Inseguridad social creciente en un planeta polarizado

Se acentúa la brecha entre ricos y empobrecidos

Una de cada dos personas en el mundo no cuenta con ningún tipo de protección social. Realidad que desnuda asimetrías continentales y sectoriales significativas.

Aunque la crisis producto del COVID 19 promovió una expansión sin precedentes de iniciativas y programas de protección social, más de 4.000 millones de personas continúan completamente desprotegidas. La respuesta social a la pandemia ha sido desigual e insuficiente: aumentó la brecha entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos y no logró brindar una cobertura básica para el conjunto de la población mundial.

La cobertura que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera como esencial, cuando se refiere a la protección social, incluye el acceso a la atención médica y a la percepción de ingresos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida de la principal fuente de ingresos de la familia.

Diagnóstico preocupante

En la actualidad, sólo un 47% de la población mundial está cubierta como mínimo por una prestación de protección social, en tanto el resto, 4.100 millones de personas, no cuenta con ningún tipo de cobertura. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 que la OIT, con sede en Ginebra, Suiza, acaba de publicar la primera semana de septiembre. (//www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf">https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf).

Según este organismo internacional, las diferencias regionales son significativas. El continente americano, por ejemplo, cuenta con una tasa superior a la media mundial, con un 64.3% de cobertura, aunque lejos por detrás del 84% de Europa y Asia Central. Los Estados Árabes, con un 40% y África, con apenas un 17.4%, confirman las evidentes deficiencias globales en el plano de la protección social.

La niñez, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y los desempleados son los sectores más perjudicados por este sombrío panorama. Solo uno de cuatro niños y niñas se beneficia de una prestación social. Únicamente el 45% de las mujeres con hijos recién nacidos tiene derecho a una prestación de maternidad en efectivo. Y solo una de cada tres personas con alguna discapacidad grave recibe beneficios por invalidez. En cuanto a la población desempleada a nivel mundial, apenas un 18.6% cuenta con una cobertura efectiva.

La OIT constata que, si bien el 77% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben un aporte jubilatorio, persisten importantes disparidades regiones, así como entre zonas urbanas y rurales y entre hombres y mujeres.

Los números hablan por sí mismos: el gasto público en concepto de protección social varía de manera significativa a través del planeta. Como promedio los países destinan a la protección social un 12.8% del Producto Interior Bruto (PIB) — promedio internacional–, porcentaje que no incluye los presupuestos específicos para salud. Sin embargo, los países de altos ingresos invierten un 16.4% de su PIB en protección social mientras que los de bajos ingresos apenas un 1.1%.

La encrucijada

El nuevo Informe Mundial 2020-2022 que se publicó el 1 de septiembre, afirma que la comunidad internacional en su conjunto se confronta a una encrucijada esencial: seguir un “camino óptimo” de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o bien un “camino fácil” de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas.

Y ratifica que el objetivo último debería ser que todas las personas estén protegidas tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida. La clave para lograrlo radica en dedicar más esfuerzos a la construcción de sistemas de protección social universal. Estos deben ser integrales, adecuados y sostenibles, y deben incluir un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas.

Estos sistemas son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así como para hacer frente a los retos hoy y mañana. El desafío esencial para reforzar este andamiaje de protección universal es el trabajo decente. Que permita a las mujeres y a los hombres afrontar mejor “sus transiciones vitales y laborales, facilitando la transición de los trabajadores y las empresas de la economía informal a la economía formal, impulsando la transformación estructural de las economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles desde el punto de vista ambiental”.

Dicho informe insiste en que establecer la protección social universal –clave para la realización del derecho humano a la seguridad social para todos– es la piedra angular de una propuesta de justicia social con un enfoque centrado en las personas.

Con ello se contribuiría a la prevención de la pobreza y la contención de las desigualdades, la mejora de las capacidades humanas y la productividad, el fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.

Ideas no faltan

En junio pasado, representantes de 181 países miembros de la OIT aprobaron el Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las personas (https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803987/lang–es/index.htm) el cual delinea un programa detallado ante la pandemia y compromete a los países a que garanticen una recuperación económica y social de la crisis «totalmente inclusiva, sostenible y resiliente».

Este compromiso consensuado durante la Conferencia Internacional del organismo, incluye dos tipos de recomendaciones. En primer lugar, las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales y sus «interlocutores sociales» empresariales y sindicales, para lograr una recuperación del empleo, reforzar sustancialmente las protecciones sociales y las de los trabajadores y apoyar a las empresas sostenibles.

En segundo lugar, el papel tan decisivo de la cooperación internacional y el rol de las instituciones multilaterales, incluida la OIT, en la generación y promoción de estrategias nacionales de recuperación de la pandemia que beneficien esencialmente a las personas y grupos familiares.

¿Cómo se financia?

Mejorar la cobertura social implica, esencialmente, discutir en cada país las formas de financiamiento en juego, lo cual debe formar parte del debate de fondo sobre la redistribución del ingreso de una nación.

El próximo 26 de septiembre, el pueblo suizo se pronunciará en las urnas sobre la Iniciativa popular 99%, promovida por partidos de izquierda, ecologistas, sindicatos, ONG y otras asociaciones de muy variada naturaleza.

La misma propone que las ganancias de capital, proveniente de intereses, dividendos, alquiler de propiedades, entre otras, de un valor mayor a los 100.000 francos (110.000 dólares estadounidenses), paguen impuestos una vez y media más altos que las ganancias producto del trabajo. Los ingresos fiscales adicionales que podría generar esta iniciativa, que se calculan serán de 10.000 millones de francos anuales, se utilizarían para reducir los impuestos que deben pagar los sectores de ingresos bajos y para financiar servicios sociales como guarderías infantiles, seguros médicos y educación.

Los promotores de la propuesta están convencidos de que solo una reforma fiscal de este tipo puede frenar el aumento de la brecha entre ricos y pobres en el país. En la actualidad, cerca del 43% de los activos financieros en Suiza están en manos de solo el 1% de la población, lo que determina que el mayoritario 99% se distribuya el resto y de ahí el nombre de esta iniciativa popular.

Los informes, documentos, reuniones y eventos internacionales que proponen un sistema social universal abundan y siguen multiplicándose. Sin embargo, los desheredados de la Tierra siguen esperando. En particular, la población desempleada, las mujeres, la infancia, y las personas con capacidades diferentes.

No faltan conceptos, sino mecanismos efectivos que aseguren que esa necesaria redistribución del ingreso comience a concretarse, en cada país, a nivel mundial. No se trata de ideas, sino de voluntad política, es decir, de dar respuestas concretas a los gritos crecientes a favor de la dignidad humana postergada por la brecha creciente entre enriquecidos y empobrecidos.

