Decenas de miles toman las calles en El Salvador en protesta contra el Gobierno de Nayib Bukele

Este #15Sept Nayi Bukele enfrentó una de las mayores movilizaciones desde que se encuentra en el gobierno. Su deriva autoritaria y el conjunto de medidas que viene aplicando han sido el motor principal para que, en el día de la celebración del bicentenario de la independencia de Centroamérica, se transformara en el día de la resistencia como le han llamado los convocantes.

 

Desde las primeras horas de la mañana y en distintos puntos de la capital salvadoreña sindicatos, organizaciones y movimientos populares y sociales se concentraron desde la mañana, para luego marchar y confluir en la plaza Francisco Morazán, en el Centro Histórico de San Salvador. Allí se aglutinaron trabajadores, estudiantes, organizaciones sindicales y campesinas, movimientos feministas que tuvieron una amplia participación, activistas de derechos humanos, médicos, profesionales y hasta jueces salieron a las calles.

La cantidad de personas movilizadas no se veía hace muchísimos años incluso durante gobiernos anteriores. Es de señalar también salió todo un arco de opositores de partidos políticos que rechazan también las decisiones de la Asamblea Legislativa (el parlamento unicameral salvadoreño) de mayoría oficialista, así como decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) totalmente controlada por Bukele.

Se protestó también contra la decisión del presidente salvadoreño de duplicar el número de efectivos militares con el pretexto de combate a la violencia y delincuencia, pero el fondo es congraciarse con las Fuerzas Armadas. También contra una reforma constitucional que para muchos analistas solo busca afianzar la concentración de poderes del presidente. Además, se confrontaba la aprobación de la Ley Bitcoin que ha sido altamente rechazada, la violación a los derechos constitucionales e incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Una de sus últimas medidas, vía la Asamblea Legislativa, ha sido cesar vía una reforma judicial a los jueces y fiscales sexagenarios, además de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que abre la vía para que Bukele pueda buscar la reelección en 2024 y no en 2034, como establecía una sentencia de 2014.

Con la reforma judicial lo que pretende Bukele no es sacar a toda una casta de jueces corruptos, que no es patrimonio de solo los mayores de 60 años dentro de un sistema judicial corrompido y que antes se repartían vía las cuotas de poder, sino toda una reforma más bien a fin de sus objetivos políticos. Por ello la reforma judicial es la materialización de la política que consiste en promover jueces alineados al oficialismo y dar de baja a quienes eventualmente puedan ser piedra de tropiezo.

En el movimiento de la reforma Bukele ha terminado desplazando al juez que tiene a su cargo el genocidio de El Mozote en los años 80, considerado el más grande en todo el continente americano en todo el siglo XX y lo que va del XXI llevado a cabo por un ejército militar. Una decisión ampliamente cuestionado por todos los organismos de derechos humanos de El Salvador y a nivel internacional.

Los sectores que protestaron han cuestionado también al presidente Bukele de atacar la transparencia en el manejo de recursos estatales y atacar a la prensa, entre otras denuncias. "¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!" y "sin independencia judicial no hay garantías para la defensa de los derechos humanos", eran los mensajes de algunas de las pancartas portadas por los manifestantes.

Para todas estas políticas Bukele cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, perfilándose una mayor bonapartización del régimen político que cada vez más va diseñando a su imagen y semejanza. Por ello, el grueso de los manifestantes sostuvo que ante un régimen autoritario como el salvadoreño la única opción es que la población salga a protestar para defender sus derechos y las libertades conquistadas.

Esta nueva jornada de movilización pone de manifiesto el carácter autoritario y las medidas antidemocráticas que representa Bukele, pero también la serie de condiciones que azotan a la gran mayoría de la población como los bajos salarios, el déficit en un sistema integral de salud para continuar enfrentando la pandemia, así como el alza de feminicidios, desapariciones de jóvenes y las medidas represivas en colusión con grupos de pandillas.

La jornada vivida este 15 de septiembre ha implicado una medición de fuerzas entre el Gobierno de Bukele y el movimiento de masas que decidió salir a hacerle frente. En la oposición existen partidos que han venido siendo parte de regímenes políticos que se han beneficiado del poder lejos de los intereses del pueblo, y que no se puede destacar componendas con ellos. Por eso es fundamental que las luchas que emprenden los trabajadores, campesinos y las grandes mayorías populares contra Bukele tienen que seguir un curso independiente del conjunto de los partidos patronales.

Milton D'LeónCaracas @MiltonDLeon

Miércoles 15 de septiembre

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Magnicidio en Haití: el Primer Ministro destituyó al fiscal que quiere investigarlo por el asesinato de Jovenel Moise

Ariel Henry comunicó la remoción en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el Gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por parte de Claude

 

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció este martes la destitución del fiscal Bel-Ford Claude, horas después de que este solicitara a un juez abrir una investigación al jefe de Gobierno en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moise. Un nuevo fiscal jefe prestó juramento el martes horas después.

Henry comunicó la destitución del fiscal en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el Gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por parte de Claude.

“Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry y pedir su acusación directa”, había escrito Claude antes de ser reemplazado por Frantz Louis Juste, un fiscal que supervisó el caso de la muerte de más de una docena de niños en un incendio en un orfanato cerca de Puerto Príncipe el año pasado.

Claude había solicitado al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe que investigue a Henry como imputado en el caso del magnicidio, por las sospechas causadas por las conversaciones telefónicas que supuestamente mantuvo Henry con uno de los principales sospechosos del magnicidio pocas horas después de que sucediera el crimen.

