El presidente brasileño Jair Bolsonaro (C), el presentador de televisión Silvio Santos (d) y el obispo evangélico Edir Macedo. — EVARISTO SA / AFP

La derecha latinoamericana ha visto en ese auge evangélico una puerta abierta para captar votantes en un nicho social que tradicionalmente se le ha resistido: los pobres.

 

Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, vio cumplida su profecía de la 'nación divina' cuando su amigo Jair Bolsonaro tocó el cielo (del Palacio del Planalto) en 2018. Macedo es el arquetipo de los líderes religiosos que han ido acumulando riqueza y poder político en América Latina. Las iglesias evangélicas avanzan sin freno en una región que era el semillero de la Iglesia católica hasta hace poco. Cien millones de fieles llenan sus templos y escuchan las soflamas antiabortistas de los pastores pentecostales. Pero su discurso no se circunscribe al ámbito religioso.

Gracias a imperios mediáticos como el que ha levantado Macedo en Brasil, los evangélicos son hoy un influyente lobby político. A Dilma Rousseff casi le cuesta la presidencia en 2010 su idea de despenalizar el aborto. En plena campaña electoral y ante la presión de los evangélicos, tuvo que matizar su propuesta. Leviatán para todas las iglesias, el aborto ha servido ahora de excusa a los evangélicos argentinos para denostar a la escritora argentina Claudia Piñeiro, guionista de El Reino, una serie de televisión que refleja las promiscuas relaciones entre el poder político y algunos líderes espirituales.

Estrenada recientemente en ese averno audiovisual llamado Netflix, la serie ha batido récords de audiencia en Argentina. A la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina le ha debido sentar a cuerno quemado que la ficción se inspire en las veleidades terrenales de algunos pastores.

Y se han cebado con Piñeiro, autora de éxito editorial y defensora de los derechos de las mujeres: "Es sabido el encono que ha expresado la escritora y guionista de esta obra desde su militancia feminista durante el debate de la ley del aborto hacia el colectivo evangélico de la Argentina, representado por millones de ciudadanos que no coincidían en su posición respecto del tema", rezaba su poco beatífico comunicado.

La influencia de los evangélicos en la política argentina es todavía limitada y su implantación social es menor que en otros países de la región (alrededor del 15%). Distinto es el caso de Brasil, donde los evangélicos representan ya el 30% de la población y sus líderes tienen una notable presencia en el Parlamento y en los gobiernos locales desde hace años. Marcelo Crivella, obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fue senador, gobernador del estado de Río de Janeiro y alcalde de su capital entre 2017 y 2020. Pertenece al Partido Republicano Brasileño, muy ligado a los neopentecostales.

Antes de acabar su mandato como alcalde, cayó preso por corrupción. En prisión tal vez escuchara la letanía proveniente de alguna de las miles de congregaciones evangélicas de Brasil: "Para de sufrir". Su tío Edir Macedo hace tiempo que no sufre. Con su poderoso arsenal mediático (posee la cadena de televisión Récord, varias emisoras de radio y dos periódicos), hace y deshace a su antojo. Ha amasado una fortuna y ahora tiene un aliado de lujo en Brasilia, el ultraderechista Bolsonaro, a quien ayudó a ganar las elecciones en 2018. Los congresistas evangélicos fueron ya decisivos en el impeachment que sacó a Rousseff de la presidencia en 2016. A la hora de votar, la mayoría invocó a Dios.

La doctrina pentecostal (relevancia del Espíritu Santo, relación directa con Dios, prosperidad terrenal, etc.) fue implantándose en América Latina desde mediados del siglo XX. Antes ya había echado raíces en Estados Unidos, cuya influencia en las iglesias latinoamericanas ha sido notoria. Ante las experiencias progresistas de la católica teología de la liberación (con la que confraternizaron los movimientos insurgentes latinoamericanos), a partir de los años 80 los sectores conservadores norteamericanos apostaron por la "teología de la prosperidad" que predicaban los carismáticos y elocuentes pastores evangélicos.

Según un estudio del Pew Research Center realizado en 2014, cerca del 20% de los latinoamericanos se declaraban evangélicos. Los católicos continúan siendo mayoría (alrededor del 70%) pero su declive es constante (representaban el 94% hasta los años 60) pese a los esfuerzos del Vaticano por frenar la sangría. Las continuas giras de los papas por la región eran parte de esa estrategia. Un informe más reciente de Latinobarómetro (2018) confirma esa tendencia ascendente de la doctrina evangélica en detrimento de la católica, si bien su crecimiento no es homogéneo. Hay países como México o Paraguay donde el catolicismo no se resiente tanto mientras en Brasil el descenso es continuo. Y Centroamérica cuenta ya con más evangélicos que católicos.

La política se ha impregnado del discurso de las iglesias neopentecostales en muchos países. El cómico evangélico Jimmy Morales, en la mira de la justicia por presunta financiación electoral irregular, gobernó en Guatemala entre 2016 y 2020. Y en Costa Rica estuvo a punto de llegar a la presidencia en 2018 Fabricio Alvarado, otro dirigente en la órbita de los evangélicos. Ganó la primera vuelta al grito de "¡No se metan con las familias!", en referencia a la educación sexual laica que comenzaba a impartirse en las escuelas costarricenses. No superó la segunda vuelta electoral pero el poder del lobby evangélico sigue muy presente en el país.

El populismo de derechas que abandera Bolsonaro en América Latina se ha mirado en el espejo de las iglesias evangélicas. Los pastores pentecostales se han ganado a los más desfavorecidos prometiéndoles redención espiritual y alivio pecuniario en el mismo sermón. Su mayor acierto ha sido asentarse en los rincones donde la Iglesia católica no ha logrado penetrar. Las corrientes migratorias del campo a la ciudad han creado barriadas gigantescas en las grandes urbes latinoamericanas. Allí han crecido como setas las iglesias evangélicas con sus redes de apoyo comunitario para combatir la drogadicción o el alcoholismo, atrayendo así a miles de fieles a su causa.

La derecha latinoamericana ha visto en ese auge evangélico una puerta abierta para captar votantes en un nicho social que tradicionalmente se le ha resistido: los pobres. La buena sintonía entre populistas de derechas y pastores evangélicos es evidente en muchos países. Coinciden en muchas ocasiones (aunque no siempre) en una defensa del neoliberalismo y una oposición militante a derechos sociales como el aborto o el matrimonio igualitario. Esa conexión político-religiosa no solo ha proliferado en Brasil.

Los evangélicos desempeñaron un papel relevante en el rechazo a los acuerdos de paz en el referéndum de Colombia en 2016. El empresario Sebastián Piñera volvió al poder en Chile tras ganar las elecciones en diciembre de 2017. Tanto el dirigente conservador como el candidato pinochetista José Antonio Kast contaron con asesores evangélicos en sus equipos de campaña. Y en Bolivia, los golpistas que echaron del poder a Evo Morales en noviembre de 2019 irrumpieron en el Palacio de Gobierno enarbolando biblias.

Jeanine Áñez, presidenta de facto durante un año y hoy en prisión, es una ferviente creyente católica. El hacedor político del golpe, Luis Fernando Camacho, actual gobernador de la rica provincia de Santa Cruz, está muy vinculado a los evangélicos (de hecho, se le conoce como el Bolsonaro boliviano). El reino que invocan ciertas iglesias y líderes evangélicos es muy terrenal. Un paraíso de votos para la emergente ultraderecha latinoamericana.

 

28/08/2021 22:28

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Joe Biden y los talibanes, condenados a entenderse con urgencia

Joe Biden es el primer interesado en una rápida calma en Afganistán y para ello debe dirigirse a los talibanes. Los sucesos de Kabul crean la posibilidad de que se abra una ancha autopista de comunicación y colaboración entre EEUU y los talibanes, no solo en el área humanitaria y de seguridad sino en otras cuestiones que interesan a los talibanes.

 

Tal y como se desarrolla la crisis de Afganistán, todos los indicadores apuntan a que a Joe Biden y los talibanes no les queda otra salida que entenderse rápido y en profundidad, un entendimiento que resultará beneficioso a las dos partes. En caso contrario, el futuro que le espera al presidente americano será borrascoso, y lo mismo ocurrirá con el régimen fundamentalista, sin contar con que todavía será peor para la población afgana.

Los atentados del jueves abundan en que tan solo mediante el diálogo conseguirán unos y otros llegar a un equilibrio que les perjudique lo menos posible, aunque no sea perfecto. Los talibanes no son demócratas liberales y su credo es muy problemático, pero su victoria en el campo de batalla ha sido aplastante y solo ellos pueden imponer cierto orden en el país.

La única opción de la población es adaptarse al nuevo régimen, con todo lo duro que esto suena. No hay ninguna otra alternativa. Lo que hay que lograr es que la presión humanitaria del régimen sea lo menos dolorosa posible, algo que solo se conseguirá mediante el diálogo y no mediante la fuerza. Después de veinte años, la vía militar no ha podido frenar a los talibanes, como han admitido distintos presidentes demócratas y republicanos.

El mayor peligro son las organizaciones yihadistas que operan en Afganistán, principalmente el Estado Islámico de Jorasán y Al Qaeda, dos grupos que en la versión local son demasiado extremistas incluso para el fundamentalismo talibán, especialmente el primero, que ha reivindicado los atentados del jueves.

La prioridad de Biden es frenar las actividades de esos grupos. Es una tarea urgente impedir que trasciendan las fronteras afganas y creen un caos internacional, especialmente el Estado Islámico de Jorasán cuya doctrina central es justamente crear el caos dentro y fuera de Afganistán, y establecer un califato que no dé pie a ninguna clase de negociación.

