Paro armado, la vergüenza del Gobierno

Nuevamente, nuestra Comunidad de Paz, acude a la humanidad y a la historia para dejar constancias de nuevos hechos perpetrados conjuntamente entre paramilitares y Estado.

Nuestra región, continúa en un círculo vicioso donde el estado y el paramilitarismo es la principal droga que; somete, amenaza, tortura, controla y mata la vida social y campesina. Es la voz del paramilitarismo la que se impone a todas anchas, en la cual toda la población debe obedecer sus directrices o asume las consecuencias.

¿Hasta cuándo el Gobierno va a permitir que se siga controlando al que humildemente cultiva la tierra para el sustento de sus familias y del país? Es una vergüenza, estos gobiernos de turno, tras sus mandatos, dejan cientos de miles de violaciones al derecho internacional humanitario, entre ellos, los líderes y lideresas asesinados en los últimos meses en el país, quedando las víctimas condenadas al olvido y a la impunidad absoluta. ¡Que dolor!

Hoy, el paramilitarismo sigue siendo la mayor fuerza oscura con la que se cuenta para realizar el trabajo criminal que no pueden hacer a la luz pública las instituciones del estado. Urabá es un ejemplo, la misma Brigada XVII del ejército y la Policía Urabá han sido los garantes y aliados de los paramilitares. En muchas ocasiones operaron conjuntamente para realizar falsos positivos y masacres en el Urabá y el País. Hoy, no parece que esas alianzas se hayan terminado, pues los paramilitares autodenominados AGC tienen el absoluto control en todo el territorio e incluso conviven y comparten con la fuerza pública en San José, Nuevo Antioquia, Piedras Blancas entre otros corregimientos del Urabá y no hay ni el más mínimo interés en desmantelar estas estructuras paramilitares.

Se acercan elecciones presidenciales en el país, y se evidencia las diversas acciones conjuntas de las maquinarias que han gobernado, vendido y desangrado nuestra Patria. Estos, buscan cómo seguir aferrados al poder, y para ello, cuentan con la corrupción en los órganos de control existentes en las diversas instituciones Estatales. Ojalá, que las buenas ideas de un país mejor sean las que ganen, pues ya es momento de un cambio a esta dictadura que solo ha destruido y arruinado el país.   

Los nuevos hechos son los siguientes;

  • ·El viernes santo 15 de abril de 2022, en la vereda La Esperanza del corregimiento de San José, se realizó un evento donde el reconocido paramilitar alias el COCHERO celebró su matrimonio en medio de una gran multitud de personas que participaron en su boda, este personaje hace ya un tiempo llegó a la vereda El Porvenir como paramilitar para ejercer control allí.
  • ·El viernes 22 de abril de 2022, en la vereda la Unión, del Corregimiento de San José de Apartadó se realizó una jornada comunal de arreglo del camino de herradura impulsada por la junta de acción comunal de dicha vereda y con la participación de efectivos miembros de la Brigada XVII del ejército nacional con sede en Carepa, Antioquia. En dicha jornada, un agente del ejército nacional que participaba, procedió a leer a todos los allí presentes, la constancia pública del pasado 18 de abril de 2022de la Comunidad de Paz. Manifestando en tono de burla que, “lo más seguro es que esa comunidad de paz hoy o mañana volverá a sacar constancia de esta jornada de trabajo” se supo que el uniformado rechazó tajantemente nuestras constancias al manifestar que estuvo investigando a comerciantes de la vereda la Unión sobre el paradero o conocimiento del paramilitar alias Adolfo Guzmán. A ¿Quién se le ocurre interrogar a las víctimas frente a los victimarios?  Dejamos constancias de que a pocos metros de donde se encontraban los uniformados, se hallaba también alias Adolfo Guzmán, realizando labores de arreglo de camino.  Este mismo sujeto, ya el pasado 3 de abril de 2022 había amenazado a comerciantes de La Unión, de igual forma participó de la jornada comunal el pasado 8 de abril de 2022 en compañía de miembros de la brigada XVII del ejército nacional y constatado por miembros de nuestra Comunidad de Paz. Este sujeto habita en una vivienda junto a las instalaciones del ejército nacional adscritos al batallón N.6 de desminado en la parte de arriba del centro poblado de la Unión, pero nadie lo conoce y menos los militares.
  • ·El sábado 23 de abril de 2022, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un evento privado que realizara un reconocido cantante de música popular en un establecimiento público en el centro poblado de San José. Según los testigos, se evidencio la presencia del reconocido mando paramilitar alias LEÓN excombatiente de las Farc-ep y firmante de los acuerdos de Paz, conocido con el alias la “FIERA”. Dicho evento musical se realiza en medio de una fuerte presencia de policía y militar en el casco urbano de San José donde actualmente existe una base militar y un búnker de la Policía Nacional. Se argumenta que el artista tiene algún parentesco familiar con este mando paramilitar.
  • ·El domingo 24 de abril de 2022, cuando una comisión de nuestra Comunidad dePaz se dirigió a la vereda la Resbalosa, se pudo constatar que allí había presencia de varios reconocidos paramilitares, minutos después en el camino entre las veredas Mulatos y La Resbalosa se notó la presencia de un paramilitar que se dirigía a la Resbalosa, ya en horas de la tarde se vio regresar a Mulatos.
  • ·Este mismo domingo 24 de abril de 2022, en la vereda la Resbalosa nuestra Comunidad de Paz,fue informada de amenazas de un paramilitar contra la maestra de dicha vereda. El reconocido paramilitar le advirtió a la maestra que tenía los días contados, por tal motivo, la maestra fue trasladada a otra instalación educativa.
  • ·El lunes 25 de abril de 2022, mientras una delegación de nuestra Comunidad de Paz, adelantaba una jornada comunitaria de mejoramiento de la vía en el sector el barro de la vereda Mulato, fue hallado un artefacto explosivo que habría sido instalado junto al camino y dañado por los semovientes que transitan por el lugar. Según el mal estado del mismo, estaba allí desde hacía muchos años. Tales artefactos como estos, son los que vienen supuestamente desactivando el batallón de desminado N.6 del Ejército Nacional. A juzgar por el largo tiempo que llevan en la zona, la millonada que habrán invertido en dichas jornadas sin que a la fecha se evidencien avances significativos de desminados. Creemos que la estadía en estos lugares responde a otros intereses, pues las integraciones sociales son más su afán que la de hallar los artefactos explosivos.
  • ·Este mismo lunes 25 de abril de 2022, en la vereda mulatos, más exactamente junto a nuestro espacio de vida y trabajo de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de la presencia constante del paramilitar alias “GRIPIN”, en reuniones y demás actividades en la casa comunal, este paramilitar, hace presencia y control permanente en la zona y reside en la casona en la vereda mulatos medios.
  • ·El jueves 5 de mayo de 2022, en horas de la tarde nuestra Comunidad tuvo conocimiento de la advertencia de los paramilitares de un paro armado decretado para su cumplimiento a partir del día 5 de mayo de 2022 hasta el 10 de mayo de 2022. Ya en horas de la tarde, las actividades comerciales, transportes entre otras fueron cerradas. Este mismo jueves 5 de mayo de 2022, un grupo de estudiantes que provenían de la escuela de la vereda Arenas Altas a integrarse con estudiantes de la escuela de la vereda la Unión, fueron interceptados por paramilitares que hacen presencia en la unión, quienes ordenaron regresar a sus casas.
  • ·El viernes 6 de mayo de 2022, se ha constatado que el paro armado decretado por los paramilitares, ha surtido efecto; vehículos incinerados, los centros comerciales, oficinas, comercio en general y laboral, estudiantil, de transportes y en si toda actividad en general fue paralizada por órdenes de los paramilitares. Y nos preguntamos, ¿Dónde están las fuerzas de seguridad del Estado? ¿En qué queda el estado de Derecho? ¿No es esto la evidencia de un Estado secuestrado por las mafias y el poder que lo domina? Se evidencia que no son las armas las que nos libertan, por el contrario, nos esclavizan.
  • ·Este mismo viernes 6 de mayo de 2022, se tuvo conocimiento de que dos paramilitares hicieron presencia en el área poblada de la vereda la Unión el pasado jueves 5 de mayo de 2022, y ordenaron a los comerciantes cerrar sus locales, y ordenaron a la población civil no realizar ningún tipo de actividad comunal como el que tenían programado para el día de hoy, y de igual forma ninguna actividad personal fuera de la casa, esos reconocidos paramilitares están haciendo rondas en el centro poblado de La Unión impidiendo el comercio, recordar que allí, hay una fuerte presencia militar que además tenían programada actividad comunal con la junta y prefirieron acatar las órdenes y el control paramilitar.  
  • ·Este mismo viernes 6 de mayo de 2022, en el casco urbano de San José, los locales comerciales amanecieron cerrados, el caserío fantasma, ni un soldado, ni un policía se veían allí, ni siquiera en sus guarniciones militares. Los soldados y policías están encerrados.  

