Lunes, 20 Septiembre 2021 04:57

La letra escarlata del senderismo

La letra escarlata del senderismo

No hay un solo periódico peruano –independientemente de la tendencia política– que no haya festejado la muerte de Abimael Guzmán, fundador y líder máximo de Sendero Luminoso, subrayando que murió derrotado después de tres décadas de encierro.

La postura de los medios, que coincide en esto con la opinión pública mayoritaria, no contiene ni un atisbo de compasión por un anciano de 86 años aquejado por múltiples enfermedades. Una conocida conductora televisiva ha llegado a indignarse con la BBC por haber definido a Guzmán "líder guerrillero" en vez de "cabecilla terrorista", como parece obligatorio.

No ha de sorprender un rechazo tan profundo y unánime hacia Sendero Luminoso y su fundador: la cadena de atrocidades cometidas en sus 12 años de actividad (1980-92) pertenecen a la categoría de lo deshumano y no podrán jamás ser olvidadas. Un eficaz botón de muestra es la matanza de Lucanamarca (1983), en la provincia de Ayacucho, donde 69 comuneros fueron masacrados con hachas, palos, piedras y armas de fuego porque en la zona se había matado a un mando senderista. Esta cruel matanza, donde perdieron la vida 18 niños, les valió una sentencia de cadena perpetua a Guzmán y a su compañera, Elena Iparraguirre, todavía detenida.

El hecho de que Abimael Guzmán –el Presidente Gonzalo en la nomenclatura senderista–, un profesor de filosofía muy politizado, se reclamara partidario de una ideología tan respetable como el maoísmo, no lo exime de los crímenes cometidos. Su concepción política es una trágica caricatura del maoísmo, su pensamiento "Gonzalo" es una burda imitación de El libro rojo de Mao, una estrategia más genocida que comunista.

De hecho, el senderismo –y en esto colinda con el polpotismo de los khmer rojos– es al comunismo como el Ku Klux Klan es al cristianismo. Más que desviaciones, parecen ser gusanos de la manzana, desafortunadamente aprovechados por las derechas para embarrar todo lo que huela a izquierda y progresismo.

En estos días, se ven con más claridad que nunca los efectos de la demonización excesiva –y en parte instrumental– de que ha sido objeto el senderismo: el debate central parece ocuparlo la cuestión de qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán: ni que fuera un vampiro a quien plantar una estaca. Una gran parte de la opinión pública piensa que sus restos deberían ser incinerados y lanzados al mar para evitar que se le rinda culto, pero el presidente Pedro Castillo ha delegado la decisión a la Fiscalía de la nación.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que trató de reconstruir el cuadro más verosímil de la guerra entre Sendero y el Estado, afirma en su informe final de 2003 que 46 por ciento de los 69 mil 280 muertos y desaparecidos, víctimas del conflicto armado, han sido producidos por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso; 30 por ciento provocados por agentes del Estado y 24 por ciento por otros agentes o circunstancias.

Ya así, el número de personas muertas por el Estado supera las 20 mil. Y hay que preguntarse cuántos de ellos habrán sido efectivamente senderistas, porque la represión, especialmente en la sierra, ha sido ciega y feroz.

Hay aquí una evidente disparidad en la apreciación de los dos bandos por parte de la sociedad peruana: a los senderistas –pero también a los simplemente sospechosos o acusados de simpatizar– se le sigue execrando y discriminando aún a 30 años de distancia, sin considerar mínimamente si se han arrepentido, han cambiado de opinión o quieran reconciliarse con la sociedad. A diferencia de Italia y Alemania, donde a los brigadistas rojos y a los ex RAF se les ha dado una oportunidad de retomar una vida social y laboral, en Perú se les sigue discriminando y acosando a vida, como a las adúlteras en la famosa novela de Hawthorne.

Al MOVADEF –Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales–, que aboga por la libertad de los presos políticos y es considerado por la derecha el brazo político de Sendero, se le niega obstinadamente el ingreso en política y se le acusa de injerencia y participación en el gobierno de Pedro Castillo.

Por el contrario, para quien hay perdón y olvido es para el Estado y sus fuerzas armadas, que han cometido crímenes y atrocidades de la misma gravedad e inhumanidad. Un ejemplo iluminante es ofrecido por la reciente sustitución, a pocos días de su nombramiento, del secretario de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un escritor, sociólogo y catedrático que fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en la década de los 60. La "culpa" de Béjar, sagaz intelectual y hombre intachable, ganador de un premio Casa de las Américas, consiste en haber declarado meses atrás que la CIA estadunidense y la Marina peruana tenían que ver con la aparición del terrorismo en Perú.

¡Ábrete cielo! La Marina de Guerra de Perú –como orgullosamente se autodenomina– se ha rasgado las vestimentas y denunciado a gritos el insulto, olvidando que, si no ha participado en la génesis del terrorismo, ciertamente lo ha practicado, junto al genocidio, y hay constancia histórica de ello. Un sólo episodio basta para demostrarlo, se llama la matanza de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara y es uno de los episodios de cobardía y crueldad más relevantes de la década de los 80.

A un motín en las tres cárceles, el 18 de junio de 1986, que aprovechaba la apertura de la Internacional Socialista en Lima para atraer la atención hacia los presos senderistas, la respuesta del Estado fue el bombardeo y exterminio de cerca de 300 presos bajo su custodia. Una vez rendidos, los revoltosos sobrevivientes fueron exterminados con armas de fuego y bayonetas. Quien ordenó esta atrocidad fue el entonces presidente Alan García, quien nunca pagó por este crimen, y el ejecutor, la Marina de Guerra de Perú.

Por Gianni Proietti, periodista italiano

Publicado enInternacional
Noam Chomsky en imagen de archivo.

Nueva York. Han pasado 20 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Con casi 3 mil muertos, fue el ataque más letal de la historia en suelo estadunidense y produjo dramáticas ramificaciones para los asuntos mundiales, así como alarmantes impactos en la sociedad del país. Quiero empezar por pedirle una reflexión sobre la supuesta reforma de la política exterior estadunidense en tiempos de George W Bush, como parte de la reacción de su gobierno al ascenso de Bin Laden y el fenómeno yihadista. En primer lugar, ¿había algo nuevo en la Doctrina Bush, o fue simplemente una codificación de lo que ya habíamos visto en la década de 1990 en Irak, Bosnia y Kosovo? En segundo, ¿la invasión de Afganistán encabezada por EU y la OTAN se ajustó al derecho internacional? Y en tercero, ¿Estados Unidos estuvo alguna vez comprometido con la construcción de una nación en Afganistán?

La reacción inmediata de Washington al 11-S fue invadir Afganistán. El retiro de tropas de tierra de ese país se programó para coincidir (virtualmente) con el 20 aniversario de la invasión. Ha habido una avalancha de comentarios sobre el aniversario del 11-S y la terminación de la guerra en el terreno. Es muy esclarecedor y significativo. Revela cómo la clase política percibe el curso de los acontecimientos, y nos aporta un trasfondo útil para considerar las cuestiones sustanciales de la Doctrina Bush. También ofrece alguna indicación sobre lo que probablemente venga después.

De la mayor importancia en este momento histórico serán las reflexiones sobre “el decididor”, como a él gustaba nombrarse. Y, de hecho, hubo una entrevista con George W. Bush cuando el retiro llegó a la etapa final, en el Washington Post, en la sección Estilo.

El artículo y la entrevista nos presentan a un amable abuelo bobalicón disfrutando del chacoteo con sus hijos, admirando los retratos que ha pintado de los grandes hombres que conoció en sus días de gloria. Hubo un comentario pasajero sobre sus hazañas en Afganistán y el episodio siguiente en Irak:

“Puede que Bush haya empezado la guerra de Irak sobre excusas falsas, pero por lo menos no inspiró una insurrección que convirtió el Capitolio de Estados Unidos en una zona de combate. Por lo menos hizo esfuerzos por distanciarse de los racistas y xenófobos de su partido, en vez de cultivar su apoyo. Al menos no llegó al extremo de llamar ‘malignos’ a sus adversarios domésticos. ‘Parece el Babe Ruth de los presidentes cuando se le compara con Trump’, dijo en una entrevista el senador demócrata por Nevada y ex líder de la mayoría en el Senado Harry M. Reid, en un tiempo némesis de Bush. ‘Ahora recuerdo a Bush con cierto grado de nostalgia, con cierto afecto, cosa que nunca creí que llegaría a ocurrir’”.

Muy abajo en la lista, merecedora de apenas una alusión incidental, está la matanza de cientos de miles, muchos millones de refugiados, extensa destrucción, un régimen de espantosas torturas, incitación de conflictos étnicos que desgarraron toda la nación y, como legado directo, dos de los países más empobrecidos de la Tierra.

Primero lo primero. No habló mal de otros estadunidenses

La sola entrevista con Bush capta bien la esencia del torrente de comentarios. Lo que importa somos nosotros. Hay muchos lamentos sobre el costo de estas aventuras: el costo para nosotros, es decir, que “ha rebasado 8 billones de dólares, según nuevas estimaciones del proyecto Costo de la Guerra de la Universidad Brown”, junto con vidas estadunidenses perdidas y alteración de nuestra frágil sociedad.

La próxima vez debemos tener más cuidado al evaluar los costos, y hacerlo mejor.

También ha habido bien justificados lamentos sobre el destino de las mujeres bajo el dominio del Talibán. En ocasiones los lamentos sin duda son sinceros, aunque surge una pregunta natural: por qué no se expresaron hace 30 años, cuando los favoritos de Estados Unidos, armados y sostenidos con entusiasmo por Washington, aterraban a las jóvenes de Kabul que no llevaban la vestimenta apropiada, lanzándoles ácido a la cara y cometiendo otros abusos.

Los avances en cuanto a derechos de las mujeres en las ciudades controladas por Rusia a finales de la década de 1980, y las amenazas que enfrentaron de las fuerzas islamitas radicales movilizadas por la CIA, fueron reportados en ese tiempo por Rasil Basu, distinguida feminista internacional que era representante de la ONU en Afganistán en esos años.

Basu reporta: “durante la ocupación (rusa), de hecho, las mujeres dieron pasos enormes: el analfabetismo disminuyó de 98 a 75 por ciento, y se les reconocieron derechos iguales a los hombres en las leyes civiles y en la Constitución. No quiere decir que hubiera completa igualdad de géneros. En los lugares de trabajo y las familias prevalecían relaciones patriarcales injustas; las mujeres ocupaban trabajos de bajo nivel, relacionados con su sexo. Pero los pasos que dieron en educación y empleo fueron muy impresionantes”.

