Viacarra acusó a la oposición de  utilizar el Parlamento “para buscar impunidad” frente a cargos de corrupción. Imagen: EFE

El presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le permitiría cerrarlo y llamar a elecciones legislativas.

“Está en peligro la democracia”, señaló el presidente Martín Vizcarra en un breve mensaje al país dado ayer, refiriéndose así a las últimas decisiones del Congreso controlado por el fujimorismo. Ha sido una acusación directa a la mayoría parlamentaria formada por el fujimorismo y sus aliados, a los que acusó de utilizar el Parlamento para actuar en contra de la democracia “para buscar impunidad” frente a cargos de corrupción. Después de lanzar esa grave acusación, el presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le abriría las puertas para cerrarlo constitucionalmente y llamar a nuevas elecciones legislativas. Pero congresistas de la mayoría pretenden negarle esa facultad. Conversaciones por chat entre legisladores fujimoristas filtradas a la prensa, revelan sus intrigar para dar un golpe parlamentario que destituya al presidente.

La reacción de Vizcarra contra el Congreso se dio un día después que la mayoría parlamentaria archivara en comisiones, sin siquiera debatir en el pleno, el proyecto presidencial para adelantar -de 2021 a 2020- las elecciones legislativas y presidenciales, y de la decisión del Congreso de elegir este lunes, en un procedimiento express marcado por serios cuestionamientos, a seis nuevos miembros de los siete magistrados que integran el estratégico Tribunal Constitucional (TC), una maniobra del fujimorismo denunciada como un intento de copar el TC, cuestionamiento al que se sumó Vizcarra. Pero en su mensaje, esperado desde el jueves cuando el Congreso rechazó su propuesta de adelantar las elecciones generales, el presidente no dijo una palabra de este tema, que todos suponían sería el asunto central de ese pronunciamiento. Un silencio sorpresivo, y revelador de la falta de respuesta del Ejecutivo frente al duro golpe que le encajó el Congreso en este tema, que el propio presidente había definido como crucial.

Vizcarra anunció que el pedido del voto de confianza al Congreso irá amarrado no a una insistencia para adelantar las elecciones, como muchos esperaban, sino a una propuesta para cambiar el mecanismo de elección en el Congreso de los magistrados del TC. Con esto pretende bloquear la cuestionada elección de sus nuevos miembros, programada para este lunes. Legisladores de la mayoría parlamentaria, con el apoyo de algunos constitucionalistas amigos, reaccionaron rápidamente desconociendo las facultades presidenciales para pedir un voto de confianza relacionado a este tema. Congresistas que no forman parte de esa mayoría y otros expertos han opinado en sentido contrario y han pedido que el Congreso suspenda el proceso de elección del Tribunal Constitucional. La mayoría asegura que no cederá en su intención de elegir un nuevo TC. Se abre un nuevo escenario de enfrentamiento y grave crisis política.

El TC está llamado a ser el árbitro en cualquier controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre asuntos constitucionales, como la legalidad o no del pedido de un voto presidencial de confianza respecto a determinado tema y por lo tanto sobre la procedencia o no de un eventual cierre del Congreso como resultado de la negativa de ese voto de confianza. Con un TC bajo su control, la mayoría parlamentaria se asegura para qué lado decidirá ese árbitro.

Pero este tribunal, última instancia jurídica, también es clave en la lucha contra la corrupción. En el TC está pendiente de resolverse un pedido de Keiko Fujimori -procesada por lavado de activos en relación al financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero de Odebrecht- para que se anule su prisión preventiva. Una actual magistrada del TC ha denunciado que le ofrecieron continuar en el Tribunal si votaba a favor de la libertad de la jefa del fujimorismo. Los fujimoristas presionan, pero no tienen la seguridad de ganar la libertad de Keiko en el actual TC. Si no lo consigue, podrían presentar una nueva solicitud en ese sentido para que resuelva el nuevo tribunal conformado a su medida. Y también se vendrían para ese nuevo TC pedidos para liberar a otros políticos procesados por corrupción e incluso una solicitud para liberar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

En medio de esta guerra de poderes, al presidente Vizcarra le ha faltado decisión y capacidad de reacción para defender su propuesta de adelanto de elecciones. Para el fujimorismo y sus aliados era clave bloquear el adelanto de elecciones porque eso habría significado perder un año antes de lo previsto su actual mayoría parlamentaria, desde la cual actúa para blindar a sus dirigentes acusados por corrupción. Eso ya lo consiguieron. Ahora van por más.

Como trasfondo de esta lucha de poderes está una ciudadanía indignada contra una clase política envuelta por los escándalos de corrupción. Una ciudadanía que exige “que se vayan todos” y que dirige su bronca principalmente contra el Congreso. Horas después de conocido el cajoneo del proyecto de adelanto de elecciones, manifestantes se movilizaron en rechazo a esa decisión del Congreso. Las encuestas revelan que el adelanto de elecciones tiene un respaldo mayoritario del 70 por ciento, mientras el Congreso que archivó esa posibilidad tiene una aceptación de apenas el ocho por ciento. Se anuncian nuevas marchas de protesta para el lunes, día clave en el que el fujimorismo pretende elegir un Tribunal Constitucional a su medida, un objetivo central para sus intereses de ganar poder e impunidad, y arrinconar al presidente Vizcarra.

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Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen

Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

Publicado enEdición Nº261
El escrache en tiempos de impunidad y neofascismo

La práctica del escrache, como se conoce al acto de denunciar abiertamente a un agresor a través de una publicación en redes sociales, es una acción que, si no se piensa estratégicamente, contribuye a generar un feminismo del enemigo, más facho que crítico y tristemente, alentador del “victimismo”.

 

El escrache surgió como una respuesta ante la impotencia y la desesperanza. En el contexto pos-dictaduras del cono sur, los y las activistas se vieron obligadas a realizar acciones como plantarse al frente de la casa de genocidas, para pintarlas y así denunciarlos públicamente ante la inmovilidad de los aparatos de justicia y la impunidad.

Desde entonces, el “escracheo” ha tomado distintas modalidades y definiciones que en algunos contextos feministas han derivado en el escarnio público de agresores en redes sociales; sin embargo, como indica Florencia Angilletta*, esta acción no nació con el feminismo. No es que no se puedan visibilizar públicamente las violencias sino que, difundir masivamente una denuncia, no puede convertirse, antes de cualquier otra estrategia, en la única forma, mecanismo o acción con que respondamos ante la violencia patriarcal.