En una carta dirigida al director del Departamento de Inmigración y Emigración haitiano, Joseph Cianculli, y recogida por el diario Gazette Haiti, Claude traslada que “el señor Ariel Henry tiene prohibido abandonar por vía aérea, marítima y terrestre el territorio nacional por las graves acusaciones de asesinato del presidente Jovenel Moise”.

Henry tiene que presentarse a declarar este martes en el marco de la investigación, que ha hallado varias llamadas telefónicas entre el actual primer ministro y uno de los principales sospechosos del asesinato y que habrían tenido lugar el mismo día del magnicidio.

Moise fue asesinado el 7 de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami regentada por un venezolano.

Hasta ahora, 44 personas han sido detenidas, entre ellos una veintena de ex militares colombianos y cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías. Ninguno de los guardias de seguridad del presidente resultó herido en el ataque.

El comisionado del gobierno de Puerto Príncipe, el equivalente a un fiscal federal, pidió al juez que investigaba el asesinato que acusara a Henry de estar involucrado en el caso debido a las supuestas llamadas telefónicas que Henry hizo con uno de los principales sospechosos.

“Hay suficientes elementos comprometedores que forman (mi) convicción sobre la conveniencia de procesar al Sr. Henry y solicitar su acusación directa”, escribió Bed-Fort Claude, el comisionado, en una carta oficial dirigida a un tribunal de Puerto Príncipe.

A Henry ya se le había pedido que compareciera para ser interrogado en el caso para dar explicaciones sobre las supuestas conversaciones que tuvo unas horas después del asesinato de Moise con un ex funcionario del gobierno buscado en relación con el asesinato.

El viernes, Claude le había pedido a Henry que se presentara el martes para responder preguntas sobre las llamadas.

La policía sigue buscando activamente al ex funcionario Joseph Felix Badio, quien trabajaba en la unidad anticorrupción del Ministerio de Justicia.

El teléfono de Badio supuestamente fue rastreado hasta el área cercana a la residencia de Moise cuando Badio llamó a Henry dos veces en las primeras horas del 7 de julio, después de que el presidente fuera asesinado.

En su carta al juez, Claude dijo que las llamadas duraron un total de siete minutos. También señaló que un funcionario del gobierno tuiteó el mes pasado que Henry afirmó que nunca habló con Badio.

Henry criticó el sábado la solicitud anterior y dijo: “Estas tácticas de distracción, diseñadas para crear confusión y evitar que la justicia siga su curso con calma, no se mantendrán”.

“Aquellos que sean verdaderamente culpables, los autores intelectuales del odioso asesinato del presidente Jovenel Moise y quienes lo ordenaron, serán encontrados, llevados ante la justicia y castigados por sus acciones”.

Un primer ministro legalmente no puede ser interrogado a menos que el presidente lo autorice, pero tras el asesinato de Moise, Haití no tiene presidente.

Henry fue nombrado primer ministro por Moise días antes de la muerte del presidente y prestó juramento el 20 de julio, comprometiéndose a mejorar la terrible seguridad del país y a organizar elecciones retrasadas durante mucho tiempo.

14 de Septiembre de 2021

(Con información de EFE, Europa press y AFP)

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Lunes, 13 Septiembre 2021 06:21

Hubris

Ni un solo funcionario de Estados Unidos ha sido fiscalizado por los crímenes cometidos en 20 años de guerra global contra el terror, denuncia Daniel Ellsberg –quien filtró los Papeles del Pentágono–, acusando que sólo los que revelaron delitos–entre ellos Julian Assange (en imagen de archivo), Chelsea Manning o Edward Snowden– han sido perseguidos por la ley. Foto Afp

Ahora con la salida ingloriosa de Afganistán junto con el vigésimo aniversario del 11-S y sus secuelas, en Estados Unidos se reabre el debate sobre si esta coyuntura marca el principio del fin de esta república/imperio y su pax (más bien, bellum) americana.

Algunos recomiendan que Estados Unidos debería recordar las lecciones del historiador griego Tucídides en su opus magna Guerra de Peloponeso en la cual narra cómo una república, la de Atenas, se desmoronó al perpetuar sus guerras constantes, y donde de hecho, una pandemia ayudó a desintegrar el consenso cívico que la sostenía. Otros recuerdan cómo se hundió la república romana al incrementarse la retórica política violenta, el creciente desprecio de las normas y una creciente concentración de riqueza y poder, y su transformación en el imperio romano bajo un gobierno con poder centralizado en un emperador (los historiadores odian, con toda razón, este tipo de resúmenes generales, pero se les pide un poquito de comprensión a periodistas con espacios limitados).

Chalmers Johnson, destacado politólogo y autor de una trilogía sobre el imperio estadunidense y con una carrera que incluye haber sido asesor de la CIA a finales de los años 60, advirtió en 2009 que “una nación puede ser… una democracia o imperialista, pero no ambas cosas. Si se apega al imperialismo, como la vieja república romana sobre la cual tanto de nuestro sistema fue basado, perderá su democracia al volverse una dictadura doméstica”. Ya había advertido anteriormente que "estamos en la cúspide de perder nuestra democracia a cambio de mantener nuestro imperio".

Los atentados del 11-S fueron usados por la cúpula estadunidense para "unir al país" ante un nuevo enemigo para sustituir al del comunismo que se desmoronó con la Union Soviética 12 años antes. George W. Bush proclamaría una nueva guerra sagrada para imponer la visión neoconservadora dentro y fuera del país, afirmando casi de inmediato que "o están con nosotros, o están con los terroristas".