En este escenario, la colaboración americana con los talibanes es inevitable. Biden se arriesgaría mucho si renunciara a la colaboración, y sus declaraciones de las últimas horas, conciliatorias, apuntan en esa dirección. Si la situación se le escapa de las manos tiene mucho que perder incluso durante lo que le queda de este primer mandato.

Los atentados han acorralado al presidente, que se encuentra en una situación política francamente desesperada que están aprovechando sus rivales republicanos y hasta demócratas. Son rivales que le reprochan la precipitada evacuación de Afganistán, aunque ahora es obvio que la presencia americana en ese país fue inviable desde el principio.

Objetivo en común de Biden y los talibanes

Si las organizaciones terroristas continúan operando, los enemigos de Biden le responsabilizarán de los atentados y de la violencia, de ahí que el presidente sea el primer interesado en frenar esa deriva. Y tan interesados como él en este asunto están los talibanes, que no desean que el país se convierta en un campo de batalla caótico e ingobernable.

Biden y los talibanes comparten el mismo objetivo, pero para Biden es una meta más perentoria y urgente. Esto significa que está obligado a negociar casi sin condiciones. El jefe de la CIA, William Burns, se entrevistó el pasado lunes con responsables talibanes en Kabul. Lo reveló inicialmente la prensa americana, que al día siguiente agregó que Burns había sido portador de un mensaje personal de Biden para el líder talibán Abdul Ghani Baradar.

Biden y su equipo son conscientes de lo urgente y necesario que es el diálogo, y ya eran conscientes antes del jueves. Lo del aeropuerto probablemente agilizará esos contactos y las circunstancias internas en Estados Unidos y Afganistán hacen que el presidente no esté en condiciones de exigir muchas contrapartidas.

Las circunstancias refuerzan a los talibanes, que sin duda querrán aprovecharlo. En todo caso, el periodo talibán de 1996-2001 no va a repetirse en los términos de entonces. Sin haber dejado de ser fundamentalistas, los talibanes son hoy un punto más pragmáticos y han dado muestras sobradas de estar dispuestos a lograr acuerdos con Biden y con Occidente en general.

Una prueba de que hay margen para el diálogo ha sido el comportamiento talibán durante los largos días que ha durado la crisis de Kabul. En ningún momento han obstaculizado la evacuación, a pesar de que con un solo cohete contra la pista de despegue habrían podido bloquear el aeropuerto.

The Washington Post revela que responsables americanos compartieron e intercambiaron información con los talibanes en cuanto tuvieron conocimiento de que el Estado Islámico de Jorasán preparaba un atentado contra el aeropuerto de Kabul, una clara indicación de que los americanos están siendo prácticos.

El mismo periódico revela que los responsables militares americanos establecieron una alianza con los talibanes hace por lo menos dos años para controlar al Estado Islámico de Jorasán. Incluso mataron en bombardeos a efectivos del con el control de nuevo territorio.

Si cosas así ocurrieron cuando americanos y talibanes estaban en guerra, por qué no van a poder acercarse las dos partes cuando han dejado de estar en guerra. Por qué van a poder hablar de cuestiones humanitarias y de seguridad, que son urgentes y vitales para Biden, pero no de otras áreas que interesen más a los talibanes.

28/08/2021 22:26

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Sábado, 28 Agosto 2021 06:32

Chavismo y oposición realineados

Chavismo y oposición realineados

El memorando de entendimiento venezolano en México

La firma del acuerdo de entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana ocurrida en México el fin de semana pasado puede ser definida, sobre todo, como una capitulación del ensayo de interinato de Juan Guaidó, ejercido desde 2019 y que contó con el apoyo de 50 países. Con ella, estas naciones, y no solo la oposición venezolana, se desdicen de lo que terminó siendo un acto simbólico que ni se acercó al cumplimiento de su objetivo: derrocar al presidente Nicolás Maduro. Todo lo contrario.

A más de dos años de la insurrección de Guaidó, el gobierno venezolano está mucho más sólido en su control del país, mientras que la oposición aparece mucho más débil, atomizada y, ahora, después de la salida del Partido Republicano del gobierno de Washington, casi huérfana: quien impulsa la firma para este tácito reconocimiento del gobierno de Maduro, después de más de dos años de desconocimiento, no es Guaidó, sino Estados Unidos. Sin la venia de la Casa Blanca, este acuerdo de entendimiento habría sido saboteado por la oposición. Mientras en Afganistán la potencia del norte se retira tempestuosamente, en Venezuela podría hablarse de una retirada más ordenada.

NUEVO ESCENARIO GEOPOLÍTICO

Hay un nuevo marco geopolítico. Estados Unidos claudica su ensayo de interinato, aupando un acuerdo que reconoce la presidencia de Maduro. La Unión Europea, ahora bajo la dirección internacional de Josep Borrell, ha moderado su discurso hacia Caracas, que con la encargada anterior de asuntos internacionales, Federica Mogherini, llegó a ser salvaje en su posicionamiento contrario al presidente venezolano.

El grupo de Lima de 16 países americanos, que gastó ingentes recursos y tiempo durante dos años intentando cercar a Venezuela, sencillamente ya no existe. Perú y Argentina, entre otros, han cambiado de manera diametral su enfoque hacia el país caribeño y han terminado de enterrar cualquier intento de intervención. Los gobiernos de Brasil y Chile, en tanto, se desplazan hacia la neutralidad del silencio. Y el de Colombia queda casi solo, jugando en posición adelantada.

En cambio, el gobierno de México, con la firma del acuerdo en su patio y su mediación, da un paso importante en su posicionamiento continental y pasa ahora a tener peso en la narrativa diplomática internacional sobre Venezuela. Con mano zurda, Andrés Manuel López Obrador logra comenzar un proceso de negociación que lo catapulta hacia el liderazgo regional.

LA OPOSICIÓN CAMBIA DE SIGNO

Pero el realineamiento no es solo geopolítico. Ocurre también en la política nacional venezolana y especialmente en su oposición. Los sectores moderados serán los que tengan ahora la pelota. Este sector, que había mostrado su rechazo a las sanciones y a la vía violenta que convocó al golpe de Estado e invasiones militares, se encuentra, no obstante, disminuido en medio del descrédito político frente a una parte de la población y es blanco de acusaciones de entreguismo y traición de parte de los medios que poseen los actores radicales, provenientes de las clases más pudientes del país.

De ahora en adelante, todo el esfuerzo de la oposición moderada liderada por Henrique Capriles –quien ya había logrado acuerdos anteriores con el gobierno– se basará en volver a convocar la participación electoral. Su gran debilidad será quizás no poder explicarles a sus electores para qué sirvió el llamado a la abstención de las presidenciales de 2018, que le permitió a Maduro quedarse con el gobierno todo este tiempo. De todas maneras, este sector tiene ahora más espacio para desarrollar su estrategia electoral, que, según los plazos constitucionales, deberá esperar hasta 2024 para las siguientes presidenciales.

El mayor golpe lo recibe la oposición radical representada por el partido de Guaidó, Voluntad Popular, un pequeño partido al que le tocó ejecutar una insurrección para la que dependía del padrinazgo estadounidense, y que ahora queda colgado de la brocha. El acuerdo, sin embargo, permite la permanencia de esta oposición en el país. La mejor muestra de ello es su primer resultado: la excarcelación de un importante líder de Voluntad Popular, Freddy Guevara, segundo de Guaidó y que fuera detenido hace más de un mes.

EFECTOS EN EL CHAVISMO

Deben tenerse presentes las modificaciones que ocurren en la interna del chavismo tras la firma de este acuerdo en México con la oposición. El oficialismo, al igual que la oposición radical, se acostumbró en los últimos años a hacer política en un terreno extraelectoral y de amenazas. Ahora, deberá planificar un escenario electoral de cara a 2024 en medio de una merma importante de su intención de voto y de mayores probabilidades de debilitamiento de la que hasta ahora era su gran aliada en la práctica: la abstención opositora.

Si antes la oposición llamaba en bloque a abstenerse, ahora es esperable que haga lo contrario y llame a sus seguidores a participar de los comicios, lo que hace recordar el último resultado electoral en que la oposición entera y el chavismo se midieron: las legislativas de 2015, en las que la oposición arrasó.

Ahora el chavismo tendrá dos preocupaciones. Por un lado, deberá prepararse para un probable escenario de alta participación electoral y, por el otro, confrontar un álgido debate interno. Sus sectores radicales quedarán resentidos con un acuerdo firmado con una oposición que ha jurado hacer tabla rasa con los seguidores de Maduro.

Los sectores radicales de ambos bandos se han acostumbrado a tratar al adversario político como un enemigo bélico. La relación tóxica que hasta ahora mantenían es justo lo que el memorando puede erosionar, dando paso a nuevos actores, nuevas narrativas y nuevos métodos. Todos los actos que se orienten al cumplimiento de los acuerdos serán vistos por los sectores radicales del chavismo como concesión y entrega, y esto puede debilitar a quienes se mantienen en el poder.

Bajo este nuevo escenario, la oposición y el chavismo tendrán que cambiar su lenguaje, variar sus maneras de acercarse al electorado y mejorar las relaciones con sus militantes. Todo un esfuerzo político para una contienda política que durará al menos dos años y que nadie sabe cómo terminará.