¿Cuál es la solidaridad que se activa cuando se viraliza una denuncia? ¿La de “he pasado por lo mismo”, o la de “estoy contigo porque estoy contra ellos”? Hay una diferencia sutil en la pregunta, porque a lo que nos ha llevado el escrache es a crear una moralidad de ejército, no de compañeras.

 

En un ejército no se cuestiona, contradice o contesta

 

Lastimosamente, quien no comparte el escrache recibe la primera piedra. Si un día un amigo o familiar se comporta como un soquete machista, no quisiera negarme, ni negarle el derecho de escucharlo, sin que eso me haga también objetivo del “escracheo”. Creo que se deben encontrar mecanismos para tramitar conflictos y daños, que son distintos de los delitos, sin caer en el punitivismo o la pura necesidad del castigo.

Esto de tramitar los conflictos lo ubico en el marco de relaciones donde se han generado daños entre compañeros, tan común en los espacios organizativos de izquierda y las agrupaciones sociales, donde las feministas hemos tenido que tejer a pulso un dialogo en el que los varones nos consideren sus iguales. Son muy pocas las experiencias de justicia desde y para las mujeres, que no apelen únicamente al “escracheo”, pero que no piensan nada más allá o después de eso, y en últimas son las víctimas quienes se quedan solas.

Quiero generar una alerta dentro del feminismo, y generar la conversación crítica, para que cuando hablemos de violencias contra las mujeres, seamos más precisas, en nuestras apuestas, nuestras formas y posicionamientos políticos. La particularidad de los casos, y esa lupa que no podemos perder en cada uno, nos ayuda a obtener ideas, por si un día podemos configurar un sistema de justicia alternativa para las mujeres. A continuación, algunos ejemplos.

 

Mujeres víctimas del conflicto armado y la falsa dicotomía entre la paz y la justicia

 

 Debo decir que, las víctimas de distintos actores del conflicto armado, mujeres populares de diversos territorios con quienes llevé procesos, incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pusieron nunca como solución a la impunidad en sus casos la venganza. Algunas de ellas ni siquiera piensan en la cárcel, la cadena perpetua, y jamás, jamás, la pena de muerte como castigo para sus perpetradores.

La reparación transformadora ha sido siempre el horizonte, y cuando tuvimos la oportunidad de pensarnos un sistema de justicia transicional, como resultado de una negociación política entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Farc, nos mantuvimos como feministas abolicionistas, defensoras de la pluralidad jurídica. La paz fue el horizonte, y la justicia no se nos quedaba en el camino. Propusimos fortalecer la justicia ordinaria para las mujeres como parte de ese proceso de tránsito a una paz perfectible con el tiempo, porque las violencias contra las mujeres se cometen bien en tiempos de paz, bien en tiempos de guerra. Les pareció osado y fuera de contexto. Meses después de haber avanzado en los procesos de reincorporación en los Etcr’s, algunas mujeres de las Farc, que comenzaron a sufrir victimizaciones por parte de sus parejas, preguntaron a dónde acudir en la vida civil, y nosotras no teníamos más oferta que una triste y abyecta comisaría de familia.

Aprendizaje: el devenir del movimiento feminista colombiano ha estado inexorablemente ligado a una agenda de construcción de la paz. Nos encontramos en un escenario de continuación del conflicto y “transicionalidad”. Desde ese orden, más que la venganza, queremos la transformación real y la erradicación de aquello que posibilita las violencias contra las mujeres, lo cual supone más trabajo que impartir castigos e ir más allá de las instituciones familistas.

 

¿Con las violencias “menores” procedimientos más “fáciles”?

 

 Cualquier violencia genera daños en distintos niveles y es importante pensar en sanciones proporcionales y trámites de los conflictos distintos al castigo, que no por ello son más fáciles.

En alguna ocasión, una mujer llegó a consultarme después de haber vivido un hecho de violencia sexual, con un tipo, en una fiesta. Me dijo que su expectativa era que ese sujeto reconociera que lo que había hecho era reprochable, que se gastara el mismo tiempo que ella, pensando y reflexionando sobre esa noche, y que jurara no hacerlo nuevamente. No le interesaba la cárcel, no le interesaba que todo el mundo lo supiera. Esto era radicalmente más difícil que un proceso penal, porque necesitaba de un interlocutor dispuesto a reconocer sus actos, y esto por supuesto no pasó. Me soñé el momento en que este hombre pidiera perdón y reconociera ante ella y otras personas que tenían en común, que había generado un daño, comenzaría un proceso de deconstrucción de su masculinidad tóxica y llevaría a cabo un proceso de reparación. El sujeto no lo aceptó nunca, así que activamos el proceso penal esperando una condena.

Alcancé a figurar algo tan impensado como la mujer irlandesa que escribió un libro con su violador y que todavía me concierne, pero no me asusta ni me desespera. Y es importante decir que ninguna experiencia se puede universalizar, y que lo que funciona para algunas mujeres, no es asimilado de la misma manera por otras, que lo importante es la satisfacción de las víctimas, pero esa satisfacción tiene límites si en el centro está infligir daño en el otro, al mejor estilo del “ojo por ojo, diente por diente”.

Aprendizaje: en algunas violencias cotidianas que se dan en relaciones de pareja o de trabajo, por ejemplo, esperaríamos varones dispuestos, en principio, a reconocerlo, y tramitarlo sin la necesidad de generarnos más daño. Muchas veces el escrache desata una suerte de reacciones peores, de varones que se defienden vulgarmente, así que antes de abrir esa puerta a la avalancha que sigue en las redes sociales, deberíamos tener una estrategia de amortiguamiento.

 

Los agresores con reconocimiento público, el buen nombre y el debido proceso

 

 Algunos varones activan sus defensas y retaliaciones contra las mujeres en formas inusitadas, y aquellos que tienen reconocimiento público, logran movilizar una cantidad de recursos, y poner en su favor todos los estereotipos y mandatos del orden patriarcal, así como nuestros errores estratégicos.

Asesoré a una de las, tal vez, cinco o más mujeres que han sido víctimas de un reconocido cantante. Ella no ha tenido, hasta ahora, intenciones de sacar nada en prensa, ni quiere su foto y su relato en el manoseo de los medios, se ha preparado jurídicamente para las demandas y lo ha hecho respetando sus propios ritmos y necesidades.

A muy pocos días de un concierto de gran asistencia, comenzaron a circular imágenes contra el cantante, denunciándolo por las violencias, sin ser muy claro quien las promovió o de dónde venían, pero ya capturadas por algunos colectivos feministas. Lo que hizo este sujeto fue comenzar a escribirle una por una a cada una de sus víctimas, a amenazarlas porque legalmente no tiene ninguna denuncia. Y “limpió” su imagen en videos de Youtube, logrando que las redes se inundaran de mensajes contra las denunciantes.