Por Sergio Ferrari | 09/09/

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Jueves, 09 Septiembre 2021 06:03

El poder oculto

El poder oculto

La división de poderes, la existencia de un sistema de partidos políticos y el cambio periódico de autoridades se consideraron como el modelo más acabado de organización política que aseguraba la democracia; sobre todo en el mundo occidental.

No doblaba aún el siglo XX cuando se percibió que tal modelo no daba más y que debía fortalecerse con una fórmula que ampliara esas características de los gobiernos capitalistas. Algunas de ellas, como el desarrollo económico y social, que antes ya eran consideradas, requerían una relujada conceptual ante movimientos sociales de descontento registrados en diversas regiones. Así nace la idea del necesario equilibrio entre la gestión de la cosa pública y la sociedad civil (los ciudadanos rasos y los "actores del mercado"): la participación de ésta se ve como necesaria en el ámbito de las decisiones gubernamentales. Y de esa idea se derivan otras: "empoderamiento" ciudadano; gobierno abierto, plural, incluyente y dispuesto a la deliberación con los ciudadanos; observatorios ciudadanos, contralorías sociales y otras formas de vigilancia y corrección de la burocracia pública por la ciudadanía organizada. Con estas formas se supone que se consolida la descentralización, la autonomía y la sostenibilidad de ciertos recursos y organismos de interés público.

Con toda esa parafernalia conceptual se ha pretendido asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y una respuesta más sensible a las necesidades y demandas de la población por los equipos tripulantes del hemisferio público del Estado. La categoría de gobernabilidad, uno de los componentes del modelo, se ha visto un tanto desplazada por la de gobernanza. En esta categoría se finca la apuesta al fortalecimiento de la democracia representativa y de la vida institucional.

La paradoja. Mientras el discurso de los políticos y las elaboraciones teóricas de académicos, filósofos y periodistas se han encargado de ampliar y socializar esos conceptos en las tres últimas décadas, el poder oculto se ha dedicado a sistematizar y profundizar la rapacidad, la simulación, el robo y la depredación.

En ese arco infame, el público se va enterando, a través de una información fragmentada, de que la mitad de la población mundial no podrá salir de la pobreza porque su gobierno dedica más de 50 (y hasta 80 y 100 por ciento) del PIB al pago de la deuda pública. Se entera de que uno por ciento de la población acapara más de 80 por ciento de la riqueza del planeta. Se entera de que de este porcentaje, un segmento evade un monto de impuestos mayor al que la ONU pretendió establecer en los vanos objetivos del milenio para reducir la pobreza extrema y el hambre en África, Asia, América Latina y el Caribe. Y de que una sola familia, la Walmart (extendió sus tiendas en nuestro país durante el sexenio de Salinas) agregó a su fortuna, en un solo año, la quinta parte de esa cifra: 25 mil millones de dólares. Se entera de que la globalización es la de una docena de países capitalistas de Europa, Es­tados Unidos y Canadá, más China, y que las empresas y bancos que representan a esa minoritaria parte del mundo sobrexplotan los recursos naturales y financieros del resto.

También se entera de que los capitales se relocalizan y crecen a costa de una mano de obra barata. Y que su crecimiento se potencia con la "flexibilización del trabajo", giro que da por resultado la desaparición de derechos laborales mediante el outsourcing, la reducción o evaporación de las pensiones, el sindicalismo libre, la represión a la huelga, etcétera. Se entera de que los trabajadores, a pesar de que la riqueza producida alcanza cimas históricas, no encuentran empleo y tienden a emigrar por millones hacia los países ricos causantes directos de su pobreza. Se entera de que reyes, dictadores, sátrapas, presidentes y funcionarios menores son corrompidos por varias empresas (las congéneres de Odebrecht) y que el dinero robado por ellos va a dar a los países ricos o a los paraísos fiscales.

Se entera igualmente de que las grandes empresas trasnacionales, y algunas nacionales, tienen al planeta al borde del colapso por la explotación irracional e incontenible de sus recursos naturales, así como por la contaminación que esa explotación produce.

Y acaso llegue a enterarse de que el poder oculto, a nombre de la libre empresa, está detrás de todos esos fenómenos que entrañan la mayor desigualdad e injusticia que haya conocido el mundo en los últimos 100 años de su historia. No sólo, sino que la información que le llega –o no le llega– está controlada por las empresas periodísticas, de Internet y de las redes sociales; es decir, por el poder oculto.

Ese poder logró que los gobiernos modificaran las llamadas políticas públicas en favor suyo. Logró que una gran parte de la riqueza pública pasara a su dominio. Y que la ciudadanía más influyente, integrada por sus líderes, se apropiara de los comités, consejos y principales órganos ciudadanos que condicionan las líneas estratégicas de gobierno de la burocracia política.

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Ruleta del casino afgano: el general Mark Milley advierte la probabilidad de una guerra civil

Esquivo abordar ahora la impactante reseña del científico ruso Dimitry Orlov(https://bit.ly/3jM65QX), no se diga del francés Thierry Meyssan(https://bit.ly/3tjhivl), sobre la cadena de mentiras imbricadas al montaje hollywoodense del 11/9 al que sucumbió la mayoría del planeta debido al control de los multimedia/redes sociales y a su perenne guerra de propaganda: quizá la más eficiente arma del eje anglosajón de EU y Gran Bretaña, hoy resquebrajado.

Hasta The Washington Post expone “Los papeles de Afganistán: la guerra contra la verdad de EU (https://bit.ly/3BLtLuQ)”.

Desde que sigo la guerra de la CIA en Afganistán hace ya 40 (sic) años no pierdo de vista la indeleble entrevista a Le Nouvel Observateur de Zbigniew Brzezinski(ZB) –ex-asesor de Seguridad Nacional con Carter, íntimo de Obama y máximo geoestratega del Partido Demócrata–, quien confesó haberle tendido una trampa a la ex URSS, con su marioneta Osama Bin Laden –muy cercano al nepotismo dinástico de los Bush– para que Moscú se empantanara en Afganistán,lo cual contribuyó a la disolución del imperio soviético (https://bit.ly/3BBtH0C).

El ex Director de la DIA(Defense Intelligence Agency https://www.dia.mil ), teniente general Michael Flynn,confiesa que toda la parafernalia yihadista es creación de los servicios de inteligencia de EU: instrumento geoestratégico del Pentágono para la nueva cartografía de Medio Oriente(https://bit.ly/2ViOerj).

Con tanta confesión literaria de las matrushkas yihadistas de la CIA/DIA desde hace más de 40 años, los comunes navegamos en el campo minado de las intrigas y las triangulaciones de EU y Gran Bretaña en la ruleta del casino afgano(https://bit.ly/3n1YQWZ).