Basu propuso artículos sobre estos temas a los principales diarios estadunidenses, así como a la revista feminista Ms. Magazine. Ninguno los admitió. Sin embargo, pudo publicar su informe en Asia: Asian Age, 3/12/2001.

Podemos aprender más sobre cómo los afganos en Kabul perciben los últimos tres años de la ocupación rusa y, lo que vino después, de otra fuente experta, Rodric Braithwaite, embajador británico en Moscú de 1988 a 1992 y entonces presidente del Comité Conjunto de Inteligencia, también autor de la obra académica más importante sobre los soviéticos en Afganistán.

Braithwaite visitó Kabul en 2008 y reportó sus hallazgos en el Financial Times de Londres: “en Afganistán hoy en día, se crean nuevos mitos, en los que la política occidental actual sale mal librada. En una visita reciente hablé con periodistas afganos, ex muyahidines, profesionales, personas que trabajan para la ‘coalición’… que naturalmente apoyan sus afirmaciones de que ha traído paz y reconstrucción. Expresan desprecio por el presidente Hamid Karzai (impuesto por Estados Unidos), a quien comparan con Shah Shujah, el títere británico instalado durante la primera guerra afgana. La mayoría prefería a Mohammad Najibullah, el último presidente comunista, quien intentó reconciliar a la nación dentro de un Estado islámico y fue masacrado por el Talibán en 1996: en las calles se venden devedés de sus discursos. Se afirma que las cosas iban mejor con los soviéticos: Kabul era una ciudad segura, las mujeres tenían empleo, los soviéticos construyeron fábricas, caminos, escuelas y hospitales, combatían con valentía en el terreno como verdaderos guerreros, en vez de matar mujeres y niños desde el aire. Ni siquiera los talibanes eran tan malos: eran buenos musulmanes, mantenían el orden y respetaban a las mujeres a su manera. Puede que esos mitos no reflejen la realidad histórica, pero sí dan cuenta de un profundo desencanto con la ‘coalición’ y sus políticas”.

Las políticas de la “coalición” fueron reveladas en la nota del corresponsal del New York Times Tim Weiner sobre la CIA. El objetivo era “matar soldados soviéticos”, declaró el jefe de estación de la agencia en Islamabad, dejando en claro que “la misión no era liberar Afganistán”.

Su entendimiento de las políticas que se le ordenó ejecutar está en total sintonía con los alardes de Zbigniew Brzezinski, consejero nacional de Seguridad del presidente James Carter, con respecto a su decisión de apoyar a los yihadistas radicales en 1979 para atraer a los rusos a Afganistán, y su placer sobre el resultado después de que cientos de miles de afganos murieron y gran parte del país fue devastada: “¿Qué es más importante en la historia mundial? ¿El Talibán o el colapso del imperio soviético? ¿Algunos musulmanes agitados o la liberación de Europa central y el fin de la guerra fría?”.

Observadores informados reconocieron pronto que los invasores rusos estaban ansiosos de retirarse sin dilación. El estudio de los archivos rusos realizado por el historiador David Gibbs resuelve cualquier duda al respecto. Pero era mucho más útil para Washington lanzar ardientes proclamas acerca de los terribles propósitos expansionistas de Rusia, que obligaban a Estados Unidos, para defenderse, a expandir, en gran medida, su propio dominio en la región, por medio de la violencia si era necesario (la Doctrina Carter, precursora de la Doctrina Bush).

El retiro de los rusos dejó un gobierno relativamente popular encabezado por Najibullah, con un ejército funcional que fue capaz de sostenerse durante varios años, hasta que los islamitas radicales apoyados por Estados Unidos tomaron el poder e instituyeron un reinado de terror tan extremo, que los talibanes fueron bien recibidos cuando invadieron e impusieron su propio régimen de mano dura. Se mantuvieron en términos aceptables con Washington hasta el 11-S.

Volviendo al presente, en verdad debemos preocuparnos por el destino de las mujeres y con el retorno del Talibán al poder. Para quienes tienen un interés sincero por diseñar políticas que puedan beneficiarlos, no viene mal un poco de memoria histórica.

El Talibán ha prometido no albergar terroristas, pero ¿cómo creerles, advierten comentaristas, cuando esta promesa viene aparejada con la escandalosa afirmación de su vocero Zabihullah Mujahid de que “no hay pruebas” de que Bin Laden fuera responsable de los ataques del 11-S?

Hay un problema con el ridículo general que ha causado esta chocante afirmación. Lo que Mujahid dijo en verdad fue preciso y mucho más digno de atención. En sus palabras, “cuando Osama Bin Laden se volvió importante para Estados Unidos, estaba en Afganistán. Aunque no había prueba de que estuviera involucrado” en el 11-S.

Veamos. En junio de 2002, ocho meses después del 11-S, el entonces director de la FBI, Robert Mueller, hizo su presentación más extensa a los medios nacionales acerca de los resultados de lo que probablemente fue la investigación más intensiva de la historia. En sus palabras, los “investigadores creen en la idea de que los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center y el Pentágono vinieron de los líderes de Al Qaeda en Afganistán”, aunque el plan y el financiamiento en apariencia apuntaban hacia Alemania y Emiratos Árabes Unidos. “Creemos que las mentes maestras estaban en Afganistán, muy arriba, en la dirigencia de Al Qaeda”.

Lo que afloró en junio de 2002 no podía saberse ocho meses antes, cuando Estados Unidos invadió. El indignante comentario de Mujahid era preciso. El ridículo es otro ejemplo de amnesia conveniente. Teniendo en mente el comentario de Mujahid, junto con la confirmación de Mueller, podemos avanzar hacia el entendimiento de la Doctrina Bush.

Para hacerlo, podríamos escuchar las voces afganas. Una de las más respetadas era la de Abdul Haq, la principal figura en la resistencia afgana al Talibán y ex líder de la resistencia muyahidín apoyada por Estados Unidos a la invasión rusa. Unas semanas después de la invasión estadunidense, tuvo una entrevista con el académico Anatol Lieven, especialista en Asia.

Abdul Haq condenó con amargura la invasión estadunidense, la cual, reconoció, causó la muerte de muchos afganos y minó los esfuerzos que se hacían desde adentro para derrocar al Talibán. Afirmó: “Estados Unidos trata de mostrar su fuerza, apuntarse una victoria y espantar a todo el mundo. No le importa el sufrimiento de los afganos ni cuánta gente perderemos”.

Abdul Haq no estaba sólo en esta opinión. Una reunión de mil líderes tribales, en octubre de ese año, exigió de manera unánime poner fin al bombardeo, el cual, declararon, apuntaba a “gente inocente”.

Todo se hizo público en su momento, todo fue ignorado por considerarlo irrelevante, todo quedó en el olvido. Las opiniones de los afganos no nos interesan cuando invadimos y ocupamos su país.

La percepción de la resistencia afgana al Talibán no estaba lejos de la postura del presidente Bush y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Ambos desecharon iniciativas del Talibán de enviar a Bin Laden para ser juzgado en el extranjero, pese a la negativa de Washington de presentar evidencia (con la que no contaba). Al final, rechazaron las ofertas de rendición del Talibán. Como dijo el entonces presidente, “cuando dije que nada de negociaciones, era nada de negociaciones” (NYT, 15/10/2001). “No negociamos rendiciones”, añadió Rumsfeld. Vamos a mostrar nuestra fuerza y a espantar a todo el mundo.

El pronunciamiento imperial en ese tiempo era que quienes albergan terroristas eran tan culpables como los terroristas mismos. La perturbadora audacia de esa proclamación pasó casi inadvertida. No vinos acompañada de un llamado a bombardear Washington, como obviamente implicaba. Incluso haciendo a un lado a los terroristas de clase mundial ubicados en altos cargos, Estados Unidos alberga y es cómplice de terroristas al menudeo que cometen actos tales como volar aviones comerciales cubanos y dar muerte a muchas personas, como parte de la guerra terrorista estadunidense contra Cuba.

Muy aparte de ese escándalo, vale la pena señalar lo indecible: Estados Unidos no tenía acusaciones contra el Talibán. Ninguna, ni antes del 11-S ni después. Antes del 11-S, Washington no pidió la extradición de Bin Laden, y estaba en términos bastante buenos con el Talibán. Después del 11-S demandó la extradición (sin el menor intento de aportar la evidencia requerida) y, cuando el Talibán accedió, Washington rechazó las ofertas: “no negociamos rendiciones”. La invasión no fue sólo una violación del derecho internacional, preocupación tan marginal para Washington como la resistencia afgana al Talibán, sino que tampoco tenía un pretexto creíble sobre ninguna base. Pura criminalidad.

Además, hoy existe amplia evidencia que muestra que Afganistán y Al Qaeda no eran de mucho interés para el triunvirato Bush-Cheney-Rumsfeld, el cual tenía la mira puesta en una presa mucho mayor que Afganistán. Irak sería el primer paso, después la región entera.

Esa es la Doctrina Bush. Dominar la región, dominar el mundo, mostrar nuestra fuerza para que el mundo sepa que “lo que decimos va”, como lo expresó Bush.

Nada revela con más claridad los valores reinantes que la forma en que se llevó a cabo el retiro de tropas. La población afgana apenas si entró en consideración. Los “decididores” imperiales no se molestaron en preguntar qué podrían querer los habitantes de las zonas rurales de esta sociedad abrumadoramente rural, donde el Talibán vive y de donde obtiene su apoyo, quizás a regañadientes, como la mejor de las malas opciones. Antes un movimiento pastún, el “nuevo Talibán” evidentemente tiene una base mucho más amplia. Esto se reveló en forma dramática con el rápido colapso de sus antiguos enemigos, el cruel señor de la guerra Abdul Rashid Dostum, junto con Ismail Khan, lo que llevó a otros grupos étnicos a la red del Talibán.

También hay fuerzas de paz afganas a las que no habría que desechar sumariamente. ¿Qué querría la población afgana si se le diera a escoger? ¿Tal vez hubiera llegado a ajustes locales si se le hubiera dado tiempo antes de un retiro precipitado? Cualesquier posibilidades que pudieron existir, no parecen haberse considerado.

Como era de preverse, el más profundo desprecio por los afganos fue alcanzado por Trump. En su acuerdo unilateral de retiro con el Talibán, en febrero de 2020, ni siquiera se molestó en consultar con el gobierno afgano oficial.

Trump programó el retiro para el principio de la temporada de combates de verano, lo que redujo la esperanza de algún tipo de preparativos. Biden mejoró un poco los términos, pero no lo suficiente para prevenir la debacle que se anticipaba. Luego vino la reacción predecible de la cada vez más desvergonzada dirigencia republicana. Apenas lograron retirar de su página web sus efusivos tributos al “histórico acuerdo de paz de Trump” a tiempo para denunciar a Biden y llamar a procesarlo judicialmente por promover una versión mejorada de la ignominiosa traición de Trump.