Aprendizaje: no es que el “escracheo” en sí mismo estuviera mal, cuando hablamos de personajes públicos la cosa cambia, porque tienen una responsabilidad ética y política mayor. La cuestión es que la visibilización de los casos nos tiene que poner a pensar, desde antes, en todos los escenarios y sus consecuencias, pues incluyen contrademandas y aprovechamiento de los medios. ¿Cómo lo contenemos? Porque todos esos escenarios buscarán siempre culpar a las mujeres y menguar su capacidad de respuesta, ponerlas en un lugar de NO poder y humillación constante, y es allí donde se debe activar la solidaridad con la víctima.

 

Cuando las condenadas somos nosotras

 

 Que las cárceles colombianas estén llenas de mujeres empobrecidas, campesinas, negras, jóvenes, madres y muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y que el aborto todavía sea delito si no se está dentro de las causales, es ya una muestra de por qué el punitivismo y la cárcel son la evidencia de sociedades que reaccionan patológicamente a los problemas sociales.

En el mismo hilo del ejemplo anterior, conocí muchos casos en los que, siendo las mujeres las víctimas de violencias por parte de sus parejas o exparejas, estos, sintiéndose retados por la denuncia ante una comisaría de familia o una fiscalía, se cualificaron en las “contrademandas” o demandas (normalmente de custodia para ejercer poder sobre las mujeres a través de la amenaza de quitarles a sus hijos e hijas), y como es de suponerse, encontraron en los funcionaros públicos la respuesta más diligente y concreta. Así mismo, este patriarcado actúa contra las mujeres; “la justicia” se activa rápidamente en nuestra contra y nos coge sin recursos y muy poco preparadas.

Aprendizaje: el “escracheo” no puede ser la única estrategia que activemos en un caso de violencia, si bien “no derribamos la casa del opresor con las armas del opresor”, como diría Audre Lorde, no podemos descuidar ningún flanco. Las argentinas ya tenían procesos en la justicia ordinaria contra los genocidas que “escrachearon”, y así mismo las mujeres debemos informarnos, reposar el pensamiento, actuar estratégicamente y protegernos.

 

La venganza y el uso amañado del discurso y del derecho

 

 A la organización en la que trabajaba llegaban mujeres, la mayoría de veces con cierto nivel de reconocimiento público, a buscar nuestra asesoría y acompañamiento en sus procesos de divorcio o de inasistencia alimentaria, y teníamos que activar nuestros mejores entendimientos, para detectar cuándo quisieron usarnos, o cuándo quisieron usar el potencial de las mujeres en colectivo, para salir bien libradas de situaciones donde el “victimismo” y la ley patriarcal, que tutela a las mujeres como si fueran incapaces sin agencia, les era muy favorable.

Entonces una vez, una mujer que estaba haciendo su separación de bienes y había firmado unas capitulaciones antes de las nupcias, llegó a nosotras para que coadyuváramos su demanda, en la búsqueda de un precedente judicial en el que la Corte Suprema de Justicia, reconociera que esas capitulaciones habían sido una forma de violencia psicológica en su contra.

Evidentemente nos negamos a semejante retroceso. En su momento, las mujeres lucharon por obtener la capacidad de administrar sus propios bienes, como agentes autónomas y libres, contrayendo matrimonio, sin que su futuro esposo pasara a ser el señor y dueño de sus recursos. Hoy, las que tenemos una sociedad patrimonial sabemos lo valioso que es contar con esa capacidad de agencia de nuestros recursos, como para que, por una mujer que decidió que no se quería separar sin vengarse del exmarido, amañara el discurso de esa manera, y pretendiera hacernos creer a todos y todas que fue víctima de una violencia psicológica al firmar sus respectivas capitulaciones.

Y sí, las mujeres también, cuando queremos, nos vengamos y cuando queremos nos hacemos las víctimas, y si tenemos que llorar, lloramos. A lo “Romina”, la protagonista de uno de los Relatos Salvajes (la película argentina), en el que esta mujer-demonia le dice a su recién esposo que la engañaba: “iré a donde el juez con el ojo morado, y cuando me pregunte que cómo la he pasado, le diré que la estoy luchando”. Todo esto para decirle, además: “estamos casados hasta que TÚ muerte nos separe”.

Por supuesto, esta escena me encanta y me da risa, en lo ficcional. Pero no le deseo a ninguna hermana, a ninguna amiga, encarnar Rominas vengativas y victimizadas. La apuesta del feminismo es por la potencia subjetiva de las mujeres, por la agencia de nuestros poderes, y por significar el contexto de nuestras decisiones, haciéndonos cargo, incluidas las que tomamos en relaciones erótico-afectivas-económicas con los varones.

Aprendizaje: siempre partir de la buena fe y la confianza legítima, y del creerle a las mujeres, pero que el feminismo no nos obnubile el instinto crítico, para entender que no somos depositarias diáfanas de la ética y que también nos aprovechamos. No perdamos esa capacidad de sospecha que nos caracteriza, porque el movimiento social feminista no es un rebaño, y menos un ejército.

 

*    https://www.lapoliticaonline.com/nota/116875-el-escrache-no-nacio-con-el-feminismo/

Publicado enEdición Nº261
“En mi unidad del Ejército se presentaron desapariciones forzadas”

El testimonio del excomandante de un grupo de élite describe el mecanismo de los 'falsos positivos' que se dieron en Colombia

Primero, los ejecutaban. Después, hacían desaparecer los documentos de las víctimas para entorpecer la investigación. Este era uno de los procedimientos de los llamados "falsos positivos", esto es, miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante al menos 15 años por militares colombianos. Y así respondieron distintas unidades del Ejército a la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados o las "bajas" de guerrilleros en combate. Tras este eufemismo, en realidad, hubo 2.248 asesinatos probados de civiles inocentes, según la Fiscalía, que fueron cometidos principalmente entre 2002 y 2008. Precisamente a esa época se remonta el testimonio de un mayor retirado dado a conocer este martes por la Comisión de la Verdad, el organismo público dedicado al esclarecimiento de las causas del conflicto armado.

La declaración en vídeo del exoficial Gustavo Enrique Soto no tiene alcance judicial porque esta entidad no es un tribunal como, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, supone un reconocimiento sin apenas precedentes y un relato valioso para entender los engranajes de un mecanismo criminal que manchó a la fuerza pública. Soto fue, entre 2006 y 2007, comandante de un Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), un equipo de élite que actuaba bajo la responsabilidad del comando de las Fuerzas Armadas en el departamento de Casanare, en el este del país.

