Excombatientes de las FARC participan hoy en una movilización conmemorativa por los cinco años de la firma del acuerdo de paz, en Medellín (Colombia). — Luis Eduardo Noriega / EFE

El Escuadrón Móvil Antidisturbios tiene a sus espaldas cientos de heridos oculares con traumas "irreversibles" y la ciudadanía colombiana opina que no se pueden "acostumbrar a que el Estado violente de manera indiscriminada".

Colombia y su gente siguen al pie del cañón en la lucha contra el Gobierno de Iván Duque. Las movilizaciones y protestas continúan, así como la represión por parte del Ejecutivo y la especial reacción por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que ha dejado a cientos de personas heridas con traumas oculares. 

Amnistía Internacional, que ha denunciado esta represión por parte del Gobierno, ha documentado, por el momento, 12 de casos de violencia policial que han tenido como resultado "traumas oculares irreversibles". Algunos de estos tuvieron lugar en las marchas de años anteriores, pero durante 2021 ya se han dado ocho casos. 

La organización, que ha analizado más de 300 piezas audiovisuales (que van desde el 28 de abril al 20 de octubre), ha concluido que los agentes del ESMAD "violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes".

Además, en su informe, Amnistía Internacional detalla que las víctimas de trauma ocular se encuentran con "múltiples barreras" con las que lidiar para recibir "atención especializada en salud y atención psicosocial". Asimismo, muchas de ellas han visto dificultado su acceso a un "trabajo digno" o a una educación en igualdad de condiciones. 

No se trata de "hechos fortuitos"

Las víctimas, en este sentido, narran que sus heridas no son "hechos fortuitos", sino que más bien al contrario y, desde el observatorio de violencia policial de Temblores, Grita, su coordinador ha lanzado el siguiente mensaje: "La violencia policial no puede seguir siendo parte de nuestra cotidianidad". Y opina que no se pueden "acostumbrar a que el Estado violente de manera indiscriminada a la ciudadanía, ni mucho menos que lesione a quienes ejercen su derecho a la protesta". 

El informe, además, aporta casos específicos de algunas de las personas que han sufrido este tipo de represión estatal, como Leidy, que perdió el ojo en uno de estos ataques; o testimonios del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), desde donde ayudan a personas como Leidy. 

"Estamos convencidos de la necesidad de seguir visibilizando las formas como la fuerza pública no solo no garantiza los derechos de los ciudadanos, sino que los vulnera deliberadamente", explica la directora de PAIIS, Juliana Bustamante, que ha concluido que "las lesiones oculares se presentan como un castigo a las víctimas por ejercer su legítimo derecho a la protesta, que queda impreso en sus caras y en sus vidas". 

26/11/2021 16:12


Rusia today

Un miembro de las fuerzas de seguridad apunta su arma durante una protesta antigubernamental en Bogotá. 30 de abril de 2021Foto: Luisa González / Reuters

"Tiros a la vista": el informe que documenta las agresiones oculares en Colombia durante el paro nacional contra Iván Duque

Publicado: 26 nov 2021 19:13 GMT

Organizaciones exigen al Gobierno que cumpla las recomendaciones de la CIDH.

El pasado 28 de abril, Leidy Cadena, una estudiante de Ciencia Política, se manifestaba junto con su novio y amigos en el centro de Bogotá, durante la primera jornada del Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque que se extendió por semanas, cuando se dio cuenta de que varios agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se les acercaban.

"Simplemente grité 'ya vámonos' y acto seguido siento mi rostro súper caliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy muy angustiada", recuerda Leidy. El rostro le sangraba, gritaba de dolor, pero los agentes jamás la ayudaron.

La joven perdió un ojo en el ataque. Es una de las más de 100 víctimas de las represiones en las que las fuerzas de Seguridad atacaron directamente a los ojos de los manifestantes, una modalidad que ya se había intensificado en Chile durante las protestas de 2019.

Así lo relata el informe "Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del Paro Nacional", que este viernes presentaron la organización Temblores y Amnistía Internacional, junto a la Universidad de los Andes, y que denuncia la violencia institucional de las fuerzas represivas de Colombia contra la protesta social.

Leidy considera que fue un acto de violencia basada en género, porque sus demás compañeros salieron ilesos. Desde entonces ha tenido que relatar lo ocurrido en al menos 10 entrevistas, lo que la ha revictimizado. A ello se suman las redes sociales y un ataque con pólvora en la puerta de su casa. Las amenazas la obligaron a dejar el país junto con su madre y su pareja.

"Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz", advierte la estudiante en un informe que detalla 12 casos de violencia policial que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles. Cuatro de ellos ocurrieron en años anteriores y ocho el marco del Paro Nacional de 2021, en las ciudades de Bogotá, Popayán, Florencia, Medellín y Manizales.

"El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del ESMAD desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales", señala.

Reclamos

El reporte advierte que estas historias solamente son una muestra de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de manifestaciones sociales.

"Este patrón no es novedoso y hace parte de una historia de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas sociales de más de 20 años en Colombia", explica un documento que también recuerda que, debido a la gravedad de las denuncias durante el Paro Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo en junio de 2021.

"En su informe, la CIDH destacó que recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza con armas potencialmente letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom", precisa.

La información disponible revela que las agresiones directas a los ojos han aumentado. El Sistema de Información de Agresiones Oculares a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad, registró 12 lesiones oculares en el marco de protestas entre el 10 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, lo que implica un ataque cada 3,6 días.

En comparación con estos datos, la plataforma GRITA de Temblores registró que del 28 de abril al 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares, es decir, una cada 0,81 días. Con respecto al perfil de las víctimas, 90 son varones, en su mayoría estudiantes de entre 18 y 22 años.

De las 103 personas agredidas este año, 14 perdieron el ojo y 14 la vista total; nueve sufrieron pérdida parcial y seis más heridas oculares sin pérdida de vista, en tanto que 60 quedaron sin un trauma identificado.  

"Ligada a las afectaciones físicas y mentales, las víctimas dan cuenta de las múltiples barreras que enfrentan para el goce efectivo de sus derechos a la salud, a la movilidad, a la educación y al trabajo, entre otros", señala el informe que, además, recomienda a las autoridades nacionales cumplir sin demora las recomendaciones formuladas por la CIDH para asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público esté sometido a un protocolo estricto y público para prevenir afectaciones a la integridad y a la salud de manifestantes.

"Asimismo, se insta a las autoridades a cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa", añade al sumarse al llamado de organizaciones sociales nacionales e internacionales para reformar a la Policía Nacional y, en particular, al ESMAD.

Alejandro Rodríguez Pabón, coordinador de la plataforma GRITA en la ONG Temblores, aseguró en una entrevista a RT que Iván Duque solo respondió con silencio a su solicitud de dialogar sobre la violencia policial en el país.


Sputnik mundo

El dilema de sobrevivir a las protestas en Colombia… a cambio de la vista

Por Paula Carrillo

BOGOTÁ (Sputnik) — Gareth Sella, Faber Carvajal y Daniel Jaimes son tres jóvenes colombianos que comparten la suerte de haber sobrevivido al abuso policial en las protestas este año, aunque con un alto precio: la vista.

Sella, cineasta de 25 años, fue el primero de ellos. Cuando le arrebataron la vista del ojo izquierdo, no había empezado el llamado Paro Nacional, como se conocen las más fuertes protestas que haya enfrentado el Gobierno de Iván Duque, y que tuvieron lugar del 28 de abril hasta mediados de año.

No eran tan frecuentes entonces los disparos a la cara. Después, durante las manifestaciones, la práctica se volvería común: al menos un centenar de personas dejó de ver con algún ojo, según el informe "Tiros a la vista", de las ONG Temblores y Amnistía Internacional; y la Universidad de Los Andes.

"Salí con la Primera Línea 'Escudos Azules'. El día anterior, la policía había sacado una alerta tachándonos como un grupo radical y violento. Entonces, me dispararon al ojo", afirma este joven en entrevista con la Agencia Sputnik.