Entre tanto, los afganos son dejados de lado una vez más

Volviendo a la cuestión original, tal vez la Doctrina Bush se formuló en términos más crudos de lo usual, pero no es nueva. La invasión violó el derecho internacional (y el artículo VI de la Constitución de Estados Unidos), pero el equipo legal de Bush había decidido que esa sensiblería era “pintoresca” y “obsoleta”, una vez más sin más novedad que su descarado desafío. En cuanto a “construir una nación”, una forma de medir el compromiso con este objetivo es preguntar qué porción de los billones de dólares gastados se destinó a la población afgana, y qué porción al sistema militar estadunidense y sus mercenarios (“contratistas”), junto con la cloaca de corrupción en Kabul y los señores de la guerra que Estados Unidos colocó en el poder.

Al principio me referí al 11-S-2001, no sólo al 11-S. Hay buena razón. El que llamamos 11-S fue el segundo 11-S. El primer 11-S fue mucho más destructivo y brutal según cualquier medida razonable: 11-S-1973. Para ver por qué, consideremos los equivalentes per cápita, la medida correcta. Supongamos que en el 11-S-2001 hubieran muerto 30 mil personas, que 500 mil hubieran sufrido crueles torturas, el gobierno hubiera sido derrocado y se hubiera instalado una brutal dictadura. Eso hubiera sido peor que lo que llamamos 11-S.

Eso ocurrió. No lo ha deplorado el gobierno estadunidense, ni el capital privado, ni las instituciones financieras internacionales que Estados Unidos controla en gran parte, ni las figuras más importantes del “libertarismo”. Más bien fue exaltado y obtuvo enorme respaldo. Los perpetradores, como Henry Kissinger, han recibido grandes honores. Supongo que Bin Laden es alabado entre los yihadistas.

Todos deben reconocer que me refiero a Chile, el 11-S-1973

Otro tema que podría inspirar reflexión es la noción de las “guerras eternas”, que al final se ha puesto a descansar con el retiro de Afganistán. Desde la perspectiva de las víctimas, ¿cuándo empezaron las guerras eternas? Para Estados Unidos, comenzaron en 1783. Cuando el yugo británico fue retirado, la nueva nación fue libre para invadir el “país indígena”, de atacar a las naciones originarias con campañas de matanzas, terror, limpieza étnica, violación de tratados, todo en escala masiva, mientras se adueñaba de la mitad de México y luego de gran parte del mundo. Una visión a más largo plazo remonta nuestras guerras eternas a 1492, como afirma el historiador Walter Hixson.

Desde el punto de vista de las víctimas, la historia se ve diferente que desde el que tienen el arma máxima y sus descendientes.

–Sabiendo que el régimen de Saddam Hussein nada tuvo que ver con los ataques terroristas del 11-S, no poseía armas de destrucción masiva y, por consiguiente, no representaba una amenaza a Estados Unidos, ¿por qué Bush invadió Irak, lo que dejó cientos de miles de iraquíes muertos y pudo haber costado más de 3 billones de dólares?

–El 11-S proporcionó la ocasión para la invasión de Irak que, a diferencia de Afganistán, es un verdadero premio: un Estado petrolero en el corazón mismo de la principal región productora de petróleo en el mundo. Mientras las Torres Gemelas aún humeaban, Rumsfeld decía a su equipo que era tiempo de “ir en masa… barrer con todo, esté relacionado o no”, incluyendo Irak. Pronto los objetivos se volvieron mucho más expansivos. Bush y socios dejaron muy en claro que Bin Laden era caza menor, de poco interés.

El equipo legal de Bush determinó que la Carta de Naciones Unidas, que explícitamente prohíbe las guerras preventivas, en realidad las autoriza, con lo cual formalizó lo que desde hacía mucho era doctrina operativa. La razón oficial de la guerra fue la “simple cuestión” de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Cuando el asunto recibió la respuesta equivocada, la razón de la agresión cambió de inmediato a “promover la democracia”, un transparente cuento de hadas que fue deglutido con entusiasmo por las clases educadas.

–¿Cuáles fueron las verdaderas razones para enfrentar Muammar Kadafi en Libia, líder de un “Estado rufián” que desde hacía mucho tiempo había dejado de serlo?

–La intervención en Libia fue iniciada por Francia, en parte en reacción a la postura humanitaria de algunos intelectuales franceses, supongo que en cierta medida (no tenemos mucha evidencia) para apoyar el esfuerzo francés de sostener su dominio imperial en el África francófona. Gran Bretaña se unió. Luego Obama y Clinton las secundaron, “liderando desde atrás”, como se supone que dijo un funcionario de la Casa Blanca. Cuando las fuerzas de Kadafi convergían en Bengazi, hubo fuertes gritos de que se avecinaba un genocidio, lo cual condujo a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que imponía una zona de exclusión aérea y llamaba a negociaciones. En mi opinión fue razonable; había preocupaciones legítimas. La Unión Africana propuso un cese del fuego con negociaciones sobre reformas con los rebeldes de Bengazi. Kadafi lo aceptó, los rebeldes se negaron.

En ese punto, la coalición Francia-GB-EU decidió violar la resolución del Consejo de Seguridad que habían promovido y se convirtieron, de hecho, en la fuerza aérea de los rebeldes. Eso permitió a éstos avanzar en el terreno y, finalmente capturar y asesinar con sadismo a Kadafi. A Hillary Clinton le pareció muy divertido, y en tono de broma dijo a los medios: “fuimos, vimos, murió”.

Después el país se colapsó en un caos total, con un número creciente de matanzas y otras atrocidades. También condujo a un flujo de yihadistas y armas hacia otras partes de África, donde agitaron desastres importantes. La intervención se extendió hacia Rusia y Turquía, y a las dictaduras árabes, sosteniendo a grupos en pugna. Todo el episodio ha sido una catástrofe para Libia y gran parte de África occidental. No se han registrado declaraciones de Clinton, hasta donde sé, acerca de si también esto le parece divertido.

Libia era un productor importante de petróleo. Es difícil dudar que eso fuera un factor en las diversas intervenciones, pero, a falta de documentos internos, poco se puede decir con confianza.

–Dos preguntas relacionadas entre sí: primera, ¿cree usted que la fallida guerra al terror producirá nuevas lecciones para los futuros encargados de las decisiones de política exterior en Estados Unidos? Y segunda: ¿este fracaso revela algo acerca de la supremacía estadunidense en los asuntos mundiales?

–El fracaso es a los ojos del espectador. Recordemos primero que Bush II no declaró la Guerra Global al Terror (GGT). Él la volvió a declarar. Fueron Reagan y su secretario de Estado, George Schultz, quienes llegaron al poder declarando la guerra, una campaña para destruir “el flagelo maligno del terrorismo”, en particular el terrorismo internacional apoyado por Estados, una “plaga propagada por depravados enemigos de la civilización misma (en un) retorno a la barbarie en la edad moderna”.

La GGT se transformó pronto en una enorme guerra terrorista dirigida o apoyada por Washington, concentrada en Centroamérica, pero que se extendió a Medio Oriente, África y Asia. La GGT condujo incluso a un juicio de la Corte Penal Internacional que condenó al gobierno de Reagan por el “uso ilegal de la fuerza” –es decir, terrorismo internacional– y ordenó a Estados Unidos pagar sustanciales reparaciones por sus crímenes.

Por supuesto, Estados Unidos desechó todo esto y aceleró el “uso ilegal de la fuerza”. Fue muy apropiado, explicaron los editores del New York Times. La Corte Mundial era un “foro hostil”, como lo probaba el hecho de que condenara a Estados Unidos, que no tenía culpa alguna. Unos años antes había sido un modelo de probidad, cuando se alineó con Estados Unidos en un caso contra Irán.

Luego Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad que llamaba a todos los estados a observar el derecho internacional sin mencionar a nadie, aunque estaba clara la intención.

Pero declaramos solemnemente que los Estados que albergan terroristas son tan culpables como los terroristas mismos. Así pues, la invasión de Afganistán fue correcta y justa, aunque mal concebida

y demasiado costosa. Para nosotros. ¿Fue un fracaso para los objetivos imperiales estadunidenses? En algunos casos, sí. La renovación de la GGT por Bush no ha tenido un éxito similar. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, la base del terrorismo radical islámico estaba confinada en su mayor parte a un rincón de Afganistán. Ahora está en todo el mundo. La devastación de gran parte de Asia central y Medio Oriente no ha incrementado el poder estadunidense.

Dudo que haya tenido mucho impacto en la supremacía global del país, que sigue siendo abrumadora. En la dimensión militar, Estados Unidos está solo. Su gasto militar empequeñece a los rivales: 778 mil millones de dólares en 2020, en comparación con 252 mil millones de China y 62 mil millones de Rusia. También su fuerza militar es la más avanzada tecnológicamente. La seguridad del país no tiene rival. Las supuestas amenazas están en las fronteras de enemigos, que están rodeadas de misiles nucleares en algunas de las 800 bases militares estadunidenses en el mundo.

El poder también tiene dimensiones económicas. En el apogeo del poderío estadunidense después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos poseía quizá 40 por ciento de la riqueza global, preponderancia que ha declinado inevitablemente. Pero, como ha observado el economista Sean Starrs, en el mundo de la globalización neoliberal, las cuentas nacionales no son la única medida del poder económico. Su investigación muestra que las trasnacionales basadas en Estados Unidos controlan unasombroso 50 por ciento de la riqueza global y son las primeras (a veces las segundas) en casi todos los sectores.

Otra dimensión es el “poder suave”. En esto la nación ha decaído, desde mucho antes de los duros golpes de Trump a la reputación nacional. Incluso con Clinton, destacados científicos políticos reconocían que la mayor parte del mundo consideraba a Estados Unidos el “primer Estado rufián” “la amenaza externa más grande a sus sociedades” (Samuel Huntington y Robert Jervis, respectivamente). En los años de Obama, encuestas internacionales encontraron que se consideraba a este país la mayor amenaza a la paz mundial, sin ningún contendiente siquiera cercano.

Los líderes estadunidenses pueden continuar saboteando a la nación, si lo desean, pero su enorme poder y ventajas sin paralelo hacen de ello una dura tarea, incluso para la bola de demolición de Trump.

–¿Podría comentar sobre el impacto de la guerra al terror sobre la democracia y los derechos humanos dentro del país?

–El tema ha sido bien cubierto, así que no se requiere comentar mucho. Otra ilustración acaba de aparecer en la Reseña de la Semana del New York Times, el elocuente testimonio de un valeroso agente de la FBI que estaba tan desilusionado de su tarea de “destruir personas” (musulmanas) en la “guerra al terror”, que decidió filtrar documentos que exhibían los crímenes e ir a prisión. Esa suerte aguarda a quienes exponen crímenes del Estado, no a los perpetradores, que son respetados y queridos, como el abuelo bobalicón.