"En mi unidad, el Gaula Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas, y el día de hoy quiero manifestarles a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad", reconoce el exmilitar, que pasó una década en prisión y que ahora, tras demostrar su compromiso con la reparación de las víctimas ante la JEP, ha denunciado amenazas. "Quiero contribuirle a la verdad, a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desparecidas", continúa Soto antes de incidir en su "arrepentimiento de corazón". Además de su declaración, la Comisión de la verdad difundió también las de José Éver Veloza, un exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de José Benito Ramírez, excomandante del Bloque Sur de las FARC. Todos reconocen "hechos de desaparición". Aun así, las premisas de estos casos son muy distintas, al tratarse por un lado de dos combatientes integrados en organizaciones ilegales y por otro de un representante del Ejército, cuya misión es precisamente velar por la legalidad.

"Tengo algunos documentos que van a ser de suma importancia por las estadísticas que se manejaban en ese momento. Cuando fui comandante del Gaula militar Casanare siempre traté de mantenerme en el top 10, es decir, entre las diez mejores unidades del Ejército y esto generó muchos problemas al pueblo colombiano y en particular a las víctimas que son las que hoy están sufriendo este dolor", explica el exoficial.

Encabezar la clasificación era sinónimo de recibir incentivos monetarios o permisos. Y para que el sistema funcionara, se falseaban las pruebas. "Generalmente, cuando se daba un muerto desaparecían los documentos ¿Por qué? Pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados…. No, para que sea más difícil identificarlo. Permití que se realizara de esa manera, porque muchos lo realizaban así, los reportaban como NN, y yo también lo permití, por eso he aceptado mi responsabilidad", describe Soto, que promete aportar "las actas de levantamiento de cadáver" y sobre "diferentes misiones tácticas". Ya han pasado 12 años de aquellos crímenes y este militar, como otra decena de oficiales del Ejército retirados, decidió denunciar lo que ocurrió. "Mi compromiso hoy es pleno. Quiero que ya las víctimas terminen con ese dolor que yo les generé. Quiero pedirles un perdón a todas las víctimas por este daño que yo les causé".

Por Francesco Manetto

Bogotá 25 SEP 2019 - 02:26 COT

Publicado enColombia
 La cúpula de la extinta guerrilla de las FARC, este lunes en Bogotá tras la comparecencia. Iván Valencia AP

La cúpula de la antigua guerrilla responde por el delito de secuestro sistemático. "Todos y todas perdimos", asegura Timochenko

El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió en buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana, durante más de cuatro años de conversaciones, y sigue pasando, cada día, en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso su función, que en última instancia es cristalizar la historia, es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció este lunes la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.

"Asumimos, como hombres y mujeres que formaron parte del último Estado Mayor Central que sobrevivió a la confrontación, nuestra responsabilidad ética y política", afirmó el exjefe guerrillero, acompañado de una decena de comandantes. Londoño, hoy presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido nacido de la organización insurgente, reiteró además el compromiso con la paz de su dirección. "Honraremos nuestra palabra empeñada, porque así nos lo impone nuestra ética nos debemos como revolucionarios y ciudadanos", dijo, en lo que supone la enésima declaración de intenciones que se desmarca de la deriva de un grupo de disidentes encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich, que a finales de agosto anunciaron su regreso a las armas.

- Todos y todas perdimos.

Este es uno de los mensajes centrales del escrito que acompaña el documento entregado al tribunal, una versión colectiva sobre los miles de secuestros perpetrados durante el conflicto, que son objeto de investigación del caso 001, abierto en julio de 2018.  Es decir, Timochenko mantiene que la violencia fue una derrota, el fracaso de todos, aunque la atribuye a las dinámicas propias de una confrontación bélica. "Tras décadas de guerra fratricida, nadie podría decir que hubo algún vencedor. Por el contrario, generaciones enteras fuimos condenadas a la violencia de todo tipo, incluyendo las peores vejaciones", concede la declaración de las FARC. "Ello no puede volver a suceder nunca jamás. Nuestra historia, la de Colombia, tendrá que escribirse de ahora en adelante desde la voz de quienes proscriban la guerra y otorguen un lugar protagónico a quienes la padecieron".

El excomandante aseguró que no pretende "justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario". "Nos haremos cargo de responder por el papel que jugamos", prometió. Sin embargo, se escudó en que la guerrilla nació "en defensa de la vida y la reforma agraria y así seguirá siendo", ahora sí, desde la contienda política o el banquillo. La presidenta de la sala, la magistrada Julieta Lemaitre, explicó que el tribunal estudiará de forma exhaustiva el documento entregado: "Esta versión colectiva que nos entregaron nos permite agilizar el proceso de investigación".

El escrito, presentado en una breve vista de menos de una hora, describe someramente la práctica criminal del secuestro, que a menudo acababa en asesinato de las víctimas. Timochenko viene a decir que las atrocidades de la guerra impidieron que "las normas de las FARC-EP pudieran ser cumplidas a cabalidad, lo que llevó a que ocurrieran hechos lamentables, como lo son las retenciones a civiles". La guerrilla, explica, tenía dos leyes, llamadas 002 y 003, que fueron "disposiciones que dieron forma a la política de retenciones". "Cabe aclarar que estas buscaban minimizar las retenciones realizadas", continúa la introducción al documento, que no hace hincapié en los casos individuales pero promete detallar "cómo se llegó a la decisión de retener a otras personas con el fin de obtener un canje humanitario" o a "tomar la decisión de detener figuras políticas". "De igual manera, se explica cómo se llevaron a cabo las retenciones con fines económicos".

"Detener, detenidos, retenciones...". Estas son las palabras empleadas por el antiguo mando de las FARC, que evita referirse abiertamente al secuestro. Porque además del relato sobre lo sucedido, en la JEP se asiste también a una disputa semántica entre las partes. Así las cosas, la meta del tribunal será también la de fijar las palabras que escriban al fin la historia de Colombia.

Por Francesco Manetto

Bogotá 23 SEP 2019 - 15:37 COT

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Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales arrepentidos en la causa Lava Jato.

Fue hallado sin vida en su departamento en Río de Janeiro, Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales arrepentidos en la causa que investiga los sobornos entregados por la constructora brasileña en varios países de América y África. Las autoridades aún investigan las causas de su muerte. Había denunciado a Aécio Neves, contricante de Dilma en las elecciones de 2014.