"Ya nos íbamos. Yo estaba viendo de frente a los antidisturbios porque si no, disparan a la cabeza por detrás, como le pasó a Dylan Cruz", asegura, al recordar al joven de 18 años que murió, también en el centro de la capital colombiana, por un objeto contundente lanzado por un uniformado hace dos años.

Sella tenía los elementos que usa la llamada Primera Línea, como se autodenominan manifestantes que, con escudos de lata, cascos de construcción, gafas de plástico y guantes, se ubican al frente de los uniformados.

Según ellos, para proteger la protesta de los abusos. Según las autoridades, para vandalizarla.

Sin embargo, se quitó las gafas porque se le empañaban y "llegó una ráfaga de 'marcadoras'", como llama a las balas de goma.

"En dos minutos, todo se fue al carajo", confiesa.

De pelo largo, acompañado por uno de sus tres perros y con gafas de sol, asiste, con otros compañeros de tragedia, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, para acompañar la presentación del informe mencionado anteriormente.

Un acordeón

Tres meses después de Sella, y de otros casos más de lesiones oculares, le llegó el turno a Jaimes, en el sur de Bogotá.

Era 1 de mayo, y él ya estaba en el "tropel", como se conoce en Colombia al enfrentamiento entre manifestantes (que usualmente lanzan piedras y en ocasiones, bombas molotov), y policía (con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y demás).

"Al frente mío estaba ubicado un agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Me disparó directamente al rostro, y me causó múltiples fracturas", cuenta este joven de 20 años, que incorporó a su vestuario un parche negro para cubrir la lesión.

Una cicatriz le atraviesa la cara. Sigue hablando pausadamente.

"Me disparó en la zona derecha de la nariz. Me causó pérdida de pómulos, de dientes. Parecía un acordeón", revela este aprendiz de tatuador, que perdió la confianza en la policía.

Amenazado

Dos meses después, otro joven de 20 años se despedía de su ojo izquierdo al otro lado del país. Concretamente, en Popayán (suroeste), epicentro de violentas manifestaciones, junto con Cali y Bogotá.

"Yo estaba grabando, documentando todo lo que estaba sucediendo en Popayán (para publicarlo en redes sociales). Ya agentes del Esmad me habían dicho que me iban a sacar los ojos, que me iban a matar", relató Faber Carvajal, quien también incorporó un parche de color piel a su atuendo.

"Ese día, 7 de julio, yo estaba en la mitad de la confrontación, al lado de la tanqueta (del Esmad). Me asomo por un lado y no veo a nadie. Voy por el otro y hasta ahí me acuerdo", reconoce.

Aunque en el resto del país ya disminuía el estallido social, esta ciudad, capital del departamento del Cauca (suroeste), se encendía aún más: la joven Alison Meléndez se había suicidado luego de denunciar una violación múltiple por parte de agentes.

"Los ahorros que tenía para la universidad me los tuve que gastar todos" en tratamientos, continúa Carvajal.

Su autoconfianza se fue también con el ojo izquierdo.

"Yo no salía de mi casa ni de mi habitación. Antes era una persona que me expresaba muy bien, pero ahora me da miedo hablar. No puedo sostener la mirada. Es complejo", agrega.

La lesión ocular era, sin embargo, una primera advertencia. Luego siguieron las amenazas de muerte, por lo que tuvo que dejar su ciudad natal para salvar, por lo menos, su vida.

De acuerdo con el reporte de Derechos Humanos, la mayoría de casos se ha presentado en Bogotá (54,37%), seguido por el departamento de Valle del Cauca (11,65%) y Cauca (7,77%),

El perfil de las víctimas es, en su mayoría, hombres de entre 18 y 22 años, usualmente estudiantes y de bajos recursos.

Según Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, la diferencia entre el número de lesiones oculares en el marco de protestas ocurridas en Colombia respecto a Chile (donde también fueron frecuentes), es que allí hubo "más personas con lesiones oculares, pero menos asesinados".

En Colombia, por el contrario, estas organizaciones documentaron 103 personas que perdieron la vista, pero más de 40 homicidios en las manifestaciones, presuntamente a manos de la fuerza pública.

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Miércoles, 24 Noviembre 2021 05:20

Masacre que no se filtra, no existe

Masacre que no se filtra, no existe

 Si las guerras pueden comenzar con mentiras, la paz bien puede comenzar con la verdad”.  Julian Assange.

El 8 de marzo de 2019, los analistas de un comando militar estadounidense localizado en la millonaria península de Catar se encontraban observando una calle de un pueblo pobre en Siria a través de imágenes de alta definición captadas por un dron inteligente. En la conversación que quedó grabada, los analistas reconocieron que la multitud estaba compuesta mayormente por niños y mujeres. A un costado, un hombre portaba un arma, pero todo parecía desarrollarse de forma tranquila. Hasta que una bomba de 220 kilogramos fue arrojada desde un poderoso F-15E, justo sobre la multitud. Doce minutos más tarde, cuando los sobrevivientes de la primera bomba comenzaban a correr o a arrastrarse, el mismo avión arrojó dos bombas más, esta vez de una tonelada de explosivos cada una y a un costo de un millón de dólares por explosión.

A 1870 kilómetros, en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del ejército estadounidense en la base de Al Udeid en Catar, los oficiales observaron la masacre en vivo. Alguien en la sala preguntó, sorprendido, de dónde había partido la orden.

Al día siguiente, los observadores civiles que llegaron al área encontraron casi un centenar de cuerpos destrozados de niños y mujeres. La organización de derechos humanos Raqqa Is Being Slaughtered publicó algunas fotos de los cuerpos, pero las imágenes satelitales sólo mostraron que donde cuatro días atrás había un barrio modesto sobre el río Eufrates y en un área bajo el control de la “coalición democrática”, ahora no quedaba nada. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se negó a explicar el misterio.

Luego se supo que la orden del bombardeo había procedido de un grupo especial llamado “Task Force 9”, el cual solía operar en Siria sin esperar confirmaciones del comando. El abogado de la Fuerza Aérea, teniente coronel Dean W. Korsak, informó que muy probablemente se había tratado de un “crimen de guerra”. Al no encontrar eco entre sus colegas, el coronel Korsak filtró la información secreta y las medidas de encubrimiento de los hechos a un comité del Senado estadounidense, reconociendo que, al hacerlo, se estaba “poniendo en un serio riesgo de represalia militar”. Según Korsak, sus superiores se negaron a cualquier investigación. “La investigación sobre los bombardeos había muerto antes de iniciarse”, escribió. “Mi supervisor se negó a discutir el asunto conmigo”.

Cuando el New York Times realizó una investigación sobre los hechos y la envió al comando de la Fuerza Aérea, éste confirmó los hechos pero se justificó afirmando que habían sido ataques necesarios. El gobierno del presidente Trump se refirió a la guerra aérea contra el Estado Islámico en Siria como la campaña de bombardeo más precisa y humana de la historia.

El 13 de noviembre el New York Times publicó su extensa investigación sobre el bombardeo de Baghuz. De la misma forma que esta masacre no fue reportada ni alcanzó la indignación de la gran prensa mundial, así también será olvidada como fueron olvidadas otras masacres de las fuerzas de la libertad y la civilización en países lejanos.

El mismo diario recordó que el ejército admitió la matanza de diez civiles inocentes (siete de ellos niños) el 10 de agosto en Kabul, Afganistán, pero este tipo de reconocimiento público es algo inusual. Más a menudo, las muertes de civiles no se cuentan incluso en informes clasificados. Casi mil ataques alcanzaron objetivos en Siria e Irak solo en 2019, utilizando 4.729 bombas. Sin embargo, el recuento oficial de civiles muertos por parte del ejército durante todo el año es de solo 22. En cinco años, se reportaron 35.000 ataques pero, por ejemplo, los bombardeos del 18 de marzo que costaron la vida a casi un centenar de inocentes no aparecen por ninguna parte.

En estos ataques, varias ciudades sirias, incluida la capital regional, Raqqa, quedaron reducidas escombros. Las organizaciones de derechos humanos informaron que la coalición causó miles de muertes de civiles durante la guerra, pero en los informes oficiales y en la prensa influyente del mundo no se encuentran, salvo excepciones como el de este informe del NYT. Mucho menos en los informes militares que evalúan e investigan sus propias acciones.