Por supuesto, ha habido un serio ataque a las libertades civiles y los derechos humanos, en algunos casos extremadamente indecible, como en Guantánamo, donde los prisioneros torturados aún languidecen después de muchos años sin cargos o porque la tortura fue tan espantosa que los jueces se niegan a permitirles ir a juicio. Por ahora se concede que “los peores de los peores”, como se les llamó, eran en su mayoría testigos inocentes.

Dentro del país, se ha establecido el marco de un Estado vigilante, dotado de un poder absolutamente ilegítimo. Las víctimas, como siempre, son los más vulnerables, pero otros podrían reflexionar sobre la famosa proclama del pastor Martin Niemöller sobre el régimen nazi.

Traducción: Jorge Anaya.

Publicado originalmente en Truthout y ofrecido a La Jornada por el autor

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Magnicidio en Haití: el Primer Ministro destituyó al fiscal que quiere investigarlo por el asesinato de Jovenel Moise

Ariel Henry comunicó la remoción en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el Gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por parte de Claude

 

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció este martes la destitución del fiscal Bel-Ford Claude, horas después de que este solicitara a un juez abrir una investigación al jefe de Gobierno en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moise. Un nuevo fiscal jefe prestó juramento el martes horas después.

Henry comunicó la destitución del fiscal en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el Gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por parte de Claude.

“Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry y pedir su acusación directa”, había escrito Claude antes de ser reemplazado por Frantz Louis Juste, un fiscal que supervisó el caso de la muerte de más de una docena de niños en un incendio en un orfanato cerca de Puerto Príncipe el año pasado.

Claude había solicitado al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe que investigue a Henry como imputado en el caso del magnicidio, por las sospechas causadas por las conversaciones telefónicas que supuestamente mantuvo Henry con uno de los principales sospechosos del magnicidio pocas horas después de que sucediera el crimen.

En una carta dirigida al director del Departamento de Inmigración y Emigración haitiano, Joseph Cianculli, y recogida por el diario Gazette Haiti, Claude traslada que “el señor Ariel Henry tiene prohibido abandonar por vía aérea, marítima y terrestre el territorio nacional por las graves acusaciones de asesinato del presidente Jovenel Moise”.

Henry tiene que presentarse a declarar este martes en el marco de la investigación, que ha hallado varias llamadas telefónicas entre el actual primer ministro y uno de los principales sospechosos del asesinato y que habrían tenido lugar el mismo día del magnicidio.

Moise fue asesinado el 7 de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami regentada por un venezolano.

Hasta ahora, 44 personas han sido detenidas, entre ellos una veintena de ex militares colombianos y cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías. Ninguno de los guardias de seguridad del presidente resultó herido en el ataque.

El comisionado del gobierno de Puerto Príncipe, el equivalente a un fiscal federal, pidió al juez que investigaba el asesinato que acusara a Henry de estar involucrado en el caso debido a las supuestas llamadas telefónicas que Henry hizo con uno de los principales sospechosos.

“Hay suficientes elementos comprometedores que forman (mi) convicción sobre la conveniencia de procesar al Sr. Henry y solicitar su acusación directa”, escribió Bed-Fort Claude, el comisionado, en una carta oficial dirigida a un tribunal de Puerto Príncipe.

A Henry ya se le había pedido que compareciera para ser interrogado en el caso para dar explicaciones sobre las supuestas conversaciones que tuvo unas horas después del asesinato de Moise con un ex funcionario del gobierno buscado en relación con el asesinato.

El viernes, Claude le había pedido a Henry que se presentara el martes para responder preguntas sobre las llamadas.

La policía sigue buscando activamente al ex funcionario Joseph Felix Badio, quien trabajaba en la unidad anticorrupción del Ministerio de Justicia.

El teléfono de Badio supuestamente fue rastreado hasta el área cercana a la residencia de Moise cuando Badio llamó a Henry dos veces en las primeras horas del 7 de julio, después de que el presidente fuera asesinado.

En su carta al juez, Claude dijo que las llamadas duraron un total de siete minutos. También señaló que un funcionario del gobierno tuiteó el mes pasado que Henry afirmó que nunca habló con Badio.

Henry criticó el sábado la solicitud anterior y dijo: “Estas tácticas de distracción, diseñadas para crear confusión y evitar que la justicia siga su curso con calma, no se mantendrán”.

“Aquellos que sean verdaderamente culpables, los autores intelectuales del odioso asesinato del presidente Jovenel Moise y quienes lo ordenaron, serán encontrados, llevados ante la justicia y castigados por sus acciones”.

Un primer ministro legalmente no puede ser interrogado a menos que el presidente lo autorice, pero tras el asesinato de Moise, Haití no tiene presidente.

Henry fue nombrado primer ministro por Moise días antes de la muerte del presidente y prestó juramento el 20 de julio, comprometiéndose a mejorar la terrible seguridad del país y a organizar elecciones retrasadas durante mucho tiempo.

14 de Septiembre de 2021

(Con información de EFE, Europa press y AFP)

Publicado enInternacional
Fabio Mejía Botero, Tras las columnas, fotografía (Cortesía del autor)

“Este fallo es de importancia trascendental para las víctimas en Colombia, porque el Tribunal, quienes lo conforman y sus sentencias, tienen reconocimiento a nivel mundial. A través de los testimonios directos de nosotras las víctimas, se evidencian las practicas sistemáticas de represión utilizadas por el Estado desde sus fuerzas militares, organismos de seguridad en connivencia con grupos paramilitares, en la continuidad de mecanismos atroces: desaparición forzada, tortura, masacres como las de Mapiripán, Puerto Alvira, El Planchón de Oriente, San Carlos de Guaroa, Masacre de Mesetas (en el Meta), ejecuciones extrajudiciales, la eliminación de expresiones alternativas, movimientos campesinos (Sintragrim, en el exilio), movimientos políticos como la Unión Nacional de Oposición –UNO–, el Frente Democrático –FD–, la Unión Patriótica –UP–, el Partido Comunista Colombiano. Dirigentes hombres y mujeres, seres amados, que fueron eliminados físicamente, desplazados forzadamente, despojados de su patrimonio y desarraigados de su territorio e identidad”.


Así resume y enfatiza Vilma Gutiérrez Méndez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice–, capítulo Meta, la importancia de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) haya sesionado en marzo pasado en Colombia, cuyo fallo, aunque simbólico marca pautas fundamentales en la lucha contra la impunidad y la valoración de las víctimas de crimenes de Estado. Esta mujer encarna, precisamente, en la memoria viva de su proyecto de vida, la materialización de las prácticas genocidas y silenciadoras utilizadas por el Estado:


El Tribunal

Como escenario de justicia popular, desde su concepción, el TPP se convirtió en un espacio jurídico esencial que sin tener un carácter vinculante, posiciona la responsabilidad de los gobiernos por su participación en graves crímenes contra los pueblos, tanto por acción como por omisión.


El fallo de la sesión 48° del TPP, llevada a cabo en Colombia, trae consideraciones esenciales como reconocer que en este país ha existido un genocidio continuado, sostenido en el tiempo y orientado al exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social, que no tienen cabida en la concepción del modelo de Estado-Nación.


Como se menciona en la sentencia, han orientado la acción de las fuerzas del Estado y de los grupos paramilitares hacia el reordenamiento social a través del terror, intentando eliminar percepciones de identidad, formas de militancia, estructuras de sentido, modos de organización, tradiciones, entre otras, que se reconozcan contrarias al establecimiento; las víctimas de crímenes de Estado son actores protagónicas al encarnar esta persecución y al recibir todo el impacto de esta violencia sociopolítica individual y colectiva.


Las doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno*, como menciona la sentencia, contraponen la distinción básica del derecho internacional humanitario, pero además dan cuenta de un Estado que modela como opositor, opositora u objeto de exterminio, a quien cuestione, proteste o genere resistencias al modelo político hegemónico, las clases dominantes o la estructura de desigualdad que predomina.

El significado del fallo para las víctimas de crímenes de Estado

Menguar la capacidad organizativa de individuos y colectivos que se contraponen al modelo hegemónico del establecimiento y debilitar su voluntad política y capacidad transformadora quebrantando su tejido social, a través del “castigo ejemplarizante” y del sostenimiento del terror en el tiempo, son algunos de los objetivos que encarna el genocidio político y que el fallo argumenta de manera juiciosa.

Por eso son precisamente las víctimas de crímenes de Estado a quienes la sentencia del TPP más reivindica, otorgando veracidad, dignidad y completa legitimidad a lo que históricamente han denunciado: que en Colombia el Estado construyó un sistema sofisticado de exterminio y terror dirigido hacia los grupos sociales, políticos, culturales, que interpelan su modelo inequitativo de sociedad.

Enunciar que el fallo del TPP tiene prevalencia simbólica al evidenciar que no tiene carácter vinculante, no va en desmedro de la fuerza restauradora y reparadora que la sentencia tiene para las víctimas. No es un hecho menor que esta misma potencia del fallo posibilite restaurar la memoria histórica construida desde el relato hegemónico y negacionista, permitiendo que emerjan las narrativas silenciadas de las víctimas de crímenes de Estado.


En ese sentido, la sentencia del fallo tiene efectos reparadores porque moviliza una memoria colectiva que le exige a la sociedad y al Estado colombiano que se nombre a las personas olvidadas. Trae a la remembranza la lucha de quienes fueron estigmatizados, señalados, asesinados, torturados, desaparecidos y constreñidos al desvanecimiento de su accionar político, sólo por el hecho de disentir e interpelar al Estado.

Memoria de dolor, de resistencia y de superación


A Vilma Gutiérrez, en el año 1984, en plena gestación de la UP en la ciudad de Villavicencio, los paramilitares le asesinaron a su compañero y padre de sus hijos, por pertenecer a una organización gremial de izquierda, ser militante del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Asamblea del Departamento del Meta por el FD.


Vilma, como víctima del genocidio de la UP, es una voz autorizada para evidenciar la lucha histórica de las víctimas de crímenes de Estado, por visibilizar no sólo la existencia del genocidio político como práctica de terror sistemática y continuada sino, además, por denunciar cómo este sistema de exterminio se orienta hacia la eliminación invidividual y colectiva de proyectos políticos identificados por el Estado como ‘enemigos’. Por eso Vilma argumenta que: aunque la sentencia del Tribunal es de opinión y no penal, sus recomendaciones son una ruta para emprender procesos investigativos, de juzgamiento y condenatorios en otros escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional. Posibilita que las comunidades puedan decidir autónomamente sus propios modelos de justicia y no los ordinarios articulados históricamente al establecimiento gubernamental y que perpetúan la impunidad.