Nada menos que el general Mark Milley, mandamás de las Fuerzas Armadas Conjuntas de EU, predijo a Fox News en su estancia en Ramstein (Alemania) –adonde fue a operar la recepción de refugiados,espías, colaboracionistas, contratistas, consultores y traductores que huyeron de Afganistán– una probable guerra civil después del retiro de las tropas de EU, lo cual pudiera desembocar en la parusía de “Al Qaeda o al crecimiento de ISIS u otra miríada (sic) de grupos terroristas (https://fxn.ws/3h5aMn2)” cuando “se puede vislumbrar la resurgencia del terrorismo proveniente de esa región en general (sic) en 12, 24 o 36 meses”.

El General Milley no es tampoco una perita en dulce y se ha enfrascado en fechas recientes en un duelo verbal con el ex presidente Trump, quien lo acusó de insubordinación a sus órdenes como comandante supremo (https://reut.rs/3ncVh0a). Además, la caótica evacuación en el aeropuerto de Kabul le ha valido airados reclamos al general Milley para que presente su renuncia por ineptitud junto al secretario de Defensa Lloyd Austin (https://bit.ly/2VkPES8).

El polémico general Milley parece haber adoptado los teoremas geopolíticos euroasiáticos del británico Halford Mackinder, heredados por el polaco-canadiense-estadunidense ZB y lo que queda de geoestrategas en el Partido Demócrata, al mantener la espada de Damocles de bombardeos potenciales en Afganistán con los temibles drones de EU, que hoy usa generosamente en Somalia como terreno de experimentación.

Según el general Milley, los bombardeos con sus letales drones son una alta posibilidad –repite lo mismo que las justificaciones de Biden (https://bit.ly/3tjB61O)– y dependerán de los “muy intensos niveles de indicadores (sic) y alertas y observación de ISR en la región entera (¡megasic!)”.Las siglas en inglés de ISR: Intelligence/Surveillance/Reconnaisance significan espionaje/vigilancia/ reconocimiento.

Las ominosas amenazas de Biden y del general Milley se gestan en medio del ballet diplomático del secretario de Estado, el israelí-estadunidense Antony Blinken,quien se fue a negociar con los talibanes a Doha (Qatar),mientras el teniente general Faiz Hameed, mandamás del espionaje de Pakistán, se reunió con los jerarcas talibanes en Kabul para negociar la conformación de un gabinete “incluyente(https://bit.ly/3zPm9qr)”.

Los Talibanes no existirían sin la bendición de Pakistán.

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Elisa Loncon

La mapuche Elisa Loncon, de 58 años, preside desde hace dos meses la asamblea constituyente encargada de escribir la nueva Carta Magna que sustituirá al texto actual, redactado en 1980, bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue elegida con el voto de 96 de los 155 integrantes del órgano y carga sobre sus espaldas con la responsabilidad de liderar la construcción de una nueva nación, en la que los pueblos originarios tendrán un destacado protagonismo.

Originaria de la comunidad mapuche Lefweluan, en el corazón de la Araucanía, al sur de Chile, es hija de una ama de casa y de un mueblista; la cuarta de siete hermanos. Doctora en Lingüística y experta en educación intercultural bilingüe, ha estudiado en Holanda, Bolivia, Canadá y México, y hasta su llegada al órgano constitucional ejercía como profesora.

La presidenta enfrenta un momento clave para la Constituyente, una de las más avanzadas del mundo por la paridad de género y la presencia de representantes indígenas: el reto es acabar con la herencia del pinochetismo en Chile. Por una parte, junto al resto de integrantes de la Mesa, tiene que gestionar el escándalo provocado por el asambleísta Rodrigo Rojas, quien mintió a la opinión pública al simular padecer un cáncer que nunca tuvo, mientras alzaba la voz en defensa de los afectados por esta enfermedad. Por otro lado, este jueves comenzará el debate sobre el reglamento que definirá las normas de la Convención. Tras su aprobación, se dará inicio a la discusión de fondo, que definirá el nuevo marco constitucional del país.

En una entrevista con Público, realizada horas antes de revelarse la falsedad sobre el constituyente, Loncon hace balance de sus dos meses de liderazgo y habla de las amenazas y desafíos que enfrenta la Convención: "Falta un marco conceptual, político e ideológico que resguarde los derechos de las diversidades y minorías, y eso es lo que hacemos como dirección de la Convención".

¿Qué balance hace de los dos meses de funcionamiento de la Convención?

Hemos superado los problemas que tuvimos durante la instalación de la Convención relacionados con su administración y manejo. Necesitábamos el espacio, las condiciones mínimas como conexiones de Internet, el funcionamiento técnico para dar la palabra y votar. Eso implicó recurrir a servicios públicos porque no tuvimos suficiente respaldo del Gobierno, centrado en mantener el estatus quo de la antigua Constitución, heredada de la dictadura. La coalición del Gobierno votó contra el cambio de la Constitución y varios de sus convencionales electos no tenían ni manifestaban un ánimo de contribución. Durante el primer mes, también implementamos un protocolo covid-19 y ampliamos la mesa de dos a nueve miembros para integrar a los distintos sectores: desde los más tradicionales –izquierda, derecha y centro– a los independientes, disidencias y pueblos indígenas. Eso implicó un trabajo importante para ponernos de acuerdo. Además, se instaló el órgano que le da seguimiento al uso de las asignaciones [sueldos y remuneraciones] y los recursos con los que cuenta la Convención. En el segundo mes, trabajamos en el desarrollo de ocho comisiones transitorias que entregaron insumos para elaborar el Reglamento de la Convención. Este es un órgano autónomo que no tiene vínculos con el poder constituido y hay que darle su propia institucionalidad y normativa. Vamos a votar el reglamento durante este mes de septiembre y al mismo tiempo se van a instalar las comisiones de trabajo definitivas.

¿La fórmula que se ha aplicado para elaborar el reglamento, a través de comisiones y subcomisiones, va a ser la que se aplicará para el funcionamiento regular de la Convención?

Tenemos tres instancias para trabajar la reglamentación: las subcomisiones, las comisiones y el pleno. El reglamento tiene que ser votado por el pleno, luego se podrán hacer indicaciones y ajustes y, finalmente, se vota la propuesta final. Hemos garantizado el derecho a que todos los grupos representados en la Convención puedan expresarse. Las votaciones sobre el reglamento serán por mayoría y cuando se trate de normas de la Convención tendrán que superar los dos tercios.

Hemos asistido recientemente a una suerte de campaña mediática en contra de la Convención. De hecho, se ha dado a conocer que hay alrededor de 8.000 perfiles de redes sociales para atacar de forma coordinada a la Convención. Como presidenta, usted ha recibido ataques racistas y discriminatorios de algunos constituyentes. ¿Cuáles son las amenazas que hoy enfrenta la Convención?