Por Ociel Alí López
27 agosto, 2021

*  Ociel Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela

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Bolivia: Jeanine Áñez irá a juicio político por genocidio

El Tribunal Supremo de Justicia la acusó en el Parlamento

La acusación surge de la denuncia de familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia envió al Parlamento una acusación por "genocidio" y otros delitos contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), por el asesinato de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

"Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (...) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez", informó anoche el presidente del TSJ, Ricardo Torres.

Cuarta acusación 

La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo. De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo.

Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene la mayoría especial necesaria.

Masacres

La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.


En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de "masacres". "La policía y las fuerzas armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado," dice el informe.

Sedición

También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes de funcionaria pública.

La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, Morales, renunciara presionado por la Central Obrera Boliviana, mandos militares, partidos opositores y movimientos indigenistas y se viera obligado a exiliarse en México y luego en Argentina tras ganar unas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

Tras la contienda electoral, 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales y por la represión de las fuerzas de seguridad de marchas de partidarios del derrocado mandatario de izquierda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 22 fallecidos represiones a las que calificó de "masacres". Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección del presidente Luis Arce, delfín de Morales, y en marzo fue detenida.

Macri y Almagro

Junto a varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales, es acusada como coautora de un golpe de Estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los Gobiernos del expresidente argentino Mauricio Macri y del exmandatario ecuatoriano Lenín Moreno.
También el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, es cuestionado por su papel en la revisión de los resultados de esas elecciones.

Mientras tanto la oposición denuncia que las acciones judiciales contra Áñez se tratan de un ajuste de cuentas. Asimismo, la CIDH puso el ojo sobre la Justicia boliviana al destacar su "falta de independencia" y la "ausencia de garantías del debido proceso", además del "uso excesivo de la detención preventiva".

Intento de suicidio

Áñez, de 54 años, intentó suicidarse el sábado tras conocer los cargos de genocidio en su contra. Según un comunicado oficial la expresidenta de facto sufrió "lesiones leves autoinfligidas y recibió tratamiento en la enfermería del penal donde se encuentra recluida. 

27/08/2021

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El gabinete designado por Castillo logró la confianza del Congreso en Perú. Imagen: AFP

Un voto de confianza para el Presidente peruano

Con 73 votos a favor --7 más de los que necesitaba-- y 50 en contra, el presidente de Perú, Pedro Castillo, consiguió el voto de confianza del Congreso para su jefe de Gabinete, Guido Bellido, y al equipo de ministros. La votación, que representa un empujón para la gestión del mandatario, se alcanzó en la segunda jornada de debate del legislativo. "Es momento de incentivar un profundo diálogo entre todas las raíces políticas, sobre todo con los sectores más olvidados", convocó Castillo como gesto para un Parlamento en el que el oficialismo está en minoría.   

"Agradezco al Pleno del Congreso de la República por otorgar el voto de confianza", indicó el mandatario en su cuenta de Twitter y destacó que "la búsqueda de consensos nos permitirá gobernar junto con el pueblo y por el desarrollo de políticas públicas con carácter social". 

El maestro rural, que llegó a la presidencia tras un ajustado ballotage con Keiko Fujimori, invitó a "construir juntos un Perú más justo, en total respeto de todas sus culturas, y sin discriminación entre sus ciudadanos". 

Una alianza legislativa para el futuro de Castillo

Aún cuando el Congreso está controlado por la oposición de derecha, el gabinete logró un respaldo basado en las bancadas del oficialista Perú Libre, Acción Popular y Juntos por Perú, que aportaban 58 votos. Se sumaron luego votos de Alianza para el Progreso y algún respaldo extra de la Alianza SP-PM. Del otro lado, los rechazos estuvieron encabezados por el fujimorista Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Se llegó al momento definitorio después de que hablaran los 30 legisladores que no habían llegado a tomar la palabra en la primera jornada de debate parlamentario; y tras una nueva intervención del jefe de Gabinete, Guido Bellido. Además, varios ministros también acudieron al Congreso a exponer sus planes para cada sector y responder preguntas.

Si el Parlamento no hubiese dado su voto de confianza, Castillo debería haber nombrado a otro primer ministro en sustitución de Bellido y reorganizado el gabinete, lo que hubiera afectado su agenda y provocado todavía más incertidumbre sobre la ya bastante golpeada economía peruana, en recesión por la pandemia.

En su última intervención, Bellido consideró que "ya es tiempo de cambiar y que todos los habitantes de este país puedan mirarse de igual a igual, sin discriminación alguna".

Antes del jefe de gabinete, delinearon planes para cada área y respondieron preguntas los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita; de Economía, Pedro Francke; de Educación, Juan Cadillo; de Salud, Hernando Cevallos; de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua; y de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand.

Durand admitió que la falta de mujeres en el gabinete es "algo que seguro se tendrá que corregir" y rechazó "tajantemente el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA", una afirmación que responde a que fue pareja de un chileno acusado de "terrorismo" en 2003.

Maita, en tanto, aseguró que "la segunda reforma agraria" que pretende el Gobierno "no consiste en expropiar, sino que será una reforma con inclusión".

Por su parte, Cadillo reveló que su cartera está "buscando cooperación internacional para potenciar las facultades y las escuelas", además de defender el retorno "gradual" a las aulas por la pandemia de Covid-19.

Desde Economía, Francke destacó la idea de "buscar un programa de Gobierno o un plan de Gobierno en materia económica, que nos lleve al progreso, a la reactivación económica y al empleo" y se declaró "convencido de que existe un amplio espacio de concertación para trabajar juntos y lograr las reformas que el país necesita".

27/08/2021

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Viernes, 27 Agosto 2021 06:25

Instituciones depredadoras

Instituciones depredadoras

Aunque estamos habituados al papel devastador de los aparatos armados, legales e ilegales, contra los pueblos y sectores sociales, suele pasar desapercibido el carácter depredador de las instituciones estatales y de las organizaciones de arriba. En no pocas ocasiones, éstas desarticulan a las comunidades en resistencia de modo aún más duradero que la represión violenta.

Algo de esto sucede en el Chile de la revuelta y ahora de la Convención Constituyente. "Aún tenemos izquierda, ciudadanos", titula su último artículo Manuel Cabieses, veterano luchador y periodista, director de la publicación Punto Final hasta su cierre en 2018 y ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Con dolor y rabia alude a la "dispersión del pueblo" y la "desorientación ideológica", ya que sectores importantes de quienes lucharon en la revuelta lanzada en octubre de 2019, fueron subordinados "a la cultura excluyente de la oligarquía" (https://bit.ly/3j7jbrG

Destaca que los dos principales candidatos a la presidencia, Sebastián Sichel, por la derecha, y Gabriel Boric, p).or la izquierda, "son dos caras de la misma moneda", ya que ambos reciben la bendición de la Bolsa de Comercio "en demostración elocuente de confianza del capital financiero en el resultado de las próximas elecciones".

La Lista del Pueblo, que había conseguido 27 asientos en la Constituyente de los 155 en juego, siendo la agrupación que encarnaba a los movimientos nacidos en la revuelta, perdió un tercio de los constituyentes por las disputas internas de poder, maniobras y acuerdos secretos que resultan ser copia y calco de la vieja cultura política.

Una de las renunciantes, la constituyente Claudia Pérez, se alejó de la Lista de Pueblo "debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes" (https://bit.ly/3kc4vGW). Se refiere a la denuncia del Centro de Investigación Periodística (Ciper), de casos de corrupción comprobada en los gastos de campaña que llevaron a la expulsión de varios activistas (https://bit.ly/3808DUP).

Medios de izquierda e independientes, como El Clarín y El Ciudadano, están intentando analizar y comprender las razones de la crisis en esta agrupación que aparecía como la vocera natural de los movimientos populares.

Uno de ellos considera que el torrente inicial de la Constituyente se ha ido aquietando hasta convertirse en "un calmado cauce constitucional", en medio del cual aparecen "las maniobras y acuerdos políticos tras bambalinas entre los distintos grupos de convencionales" (https://bit.ly/3j77h0K).

La conclusión del periodista Guillermo Correa es que la energía de este sector se comenzó a volcar hacia las elecciones de noviembre, "en la idea de poder conquistar nuevos espacios de poder en la institucionalidad capitalista que rechazaban con energía y decisión en las calles, asambleas y territorios".

En efecto, el potente movimiento popular chileno se enfrascó primero en la elección de la Asamblea Constituyente, acudiendo a las urnas el 15 y 16 de mayo, pero de inmediato sus energías se volcaron hacia las presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre, que se superponen a la elaboración de una nueva Constitución.

En este proceso, que pretende trasladar la potencia de la calle a las instituciones estatales, se fueron dejando jirones de principios y de rebeldías, que terminaron por desfigurar y debilitar a las organizaciones de base. Peor aún, participando en las instituciones la vieja cultura política se renueva y vigoriza, encarnando en jóvenes y militantes de los sectores populares.

Es necesario aprender de los procesos en curso, ya que se repiten de país en país con notable precisión. El levantamiento de octubre en Ecuador fue tragado por la disputa electoral, situación que puede repetirse en Colombia con las elecciones de 2022, con el agravante de que fue la más profunda y dilatada revuelta de las varias que sacudieron el continente en los últimos años.

Un primer aprendizaje dice que no es posible participar en las instituciones estatales sin practicar la cultura política tradicional. Es profundamente equivocado pensar que, desde esos espacios, se pueda hacer algo diferente a lo ya establecido. Una y otra vez observamos que las mejores voluntades se estrellan en los muros institucionales.

El segundo aprendizaje es que el mayor error consiste en dispersar las organizaciones de base, que son las que generan los grandes eventos y las que pueden darle continuidad a los movimientos. Sin ellas quedan prisioneros de las dinámicas institucionales que los neutralizan.