Han pasado 20 años de la llamada "guerra global contra el terror", con más de seis guerras, millones de muertos, heridos y desplazados, la violación masiva de derechos humanos y libertades civiles. “Ni un solo funcionario ha sido fiscalizado por crímenes de Estados Unidos durante la ‘guerra sobre el terror’”, denuncia Daniel Ellsberg, acusando que sólo los que revelaron estos delitos –entre ellos Chelsea Manning, Edward Snowden, Julian Assange– han sido perseguidos por la ley.

El periodista Premio Pulitzer Chris Hedges escribe que “los poderes imperiales no perdonan a los que revelan sus debilidades o hacen públicos los mecanismos internos sórdidos e inmorales del imperio… Las virtudes que proclaman apoyar y defender, usualmente en el nombre de su civilización superior, son una máscara del saqueo, la explotación de mano de obra barata, la violencia indiscriminada y el terror estatal”.

Esta semana las autoridades están contemplando reinstalar las bardas alrededor del Congreso y autorizar el uso de fuerza letal por autoridades alrededor ante una manifestación convocada por ultraderechistas simpatizantes del neofascista Trump para demandar la liberación de cerca de 600 de sus compañeros arrestados por las acciones de enero, cuando invadieron el Capitolio con la intención de anular el proceso electoral presidencial. Esto, en un país donde el secretario de Seguridad Interna y el procurador general han concluido que la mayor amenaza terrorista a Estados Unidos proviene de extremistas blancos estadunidenses.

Viente años después de las guerras contra los "enemigos de la democracia" alrededor del planeta, la democracia estadunidense hoy día se encuentra más amenazada que nunca, pero ahora por fuerzas estadunidenses dentro de su propio país.

El hubris es el ingrediente que detona todas las obras trágicas griegas, eso de atreverse de proclamarse un dios ("nación indispensable" o "faro de la democracia") acaba mal.

¿Otra tragedia griega?

The imperial march (tema de Darth Vader). https://open.spotify.com/track/2bw4WgXyXP90hIex7ur58y?si=7a46eaca644a409d

Jackson Browne. Lives in the Balance. https://open.spotify.com/track/2CP5ozMyA0pD2Sfz55LjFR?si=15bd3bbdcdc84729

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Lunes, 13 Septiembre 2021 06:11

Un nuevo espejismo económico

Un nuevo espejismo económico

Tan sólo 13 años después de la publicación del White Paper, texto en el cual su presunto creador, Satoshi Nakamoto, sentó las bases para el funcionamiento y desarrollo de la criptomoneda, la República del Salvador se ha convertido en el primer Estado-nación en aceptar el bitcóin como moneda de curso legal. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele y aprobada rápidamente por la Asamblea Nacional Salvadoreña, entró en vigor el pasado 7 de septiembre en medio de una polémica de alcances y repercusiones mundiales.

Tan pronto como comenzó su circulación oficial, usuarios en ese país centroamericano experimentaron problemas técnicos con la billetera electrónica desarrollada con el propósito exclusivo de operar contratiempos con dicha moneda, que resultaron un inconveniente menor si se les compara con la caída de 9.2 por ciento que el bitcóin experimentó en su debut en dicha nación.

Diversas encuestas han mostrado que la población salvadoreña se encuentra reticente a aceptar la criptomoneda debido a su alta volatilidad y a la poca información que existe respecto a la misma. En ello parecen coincidir con el Fondo Monetario Internacional, institución que ha señalado que su adopción pone en riesgo el sistema de precios, el financiero y la estabilidad macroeconómica del país, así como con el Banco Mundial, que se negó a brindar asesoría para su implementación.

Bukele argumenta que su adopción permitirá a El Salvador ser menos dependiente de la emisión de dólares por parte de las autoridades financieras estadunidenses y evitar la inflación que ello puede llegar a producir. La lógica del mandatario, compartida por importantes sectores del mundo financiero, es simple, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal de Estados Unidos puede generar presiones inflacionarias, particularmente en una economía dolarizada como la de El Salvador, y el bitcóin es un paliativo ante dicho fenómeno.

A diferencia de otras divisas que dependen de un banco central o un Estado que las respalde, el bitcóin lo es de una "prueba criptográfica en lugar de confianza, permitiendo que dos partes interesadas realicen transacciones directamente entre ellas, sin necesidad de un tercero de confianza." Dicho de otro modo, no depende de un banco central o casa de moneda, sino de la capacidad computacional descentralizada que verifica las operaciones y que éstas no sean duplicadas. La descentralización de la criptomoneda y su número limitado (establecido por diseño en su algoritmo) impiden que esta "moneda" se devalúe como consecuencia de una inyección adicional por parte de un banco central. No pocos analistas han señalado que el interés del presidente de El Salvador por el bitcóin coincide con sucesos políticos, como la irrupción del ejército en la Asamblea Nacional, la remoción de jueces y el fiscal general, Raúl Melara, y de manera reciente, el fallo de la Suprema Corte que habilita la relección presidencial, actos que en un futuro próximo podrían ser objeto de sanciones económicas internacionales.

Cuba, país con una larga experiencia en recibir este tipo de sanciones, anunció a finales de agosto que explora la posibilidad de regularizar y reconocer las criptomonedas como divisas de curso legal, sumándose a Venezuela, que ya cuenta con su propia unidad digital llamada petro.