Estos hechos claramente evidenciados por nuestra comunidad y la población de nuestra región, muestra de cómo el gobierno ha sido permisivo con el paramilitarismo y lo ha venido dejando que sean ellos los que realicen su trabajo sucio de control y sometimiento de la población civil.

San José y sus veredas se han convertido en el campo propicio de libertad y tranquilidad para los paramilitares y la fuerza pública que conviven sin hacerse ningún tipo de daño, lo que cada vez lo hace más cómplice de sus crímenes.

Siempre que renovamos la memoria de nuestros sufrimientos, renovamos también nuestros sentimientos de gratitud a numerosas personas y comunidades de Colombia y del mundo que caminan espiritualmente con nosotros y nos llenan de energía resistente.

                                Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                        Mayo 6 de 2022

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Colombia: fueron asesinados 53 defensores de DD.HH. entre enero y marzo

Los departamentos del Cauca y Putumayo, los más violentos

Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15 homicidios ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres y 49 hombres.

Colombia sigue inmersa en un huracán de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Un total de 53 defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año, según un informe del Programa Somos Defensores divulgado este jueves que además documenta 254 agresiones, entre homicidios, atentados y amenazas. El año 2021 no se quedó atrás: 139 líderes sociales asesinatos y 996 agredidos, lo que supone una media de 2,7 ataques diarios en el año más violento de los últimos 12.

El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), en el cual se basó Somos Defensores para su análisis, calificó esta cifra como "alarmante, pues supera los 28 casos confirmados durante el mismo período de 2021, con un incremento del 89 % (25 casos más)".

El programa también divulgó los datos de violencia contra los defensores en 2021, el "más violento de los últimos 12 años en contra de este sector" en el que documentó 996 agresiones, entre ellas 139 asesinatos.

Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15 asesinatos ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres -dos lideresas comunitarias, una de víctimas y una del sector LGBTI- y 49 hombres.

Cauca y Putumayo

En los departamentos del Cauca (suroeste) y Putumayo (sur) se registró el mayor número de asesinatos de defensores, con siete en cada uno de ellos.

"Durante este período, el Cauca volvió a ocupar el primer lugar en número de asesinatos, lugar en el que las personas defensoras se desenvuelven entre hostilidades por la presencia de los grupos armados, principalmente las disidencias de las FARC", puntualiza el Programa.

En Nariño hubo 6 asesinatos, seguido de Arauca (5), Norte de Santander (4), Cesar y Chocó (3) y Antioquia, Bolívar, Caquetá, San Andrés, Santander y Valle del Cauca (2).

Mientras tanto en Boyacá, Casanare, Córdoba, La Guajira, Meta y Tolima hubo un homicidio en cada uno de ellos.

Al analizar los liderazgos que esas personas ejercían se tiene que el mayor número de víctimas corresponde a los comunales, con 16 casos; seguido de indígenas, 12; comunitarios, 11, y campesinos, 4, entre otros.

En cuanto a los presuntos responsables de los 53 asesinatos, 40 se atribuyen a autores desconocidos, 7 a las disidencias de las FARC, 2 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 2 al Ejército y 2 a paramilitares.

"Estos datos hacen que se mantenga la tendencia de períodos anteriores donde en la mayoría de los casos no es posible determinar la autoría de los asesinatos, lo que dificulta las labores de investigación y judicialización y contribuye a la persistencia de la impunidad", señala el informe.

Al referirse a las 254 agresiones, Somos Defensores puntualiza que en Colombia ocurrió una media de 2,8 diarias entre enero y marzo.

"Con esta cifra se tiene un incremento del 41 % en comparación con el mismo período de 2021 cuando se registraron 180 hechos", dice el documento que agrega que las cifras hacen que el 2022 se "proyecte como un año altamente peligroso, donde las amenazas se han hecho efectivas y han cobrado la vida de quienes ejercen el liderazgo social en las regiones", concluye. 

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Comunicado a la opinión pública: Ante la 1º audiencia de reconocimiento de responsabilidades del caso 003 - JEP

Hoy que la Guerra no ha cesado quiero emitir este Comunicado para invitar a la reflexión en una semana en la que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concede beneficios a miembros del Ejército implicados en miles de crímenes de Lesa Humanidad mientras las cifras de asesinatos a líderes, a firmantes de la Paz o a cualquier persona que no está en esas categorías no para de aumentar, mientras asistimos a la negación de un Estado que sigue manteniendo la práctica de las ejecuciones extrajudiciales como lo ocurrido en el Putumayo hace un mes.