Hay una amenaza comunicacional, de instalar una realidad que no es, basada en calumnias y en imponer mentiras que se instalan en la comunidad. Una de las primeras cosas que se dijeron fue que somos flojos, que no trabajamos. Después se dijo que ejercemos el autoritarismo, que hacemos mal uso de los recursos y que nos subiríamos los sueldos. Eso viene del sector que no está de acuerdo con que se cambie la Constitución. Eso es peligroso porque se instalan mentiras y posiciones no éticas que pretenden que la gente nos menosprecie. Las opiniones racistas denostan la condición indígena de los convencionales, con comentarios de muy bajo perfil y con la intención de deslegitimar a la autoridad instalada en la Convención. Se molestan cuando nos expresamos con nuestras lenguas indígenas porque piensan que los derechos lingüísticos son privilegios y no derechos. Falta un marco conceptual, político e ideológico que resguarde los derechos de las diversidades y minorías, y eso es lo que hacemos desde la dirección de la Convención.

El pueblo mapuche (y también el resto de pueblos originarios) ha tomado un protagonismo en la Convención. ¿Qué efecto puede tener esto para mejorar la convivencia entre los pueblos originarios y el resto de los chilenos?

Estamos apostando por incorporar en la nueva Constitución los derechos de las naciones originarias porque hay vulneraciones de los derechos humanos que no se han reparado. Desde que se instaló el Estado de Chile en el territorio mapuche se han vulnerado los derechos humanos porque el Estado buscó hacer desaparecer a los pueblos indígenas con el argumento de que nos oponíamos al desarrollo y al progreso. Este discurso se usó para ocupar los territorios y quedó al interior de la institucionalidad chilena. Después se implantó un sistema educativo que habla de pueblos primitivos, lo que no fortalece una discusión sobre nuestros derechos. Es una carga histórica que tiene el Estado chileno en sus distintas constituciones, que no se construyeron con la participación del pueblo. Sin embargo, la Convención Constitucional se instaló a partir de un estallido social que fue un acto de autodeterminación de los distintos pueblos de Chile: la gente dijo ‘basta’ y se levantó. Y lo hizo con la bandera mapuche, reconociendo una crisis de representación política. Los chilenos entienden ahora que el mapuche es un pueblo en resistencia que lucha por sus derechos y por su dignidad.

Cuando asumió el cargo de presidenta, el 4 de julio, pronunció un discurso en mapudungún (lengua mapuche), que la mayoría no entendió. ¿Está preparado Chile para convertirse en un estado plurinacional?

La Constitución es uno de los caminos para la plurinacionalidad, después viene la institucionalidad y las leyes que van a emanar de esa Constitución; y, finalmente, viene el cambio cultural para ser un país plurilingüe, intercultural y dialogante. Hoy día, Chile no está preparado porque venimos de una tradición monolingüe y monocultural. Sin embargo, Chile sabe que no se puede seguir oprimiendo a las minorías frente a las cuales el país tiene una deuda histórica, una falta de reparación por la vulneración de derechos ejercida por el Estado. En Chile hay una sensibilidad especial frente a los derechos humanos porque tampoco se han reparado las violaciones cometidas durante la dictadura, violaciones que se repitieron en el contexto del estallido social: hay más de 400 mutilados oculares, hay muertos y hay presos cuyos casos no se han investigado.

¿Un nuevo texto constitucional es una garantía para poder terminar con todo lo anterior, si se mantienen los mismos jueces, los mismos lobbies empresariales o los mismos nombres en la política?

El texto constitucional no puede ser un decálogo de derechos, tiene que dar garantías para el ejercicio de los derechos; y el proceso constituyente aportó cambios con los que Chile ya no volverá a ser como antes. Por ejemplo, la paridad [que se logró en la Convención] se tiene que asumir ya en un próximo gobierno, también los escaños reservados para las naciones originarias. La presencia y derechos de las disidencias sociales son elementos demandados por el pueblo. Los cambios administrativos y jurídicos serán posteriores al nuevo texto constitucional, sin embargo, la sociedad chilena ya no es la misma que antes del estallido social de 2019 y los gobiernos van a tener que responder a estas demandas.

07/09/2021 21:40

Meritxell Freixas@MeritxellFr

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Martes, 07 Septiembre 2021 06:35

No es la mala suerte lo que persigue a Haití

No es la mala suerte lo que persigue a Haití

Las malas infraestructuras y la pésima gobernanza se suman a los males de un país abatido por un huracán, que siguió a un terremoto, pocas semanas después del asesinato de su presidente.

El 14 de agosto, exactamente 11 años, siete meses y dos días después de que Haití sufriera el terremoto más mortífero jamás registrado en el hemisferio occidental, el país fue golpeado por otro más fuerte. No fue exactamente en el mismo lugar que el primero, sino a algo más de 90 kilómetros al oeste del «Goudou Goudou», la palabra onomatopéyica en creole haitiano para referirse al terremoto del 12 de enero de 2010.

Luego, el 16 de agosto, la tormenta tropical Grace azotó el país, agravando los problemas que enfrenta la nación caribeña. Muchas personas -tanto en Haití como fuera de sus fronteras- respondieron a las noticias de las dos catástrofes naturales con la sombría frase «Haití nunca tiene un respiro». Otros se limitaron a las condolencias. «Pobre Haití», decían los mensajes de WhatsApp que circulaban entre los haitianos y la gente del extranjero que conoce el país. «Haití cherie. Pobre Haití cherie. ¿Qué puede hacer Haití? Problemas sin parar». Los menesajes representaban una idea fatalista, que supone que Haití está condenado a un sufrimiento constante, que sus problemas son inevitables y que nada cambiará.

No ayudó el hecho de que, el día después del terremoto del 14 de agosto, a medio planeta de distancia,Afganistán volviera a manos de los talibanes. El mundo se vio absorbido por los acontecimientos en Kabul y hubo poco espacio para Haití, con su supuesta mala suerte y sus problemas, aparentemente predestinados.

Hay algo de verdad en la impresión de mala suerte. Cuando se produjeron el último terremoto y la tormenta tropical, Haití ya se tambaleaba por una crisis política provocada por el asesinato de su presidente el 7 de julio. En los años transcurridos desde el goudougoudou de 2010, Haití se ha visto afectado por una serie de catástrofes naturales, incluido el huracán Matthew.

Matthew, que azotó en 2016, fue un huracán de categoría 4, un evento que se prevé que solo ocurra una vez cada 56 años. Una estimación del Banco Mundial (BM) unos meses después del huracán Matthew decía que Haití había sufrido pérdidas equivalentes al 22% del PIB, había afectado a más de 2 millones de personas o a 20% de la población de Haití, había arrasado carreteras y puentes clave y había destruido la cadena de frío de las vacunas. Fue un duro golpe después del terremoto de 2010, que mató a 220.000 personas, desplazó a 1,5 millones y destruyó el equivalente al 120% del PIB. El BM utilizó datos históricos para calcular que las catástrofes relacionadas con el clima habían «causado en Haití daños y pérdidas que ascendían a cerca de 2% del PIB de media anual entre 1975 y 2012».

