares, tras crecer casi un 30% en tres años, y su pasivo 297.888.

¿Cuál es hoy la situación de su negocio?

Sin embargo, pese a esa aparente solvencia, a fecha de hoy arrastra deudas por valor de 254.000 millones de euros, el equivalente a un 2% del PIB de China (y a casi un 23% del español), y no dispone de recursos para pagar los 70 que le exige una emisión de bonos que vence esta semana y otra de algo más de 40 que lo hace a fin de mes.
Sus compromisos de pago alcanzan los 570 millones de euros hasta final de año mientras sus ventas se encuentran en caída libre, y sus acciones valían ayer 8,75 dólares, la quinta parte que a principios de año, tras derrumbarse su valor en la bolsa de Shangai. Esa caída arrastró a la baja a los mercados bursátiles de varios países asiáticos y occidentales, en la enésima manifestación de la hipersensibilidad de los parquets.

¿En qué consisten sus problemas financieros?

Tienen dos vertientes: por un lado, tiene problemas más que serios para hacer frente a esas deudas, en las que figuran como acreedores principalmente bancos, inversores y fondos chinos, y, por otro, lleva camino de dejar colgadas a miles de familias que habían entregado sus ahorros como entradas para adquirir unas casas que tienen bastantes probabilidades de acabar por no recibir. A eso se le suma el futuro de sus 200.000 empleados, en un cuadro que evoca, aunque con magnitudes mucho mayores, lo ocurrido en el sector del ladrillo en España durante la primera década de este siglo.

¿Eso puede tener repercusiones internacionales?

Está por ver, aunque el modelo económico de la globalización apunta más en esa dirección que en la opuesta: Evergrande tiene un problema de solvencia y sus acreedores se enfrentan a otro de liquidez por valor de 255.000 millones de euros que no van a recuperar, o al menos no en su totalidad, algo que, obviamente, les hará replantearse sus políticas de negocio y de inversión tanto en el interior de China como en sus operaciones en el exterior. Eso, si el crash de la inmobiliaria, que amenaza con provocar parones productivos y en los planes de inversión de los afectados, no se los lleva por delante claro.

¿Cómo lo ven los analistas?

"No afectará directamente a bancos europeos por no tener pasivos directos, pero en una economía interconectada puede haber efectos en pocos pasos", explica Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía Aplicada en la universidad Complutense, quien alerta del riesgo de que puedan producirse "quiebras en cadena" y "cierres de mercados" a partir de la insolvencia de Evergrande.

Fuentes del sector de la inversión, por su parte, descartan que pueda haber afecciones en los mercados internacionales, informa Europa Press. "Para que el contagio llegue a los mercados financieros mundiales sería necesario que los efectos de la situación de Evergrande de segundo y tercer orden desencadenasen una crisis interna mucho mayor en China, algo que consideramos improbable", indicó Paul Lukaszewski, responsable de deuda corporativa en la región de Asia-Pacífico de Aberdeen Standard Investments, que tampoco cree que haya un riesgo de contagio en los mercados mundiales.

No obstante, empresas como Amundi, uno de los principales gestores de activos financieros de Europa y que tiene intereses en empresas españolas como Repsol, se encontraban hace unos meses entre los principales tenedores de bonos de Evergrande.

¿Qué hace el Gobierno chino?

En principio, nada, ni siquiera pronunciarse, lo que en algunos ámbitos se interpreta como una decisión de dejarla caer mientras en otros, más oficialistas, se apunta a que la empresa puede superar esta crisis por sus propios medios y que, en todo caso, no seria el momento para un eventual rescate.

¿Hay similitudes entre la situación actual de Evergrande y la de Lehman Brothers en 2008?

Ninguna de ellas tenía, más allá de las aportaciones de dinero de los compradores de las viviendas en el caso de Evergrande, depósitos de sus clientes. Ambas funcionaban a base de endeudamiento. Y en los dos casos sus instrumentos de deuda perdieron valor, lo que activa la cadena de insolvencia en sus titulares, que ven cómo el dinero prestado o invertido en esas firmas se esfuma.

La quiebra de Lehman fue un síntoma de la crisis financiera que estalló a finales de la pasada década, con el trasiego de las hipotecas ‘subprime’ y otros activos tóxicos como espoleta, mientras que la situación de la inmobiliaria sería la primera afloración de las consecuencias de un endeudamiento desmesurado en el país asiático.

"Esto no le afecta solo a esta compañía ni se trata de algo que comience ahora. La crisis de deuda en China es para echarse a temblar", explica Sánchez Mato, que plantea una de las paradojas que revela la crisis de la inmobiliaria: "¿Cómo se pueden tener 250.000 millones de pasivo en un país socialista? Una burbuja así solo se puede generar en un país capitalista. Empresas como esta y el sector bancario chino utilizan las mismas fórmulas que Wall Street".

"¿Hubiera sido sostenible ese modelo sin una situación de crédito barato?", plantea el economista, que advierte de que esas tendencias burbujeantes de la economía "solo funcionan mientras se mantiene el dopaje del crédito bajo. El problema de la deuda china no es de ahora, viene de atrás. Lo que ocurre ahora es que ha explotado".

¿Hay alguna derivada inmediata para Europa?

Parece lógico que en este escenario se enfríen las intenciones de comenzar a retirar las medidas monetarias de estímulo y de inyección de recursos en el sistema bancario que llevan semanas valorando tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco Central Europeo (BCE). Una retirada de esas medidas implementadas al comienzo de la crisis asociada a la pandemia entrañaría el riesgo de agravar las consecuencias de una eventual crisis global por contagio a partir del crash de Evergrande.

Publicado enEconomía