En algún momento debemos asumir que es preferible crear lo nuevo, que dedicarnos a reformar lo existente. Que no es posible descolonizar el Estado, ni despatriarcalizar el patriarcado; ni democratizar las fuerzas armadas y el Poder Judicial, núcleos duros de las opresiones. Es lo que nos dice la experiencia de las últimas décadas.

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El gabinete de Pedro Castillo se juega su futuro en el Congreso. Imagen: AFP

Pulseada a un mes de la investidura como presidente del maestro rural de izquierda 

Maratónico debate parlamentario. Se llega al voto de confianza al gabinete en medio de una fuerte campaña de la derecha y la prensa hegemónica exigiendo cambios de ministros. 

El primer gabinete ministerial del presidente de izquierda Pedro Castillo, que asumió hace un mes, se juega su futuro en el Congreso. En la noche de este jueves, después de un maratónico debate para otorgarle o negarle el voto de confianza al gabinete, se suspendió la sesión en el Parlamento para continuar este viernes. Si el Congreso unicameral de 130 miembros le niega la confianza, Castillo sufriría una dura derrota y tendría que nombrar otro gabinete. El oficialismo tiene solo 42 votos, necesita el apoyo de al menos un sector de la oposición de derecha. Los discursos de los representantes del fujimorismo y de otros dos partidos de extrema derecha, que suman 43 votos, estuvieron en línea con su conducta desestabilizadora y anunciaban un voto en contra del gabinete. Cuatro bancadas que van del centro a la derecha tendrán los votos que inclinen la balanza a uno u otro lado. En sus discursos, muchos legisladores de estos grupos criticaron al gabinete, pero no fueron claros sobre cuál será su voto, otros anunciaron que le darían la confianza y otros que la negarían. Si se le niega el voto de confianza al gabinete, sería la primera vez que eso ocurre en el inicio de un gobierno.    

Se llegó al voto de confianza al gabinete en medio de una fuerte campaña de la de derecha y la prensa hegemónica exigiendo cambios de ministros, presionando por la salida del presidente del Consejo de Ministros, el congresista oficialista Guido Bellido, considerado como parte del ala más izquierdista del gobierno. Hace unos días, cediendo a las presiones de la derecha, el gobierno cambió al canciller, el exguerrillero y sociólogo Héctor Béjar, pero la oposición exige más cambios de ministros. Desde la derecha que perdió las elecciones se pretende imponerle los ministros al gobierno. Hay una extrema derecha, con el fujimorismo a la cabeza, que va más allá y conspira para destituir al presidente.

Un comienzo en quechua

Mientras se desarrollaba la sesión parlamentaria, en los alrededores del Congreso hubo movilizaciones a favor y en contra del gobierno. Antes de ir al Congreso, los ministros se reunieron en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo. De origen andino, Bellido comenzó hablando ante la representación parlamentaria en quechua. Desde las curules de la oposición se escucharon gritos de protesta. Con ese gesto, Bellido comenzó hablándole en su lengua originaria a las bases electorales andinas del presidente Castillo, y puso en evidencia la desconexión de la clase política, que protestaba porque el jefe del gabinete hablaba en quechua, con esas poblaciones originarias. Después de varios minutos de desconcierto entre la mayoría de los congresistas, la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, del partido de centro derecha Acción Popular, le pidió a Bellido que hable en español porque los legisladores no lo entendían. El jefe del gabinete lo hizo y habló de la marginación de los millones de peruanos de los Andes que hablan quechua y de todos los pueblos indígenas.

Bellido expuso durante casi tres horas. Anunció una serie de proyectos y metas por cada sector. Conciliador, dijo que el gobierno quería tender puentes con el Congreso controlado por la oposición y pidió el voto de confianza como “un voto por la reconciliación”. “Hoy no solo he venido al hemiciclo para solicitar el voto de confianza, sino que me encuentro ante ustedes para invitarlos a que depongamos nuestras diferencias y juntos contribuyamos a solucionar una de las más graves crisis políticas, sociales, ambientales y sanitarias de las últimas décadas”, señaló, ante una representación parlamentaria mayoritariamente opositora y en buena parte hostil al gobierno. Su mensaje estuvo enfocado en la necesidad de cambios y de políticas públicas a favor de los sectores más excluidos.

Educación y salud en el centro

Como ya lo ha hecho Castillo, el jefe del gabinete puso énfasis en ofrecer priorizar temas como educación y salud, y anunció el aumento del presupuesto para esos dos sectores, desfinanciados y abandonados durante distintos gobiernos. Recordó que 30 por ciento de peruanos, es decir más de nueve millones de personas, sobreviven en la pobreza, y un 74 por ciento de la población económicamente activa trabaja de manera informal con ingresos bajos y sin derechos laborales. Resaltó la voluntad del gobierno de cerrar las grandes brechas económicas y sociales, que calificó como “una tragedia causada por la clase política por defender sus intereses”. Ofreció recoger las demandas de los sectores laborales y ratificó que se incrementarán los impuestos a las empresas extractivas, que ahora tienen importantes sobreganancias por el aumento de los precios internacionales de los minerales.

Acusado por la derecha de tener simpatías con herederos del grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace más de dos décadas, Bellido aseguró que el gobierno iniciará “una lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico”. De Sendero solamente queda una columna armada en una agreste zona montañosa, la que hace años rompió con el derrotado senderismo original y ahora actúa en alianza con el narcotráfico que opera en esa región, pero la derecha sigue usando ese fantasma para meter miedo, promover políticas autoritarias y buscar desacreditar a la izquierda en su conjunto vinculándola con el senderismo. Eso es lo que viene haciendo para intentar debilitar al gobierno de Castillo. Varios legisladores repitieron las acusaciones de la campaña contra Bellido y otros ministros de tener supuesta cercanía con esos rezagos senderistas.

Silencio sobre la Asamblea Constituyente

Bellido no mencionó el tema de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución neoliberal que viene de la dictadura fujimorista, principal bandera de campaña del presidente Castillo. Fue la gran ausencia de su mensaje, lo que ha sido interpretado como un intento de bajar las tensiones con una mayoría opositora que se opone al cambio de la Constitución

En el sistema político peruano, en crisis desde hace años, el Congreso tiene el derecho de censurar ministros y todo gabinete ministerial al ser nombrado está obligado a pedirle al Legislativo el voto de confianza para ser ratificado. Como contrapeso, el presidente queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas si se niega la confianza a dos gabinetes, posibilidad que motivaría a varios críticos del gobierno a darle el voto de confianza al gabinete para no quedar tan pronto al borde de su disolución. En ese complicado balance de poderes, el Legislativo puede destituir al jefe de Estado, incluso apelando a una ambigua causal de “incapacidad moral” que se puede aplicar en proceso sumario con dos tercios de los votos. Las bancadas de extrema derecha buscan la destitución del presidente Castillo por esa vía y conspiran para sumar apoyo y conseguir los votos que necesitan. El rechazo del voto de confianza al gabinete reforzaría a esos sectores golpistas. 

26/08/2021

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Protestas, descontento y democracia en América Latina

Las protestas y estallidos sociales vienen marcando la coyuntura política latinoamericana. Luego de un paréntesis al comienzo de la pandemia de covid-19, han reemergido con fuerza en varios países de la región. Las movilizaciones no tienen, sin embargo, una direccionalidad única, ni un solo punto de llegada. Y vuelven a poner de relieve las tensiones entre desigualdades y democracia.

2019 será recordado como el año del estallido social en América Latina. En su último trimestre, emergieron protestas en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. El miedo al contagio de covid-19 pareció sofocarlas cuando la pandemia llegó a la región en 2020. Sin embargo, en Bolivia y en Colombia, el descontento pudo más que el miedo y la gente salió a las calles aun con pandemia1. En Perú y Paraguay, que habían vivido crisis institucionales en 2019, las protestas estallaron a fines de 2020 y principios de 2021, respectivamente. ¿Qué significan las manifestaciones de la ciudadanía en medio de una crisis sanitaria y económica? ¿Y qué nos dice su ausencia? En este artículo, intentaré esbozar algunas ideas sobre el significado del malestar social, así como potenciales escenarios para los sistemas políticos de la región, que reflejan diferentes modos de canalizar ese malestar y nos hablan de las promesas incumplidas de la transición democrática. 

Las transiciones democráticas de los años 80 ocurrieron en el contexto de una profunda crisis económica: la crisis de la deuda externa, que provocó una recesión tan grande que dio en llamarse a esos años la «década perdida» de América Latina. La interpretación de esta crisis como indicador de la inoperancia de los gobiernos autoritarios empujó la democratización de la región. Durante las transiciones, los politólogos se dividían entre dos temores. Había quienes pensaban que las jóvenes democracias no sobrevivirían a la pobreza y desigualdad que heredaban porque sus crisis fiscales no les dejarían atender las demandas de las mayorías excluidas que ganaban entonces el derecho a expresarse políticamente. Y por otro lado, estaban quienes temían que las elites que habían apoyado los golpes de sus aliados militares interrumpieran el proceso si no se contenían las demandas de esas mayorías excluidas2.