En términos reales, el terremoto de 2021 fue bastante diferente al de 2010. Fue de una magnitud ligeramente mayor —7,2 Mw frente a los 7,0 Mw de 2010—, pero su epicentro se situó lo suficientemente al oeste del país como para no alcanzar a Puerto Príncipe ni a la región de la capital, donde vive aproximadamente un tercio de los 11 millones de habitantes de Haití. El número de muertos fue mucho menor que en 2010, apenas e 1%. Pwoteksyon Sivil, la Agencia de Protección Civil de Haití, tuiteó el 22 de agosto que había 2.207 muertos y 344 seguían desaparecidos. La agencia añadió que había 12.268 heridos y casi 53.000 casas destruidas. Pero las consecuencias del terremoto de 2021 (y de la tormenta tropical Grace, que le siguió) van más allá del igualmente elevado número de muertos.

Escuelas, hospitales, centrales eléctricas, puentes y carreteras en el sur de Haití, mayoritariamente rural, han sido destruidos. Se trata de infraestructuras clave en cualquier lugar, pero especialmente en Haití, donde puede llevar décadas conseguir financiación para estos proyectos.

La historia de L'Asile, municipio de 52.000 habitantes del departamento de Nippes, es trágica. Tuvo su primer hospital -50 camas y quirófanos- en 2008. Ahora, el hospital está en ruinas y no tiene más que un pequeño centro de triaje al aire libre. El Washington Post citó a un médico frente al hospital derrumbado de L'Asile: «¿Reconstruir? ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿En serio? ¿En Haití? Quizá 100 años». Tras visitar las escuelas afectadas por el terremoto, Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití, dijo: «Es realmente un desastre. Es un impacto masivo, masivo en el sistema educativo».

Los haitianos son conscientes de que la reconstrucción costará millones y millones, dinero que ni ellos ni su gobierno tienen. Aún más revelador es el sentimiento de desesperación de la población, que se encuentra sola. El alcalde de L'Asile, Martinor Gerardin, ha dicho con toda naturalidad: «No hemos visto al gobierno venir en nuestra ayuda, y no espero que lo haga. ¿Cómo vamos a reconstruir nuestras escuelas, nuestras iglesias, arreglar nuestro suministro de agua? Les puedo decir que este gobierno no va a ayudar. Estamos solos».

Dice algo sobre la falta de esfuerzos organizados de ayuda, que un famoso gángster, Jimmy Cherizier, alias «Barbacoa», haya prometido audazmente una tregua con otras bandas para permitir que la ayuda llegue al suroeste de Haití.

La mala suerte de Haití es su falta de preparación y de procedimientos para las estrategias de colaboración. Tras el terremoto de 2010, el Banco Mundial ayudó a elaborar un código nacional de construcción y formó a un nuevo equipo técnico en el Ministerio de Obras Públicas para garantizar las normas. Casi una década después, el BM informó de los logros de la Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics. «En 2012, había completado con éxito las evaluaciones de más de 430.000 edificios. Además, durante el primer semestre de 2018, más de 16.000 albañiles e ingenieros recibieron formación en construcción parasísmica».

Pero el eslogan de la entidad nodal de construcción UCLBP de «reconstruire mieux» (reconstruir mejor) parecía aplicarse principalmente a Puerto Príncipe y las zonas circundantes afectadas por el terremoto. En los años transcurridos desde el terremoto de 2010, apenas se ha intentado desarrollar un conjunto nacional de protocolos de seguridad sólidos y de resiliencia sistémica. A nivel nacional, Haití no ha tratado de reforzar los edificios que no pudieron ser reconstruidos ni de instituir simulacros de respuesta al terremoto.

Al ser el país más pobre de América, lo que se considera más catastrófico es la falta de preparación de Haití ante las catástrofes, más que la frecuencia de estas.

En su Informe sobre Riesgos Mundiales 2020, Bundnis Entwicklung Hilft, una red de organizaciones humanitarias alemanas, clasificó a 181 países según parámetros que incluían la exposición a los riesgos, la susceptibilidad, la adaptación y la falta de capacidad de respuesta. Según el informe, en la región del Caribe, Haití está menos expuesto al riesgo de catástrofes naturales que Dominica y Trinidad y Tobago. Y no está tan expuesto a las catástrofes naturales como Japón, Uruguay y Chile -situados cerca de los bordes de las placas tectónicas y propensos a los terremotos- o los Países Bajos, amenazados por la subida del nivel del mar. Y sin embargo, Japón y los Países Bajos se encuentran entre los 15 países menos vulnerables del mundo. Haití, por el contrario, es muy vulnerable, ocupando el noveno lugar en el cómputo global de falta de capacidad de respuesta, justo detrás de Afganistán y de la conflictiva Siria.

¿Por qué? Cualquier búsqueda de respuestas suele toparse con la aguda falta de recursos de Haití para reconstruir y prepararse para las catástrofes. Cuando recibe recursos -de fuentes extranjeras, como ocurrió tras el terremoto de 2010- la ayuda es en realidad perjudicial porque debilita al Estado haitiano, según argumenta el historiador Laurent Dubois en su libro de 2012 Haití: las réplicas de la historia.

Pero los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, autores de Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobrezaescribieron una vez en su blog sobre el enigma de la situación de Haití. Se preguntaban por qué sufre de esta manera y no la República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, así como su historia de esclavitud.

«Al final de la Segunda Guerra Mundial, Haití y la República Dominicana tenían niveles de renta per cápita esencialmente idénticos. A partir de entonces, divergieron», escribieron Acemoglu y Robinson. Tal vez se deba a que la República Dominicana tenía un dictador que se embarcó en una senda de crecimiento extractivo, dijeron. Más tarde, la República Dominicana tendría instituciones políticas más inclusivas y crecimiento económico. Pero en el caso de Haití, «no hubo crecimiento extractivo...solo anarquía». Es discutible, pero tal vez eso forme parte del patrón de la evidente falta de preparación de Haití.

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Messi y Neymar intentaron interceder para que el partido siguiera su curso.

El partido de fútbol más importante que Sudamérica tiene para lucir ante el mundo iba a jugarse con un contexto extraño de antemano: un domingo por la tarde y, aunque habitual en tiempos de Covid-19, con un ínfimo puñado de público presente, solo 1500 invitados especiales. Pero el escenario del clásico sudamericano más esperado, quizá el más atractivo del mundo, potenciado exponencialmente tras el Maracanazo que le dio a Argentina la Copa América y un título después de 28 años ni más ni menos que en tierras brasileñas, siempre será una vidriera significativa. Lo que sucedió este domingo en el Arena Corinthians de San Pablo, sin embargo, fue que el estadio no fue esta vez globalizada vidriera para un partido de fútbol, sino para algo más. Principalmente, por una razón: no hubo fútbol. El partido que la Selección que conduce Lionel Scaloni debía disputar ante Brasil por la sexta fecha pendiente de las Eliminatorias Sudamericanas, como es sabido, se suspendió en medio de una escena de tintes dramáticos y espectaculares: personajes desconocidos discutiendo con figuras del fútbol mundial sobre el verde césped, fantasmas de jugadores deportados, presuntas declaraciones juradas falsas, cinco minutos de fútbol y más de tres horas de incertidumbre del plantel que ganó la última Copa América, una delegación extranjera en el Brasil gobernado por Jair Bolsonaro.

