El crecimiento económico de China ha generado más multimillonarios que EE.UU.: ¿por qué Pekín comienza ahora su regulación?

800 millones de chinos han salido de la pobreza, sin embargo, todavía hay 600 millones viviendo con 150 dólares al mes.

El Partido Comunista Chino (PCC) está intentando reestructurar la sociedad del país mediante la regulación de los nuevos multimillonarios y la redistribución de la riqueza de forma más equitativa entre sus habitantes, lo que algunos expertos consideran es un plan de autolegitimación.

Durante la décima reunión del Comité Central de Finanzas de China, encabezada el 17 de agosto por el presidente chino Xi Jinping, se reiteró la necesidad de fortalecer en el país la regulación de los ingresos "excesivamente altos" y de alentar a los grupos y empresas de altos beneficios a "regresar más a la sociedad" para garantizar "la prosperidad común".

"La prosperidad común es la prosperidad de todo el pueblo. Es la vida tanto material como espiritual de las personas. No es la prosperidad de unos pocos, ni tampoco es un igualitarismo uniforme", defendió el líder chino. 

¿Funcionaría la "prosperidad común" en Occidente?

Algunos observadores argumentan que el objetivo de la "prosperidad común" es una misión sin precedentes que solo podría alcanzarse en China bajo el liderazgo del PCC, mientras que otros países occidentales, aunque generen cierto aumento del bienestar social de los trabajadores, están condenados al fracaso.

"La naturaleza del sistema capitalista de los países occidentales es la búsqueda de beneficios y, como resultado, la riqueza solo se concentra en las manos de los capitalistas que acumulan activos explotando a los trabajadores. Esta forma de gestionar los recursos sociales solo conducirá a ampliar la brecha de la riqueza", declaró Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin de China en Pekín, al Global Times.

Cong Yi, decano de la Escuela de Marxismo de la Universidad de Finanzas y Economía de Tianjin, indicó que cualquier país o región que supere la trampa de la renta media y entre en el 'ranking' de la renta media se enfrentará a la cuestión de la prosperidad común de su población, y no abordarla provocará graves contradicciones sociales que envenenarán el desarrollo económico.

En este sentido, "en EE.UU., su política de impuestos para los ricos no pudo arreglar la creciente brecha en un sentido fundamental, lo que significa que la sociedad estadounidense está acelerando sus divisiones", dijo Cong. "En China, podemos ver una serie de medidas marcadas por ajustes institucionales flexibles para abordar los problemas, lo que constituye nuestra mayor ventaja".

"Una oportunidad para presentarse como un gobierno con visión de futuro" 

Algunos expertos afirman que, para el PCC, detrás del objetivo de una mayor igualdad de ingresos hay una lógica de autopreservación: "El Gobierno chino es consciente de que tanto el público nacional como el internacional lo está observando", dijo Austin Strange, profesor asistente de política en la Universidad de Hong Kong. "Es una oportunidad para presentarse como un gobierno con visión de futuro que se preocupa por sus ciudadanos, incluidos los que están en la parte inferior de la distribución de la riqueza".

En los últimos años se ha producido una desaceleración general del estratosférico crecimiento económico del país, que había sido un "pilar crucial de la legitimidad política del Partido Comunista Chino", agregó Strange.

En China, más de 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1978, según el Banco Mundial, y más de la mitad de la población se considera de clase media. El año pasado había 1.058 multimillonarios viviendo en China, frente a los 696 de Estados Unidos, afirma Hurun.

Sin embargo, alrededor de 600 millones de personas, casi el doble de la población estadounidense, viven con el equivalente a unos 150 dólares al mes, según declaró el año pasado el primer ministro Li Keqiang.

Ryan Hass, investigador de la Brookings Institution de Washington, indicó que ahora que "la era del desarrollo económico vertiginoso ha terminado, los líderes chinos están cambiando su enfoque hacia la mejora de la calidad de vida como una nueva fuente de legitimidad en su desempeño".

Objetivos alcanzados 

Anteriormente, Pekín declaró que la pobreza extrema en el país había sido erradicada a finales del año pasado, lo que supuso un paso más para cumplir el objetivo del primer centenario del PCC, que era "construir una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos". 

Ahora, según el informe del comité, el gigante asiático sigue avanzando hacia la meta del segundo centenario, que es "convertir China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos", dijo Xi Jinping en julio en el marco de las celebraciones por los 100 años del partido.

Publicado: 7 sep 2021

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Haití: comenzaron las audiencias por el magnicidio de Jovenel Moise

A dos meses del asesinato y tras la renuncia de tres jueces

Comenzaron las audiencias judiciales de los 44 acusados, entreellos 18 mercenarios colombianos.