La implementación del bitcóin como moneda de curso supone múltiples retos para El Salvador. La población ha mostrado escepticismo con respecto a adoptarla, lo cual ha llevado al gobierno a aclarar que, si bien su aceptación es obligatoria, su convertibilidad a dólares puede ser inmediata y garantizada por el gobierno a través de su plataforma Chivo. Esto elimina el riesgo asociado de la volatilidad del tipo de cambio del bitcóin a dólares para la población, trasladándolo efectivamente al gobierno, lo cual también supone retos y riesgos importantes.

Los problemas de la moneda no se limitan a que ésta encuentre apoyo entre la población. Aun sin él, El Salvador podría atraer flujos y transferencias del bitcóin del extranjero, remesas, inversión directa o en portafolio, por ejemplo, que podrían ser convertidas a dólares. Esto supondría que el gobierno acumularía posiciones "largas" en el bitcóin que, de no intercambiarse de inmediato en el mercado cambiario, presionarían sus finanzas públicas en caso de una caída abrupta en el precio de la criptomoneda, fenómeno que hasta hoy ocurre con cierta frecuencia.

De cumplirse dicho escenario, el gobierno deberá proveer dólares al mercado a cambio de bitcóins, incrementando la necesidad de financiamiento en la divisa estadunidense para un país que actualmente se encuentra en problemas para fondearlos.

Adicionalmente, una vez recibidos estos dólares podrían salir del país para buscar mejores condiciones, lo cual causaría problemas en la balanza de pagos de la nación.

Todo ello, sin mencionar los riesgos regulatorios asociados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a los cuales también es proclive la moneda.

Como toda tecnología, el bitcóin tiene beneficios y desventajas de que deben ser estudiados de manera cuidadosa antes de emprender una reforma como la que se está llevando a cabo en El Salvador. La tecnología es útil, pero hay que saber dónde, cuándo y para qué aplicarla.

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El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, durante una entrevista en su oficina en Kabul. — AKHTER GULFAM / EFE

Gran incertidumbre en los organismos internacionales por el futuro de la lucha contra el tráfico de drogas en un país que abastece el 84% del mercado ilegal de opiáceos en el mundo y del que los talibanes obtuvieron, según la ONU, un beneficio de 389 millones de euros en 2020.

 

La vuelta al poder de los talibanes tras dos décadas de intervención militar extranjera en Afganistán ha causado una gran incertidumbre internacional sobre el futuro de la población bajo un nuevo Emirato Islámico. Y una de las mayores inquietudes gira en torno al tráfico de drogas que ha convertido a ese país de Asia Central, encrucijada de caminos, en el productor de más del 80% del opio ilegal del mundo, en el segundo de hachís y en un pujante fabricante de metanfetamina, o sea, en una de las mayores economías ilícitas del planeta. La ONU, unos meses antes de la retirada de las tropas de EEUU, ya avisó de las graves consecuencias de un negocio que sólo en 2020 reportó unos 389 millones de euros a las arcas talibanas.

Caído el gobierno, fuera ya del país el ejército estadounidense y el resto de tropas extranjeras que durante dos décadas velaron por el supuesto desarrollo de ese Estado, el poder ha quedado de nuevo en manos de los fundamentalistas islámicos que entre 1995 y 2001 impusieron un régimen de terror inquisitorial. Ese territorio, donde también campan en algunas zonas los llamados señores de la guerra y los muyahidines del Estado Islámico, es el lugar de operaciones de una economía ilícita a escala mundial que en 2019 produjo 6.400 toneladas de opio, que es, después de Marruecos, el mayor productor de hachís y que aumenta cada año la fabricación de metanfetamina hasta el punto de haberse convertido ya en el principal mercado de meta de esa parte de Asia, según los últimos informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

España es el principal productor mundial de morfina legal destinada a la industria farmacéutica con algo más de 114 toneladas en un año, pero Afganistán lidera el negocio ilícito del opio para la fabricación de heroína y otros opiáceos que se venden en el mercado negro de todo el orbe. La JIFE señala en su informe de 2020, publicado el pasado mes de marzo, que aunque la superficie dedicada al cultivo de adormidera se redujo en 2019 en Afganistán de 263.000 a 163.000 hectáreas, la producción no disminuyó y mantuvo durante quinto año consecutivo un índice por encima del 84% de la producción mundial de esta sustancia que ha surtido, fundamentalmente, los mercados de Europa, Asia Meridional y Central, Oriente Medio y África, y, en menor medida, los de América del Norte y Oceanía.

La pandemia de la covid-19 también ha influido en este mercado ilícito, ya que, según la UNODC, los meses claves para la cosecha de la adormidera en Afganistán van de marzo a junio, el periodo cuando más azotó el virus en 2020. Por ese motivo, en las provincias occidentales y meridionales del país se observó "una escasez de jornaleros" dedicados a extraer el látex de la planta. "Sin embargo, parece que cada vez más mujeres de hogares dedicados al cultivo de la adormidera y personas que han perdido el empleo por la pandemia participan en las labores de extracción del látex", se añade en el informe. Como ocurre en otros países con extensos cultivos de plantas fiscalizadas internacionalmente al ser consideradas drogas, miles de familias afganas viven de plantar las amapolas de las que luego se extrae el opio.

Principal fuente de financiación de los talibanes

José Miguel Calvillo Cisneros, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, que ha trabajado en Afganistán con la Agencia Española de Cooperación, ha escrito un libro sobre ese país y está a punto de publicar otro, subraya a Público que aunque el opio forme parte del negocio de una red del crimen internacional, también es "una de las principales fuentes de ingresos de miles de familias afganas", que consiguen un valor añadido que resulta imposible con otros cultivos gracias a una planta que se adapta muy bien, además, a las condiciones climatológicas y orográficas del país.