Según el NYT del 13 de noviembre, la CIA informó que las acciones se realizaban con pleno conocimiento de que los bombardeos podrían matar personas, descubrimiento que podría hacerlos merecedores del próximo Premio Nobel de Física.

En Baghuz se libró una de las últimas batallas contra el dominio territorial de ISIS, otro grupo surgido del caos promovido por Washington en Medio Oriente, en este caso, a partir de la invasión a Irak lanzada en 2003 por la santísima trinidad Bush-Blair-Aznar y en base a las ya célebres mentiras que luego vendieron como errores de inteligencia. Guerra que dejó más de un millón de muertos como si nada.

Desde entonces, cada vez que se sabe de alguna matanza de las fuerzas civilizadoras, es por alguna filtración. Basta con recordar otra investigación, la del USA Today que hace dos años reveló los hechos acontecidos en Afganistán el 22 de agosto de 2008. Luego del bombardeo de Azizabad, los oficiales del ejército estadounidense (incluido Oliver North, convicto y perdonado por mentirle al Congreso en el escándalo Irán-Contras) informaron que todo había salido a la perfección, que la aldea los había recibido con aplausos, que se había matado a un líder talibán y que los daños colaterales habían sido mínimos. No se informó que los habían recibido a pedradas, que habían muerto decenas de personas, entre ellos 60 niños. Un detalle.

Mientras tanto, Julian Assange continúa secuestrado por cometer el delito de informar sobre crímenes de guerra semejantes. Mientras tanto los semidioses continúan decidiendo desde el cielo quiénes viven y quiénes mueren, ya sea desde drones inteligentes o por su policía ideológica, la CIA. Este mismo mes, la respetable cadena de radio estatal de Estados Unidos, NPR (no puedo decir lo mismo de la mafia de las grandes cadenas privadas), ha reportado que hace un año la CIA debatió entre matar o secuestrar a Julian Assange.

La conveniente, cobarde y recurrente justificación de que estos ataques se tratan de actos de “defensa propia” es una broma de muy mal gusto. No existe ningún acto de defensa propia cuando un país está ocupando otro país y bombardeando inocentes que luego son etiquetados como “efectos colaterales”.

Está de más decir que ninguna investigación culminará nunca con una condena efectiva a los responsables de semejantes atrocidades que nunca conmueve a las almas religiosas. Si así ocurriese, sólo sería cuestión de esperar un perdón presidencial, como cada mes de noviembre, para Acción de Gracias, el presidente estadounidense perdona a un pavo blanco, justo en medio de una masacre de millones de pavos negros.

Nadie sabe y seguramente nadie sabrá nunca los nombres de los responsables de esta masacre. Lo que sí sabemos es que en unos años volverán a su país y lucirán orgullosas medallas en el pecho que sólo ellos saben qué significa. Sabemos, también, que al verlas muchos patriotas les agradecerán “por luchar por nuestra libertad” y les darán las gracias “por su sacrificio protegiendo este país”. Muchos de estos agradecidos patriotas son los mismos que flamean la bandera de la Confederación en sus 4x4, el único grupo que estuvo a punto de destruir la existencia de este país en el siglo XIX para mantener “la sagrada institución de la esclavitud”.

Tradición que nunca murió. Sólo cambió de forma.

Jorge Majfud es escritor uruguayo-estadounidense. Profesor en la Jacksonville University. 

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Coronavirus: Bolsonaro se autoentregó una medalla al Mérito Científico

Y no es 28 de diciembre

Brasil fue uno de los países que más padeció la pandemia de covid-19, con una gran cantidad de infectados y fallecidos, y la gestión sanitaria de Jair Bolsonaro fue duramente criticada por la sociedad, que se evidenció en una fuerte caída de aprobación e imagen positiva. Pese a ello, el presidente de Brasil se autocondecoró con la medalla al Orden Nacional del Mérito Científico, un honor reservado para "personalidades nacionales y extranjeras que se han distinguido por sus destacados aportes a la Ciencia, a la Tecnología  e Innovación". El decreto fue publicado este jueves en el el Diário Oficial da União.

Además de la medalla que se otorgó Bolsonaro, también fueron distinguidos otros funcionarios de su gobierno. A Marcos Pontes, el ministro de Ciencia y Tecnología, se le concedió el título de canciller. Mientras que, Paolo Guedes, el ministro de Economía neoliberal, Carlos Françam, ministro de Relaciones Exteriores, y Milton Ribeiro, ministro de Educación, recibieron una propuesta para ocupar un puesto en el Consejo del Orden.

Tras difundirse la noticia, la prensa local apuntó contra Bolsonaro al remarcar la incoherencia de su accionar. "Fue el primer negacionista científico en recibir dicha condecoración", tituló el diario Estado de Minas. En tanto, Lucas Vasques, periodista de Forum, señaló: “El presidente nunca ofreció ninguna contribución científica desde que asumió en el Ejecutivo".

La autocondecoración de Bolsonaro se produce poco después de que la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de Brasil presentara en el Senado una acusación en su contra por un crimen de lesa humanidad, además de otros cargos, por omisiones del gobierno en relación con la pandemia. 

El presidente brasileño tampoco se vacunó contra la covid-19, defiende habitualmente fármacos de probada ineficacia para el tratamiento de la enfermedad y no suele utilizar barbijo ni siquiera en aglomeraciones.

Esta no es la primera vez que el presidente brasileño interviene de forma arbitraria en el otorgamiento de una distinción. En julio de este año, Bolsonaro premió a su esposa, Michelle Bolsonaro, con la medalla al Mérito Oswaldo Cruz. 

Dicha distinción reconoce los esfuerzos de las autoridades y personalidades que contribuyeron directa o indirectamente en el bienestar físico y mental de la población brasileña.

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Hatice Cengiz, expareja de Jamal Khashoggi, declarando ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre asesinato de periodistas. — TPP

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) juzga la impunidad en el asesinato de periodistas en distintos países del mundo. Denuncia que se trata de uno de los crímenes más impunes que existen y reclama la atención de los Estados.

En los escasos diez minutos que la periodista Pavla Holcová habló ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para exponer cómo había sido asesinado su colega y amigo, el periodista Ján Kuciak, en Eslovaquia en 2018, y denunciar que el artífice intelectual de su muerte aún no ha sido aún condenado, recibió en su teléfono móvil al menos tres amenazas advirtiéndole sobre su muerte o amenazándola con que algo malo le pasaría. No es nuevo. Es con lo que convive desde hace años, cuando decidió dedicarse el periodismo de investigación y destapar los entuertos de los poderosos y las mafias. Otros como Kuciak acabaron asesinados por realizar su trabajo de denuncia a los poderosos. En muchas ocasiones, afirma Holcová, estos poderes ocultos y los gobiernos o el mismísimo poder judicial acaban siendo una misma cosa o tienen relaciones muy robustas. 

El tribunal donde se ha presentado el caso de Ján Kuciak no es un tribunal al uso. Se ha celebrado en la Haya, ante un Tribunal del Pueblo, una forma de denuncia puesta en marcha por la sociedad civil hace cerca de 40 años y en la  que se da testimonio de serias violaciones de los derechos humanos que nadie parece querer reconocer o tener intención de juzgar. En este caso, el Tribunal del Pueblo ha puesto el foco en la impunidad que existe ante los asesinatos de periodistas en todo el mundo.

El Tribunal Popular por el Asesinato de Periodistas acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria por no impartir justicia por los asesinatos de Lasantha Wickrematunge, Miguel Ángel López Velasco y Nabil Al-Sharbaji. La sesión de este martes ha sido la apertura del proceso. En los próximos seis meses el tribunal se reunirá en otras tres ocasiones en distintos países para analizar en profundidad estos tres casos. Entre los testigos clave que han participado en la sesión de apertura de este martes dando testimonio, figuran la académica Hatice Cengiz, pareja sentimental del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado saudí de Turquía; el periodista Matthew Caruana Galizia, hijo de la también periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017; y Pavla Holcová, periodista de investigación y colega del reportero eslovaco Ján Kuciak, asesinado en 2018, entre otros.