 A casi dos meses del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzaron las audiencias judiciales del caso, tras las sucesivas renuncias de los jueces asignados, que aseguraron haber sido amenazados y reclamaron que no se les dio seguridad. Las audiencias comenzaron con la declaración del exjefe de seguridad del presidente que fue realizado a puerta cerrada y del que no trascendieron más detalles. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, el testimonio es relevante ya que Moise fue “entregado” por sus responsables de seguridad, que estaban encargados de velar por la seguridad del mandatario, asesinado el pasado siete de julio en su casa. La Policía aún no liberó las imágenes de la cámara de vigilancia de la residencia presidencial.

Jueces amenazados

El proceso judicial está a cargo del magistrado Gary Orelien, quien lideró la investigación tras la renuncia de Mathieu Chanlatte, que dimitió por preocupaciones de seguridad. Orelien es criticado por varias figuras públicas de Haití que lo califican de “inexperto” para estar al frente del caso de magnicidio.

Sin embargo, previo a la designación de Orelien, ya habían renunciado tres jueces: Carl Henri Destin, quien redactó el primer informe tras el asesinato de Moise; Clément Noel, que dimitió tras denunciar que recibió amenazas de muerte; y el más reciente, Mathieu Chanlatte, que dejó el cargo el pasado 13 de agosto, que previamente había alertado que no tenía asignado un guardia para garantizar su seguridad y la de su familia.

Un día antes de la renuncia de Chanlatte se conoció la muerte del secretario judicial que iba a asistirlo en la investigación. Para la Asociación de Registradores Haitianos se trató de un asesinato, mientras que varias personalidades haitianas señalaron que la muerte del funcionario judicial constituía una forma de intimidación.

Magnicidio

Hasta el momento la causa tiene 44 detenidos: 18 colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano y 12 policías. Entre ellos está el presunto autor intelectual, Emmanuel Sanon, de 63 años, un médico haitiano con residencia en Florida, Estados Unidos, y que supuestamente organizó la operación para jurar como presidente. Otras seis personas se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas la antigua jueza del Tribunal Supremo, Wendelle Coq, y el exsenador John Joel Joseph

Moise fue asesinado en su residencia el 7 de julio pasado. El país caribeño no cuenta con un parlamento desde enero de 2020. El mes pasado el presidente Ariel Henry anunció que las elecciones que estaban previstas para el 26 de septiembre fueron postergadas para noviembre y la segunda vuelta será en enero de 2022.

Haití hoy

Mientras que la crisis sanitaria se agravó con el terremoto del pasado 14 de agosto que devastó la zona sur de Haití. Más de dos mil personas murieron y unas 12 mil resultaron heridas. El sismo también destruyó cerca de 60 mil hogares y al menos 25 infraestructuras sanitarias, aumentando la afluencia a los centros de salud que quedaron en pie.

Las vacunaciones contra la covid-19 avanzan a cuentagotas, de los 11 millones de habitantes que tiene el país, sólo más de tres mil completó el esquema de inmunización y unas 25 mil personas fueron inoculadas con la primera dosis. En los refugios improvisados para las personas que perdieron sus hogares tras el terremoto conviven miles de familias hacinadas, sin barbijos y con poco acceso a agua potable.

04/09/2021

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Bolivia: Jeanine Áñez irá a juicio político por genocidio

El Tribunal Supremo de Justicia la acusó en el Parlamento

La acusación surge de la denuncia de familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia envió al Parlamento una acusación por "genocidio" y otros delitos contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), por el asesinato de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

"Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (...) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez", informó anoche el presidente del TSJ, Ricardo Torres.

Cuarta acusación 

La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo. De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo.

Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene la mayoría especial necesaria.

Masacres

La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.


En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de "masacres". "La policía y las fuerzas armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado," dice el informe.

Sedición

También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes de funcionaria pública.

La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, Morales, renunciara presionado por la Central Obrera Boliviana, mandos militares, partidos opositores y movimientos indigenistas y se viera obligado a exiliarse en México y luego en Argentina tras ganar unas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

Tras la contienda electoral, 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales y por la represión de las fuerzas de seguridad de marchas de partidarios del derrocado mandatario de izquierda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 22 fallecidos represiones a las que calificó de "masacres". Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección del presidente Luis Arce, delfín de Morales, y en marzo fue detenida.

Macri y Almagro

Junto a varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales, es acusada como coautora de un golpe de Estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los Gobiernos del expresidente argentino Mauricio Macri y del exmandatario ecuatoriano Lenín Moreno.
También el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, es cuestionado por su papel en la revisión de los resultados de esas elecciones.