Enfatizando en que el punto cinco (5) del Acuerdo de Paz, que posiciona la centralidad de las víctimas y que para su favorecimiento se crea el Sistema Integral para la Paz, Vilma menciona que el fallo además: “nos servirá para la participación activa y de incidencia de las víctimas en el Sivjrnr. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV–, para el reconocimiento de esas causas estructurales (modelo de desarrollo económico, doctrina de seguridad nacional, construcción del enemigo interno, desmonte de estructuras paramilitares, reconocimiento de responsabilidades por acción u omisión del Estado y de otros actores), que permitan una transformación real de costumbres políticas, económicas y sociales. En la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– es necesaria la participación e incidencia de las víctimas como un derecho a la justicia, donde se investigue, procese y se condene a los responsables permitiendo que exista una reparación integral que satisfaga la necesidad de sanar y de emprender caminos de convivencia y reconciliación. Por eso las víctimas seguimos firmes en defender y exigir al Estado y gobierno colombiano, la implementación de los Acuerdos pactados en noviembre de 2016, especialmente aquellos integrados en el Sistema Integral para la Paz”.


La historia de Vilma es el reflejo de la lucha continuada de las víctimas de crímenes de Estado por visibilizar la responsabilidad del Estado en la materialización de la violencia sociopolítica y la violencia continuada. Por lo que este fallo responde a la lucha contra la impunidad, desde la creación de un lugar para la enunciación, la escucha, la visibilización y la sanción simbólica. Esto es, propiciar escenarios de autorreflexión crítica de nuestra historia, orientados hacia el desmonte de la narrativa negacionista y la dignificación de las víctimas.

El fallo como herramienta pedagógica

En el marco de ese objetivo de desmonte de la narrativa negacionista del Estado colombiano sobre el genocidio político continuado y sostenido en el tiempo, el fallo del TPP se convierte para las víctimas en una herramienta pedagógica de cara a la sociedad colombiana para visibilizar los horrores de la violencia, pero también para aportar en la construcción de una narrativa de las memorias silenciadas.


La deconstrucción de los tejidos de las violencias y el aporte a la consolidación de procesos narrativos de liberación es una posibilidad pedagógica y reparadora que tiene el fallo y que permitirá difundir la verdad y hacer de ella un bien público para la sociedad colombiana.

Esta sentencia, por tanto, se convierte en una herramienta para nuestros pueblos, en una oportunidad de visibilizar los relatos de la atrocidad de la violencia estatal del pasado y del presente, apuntando a que realmente exista justicia y garantías de no repetición para las víctimas y para el país entero.

 

* Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre Genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia. Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de marzo de 2021, p. 111.

 

Para suscripción:

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Fabio Mejía Botero, Tras las columnas, fotografía (Cortesía del autor)

“Este fallo es de importancia trascendental para las víctimas en Colombia, porque el Tribunal, quienes lo conforman y sus sentencias, tienen reconocimiento a nivel mundial. A través de los testimonios directos de nosotras las víctimas, se evidencian las practicas sistemáticas de represión utilizadas por el Estado desde sus fuerzas militares, organismos de seguridad en connivencia con grupos paramilitares, en la continuidad de mecanismos atroces: desaparición forzada, tortura, masacres como las de Mapiripán, Puerto Alvira, El Planchón de Oriente, San Carlos de Guaroa, Masacre de Mesetas (en el Meta), ejecuciones extrajudiciales, la eliminación de expresiones alternativas, movimientos campesinos (Sintragrim, en el exilio), movimientos políticos como la Unión Nacional de Oposición –UNO–, el Frente Democrático –FD–, la Unión Patriótica –UP–, el Partido Comunista Colombiano. Dirigentes hombres y mujeres, seres amados, que fueron eliminados físicamente, desplazados forzadamente, despojados de su patrimonio y desarraigados de su territorio e identidad”.


Así resume y enfatiza Vilma Gutiérrez Méndez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice–, capítulo Meta, la importancia de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) haya sesionado en marzo pasado en Colombia, cuyo fallo, aunque simbólico marca pautas fundamentales en la lucha contra la impunidad y la valoración de las víctimas de crimenes de Estado. Esta mujer encarna, precisamente, en la memoria viva de su proyecto de vida, la materialización de las prácticas genocidas y silenciadoras utilizadas por el Estado:


El Tribunal

Como escenario de justicia popular, desde su concepción, el TPP se convirtió en un espacio jurídico esencial que sin tener un carácter vinculante, posiciona la responsabilidad de los gobiernos por su participación en graves crímenes contra los pueblos, tanto por acción como por omisión.


El fallo de la sesión 48° del TPP, llevada a cabo en Colombia, trae consideraciones esenciales como reconocer que en este país ha existido un genocidio continuado, sostenido en el tiempo y orientado al exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social, que no tienen cabida en la concepción del modelo de Estado-Nación.


Como se menciona en la sentencia, han orientado la acción de las fuerzas del Estado y de los grupos paramilitares hacia el reordenamiento social a través del terror, intentando eliminar percepciones de identidad, formas de militancia, estructuras de sentido, modos de organización, tradiciones, entre otras, que se reconozcan contrarias al establecimiento; las víctimas de crímenes de Estado son actores protagónicas al encarnar esta persecución y al recibir todo el impacto de esta violencia sociopolítica individual y colectiva.


Las doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno*, como menciona la sentencia, contraponen la distinción básica del derecho internacional humanitario, pero además dan cuenta de un Estado que modela como opositor, opositora u objeto de exterminio, a quien cuestione, proteste o genere resistencias al modelo político hegemónico, las clases dominantes o la estructura de desigualdad que predomina.

El significado del fallo para las víctimas de crímenes de Estado

Menguar la capacidad organizativa de individuos y colectivos que se contraponen al modelo hegemónico del establecimiento y debilitar su voluntad política y capacidad transformadora quebrantando su tejido social, a través del “castigo ejemplarizante” y del sostenimiento del terror en el tiempo, son algunos de los objetivos que encarna el genocidio político y que el fallo argumenta de manera juiciosa.

Por eso son precisamente las víctimas de crímenes de Estado a quienes la sentencia del TPP más reivindica, otorgando veracidad, dignidad y completa legitimidad a lo que históricamente han denunciado: que en Colombia el Estado construyó un sistema sofisticado de exterminio y terror dirigido hacia los grupos sociales, políticos, culturales, que interpelan su modelo inequitativo de sociedad.

Enunciar que el fallo del TPP tiene prevalencia simbólica al evidenciar que no tiene carácter vinculante, no va en desmedro de la fuerza restauradora y reparadora que la sentencia tiene para las víctimas. No es un hecho menor que esta misma potencia del fallo posibilite restaurar la memoria histórica construida desde el relato hegemónico y negacionista, permitiendo que emerjan las narrativas silenciadas de las víctimas de crímenes de Estado.


En ese sentido, la sentencia del fallo tiene efectos reparadores porque moviliza una memoria colectiva que le exige a la sociedad y al Estado colombiano que se nombre a las personas olvidadas. Trae a la remembranza la lucha de quienes fueron estigmatizados, señalados, asesinados, torturados, desaparecidos y constreñidos al desvanecimiento de su accionar político, sólo por el hecho de disentir e interpelar al Estado.

Memoria de dolor, de resistencia y de superación


A Vilma Gutiérrez, en el año 1984, en plena gestación de la UP en la ciudad de Villavicencio, los paramilitares le asesinaron a su compañero y padre de sus hijos, por pertenecer a una organización gremial de izquierda, ser militante del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Asamblea del Departamento del Meta por el FD.


Vilma, como víctima del genocidio de la UP, es una voz autorizada para evidenciar la lucha histórica de las víctimas de crímenes de Estado, por visibilizar no sólo la existencia del genocidio político como práctica de terror sistemática y continuada sino, además, por denunciar cómo este sistema de exterminio se orienta hacia la eliminación invidividual y colectiva de proyectos políticos identificados por el Estado como ‘enemigos’. Por eso Vilma argumenta que: aunque la sentencia del Tribunal es de opinión y no penal, sus recomendaciones son una ruta para emprender procesos investigativos, de juzgamiento y condenatorios en otros escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional. Posibilita que las comunidades puedan decidir autónomamente sus propios modelos de justicia y no los ordinarios articulados históricamente al establecimiento gubernamental y que perpetúan la impunidad.


Enfatizando en que el punto cinco (5) del Acuerdo de Paz, que posiciona la centralidad de las víctimas y que para su favorecimiento se crea el Sistema Integral para la Paz, Vilma menciona que el fallo además: “nos servirá para la participación activa y de incidencia de las víctimas en el Sivjrnr. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV–, para el reconocimiento de esas causas estructurales (modelo de desarrollo económico, doctrina de seguridad nacional, construcción del enemigo interno, desmonte de estructuras paramilitares, reconocimiento de responsabilidades por acción u omisión del Estado y de otros actores), que permitan una transformación real de costumbres políticas, económicas y sociales. En la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– es necesaria la participación e incidencia de las víctimas como un derecho a la justicia, donde se investigue, procese y se condene a los responsables permitiendo que exista una reparación integral que satisfaga la necesidad de sanar y de emprender caminos de convivencia y reconciliación. Por eso las víctimas seguimos firmes en defender y exigir al Estado y gobierno colombiano, la implementación de los Acuerdos pactados en noviembre de 2016, especialmente aquellos integrados en el Sistema Integral para la Paz”.


La historia de Vilma es el reflejo de la lucha continuada de las víctimas de crímenes de Estado por visibilizar la responsabilidad del Estado en la materialización de la violencia sociopolítica y la violencia continuada. Por lo que este fallo responde a la lucha contra la impunidad, desde la creación de un lugar para la enunciación, la escucha, la visibilización y la sanción simbólica. Esto es, propiciar escenarios de autorreflexión crítica de nuestra historia, orientados hacia el desmonte de la narrativa negacionista y la dignificación de las víctimas.

El fallo como herramienta pedagógica

En el marco de ese objetivo de desmonte de la narrativa negacionista del Estado colombiano sobre el genocidio político continuado y sostenido en el tiempo, el fallo del TPP se convierte para las víctimas en una herramienta pedagógica de cara a la sociedad colombiana para visibilizar los horrores de la violencia, pero también para aportar en la construcción de una narrativa de las memorias silenciadas.


La deconstrucción de los tejidos de las violencias y el aporte a la consolidación de procesos narrativos de liberación es una posibilidad pedagógica y reparadora que tiene el fallo y que permitirá difundir la verdad y hacer de ella un bien público para la sociedad colombiana.