Durante su comparecencia, Hetice Cengiz denunció la impunidad que existe tras el asesinato de Khashoggi. "Todos saben lo que le ocurrió a Jamal pero nadie hace nada por castigar a los culpables debido a los intereses económicos". Y arremetió contra los estados que han continuado manteniendo relaciones con Arabia Saudí como si nada hubiera pasado. "No hay acción real. No hay sanciones. Hablo de la persona que ordenó su asesinato. Es necesario pararlo, decir que no puede entrar en los distintos países, que no se puede hacer negocios con él", afirmó y añadió que ella es una persona normal, a la que no le gusta que le llamen defensora de los derechos humanos, porque "sólo la inacción y el silencio internacional me ha colocado en esta situación". "Estuve en peligro, y sigo. La impunidad envalentona a los asesinos. Sabemos los nombres, pero lo que no sabemos nada es sobre los tribunales que lo deberían juzgar", denunció.

Uno de los crímenes menos perseguidos

Las organizaciones que impulsan esta iniciativa, que tuvo lugar este martes en La Haya (Holanda), denuncian que cada semana es asesinado un periodista por desvelar la verdad. Se trata, afirman, de uno de los crímenes con índices más altos de impunidad, puesto que en más de ocho de cada diez casos los asesinos no son condenados o ni siquiera juzgados.

Este Tribunal de los Pueblos fue puesto en marcha por la iniciativa A Safer World for the Truth (Un mundo más seguro para la verdad), de la mano de las organizaciones Free Press Unlimited (FPU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en respuesta al alarmante número de periodistas que son asesinados cada año y a la falta de Justicia en la mayoría de estos casos. Desde 1992, unos 1.409 periodistas han sido asesinados por hacer una labor vital: brindar información confiable al público. En al menos 900 de estos casos, los periodistas fueron asesinados en represalia directa por su trabajo. La impunidad de estos crímenes es tal, afirman las organizaciones, que en el 86% de estos casos ninguno de los perpetradores ha sido llevado ante la Justicia. "Estos asesinatos, y la impunidad posterior, son la consecuencia última de un entorno hostil para la libertad de prensa, caracterizado por acoso, ataques violentos u otros intentos de silenciar a los periodistas", afirman las organizaciones.

"No es un tribunal al uso. Se trata de un tribunal simbólico, porque su veredicto no tiene validez en las normas internacionales, pero si tiene la trayectoria de denunciar y asentar ciertas verdades para que no se puedan ignorar. A lo largo de las últimas décadas se han hecho diversas de estas iniciativas con temas como la violencia de género, cosa que no había ocurrido hasta el tribunal sobre Ruanda", afirma a Público la jurista Almudena Bernabeu, del colectivo Guernica 37, que en este proceso popular ha ejercido la labor de fiscal.

"Hay temas que a veces pasan desapercibidos o no son cohesivos para verlos como un todo, y este tipo de iniciativas te permite verlos de esta manera colectiva, agrupada, en la que ves que existen patrones y puedes ver la correlación de lo que está pasando en México y lo que está pasando en Sri Lanca. Entonces puedes ver que son similares, que son violaciones sistemáticas, que pasan de la misma manera y que responden a las mismas realidades cuando se incomoda a quien está en el poder. Es un tribunal de denuncia que nos permitirá escuchar la voz de 15 personas, entre testigos, historias personales y profesionales que han sufrido estas agresiones en su propia carne", añade la jurista.

Denunciar a los Estados y sensibilizar a la sociedad

Estos tribunales están diseñados para responsabilizar a los Estados por las violaciones del derecho internacional mediante la sensibilización de la sociedad civil y consisten en la recopilación de testimonios. "Además, añade Almudena Bernabeu, generan un registro de pruebas legítimas y desempeñan un papel importante en el empoderamiento de las víctimas y en el registro de sus historias".

Periodistas de todo el mundo son acosados, arrestados, secuestrados y asesinados por hacer su trabajo: por encontrar la verdad. Los organizadores del Tribunal han afirmado que la tendencia criminal hacia los periodistas se ha mantenido estable en los últimos diez años  "impulsada por la falta de voluntad política y la escasa capacidad institucional" de los Estados. 

"Tocar a los poderosos, o enfadarlos es lo que pone en riesgo a los periodistas. Porque los poderosos creen que son intocables, muy a menudo. Cuando los expones se sientes muy incómodos y creen que ese sentimiento de intocables les da también n sentido de impunidad. Por eso deciden silenciar a los periodistas asesinándolos", explica Pavla Holcová en declaraciones a Publico tras su denuncia ante el tribunal. "Hace un par de semanas publicamos una historia sobre el primer ministro checho y y sus inversiones offshore y sus compras de inmuebles lujosos en Francia. Desde entonces las amenazas se intensificaron", añadió.

Afirma que si la gente en Eslovaquia no hubiera salido masivamente a la calle a presionar al Gobierno y a la Policía para demandar Justicia tras el asesinato de Ján Kuciak, se hubiera venido abajo. Pero la gente salió masivamente y derrocó al Gobierno. 

"Por eso creo que lo que hemos hecho hoy en este Tribunal del Pueblo es importante, porque es clave que la sociedad en general sepa que el periodismo de investigación es un trabajo duro y peligroso y que muchas veces producimos información que nos pueden costar la vida. Pero la gente asume que va a tener este tipo de información gratis y de forma fácil de consumir", concluye Holcová.


Colombia

Porcentaje de impunidad en casos de asesinatos de periodistas se acerca al 80 %, alerta la Flip

Según la Fundación Para la Libertad de Prensa, en Colombia se han registrado 132 amenazas contra periodistas en 2021

Este martes 2 de noviembre se conmemora el ‘Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas’, con motivo de esta fecha la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó por los niveles de violencia que alcanza Colombia en este escenario.

De acuerdo con la Flip, la impunidad en casos de asesinatos de periodistas en el país alcanza el 78.8 %; cifra que aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98 % de impunidad.

El último informe de tendencias mundiales sobre seguridad de los periodistas de la Unesco registra una disminución del 20 % en el número de asesinatos de periodistas entre 2016 y 2020, comparado con el periodo entre 2011 y 2015.

Sin embargo, en Colombia las cifras son contrarias. De acuerdo con la Flip, en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre 2011 y 2015 fueron asesinados siete.

“Esto evidencia la violencia contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento. La impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias”, puntualizó la fundación.

En Colombia, entre 1938 y 2021 han asesinado a 163 periodistas por razones vinculadas a su oficio. En el 78.8 % de estos casos no se ha proferido ninguna condena a los responsables y sólo en uno de ellos, el caso de Orlando Sierra, se ha logrado una justicia plena, aseguró la Flip este martes.

El último asesinato fue hace menos de dos meses

El pasado 19 de septiembre el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá en hechos que aún no han sido esclarecidos por parte de las autoridades.

Según la Flip, existen indicios suficientes para sostener que el homicidio de Montalvo estaría relacionado con las denuncias que realizaba en el desarrollo de su oficio.

Como el crimen no ha sido esclarecido por parte de las autoridades competentes, no se ha hecho justicia por la muerte del periodista pues se desconoce quién o quiénes son los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Las amenazas son el delito más constante contra los periodistas en Colombia

En el informe que publicó la Flip este martes 2 de noviembre, se resaltó el delito que más se comete contra periodistas en el país es el de amenaza.

De acuerdo con la entidad, en los últimos cinco años las amenazas han ido en aumento hasta consolidarse como la agresión más recurrente contra periodistas.

“Durante todo el 2020 la FLIP registró 152 amenazas, y en lo corrido del 2021 van 132. A pesar de algunos avances en las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación mantiene el 98% de los casos de amenazas a periodistas en la impunidad”, aseguró la fundación.

En este documento la Flip resaltó el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de la periodista Jineth Bedoya, en el que se estableció que las amenazas no son una agresión menor.