En Colombia no hay garantías de no repetición

Y como sociedad tenemos que pensar cuál es el verdadero legado que estamos dejando.

Desde que se firmaron los Acuerdos en el 2016 asistimos a un recrudecimiento de la violencia que viene de la mano del extractivismo y del despojo de nuestros territorios, a la vez que a una confusión constante en los términos. Por eso, con este Comunicado quiero expresar mi derecho a que las víctimas seamos reconocidas desde nuestra heterogeneidad invitando a un debate público, que como sociedad no hemos tenido todavía.

Llevo casi 15 años de lucha exigiendo Justicia y respeto a la Vida y a los Derechos Humanos, recorriendo muchas regiones de Colombia, acompañando y escuchando a muchas víctimas. He sido invitada a nivel internacional en varias ocasiones a denunciar los crímenes de Estado. He dado incontables conferencias y charlas en todos los espacios imaginables haciendo pedagogía y denunciando estos crímenes. Por esa lucha incasable fui elegida para participar en la primera delegación de víctimas que viajó a las Mesas de Conversaciones en La Habana. Es decir, desde que mi hijo fue asesinado he dedicado mi vida entera a la denuncia de los crímenes de Estado y a construir Paz en este país.

Pero lamentablemente tenemos que reconocer que Colombia no está en Paz. En este contexto de violencia es que se ha realizado la 1º Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad del Caso 003 realizada en Ocaña, el 26 y 27 de abril de 2022, el mismo día que en el Congreso se debatía la moción de censura al Ministro de Defensa por la masacre perpetrada por miembros del Ejército en Puerto Leguízamo en Putumayo.

Lo que nos lleva a reflexionar si realmente está contribuyendo a la Paz, la celeridad de la JEP para mostrar resultados y otorgar beneficios, incluida la libertad, a los militares responsables de crímenes de Lesa Humanidad.

Yo no acudí a esa Audiencia, ni estoy de acuerdo con las decisiones que la JEP está tomando en relación a los mal llamados “falsos positivos”, quiero compartir mis motivos invitando a la reflexión, con todo respeto, desde la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros.

En mi caso, no necesito que quien asesinó a mi hijo reconozca que Fair Leonardo no era un guerrillero, ni un delincuente. Eso ya lo sabía yo, mi familia, el barrio y todo los que lo conocieron. Mi hijo era inocente y así consta también en la sentencia por la que se condenó a los 6 militares que estuvieron directamente implicados en su asesinato. Fue el Tribunal Superior de Cundinamarca el 30 de julio de 2013 quien declaró que el asesinato de mi hijo es un crimen de Lesa Humanidad. Fueron 5 años de proceso judicial para lograr lo que muy pocos hemos tenido derecho, una sentencia condenatoria y una investigación detallada y exhaustiva. Lamentablemente, sin que nadie me lo comunicara y con el riesgo para mi vida que implica, los seis militares fueron puestos en libertad al acogerse a la JEP a pesar de tener condenas a 53 y 54 años de prisión. Incluido el Mayor Marcos Wilson Quijano quien estuvo prófugo de la ley y quien fue detenido cuando su mujer lo denunció por maltrato.


- La JEP me ha insistido en que participe, y así lo hice el 17 de octubre de 2019, cuando acudí a la 1º Audiencia Pública en la que la JEP escuchó “a familiares de los jóvenes de Soacha”. Ese día solicité a la Sala una serie de investigaciones y aún sigo esperando una respuesta de su parte. Ese día también, la Magistrada Catalina Díaz, me interrumpió mandándome a callar. Tuve 15 minutos a diferencia de todo el tiempo que tuvieron los militares, para poder dar todas mis observaciones a las múltiples versiones que me facilitaron apenas unos días antes. Aquel día expresé mi preocupación por el contenido de las versiones que los militares estaban dando a la JEP y por ese perdón frío y calculador que estaban dándonos. Indicando que la versión dada por el Mayor Marcos Wilson Quijano y por el Teniente Diego Aldair Vargas, quienes son los responsables del asesinato de mi hijo, no contribuyen ni aportan nada a la verdad que yo no supiese anteriormente. Por lo que vuelvo a preguntar ¿cuál es el aporte que ellos están haciendo a cambio del beneficio de su libertad?

- Como víctima no puedo estar de acuerdo en que muchos de los miles de casos de ejecuciones
extrajudiciales vayan a quedar impunes por “criterios metodológicos de selección y priorización”, que implican que “no todo puede ser judicializado, no todos los agresores serán llamados a reconocer responsabilidad en audiencia pública, ni todos los hechos victimizantes serán objeto de sanción”. Al menos, en la Justicia Ordinaria, a pesar de su lentitud, de los múltiples impedimentos que los militares y sus abogados realizan y todas las dificultades que quienes hemos luchando durante años en el sistema judicial conocemos, teníamos el derecho a un juicio por cada uno de nuestros casos.

- Respecto al Auto 125, me gustaría saber, por qué las víctimas y la Procuraduría dicen que son más de 480 víctimas y no 120 como así aparece en dicho Auto, ¿qué reconocimiento de Verdad han hecho estos 11 máximos responsables si todavía no hay claridad de cual es el universo de víctimas?

Y aún es más, a pesar de las múltiples páginas que componen el Auto sigo sin saber el argumento de por qué imputaron a estos 11 como máximos responsables y no a otros como el Comandante de la 2º División, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz o incluso a Medardo Ríos, quien en su versión insistió en reconocer hasta lo que no ha hecho con tal de no volver a prisión.

También quiero expresar mi preocupación de por qué no se les acusa de tortura si existen múltiples evidencias de que algunos de nuestros familias fueron torturados antes de ser asesinados, como se evidencia en los informes forenses.

Además de lo anterior, me gustaría presentar mis objeciones sobre dos de los imputados en la Audiencia, Sandro Pérez y Alexander Carretero.

- Respecto a Sandro Pérez, quien pudo haber detenido las muertes del caso Soacha y no lo hizo, creo que es importante dar a conocer que este señor estuvo prófugo de la ley todos estos años. Tiene más de 7 órdenes de captura en Colombia y varios procesos judiciales abiertos. Durante el 2009 estuvo en diálogos con la Fiscalía, negociando su condena y cuando supo que cumpliría años de prisión se fugó a Venezuela, como así lo reconoce en la versión que dio ante la JEP. Durante todos estos años, nunca le importó contribuir a la verdad de los hechos, ni tuvo respeto por nosotras las víctimas. Y tal es su descaro que en esa versión reconoció a la magistrada Catalina Díaz que ha vuelto a Colombia porque la JEP le garantiza que las ordenes de capturas serán retiradas y él gozará de libertad.