Esta sentencia, por tanto, se convierte en una herramienta para nuestros pueblos, en una oportunidad de visibilizar los relatos de la atrocidad de la violencia estatal del pasado y del presente, apuntando a que realmente exista justicia y garantías de no repetición para las víctimas y para el país entero.

 

* Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre Genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia. Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de marzo de 2021, p. 111.

 

 

 

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Publicado enColombia
El asesinato de Javier Ordoñez y 13 pobladores más. Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional*

"Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Abraham Lincoln.

Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional como fechas trágicas pero también de apertura esperanzadora de una vitalidad social vestida de indignación, templanza, solidaridad, emancipación.

Aquellos corresponden a dos días vestidos de duelo y de vida en los que, una vez más, la inexistente democracia colombiana salió a flote tal cual es, sin apariencias ni disfraces. El 9, la coraza protectora del poder[1] asesina a Javier Ordóñez, saciando toda su vileza en el cuerpo de la víctima hasta reventarlo a golpes, patadas y descargas de pistola taser, homicidio así comprobado por el informe forense a cargo de Medicina Legal[2].

La noticia de un asesinado a manos de la policía ahora no pasa inadvertida y, como debía ser, suscitó indignación y asco. Se da entonces una fuerte reacción por la violación del derecho a la vida y también, quizá por las circunstancias de injusticia acumuladas a lo largo de seis meses de promesas y pocas realizaciones de parte de los gobiernos nacional, departamentales y municipales; quizá por la memoria de dolor acumulada de otras tantas actuaciones violatorias de los Derechos Humanos por el cuerpo policial, la mayoría de ellas negadas o dilatadas por la impunidad; pero quizá con aporte igualmente de las condiciones de desempleo y falta de estudio que afectan a decenas de miles de jóvenes, justo los movilizados en rechazo de lo sucedido y quienes en forma espontánea rodearon los Centros de Atención Inmediata (CAI), tanto en Bogotá como en Soacha.

La acción sorprendió a los agentes cuyos mandos seguramente recibían, sin guardar silencio, los reportes provenientes de cada uno de esos centros de operación y abuso La protesta gana tamaño y voces dolidas por lo sucedido increpan a los uniformados por su proceder autoritario, por el irrespeto a la vida. El reclamo contenía en su fuerza iracunda miles de denuncias de los despropósitos cotidianos de un cuerpo armado erigido en dios y señor, sufridos en carne propia por jóvenes y no tanto, y por hombres y mujeres. ¡Rabia contenida que explota con la fuerza eruptiva del volcán!

Pero sin comprender esa rabia ni tratar de encauzarla en debida forma, y sí como mensaje para romper solidaridades y atemorizar a los presentes como a otros que pretendieran sumarse a la protesta, la Policía desata una bacanal de muerte y dolor traducida en 13 manifestantes asesinados, en su totalidad jóvenes, más decenas de heridos a bala, más otros tantos a golpes y gases. La rabia se multiplica. Reportes en tiempo real muestran a quienes supuestamente velan por la vida de todos y por el bien común, disparando sin piedad alguna contra las personas que les inquieren, así como contra quienes por una u otra razón cruzan en esos momentos los territorios alterados[3].

El proceder oficial desnuda la apariencia y viste con su traje real a la Policía, cuerpo militarizado, instruido bajo la doctrina de ‘seguridad nacional’, que visualiza como enemigo a quien reclama respeto y justicia, sin ver en el mismo al ciudadano en ejercicio de sus deberes y en defensa de sus derechos. Se manifiesta así una mentalidad de ejército de ocupación, el de esta policía, acostumbrada a golpear, arrastrar, insultar, amenazar, disparar a quien desatienda sus peligrosas y desmedidas órdenes. Se trata de una unidad policivo-militar autoprotegida por un fuerte espíritu de cuerpo, revestido de impunidad, evidencia de lo cual quedan varios homicidios, todos ellos de jóvenes e incluso menores de edad, como se ve:

1) Nicolás Neira (1º de mayo de 2005), producto de un disparo de munición recalzada que le impactó la parte posterior del cráneo, acción encubierta –por orientación de sus mandos– por quienes acompañaban al sindicado, al decir que la muerte era consecuencia de un supuesto golpe del occiso contra un bolardo. Luego de 15 años, y tras múltiples demoras y componendas, incluso con presión de la Fiscalía para firmar un preacuerdo al que se oponía la familia de Nicolás, y anulado por la Corte Constitucional, la justicia aún no falla en este asesinato.

2) Óscar Leonardo Salas (8 de marzo de 2006), quien perdió la vida por un ataque en grupo de parte de efectivos del Esmad, cuya investigación está perdida en los recovecos del maleable sistema judicial colombiano.

3) Diego Felipe Becerra (19 de agosto de 2011), asesinado por un agente de la policía en servicio por estar pintando un grafiti. La investigación judicial fue bloqueada con varios montajes y en repetidas ocasiones por el ya referido espíritu de cuerpo policial, a fin de desvirtuar el motivo del crimen, así como la propia investigación, hasta permitirle al inculpado salir de la cárcel un día antes del final del juicio para que se fugara. Al día siguiente fue condenado a 38 años de prisión.

4) Andrés Camilo Ortiz Jiménez (15 de junio de 2018) Con fallo condenatorio del inculpado, el asesinato se produce porque Andrés Camilo trataba de colarse en el servicio de Transmilenio, en la estación Calle 142. La decisión judicial condenatoria a 10 años de prisión –en casa por cárcel– no satisfizo a la familia.

5) Dilan Cruz (25 de noviembre de 2019, herido el sábado 23 en la calle 19 de Bogotá), El asesinato resulta de un disparo de recalzada –¡otra!– por parte del Esmad y amplía la letanía de homicidios a manos de un cuerpo policial de choque cuyo proceder está lejos de proteger la vida y sí claramente configurado para contener, desordenar y dispersar la protesta social, no importa el precio que ello conlleve. La paquidermia judicial parece favorecerlo.

Otros homicidios, como los cometidos por unidades policiales contra indígenas en medio del proceso social denominado “Liberación de la Madre Tierra”, con un registro de decenas de heridos de diversa gravedad, también permanecen en el limbo.

Pero toda barbarie tiene su límite. La encarnada por uno de los cuerpos de protección del poder realmente existente en Colombia lo encontró en la magnitud de su propia violencia y muerte que produjo al verse cercado por la protesta ciudadana, reacción que no parece espontánea y sí responder a un dispositivo B o de emergencia, al que pueden acudir los agentes cuando se sienten sitiados, como ocurrió durante los días 9 y 10 de septiembre.

La cantidad de muertes, así como de lesionados por el accionar de sus armas, en esta ocasión fue imposible de ocultar por la solidaridad de cuerpo, más aún con el surgir de interrogantes desde el establecimiento mismo por la forma de proceder, llegando hasta exigir su reforma inmediata. Pero, pese a la demencial violación de Derechos Humanos protagonizada, todo indica que el poder está decidido a que el costo sea mínimo en términos de efectivos juzgados y condenados, mensaje así enviado por el Presidente, que el 16 de septiembre acudió a varios CAI a felicitar a la unidades policiales. Asimismo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo lo propio en otros puntos, expresando sin rubor: “Nuestra gratitud, apoyo y cariño por la tarea que hacen ustedes en la Policía. Queremos recomendarles permanentemente hacer su tarea: protección a los ciudadanos, siempre con el máximo cumplimiento de la ley, respetando y velando por los derechos de cada colombiano, sabiendo que es una tarea difícil, abnegada y sacrificada".

De igual manera, y como parte de este mismo despliegue de solidaridad de cuerpo, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido al que pertenece el Presidente, acudió al CAI del barrio Cedritos –sector donde tres jóvenes fueron asesinados en las jornadas comentadas– a llevar igual mensaje. El rechazo comunitario impidió la impunidad de su acto.

El proceder censurado por la sociedad en estas jornadas se rubrica con la simultaneidad en el envío de mensajes de complacencia con lo actuado por parte de sus alfiles y peones, protectores del poder, actuación similar a la que lideró la ministra de Justicia al saludar la actuación de la guardia penitenciaria en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá en marzo de 2020 y que culminó con 23 internos asesinados[4]. En ambos casos, estamos una vez más ante la evidencia del autoritarismo y el militarismo que impregnan a la institucionalidad colombiana, soporte de su modelo de control y dominio social, y parte de los diques que bloquean la emergencia de la democracia que requiere el país para cerrar una historia de dos siglos de régimen presidencialista, centralista, militarista, autoritario y policivo.

De esta manera, con violencia y muerte como recurso eterno del poder para atemorizar y prolongar su dominio, iniciamos la mal llamada “nueva normalidad”, real continuidad de las constantes que caracterizan a los detentadores del poder y su forma de gobernar en el país, donde imperan los gobiernos de los ricos y para ellos. El enfrentamiento a la pandemia desplegó sus primeras medidas a la par de la masacre al interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. En ambas ocasiones, la muerte sobrepuesta a la vida; en ambas ocasiones, la irreal democracia existente en Colombia exteriorizando sin apariencia alguna su real fisonomía, protegida por un inmenso poder y un dispositivo militar que pisotean sin cesar los derechos de las mayorías de Colombia.

Es la actual una constante de muertes, concentración de la propiedad y de la riqueza en general, del poder y de todas sus mieles, a través de una histórica, ampliada e inocultable brecha social que impera en el transcurso de más de dos siglos de la historia nacional, realidad que permite reclamar, con la voz de los ausentes y con la acción de quienes aún izan la bandera de la dignidad de la humanidad: Democracia que no has de ejercer, déjala ser.

*Este escrito corresponde al Posfacio del libro "Democracia que no has de ejercer, déjala ser", que Ediciones Desde Abajo publicará en el mes de octubre 2021.


Represión y asesinatos

 

En aquella jornada de solidaridad, resistencia y protesta ciudadana cayeron bajo la acción violenta policiva protectora del poder las siguientes personas, todas ellas jóvenes y con edades entre los 17 años y máximo 30.

Barrio Verbenal

Camilo Hernández

Jaider Fonseca

Andrés Rodríguez

 

Localidad de Suba

Germán Smith Puentes

Julieth Ramírez

Freddy Alexander Mahecha

 

 Localidad de Kennedy

Julián Mauricio González

 

Localidad de Ciudad Bolívar

Eidier Jesús Arias

 

Municipio de Soahca

Marcela Zúñiga

Gabriel Estrada Espinoza

Cristhián Andrés Hurtado,

Lorwuan Estiwen Mendoza

 

Crimenes aleves, a mansalva, sobre pesonas desarmadas. Asesinatos con impunidad total, a pesar que en su momento el general de la policía Gustavo Moreno, encargado del mando general de la institución en ese momento, aseguró que 35 agentes habían reconocido haber accionado sus armas de dotación contra los manifestantes.