Mientras tanto la oposición denuncia que las acciones judiciales contra Áñez se tratan de un ajuste de cuentas. Asimismo, la CIDH puso el ojo sobre la Justicia boliviana al destacar su "falta de independencia" y la "ausencia de garantías del debido proceso", además del "uso excesivo de la detención preventiva".

Intento de suicidio

Áñez, de 54 años, intentó suicidarse el sábado tras conocer los cargos de genocidio en su contra. Según un comunicado oficial la expresidenta de facto sufrió "lesiones leves autoinfligidas y recibió tratamiento en la enfermería del penal donde se encuentra recluida. 

27/08/2021

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Colombia. Con asesinatos y amenazas pretenden silenciar el descontento social

Asesinan al joven y activista estudiantil Esteban Mosquera

Dolor y frustración en amplios sectores sociales dejó el asesinato del joven activista estudiantil Esteban Mosquera, a quien le arrebataron la vida en la tarde del pasado lunes 23 de agosto en las inmediaciones de su residencia en el barrio La Pamba de su natal Popayán.

 

Un crimen que al ser puesto en contexto genera aún más indignación. Esteban, joven estudiante de música, activista y periodista comunitario, objeto de asesinato selectivo, había padecido los estragos de la represión estatal: el 13 de diciembre de 2018, en el marco de las manifestaciones estudiantiles de ese entonces, fue violentado por el Esmad en su rostro, acción por la cual había perdida su ojo izquierdo.

Ataque aleve sufrido mientras hacía el ejercicio periodístico como fotógrafo, pues Esteban a lo largo de su vida colaboró con tres medios alternativos locales: Red Alterna, Contraportada y Raíz Grafica. Además, se desenvolvía como estudiante de música en la Universidad del Cauca, en la que era conocida su labor como activista en favor de los derechos estudiantiles y símiles reivindicaciones sociales.

Objeto de la violencai estatal, y también víctima de la incomprensión hogareña. “No hay que ocultarlo”, nos dice alguién que compartió vivencias con él: Esteban también estuvo atravesada por acoso y violencia intrafamiliar, agresiones que en parte padecía por su participación activa en la protesta social y por el ejercicio del periodismo.

Una realidad que, rompiendo el silencio que muchas veces prevalece ante litigios familiares, él ventiló en Red Alterna, denunciando el maltrato que padecía en su sitio de residencia producto de su forma de pensar. Cotidianidad dificil, ya que entre maltrato físico y otras practicas su día a día se veía coartado por humillaciones, como cerrarle con llave el servicio sanitario e impedirle el acceso al piano de cola para perfeccionar sus estudios.

Víctima en todo sentido de la ignorancia e intolerancia, que históricamente se han incrustado en la idiosincrasia del colombiano de a pie, alienación que celebra gobiernos corruptos y rechaza tajantemente la crítica, la protesta, la demanda de justicia social, así como la diferencia.

Tendencias macabras

La muerte de Esteban Mosquera se suma a la sombría estadística de líderes sociales, activistas y estudiantes asesinados a lo largo del 2021, cuyas estadistícas, según Indepaz, totalizan 108 víctimas, de las cuales 56 asesinatos se produjeron dentro del marco del Paro Nacional y movilizaciones posteriores. Asesinatos a los que se suman 82 víctimas jóvenes impactados por el Esmad con sus armas “no letalres” producto de lo cual quedaron con un ojo menos, agresión, violación de sus derechos humanos, padecido por Esteban en el 2018.

El nombre de Esteban Mosquera se suma al de Juan Sebastián Quintero Munera, Yeison Benavides y Camilo Galindez, otros jóvenes asesinados desde el mes de junio en el departamento del Cauca,.

Nombres, números y fechas que alimentan las estadísticas del oprobio, en las que, caso por caso, se hallar patrones comunes, y donde aparentemente el ‘crimen’ es protestar, dignidad que en Colombia es cobrada con sangre. Intimidar, multiplicar el mideo, es sello del poder.

Números que dejan entrever patrones claros de represión y persecución contra todo tipo de personas que manifiesten sus sentires y exprese su voz en aras de tejer lazos de colaboración en tiempos de “posconflicto”. El modus operandi del establecimiento deviene de prácticas totalitarias también implementadas en protestas sociales de otras latitudes, pues las lesiones oculares también han tenido lugar en Chile, Francia, Hong Kong y demás países donde la ciudadanía ejerce su derecho a la protesta. Pero los homicios solo tienen lugar en uno que otro país y nunca en cantidades como las registradas en Colombia donde la criminalización de la protesta social tiene la huella de estrategia y operatividad militar.