El cuerpo de Valladares fue hallado el martes en su departamento del barrio Leblon, en el sur de Río de Janeiro, pero la noticia de su fallecimiento no se difundió sino hasta última hora de ayer. La Policía Civil del estado informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se lo sometió a una autopsia que no permitió establecer los motivos de su muerte. Se lo registró como un fallecimiento provocado por "causa indeterminada".

Valladares fue uno de los principales arrepentidos en la causa sobre los sobornos de la empresa Odebrecht: aceptó confesar sus delitos y señalar cómplices a cambio de una reducción en su condena y otros beneficios judiciales. Entre sus revelaciones, se destaca el supuesto pago de una donación de 12,5 millones de dólares a la campaña del entonces senador Aécio Neves, aspirante a la presidencia que fue derrotado por Dilma Rousseff en 2014. También acusó al ministro de Minas y Energía del gobierno de Rousseff, Edison Lobao. El exvicepresidente de Odebrecht relató en su confesión que Lobao aprovechó una visita de cortesía que le hizo al hospital en el que estaba ingresado para exigirle un soborno a cambio de otorgarle a la empresa contratos para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.

Asimismo, admitió haber pagado sobornos a grupos indígenas para evitar protestas contra la construcción de plantas eléctricas en la Amazonia. Se refería a las represas hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Rondonia. Según Valladares, Odebretch acordó darle 5.000 reales mensuales al jefe de una tribu, depositados a la cuenta de su esposa, según precisó O Globo. También denunció la entrega de dinero ilegal a sindicalistas de la Central Única de Trabajadores (CUT) para que no se manifiesten contra sus obras por motivos ambientales en la misma zona. Odebretch todavía no se manifestó sobre la muerte de su ex ejecutivo.

Valladares fue uno de los primeros en aceptar confesar sus delitos para conseguir beneficios de la Justicia. Su muerte se suma a la del ex presidente peruano Alan García, quien se suicidó momentos antes de que la policía de su país ingresara a su vivienda para detenerlo también como sospechoso del caso Odebrecht. En Colombia, el auditor de la Ruta del Sol II, Jorge Pizano, murió en su casa de un infarto y las autoridades hallaron una botella de agua saborizada que contenía cianuro. Él también había sido mencionado en la causa que investiga la vasta red de corrupción de la constructora brasileña.

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Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

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Martes, 03 Septiembre 2019 05:47

El negacionismo frente a las víctimas

El negacionismo frente a las víctimas

“No hay desaparecidos en el Palacio de Justicia”, informó el titular de prensa que reprodujo las declaraciones brindadas por el fiscal Jorge Sarmiento, a cargo de la investigación para encontrar los restos de los desaparecidos de tan luctuoso suceso. Al día siguiente, lo matizó diciendo “No es cierto, es una falacia por generalización apresurada concluir eso”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 14 de noviembre de 2014, le ordenó al Estado efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las once víctimas desaparecidas del Palacio, a la mayor brevedad posible.

En cumplimiento de ese mandato, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad investigativa, integrada por cuatro fiscales, entre ellos Sarmiento,quien recientemente afirmó en los medios de comunicación que al encontrarse los cuerpos de seis personas que figuraban como desaparecidas, ya no existe la desaparición forzada respecto a estas víctimas.

Se refería el investigador al hallazgo de los cuerpos, en distintos momentos y lugares del país, de Ana Rosa Castiblanco (2001) y Lucy Amparo Oviedo (2015) en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá;de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela León (2015);y de Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández (2017) en cementerios privados de Bogotá, Barranquilla y Manizales.

La Corte IDH dijo que “la forma en que se trataron los cuerpos de las personas fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitan la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a sus familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida así como de sus familiares”.Advirtió además que “el hecho que aparezcan los cuerpos en esa fosa común, no quiere decir que las personas no hayan podido salir con vida del Palacio”, como efectivamente se comprobó en noviembre de 2015, cuatro años después de la sentencia, que Ana Rosa Castiblanco salió viva del Palacio.

El que aparezcan seis cuerpos no borra la desaparición forzada.Una verdad no borra otra verdad.La Corte IDH ha dicho que los elementos concurrentes y constitutivos de éste crimen son: (a) la privación de la libertad; (b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y (c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. La jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias cortes constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.

Faltan por encontrar los cuerpos de cinco personas. Según el fiscal, son los únicos desaparecidos forzados: Carlos Rodríguez Vera y David Suspes Celis –con prueba de video que salieron con vida del Palacio–, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola Figueroa e Irma Franco Pineda, a quien más de 60 testigos la vieron en la Casa del Florero.

El investigador, al referirse a la situación del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por las desapariciones forzadas del Palacio,dijo que será la Corte Suprema de Justicia la que reverse la sentencia de desaparición forzada y la cambie por homicidio. Es de notorio conocimiento público que la Corte ya se pronunció al respecto y mantuvo la desaparición forzada. ¿Ignorancia, mala fe o ambas cosas?

Las justicia colombiana ya emitió su veredicto sobre los desaparecidos del Palacio mediante sentencias del Consejo de Estado que condenó a la Nación por las desapariciones forzadas, y con las dos sentencias de juezas penales y del Tribunal Superior de Bogotá, que condenaron a los militares Arias Cabrales y Plazas Vega por estas desapariciones forzadas. La Corte Suprema de Justicia, que después absolvió al coronel Plazas, dejó en firme que hay desapariciones forzadas. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, integrada por tres exmagistrados de la Corte Suprema, en su informe final determinó también la existencia de la desaparición forzada de personas. Decisiones de notorio conocimiento público, ¿cómo es posible que no lo sepa el fiscal?

La Corte IDH soportó su sentencia en estas decisiones y fue más allá cuando hizo notar que: “los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto de sucesos graves, complejos y mayores a aquellos sometidos a juzgamiento, en los cuales fueron víctimas centenares de personas adicionales a las presuntas víctimas del presente caso”.

No se equivocó la Corte. Los cuerpos que se presumían que eran de los magistrados Andrade y Echeverry –y que fueron entregados a sus familiares recién ocurridos los hechos. Treinta y dos años después resultaron ser los de Héctor Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. Los dos magistrados están desaparecidos y sus familiares los buscan.