Por la tortura y asesinato de Javbier Ordoñez fue condenado uno de los patrulleros del CAI donde fue brutalmente violenetado, se trata de Juan Camilo Lloera, condenado a 20 años de edad.

La impunidad perdura, y la solidaridad de cuerpo se expresa una vez más, como en otros muchos crímenes a cargo de uniformados.

 

[1] “La policía, brazo protector del poder”, periódico Desde Abajo Nº 272, septiembre 18-octubre 18, 2020, p. 4.

[2] “Javier Ordoñez murió por múltiples traumas contundentes producidos por terceros”, https://bit.ly/34IM1Gf.

[3]https://bit.ly/2FhDJMO.

[4] Periódico Desde Abajo, marzo 23/2020, Colombia. ¿La justicia es ciega?, op. cit.

Publicado enColombia
En protestas sí hubo uso indiscriminado de la violencia por parte de la Policía: fallo del Consejo de Estado

El alto tribunal ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización de protección de los derechos de los manifestantes en medio de las manifestaciones

 

El Consejo de Estado ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana, con respeto de los derechos constitucionales que garantizan este tipo de movilizaciones, como las marchas, la libre reunión y la libertad de expresión.

La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, interpuso un ciudadano contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional que se vive en Colombia desde el 28 de abril del 2021, violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.

La orden, que fue impartida a la Policía, deberá tener en cuenta acciones preventivas sobre el uso de armas y dispositivos menos letales, como el lanzacohetes Venon. Esto, en atención a la jurisprudencia de las altas cortes sobre la salvaguarda del derecho a la protesta pacífica y no violenta.

El tribunal recalcó que los uniformados deben actuar más como agentes de paz y garantizar el derecho de marchantes y los que no lo son, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.

 “Hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes. Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa”, señaló el Consejo de Estado.

En el fallo, también se conmina al organismo de control disciplinario y a la Fiscalía a investigar posibles faltas y delitos que se hayan cometido a partir del 28 de abril, con el fin de evitar que las conductas prescriban, “toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”. Esto, sin perder de vista los posibles delitos que hayan dado lugar a la afectación de bienes privados, públicos e integridad de los agentes de la fuerza pública durante las protestas.

El Consejo de Estado invitó a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos a la protesta pacífica y libre reunión sin alterar el orden público y denunciando a quienes desconozcan estos y otros límites, abusando de las garantías constitucionales que vienen siendo protegidas en este caso.

Por otra parte, solicitó que se ordenara al jefe de Gobierno emitir directrices para que el Ministerio Público acompañe y asesore a las víctimas y a sus familiares, adelantando los controles de rigor frente a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en torno a las manifestaciones ciudadanas. También pidió que se le ordenara al presidente asegurar que los comandantes de cada fuerza se vieran en obligación de dejar constancia escrita del armamento asignado a cada uno de los integrantes de cada organismo asignados a los operativos, patrullaje y acciones de recuperación del orden público. Finalmente, requirió que el jefe del Ejecutivo prohíba vuelos bajos de helicópteros, uso de gases lacrimógenos, cohetes, bengalas y bombas aturdidoras.

8 de Septiembre de 2021

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Familiares y organizaciones escriben cartas por la memoria de jóvenes víctimas de desaparición forzada

Agosto 30 de 202de 202de 202de 202 de 2021: En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares y organizaciones escribieron cartas para honrar la memoria de 13 jóvenes detenidos – desaparecidos entre marzo y septiembre de 1982.


Madres, hermanas, hijas y jóvenes universitarios escribieron estas cartas desde el dolor de la ausencia, desde el recuerdo del último encuentro, desde la lucha y la resistencia porque se haga justicia y algún día conozcan la verdad. Pero también, con estas letras siguen gritando ¿Dónde están?


¿Dónde están? Las 13 personas detenidas - desaparecidas entre marzo y septiembre de 1982, entre ellos, 9 estudiantes de la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y el Colegio Gonzalo Bravo Páez, un agricultor, un trabajador metalúrgico y dos habitantes de Gachalá, Cundinamarca.


Con estas cartas los familiares del Caso Colectivo 82 y organizaciones, traen a la memoria a estos 13 jóvenes desaparecidos 39 años atrás, pero también invitan a la sociedad a dimensionar el flagelo de la desaparición forzada y las afectaciones que ha generado a más de 82.000 familias en Colombia.


Algunos fragmentos de las cartas estarán en espacios públicos de Bogotá y contarán con un código QR para que la sociedad pueda leer los escritos completos.

 

 


Estos mensajes junto a otras acciones hacen parte del proceso que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad lleva a cabo con familiares del ´Caso Colectivo 82´, quienes viajarán a la ciudad de Bucaramanga para participar en el encuentro por la verdad donde se reconocerán las violencias y las afectaciones contra el sector universitario en el marco del conflicto armado, el próximo jueves 2 de septiembre en la Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga.

 

A continuación, compartimos la descripción de cada carta y sus imágenes originales.


A mis tíos


Esta carta escrita por Hilda Maritza, está dirigida a Alfredo Rafael San Juan, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia e Ingeniero Catastral de la Universidad


Distrital Francisco José de Caldas y a Samuel Humberto San Juan, estudiante de la Universidad Nacional, quienes fueron detenidos - desaparecidos el 8 de marzo de 1982.


Alfredo Rafael y Samuel Humberto, fueron quienes pintaron al revolucionario argentino el Che Guevara en la fachada del Auditorio León de Greiff De la U. Nacional, también eran activistas estudiantiles y políticos, según su hermana María Teresa San Juan, quien también afirma: “Cada vez que venimos a la Nacional es tan doloroso y más cuando vemos el Che en frente porque simboliza como el rostro de mis hermanos”.

 

Señores desaparecedores

 

 


Estas letras escritas por Martha Ospina, están dirigidas a los responsables de la desaparición de su padre Hernando Ospina Rincón, trabajador metalúrgico quien fue detenido de forma ilegal el 11 de septiembre de 1982 en su taller del barrio Las Ferias.


Martha, quien perdió a su padre manifiesta que “son 39 años de ausencia donde el dolor sigue latente, porque la ausencia de mi papá para mi familia nos marcó profundamente a todos, nos transformó nuestros proyectos de vida y hasta hoy nos lastima y duele hablar de mi papá”.

 

Semblanza de Hernando Ospina Rincón

 

Hasta encontrarte

Este texto escrito por Mercedes Ruiz Higuera hace memoria sobre su cuñado Hernando Ospina Rincón, quien fue detenido – desparecido el 11 de septiembre de 1982. Sus palabras también están en el libro “Almas que escriben, memorias y esperanza” donde describe a Hernando desde su humanidad y la lucha que junto a su familia emprendieron por la vedad y la justicia. Así mismo, este texto rinde homenaje a Hernando Ospina, pero también a los estudiantes que han sido víctimas de la violencia en Colombia.

 

América Cristo Siglo XX

 

Gustavo Campos Guevara, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, fue víctima de desaparición forzada el 23 de agosto de 1982. Su hermana, Rosalba Campos nos comparte este poema escrito por él y su reflexión acerca de la lucha emprendida “el logro más grande hubiera sido que nos hubieran devuelto a nuestro familiar, pero que no hubieran seguido desapareciendo a las personas. Es muy triste como en este tiempo han desaparecido a muchos jóvenes”.

Carta a los estudiantes de hoy y de mañana

 

 

Esta carta escrita por la organización Archivos del Búho que realiza proyectos de investigación sobre las memorias del movimiento estudiantil, comparte mensajes y reflexiones sobre el rol de los estudiantes en las universidades.

Es así, como desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad también traemos a la memoria a las demás personas del colectivo 82 que fueron detenidos – desparecidos, y a sus familias, quienes siguen luchando por la justicia y la verdad.


• Orlando García Villamizar, desaparecido el 4 de marzo de 1982.
• Pedro Pablo Silva Bejarano, desaparecido el 4 de marzo de 1982.
• Alfredo Rafael San Juan A., desaparecido el 8 de marzo de 1982.
• Samuel Humberto San Juan A., desaparecido el 8 de marzo de 1982.
• Rodolfo Espitia Rodríguez, desaparecido el 18 de agosto de 1982.
• Edgar Helmut García Villamizar, desaparecido el 18 de agosto de 1982.
• Gustavo Campos Guevara, desaparecido el 23 de agosto de 1982.
• Hernando Ospina Rincón, desaparecido el 11 de septiembre de 1982.
• Rafael Guillermo Prado J., desaparecido el 12 de septiembre de 1982.
• Edilbrando Joya Gómez, el desaparecido 13 de septiembre de 1982.
• Francisco Antonio Medina, desaparecido el 13 de septiembre de 1982.
• Bernardo Heli Acosta Rojas, desaparecido el 15 de septiembre de 1982.
• Manuel Darío Acosta Rojas, desaparecido el 15 de septiembre de 1982.

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Colombia. Con asesinatos y amenazas pretenden silenciar el descontento social

Asesinan al joven y activista estudiantil Esteban Mosquera

Dolor y frustración en amplios sectores sociales dejó el asesinato del joven activista estudiantil Esteban Mosquera, a quien le arrebataron la vida en la tarde del pasado lunes 23 de agosto en las inmediaciones de su residencia en el barrio La Pamba de su natal Popayán.

 

Un crimen que al ser puesto en contexto genera aún más indignación. Esteban, joven estudiante de música, activista y periodista comunitario, objeto de asesinato selectivo, había padecido los estragos de la represión estatal: el 13 de diciembre de 2018, en el marco de las manifestaciones estudiantiles de ese entonces, fue violentado por el Esmad en su rostro, acción por la cual había perdida su ojo izquierdo.

Ataque aleve sufrido mientras hacía el ejercicio periodístico como fotógrafo, pues Esteban a lo largo de su vida colaboró con tres medios alternativos locales: Red Alterna, Contraportada y Raíz Grafica. Además, se desenvolvía como estudiante de música en la Universidad del Cauca, en la que era conocida su labor como activista en favor de los derechos estudiantiles y símiles reivindicaciones sociales.

Objeto de la violencai estatal, y también víctima de la incomprensión hogareña. “No hay que ocultarlo”, nos dice alguién que compartió vivencias con él: Esteban también estuvo atravesada por acoso y violencia intrafamiliar, agresiones que en parte padecía por su participación activa en la protesta social y por el ejercicio del periodismo.

Una realidad que, rompiendo el silencio que muchas veces prevalece ante litigios familiares, él ventiló en Red Alterna, denunciando el maltrato que padecía en su sitio de residencia producto de su forma de pensar. Cotidianidad dificil, ya que entre maltrato físico y otras practicas su día a día se veía coartado por humillaciones, como cerrarle con llave el servicio sanitario e impedirle el acceso al piano de cola para perfeccionar sus estudios.