Citando el mismo caso, la entidad aseguró que las medidas de reparación ordenadas por la CIDH se convierten en una oportunidad y la hoja de ruta para que el Estado avance “en la dirección correcta para formular una política integral de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra la prensa, que resulta esencial para el fortalecimiento de una sociedad democrática”.

“El Estado debe cumplir la deuda histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los y las periodistas. Solo a través del trabajo diligente de las entidades encargadas de la investigación y judicialización se podrán disminuir las cifras de ataques contra la prensa y se logrará justicia”, añadió la Flip.

Por Infobae

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, retratado el 4 de octubre pasado en Santiago, es uno de los gobernantes mencionados en el escándalo de los Papeles de Pandora.Foto Ap

América Latina (AL) no necesitaba de la hediondez explosiva de los Pandora Papers para exponer la debacle financiera/económica y sociopolítica del caduco modelo neoliberal y su pernicioso decálogo del Consenso de Washington (https://bit.ly/3vud9G8).

El desplome del globalismo neoliberal en AL desde México hasta Perú se ha acelerado y generalizado –con la nada honrosa excepción de Ecuador, donde triunfó su "presidente Tik Tok", el banquero Guillermo Lasso: más por los errores estratégicos de campaña del correísmo, que por sus aciertos (https://bit.ly/3C4b0n2)– donde hoy triunfan los soberanistas frente a los globalistas (https://bit.ly/3aTqUVe) y una de cuyas principales características es la asombrosa cuan fascinante revuelta de los millennials.

La aguda profundización de la desglobalizacion (https://bit.ly/3jkpLKT) arreció desde 2019 con un caos relativo, al unísono de la “agonía del neoliberalismo con auge de la remilitarización (https://bit.ly/3vFkra9)”, que implora a gritos sus exequias democráticas. Hoy, dos años más tarde, el globalismo neoliberal en AL ha llegado al límite de su putrefacción con la exposición pestilente de los Pandora Papers, hermanos simbióticos de los Panama Papers, y su blanqueo fundacional en las Islas Vírgenes Británicas (sic), donde han sido exhumados nombres de presidentes en funciones, como Lasso –recidivista caradura con su lavado adicional en Dakota del Sur– y el pinochetista Sebastián Piñera, de Chile, propulsado como el nefario "modelo (sic) a seguir" por sus epígonos y propagandistas de Televisa (https://bit.ly/3DVyGdz), al unísono del muy mancillado Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que todavía se atreve a propinar lecciones de moral desde su patente inmoralidad (https://bit.ly/3naSD9r).

Mientras en otros países expuestos de AL se lavan olímpica y lamentablemente las manos como Poncio Pilatos, sobre los inmundos nombres de los hermanos simbióticos Panama Papers/Pandora Papers, en Ecuador, su Parlamento convocó al desfalleciente Lasso a comparecer, lo cual le puede valer ser defenestrado, si es que se aplica correctamente la ley que prohíbe tajantemente la evasión fiscal y el blanqueo de su clase política (https://bit.ly/3G1pXso). Lasso, que suele ser incontinentemente locuaz ante los multimedia, se defiende como gato boca arriba (https://bit.ly/2Ze3jMy) y ha optado por una defensa muy endeble al acusar de "conspiración" a medio mundo, lo cual tilda en forma alucinatoria de “golpe a la democracia (https://bit.ly/3pnC8Kd)”. Con la carga de un motín en las cárceles de Ecuador –más de 100 muertos–, Lasso ya había decretado hace 20 días el “estado de excepción (https://bit.ly/3pfIpHx)”: situación que parece complacerle, ya que el 18 de octubre volvió a decretar otro "estado de excepción" yuxtapuesto al anterior, ahora para el país entero, con el fin de alargar su proceso de defenestración (https://bit.ly/3G5SP2K).

Desde hace dos años también estalló el mito chileno y su pinochetismo neoliberal (https://bit.ly/3G0SJJA). Piñera es un caso perdido y naufraga en medio de la derrota del globalismo neoliberal (https://bit.ly/3jjx8lL): ahora será sometido a juicio político para ser humillantemente defenestrado, debido a la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, cuya compraventa fue descobijada por los Pandora Papers y armada, para no variar, en las Islas Vírgenes Británicas (https://bit.ly/3n7ZsbW).

Ya hace cinco años, el estrambótico Vargas Llosa, con un hilarante complejo de superioridad (https://bit.ly/2Z2r0rq), fue atrapado en su lavado en los Panama Papers (https://bit.ly/3vpzFzP). Ahora Vargas Llosa, recidivista consuetudinario del blanqueo, es exhibido sin pudor ni rubor por los Pandora Papers en su evasión fiscal en las Islas Vírgenes Británicas.

La Academia Sueca, que otorga sus Premios Nobel en forma selectivamente antigravitatoria, si es que no se quiere hacer cómplice de preseas sin probidad que ofenden a la mayoría de la población de AL, debería rescindir el Premio Nobel de Literatura del presunto delincuente peruano.

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Rasgos de una dictadura paramilitar en nuestra región. Gobernar por el terror.

 

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que lo hace fuerte para someter al campesinado a sus proyectos. 

Con mucho dolor y descontento se encuentra nuestra región, pues ya no se sabe cómo dar el paso adelante, teniendo al frente un muro de muerte, que no permite que se viva con dignidad y libertad en nuestras tierras. Ahora los paramilitares, como desde los comienzos del año 2017, están obligando a la población civil a reunirse con ellos y para infundir terror en esas reuniones, grupos de ellos participan con uniformes camuflados y con armas largas; así creen lograr que sus órdenes y directrices sean obedecidas por la población civil. 

Alias “CRISTIAN” y alias “FRANCO”, conocidos políticos de los paramilitares, en estos momentos están reuniendo obligadamente a la población de la zona y nadie está haciendo nada por impedirlo. Quien no participe, es sometido a pagar altas multas o a ponerse en alto riesgo si no acepta participar en esos proyectos. 

Lo más triste es ver cómo los intereses económicos de los políticos sólo han buscado lucrarse a costa de la población civil, mientras el paramilitarismo diseña políticas de exterminio de esa población civil. San José de Apartadó se ha convertido en un escenario de yugo y dictadura por parte de políticos, empresarios, fuerzas militares y paramilitares ya que todos ellos conviven en esta región y entre sí no se hacen daño pues los perjuicios los sufre el campesino que tiene que someterse a todas esas acciones de opresión. En la zona se escucha que se realizará el desminado humanitario en algunas veredas y para lograrlo supuestamente el Batallón de Desminado N. 6 tiene que colocar unas repetidoras o torres de control para radios de comunicación VHF, entre otros. No se entiende a quién se busca beneficiar con esto, pues lo claro es que no beneficia a la población civil, sino que se refuerza el control armado en la zona. 