El despertar democrático no trajo redistribución para las mayorías que ganaron derechos políticos, sino procesos de ajuste económico y una ola de reformas de mercado que parecían inevitables cuando la caída del Muro de Berlín anunciaba el fin de la utopía comunista. Las elites económicas perdieron el miedo a la democracia, y si bien los militares se resistieron a los intentos de juzgar sus crímenes contra los derechos humanos, se mantuvo la paz social, ya fuera por miedo a la represión pasada o por el desgaste que implicaba la supervivencia económica, con el aumento de la pobreza y la informalidad que trajeron los años 90. Cuando las elites políticas parecían acordar en lo que se llamó el Consenso de Washington (reformas que incluían privatizaciones, desregulación y liberalización comercial), la resistencia de las clases populares empobrecidas comenzó a surgir y se agudizó con la crisis económica que caracterizó el último lustro del siglo xx. Si bien el descontento desbordó las calles, como durante el Caracazo en Venezuela o las llamadas «guerras» del gas y del agua en Bolivia, se expresó mayormente utilizando los canales políticos abiertos por la democracia; es decir, con el abandono de los partidos que promovían políticas de mercado y la búsqueda de otras alternativas. Esta estrategia democrática generó un aumento en la volatilidad electoral en busca de nuevas opciones y abrió paso a liderazgos que reconfiguraron totalmente los sistemas de partidos en Venezuela, Ecuador y Bolivia y, parcialmente, en Argentina y en Uruguay3. En otros casos, existía un partido que proveía una alternativa a la fuerza de gobierno, como en Brasil, pero allí no se produce una reconfiguración del sistema de partidos y el Partido de los Trabajadores (pt) no logra nunca mayorías legislativas, por lo que depende de gobiernos de coalición4. En todos estos casos, las novedades políticas polarizan los sistemas de partidos (incluso en Brasil, con el clivaje petismo/antipetismo). 

Con el nuevo milenio, llegaron los altos precios de las materias primas empujados por la demanda asiática que cambiaba la geopolítica mundial. Para Sudamérica, tan dependiente en recursos naturales, el maná caía del cielo. Además del aumento de la riqueza y su traslado a los mercados de trabajo, los recursos fiscales permitieron políticas redistributivas que facilitaron la reducción de la pobreza y la desigualdad, la expansión de la educación y la emergencia de una nueva clase media que aspiraba a la movilidad social, aunque era todavía muy vulnerable a cualquier shock negativo por su falta de ahorros y dependía de un Estado que garantizara servicios públicos y sociales de calidad5. La democracia, sin embargo, parecía por primera vez cumplir con la promesa de redistribución que los politólogos de la transición democrática habían imaginado como consecuencia lógica del cambio de régimen, pero sin el retorno a los golpes militares que los atemorizaba en los años 80. Mientras las clases populares aumentaban sus expectativas sociales y buscaban que la política las resolviera, las elites se centraban en la emergente tensión entre democracia y república. Todos parecían ignorar, sin embargo, las limitaciones de las mismas promesas que parecían cumplirse, con una educación que se expandía a un ritmo mayor que su calidad y un modelo de desarrollo que recaía en proyectos extractivistas que proveían recursos fiscales sin resolver la demanda de empleo ni tomar en serio los costos medioambientales, mayormente pagados por grupos vulnerables tanto rurales como urbanos. Pese a las mejoras en los mercados laborales, estos continuaron siendo altamente excluyentes y segmentados por la informalidad, mientras que reforzaban desigualdades sociales que se superponían a otras diferencias étnicas, de raza y de género. 

Con el fin del boom de las materias primas en 2014, comienza un proceso de reversión de las mejoras sociales respecto a la desigualdad y la pobreza. Las promesas de movilidad social a través de la educación, anhelo de la nueva clase media, se vuelven cada vez más difíciles de cumplir6. Más aún, esa nueva clase media comienza a percibir su vulnerabilidad frente a los shocks y la ausencia o deficiencia de los servicios públicos, en sociedades donde sus oportunidades laborales están marcadas por distancias sociales impuestas por origen, geografía, etnicidad, raza, informalidad y género. Al deterioro económico se le suma la inseguridad ciudadana, que pareciera agudizarse por la incapacidad e incluso la complicidad estatal con el crimen organizado, y a la desaceleración de las mejoras sociales se le agregan los escándalos de corrupción que llevaron a presidentes, vicepresidentes y otros funcionarios al procesamiento judicial. Llegamos entonces a 2019 con «vacas flacas» y un Estado que no puede compensar las debilidades del mercado. En lugar de poder reactivar a través del gasto, el sector público camina la senda del ajuste fiscal. Estos ajustes económicos encienden la mecha de la protesta en Ecuador, Chile y Colombia. En Bolivia, se trató de una crisis de legitimidad política7. Perú y Paraguay también vivieron crisis institucionales en 2019 (pero estas no se expresarían en protestas hasta ya entrada la crisis sanitaria provocada por la pandemia). El deterioro económico y el consiguiente malestar que provocaba no siempre se expresaron en las calles, sino que a veces resultaron en votos que castigaban al partido de gobierno, como sucedió en las elecciones presidenciales de 2019, que obligaron al recambio en Argentina (donde perdió la derecha) y en Uruguay (donde perdió la izquierda).

En 2020, llegó la pandemia. Las cuarentenas y el miedo acallaron las protestas, aunque sus causales solo empeoraron. La región no solo sufrió el impacto de la enfermedad que hizo epicentro en ella durante mucho tiempo, sino que además entró en recesión. En 2020 la economía latinoamericana cayó 7,7% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)8. Esa caída tuvo un impacto desigual entre quienes podían trabajar remotamente y un gran sector de trabajadores informales que se quedaron de un día para el otro sin posibilidad de ganar el sustento. La región también fue la que más días de educación perdidos acumuló, lo que siguió profundizando la desigualdad entre quienes tienen acceso a tecnologías para educación remota y quienes no. La pobreza y el desempleo aumentaron, la corrupción se inmiscuyó en el manejo de la pandemia y, en muchos casos, las elites políticas siguieron mostrando falta de empatía con una población cada vez más angustiada. 

Hasta que el malestar explotó, y entonces los jóvenes encabezaron las protestas pese a la represión y la pandemia. Si bien en Bolivia las protestas habían continuado intermitentemente hasta que se convocó a la nueva elección presidencial, en Perú tomaron la forma de un estallido. El motivo fue que el Congreso (con poca legitimidad) declaró la vacancia del popular presidente interino Martín Vizcarra (recordemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, había renunciado en 2018 para evitar una jugada similar). El enojo de la ciudadanía se manifestó en las calles y obligó a renunciar al presidente designado por el Congreso. Le siguieron las protestas de Paraguay en marzo de 2021 y la explosión de mayo en Colombia, donde la mecha fue encendida por una reforma impositiva y, pese a una brutal represión con muertos y desaparecidos, las protestas continúan un mes más tarde. La movilización refleja un descontento que nos remonta a los miedos de los «transitólogos» sobre la coexistencia de la democracia con una enorme desigualdad y pobreza. Y en este punto hay que pensar no solamente en los altos niveles de desigualdad, sino también en su trayectoria, que había parecido descendente hasta mediados de la década pasada. La politización de la desigualdad llega en un momento en que esa trayectoria se detiene y esto hace trizas las esperanzas de movilidad social, o al menos de mejora en el bienestar que había generado. Las nuevas generaciones ya no quieren volver a naturalizar la desigualdad y expresan su descontento políticamente (aunque también de otros modos que van más allá de este ensayo). En ese contexto de descontento social, podemos pensar en al menos tres escenarios políticos posibles para entender esquemáticamente las trayectorias de los países (aun reconociendo sus múltiples especificidades). 

El primer escenario es el de fragmentación o desestructuración política, donde el descontento popular con las elites políticas se expresa en las calles y electoralmente no encuentra un punto focal. Este escenario aparece en sistemas políticos con elites económicas poderosas, donde la estabilidad macroeconómica se mantuvo y los procesos de redistribución material y simbólica habilitados por el boom de las materias primas fueron sostenidos, pero no dramáticos. Chile es el caso paradigmático. El «octubre chileno» que estalló en 2019 movilizó a 20% de la población a las calles y forzó la celebración de un plebiscito para decidir sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución. Los resultados electorales de la consulta de octubre de 2020 confirmaron el enojo de la ciudadanía, con un apoyo de 80% a la convocatoria de una Convención Constitucional (pese al muchísimo mayor apoyo financiero a la opción del rechazo). La elección de constituyentes, en mayo de 2021, volvió a señalar el descontento de la ciudadanía con los partidos tradicionales, ya que un tercio de los escaños quedó en manos de candidatos independientes. En Perú, jóvenes descontentos frente a una pelea palaciega que ignoraba la crisis sanitaria y económica del país salieron a las calles desafiando la pandemia en noviembre de 2020. El fastidio de la ciudadanía con esos políticos ajenos a su sufrimiento quedó plasmado en una elección presidencial en la que la fragmentación electoral fue tal, que el 18% que obtuvieron los votos blancos y nulos casi emparejó al candidato más votado, mientras que la segunda candidatura recibió 13% de apoyo electoral. En la segunda vuelta entre esos dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y con una campaña que polarizó a la opinión pública agitando el espectro del comunismo si ganaba el primero, el voto se dividió por clase social y geografía. Castillo ganó por menos de un punto porcentual9. En Colombia, también la ciudadanía se expresó en las calles retomando las protestas de 2019, pese a una represión brutal heredera de años de conflicto armado que había contenido durante mucho tiempo la movilización. Sin embargo, todavía es temprano para definir las consecuencias electorales de esa movilización. 