Pero el gran valor añadido se lo quedan, evidentemente, quienes controlan el negocio, vigilan las rutas de transporte y tratan con las organizaciones criminales. Calvillo tiene muy claro que "el opio es una de las principales fuentes de financiación" del movimiento talibán y también del Estado Islámico, con el que ahora está enfrentado en el sureste del país. Y aunque un portavoz talibán aseguró el pasado agosto que su gobierno no va a permitir el tráfico de ninguna droga, este experto cree que se repetirá lo que ocurrió durante el primer Emirato Islámico afgano. "Cuando llegaron al poder en 1996 -explica Calvillo- prohibieron el cultivo de la adormidera para el opio, pero eso sólo fue una estrategia. Dejaron sin abastecer el mercado durante un tiempo y a los tres años lo inundaron de opio, lo que hizo bajar los precios y que ellos pudieran controlar el mercado".

Los precios del opio, según la JIFE, bajaron un 37% en 2018 y un 24% en 2019, también los de la heroína de gran calidad, hasta un 27%, pero eso no ha sido un obstáculo para que los talibanes hayan seguido ganando dinero a su costa. La presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU aseguraba el pasado mes de mayo en un escrito que a pesar de la falta de información reciente, los Estados miembros estaban reportando que el cultivo de opio seguía representando la fuente de ingresos más significativa para los talibanes, "con una estimación aproximada de 460 millones de dólares", unos 389 millones de euros, en 2020.

Pero en Afganistán no es sólo opio lo que reluce. Allí se producen otras drogas que mueven mucho dinero también en el mercado ilícito mundial, como la metanfetamina, de la que ese país se ha convertido en una "fuente importante de abastecimiento en la región", advierte la UNODC. Tan es así que la proporción de meta de origen afgano incautada en la vecina Irán pasó de representar el 10% de las intervenciones en 2015 a más del 90% en 2019. "Esto ha ocurrido -subraya la Oficina de Naciones Unidas- pese a la alta destrucción mediante ataques aéreos de decenas de laboratorios de metanfetamina en las zonas controladas por los talibanes realizados en un solo día en 2019. La expansión de la fabricación de metanfetamina añade complejidad a la economía de las drogas ilícitas en Afganistán y agrava la amenaza que esto supone para los países de la región y de fuera de ella".

En su balance de 2020, la JIFE se lamenta de que mientras la meta incautada se triplicó entre 2011 y 2019, la intervención de precursores usados para su elaboración se redujo un 99%. Y eso se debe, entre otras razones –precisa-, a que los grupos delictivos que actúan en Afganistán utilizan una planta, la Ephedra, que no está sujeta a la fiscalización internacional, para producir el precursor efedrina.

Y hay otras drogas más cuya producción y tráfico preocupa a la Junta Internacional de Fiscalización: el captagon, una sustancia psicoestimulante hecha con fenetilina, cuyo consumo se ha extendido en los países de Oriente Medio y que supuestamente toman los soldados del DAESH antes de entrar en batalla; y otras drogas sintéticas psicoactivas que el gobierno de Tayikistán ha reportado como procedentes del país afgano.

Sin lucha contra el narcotráfico no habrá paz, según la ONU

Todo este panorama no ha hecho más que aumentar la preocupación en Naciones Unidas y en organismos como la JIFE, Junta cuasi judicial encargada de velar en el mundo por el cumplimiento de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. En su informe del año 2020, la UNODC ya advertía de que era necesario fortalecer la cooperación internacional "más que nunca, en vista de que las tropas internacionales saldrán pronto del país". Y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito añadía al respecto: "La prioridad reside ahora en definir objetivos, apoyar a las operaciones regionales contra los estupefacientes y proponer planes de acción regionales a fin de establecer medidas de respuesta al tráfico de drogas procedentes de Afganistán (…), problema que tiene raíces y ramificaciones regionales y mundiales".

A juicio de la JIFE, la fiscalización de drogas debe ocupar un lugar prioritario en el programa de desarrollo de ese país. Este organismo internacional considera que si el gobierno de Afganistán no enfrenta "de manera sistemática y exhaustiva", con el apoyo de la comunidad internacional, el cultivo, la producción y el tráfico ilícito de drogas, "es poco probable que los esfuerzos de desarrollo más amplios centrados en la promoción del desarrollo sostenible, la prosperidad y la paz en Afganistán sean eficaces". Y esto lo advertía tan sólo unos meses antes de la vuelta al poder de los talibanes.

El profesor de la Universidad Complutense y experto en Afganistán José Miguel Calvillo no es nada optimista sobre lo que puedan hacer los talibanes una vez de nuevo en el poder. "No se puede descartar ninguna posibilidad -dice-, pero a mí me parece muy difícil que vayan a renunciar a una de sus principales fuentes de ingresos. Están vendiendo ahora una imagen de moderación, de legalidad, pero eso forma parte de una política cosmética para conseguir un reconocimiento internacional para que los fondos de ayuda internacional sigan llegando al país".

La ayuda internacional es clave para el sostenimiento de este país asiático que ocupa actualmente el puesto 169 en el índice de desarrollo humano, es decir, que se encuentra entre los 20 países del mundo con la menor tasa de desarrollo, el único de Asia en una lista de cola copada por los Estados africanos, además de Haití, del continente americano. Y eso ha supuesto un pequeño avance, porque hace 20 años ocupaba puestos aún más bajos, cuando la esperanza de vida de un afgano no llegaba a los 46 años, la tasa de mortalidad infantil superaba los 165 fallecimientos por cada mil niños nacidos y la situación de las mujeres era infame. Según Calvillo, entre el 70 y el 80% del presupuesto del país procede de la ayuda internacional, de modo que si ésta deja de llegar el opio se convertirá ya en una de las principales fuentes de ingresos para el país.