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • ·El lunes 20 de septiembre de 2021, en horas del día y en medio de fuerte consumo de licor en un espacio público, en La vereda La Unión, fue visto el paramilitar conocido como alias “Pollo”.
  • ·El martes 21 de septiembre de 2021, en horas de la noche, reconocidos paramilitares que controlan el poblado de San José de Apartadó y sus veredas, intentaron asesinar a un joven en el casco urbano de San José. En el lugar se escucharon varios disparos, al parecer de arma larga. Los hechos ocurrieron en el lugar conocido como La Invasión. Este día las unidades de Policía y Ejército que controlan el orden público en el centro urbano actúan como si nada hubiera pasado, pues se hicieron los ciegos y sordos ante el hecho, lo que reconfirma una vez más la complicidad y unidad de acción entre fuerza pública y paramilitarismo e la zona. 
  • ·El jueves 23 de septiembre de 2021, a las 13.00 horas, fue visto un punto o informante paramilitar en el lugar conocido como La Pedrona, de la vereda Mulatos Cabecera, quien portaba dos radios de comunicación. 
  • ·El domingo 26 de septiembre de 2021, tuvo lugar una fiesta, organizada por el Señor CÉSAR JARAMILLO, funcionario de FEDECACAO y asesor de la Alcaldía y de las Juntas Comunales, en el casco urbano de san José de Apartadó. A ella se invitó a las veredas del corregimiento y allí supuestamente le fue entregada una ambulancia al corregimiento para sus necesidades emergentes de llevar enfermos a los servicios médicos de Apartadó. Los engaños no tienen fin, pues al parecer dicha ambulancia la gestionó el coronel Bastidas para el servicio del Batallón #6 de Desminado y sólo estaría en San José hasta el día en que termine el desminado humanitario. 
  • ·El martes 28 de septiembre de 2021, en horas de la tarde, los paramilitares que controlan la región reunieron bajo amenazas a la población civil de la vereda La Cristalina; allí, según la información recibida, alias “CRISTIAN” y una persona mayor de nombre “FRANCO”, al parecer mando superior, quien a la vez estaba con más de 20 hombres vestidos de camuflado y portando armas largas, forzaron a los campesinos a asistir a la reunión para imponerle nuevas órdenes a los pobladores. 
  • ·El mismo martes 28 de septiembre de 2021, conocimos un audio donde el Señor CÉSAR JARAMILLO arremetió con graves calumnias contra una persona cercana a la región y contra nuestra Comunidad de Paz. En dicho audio, dirigido a las juntas de acción comunal, les comunica que dicha persona es un “delincuente” porque “defiende delincuentes”, es decir, porque defiende a nuestra Comunidad de Paz, compuesta, según él, por “delincuentes”. 
  • ·El miércoles 29 de septiembre de 2021, conocimos audios donde funcionarios del proyecto de Desminado Humanitario para San José de Apartadó comunican que colocarán unas torres de comunicación en la zona para radios de comunicación VHF. Según información de pobladores, se colocaría una torre en la vereda Alto Bonito y otra en la vereda La Hoz. Preocupa que se esté programando poner repetidoras para radios de comunicación sin saber cuál es la relación entre esto y el plan de desminar algunas veredas. Lo que sí es claro es que en la zona los que están utilizando radios de comunicación son la policía, el ejército y los paramilitares y esto les permite cargar radios de alta frecuencia en la zona. La estrategia del control no cesa en la región. Se busca de mil maneras controlar toda la vida de los pobladores para no permitir que sus maneras de pensar, de organizarse, de vivir, de pensar su futuro, se salga de los moldes que el paramilitarismo quiere imponer a sangre y fuego, estigmatizando a quien no piense como ellos o a quien estorbe los proyectos de explotación y opresión que quieren imponer. 
  • ·El jueves 30 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, los mismos paramilitares que reunieron a los campesinos el pasado martes 28 de septiembre en La Cristalina, convocaron reunión, esta vez en la vereda La Linda, donde llamaron no solo a todos los pobladores de la vereda sino también a todos los del casco urbano de San José de Apartadó. Según las informaciones, allí plantearon las nuevas reglas que toda la población civil tiene que acatar, según la reunión realizada por alias “FRANCO” y alias “CRISTIAN”, este último paramilitar que ya en otra ocasión ha reunido a la población civil en otras veredas e incluso realizó una reunión con la población de San José en el lugar conocido como La Invasión, que se encuentra en medio del Bunker de la policía y la base militar. Se da orden de que el casco urbano de San José debe conformarse como una sola junta de acción comunal y no seguir, como se encuentra ahora, divida por invasiones. Se le informó a la gente que continuará existiendo una olla de microtráfico abierta al público en el poblado de San José y que se pondrán altas multas a todo el que no acepte organizarse en los planes que están estableciendo para la región, incluyendo al que no participe en las reuniones obligatorias que los paramilitares imponen a los campesinos, pues la no participación en dichas reuniones los forzará a sufrir graves consecuencias.
  • ·El domingo 3 de octubre de 2021, en horas de la mañana, se escuchó un disparo de arma de fuego (pistola) en el caserío de La Unión.  
  • ·El jueves 8 de octubre de 2021, la población civil del casco urbano de San José fue obligada a trabajar comunitariamente por los paramilitares, según órdenes dadas en las dos pasadas reuniones del martes 28 y jueves 30 de septiembre en las veredas La Linda y La Cristalina. Según las informaciones, los encargados de supervisar el trabajo obligatorio fueron alias “MARLENY” y alias “WAFER”, entre otros. Al parecer tenían que participar en los trabajos y convites todos los pobladores a partir de 12 años, e incluso todos los estudiantes del Colegio Bartolomé Cataño estuvieron trabajando en dicha jornada. No cabe duda de que los paramilitares buscan someter a sus planes a todo el que vive en la región, pues hasta las mismas instituciones educativas terminan participando en estas jornadas controladas por la fuerza paramilitar, y si alguna persona no participa, tendría que pagar costosas multas. Al mismo tiempo se dio la orden de que en el corregimiento de San José se conforme una sola Junta de Acción Comunal, la cual no podrá estar dividida como se encuentra ahora. Se anuncia que los paramilitares realizarán otra reunión con la población civil y es de obligación que todos participen. Al parecer, algunos no han asistido y eso tiene molestos a los paramilitares que ya lanzan amenazas contra los que no quieren participar. 
  • ·El sábado 16 de octubre de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los militares que se encuentra acantonados en la cancha de futbol de la vereda La Unión ingresaron ilegalmente a la vivienda de un miembro de nuestra Comunidad de Paz y la utilizan como su sitio de hospedaje u hotel, pues allí permanecen todo el tiempo, aprovechando que el propietario no se encuentra ahora en la vivienda. Según la denuncia, dicha tropa militar lleva varios días de usurpación allí, supuestamente porque se va a empezar a realizar el Desminado Humanitario en dicha vereda y aprovechan los espacios de casas vacías para violar las propiedades. 

¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el paramilitarismo sea el que gobierne y diga qué es lo que se puede hacer en San José de Apartadó? Responsable es el gobierno local y también el gobierno nacional, por todo esto que está pasando en la zona, pues nuestra Comunidad lleva 24 años denunciando estas aberraciones sin ser escuchada, a pesar de que la Constitución Nacional le impone al Presidente de la República garantizar los derechos humanos fundamentales. Nunca ha querido escucharnos. Si algo le pasa a algún poblador en la zona será bajo su responsabilidad, pues cómo es posible que una zona con tanta presencia militar y policial, esté inundada de paramilitares que se caracterizan por una relación estrecha y coordinada con la fuerza pública, como su mismo nombre lo indica, sean los que gobiernan de facto? Nos preguntamos ¿Qué se ha hecho realmente para que sea desmantelado el paramilitarismo en la zona? Por el contrario, la orden de los paramilitares es mantener las ollas de micro tráfico y pago forzado de impuestos en San José y la misma policía y los militares se benefician de la droga para su consumo. Se pregunta uno ¿Dónde están todos esos políticos que buscan servir a sus intereses a costa de la población civil de San José? ¿Por qué no están denunciando todo este yugo paramilitar o es que los tienen a su servicio? 

 Como Comunidad de Paz no pararemos de dejar constancias de toda esta barbarie que se comete contra nuestra Comunidad y contra los demás pobladores de nuestra región. Sabemos que nadie en la región va a denunciar esto por el miedo que se vive, por la opresión paramilitar. También sabemos el riesgo que corremos al denunciar este fenómeno de muerte, pero aun así seguiremos adelante en nuestro proceso de vida. No queda más que agradecer a todas esas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo como gestos de solidaridad y fuerza moral con la que hemos contado en todo este tiempo.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 18 de 2021  

Publicado enColombia
Por abusos sexuales a menores, piden la renuncia de 120 obispos franceses

Es a partir del informe publicado hace días por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia donde certifican al menos 330 000 abusos sexuales y violaciones, así como el encubrimiento institucional de estos crímenes.

 

La Iglesia católica de Francia se ha convertido en la punta de iceberg de los escándalos de pedofilia que atraviesan desde hace años a la milenaria institución a nivel mundial. Tres importantes personalidades se manifestaron por la renuncia en conjunto de la cúpula eclesiástica de este país. Se trata de la teóloga Anne Soupa, la directora editorial del semanario Témoignage chretien, Christine Pedotti y del ex presidente de la asociación de víctimas “La Palabra Liberada”, François Devaux.

El informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase) publicado el 5 de octubre fue lapidario: 216 000 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual por religiosos desde el año 1950. El 32% de estos crímenes fueron violaciones. Y a esto se agregan crímenes similares cometidos por laicos vinculados a la Iglesia como directores de coros o líderes grupos de boy scouts, entre otros.

Así, las víctimas ascienden a 330 000 menores. Esto equivale a 12 niños abusados todos los días desde aquel año. En ese terrorífico contexto, el informe señala que la Iglesia encubrió a más de 3 000 pedófilos. Y hay que tener en cuenta que muchos abusadores ya murieron, con lo cual los números globales podrían ser mucho mayores.

El escándalo llega a tal nivel que incluso personalidades de la propia Iglesia salen a marcar distancia y pedir medidas concretas para salvar la institución. "Nunca sabremos el alcance de esta tragedia absoluta", señaló en tono crítico Véronique Margron, teóloga y presidenta de la Conferencia de religiosos y religiosas en Francia.
Pierre Vignon, sacerdote del departamento de Drôme y reconocido crítico de las prácticas criminales de miembros de la Iglesia, dijo por su parte que “una renuncia colectiva tendría sentido. Sería un gesto fuerte que impactaría en el público” y que “aunque no todos los obispos lo hayan cubierto, sería una forma de ser solidarios con sus antecesores, y de asumir colectivamente esta responsabilidad”.

Estos referentes son parte de lo que podríamos llamar el sector renovador o reformista de la Iglesia cuya principal figura es el papa Francisco, quien desde el Vaticano señaló que este tipo de hechos le causan “vergüenza”. Pero no hay que llamarse a engaño. Este ala de la Iglesia no difiere en lo esencial de la doctrina ultraconservadora y antiderechos que es la base ideológica de los abusadores pedófilos. Están en contra del elemental derecho democrático al aborto para las mujeres, incluso en casos de violación o del uso del preservativo, entre otras barbaridades oscurantistas propias del medioevo.

La realidad es que la Iglesia en su conjunto es responsable. Como señala el informe de la Ciase, "Los actos cometidos, caratulados como delitos de derecho común, han sido a menudo calificados por sus autores o por funcionarios eclesiásticos como simples ‘gestos inapropiados’, ‘desviación’, ‘torpeza’ o incluso ‘imprudencia’”. Simplemente indignante.

Pero hay más. Luego de conocerse el informe, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort, dijo que “la confesión se impone a los religiosos y el secreto es más fuerte que las leyes de la República; abre un espacio de libertad de expresión, que se hace ante Dios”. Por si no queda claro, para la Iglesia las normas confesionales están por encima de las leyes y los religiosos pueden guardar silencio (o sea ser cómplices) sobre las aberraciones que cometen sus pares.

El propio gobierno del derechista Emmanuel Macron tuvo que separarse de semejantes declaraciones que violan la propia legalidad del Estado capitalista. El 12 de octubre ante la Asamblea Nacional, el ministro de Interior, Gérald Darmanin, señaló: “Quiero reiterar aquí las leyes de la República: el secreto de la confesión se conoce desde hace casi doscientos años en nuestro derecho como secreto profesional al igual que los médicos o los abogados. Sin embargo, adolece de excepciones cuando se trata, en particular, de delitos cometidos contra niños menores de 15 años."

La Iglesia como institución tiene que pagar por esas prácticas aberrantes y en particular todos los responsables directos y sus cómplices con cárcel común. Como había señalado François Devaux, cuya asociación destapó escándalos de pederastia en la iglesia de Lyon en 2018, "Ustedes deben pagar por todos estos crímenes". Devaux también denunció que el papa Francisco "está ausente" ante esta realidad y que la iglesia francesa se escuda en "una estrategia fétida" de indemnizaciones a las víctimas.

Sábado 16 de octubre

Publicado enInternacional
Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

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Interpretación ética de los Papeles de Pandora

En esta sociedad capitalista, los empresarios junto a las llamadas élites culturales, actrices, escultores, pintores, literatos, cantantes, son quienes perciben rentas por encima del nivel medio. Junto a ellos, deportistas, arquitectos, médicos, ingenieros, modelos, etcétera. No importa si son hombres o mujeres, representan una minoría, pero gozan de popularidad, en parte gracias a sus fortunas y al éxito mediático. La prensa rosa les dedica cientos de páginas donde desnudan su vida privada, placeres, extravagancias, divorcios, amantes y hobbies. Todo en ellos es lujo. Sus viajes, fiestas, coches, yates, jets privados son noticia siempre. Parte importante de la población los consideran íconos, envidian su suerte y desearían ser como ellos.

No importa su ideología, son personajes cuyas fortunas se tasan cada año. Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates o Mark Zuckerberg. A la cola, le siguen los millonarios del montón, sean mexicanos, estadunidenses, chilenos, españoles, etcétera. Sus nombres también ocupan portadas. Crean fundaciones con sus apellidos. Rockefeller, March... Sus donaciones son objeto de alabanzas y se les considera filántropos. Carlos Slim, Donald Trump, Sebastián Piñera, Amancio Ortega, Ana Botín, Françoise Bettencourt, Alice Walton, MçKenzie Scott, Esther Koplowitz, Julia Koch, Miraim Andelson, Susanne Klatten o Gina Rineheartvich se benefician de esta publicidad. Participan de actos sociales para remarcar su compromiso. Participan de galas benéficas, prestan sus nombres a la Cruz Roja, la asociación contra el cáncer, la lucha contra el hambre, el sida, la defensa de las ballenas o el cambio climático. Incluso después de su muerte, donarán su fortuna a sus fundaciones. Algunos dan el salto a la política, otros prefieren seguir entre bambalinas, pero les financian sus campañas, les protegen, les hacen regalos, en definitiva, les dominan y compran.

Unos y otros se consideran ciudadanos ejemplares. Pero la realidad es tozuda. Cada vez con mayor frecuencia se ven implicados en escándalos por evasión de impuestos y lavado de dinero. Su indignidad les precede. La fórmula es variopinta, paraísos fiscales, sociedades pantalla, cuentas opacas, la lista es interminable. Esta red de evasión de impuestos cuenta con la complicidad de grandes despachos de abogados, asesores fiscales y banqueros. Sin su participación sería imposible robar a la hacienda pública. Si por algún motivo son descubiertos, niegan la mayor, piden clemencia y perdón. Ante la evidencia, reconocen ser o haber sido propietarios de compañías offshore, pero agregan: las hemos cerrado. Como si el problema fuera un desliz pasajero, y no remitiera a un compromiso ético con la sociedad y el bien común. Su conducta la justifican como si de una agresión sexual se tratase, argumentando que sólo violaron a la víctima en una ocasión, pero decidieron no reincidir. En nuestro caso: defraudé un poquito.

Para ellos, sus millones son sagrados. Responden al esfuerzo, el mérito y el sacrificio individual. Han tenido iniciativa, visión para los negocios, pensamiento positivo. Su riqueza les pertenece. No de­ben a nadie. Se han sacrificado. No son privilegiados, son emprendedores y la sociedad tiene una deuda con ellos. Crean riqueza, promueven el empleo, financian investigaciones, becas, apoyan la ciencia, mecenas por convicción. Pagar impuestos proporcionalmente a sus fortunas lo consideran un exceso. El Estado les roba. Este relato incorpora cantantes, deportistas y en la actualidad, youtubers e influencers.

Los Papeles de Pandora son un ejemplo. En ellos hay 35 jefes de Estado y ex jefes de Estado, reconocen nombres como Mario Vargas Llosa, Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Elton John, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Santiago Calatrava, Tony Blair, Dominique Strauss-Kahn, Claudia Schiffer, Abdala II de Cisjordania, Andrés Babis, premier de la República Checa; el ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra; los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski; de Ecuador, Guillermo Laso; de Dominicana, Luis Abinader; de Chile, Sebastián Piñera, y los legionarios de Cristo. Sólo piensan en engañar, mentir, y reírse de sus conciudadanos. Se reconocen en el fraude y la codicia, en una sociedad donde el dinero es la medida de todas las cosas, el fraude fiscal, es más bien un acto inherente al capitalismo.