El investigador parece operar bajo una hipótesis del negacionismo investigativo, lo cual va a contrapelo de las decisiones de la justicia colombiana e internacional. Igual que el fiscal Sarmiento piensa el doctor Rafael Nieto Loaiza,exagente del Estado colombiano ante la Corte IDH que dijo que no hay desapariciones forzadas, ni torturas, ni ejecuciones extrajudiciales en el Palacioy,el coronel Plazas Vega, quien reiteradamente afirma que no hay desaparecidos en el Palacio, que por el contrario, están muertos y no los han buscado bien, que la única desaparecida es Irma Franco. Plazas sabe lo que dice porque mandó a matar a “esos h.p.”. Llamativo: el fiscal Sarmiento y el coronel Plazas piensan igual.

La evidencia probatoria en que se basaron los jueces domésticos y el tribunal internacional sostiene lo contrario. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán se les ve salir con vida de la edificación en los videos.(El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar y ediciones desde abajo, 2017).

La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Adriana García, en agosto de 2019justificó los errores técnicos cometidos en la época de los hechos por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuenta hoy para identificar los cadáveres, ampliando así de manera indirecta las afirmaciones negacionistas del fiscal.El doctor Ego Lutenberguer, director del Instituto de Medicina Legal en 1985, le dijo a la fiscal Ángela Buitrago Ruíz durante la investigación del coronel Plazas Vega que el trabajo realizado por su institución fue perfecto. Sin embargo el doctor Carlos Valdés,a quien se atribuye el éxito de los recientes hallazgos, dijo en noviembre de 2018 que en 1985 los militares se tomaron el Instituto de Medicina Legal.¡Baíleme ese trompo en la uña! Nos preguntamos: ¿quién dice la verdad? ¿a quién le creemos?

Refiriéndose a las afirmaciones del fiscal Sarmiento, la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que el negacionismo no le ayuda a la paz dado que toda la población colombiana se dio cuenta que salieron personas vivas del Palacio y sus familiares siguen reclamando a sus seres queridos. Por su parte, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se mostró sorprendido por el pronunciamiento del fiscal y se comprometió a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El negacionismo hacia las víctimas también se emplea para desconocer la existencia del conflicto armado interno en Colombia. Esa es la posición del expresidente Álvaro Uribe, apoyado por su partido el Centro Democrático y el fiscal investigador.

Además de negar la existencia de estos desaparecidos, el fiscal Jorge Sarmiento matizó que lo existente son “malas entregas y cuerpos mezclados”. Este asunto ya lo decidió la Corte cuando afirmó, que “los hechos del presente caso impactaron a más personas de las que están actualmente representadas ante la Corte, como efectivamente sucedió con los casos de los magistrados Andrade y Echeverry. Sobre cuerpos mezclados, está el del magistrado Pedro Elias Serrano Abadía y la visitante Norma Constanza Esguerra. La Corte le reprochó al Estado que no se haya exhumado el cuerpo del magistrado, situación que sigue sin esclarecerse hasta la fecha. Increíblemente, el fiscal Sarmiento invoca a su favor los propios errores cometidos por el Estado –lo cual viola los principios generales del derecho–, como la variación de la escena del crimen: apilar los cadáveres en el primer piso, lavar los cuerpos, mezclar prendas personales, inhumar los cuerpos en fosa común, errores que aceptó el Estado ante la Corte.

Afirmó el investigador que el trabajo de identificación de los cuerpos “de verdad debe ser orgullo patrio” –al igual que el coronel Plazas Vega quien piensa que “defendió la democracia” en la retoma del Palacio con el exceso de uso de la fuerza, al emplear tanques de guerra de manera indiscriminada contra la edificación.

Negacionismo, rueda suelta y Fiscalía General de la Nación

El negacionismo revictimiza a las víctimas por el sufrimiento adicional que a los familiares les genera, faltando a su deber de investigar el delito, instruir las diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido y asegurar el soporte médico legal para identificar los cuerpos.

La postura tanto del fiscal, como del Instituto de Medicina Legal –que debería guardar independencia frente a la Fiscalía General de la Nación– es un ataque al Acuerdo de Paz, concretamente a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hace parte junto con la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento y la Justicia Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas de desaparición forzada cometidas por el ejército y por paramilitares en connivencia con éstos, ¿pierden el carácter de desaparecidos forzados al encontrarse sus restos?

Nos preguntamos también si el fiscal Sarmiento actúo como rueda suelta o si, por el contrario, su postura negacionista hace parte de un política institucional de la Fiscalía General de la Nación. La sociedad colombiana y la comunidad internacional merecen una respuesta a estos interrogantes.

La Corte IDH le ordenó al Estado colombiano llevar a cabo, en un plazo razonable, investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, y determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

Sobre establecer la causa de la muerte de las personas, dijo el fiscal que va a ser muy difícil aclararlo, porque los restos que han encontrados han sido mínimos, son muy pequeños, están carbonizados, lo que no les permite a los investigadores dar cuenta de cómo murieron la personas y las circunstancias de esas muertes. Añade que en los informes de Medicina Legal se afirma que la causa de la muerte de los nuevos hallazgos es el homicidio, pero para saber la verdad de cómo murieron “nunca lo vamos a poder saber”. Es decir, no habrá ni verdad ni justicia en las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales del Palacio. La Fiscalía no busca ni la verdad ni la justicia, sino la impunidad total.

Por último,el investigador se refirió públicamente a la audiencia de seguimiento de sentencia con carácter privado del caso Palacio de Justicia, que va a realizar la Corte IDH el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, anunciando que le van a decir a la Corte que han hecho un trabajo brillante, porque hasta la fecha han encontrado a estas personas y seguirán en la búsqueda de los que faltan. ¿Qué se pretende con ésta estrategia mediática? ¿Quiere incidir y convencer a los jueces y a la opinión pública que la Fiscalía cumplió la sentencia?

La respuesta a estos interrogantes la debe dar la Corte cuando emita la resolución de cumplimiento de sentencia del caso bajo examen. A la vez, ¿no debería el Tribunal repensar su práctica implementada hace tres años, de otorgar audiencias privadas de casos en países de donde el Estado es parte? Con la experiencia de la audiencia privada del Palacio de Justicia que se avecina, se corre el riesgo que se ventilen asuntos privados de manera pública. ¿No sería mejor adelantar este tipo de audiencias en la sede de la Corte en San José de Costa Rica o en otro país distinto al concernido con el caso?

Ojalá que se encuentren los cuerpos de las cinco víctimas restantes y los de las demás víctimas del Palacio que hoy figuran como desaparecidas, así como los demás desaparecidos en Colombia, porque las familias tienen derecho a cerrar su duelo, a recibir los restos en forma digna y a darle sepultura a sus seres queridos. Al igual, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido.