Ante el anuncio de varios países de suspender sus ayudas a Afganistán tras la vuelta al poder del régimen talibán, Naciones Unidas ha convocado una conferencia internacional para este 13 de septiembre. Su secretario general, Antonio Guterres, advirtió la semana pasada a través de Twitter, de que la población afgana necesita ahora más que nunca el apoyo de la comunidad internacional para paliar su grave situación.

"La situación desde el punto de vista de la seguridad, de los derechos humanos, es insostenible. Los talibanes han recuperado el poder y van a volver a reimplantar un sistema basado en el totalitarismo, en el terror contra la población civil", pronostica el profesor Calvillo.

La llamada de emergencia del anterior gobierno

Pero la comunidad internacional también estaba avisada de lo que podía pasar. El último informe de la JIFE refiere que una delegación del anterior gobierno afgano asistió al 127 periodo de sesiones de la Junta celebrado en su sede de Viena en febrero de 2020, donde "exhortó a la comunidad internacional a prestarle apoyo técnico y financiero, de manera urgente y sostenida" para lograr una serie de objetivos esenciales: avanzar en programas de medios de subsistencia alternativos a la adormidera facilitando infraestructuras agrícolas y oportunidades de mercado con otros productos; hacer frente a los vínculos entre terrorismo, insurgencia, corrupción y tráfico de drogas; y facilitar la cooperación internacional en la lucha contra sus organizaciones.

La JIFE emitió entonces un comunicado en el que recalcó que los "esfuerzos de estabilización del país no serían sostenibles a menos que se enfrentara de manera efectiva su problema de la economía de las drogas ilícitas" y posteriormente, en marzo de ese año, el Consejo de Seguridad de la ONU recordó "la urgente necesidad de que todas las partes afganas contrarrestaran el problema mundial de las drogas con el objetivo de combatir el tráfico de opiáceos procedentes de Afganistán".

Pero la guerra continuó con sus miles de víctimas (más de 10.000 civiles por año entre 2014 y 2019) y ya había entrado en vigor el acuerdo que el gobierno de EEUU presidido por Donald Trump firmó con los talibanes para reducir progresivamente la presencia militar extranjera hasta su desaparición total, que llegó el pasado mes de agosto.

El periodista italiano Roberto Saviano, conocido mundialmente a raíz del libro Gomorra que destapó las actividades ilícitas de la Camorra napolitana, publicó hace un mes un artículo en el Corriere della Sera en el que vinculó la toma del poder de los talibanes con el tráfico de droga "La de Afganistán es una guerra del opio. No ha ganado el islamismo, como muchos dicen, ha ganado la heroína. Y más del 90% de la heroína mundial se produce en Afganistán.

Esto significa que los talibanes, junto con los narcos sudamericanos, son los narcotraficantes más poderosos del mundo. En otras palabras, en esta guerra, ganaron los mejores traficantes". "Las drogas que producen financian la guerra y se venden en Estados Unidos y al mundo y a las mafias italianas. El error es llamarlos milicianos islamistas: los talibanes son narcotraficantes", añadía Saviano en su artículo.

12/09/2021 22:15

Santiago F. Reviejo@sreviejo

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habla a sus seguidores tras la derrota en las primarias legislativas celebradas el domingo 12 de septiembre de 2021. REUTERS-QUALITY

Los aspirantes del Gobierno al Congreso pierden en todos los distritos más importantes, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

 

El kirchnerismo tiene mucho de qué preocuparse. Sus candidatos a pelear por un asiento en el Congreso el 14 de noviembre han perdido en elecciones primarias en 18 de los 24 distritos del país, según resultados oficiales, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo y responsable del 40% de los votos a nacionales. La oposición, reunida en Juntos por el Cambio, la coalición que en 2015 llevó al poder a Mauricio Macri, retiene sus distritos tradicionales (ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba), y gana en provincias que suelen ser díscolas a la derecha, como Chaco, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y hasta Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo. Los resultados suponen un durísimo golpe, de consecuencias aun imprevisibles, para el Gobierno de Alberto Fernández, que en estas elecciones primarias plebiscitaba su gestión. El triunfo opositor coloca al alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, en la carrera por la presidencia en 2023.

El presidente Fernández admitió el triunfo opositor junto a los principales candidatos y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto. Hay una demanda que no hemos satisfecho y que a partir de mañana le prestaremos atención”, dijo. “La campaña acaba de empezar y faltan dos meses [para las elecciones Legislativas]. Tengo por delante dos años de Gobierno y no voy a bajar los brazos, y pido humildemente que nos ayuden. Vamos para adelante que en noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, cerró el presidente, que asumió en soledad el discurso de la derrota.

Los argentinos participaron este domingo de un original experimento electoral, con la elección de candidatos en elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Las PASO, como se llaman, se convierten así en un referendo de la gestión oficial. El Gobierno era consciente de las dificultades que enfrentaba: la economía en picada, producto de tres años de recesión y la parálisis de la pandemia, y errores no forzados de Alberto Fernández y su entorno y las peleas cada vez más evidentes en el seno de la coalición, con Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. Esperaba, sin embargo, un ajustado triunfo en la provincia de Buenos Aires y el primer lugar en la suma total de votos nacionales. Nada de eso ha pasado. Incluso con el peronismo unido. El mapa de las provincias de Argentina se ha teñido de amarillo, el color de Juntos por el Cambio, y el peronismo pierde el control del interior del país, fuente de su país.