En Chile, Perú y Colombia, los jóvenes lideraron las protestas en el marco de una menor densidad organizativa de la sociedad civil y, por ende, la falta de representantes claros con capacidad para negociar salidas de la crisis. En estos casos no hay un liderazgo definido de las protestas, pero los jóvenes comparten su frustración frente a una educación superior cuyo costo no se condice necesariamente con su calidad, o con la provisión de habilidades que permitan un empleo digno y la movilidad social prometida por la expansión educativa. En los tres países, las anteriores protestas habían sido localizadas geográfica o temáticamente y no habían encontrado respuesta en el sistema político (incluso a veces la represión fue la única respuesta). Esta nueva ola de protestas, cuyas consecuencias todavía no terminan de vislumbrarse, se expandió a través del territorio y sorprendió a las elites políticas y económicas, que hasta entonces se habían sentido seguras. 

El segundo escenario es de continuidad de la polarización. En estos casos, los sistemas políticos ya sufrieron una crisis de representación de los partidos tradicionales en respuesta a las reformas de mercado de los años 90. Esas crisis permitieron la emergencia de nuevos liderazgos que prometían renovación y ocupaban el espacio de oposición a esas políticas, especialmente tras la recesión del último lustro del siglo xx. Los gobiernos de izquierda que llegaron con el recambio pudieron aprovechar el boom de las materias primas para beneficiarse del consiguiente crecimiento económico y redistribuir recursos más significativamente con el fin de compensar los efectos de las políticas anteriores en la estructura social. A los recursos fiscales del boom, estos nuevos liderazgos sumaron la explícita representación de los sectores populares formales e informales incluyendo diferentes grados de confrontación con las elites económicas. En los casos más personalistas, la concentración de poder generó tensiones importantes con la democracia, lo que dio paso a procesos de backsliding o erosiones incrementales que deterioraban el régimen democrático de un modo que no había sido previsto por los «transitólogos», como ocurrió en el caso de Venezuela10

Bolivia, Argentina y Ecuador representan el escenario de democracias con continuidad de la polarización (tal vez también Uruguay, aunque sin liderazgos personalistas). La polarización surgida de la anterior crisis de representación todavía organiza sus sistemas políticos, aunque está empezando a desarticularse en el caso ecuatoriano, donde el movimiento indígena y los jóvenes desconfían del correísmo y las protestas también estallaron en 2019 lideradas por el movimiento indígena. En estos países, los sectores populares están más organizados y las protestas se sostienen al ritmo de los ajustes, pero con liderazgos sociales que permiten la negociación y establecen límites a la política pública. El movimiento indígena en Ecuador y el piquetero11 en Argentina son ejemplos de esa capacidad, que permitió negociar el fin de las protestas sociales de 2019 en Ecuador y evitar su ocurrencia en Argentina ese mismo año (las protestas limitadas que se registraron durante la pandemia han representado hasta ahora a sectores de centroderecha de oposición al gobierno de Alberto Fernández). Incluso en Bolivia, donde la ruptura institucional emergió después de la movilización polarizada de sectores juveniles urbanos de clase media, las protestas organizadas por movimientos sociales asociados al Movimiento al Socialismo (mas) fueron claves para el retorno del calendario electoral incluso durante la pandemia. En este escenario, la organización de los sectores populares y la polarización social y política son todavía claves para comprender la protesta, aunque las consecuencias de la pandemia pueden modificar los patrones de polarización en el futuro. 

El tercer escenario de liderazgos reestructuradores del sistema político refleja también un descontento ciudadano con los partidos políticos tradicionales similar al del primer escenario. Sin embargo, en lugar de volcarse a las calles, este descontento encuentra un punto focal alrededor de un liderazgo electoral que se presenta como renovador y busca reestructurar el sistema político. El Salvador y México son casos emblemáticos. En ambos países, las transiciones tardías se combinaron con la gran dependencia de la economía estadounidense, expresada en la integración comercial, la migración y las remesas. Esa misma dependencia de Estados Unidos proveyó mecanismos de protección a las elites económicas que limitaron el alcance de los procesos de redistribución en los años 2000 y redujeron la volatilidad económica provocada por los ciclos de precios de materias primas presente en los otros dos escenarios12

En El Salvador y en México, los partidos políticos tradicionales no solo se mostraron incapaces de responder a las demandas de seguridad personal de la ciudadanía y a la necesidad de un modelo económico inclusivo, sino que también fueron salpicados por escándalos de corrupción. En ambos países, el descontento popular encontró un líder que los acusaba de «ser lo mismo» y prometía un mundo mejor, tal como había ocurrido en los países que entraron en crisis de representación a fin del siglo pasado, tras las reformas de mercado. 

El Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd), que habían pactado la transición mexicana, fueron perdiendo capacidad para diferenciarse. Durante la presidencia del priísta Enrique Peña Nieto, el Pacto por México, firmado en 2012, acentuó el acercamiento entre estos tres partidos, que acordaron reformas políticas en busca de un crecimiento económico que venía eludiendo a México. Sin embargo, ni la economía mejoró, ni la violencia y la complicidad estatal (cuya visibilidad se incrementó con el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014) disminuyeron. En la elección de 2018, el pan y el prd, nacidos a ambos lados del espectro ideológico del pri, respaldaron incluso al mismo candidato presidencial. Este acercamiento y su pobre desempeño aumentaron la credibilidad de la denuncia de Andrés Manuel López Obrador y le permitieron construir una identidad renovadora pese a su pasado priísta y perredista. Los escándalos de corrupción que salpicaban a los partidos solo hicieron más atractiva su oferta electoral y le permitieron alcanzar 53% de los votos en las elecciones presidenciales y controlar una mayoría en el Congreso. En las elecciones legislativas de junio de 2021, su coalición logró mantener la mayoría en el Congreso, aunque no obtuvo la supermayoría que buscaba para aprobar cambios constitucionales13. Sin embargo, las elecciones de gobernador muestran su expansión territorial, pese a haber tenido un revés significativo en su bastión de Ciudad de México.

En El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) habían firmado los acuerdos de paz que llevaron a la transición democrática y se alternaron en el gobierno sin poder resolver la creciente violencia contra la que terminaron usando similares políticas represivas. También ahí los escándalos de corrupción involucraron a presidentes de ambos partidos y señalaron la falta de conexión entre la política y las calles. Como en México, esta desconexión no resultó en una gran movilización popular, sino que se canalizó en el apoyo a la candidatura de Nayib Bukele, quien denunciaba a los dos partidos tradicionales (a pesar de haber empezado su carrera política en el fmln). Bukele logró un enorme apoyo popular y recibió 53% de los votos en la elección presidencial de 2019, sustentado en gran parte por el electorado más joven –elegido con 37 años, es el presidente más joven de la región–. En las elecciones legislativas de febrero de 2021, su liderazgo se confirmó en el apoyo a su nuevo partido, lo que empujó a los partidos tradicionales hacia la irrelevancia electoral y le permitió a Bukele el control del Congreso14

Los liderazgos de López Obrador y Bukele se parecen por su apoyo entre los más jóvenes y los más educados y por sus estrategias de concentración de poder personal a partir de su gran popularidad15. Ambos prometen cambiar sus sistemas políticos y se caracterizan por liderazgos personalistas. Si bien su concentración de poder puede amenazar los contrapesos de una democracia representativa, es también más fácil para los poderes económicos negociar cuando hay líderes que cuando se enfrenta el enojo generalizado que caracteriza a Chile, Perú y Colombia. Pese a que estos casos de liderazgo polarizador se parecen al segundo escenario, el contexto económico es diferente. Si bien los precios de las materias primas están subiendo nuevamente, esto no alcanza para cubrir las necesidades fiscales de la región en el marco de la pandemia, y es más difícil construir una coalición duradera sin tener recursos para distribuir, dados los altos niveles de pobreza e informalidad en la región. 

La pandemia abre un nuevo escenario de incertidumbre, que se suma a la multiplicidad de identidades políticas en una región donde al feminismo y las organizaciones lgbti+, a los movimientos indígenas y afrodescendientes y a la multiplicidad de organizaciones locales que resisten desastres ecológicos se les suman las nuevas iglesias evangélicas y movimientos conservadores locales que hacen incierta la lógica de la movilización democrática. La movilización empuja cambios políticos, pero no necesariamente conocemos su destino, ya que responde a ciclos de protesta y a la heterogeneidad de los actores que la empujan. 

La incertidumbre en la dirección de la protesta social es ilustrada por las movilizaciones de Brasil en 2013. Un grupo de jóvenes estudiantes inició la protesta en respuesta a un aumento en las tarifas de transporte. La represión policial contribuyó a expandir las movilizaciones, que ampliaron sus demandas al acceso y la calidad de los servicios públicos frente al gasto en estadios para el Mundial de Fútbol y las Olimpíadas, que Brasil buscaba utilizar para venderse al mundo. Aunque la presidenta Dilma Rousseff respondió a las demandas, su popularidad resultó afectada y su reelección en 2014 fue ajustada. La movilización, sin embargo, se expandió hacia grupos conservadores que saldrían posteriormente a las calles para pedir el juicio político de Rousseff, en un contexto de deterioro económico y alto impacto público de la corrupción (gracias a la operación Lava Jato). Esta movilización facilitó la defección de sus aliados de la coalición de gobierno, frente a lo cual el minoritario pt no pudo evitar el impeachment a la presidenta. En ese vacío se montó la candidatura de Jair Bolsonaro, quien prometió la renovación política, aunque a diferencia de México y El Salvador, llegó al poder gracias a alianzas con partidos tradicionales, en el contexto fragmentado de la política brasileña. La marea puede volver a cambiar, dados el gran descontento con Bolsonaro y la liberación del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; este último lidera, en este momento, las encuestas para la elección presidencial de 202216. Es decir, la movilización y el descontento popular no tienen una direccionalidad única, ni un único punto de llegada. 