El día de ayer miércoles 25, fue velado el cuerpo de Esteban en la ciudad de Popayán, luego de múltiples actos simbólicos en su alma mater y varias movilizaciones convocadas en su nombre. El día de hoy, jueves 26 de agosto, a las 5pm en el Boulevar del río en la ciudad de Cali han convocada una velatón en su nombre para honrar la memoria de Esteban Mosquera, joven comprometido con la transformación social, cuya muerte significa un duro golpe para la resistencia estudiantil en la ciudad de Popayán.

La consigna de “Ni un muerto más” se diluye entre más víctimas. Cada día se sienten los pasos totalitarios del establecimiento, uniformado o de civil, resguardados en la impnidad, porque nada más colombiano que “tapen, tapen”, procurando que las cosas se queden como están.

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/06/en-colombia-han-asesinado-1201-homicidios-de-lideres-sociales-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/

http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

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Julian Assange, más cerca de la extradición a Estados Unidos

El Tribunal Superior de Justicia de Londres pone en duda el deterioro de la salud mental y el riesgo de suicidio del fundador de Wikileaks si es entregado a Washington, motivos por los que una jueza había denegado la extradición. 

 

Duro revés para el periodista australiano Julian Assange y para sus posibilidades de no ser extraditado a Estados Unidos, cuyo Gobierno persiste en su petición de extradición para que sea juzgado por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y la piratería informática; acusaciones que podrían suponerle al fundador de 'WikiLeaks' 175 años de condena. En la vista del pasado 11 de agosto, el juez Timothy Holroyde, del Tribunal Superior de Justicia de Londres, cuestionó la decisión de su homóloga Vanessa Baraitser de negarse a la extradición para salvaguardar la salud mental de Assange y ante el riesgo de suicidio si es condenado finalmente en Estados Unidos, donde, según la jueza, su ingreso en una prisión sería un duro "confinamiento". 

En estos momentos, la única baza de la defensa de Julian Assange, encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue detenido en un asalto a la embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado siete años, es su deteriorada salud mental y el riesgo de suicidio que supondría su entrega a Estados Unidos. Un informe forense del psiquiatra Michael Kopelman así lo acredita. La jueza Braitser se basó en ese informe pericial para denegar la petición de extradición el pasado 4 de enero. 

Lo más preocupante de la situación procesal de Assange es que la jueza británica no avaló la tesis principal de su defensa, coordinada por el abogado y exjuez español Baltasar Garzón. Baraitser rehusó la motivación política que denuncia el fundador de 'Wikileaks' respecto a su persecución como periodista por el Gobierno de EE.UU. En 2010, el portal de Julian Assange publicó cientos de cables del Departamento de Estado estadounidense en los que se demostraba la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo y durante las invasiones norteamericanas de Irak y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. En los documentos secretos desvelados por 'Wikileaks' quedaba en evidencia el abuso del ejército estadounidense en cuanto a las muertes de civiles.

Tras la sentencia de la jueza Braitser, otro juez denegó a Washington la posibilidad de usar en su recurso argumentos contrarios al informe psiquiátrico que advierte del peligro de suicidio. Según la Administración de EE.UU, el profesor de Psiquiatría Kopelman trató de engañar al tribunal al apuntar como "alta y certera" la posibilidad de que Assange se quitara la vida si llegaba a ser extraditado a Estados Unidos.

En la vista del pasado 11 de agosto, un tercer juez ha permitido a Estados Unidos cuestionar ese dictamen psiquiátrico en su impugnación contra la no extradición. Así mismo, el juez Timothy Holroyde reprocha a la jueza Braitser haber sobredimensionado el riesgo de suicidio; también pone en duda la fragilidad de la salud mental del periodista. En la vista definitiva para decidir la extradición, que se celebrará en Londres el próximo mes de octubre, el informe del doctor Kopelman será el eje central. 

La credibilidad del informe ha sido duramente cuestionada por los fiscales estadounidenses, tras desvelar que el psiquiatra omitió intencionadamente que Assange tenía dos hijoscon su abogada, Stella Morris, mientras estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres

Julian Assange, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Belmarsh, en Londres, lleva una década soportando un auténtico calvario, sin haber sido condenado todavía por los delitos que se le imputaron desde que difundió los documentos militares secretos de EE.UU. Fue acusado de abusos sexuales en Suecia, pero la Fiscalía del país nórdico archivó finalmente la causa por la dificultad probatoria. En Reino Unido fue condenado a cincuenta semanas de prisión por violar las condiciones de libertad condicional en 2012,  cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Allí permaneció casi siete años, protegido como asilado político.