- Respecto a Alexander Carretero, informarle a la JEP que no es la primera vez que reconoce su responsabilidad. En un preacuerdo que logramos en 2017, Alexander Carretero reconoció su responsabilidad como coautor de los delitos de Desaparición forzada en concurso homogéneo y sucesivo de homicidio agravado de 14 jóvenes, incluido Fair Leonardo Porras, aceptando 44 años de prisión. Desde entonces Alexander ha intentando negociar en varios ocasiones una reducción de su condena, prometiendo reconocer más casos, destacando que en el preacuerdo se comprometió a ser testigo de la Fiscalía. Entonces, la pregunta que me surge es si el compromiso del cual hablaba estos días sólo se da si hay libertad de por medio. Por lo que no comparto porque la JEP no sólo lo ha puesto en libertad sin consultarnos a quienes realizamos aquel preacuerdo, sino que la imputación de cargos es menor, al imputarle el homicidio a título de complicidad.

Del mismo modo y para contribuir con el proceso actual quiero señalar que Alexander Carretero incurrió en falso testimonio tanto en su versión que recoge el Auto 125 como en su reconocimiento de responsabilidad en la Audiencia Pública, al mentir sobre cómo y cuándo conoció a mi hijo, Fair Leonardo Porras Bernal, así como en lo referente a que él no sabía que lo entregaba para ser asesinado. Su culpabilidad es mayor a la reconocida.

Por ello, solicitó que la Sala correspondiente de la JEP revise todos los testimonios que Alexander Carretero ha aportado en todos estos años de proceso judicial desde las primeras diligencias de indagatoria que dio el 6 de mayo de 2009, y sino en la sentencia que yo misma entregué a la JEP el 17 de octubre de 2019, en ella se incluyen los extractos de esos testimonios y de las investigación que aseguran que Alexander Carretero en la tienda “los costeños” en Soacha, se reunía para seleccionar sus víctimas y que conocía a mi hijo desde mucho antes de llevárselo para se asesinado, porque mi hijo le ayudaba con la venta de empanadas.

Han sido muchos años de lucha, de esfuerzos, de amenazas, por mi parte y por muchas organizaciones, colectivos, instituciones, víctimas, investigadores y un sin fin de personas que han querido denunciar estos crímenes de Estado, contando con toda la información precisa necesaria. A muchos les ha costado la vida y otros se han visto obligados a exiliarse. Por ello, creo que no debemos caer en falsas ilusiones, ni jugar con la esperanza ni el dolor que tenemos las víctimas. Tenemos una gran desafío por delante, en el que debemos seguir trabajando juntos siendo conscientes de los retos y consecuencias que las decisiones tomadas con celeridad por la JEP pueden conllevar y más cuando los victimarios han pasado a ser el centro de esta Institución y no ya las víctimas.

Escribo todo esto, hoy 28 de abril, cuando se cumple un año del Estallido Social, en el que la Fuerza Pública volvió asesinar a jóvenes que expresaban su indignación ante la desigualdad y la falta de oportunidades. Por una Paz con Justicia Social.

 

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Jenny al lado del recuerdo vivo de su hijo. Foto por Angélica Bohórquez.

“Tribunal popular busca justicia para las doce víctimas de la represión en Siloé, dice Isabela Albán

 

El martes 3 de mayo se instala en Cali el Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’, que escuchará los testimonios de familiares de las doce personas de este sector de la capital del Valle asesinadas en la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo caleño.

En el Tribunal Popular, que contará con jueces internacionales, también serán escuchados testimonios de familiares de muchas otras de las 48 personas asesinadas por la Fuerza Pública en Cali y de los afectados por las violaciones masivas de derechos humanos en las que incurrieron agentes del régimen de Duque en la represión contra los participantes en el Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021.

La instalación del Tribunal se efectuará a las 5:00 p.m. del martes 3 de mayo, en el Parque de la Horqueta de Siloé, sur occidente de Cali.

Entre el 4 de mayo y el 8 de septiembre se hará el acopio de pruebas y la contrastación de evidencias, en tanto que el 9 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de juicio, acusación e impugnación.

El 10 de diciembre se conocerá la sentencia de este juicio social, orientado a evitar que haya impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas a órdenes del gobierno de Duque.

Impulsan este ejercicio de control y justicia social los familiares de las víctimas, el Museo Popular de Siloé, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Unicatólica, el colectivo Nomadesc, el movimiento N21 Incluyente y Diverso y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos.

El Tribunal cuenta también con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali, la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Asociación Americana de Juristas (Capítulo Colombia), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo 28A, entre muchas otras organizaciones, además de varias instituciones internacionales.

PERIODISMO LIBRE dialogó sobre el Tribunal con la socióloga Isabella Albán H., integrante del Museo Popular de Siloé y una de las organizadoras del certamen, quien sostuvo que el evento procura, entre otros objetivos, que haya justicia para la memoria de las doce personas asesinadas en la represión llevada a cabo por los órganos armados del Estado contra la comunidad de Siloé entre abril y junio de 2021.

El Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’ se cumple al conmemorarse un año de iniciado el Paro Nacional y el levantamiento social contra las políticas neoliberales y violatorias de los derechos humanos del gobierno de Duque.

La Operación Zapateiro hace referencia al plan que anunció el régimen a través del comandante del Ejército, general Enrique Zapateiro, quien sostuvo ante Duque que en una semana “recuperaría el orden en Cali”, anunció que tuvo terribles consecuencias que serán objeto de documentación en el Tribunal Popular de Siloé.

Cali, domingo 1 de Mayo de 2022.

Periodismo libre

 

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A la derecha de la fotografía, publicada por el periódico New York Times, vestidos rojos y ocres de niñas cuelgan de cruces al lado de una autopista en Kamloops, pequeña ciudad en Columbia Británica. Al fondo se observa un arcoíris que termina cerca del lugar donde fueron descubiertos los restos de los más de 200 pequeños nativos. Foto Afp

Amber Bracken captó vestidos que cuelgan en cruces cerca del internado donde se hallaron los restos de cientos de niños indígenas

 La Haya. Una foto de cruces de las que cuelgan vestidos, colocadas cerca de un "internado" canadiense donde el año pasado se hallaron los restos de 215 niños indígenas, ganó el premio del World Press Photo (WPP) de 2022, dado a conocer ayer.

La imagen capturada por la fotógrafa documentalista basada en Edmonton, Amber Bracken, es "un momento calmo de reflexión (...) sobre la historia no sólo de la colonización en Canadá, sino en el mundo entero", declaró Rena Effendi, integrante del jurado.