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Cuando el pasado en Afganistán condena a Australia

 El abogado militar David McBride filtró documentos sobre crímenes de guerra cometidos por tropas australianas. Irá a juicio por difundir información "sensible".

 

El abogado militar David McBride logró acceder a documentos secretos con información referida, fundamentalmente, a crímenes de guerra cometidos por las tropas australianas en Afganistán. Los cables demuestran, por ejemplo, los asesinatos a civiles desarmados y niños, la práctica de cortar manos a talibanes ya abatidos, o la falta de un criterio unificado ante la ejecución de la orden de disparo. El escándalo estalló en 2017. Cuando la filtración llegó a la cadena ABC, empezaron los problemas judiciales para McBride: irá a juicio a partir de abril de 2020, por el "delito" de difundir información "sensible". La persecución también se hizo extensiva a a medios y periodistas del país, que fueron víctimas de allanamientos durante el pasado mes de junio.

Los archivos secretos a los que tuvo acceso el abogado fueron luego difundidos por la cadena pública ABC (Australian Broadcasting Corporation), el 10 de julio de 2017, bajo el nombre The Afghan Files ("Los Archivos Afganos”). La investigación ofrecía una mirada inédita sobre las operaciones clandestinas de las fuerzas especiales de Australia. McBride afirma que primero buscó una investigación interna a través de la Fuerza de Defensa australiana, y luego fue a la policía. Al no obtener respuesta, buscó el interés de los medios: entregó los documentos al citado ABC, al diario Sidney Morning Herald y al periodista Chris Masters, pero solo el medio público tomó el caso.

"Vi algo que el gobierno estaba haciendo ilegalmente e hice algo al respecto", dice McBride, acusado de robo y tres cargos de violación a la Ley de Defensa, por ser miembro de la fuerza, y comunicar un plan, documento o información. Las antiguas disposiciones de secreto de la Ley Federal de Faltas tipifican como delito que un funcionario miembro de la Commonwealth revele información sin autorización. Los cargos, si termina procesado bajo acusación formal, pueden derivar en multas o prisión efectiva. "Tengo el deber de cuidar a Australia, si eso significa informar sobre actividades ilegales por parte de los altos mandos del ejército, voy a hacerlo. No tengo miedo de ir a la cárcel", afirma.

"The Afghan Files": los secretos del ejército australiano

Los documentos secretos que McBride entregó a la cadena ABC permiten un ingreso sin precedentes a las operaciones clandestinas de las fuerzas de elite especiales de Australia en Afganistán. Los documentos, muchos de ellos marcados bajo la sigla AUSTEO (Australian Eyes Only: “sólo para ojos australianos”), refieren al accionar de los altos niveles de Defensa, incluyendo incidentes de tropas asesinando a civiles desarmados y niños. El informe completo de la ABC, producido por los periodistas Dan Oakes y Andrew Clark, demuestra además que en varias ocasiones las denuncias fueron tomadas solo porque las milicias locales se quejaron ante las autoridades afganas, y esas autoridades exigieron respuestas de las fuerzas australianas.

Al menos diez documentos registrados entre 2009 y 2013 demuestran que las tropas de las fuerzas especiales dispararon contra insurgentes muertos, pero también contra hombres y niños desarmados. Uno de los incidentes más llamativos comprende el corte de manos de talibanes muertos en Afganistán. Los documentos privados muestran que durante los combates en la provincia de Zabul, cuatro insurgentes fueron asesinados. Un cabo del ejército australiano examinó el primer cuerpo y encontró una pistola Makarov. El informe de la investigación de Defensa, ahora filtrado, dice: "Él luego cortó una sola mano del EKIA (enemigo muerto en acción) con un bisturí". Repitió el proceso con otros dos insurgentes, cortándoles las manos derechas.

Otros documentos filtrados buscan codificar las “pruebas” que deben considerar los soldados australianos antes de disparar. En 2013, tras un incidente en el que mataron a dos afganos desarmados, la jerarquía de la Fuerza de Defensa emitió una serie de directivas que enfatizaban en la necesidad de asegurarse que los afganos estaban "participando directamente en las hostilidades" antes de abrir fuego. Según los documentos, se podría disparar a civiles por conducir una moto de manera “sospechosa”, o por "maniobrar para obtener una ventaja táctica".

Con la excepción de un solo incidente, en más de una década de participación australiana en Afganistán, ningún soldado fue sometido a acciones legales o disciplinarias por el asesinato de civiles.

Libertad de expresión en riesgo

La difusión de los “archivos afganos” dio origen a fuertes redadas policiales en las oficinas del medio público el pasado 5 de junio, a partir de las cuales reunieron 9.214 archivos, incluidos miles de correos electrónicos internos. La justificación ofrecida por la Policía Federal de Australia (AFP) fue categórica: la "supuesta publicación de información clasificada como secreto oficial, que es un asunto extremadamente serio que tiene el potencial de socavar la seguridad nacional de Australia".

La AFP también allanó la casa de Annika Smethurst, editora política de The Sunday Telegraph de Sidney, por su informe sobre los crecientes poderes de vigilancia en Australia. Según The New York Times, Smethurst informó en abril de 2018 sobre "la correspondencia secreta entre los ministerios del gobierno a raíz de un plan para expandir los poderes de vigilancia de las agencias de inteligencia".

El primer ministro australiano, Scott Morrison, defendió los allanamientos. "Nadie está por encima de la ley", declaró a la cadena SBS. En julio, el gobierno introdujo un conjunto de leyes severas contra el espionaje extranjero. Las nuevas leyes de seguridad nacional incluyen también el requisito de que las compañías de telecomunicaciones retengan todos los metadatos, así como los registros de llamadas de teléfonos celulares durante dos años, en los los cuales las agencias gubernamentales podrían tener acceso de manera encubierta sin necesidad de una orden judicial. Desde 2015, se aconseja a los periodistas que no usen teléfonos celulares para comunicarse con las fuentes. Muchos de ellos además utilizan servicios de mensajería y correo electrónico que permiten un mayor nivel de cifrado y privacidad.

Para el gremio periodístico, las dos recientes redadas reflejan un patrón de ataque que pone en peligro la libertad de prensa en Australia. Peter Greste, profesor de periodismo en la Universidad de Queensland, pidió la revisión de la Constitución de Australia en un artículo para el sitio web The Conversation. Greste, que preside la Alianza para la Libertad de Periodistas, exige una nueva ley que proteja a los periodistas que informan en interés público, así como a los denunciantes.