La difícil convivencia entre democracia y desigualdad, agudizada por la reciente explosión de descontento en un contexto de crisis económica y sanitaria, resultó en los tres escenarios descriptos. Estos escenarios definen equilibrios inestables. Es verdad que la ciudadanía con demandas insatisfechas busca una democracia que la escuche, le preste atención y la siente a la mesa donde se toman las decisiones. Esa demanda de legitimidad democrática es más importante que los límites a la política pública que sugerían los «transitólogos» con miedo al retorno militar. Sin embargo, aunque esa legitimidad es necesaria para sostener la democracia, no es suficiente si no se asocia a una esperanza de mayor bienestar futuro, y este puede ser definido de muchas maneras dada la heterogeneidad de las demandas organizadas por el descontento. La democracia latinoamericana superó la transición, pero su consolidación requiere una combinación de inclusión y capacidad de respuesta que, esperemos, resulte de los procesos de movilización que está viviendo la región en este momento.

Nota: la autora agradece los comentarios de Ernesto Cabrera y la conversación en la sesión de «LASA 2021: Democracia y protesta social», con Aníbal Perez-Liñán, Rossana Castiglioni, Martín Tanaka y Felipe Burbano, 28/5/2021.

  • 1.

En el caso boliviano, las protestas de 2019 y 2020 fueron de diferente signo político: contra el gobierno de Evo Morales primero, y luego contra el de Jeanine Áñez por parte de fuerzas cercanas al ex-presidente exiliado en Argentina.

  • 2.

En la ciencia política estadounidense, Stephan Haggard y Robert Kaufman: The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton UP, Princeton, 1995) es un ejemplo del primer grupo, mientras que Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter: Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions About Uncertain Democracies (Johns Hopkins UP, Baltimore, 1986) es un ejemplo del segundo.

  • 3.

En Argentina, se fragmentaron el peronismo y su oposición, que perdió al radicalismo como punto focal, lo que dio lugar a la emergencia de nuevos partidos; en Uruguay, la llegada del Frente Amplio (FA) acabó con el bipartidismo de blancos y colorados. Tanto la facción kirchnerista del peronismo como el FA generarían nuevos ejes de polarización electoral.

  • 4.

Kenneth M. Roberts: Changing Course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era, Cambridge UP, Cambridge, 2014; David J. Samuels y César Zucco: Partisans, Anti-Partisans, and Non-Partisans: Voting Behavior in Brazil, Cambridge UP, Cambridge, 2018.

  • 5.

M.V. Murillo, Virginia Oliveros y Milan Vaishnav: «Voting for the Left or Governing on the Left?» en S. Levitsky y K. Roberts (eds.): Latin American Left Turn, Johns Hopkins UP, Baltimore, 2011; Nora Lustig: «Desigualdad y política social en América Latina» en Corporación Andina de Fomento (CAF): El desafío del desarrollo in América Latina. Políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva, CAF, Caracas, 2020.

  • 6.
  1. Lustig: ob. cit.
  • 7.

Las protestas en Bolivia se relacionan con la desconfianza frente al proceso electoral, porque el presidente Evo Morales ignoró la prohibición de ser reelecto pese a haber convocado y perdido un plebiscito al respecto. Las movilizaciones poselectorales, en conjunto con un motín policial, llevaron a que el ejército «sugiriera» la renuncia presidencial y a que se iniciara un proceso de sucesión no institucional. Nuevas protestas desafiaron la represión militar para pedir una normalización electoral y volvieron a hacerlo en pandemia, hasta la realización de una nueva elección presidencial en la que Morales no fue candidato, pero la fórmula de su partido, encabezada por el ex-ministro Luis Arce Catacora, obtuvo 55% de los votos.

  • 8.

Panorama social de América Latina 2020, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2021.

  • 9.

Los votantes de menor ingreso y del interior apoyaron a Castillo, y los de mayor ingreso y de la región limeña, a Fujimori. La gobernabilidad será difícil porque Castillo solo cuenta con 28% de los escaños en el Congreso.

  • 10.

Nancy Bermeo: «On Democratic Backsliding» en Journal of Democracy vol. 27 No 1, 1/2016.

  • 11.

El movimiento piquetero nació a mediados de la década de 1990 para organizar a los desempleados y trabajadores informales, y llevó adelante cortes de rutas, ollas populares e incluso el reparto de asignaciones monetarias con diversos tipos de contraprestaciones en trabajo comunitario.

  • 12.

Daniela Campello y C. Zucco: The Volatility Curse, Cambridge UP, Cambridge, 2020; N. Lustig: ob. cit.

  • 13.

Esta caída es, sin embargo, menor que la sufrida en anteriores elecciones de medio término por el partido de gobierno y ocurre en un contexto de crisis sanitaria y sin mejora en los indicadores económicos o de seguridad.

  • 14.

Bukele usó de inmediato el control del Poder Legislativo para reemplazar a cinco jueces de la Corte Suprema con aliados, con lo que logró concentrar aún más poder. Ver Oscar Pocasangre: «Why El Salvador’s Multi-Party System Is on the Brink of Collapse» en El Faro, 24/2/2021 y Jimmy Alvarado, Roxana Lazo y Sergio Arauz: «Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía» en El Faro, 2/5/2021.

  • 15.

Estos datos corresponden a la elección presidencial, y no a las legislativas. V. «La población salvadoreña en las elecciones presidenciales de 2019», Documento de Trabajo No 1/2019, Fundaungo, p. 40, y «4 datos que caracterizan a los electores que votaron por López Obrador» en Expansión, 10/7/2018. En el caso de México, en las elecciones legislativas de 2021 cae el apoyo a Morena entre los jóvenes y los más educados, y se mantiene un menor apoyo entre las mujeres, mientras que sube entre los más pobres. Ver Santiago Rodríguez: «Las grietas de Morena: jóvenes, mujeres y clases medias» en El País, 9/6/2021. 

  • 16.

Recordemos que un proceso judicial que no siguió el debido cauce le impidió presentarse como candidato frente a Bolsonaro y su anulación le permite hacerlo en la próxima elección.

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 Para los organizadores se trata de la mayor movilización indígena en la historia de Brasil

El tribunal supremo debe resolver la sentencia de un tribunal de apelaciones en relación a un territorio del estado de Santa Catarina reivindicado por los pueblos xokleng, guaraní y kaingang. 

 

Miles de indígenas marcharon este miércoles por Brasilia hacia la Corte Suprema, que empezó a analizar un caso clave sobre los derechos a sus tierras ancestrales. Los organizadores afirman que se trata de la mayor movilización indígena en la historia de Brasil, con seis mil participantes de 170 etnias diferentes acampando desde el domingo en la región central de la capital, sede de los tres poderes.

En concreto, la Corte brasileña debe resolver el fallo de un tribunal de apelaciones en relación a un territorio del estado de Santa Catarina reivindicado por los pueblos xokleng, guaraní y kaingang. La nueva legislación que se somete a votación a partir del miércoles pretende adoptar el criterio de "marco temporal" para la demarcación de las tierras indígenas, reconociendo como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Constitución de 1988.

"Persecución sistemática"

Bajo el lema "Lucha por la vida", los movimientos indígenas marcharon hacia el Supremo Tribunal Federal (STF) por la tarde, cuando la Corte abrió la sesión en la que se empezó a abordar un caso que tendrá repercusión en decenas de litigios sobre sus reservas naturales. Vistiendo trajes típicos, al son de cánticos e instrumentos tradicionales, el martes habían realizado una vigilia nocturna con miles de velas dispuestas en la Plaza de los Tres Poderes, rodeada por los edificios de la Presidencia, el Congreso y el STF. 

Los indígenas protestan contra lo que consideran una "persecución sistemática" por parte del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro desde que llegó al poder en 2019.  "Este gobierno está atacando a los pueblos indígenas", dijo el cacique Syrata Pataxo, de los indígenas Pataxo, originarios de Bahia (nordeste). "Toda la humanidad hoy clama por la protección de la Amazonia. Pero este gobierno quiere que la selva, el pulmón de nuestro planeta, sea reemplazada por soja y minería", agregó el líder de 32 años. 

Tierras ancestrales

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que organiza las protestas, considera que lo que está en manos del máximo tribunal es "el proceso más importante del siglo" para los 900 mil indígenas que viven actualmente en el país (0,5 por ciento de la población) y cuyas reservas ocupan el 13 por ciento del vasto territorio nacional.

El caso gira en torno al derecho de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras ancestrales, que les fue asegurado en la Constitución brasileña de 1988. El lobby del agronegocio defiende que solo deben reconocerse como tierras indígenas aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Carta Magna. 

Pero los defensores de los pueblos originarios sostienen que la Constitución no prevé ese "marco temporal" y que los indígenas fueron desplazados de sus territorios a lo largo de la historia, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985). 

"Todo Brasil es tierra indígena. Nunca salimos de esta tierra, siempre estuvimos aquí", sostuvo Tai Kariri, líder de 28 años del pueblo con su mismo nombre del estado de Paraiba (nordeste). La decisión, que podría demandar más de una sesión e incluso no emitirse esta semana, es sobre una reserva en el estado sureño de Santa Catarina, pero tendrá repercusión general y podrá afectar otras numerosas tierras en disputa.

"Si el Supremo Tribunal acepta el marco temporal podrá legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y estimular conflictos en la selva amazónica y otras regiones", dijo en un comunicado Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas. El tribunal "tendrá sangre indígena en sus manos" si apoya esa tesis, sostuvo la líder indígena Alexandra Munduruku. 