En la izquierda de la fotografía, publicada por el diario New York Times, vestidos rojos y ocres de niñas cuelgan de cruces al lado de una autopista en Kamloops, pequeña ciudad en Columbia Británica.

A la izquierda, un arcoíris termina su curva cerca del lugar donde fueron descubiertos los restos, en la sede del "internado", creado hace un siglo para asimilar por la fuerza a la población indígena. Esta imagen "inspira una suerte de reacción sensorial", declaró un jurado.

Este descubrimiento fue el primero de una serie que obligó a los canadienses a enfrentar su pasado colonial. Actualmente, se llevan a cabo investigaciones y tareas de búsqueda en muchos antiguos internados para nativos en el país.

Las autoridades estiman que más de 4 mil niños podrían estar en túmulos o fosas sin identificar. Otras fotografías premiadas este año también destacan la visibilidad de comunidades autóctonas del mundo.

El documentalista australiano Matthew Abbott ganó el primer premio en la categoría Historia del año con una serie de imágenes que muestra de qué manera el pueblo nativo de Nawarddeken, en el lejano territorio de Arnhem, empleó el fuego como herramienta eficaz de gestión de las tierras contra el cambio climático.

Gracias a una práctica llamada "combustión en frío", los indígenas encienden pequeños fuegos durante la temporada fresca, quemando el sotobosque y los matorrales muy inflamables, lo que ayuda a prevenir incendios de bosques, que han devastado a Australia, afectada por un aumento de las olas de calor.

Los ganadores reciben unos 6 mil 500 dólares y sus trabajos serán exhibidos a partir del 15 de abril en Ámsterdam antes de ser mostrados en otros países.

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Sábado, 02 Abril 2022 05:20

Todo documentado

Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, en la conferencia sobre el Tercer Informe del GIEI respecto al caso de Ayotzinapa, en Ciudad de México, el 29 de marzo ELIANA GILET

SE CONFIRMÓ QUE EL EJÉRCITO MEXICANO PERMITIÓ LA DESAPARICIÓN DE LOS 43

Archivos militares revelan que las autoridades comandadas por la Secretaría de Defensa conocieron en tiempo real los detalles del secuestro de los estudiantes y no actuaron para evitarlo.

La sensación es la de la desazón que siente quien tenía razón y no fue escuchado. Pero sobre ella está el enojo por haber comprobado que el montaje de una fraguada verdad histórica hecho por el poder mantiene desaparecidos a 43 estudiantes rurales de pueblos originarios del sur de México, a siete años y medio de los hechos ocurridos el 26 de setiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

«Desde que fuimos a buscar a Iguala en 2014, un señor nos decía: “Pregúnteles a los de la gendarmería. Ustedes no deben andar buscando aquí”. ¡Cómo desde ese entonces la gente estaba enterada! Pero fuimos agarrando fuerzas con las investigaciones y las aportaciones de la gente, que señalaban al Ejército, al 27.o Batallón, más que nada», dijo a este semanario Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos. Rodríguez habló con Brecha al concluir la conferencia de prensa de los familiares sobre la bomba informativa que contiene el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),1 presentado públicamente en la Ciudad de México el lunes 28 de marzo.

El 27.o Batallón de Infantería de Iguala era un objetivo tan claro para las familias de los 43 que estas se manifestaron reiteradamente frente a sus instalaciones. «Las primeras veces, cuando entrábamos, íbamos con coraje. Porque ¿cómo es posible que una institución que debe dar seguridad a los mexicanos golpee al pueblo y desaparezca a nuestros hijos? Llegamos con ese coraje para exigirle que nos respondiera por qué no atendió a los normalistas», contó Rodríguez. Sin embargo, las respuestas públicas y privadas que recibieron del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, principal vocero estatal de la «verdad histórica», eran que sus hijos «eran guerrilleros, vándalos». «Lo mismo nos decían los soldados del 27.o Batallón: “¡Ya lárguense, pinches revoltosos!”. Cosas que lo molestaban a uno», contó el campesino.

INFORMACIÓN DETALLADA

Ese mismo funcionario de alto rango, Murillo Karam, había recibido de las familias toda la información requerida sobre la trayectoria previa de los jóvenes desaparecidos: «Le dimos la vida de nuestros hijos: lo que comían, lo que vestían, de dónde venían; incluso, si hablaban español o dialecto. Toda esa información también la tenía el Ejército». Más allá de esos datos, hoy se sabe que los normalistas de Ayotzinapa fueron sometidos durante más de una década a la vigilancia constante de los cuerpos de inteligencia militar, lo que incluye la dolorosa constatación de que uno de los jóvenes desaparecidos era un «órgano de búsqueda de información», es decir, un agente militar infiltrado con «fachada de estudiante», según el término oficial usado para referirse a él.

En abril de 2021 el GIEI accedió a los archivos militares que sustentan estas nuevas revelaciones, aunque en diciembre de 2018 todas las autoridades (militares y civiles) recibieron la orden expresa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de entregar al GIEI toda la información que tuviesen en sus archivos. Se trató de uno de los primeros decretos que el mandatario firmó al asumir el gobierno, en respuesta al pedido de las familias de los jóvenes. Sin embargo, con la reticencia a liberar la información durante más de dos años, se incrementó también la exigencia social de que los archivos se abrieran para investigadores independientes.

Para lograrlo, según explicó durante la presentación del informe la integrante del GIEI Ángela Buitrago, se necesitó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se apersonara junto con los investigadores y abriera, literalmente, la puerta a la información. Así fue como hallaron el registro de comunicaciones entre zonas militares, batallones y otros elementos de la pirámide militar activa. Están a resguardo del mencionado 27.o Batallón de Iguala –donde los padres fueron agredidos, según el relato de Rodríguez–; la Zona Militar 35, con sede en Chilpancingo (capital del estado y sede del poder político), y la IX Región Militar, el comando estatal sito en Acapulco. «Más allá de la existencia física de estas copias, numerosos documentos evidencian que, en el propio momento de los hechos, los distintos niveles de las autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía e, incluso, realizaron informes al más alto nivel», se lee en el informe, al que accedió Brecha.

SIMULACIÓN HISTÓRICA

El 12 de noviembre de 2021, el GIEI accedió a los archivos de la Marina Armada de México que referían a las actuaciones realizadas un mes después de la desaparición, entre el 27 y el 29 de octubre de 2014, en dos sitios: el antiguo basurero de Cocula y el río San Juan, que se encuentran a menos de 10 quilómetros entre sí y a 20 de Iguala. Según las imágenes registradas por una aeronave no tripulada de la Secretaría de Marina, desconocidas hasta el momento y que no forman parte del expediente judicial de la PGR, a partir de las 6.30 de la mañana del 27 de octubre de 2014 cerca de 40 funcionarios recorrieron el basurero antes de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) arribase al sitio, al mediodía, y lo acordonase. La primera autoridad en llegar fue una patrulla de la Marina, que prendió una fogata en la parte alta del sitio, con el argumento de que usaba el humo para señalarle el sitio al dron.