Scaloni había puesto en cancha al mismo equipo que ganó la última Copa América en el Maracaná, ese certamen polémico desde su origen y de frutos malditos en su final para el Brasil de Bolsonaro, que abrazó su realización ni bien supo que Argentina y Colombia no alojarían el torneo en unos tiempos especialmente duros de la pandemia para la región.

Lautaro Martínez había ganado una pelota a pura presión y el “Cuti” Romero le había quitado limpiamente la bola a Neymar. Esas dos jugadas y no mucho más fueron lo que se pudo ver de Argentina antes de que bajara el telón del fútbol. El partido, visto con la lejanía de unas horas, no fue más que un entremés, un entreacto, de un juego más grande y complejo, todavía confuso e indescifrable, y de múltiples actores.

Las causas de lo que sucedió en el Arena Corinthians se envuelven en una nebulosa de informaciones cuyos actores involucrados no se han encargado aún de detallar con claridad. No se comprende por qué la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) esperó hasta iniciado el partido para interrumpirlo y llevarse a los cuatro futbolistas argentinos (que estaban desde el viernes en su territorio), a quienes había denunciado por aparentemente violar las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus, cuando según el ente ingresaron al país "infringiendo las normas sanitarias" al "declarar supuestamente, en un formulario oficial de la autoridad sanitaria brasileña, informaciones falsas", respecto de su estadía en los últimos 14 días en el Reino Unido. Tampoco la AFA se ha expresado explícitamente sobre la cuestión de tales acusaciones a sus jugadores, aun cuando su presidente Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que “acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos” y recordó que “las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo”.

Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, fue una de las autoridades legitimadas en el tema que también desconfió de lo sucedido: “Todas las personas que ingresan a un país, también los jugadores de fútbol, al presentar su pasaporte a las autoridades migratorias, estas tienen las herramientas para trazar su procedencia. Si Brasil consideraba el país de dónde venían los jugadores argentinos como zona de riesgo, más allá del protocolo establecido por la FIFA, podría haber actuado en el momento del ingreso a su territorio. Esperar tres días y meterse en el campo de juego suspendiendo un partido parece más una puesta en escena que una medida sanitaria”.

https://twitter.com/premierleague/status/1430217212112089095

Pero como se ha dicho, aquello del campo de juego no pareció más que un entremés de otras motivaciones y tiempos. Que quizás empezó con la puja que enfrentó a los clubes con la FIFA y aquella decisión de la Premier League, la liga inglesa de fútbol, de avalar a los clubes que no quisieran ceder a sus jugadores para la triple fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas. O, tal vez, con la determinación encontrada de los dos grandes del fútbol sudamericano: mientras que los argentinos que juegan allí (Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, los cuatro denunciados por el gobierno brasileño) desoyeron el alerta británico y se sumaron al plantel de Scaloni, Tité optó por desafectar de su convocatoria a los que que militan en Inglaterra, incluidos entre ellos Thiago Silva, Firmino, Gabriel Jesus y Richarlison.

O quizás, la cuestión escaló, en realidad, como un despliegue simbólico más de la avanzada de Bolsonaro contra el poder judicial, con el que se ha ensañado en el último tiempo, acorralado entre los efectos de su manejo de la pandemia y las elecciones del año que viene. No parece casual lo que vendrá luego de lo sucedido con el clásico sudamericano, allí donde el gobierno de Brasil actuó ante el mundo como "defensor de su pueblo", contra la supuesta "transgresión argentina": mañana 7 de septiembre, Día de la Independencia en Brasil, esperan programadas masivas movilizaciones de simpatizantes del mandatario contra los magistrados de la Corte y con el fin de promover la intervención del Ejército en el Supremo Tribunal Federal, marchas que el propio presidente animó. “Dudo que esos uno o dos que osan desafiarnos, que desafían a la Constitución y no respetan al pueblo brasileño no vuelvan a su lugar; quien da el ultimátum no soy yo, es el pueblo brasileño”, amenazó Bolsonaro el último viernes. Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, fue el que apuntó ante la “transgresión” en el Arena Corinthians: “Los argentinos jugaron malas pasadas. Sabían que estaban infringiendo la ley brasileña, impidieron que Anvisa se fijara en ellos y, a la fuerza, subieron a 4 (jugadores) de Inglaterra. Argentina debería ser severamente castigada”.

La AFA publicó una foto a las 21.19 del plantel ya subido en un avión rumbo a Argentina. Lo que suceda a nivel futbolístico, la Conmebol dijo que lo definirá la FIFA, pues es su área de arbitraje la clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022. No está claro, con la ilusión futbolera de ver brillar a Lionel Messi ante la verdeamarelha todavía tibia y escéptica, escenario de qué fue el campo de juego corinthiano en la tarde en la que lo único que brilló fue justamente el fútbol, pero por su ausencia. El ingreso intempestivo de las autoridades sanitarias a la arena paulista parece ir perdiendo a cada hora que pasa su tono de sorpresa, para dejar paso a lo que sí parece la mayor puesta en escena: el sorpresivo interés sanitarista de un gobierno que desdeñó desde sus comienzos al coronavirus, tildando la enfermedad de “gripezinha” y enarbolando la bandera negacionista hasta convertirse en el segundo país con más muertos a causa de la pandemia.

05/09/2021

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El presidente no ratificó el pedido de renuncia al cuestionado ministro de Trabajo

El silencio presidencial mantiene en su puesto a Iber Maraví y es una implícita desautorización al jefe del gabinete, Guido Bellido. Una razón de Castillo sería no ceder a los reclamos de la derecha; otra, su cercanía con Maraví. 

Se prolonga la novela, y la crisis, en torno al ministro de Trabajo, que se ha negado a renunciar luego que se lo pidió el jefe de gabinete. Una historia de marchas y contramarchas, que se inició con los ataques de la derecha parlamentaria y mediática contra el ministro, al que acusa de haber integrado en los años ochenta el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, y que ha puesto sobre la mesa las tensiones y divisiones internas en el gobierno y sus problemas al momento de tomar decisiones.