Pagar impuestos es cuestión de pobres. Descubrir la evasión no es noticia. Las multas, por fraude a la hacienda pública, salpican continuamente a personajes públicos. Futbolistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Casillas, llegan a pactos por valor de decenas de millones de euros para evitar la cárcel. Otros se benefician de amnistías fiscales o se declaran insolventes. Además, existe la ingeniería fiscal que facilita a las grandes trasnacionales cotizar a la baja, pagando cantidades irrisorias a la hacienda pública. ¿Cuál es el mensaje de los defraudadores? Sencillo: evada hasta que le pillen, está en su derecho. Sólo recibirá un rapapolvo. Para más inri, la Unión Europea decide en medio del escándalo, retirar de la lista negra de paraísos fiscales a Seychelles, Anguila y Dominica. Su mundo está alejado de los valores éticos y el bien común. Ya sabe, defraudar es de listos, sea inteligente y hágalo. Nadie le pasará factura, pero todos sufriremos su decisión corrupta. Habrá menos escuelas, hospitales, viviendas sociales, transporte público, zonas verdes y, sobre todo, justicia social, igualdad y democracia. Usted decide. Viva el capitalismo.

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La ingeniería jurídica de los Pandora Papers

Baker & McKenzie, el poderoso bufete de EE.UU. que figura en la megafiltración 

La historia del estudio de abogados con sede en 46 países que asesoró a empresas y particulares sospechados de evasión o con cuentas en paraísos fiscales.

 

Hay una teoría del eterno retorno en Nietzsche o del tiempo circular en Borges. La historia pareciera que nos devuelve siempre al mismo lugar. A hechos o personajes que se repiten. Christine Lagarde, la ex directora gerente del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) trabajó entre 1981 y 2005 en Baker & McKenzie, acaso el bufete de abogados más grande del mundo que aparece en unos 7.500 documentos de los Pandora Papers. El estudio que tiene presencia en 46 países y 4.700 letrados ayuda a multimillonarios y grandes empresas a eludir o evadir impuestos con una ingeniería legal y financiera a la medida del cliente. Lo explica el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) que difundió la última filtración de papeles a gran escala. 

La mujer a la que Mauricio Macri festejó cuando era presidente, no sólo asesoraba a compañías elusivas que operaban desde paraísos fiscales cuando se desempeñaba en el ámbito privado. También presidió los comités ejecutivo y estratégico de Baker & McKenzie y hasta fue consejera de su subsidiaria Law in Context con sede en las islas Bermudas, un territorio offshore dominado por la opacidad fiscal. 

Lagarde no fue una ejecutiva de ocasión en el bufete que comandó desde Europa. De su CV se desprende que estuvo en el staff casi un cuarto de siglo y ocupando cargos jerárquicos. Su relación comercial con los paraísos fiscales es una evidencia que se conoció en noviembre de 2019 apenas asumió en el BCE. Pero ahora toma más fuerza con la filtración de los Pandora Papers. La bisagra que la une a la banca offshore es Baker & McKenzie cuyos ingresos este año batieron un récord. Lo dice su propia página oficial: finalizó al 30 de junio de 2021 con 3,1 mil millones. “La primera vez que la firma ha cruzado la marca de los $ 3 mil millones. Los ingresos aumentaron un 7,8% en comparación con el año anterior y, junto con los costos cuidadosamente administrados, esto se tradujo en un crecimiento interanual de las ganancias del 36,7%”, señala.

Pilar de la economía offshore

El Consorcio Internacional de Periodistas define al estudio transnacional como “un arquitecto y un pilar de la economía sumergida, a menudo llamada offshore, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y del bolsillo del ciudadano de a pie”. Poco le importan a este bufete las asimetrías cada vez más pronunciadas entre ricos y pobres. Su presidente global Milton Cheng dijo a fines de septiembre: “En un contexto tan desafiante, lograr ingresos récord es un gran voto de confianza de nuestros clientes y un testimonio del arduo trabajo y la resiliencia de nuestra gente en todo el mundo”.

Creado en 1949, el estudio abrió su primera oficina offshore en Caracas, Venezuela. Corría 1955, Perón era derrocado en Argentina y Baker & McKenzie comenzaba su etapa de expansión internacional en esa década. El trabajo del ICIJ recuerda que en un artículo publicado en el Wisconsin Law Review dos años después, Russell Baker – uno de los fundadores del bufete - recomendaba “constituir sociedades en Venezuela y otros países que permitieran a los propietarios permanecer en el anonimato mediante el uso de lo que se conoce como acciones al portador. Las acciones al portador son certificados de acciones que no necesitan estar registrados a nombre de una persona o compañía concreta”. Baker y su socio John McKenzie lo hacían por las dificultades que existían en Estados Unidos para formar ese tipo de sociedades.

Hoy, con los Pandora Papers alimentando a los medios del mundo, el Consorcio de Periodistas denuncia en su página oficial que el estudio de abogados y todas sus delegaciones “se han beneficiado del trabajo realizado para personas vinculadas al fraude y la corrupción”. Y da algunos ejemplos: “la empresa ha trabajado para el oligarca ucraniano Igor Koloimosky, de quien las autoridades estadounidenses alegan que lavó 5.500 millones de dólares a través de una maraña de sociedades fantasma, que compran fábricas y propiedades comerciales en todo el corazón de Estados Unidos”.

Baker & McKenzie también asesoró a Jho Low, un financista malasio fugitivo que está acusado de un fraude internacional por más de $ 4.5 mil millones de dólares, conocido como 1MDB. El estudio de abogados se presenta en su página corporativa muy alejado de ese tipo de asesorados: “Somos ciudadanos del mundo y reconocemos que el estado de derecho es una base esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos. Donde el estado de derecho es fuerte, los líderes empresariales pueden sentirse optimistas acerca de invertir en el futuro”. 

El ICIJ no pudo conseguir la palabra de Cheng, el presidente hongkonés del poderoso bufete, pero en sus informes citó a un portavoz que respondió cómo Baker McKenzie se esfuerza por “garantizar que nuestros clientes cumplan tanto con la ley como con las mejores prácticas”. La web de la compañía explica que su política “se basa en principios de integridad, transparencia, profesionalismo y adhesión a los más altos estándares de ética”.

“Somos veraces y transparentes”, declama el bufete en su código de conducta empresarial. “No hacemos negocios con personajes de mala reputación”, se defienden. El Consorcio Internacional de Periodistas no piensa lo mismo: “Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el gigante con sede en Chicago”, publicaron citando al ICIJ, desde El País de España a la Agencia Pública en Brasil.

La influencia del bufete que tiene su sede central en Chicago es notable en los Pandora Papers. Los medios del mundo se encargaron de remarcarlo: “Entre el maremágnum de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker & McKenzie. El ICIJ descubrió que desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas registradas en paraísos fiscales”. Tampoco sorprende, como sostiene el Consorcio, que “más de 220 empleados de Baker & McKenzie en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado”.

Sociedades instrumentales

Para el ICIJ son demoledoras las evidencias de prácticas ilegítimas, fronterizas con la ilegalidad, en esta multinacional de servicios jurídicos: “Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, colaboró en crear un refugio fiscal neerlandés. Según documentos judiciales de Estados Unidos, sus abogados ayudaron a Facebook a redirigir miles de millones de dólares de beneficios a Irlanda, un país de baja tributación”.

Mencionado en más de 7.500 documentos de los Pandora Papers, mucho más que cualquier otro estudio de abogados de la competencia en Estados Unidos, Baker & McKenzie insistió en que las empresas o particulares que lo contratan no se apartan de las buenas prácticas. Pero aclaró – de acuerdo al ICIJ- que “en ocasiones nos encontramos con que los clientes realizan posteriormente actividades que no concuerdan con nuestra comprobación debida inicial, o salen a la luz nuevos hechos o sucesos que nos llevan a dejar de representarles”.

A buen entendedor, pocas palabras.

11 de octubre de 2021

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