Los resultados dan una dimensión de la catástrofe. En la provincia de Buenos Aires, con el 82% de las mesas escrutadas, la coalición opositora saca el 38,3%, contra 33,5% del oficialista Frente de Todos. En Capital, el macrismo se quedó con el 48,3% de los votos, contra 24,6% del peronismo. En el interior del país no le ha ido mejor al Gobierno, incluso en distritos tradicionalmente peronistas como La Pampa (48,8% contra 38,3%) o Chaco (44,2% contra 35,5%). Los precandidatos del Gobierno solo han sumado más votos que sus rivales en Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, San Juan y Santiago del Estero. El resultado encumbra como líder de la oposición al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que armó la elección con candidatos propios, en detrimento de los sectores más radicalizados de la coalición, representados por Mauricio Macri.

La pérdida de la provincia de Buenos Aires y otras tradicionalmente peronistas no estaba ni en las proyecciones más pesimistas. “La derrota se explica en parte por razones económicas”, dice en un análisis rápido el director de la consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza. “El valor del salario se ha deteriorado, los niveles de inflación son intolerables y el Gobierno no ha logrado compensar con la gestión de la pandemia. En Buenos Aires, por ejemplo, vemos que los votos han sido básicamente los de Cristina Kirchner, porque ni Alberto Fernández ni Sergio Massa (el presidente de la Cámara de Diputados y tercera fuerza de la coalición oficialista) han sumado para el resultado total”, explica.

El Gobierno tendrá ahora dos meses de campaña para que el resultado de las primarias no se repita en la elección definitiva de noviembre, cuando se renovará en las urnas la mitad de los diputados y un tercio del Senado. El oficialismo corre el riesgo de perder incluso el quorum del que disfruta en la Cámara Alta, donde están representadas las provincias a razón de tres senadores por cada una. Es allí donde manda Cristina Kirchner, quien como vicepresidente ostenta la titularidad de ese cuerpo legislativo. “La perspectiva es compleja”, advierte Fidanza, “porque el Gobierno llegó debilitado a la elección y a partir de mañana esa debilidad será mayor, con un presidente con poco apoyo popular y una vicepresidenta que tiene un rechazo del 50%”, explica.

Desde Juntos por el Cambio todo ha sido festejos. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires con Macri, arrasó ahora en la capital. “Gracias por darnos otra oportunidad”, le dijo a sus seguidores acompañada por el alcalde Rodríguez Larreta y otros dirigentes de la coalición opositora. Vidal perdió la relección en 2019 contra el actual gobernador, el kirchnerista Axel Kicillof. “Esta noche los votos dijeron ‘falta menos’. Ustedes lo saben, yo lo sé y el kirchnerismo lo sabe: falta menos. Falta menos para que haya un bloque opositor en el Congreso para impedir la mayoría, para que el cinismo y la mentira se agoten, para recuperar la educación que perdimos”, dijo. Las primarias pusieron también en evidencia el surgimiento de una fuerza de extrema derecha hasta ahora desconocida en Argentina. El economista Javier Milei, defensor de Jair Bolsonaro y Donald Trump, fue la tercera fuerza en la capital, con el 13,6% de los votos.

Buenos Aires - 12 sept 2021 - 04:48 CEST

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Foto de archivo de Ariel Henry. — REUTERS

 

El nuevo Gobierno asumirá sus funciones en un plazo de ocho días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, firmó este sábado un acuerdo con los principales partidos de oposición para formar un Gobierno de unidad y una asamblea que redactará una nueva Constitución, antes de celebrar las elecciones.

El nuevo Gobierno asumirá sus funciones en un plazo de ocho días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones "a más tardar a finales de 2022, bajo el imperio de la nueva Constitución", según figura en el texto del acuerdo.

Henry presidirá el ejecutivo, que será "esencialmente no partidista" y estará integrado por personalidades escogidas con base en su "notoriedad". En este período transitorio, la acción del Gobierno será supervisada por una Autoridad de Control y Seguimiento, ente que estará formada por los 10 senadores que siguen en activo y por otros 23 miembros designados por universidades públicas, cámaras de comercio y varios colegios profesionales.

El acuerdo prevé también la creación de una asamblea nacional constituyente, formada por 33 miembros, nombrados por diversas instituciones y organismos de la sociedad civil, incluyendo representantes de grupos feministas, de la comunidad en la diáspora y de personas con discapacidades.

Esta asamblea tendrá en cuenta en sus trabajos el anteproyecto de Constitución presentado esta semana y que fue redactado por una comisión de expertos designada por el presidente Jovenel Moise, quien fue asesinado el pasado 7 de julio. Los constituyentes tendrán un plazo de tres meses para preparar el proyecto de carta magna, que será sometido a la ratificación del pueblo haitiano.

Una vez sea promulgada la nueva Constitución, se celebrarán elecciones, como máximo hasta finales del 2022, para que las nuevas autoridades asuman sus cargos a comienzos de 2023, agrega el texto del acuerdo. Haití se encuentra en estos momentos sin un presidente, por la muerte de Moise, y sin un Parlamento operativo desde comienzos de 2020, debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.