El EAAF emitió ahora un comunicado en el que informa que la diligencia de búsqueda en ese sitio comenzó oficialmente a las 10 de la mañana y que los hechos anteriores, revelados por el GIEI, no quedaron registrados en el expediente. El equipo exigió que las autoridades mexicanas hagan una «investigación exhaustiva» del material y contra los responsables de esta intervención extrajudicial de la Marina. También se refirió al punto más delicado de la información relevada: el hallazgo en ese lugar, un día después, el 29 de octubre de 2014, de un resto óseo, que posteriormente fue identificado en Austria como perteneciente a uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio. El equipo argentino, que funciona como perito independiente en México desde hace más de una década, apuntó que, aunque el descubrimiento del resto óseo ocurrió «en medio de este escenario de graves irregularidades, durante la administración del gobierno anterior, la identificación no está científicamente en duda». Lo que sí está en duda es el sitio del hallazgo: las márgenes del río San Juan. «El origen verdadero de ese fragmento óseo continúa siendo desconocido y es clave para esta investigación», concluyeron.

Las familias de los 43 y sus representantes señalan que los funcionarios implicados deben enfrentar la Justicia por su responsabilidad en la dilación de la investigación, hecha en pos de establecer una «verdad histórica» sobre la desaparición, «verdad» que, como también es público, fue cosechada con base en la tortura de una amplia gama de detenidos. El director de la asociación civil Centro Prodh, Santiago Aguirre, que representa legalmente a las familias, dijo a Brecha que es fundamental que los agentes de la Marina sean presentados en la justicia civil y no en los tribunales militares, donde el GIEI también comprobó la existencia de investigaciones paralelas, cuyo contenido aún se desconoce.

desde Ciudad de México 
31 marzo, 2022

  1. Informe Ayotzinapa III, Mandato medida cautelar MC/409/14 CIDH, México, febrero de 2022.

Las sanciones de Washington a las reservas de Rusia en el exterior aceleran el debilitamiento a largo plazo de la moneda de referencia global. China busca pasar a yuanes todo su comercio energético.

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Foto: Una mujer mayor vista en una calle con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la agencia de policía nacional de Venezuela, al fondo, en Caracas, Venezuela | Alamy

Ivonne Parra tomó ocho sedantes durante 15 días, después del asesinato de su hijo. Solo quería llorar la pérdida de su único varón. Sus amigas se encargaron de todos los trámites en la medicatura forense y en la funeraria, mientras ella estaba en casa. Llorando.

Casi un mes después del ajusticiamiento, Ivonne sintió que tenía que pararse de la cama y hacer algo. Debía limpiar el nombre de su hijo, quien fue tildado de delincuente según la versión policial. A Guillermo José Rueda Parra, de 20 años de edad, lo asesinó una comisión de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de seguridad del Estado venezolano, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.

Eran las 6:00 de la mañana del 12 de diciembre de 2017, cuando Ivonne le abrió la puerta de su casa a cinco agentes. Ella no crió a un delincuente, por eso no se esperaba que en el primer piso de la vivienda, ubicada sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira, asesinaran a su hijo, desarmado y en pijama. Luego los funcionarios simularon un enfrentamiento y pusieron un arma en la mano de Guillermo. Ivonne vio todo.

—Pásame una bala de otro calibre.

—No, chamo, de esas no tenemos —recuerda Ivonne que decían los funcionarios, mientras ella los observaba desde la calle.

Según el Derecho Internacional las ejecuciones extrajudiciales son los asesinatos cometidos por agentes del Estado, o con su complicidad y tolerancia. Entre enero y septiembre de 2021 el proyecto Lupa por la Vida, de la organización Provea y del Centro Gumilla, documentó 1197 crímenes a manos de policías y militares en toda Venezuela.

Cuatro años después de la ejecución extrajudicial de Guillermo José, como le dice su madre, los funcionarios involucrados no están detenidos aunque en el expediente reposan sus nombres. Sobre el agente Winder Rafael Flores, presuntamente hay una notificación de alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) pero tampoco ha sido apresado.

En la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, Ivonne conoció a Carmen Arroyo, otra madre a quien las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le asesinaron a su hijo. Ambas decidieron conformar una organización no gubernamental llamada Madres Poderosas, luego de asistir a varios talleres de formación en el ámbito de derechos humanos, impartidos por el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) y por miembros de las Naciones Unidas que estuvieron en el país.

Madres Poderosas nació en septiembre de 2021 y hasta ahora ha acogido a siete mamás y a una hermana de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en Caracas. Además del acompañamiento y apoyo que se brindan entre familiares, aspiran obtener ayuda psicológica, asesoría legal y colaboraciones de comida o útiles escolares para los hijos huérfanos de los jóvenes asesinados.

En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos

Los menores de edad están bajo la manutención de sus abuelas, quienes no pueden buscar un empleo formal por el tiempo que invierten en asistir regularmente a los tribunales venezolanos. Lina Rivera es una de las mujeres que integra Madres Poderosas. En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos. A su cargo tiene a nueve nietos, que mantiene con mucho esfuerzo.

Estas ocho mujeres no quieren que las llamen víctimas porque no lo son. Realmente son aguerridas y están dispuestas a intentar todo lo que esté a su alcance para limpiar el nombre de sus hijos y hermanos, y obtener justicia.

—Nada me va a devolver a mi hijo, pero yo quiero evitar que estas ejecuciones extrajudiciales sigan pasando, quiero evitar que otras madres pasen por el dolor que nosotras estamos pasando. Nosotras no criamos delincuentes —dijo Ivonne, una mujer de tez blanca, con el cabello teñido de amarillo, que transmite fortaleza aunque sus ojos se inunden de lágrimas cada vez que habla de su hijo.

A Carmen Arroyo le asesinaron a su hijo Christian Alfredo Charris Arroyo, un día después de su cumpleaños, el 24 de septiembre de 2018 en La Dolorita, una comunidad de Petare, la barriada más grande de Caracas. En el expediente del caso están identificados los 20 funcionarios de las FAES que participaron en el operativo. Ninguno ha sido detenido.

Christian era el único hijo de Carmen. Lo crió sola. El joven, de 25 años, era un popular barbero y jugador de baloncesto de la comunidad. La versión policial fue que él pertenecía a una grupo criminal y estaba solicitado por los delitos de robo, hurto, extorsión y homicidio.