Víctima en todo sentido de la ignorancia e intolerancia, que históricamente se han incrustado en la idiosincrasia del colombiano de a pie, alienación que celebra gobiernos corruptos y rechaza tajantemente la crítica, la protesta, la demanda de justicia social, así como la diferencia.

Tendencias macabras

La muerte de Esteban Mosquera se suma a la sombría estadística de líderes sociales, activistas y estudiantes asesinados a lo largo del 2021, cuyas estadistícas, según Indepaz, totalizan 108 víctimas, de las cuales 56 asesinatos se produjeron dentro del marco del Paro Nacional y movilizaciones posteriores. Asesinatos a los que se suman 82 víctimas jóvenes impactados por el Esmad con sus armas “no letalres” producto de lo cual quedaron con un ojo menos, agresión, violación de sus derechos humanos, padecido por Esteban en el 2018.

El nombre de Esteban Mosquera se suma al de Juan Sebastián Quintero Munera, Yeison Benavides y Camilo Galindez, otros jóvenes asesinados desde el mes de junio en el departamento del Cauca,.

Nombres, números y fechas que alimentan las estadísticas del oprobio, en las que, caso por caso, se hallar patrones comunes, y donde aparentemente el ‘crimen’ es protestar, dignidad que en Colombia es cobrada con sangre. Intimidar, multiplicar el mideo, es sello del poder.

Números que dejan entrever patrones claros de represión y persecución contra todo tipo de personas que manifiesten sus sentires y exprese su voz en aras de tejer lazos de colaboración en tiempos de “posconflicto”. El modus operandi del establecimiento deviene de prácticas totalitarias también implementadas en protestas sociales de otras latitudes, pues las lesiones oculares también han tenido lugar en Chile, Francia, Hong Kong y demás países donde la ciudadanía ejerce su derecho a la protesta. Pero los homicios solo tienen lugar en uno que otro país y nunca en cantidades como las registradas en Colombia donde la criminalización de la protesta social tiene la huella de estrategia y operatividad militar.

El día de ayer miércoles 25, fue velado el cuerpo de Esteban en la ciudad de Popayán, luego de múltiples actos simbólicos en su alma mater y varias movilizaciones convocadas en su nombre. El día de hoy, jueves 26 de agosto, a las 5pm en el Boulevar del río en la ciudad de Cali han convocada una velatón en su nombre para honrar la memoria de Esteban Mosquera, joven comprometido con la transformación social, cuya muerte significa un duro golpe para la resistencia estudiantil en la ciudad de Popayán.

La consigna de “Ni un muerto más” se diluye entre más víctimas. Cada día se sienten los pasos totalitarios del establecimiento, uniformado o de civil, resguardados en la impnidad, porque nada más colombiano que “tapen, tapen”, procurando que las cosas se queden como están.

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/06/en-colombia-han-asesinado-1201-homicidios-de-lideres-sociales-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/

http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

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Magnicidio, encubrimiento y marines “humanitarios”

Estados Unidos y Colombia

Parece una mala novela policial, donde un comando de mercenarios comete un magnicidio y donde los gobiernos que envían y financian a los asesinos luego se aseguran de que sean funcionarios propios quienes investiguen el hecho, amparados por un comando “humanitario” de marines estadounidenses.

Todo esto hace cada vez más difícil que alguna vez se sepa realmente la verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenal Moïse, el 7 de julio pasado.

Una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, salpican directamente a los países que están colaborando con las investigaciones sobre el crimen: Colombia y Estados Unidos. Pero sobre llovido, mojado. El 14 de agosto, un terremoto, de más potencia pero con menos víctimas fatales que el de 2010 que dejara más de 300 mil muertos, se abatió contra Haití, con sus secuelas de muertes, destrucción y hambruna. 

La respuesta humanitaria de Washington, fue enviar un contingente de “marines”, que si bien no necesitan dar rodeos para invadir países, en este caso han utilizado el recurso de ser «bondadosos» y «solidarios» con la tragedia haitiana, y han hecho pie nuevamente en un país que invadieron en varias ocasiones y en donde casi siempre controlaron a sus gobernantes.

Unos 420 marineros y alrededor de 200 infantes de marina, trabajarán en la limpieza de escombros y reapertura de carreteras, búsqueda, rescate y evacuación de heridos. Las tropas podrían permanecer en Haití hasta cuatro meses o más según sea necesario. El transporte anfibio USS Arlington se desplegará con dos helicópteros MH-60 Seahawk, un equipo quirúrgico y una lancha de desembarco. 

Además, Estados Unidos está enviando el USNS Burlington Spearhead Class Expeditionary Fast Transport (T-EPF-10) –un transporte rápido expedicionario- que también servirá como plataforma para lanzar drones para vigilancia aérea, así como dos aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon. ¿Ayuda humanitaria?

 La población haitiana que viene sufriendo una desgracia tras otra, entre los malos gobernantes, el asesinato de su presidente Jovenal Moïse por mercenarios colombianos y estadounidenses, y la reacción de la Naturaleza en forma de terremoto frente a tanta agresión, ahora tendrán que lidiar con la prepotencia y el afán represivo de una tropa como la de los marines estadounidenses, acostumbrada a matar, a violar y a torturar. 

Los haitianos aún recuerdan el terremoto de 2010 que mató a cerca de 300 mil personas, en particular en la capital Puerto Príncipe y sus alrededores, y ahora vuelven a preguntarse sobre la frontera entre la ayuda de buena fe ante una emergencia humanitaria y la alimentación carroñera del “capitalismo del desastre”, ya que éste lucra con los cadáveres y el dolor ajeno. El terremoto pasa, las invasiones no.

Las familias haitianas que trataban, durante más de una década, de superar el duelo, de un momento a otro se vieron literalmente obligadas a enfrentar sus viejos fantasmas: el miedo, la incertidumbre, la zozobra, los turbulentos estados emocionales y psíquicos e incluso los complejos cuadros psicopatológicos que provocaron el terremoto y sus múltiples réplicas de sur a norte del país. 

Mercenarios y algo más

Los largos años de conflicto armado en Colombia han proporcionado un prolífico campo de entrenamiento para los militares, generalmente por parte de expertos estadounidenses e israelíes. Empresas de seguridad privadas en el mundo contratan a soldados entrenados en Estados Unidos por su experiencia contra guerrillas, campesinos, obreros e incluso cárteles de la droga (a veces contra y otras a favor).  Para el NYT, una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año, después de que un colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2.700 dólares mensuales, cifra casi siete veces mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares y sirve apenas para subsistir.

El gobierno colombiano incumple el tratado de paz con la guerrilla y no tiene más argumentos que una creciente represión para detener el estallido social en el país, mientras el ejército entrena y despliega a una nueva generación de soldados que, de no mejorar las oportunidades en Colombia, seguramente será captada por una industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos de desestabilización en todo el mundo.

Colombia fue ganando reputación como tierra fértil para mercenarios. Hasta ahora, alrededor de seis mil soldados colombianos retirados han trabajado como guardias de seguridad, pilotos o técnicos de mantenimiento de aeronaves y vehículos en los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán y Dubai. Las ofertas llegan por whatsapp y por empresas colombianas administradas por oficiales retirados, muchos de ellos cobertura de altos cuadros en actividad.  Pero no solo seducen a personal retirado, sino a militares en actividad: a mediados de la deácada del 2000, renunciaron en masa pilotos de helicópteros Black Hawk, capacitados por instructores estadounidenses e israelíes, para trabajar con empresas privadas. Y algunos terminaron bombardeando aldeas en Afganistán o Irak.

¿Una trasnacional del crimen?

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen las operaciones mercenarias que vinculan a EEUU y Colombia y denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crimen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y «su aparato de propaganda» para lavar sus actos criminales.

Pero vayamos a los hechos. La detención de 18 veteranos colombianos en Puerto Príncipe por su participación en el magnicidio del presidente Moïse, desató un debate sobre el trato que el gobierno de Colombia da a sus soldados retirados y sobre los contratistas de éstos para perpetrar asesinatos y otros actos delictivos para desestabilizar gobiernos y favorecer los negocios de sus financistas.  También Estados Unidos está involucrado en el magnicidio, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios fueron entrenados por el Pentágono, o sea el Departamento de Defensa.

La canciller Marta Lucía Ramírez y el gobierno de Iván Duque han asegurado que los mercenarios «fueron engañados». O sea, no se niega que sean mercenarios ni que el gobierno supiera de sus actividades, sino que además ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.

Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un mantoque le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo.  Por su parte, Washington envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para «apoyar» la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien –siguiendo el libreto- pidió «investigadores» a Interpol y a las agencias de seguridad de Estados Unidos y Colombia.

La policía colombiana confirmó que los asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EEUU y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.  Pero a mediados de julio, el discurso oficial dio un giro, y la vicepresidente Ramírez -quien fuera ministra de Defensa del genocida presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2003-  anunció el envió de una misión consular para asistir a los mercenarios colombianos detenidos y gestionar la repatriación de los asesinos muertos en el magnicidio.  Y lanzó la especie –que tomaron varios medios trasnacionales- de que varios de los conspiradores, lamentablemente habían sido engañados: algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba, la mayoría fue a otra misión, que supuestamente consistía en apoyar las fuerzas de seguridad de ese país. Y en arenga patriotera dirigida quizá al mercado interno, aseguró que «jamás un militar colombiano» sería capaz de pensar «en la hipótesis de participar en un magnicidio».

Obviamente, el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan imponer la narrativa de que los mercenarios son héroes y caballeros militares (no sería de extrañar que apareciera alguna película sobre el hecho), pero se trata de otra operación de desinformación en desarrollo contra Haití.

Paralelamente, el Departamento de Estado estadounidense anunció que Dabniel Foote sería el enaviado especial a Haití para colaborar «con los socios haitianos e internacionales«, «facilitar una paz y una estabilidad duradera», y apoyar «los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas». Amén.

El magnicidio de Moïsepuso en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada,  asociadas con actores políticos actuales, que relacionados estrechamente con actores económicos estadounidenses, israelíes y del Reino Unido, países a los que se les hace rentable contratar mano de obras asesina colombiana, ya utilizada en los conflictos de Irak, Siria, Afganistán y Yemen.   «Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional», denuncia el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus.

Unos 15 mil soldados, con alta preparación castrense, salen del Ejército colombiano tentados por contratos apetitosos de contratistas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse). Los dineros los reciben a través de empresas legalizadas en Colombia que guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.

Por Aram Aharonian | 24/08/2021

Fuentes: Rebelión - CLAE

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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