El presidente Pedro Castillo no ha ratificado el pedido de renuncia del jefe de gabinete a su ministro, pero tampoco ha salido a respaldar al titular de Trabajo. En los hechos, el silencio presidencial mantiene en su puesto al ministro Iber Maraví y es una implícita desautorización al jefe del gabinete, Guido Bellido. Una razón del presidente para mantener al titular de Trabajo sería no dar la imagen de ceder ante las presiones de la derecha que exige su salida. Otra razón tendría que ver con disputas internas en el gobierno y con el hecho que Maraví, profesor y sindicalista como Castillo, es muy cercano al presidente.

Cuestionamientos de la derecha

La novela hasta ahora sin fin comenzó el pasado lunes cuando Bellido anunció públicamente que le había pedido la renuncia a Maraví y que éste dejaría el cargo. Fue su respuesta a los cuestionamientos de la derecha contra el ministro, a quien sindican como “terrorista” en base a un informe policial de hace cuarenta años en el que se dice que en ese entonces era miembro de Sendero. Maraví, que nunca fue sentenciado por esos cargos, rechaza la acusación. Bellido, que también es cuestionado por la derecha y los medios, le pidió la renuncia a Maraví tres días después que el Congreso opositor le diera el voto de confianza, indispensable para mantenerse en el cargo. Entregando la cabeza del ministro de Trabajo, el jefe del gabinete esperaba satisfacer al sector de la derecha que le dio el voto de confianza y que pide la salida del ministro, y bajar el tono de los ataques en su contra de la derecha que votó por negarle la confianza y de los medios. 

La derecha no solo quiere sacar a Maraví, su estrategia es tumbarse a los ministros “uno por uno”, como han anunciado sus voceros más radicales, parte de un plan desestabilizador que apunta al final de la fila contra el presidente. Solo tres semanas después de haber asumido la presidencia, por presiones de la derecha Castillo sacó a su canciller, el exguerrillero y sociólogo Héctor Béjar, una reconocida figura de la izquierda. Béjar no forma parte de Perú Libre, pero su salida como una concesión a la derecha molestó al partido oficialista. Luego de ese episodio, visto como una muestra de debilidad del gobierno, en el Ejecutivo no quieren que en el caso del ministro de Trabajo se repita esa imagen de ceder rápido a las presiones de la derecha política y mediática.

Pugnas al interior del gobierno

Pero detrás de esta historia no solo están las presiones de la derecha, sino también las pugnas al interior del gobierno, en el que conviven en tensión el sector más cercano a Castillo, formado principalmente por dirigentes del sindicato de profesores como él; el sector del partido oficialista, Perú Libre, encabezado por su controvertido secretario general, Vladimir Cerrón, un ex gobernador sentenciado a prisión suspendida por malos manejos económicos e investigado por otros cargos de corrupción; y por los aliados del gobierno que vienen de otras agrupaciones de izquierda. Cerrón presiona por ganar espacios de poder. Esta crisis ministerial se da en el contexto de esa pulseada entre Castillo y Cerrón. Mientras el ministro de Trabajo forma parte del círculo de profesores cercano al presidente, el jefe de gabinete, que le pidió su renuncia, es parte de la dirigencia de Perú Libre que responde a Cerrón.

El secretario general del partido de gobierno celebró públicamente el anuncio de la salida de Maraví, lo que dijo consolidaba el poder de Bellido, su ficha más importante en el gobierno. Pero Castillo, sin hablar públicamente, impuso su poder para mantener a su ministro. El intento de Bellido de sacar a Maraví se dio días después que, según versiones periodísticas que citan fuentes del gobierno, Castillo pensó en sacarlo de la jefatura del gabinete, pero desistió luego de una tensa conversación con Cerrón. Con la movida de pedir públicamente la renuncia de Maraví, que puso en marcha sin la luz verde del presidente, Bellido, además de contentar a la derecha que lo cuestiona, buscaba fortalecer su posición al interior del gobierno y debilitar al círculo de profesores cercano al presidente. Fue un intento de consolidarse en el cargo, tanto frente a la oposición como al interior del Ejecutivo. Pero la apuesta le salió mal. La renuncia que anunció no se concretó y se quedó sin piso. Quiso fortalecerse y terminó debilitado.

“Esta crisis ministerial, que ha sido una comedia de errores, es una manifestación de que hay dos cabezas en el gobierno, las de Castillo y Cerrón. Al mantener al ministro de Trabajo, Castillo busca detener el avance de Cerrón en esa guerra de posiciones que hay entre ambos. No creo que esta situación se pueda mantener por mucho tiempo. Para Castillo el escenario es muy complicado, todas las salidas implican pérdida y la derecha dura está viendo cualquier oportunidad para provocar su destitución. Si rompe con Cerrón y Perú Libre, perdería el apoyo de la bancada oficialista en el Congreso. Pero creo que no le va a quedar otra opción que romper, es imposible gobernar manteniendo esa dualidad, con Cerrón diciéndole lo que debe hacer. Al romper con Cerrón, su única salida sería moverse al centro para buscar nuevos aliados. A Castillo lo favorece que la derecha está dividida y tiene sus propios problemas internos”, le señaló a PáginaI12 el historiador y analista político Nelson Manrique, comentando el escenario que se abre en el gobierno con esta crisis.

Manrique considera que el silencio de Castillo en esta crisis y otros momentos importantes “le está dando armas a la derecha, contribuye a desestabilizar su gobierno, está enajenando el apoyo de quienes votaron por él, que sienten que no hay un gobierno que tome resoluciones, lo que es imperdonable en un momento que tenemos la pandemia, crisis económica, desempleo”. “Castillo evita a la prensa, no da declaraciones, porque no tiene un rumbo claro, no tiene algo claro que decir”, señala.

Aunque Castillo detuvo su anunciada salida, a Maraví no parece quedarle mucho tiempo en el gobierno. El Congreso se prepara para interpelarlo por las acusaciones de su supuesta pasada militancia en Sendero, con la intención de censurarlo, lo que lo obligaría a dejar el cargo. Todo indica que la oposición tiene los votos para lograr la censura.

En este escenario de crisis ministerial, ataques opositores contra los ministros y tensiones internas en el gobierno, no se descarta que junto a la probable salida del ministro de Trabajo, que si no cae antes sería obligado a renunciar por el Congreso, se sumen otros cambios en el gabinete. Cambios que podrían implicar una recomposición de las fuerzas al interior del oficialismo. 

Por Carlos Noriega

05/09/2021

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Los residentes locales celebran el levantamiento del grupo de fuerzas especiales, Conakri (Guinea), el 5 de septiembre de 2021.Souleymane Camara / Reuters

Las fuerzas especiales de Guinea anunciaron este domingo en un mensaje a la nación la disolución del Gobierno, la suspensión de la Constitución y el cierre de las fronteras terrestres y aéreas tras derrocar al presidente del país, Alpha Condé, informa Reuters.

"Hemos disuelto el Gobierno y las instituciones", anunció Mamady Doumbouya, jefe de unidad del ejército de élite, en la televisión estatal. "Vamos a reescribir la Constitución juntos", aseveró.