—Si se supone que Christian había matado a un hombre llamado Jeferson Gil en 2016 ¿por qué a mi hijo no lo buscaron antes? El delincuente no tiene residencia fija y a mi hijo lo podían encontrar en su casa. A mi hijo lo criminalizaron por ser un joven que vivía en un barrio —contó Carmen, en voz pausada. Su rostro, de piel morena, refleja el dolor con sus expresiones pronunciadas.

Ivonne y Carmen guían a las otras madres en el proceso judicial, las acompañan a los tribunales y las animan para que no desmayen en el proceso. Ninguna de ellas tiene un empleo formal, por lo que a veces no tienen dinero para usar el transporte público que las lleve de sus casas, que quedan en barriadas populares retiradas del centro de la capital.

Al menos dos veces a la semana o cada 15 días, las fundadoras de Madres Poderosas visitan a los fiscales que llevan los casos para averiguar si hay avances. Lo mismo hacen con el resto de las compañeras. La mayoría de las veces no obtienen respuestas de los funcionarios públicos, pero no se cansan, ya no tienen nada que perder porque les arrebataron a sus hijos.

—Estamos luchando contra el verdugo, sabemos que no es una lucha fácil pero seguiremos, no podrán con nosotras porque no criamos a delincuentes, criamos a jóvenes de bien y ahora nos queda defender su nombre —agregó Carmen.

Estas madres se han convertido en abogadas, fiscales, defensoras de los derechos humanos y en correos especiales de los fiscales que llevan sus casos. Manejan términos judiciales y conocen que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad.

El 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal

Cifras de la organización Cofavic apuntan que 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal. En 30% existe retraso injustificado en la tramitación de experticias esenciales, como las autopsias, y en 96% no se ha registrado la detención de los responsables.

Las madres deben encargarse de costear las copias de los expedientes cuando logran tener acceso a ellos, porque en los tribunales no hay presupuesto suficiente. Además, son revictimizadas con los cambios frecuentes de fiscales en diversas oportunidades, con malos tratos de los funcionarios o cuando no las atienden. Incluso han llegado a los tribunales y se encuentran con que no hay electricidad. En el caso del hijo de Ivonne, han removido a los funcionarios al menos seis veces.

—La única forma que yo deje de denunciar es que me muera. No saben con cuánto esfuerzo criamos a nuestros hijos, para sacarlos adelante en un barrio, donde se ven drogas y armas —dijo Carmen.

Lina Rivera siente que Madres Poderosas son su luz en el túnel oscuro que ha significado la pérdida de sus cuatro familiares. En la organización le dan un impulso para luchar. Cuando asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos, entre 2017 y 2018, tuvo miedo hacerle seguimiento a los casos. Pero cuando conoció a Ivonne y a Carmen sintió el valor para regresar.

En julio de 2019, Ivonne y Carmen formaron parte del grupo de familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos que relataron sus testimonios de violaciones de la letalidad policial a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su visita a Venezuela, en 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de Nicolás Maduro que detenga y prevenga el uso excesivo de las fuerza en las manifestaciones, que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se disuelvan las FAES. Al contrario, el mandatario Maduro reiteró el apoyo al cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.

Datos de la exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, revelan que entre enero de 2015 y junio de 2017 se cometieron 8.291 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que Cofavic documentó 11.328 ajusticiamientos por fuerzas de seguridad del Estado, entre 2012 y marzo del 2020.

Una de las mujeres que se incorporó recientemente a la organización de Madres Poderosas fue Miyanllela Fernández. A su hijo Richard Jesús Briceño Fernández, de 23 años, efectivos de las FAES le dieron dos tiros. Ella lo vio herido y lo escuchó gritar de dolor, luego perdió el conocimiento.

El 8 de enero de 2021 se desplegó un operativo policial en la zona popular de La Vega, al oeste de Caracas, para capturar a miembros de una megabanda de delincuentes. El Monitor de Víctimas documentó que 14 jóvenes fueron asesinados por los cuerpos de seguridad. Un informe de Amnistía Internacional considera que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Miyanllela Fernández se ha topado frecuentemente con el funcionario de las FAES, que presuntamente le disparó a su hijo. Carmen Arroyo también se encontró al efectivo supuestamente involucrado en el crimen.

“Cada vez que veía a tres de los funcionarios que estaban ese día, llevaba a mi nieta y me provocaba vengar la muerte de mi hijo. Si yo hubiese sabido que me iban a matar a mi hijo me lo hubiese llevado y no nos hubiésemos quedado en la casa”, dijo Miyanllela.

Carmen se planteó estudiar Derecho en la universidad, desde la ejecución de sus hijo. Hasta el momento no ha logrado obtener el cupo en una institución pública, pero mantiene claro su objetivo de formación y empoderamiento.

Maritza Molina, otra mujer que integra Madres Poderosas, ya está por terminar la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. A su hijo, el doctor Billi Daniel Mascobeto Molina lo asesinaron en Barlovento, estado Miranda, el 29 de febrero de 2012.

En casi 10 años el expediente del caso de su hijo consta de 14 piezas y han cambiado a 21 fiscales nacionales y auxiliares. Ninguno ha resuelto el caso. Se unió a Madres Poderosas por ese impulso y motivación que le dan las otras mujeres para insistir en la búsqueda de justicia.

2 febrero 2022

Publicado originalmente en Open Democracy

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Justicia: el grito de las madres de las víctimas de disparos de la Policía en Colombia

De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Los familiares de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones

Santiago Mesa Andrés Buitrago Catalina Oquendo

Cali / Medellín - 12 ene 2022 - 16:02 COT

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

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Prepotencia, silencio y muerte: rasgos del dominio paramilitar

El asesinato de Huber Velásquez, el pasado 17 de diciembre de 2021, en la vereda La Balsa de San José de Apartadó, tiene características que revelan la extrema gravedad a que ha llegado el dominio paramilitar en la región y sus relaciones con las instituciones, con el Acuerdo de Paz, con el modelo de desarrollo y el modelo de sociedad dominante. No fue un simple episodio de violencia a los que la población de la región se ha acostumbrado tras muchas décadas de terror.

El contexto inmediato fue la pantomima de pavimentación de dos kilómetros de vía entre Apartadó y San José. Un grupo de pobladores de la vereda La Balsa decidieron hacer la Veeduría ciudadana y descubrieron horrores de corrupción: viviendas averiadas y no reparadas, materiales ineptos, calidad muy baja de la obra no obstante su elevadísimo costo que escandalizó a un diputado de la región. Esta veeduría no fue aceptada porque ya existía una veeduría registrada en la Personería; sin embargo, el grupo de Veeduría de La Balsa decidió continuar su trabajo investigativo ya que la otra veeduría no les daba suficiente confianza al aceptar muchas irregularidades que se estaban cometiendo.