El presidente Jair Bolsonaro advirtió el martes que si la Corte rechaza el argumento del marco temporal podría desatarse un "caos". Lejos de mostrarse atento a las necesidades de los pueblo originarios, Bolsonaro promueve una ley para legalizar la minería y el agronegocio dentro de las tierras indígenas. 

Desde que el mandatario de ultraderecha llegó al poder, los indígenas multiplicaron sus denuncias sobre invasiones a sus tierras y hechos de violencia. También cuestionan las omisiones del gobierno en la prevención y el cuidado de los pueblos originarios frente al coronavirus que ha dejado 1.166 muertos y más de 58 mil contagiados en sus comunidades, según cifras de la Apib.

25/08/2021

Publicado enInternacional
Héctor Béjar, excanciller de Perú: "Los grupos ultras del Congreso quieren la destitución de Pedro Castillo"

El exguerrillero y sociólogo cuenta los entretelones de su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores

Béjar está convencido de que su forzada renuncia le brinda espacio político a la derecha, pero no así en la calle. "Esto ha sido el comienzo de un golpe de Estado blando" afirma quien seguirá apoyando al gobierno de izquierda. 

 En diálogo con Página12, el primer canciller del gobierno de Pedro Castillo, el exguerrillero y sociólogo Héctor Béjar, que antes de cumplir tres semanas en el cargo tuvo que renunciar a pedido del gobierno por presiones de los militares, la derecha y los medios, habla sobre los entretelones y repercusiones de su salida, el rumbo que está tomando la gestión de Castillo y los riesgos para su estabilidad. Este martes, Béjar traspasó la conducción de las relaciones exteriores del país a su sucesor, el diplomático Oscar Maúrtua, quien ya ejerció el cargo en el gobierno neoliberal de Alejandro Toledo (2001-2006). En su discurso de despedida insistió en lo que había dicho cuando asumió la Cancillería: la necesidad de cambiar la política exterior peruana para apostar por la integración regional.

El excanciller revela que después que la Marina emitiera un airado comunicado atacándolo por haber dicho, en una pasada conferencia dada antes de ser ministro, que miembros de ese instituto armado iniciaron en los años setenta el terrorismo en el país -hubo atentados contra altos oficiales de la propia Marina que apoyaban al gobierno reformista de izquierda del general Juan Velasco y sabotaje con explosivos contra dos barcos pesqueros cubanos-, lo llamó el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, para comunicarle que el gobierno quería su renuncia. “Eso fue muy divertido porque Bellido estaba muy nervioso y no sabía explicar lo que quería decirme”, dice, riendo.

- La Marina amenazó denunciarlo judicialmente si no se rectifica y pide disculpas por sus afirmaciones de que ese instituto armado inició el terrorismo en el Perú. ¿Lo va a hacer?

- Claro que no. Lo que he hecho es acopiar más información. Lo que yo he dicho en una conferencia del año pasado de que, en 1974, antes que aparezca Sendero Luminoso en 1980, elementos de la Marina iniciaron el terrorismo en el Perú, es una verdad histórica.

- ¿En la guerra interna de los años ochenta y noventa hubo terrorismo de Estado?

- Claro que sí. El terrorismo de Estado fue terrible. Los Andes peruanos son una gran fosa común, hay miles de personas sepultadas. En el cuartel general del ejército, que aquí llamamos El Pentagonito, ubicado en un barrio residencial de Lima, hay hornos en los que se quemaron cuerpos. Son tan torpes que dejaron un dedo carbonizado, lo cual permitió comprobar que ahí se quemaban cadáveres.

- ¿Que el gobierno haya cedido a las presiones de la derecha y los militares para su salida de la Cancillería demuestra su debilidad y ha permitido que esos sectores ganen un importante espacio?

- Sí, absolutamente. Lo ocurrido ha sido una muestra de debilidad del gobierno ante el poder armado y un precedente muy peligroso. Aquí la derecha está formada por mafias comprometidas en diversos delitos que se cubren con una ideología de ultraderecha. Esos sectores han ganado muchísimo espacio político, pero en la calle no han ganado espacio. Esto ha sido el comienzo de un golpe de Estado blando. Los grupos ultras del Congreso lo que quieren es la destitución del presidente. La derecha puede sacar a Castillo en el Parlamento, otra cosa es que el Perú lo acepte.

- ¿La calle se levantaría si sacan a Castillo?

- Estos grupos de derecha están sumamente desprestigiados y me parece difícil que el país, más allá que la calle apoye o no al presidente Castillo, acepte un gobierno impuesto por estos grupos de delincuentes.

- ¿Por qué cree que la oposición de derecha al gobierno apuntó prioritariamente contra usted?

- A ellos les parece inaceptable que alguien que ha estado en la guerrilla esté en el gobierno. Les parecía que yo era el más peligroso del régimen, porque tengo una posición clara. En mi primer mensaje como canciller anuncié una política exterior independiente, soberana, eso es inaceptable para esos sectores.

- ¿Se forzó su salida para bloquear un cambio en la política exterior que priorice la integración regional?

- Sí. Ellos todavía viven la era Trump. La política exterior peruana ha obedecido a la política de Trump sin ninguna discusión. Trump ya no está, pero ellos siguen con esa política.

- ¿Cómo ve la política exterior peruana con el nuevo canciller Oscar Maúrtua?

- Es una interrogante. Espero que sean lo suficientemente valientes para no aceptar las sanciones contra Venezuela. Ojalá se tenga la decencia de no continuar la política hostil que ha habido contra ese país hermano. Por cortesía no quiero opinar sobre el nuevo canciller, pero tengo profundas dudas sobre la capacidad del gobierno de Castillo para mantener una política exterior digna.

- ¿Cuánta importancia le da Castillo a la política exterior, a la integración regional?

- Eso no está en su agenda prioritaria. Creo que eso lo tiene asumido de manera muy vaga, muy poco precisa.

- ¿El gobierno entregó su cabeza a la derecha para intentar bajar sus críticas pocos días antes que este jueves el gabinete ministerial se presente en el Congreso para pedir el voto de confianza?

- Sí. Quieren hacer méritos para que el Congreso, que está bajo la presión de un grupo de ultraderecha tipo Vox, los acepte. Desgraciadamente hay una tradición de un sector de la izquierda peruana de querer ser la izquierda que la derecha acepta. Creo que esa es la conducta que el gobierno está adoptando en este momento.

- ¿La estrategia de la derecha es centrar sus ataques contra el sector más de izquierda del gobierno?

- Sí, coincido con eso. La estrategia de estos grupos es primero hacer que el gobierno se desembarace de su izquierda más radical, cosa que ya el gobierno está haciendo, dividir al gobierno, que es una especie de alianza entre radicales y moderados, y cuando esa división esté establecida comenzar a atacar a los grupos moderados de la izquierda que están en el gabinete y sobre la base de este ataque chantajear a estos grupos moderados para que giren a la derecha. Si no logran eso, buscarán sacar al presidente Castillo.

- ¿Cómo ha visto al presidente Castillo y al gobierno desde adentro del Ejecutivo?

- Para ser franco, he visto un gobierno heterogéneo, débil, con una estatura menor que la necesaria. Y a un presidente sorprendido, que desconoce los mecanismos del poder estatal. Los grupos corruptos tienen iniciativa, mucho dinero y sí conocen el Estado. Hay una situación de desigualdad muy peligrosa para los intereses del pueblo y del país.

- ¿Siente desilusión por el rumbo que está tomando el gobierno?

- Más que desilusión, diría preocupación, y peor todavía, más que preocupación, casi tengo la convicción que el Perú se encamina a un gobierno de centro que es inviable, porque la corrupción es tan grande y el poder de estos grupos tan feroz que ni siquiera eso los va a satisfacer.

- ¿Cuál es la alternativa?

- Trazar una línea roja que no debe pasarse, que Castillo mantenga su alianza con los sectores más radicales y sobre la base de esa alianza proyectar una democracia real, con protagonismo de los sectores más pobres, a los que hay que darles poder.

- ¿Es viable un gobierno radical de Castillo con la derecha controlando el Congreso?

- Creo que sí, porque estos grupos de derecha son cobardes y cuando la gente se moviliza en la calle los matones corren. Se debe movilizar a la gente, pero no solo en mítines y manifestaciones, sino poniendo el poder en manos del pueblo, en los comités barriales que ya existen, darle poder a esa población. Esa enorme red de organización popular que hay en el Perú que está desarticulada, el gobierno debería articularla y transferirle poder y crear una nueva situación. Eso tiene que ser alrededor de los puntos que están en la primera agenda de sobrevivencia de la gente, que son trabajo, salud y educación.

- ¿Qué le dijo Castillo cuando le ofreció la Cancillería?

- Nunca antes había hablado con él. Me dijo que quería nombrarme canciller en homenaje a lo que represento. El homenaje no era a mí, sino a todos los que lucharon conmigo, sobre todo a ellos. Cómo iba a decir que no. No esperaba esa propuesta, vacilé unos quince segundos y acepté.

- ¿Cómo se siente ahora que ha tenido que dejar la Cancillería?

- Me siento muy bien, liberado. Seguiré escribiendo, dando conferencias. Seguiré tratando de colaborar con el gobierno porque esta es una oportunidad histórica que no debemos perder. Seré siempre un aliado del gobierno. Claro que si el gobierno se va al otro lado, entonces ya no seré su aliado. He recibido una enorme adhesión de miles de personas de toda América Latina, incluyendo muchos compañeros y compañeras de Argentina, por lo que estoy muy agradecido.

 

24/08/2021

Publicado enInternacional