Los militares ordenaron a los ministros del Gobierno que asistan a una reunión, convocada para este lunes. Los oficiales advirtieron que cualquier persona que no comparezca será considerada rebelde, recoge BBC.

Asimismo, se informa que el presidente del país se encuentra sano y salvo. Horas antes, en las redes sociales se ha difundido un video que muestra al mandatario guineano rodeado por militares, presuntamente en el momento de su arresto.

Anteriormente, aproximadamente a las 8:00 (hora local) del domingo, se reportó un tiroteo que involucró a las fuerzas especiales del país en los alrededores del palacio presidencial de la capital de Guinea, Conakri.

Posibles causas de la crisis 

Alpha Condé ganó las elecciones presidenciales de Guinea en el 2010 y cinco años después fue reelegido para un segundo mandato. Con el objetivo de poder postular su candidatura por tercera vez consecutiva, en marzo del 2020 el mandatario organizó un referéndum, que lo habilitó a realizar cambios correspondientes a la Constitución. Sin embargo, la oposición acusó al Gobierno de falsificar los resultados de la consulta y protagonizó multitudinarias protestas en el país.

Cabe resaltar también que en las últimas semanas el gobierno de Condé aumentó drásticamente los impuestos para reponer las arcas del Estado y elevó el precio del combustible en un 20%, lo que provocó malestar generalizado entre los ciudadanos.

Publicado: 5 sep 2021 20:20 GMT

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Bukele saluda el 6 de junio después de una conferencia de prensa en San Salvador.JOSE CABEZAS / Reuters

A través de un fallo judicial de un órgano nombrado por él, el presidente de El Salvador apunta a reelegirse en 2024 y reaviva los temores de sus críticos

 

Unos meses después que el presidente Nayib Bukele comprometió la independencia de la justicia en El Salvador a golpe de giros autoritarios, la Sala de lo Constitucional que él instaló autorizó la noche de este viernes su reelección presidencial inmediata, cruzando una línea que los críticos del proyecto de Nuevas Ideas —el partido del mandatario— habían advertido con preocupación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño anunció este sábado que acatará la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de que se permita la inscripción para competir por una reelección presidencial con la única condición de que el presidente en funciones renuncie seis meses antes del mandato.

Así, Bukele apunta a reelegirse en 2024 usando un fallo judicial para consolidar su proyecto político, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua en 2011. La diferencia es que el mandatario sandinista alegó que la prohibición constitucional de la reelección “violaba sus derechos humanos” y la justicia de Bukele invocó al pueblo para “que decidan sin presiones o coacciones indebidas”.

Hasta ahora, y según la Constitución del país, los presidentes de El Salvador, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo para un periodo inmediato. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional instalada en mayo pasado por Bukele arrolló el artículo 152 de la Carta Magna que señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.

Aunque la reelección presidencial era algo que se barajaba en El Salvador, tomando en cuenta los zarpazos de Bukele a la justicia destituyendo a través de la Asamblea Nacional a magistrados y recientemente a un tercio de los jueces y fiscales, lo sorpresivo es la celeridad con que el mandatario afianza su proyecto político tildado como autoritario por sus detractores.

“La Sala de lo Constitucional de El Salvador —que Bukele cooptó en mayo de este año—acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. La democracia en El Salvador está al borde del abismo”, expresó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

04 sept 2021 - 19:36 CEST

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Haití: comenzaron las audiencias por el magnicidio de Jovenel Moise

A dos meses del asesinato y tras la renuncia de tres jueces

Comenzaron las audiencias judiciales de los 44 acusados, entreellos 18 mercenarios colombianos.

 A casi dos meses del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzaron las audiencias judiciales del caso, tras las sucesivas renuncias de los jueces asignados, que aseguraron haber sido amenazados y reclamaron que no se les dio seguridad. Las audiencias comenzaron con la declaración del exjefe de seguridad del presidente que fue realizado a puerta cerrada y del que no trascendieron más detalles. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, el testimonio es relevante ya que Moise fue “entregado” por sus responsables de seguridad, que estaban encargados de velar por la seguridad del mandatario, asesinado el pasado siete de julio en su casa. La Policía aún no liberó las imágenes de la cámara de vigilancia de la residencia presidencial.

Jueces amenazados

El proceso judicial está a cargo del magistrado Gary Orelien, quien lideró la investigación tras la renuncia de Mathieu Chanlatte, que dimitió por preocupaciones de seguridad. Orelien es criticado por varias figuras públicas de Haití que lo califican de “inexperto” para estar al frente del caso de magnicidio.

Sin embargo, previo a la designación de Orelien, ya habían renunciado tres jueces: Carl Henri Destin, quien redactó el primer informe tras el asesinato de Moise; Clément Noel, que dimitió tras denunciar que recibió amenazas de muerte; y el más reciente, Mathieu Chanlatte, que dejó el cargo el pasado 13 de agosto, que previamente había alertado que no tenía asignado un guardia para garantizar su seguridad y la de su familia.

Un día antes de la renuncia de Chanlatte se conoció la muerte del secretario judicial que iba a asistirlo en la investigación. Para la Asociación de Registradores Haitianos se trató de un asesinato, mientras que varias personalidades haitianas señalaron que la muerte del funcionario judicial constituía una forma de intimidación.

Magnicidio

Hasta el momento la causa tiene 44 detenidos: 18 colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano y 12 policías. Entre ellos está el presunto autor intelectual, Emmanuel Sanon, de 63 años, un médico haitiano con residencia en Florida, Estados Unidos, y que supuestamente organizó la operación para jurar como presidente. Otras seis personas se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas la antigua jueza del Tribunal Supremo, Wendelle Coq, y el exsenador John Joel Joseph

Moise fue asesinado en su residencia el 7 de julio pasado. El país caribeño no cuenta con un parlamento desde enero de 2020. El mes pasado el presidente Ariel Henry anunció que las elecciones que estaban previstas para el 26 de septiembre fueron postergadas para noviembre y la segunda vuelta será en enero de 2022.

Haití hoy

Mientras que la crisis sanitaria se agravó con el terremoto del pasado 14 de agosto que devastó la zona sur de Haití. Más de dos mil personas murieron y unas 12 mil resultaron heridas. El sismo también destruyó cerca de 60 mil hogares y al menos 25 infraestructuras sanitarias, aumentando la afluencia a los centros de salud que quedaron en pie.

Las vacunaciones contra la covid-19 avanzan a cuentagotas, de los 11 millones de habitantes que tiene el país, sólo más de tres mil completó el esquema de inmunización y unas 25 mil personas fueron inoculadas con la primera dosis. En los refugios improvisados para las personas que perdieron sus hogares tras el terremoto conviven miles de familias hacinadas, sin barbijos y con poco acceso a agua potable.

04/09/2021

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