Si se tiene en cuenta que la financiación de esa obra fue cubierta con los fondos del Acuerdo de Paz, asumiéndola como un PDET [Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial] para lo cual la Comunidad Internacional aportó enormes sumas de dinero, es de elemental honestidad solicitarle a los organismos internacionales un examen exhaustivo de los gastos, lo cual debe incluir una examen minucioso a los contratos de METRO-PLUS. También la Alcaldía debe ser sometida a rigurosos exámenes de sus egresos. Corre entre la población de la zona el rumor sobre la participación del alcalde Cañizalez en el crimen de Huber, pues sus simpatías por las estructuras paramilitares son de conocimiento público. Una entidad internacional independiente debe investigar esos rumores, pues los órganos de control del Estado hoy día están cooptados, a la luz del día, por el alto gobierno.

Muchos habitantes de La Balsa no salían de su estupor cuando vieron que muchachos muy jóvenes de su misma vereda paralizaron el tráfico, tanto hacia arriba (San José) como hacia abajo (Apartadó) mientras se consumaba el asesinato de Huber, permitiendo que 8 hombres armados penetraran en su vivienda y le arrancaran violentamente la vida. Sin embargo, los pobladores sabían que romper el silencio equivalía a correr un riesgo muy seguro de muerte. Varios asesinatos ocurridos en la zona en el último año se explicaron por la desobediencia de las víctimas a órdenes de los paramilitares. El terror selló el silencio que cubrió y sigue cubriendo este crimen. Adicionalmente hay otro rumor que corre entre los pobladores de La Balsa, según el cual la Junta Comunal ha ordenado destruir la casa construida por Huber en su finca; parece que el afán de arrasar la memoria de las víctimas, como costumbre de los regímenes más crueles, sigue haciendo carrera.

Los mensajes no pueden ser más contundentes: aquí mandan los paramilitares y el que les desobedezca compromete su misma vida; la población debe optar así entre la vida y la muerte.

Con pocos días de distancia, la junta comunal de la vereda La Esperanza decidió introducir a la fuerza una maquinaria en el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, con el fin de iniciar la construcción de una carretera ilegal que nuestra Comunidad ha denunciado repetidas veces, pues no ha respetado ningún requisito de planeación participativa, es planeada y construida por estructuras paramilitares con maquinarias de la fuerza pública y busca servir a la introducción de maquinarias de empresas multinacionales extractivistas que van en contravía de una desarrollo humano y ecológico. Los líderes de la Acción Comunal de la Esperanza han afirmado que construirán la carretera a las buenas o a las malas, sin importarles violar cualquier propiedad privada y cualquier interés que se oponga a su concepción del desarrollo y del progreso que va en contravía de lo humano.

Los métodos de coordinación y de aquiescencia entre la fuerza pública y los paramilitares son ya muy conocidos y rutinarios: el negativismo; la evasión; la ficción de ignorancia; los acuerdos verbales para no encontrarse en los mismos territorios en coincidencia. Así, cuando las evidencias son ineludibles, es aún posible engañar a la sociedad.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Enero 12 de 2022

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Dos policías reducen al abogado Javier Ordóñez en en barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá (Colombia).Redes sociale

El informe independiente solicitado por la alcaldesa Claudia López califica la respuesta a las protestas de septiembre de 2020 como una “masacre policial”

 

Bogotá - 13 dic 2021 - 13:44 COT

https://elpais.com/internacional/2021-12-13/una-investigacion-de-la-onu-concluye-que-la-policia-colombiana-mato-a-11-jovenes-en-las-protestas-de-bogota.html" data-param-url="https://elpais.com/internacional/2021-12-13/una-investigacion-de-la-onu-concluye-que-la-policia-colombiana-mato-a-11-jovenes-en-las-protestas-de-bogota.html" data-share-track-dtm="whatsapp">3

Dos policías reducen al abogado Javier Ordóñez en en barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá (Colombia).Redes sociales

“No puede llamarse de otra manera”. El informe independiente de esclarecimiento apoyado por el Sistema de Naciones Unidas sobre lo ocurrido en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020 ha dicho con todas las letras que lo que vivió la ciudad esos dos días cuando se desataron unas protestas ciudadanas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez durante un operativo por parte de agentes fue una masacre policial. “La policía nacional reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha. Su actuación causó una masacre que acabó con las vidas de 11 jóvenes”, dijo Carlos Negret, ex defensor del pueblo y coordinador de la investigación.

La investigación —solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López— determinó que la masacre ocurrió debido a la “ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes”. Es decir, que faltó un mayor liderazgo “político y operativo” tanto del Gobierno de Iván Duque como el de López para evitar que ocurriera. La alcaldesa se refirió al informe como “doloroso hasta el alma”. Con la voz entrecortada y entre lágrimas, López ofreció disculpas a las familias y amigos de los jóvenes asesinados. “Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. Todos nos equivocamos”, dijo este lunes.

La ‘Relatoría de esclarecimiento del 9S’ también alerta de que, dada la falta de avance en las investigaciones, no es posible garantizar que no se repita. “A 15 meses de la ocurrencia de los hechos, los avances son residuales y si bien no es posible aseverar que se encuentran en la impunidad, hacia allá transitarán si no se adoptan medidas urgentes”, concluye el informe.

Los investigadores documentaron 14 asesinatos en el contexto de las protestas, incluido el de Ordóñez, de los cuales 11 habrían sido a manos de agentes de la Policía, en lo que consideraron “uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia de la ciudad”. El informe advierte también que otros dos asesinatos ocurrieron por personas vestidas de civil que dispararon contra manifestantes.

Pero la masacre pudo ser mayor. La investigación documentó también que 75 personas resultaron heridas por arma de fuego, 187 por armas cortopunzantes, así como las heridas contra 216 agentes de la Policía. En total, dice el documento, se encontraron siete prácticas violentas en el contexto de las manifestaciones: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.

Juliette de Riveros, Representante de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que el objetivo del informe “no es desacreditar a la policía, ni ensuciar su imagen, por el contrario el objetivo es restaurar la confianza, utilizando la verdad”. “Se plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y en la Policía”, dijo Riveros pero dijo que es necesario hacer investigaciones rápidas y creíbles, sanciones inequívocas contra quienes abusaron, reconociendo la verdad y a las víctimas y haciendo ajustes doctrinales necesarios a la Policía.

Catalina Oquendo

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra

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