 11/09/2021 18:58 Actualizado: 11/09/2021 20:34

EFE

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Nicaragua: Ortega encabeza lista de candidatos presidenciales mientras sus opositores están en la cárcel

Managua. El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua presentó ayer la lista definitiva de candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre, marcadas hasta ahora por la detención de varios de los principales líderes de la oposición, y en las que el presidente, Daniel Ortega, intentará sumar un nuevo periodo, junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

La lista está formada por seis fórmulas presidenciales, entre las que no está la que se perfilaba como principal fuerza para desbancar a Ortega del poder, Ciudadanos por la Libertad, después de que la formación fue suspendida hace un mes a petición del también opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) "por violar constantemente la ley electoral".

Las candidaturas deben estar formadas por un hombre y una mujer, como marca la ley. Por el lado oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) vuelve a contar con Ortega, que aspira a su cuarto mandato, y con Murillo, que sería su segundo en caso de que obtuvieran el triunfo.

El resto de los aspirantes son Walter Espinoza y Mayra Argüello por el PLC, Guillermo Osorno y Violeta Martínez por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Marcelo Montiel y Jennyfer Espinoza por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Gerson Gutiérrez y Claudia Romero por la Alianza por la República (APRE) y Mauricio Orúe y Zobeyda Rodríguez por el Partido Liberal Independiente (PLI).

La otra formación que se presenta es el regionalista Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama), que debido a su carácter local sólo presentará candidatos a diputados por las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, informa La Gaceta, diario oficial del Estado nicaragüense.

Estados Unidos y la Unión Europea han cuestionado la legitimidad de estas elecciones presidenciales y han denunciado la deriva autoritaria del gobierno de Ortega por su persecución a líderes opositores, periodistas y colectivos de la sociedad civil críticos de sus políticas.

Hace unos días, la justicia de Nicaragua envió a juicio a 11 opositores por presuntos delitos de conspiración y decidió mantenerles en prisión. Entre ellos estaban algunos que se presentarían a las elecciones, como Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, el ex viceministro de Exteriores José Bernard Pallais y los antiguos guerrilleros sandinistas Hugo Torres y Dora María Téllez.

Unos 4.7 millones de nicaragüenses están convocados a votar el 7 de noviembre, cuando además de la fórmula presidencial están en juego los 92 escaños de la Asamblea Nacional y otros 20 del Parlamento Centroamericano.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos informó que sus ciudadanos han sido objeto de "acoso y agresión" por "personas enmascaradas" en Nicaragua y recomendó a los estadunidenses no viajar a la nación centroamericana.

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Sergio Ramírez a Ortega: “Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras si saña, su odio y sus caprichos”

El escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado señaló el miércoles al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, de haberlo acusado “a través de su propia Fiscalía”, de supuestamente “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.

“Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes”, dijo el también premio Cervantes 2017, a través de una declaración enviada a los medios.

Ramírez Mercado, de 79 años, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico del presidente Ortega, también fue acusado de haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, precisó la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitó una orden de detención y allanamiento en contra de Ramírez Mercado, quien se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias del Gobierno tras haber sido citado por la Fiscalía.

El también ganador del Premio Alfaguara de Novela en 1998 e Iberoamericano de Letras “José Donoso” en 2011 recordó que “no es la primera vez que ocurre” en su vida una acusación en su contra.

“En el año de 1977, la familia Somoza (que gobernaron Nicaragua de 1939 a 1979) , cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta”, anotó.

“Las dictaduras carecen de imaginación, repiten sus mentiras, su saña, sus odios y sus caprichos. Son los mismos delirios y el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás”, valoró.

Ante el posible allanamiento de su vivienda, Ramírez Mercado dijo que “lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida”.

9 septiembre 2021

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Brasil: Arranca la votación en el "juicio del siglo" sobre tierras indígenas

Se espera que el juez Edson Fachin, relator del caso, lea su voto en la sesión del jueves

 El máximo tribunal debate la tesis del marco temporal, que sostiene que solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución brasileña en 1988.

 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) arranca hoy su votación en un juicio que podría poner en jaque a centenares de tierras indígenas pendientes de demarcación en el país. En el llamado "juicio del siglo" sobre los indígenas, la máxima Corte debe decidir si es válida la tesis del marco temporal, defendida por el agronegocio con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro, según la cual solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución brasileña en 1988.

La sesión del pleno del STF finalizó este miércoles sin iniciar la votación. Se espera que el juez Edson Fachin, relator del caso, lea su voto en la sesión del jueves. Según el aviso del tribunal, los miembros de la Corte fueron consultados y acordaron dejar el voto de Fachin para la próxima sesión debido a la extensión de su fundamento. El juicio podría prolongarse varias sesiones a pedido de alguno de los 11 jueces y se espera una votación ajustada.

En concreto el STF debate una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en el estado sureño de Santa Catarina, que en 2009 perdió su estatus de reserva después de que una instancia inferior acogiera el argumento de que los grupos no estaban viviendo allí en 1988. Pero, por decisión de la propia Corte, el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa. 

Los indígenas sostienen que la Constitución les reconoce sus derechos sobre sus tierras ancestrales, sin prever ningún marco temporal. Y afirman que en muchos periodos fueron desplazados de sus territorios, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), con lo cual sería imposible determinar su presencia en 1988. 

Por su parte los grandes productores rurales sostienen que en Brasil, con una población de 213 millones de habitantes, los 900 mil indígenas ya poseen mucho territorio (un 13 por ciento de la enorme superficie del país) y que si no se adopta el marco temporal ese número llegará al 28 por ciento, unas proyecciones muy cuestionadas. El sector cuenta con el apoyo de Bolsonaro, que hasta ahora viene cumpliendo su promesa electoral de no demarcar "ni un centímetro más" de tierras indígenas. 

08/09/2021

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