“Todo de alguna manera hace que sea peligroso para los periodistas o sus fuentes exponer e informar sobre asuntos dentro del gobierno que usted y yo deberíamos saber. Esos periodistas expusieron temas que necesitábamos saber, debatir y, en algunos casos, cambiar”, agregó Greste. Australia, a diferencia por ejemplo de Estados Unidos, carece de un equivalente a las protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión. Varios tramos de la nueva legislación australiana que amplía los poderes de la policía y las agencias de seguridad no hacen más que disminuir la libertad de prensa en el país oceánico.

Por  Guido Vassallo

Publicado enInternacional
Martes, 27 Agosto 2019 09:54

Nadie debe estar por encima de la ley

Nadie debe estar por encima de la ley

Históricamente, los expresidentes de la República son investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Desde la Constitución de 1886, pasando por la de 1991 y el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, al ser un fuero especial en el cual los políticos se investigan entre ellos, esto conduce la impunidad política y judicial.

Igual ocurrió en el pasado con la jurisdicción penal militar, hasta 1987 cuando la Corte Suprema dictaminó que no podían hacerlo más, cuando los militares se investigaban y juzgaban entre ellos, lo cual condujo de igual manera a la impunidad.


Y es que ninguno de los expresidentes de Colombia ha sido investigado por la justicia ordinaria por actos cometidos durante el ejercicio de su mandato: ni Belisario Betancur (1982-1986) que autorizó el operativo criminal de “la retoma” del Palacio de Justicia en 1985; ni César Gaviria (1990-1994) que dio el consentimiento tácito para que los perseguidos por Pablo Escobar, “Los Pepes,” lo ejecutaran; ni Ernesto Samper (1994-1998) por el sonado proceso 8.000. A Betancur nunca se le pudo iniciar un juicio de responsabilidad por los hechos del Palacio pese a que el 7 de noviembre de 1985 él mismo, ante los medios de comunicación, asumió “toda la responsabilidad” sobre el holocausto (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desdeabajo, 2017, página 59).


El Procurador General de la Nación de la época, Carlos Jiménez Gómez, presentó una denuncia ante la Cámara de Representantes contra Belisario Betancur y su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, recién ocurridos los hechos del Palacio. La investigación fue archivada por la Comisión de Acusaciones al considerar que, las torturas, ejecuciones y desapariciones ocurridas durante y después de “la retoma” fueron “un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien sólo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y su Ministro de Defensa”.


Los presidentes de Colombia no han hecho nada o casi nada para detener las graves violaciones de los derechos humanos que siguieron al Palacio de Justicia en 1985, como el exterminio de la Unión Patriótica, la ejecución de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, o la del último senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas.


Más adelante, con el inicio de negociaciones con los paramilitares, el excomandante Freddy Rendón, alias el “Alemán”, afirmó que Carlos Castaño decía que Uribe era el hombre con el que iban a hacer la negociación, por ser antioqueño, por haber impulsado las Convivir -que luego se convirtieron en las autodefensas- y por ser amigo de éstas.


Todos estos son ejemplos de que el Presidente de la República está blindado mientras ejerce esa función; su inmunidad judicial y la impunidad en la que resulta son características del régimen presidencial colombiano. La Constitución Política del 91 en su artículo 188 dice que el presidente “simboliza la unidad nacional”, imagen que daría a pensar que el presidente debe estar por encima de la ley.


El primer mandatario es el “buen padre” a quien las colombianas y los colombianos confiamos nuestra protección. Él es quien “se obliga a garantizar los derechos y libertades de todas y todos”. El rol protector que se atribuye a la figura del presidente acarrea el que no se le pueda responsabilizar por los crimenes que cometiere en el desempeño de sus funciones, porque se considera intocable.


Lo que se ganó en el equilibrio institucional entre los poderes públicos en la Constitución del 91, se perdió en la responsabilidad política del presidente de la República. La impunidad y la inmunidad tanto judicial como política del Primer Mandatario, nadie está dispuesto a tocar ni remover.


Así lo reafirmó el Acuerdo de Paz con las Farc, que eximió expresamente de responsabilidad a todos los expresidentes que gobernaron durante el conflicto armado interno, de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP. Esta extensa tradición de presidentes intocables tiene fundamento también en la falta de responsabilidad política ciudadana y el rechazo de los gobernantes a rendir cuentas.


La Constitución Política de Colombia es clara al señalar que todos los cargos políticos gozan de este fuero, lo que quiere decir que las investigaciones por hechos delictivos las adelanta la Comisión de Investigaciones de la Cámara, para el caso de los Presidentes, y la Corte Suprema de Justicia, para el caso de los congresistas y gobernadores.


Esta última –en un hecho sin precedentes- fijó los días 8 y 9 de octubre de 2019 para escuchar al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez en indagatoria. El susodicho presentó una denuncia penal el 23 de febrero de 2012 ante la CSJ contra el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, por un supuesto “complot” con testigos falsos que intentaba involucrarlo en actividades criminales de los grupos paramilitares. El 17 septiembre de 2014 el senador Cepeda promovió un debate en el Congreso contra el senador Uribe, específicamente sobre el paramilitarismo en Antioquia. Recién iniciado el debate, el senador Uribe anunció que se trasladaría a la Corte Suprema a denunciar al senador Cepeda por difamación y que regresaría al recinto. Pero no regresó.


El 16 de febrero de 2018 el senador Uribe pasó de denunciante a investigado, ya que la Corte se inhibió de seguir adelantando la indagación preliminar contra el senador Cepeda al concluir que éste “no abusó de sus funciones como congresista ni determinó a reclusos mediante sobornos para testificar”, y, por el contrario, ordenó la compulsa de copias en contra del senador Uribe para que se adelantaren las correspondientes pesquisas.


Que bueno para el estado de derecho y la democracia que sea la Corte Suprema la encargada de determinar si el doctor Uribe manipuló o no a los testigos e incurrió en fraude procesal, a partir del abundante material probatorio que obra en el proceso, según se desprende del comunicado a la opinión pública, del 17 de agosto de 2019, suscrito por Iván Cepeda Castro, Senador de la República, y la citación a indagatoria que deberá rendir el procesado.


Este escenario, que resulta sorprendente ante los antecedentes históricos, sólo está siendo posible porque los hechos concernientes ocurrieron cuando el doctor Uribe ya no era Presidente de la República, por lo que el caso vuelve a traer de relieve un debate de fondo que debe dar la sociedad colombiana: Blindar del alcance de la justicia a la figura del Presidente de la República arriesga nuestro derecho a un Estado de derecho que vele por todas y todos. La responsabilidad política y la rendición de cuentas de los expresidentes son hoy más necesarias que nunca.

 

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