Sin embargo, el sucesor de Rafael Correa en la presidencia de Ecuador, Lenin Moreno, retiró a Assange la protección diplomática y permitió en abril de 2019 el asalto de la Policía Metropolitana de Londres a la embajada ecuatoriana, que concluyó con la detención del periodista. No sólo está en juego la salud y la vida de Julian Assange, también la libertad de prensa.

16/08/2021 21:55

Ana María Pascual@Anmariapascual

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Estados Unidos insistió en la extradición de Julian Assange

En una audiencia preliminar cuestionó el fallo de la justicia británica

La abogada Clair Dobbin sostuvo que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales.

 

El gobierno estadounidense consideró ante el Tribunal Superior de Londres que el fundador de WikiLeaks, el periodista australiano Julian Assange, no está "tan enfermo" como para querer suicidarse si es extraditado a Estados Unidos, país que lo requiere por cargos de presunto espionaje. Los abogados estadounidenses entienden que las pruebas presentadas por la defensa de Assange, quien permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad del Reino Unido acusado de difundir documentos clasificados, no se basan en su actual estado de salud sino en cómo podría evolucionar. Decenas de manifestantes con pancartas que rezaban "Diez años, ¡ya basta!" o "Liberen a Assange" se congregaron el miércoles ante el tribunal londinense, incluido el exlíder laborista Jeremy Corbyn.

Durante una audiencia preliminar del proceso de apelación dispuesto por Washington, la abogada Clair Dobbin informó que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales. Su mirada difiere mucho de la del psiquiatra Michael Kopelman, quien en septiembre de 2020, durante el juicio de extradición de Assange, había informado que el periodista presenta un comportamiento suicida que podría potenciarse si la justicia inglesa decide trasladarlo a Estados Unidos.

Assange fue detenido por la policía británica en abril de 2019 después de que el gobierno de Ecuador le retirara su asilo diplomático en la embajada ecuatoriana de Londres, donde vivía refugiado desde 2012 por miedo a ser extraditado a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo acusa de espionaje por difundir en 2010 más de 700 mil documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas, sobre todo en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.

11/08/2021

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Guatemala: continúan las protestas contra el presidente Alejandro Giammattei

Miles de guatemaltecos volvieron a las calles repudiando la repentina destitución del reconocido fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, el mal manejo de la pandemia y la escasa cantidad de vacunas.

 

La fiscalía de Guatemala ordenó la detención del exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del encarcelado expresidente Otto Pérez Molina. Pérez Leal es señalado por delitos de conspiración, asociación ilícita y abuso de autoridad con propósito electoral, malversación de fondos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había pedido al gobierno priorizar la lucha contra la corrupción mientras en el país miles de guatemaltecos volvieron a las calles este viernes para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general y jefa del ministerio Público, Consuelo Porras, tras la repentina destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, reconocido en el país centroamericano por haber trabajado junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevó a que el expresidente Pérez Molina fuera detenido por corrupción.

Exalcalde detenido

Otto Pérez Leal, exalcalde del municipio de Mixco fue detenido este viernes acusado de varios delitos, informó la fiscalía de Guatemala. "La fiscalía inició la investigación luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de la Nación", el ente fiscalizador del Estado. "Las órdenes de aprehensión solicitadas contra las personas señaladas son por los delitos de conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio", afirmó la fiscalía. Pérez Leal utilizó más de 81 mil dólares para beneficiarse personalmente y al desaparecido Partido Patriota (PP) en las elecciones de 2015, precisó.

Además de Pérez Leal fueron capturadas otras tres personas de su administración en Mixco (2012-2016), un municipio al oeste de la capital guatemalteca. Está pendiente la detención de la exdiputada Stella Alonzo (2016-2020), esposa del exalcalde. El padre de Pérez Leal, Otto Pérez Molina (2012-2015) renunció a su cargo cuatro meses antes de finalizar su mandato luego de haber sido señalado por la fiscalía guatemalteca y la CICIG por encabezar una red de corrupción en las aduanas. El expresidente está en prisión desde 2015 a espera de un juicio. Otros integrantes de su gobierno, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti y varios de sus ministros están también en la cárcel por actos de corrupción. La CICIG llevó al desmantelamiento de al menos 60 estructuras de corrupción dentro del Estado.

Pedido de la CIDH

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el viernes a Guatemala a priorizar la lucha contra la corrupción, cuando en el país centroamericano la ciudadanía volvió a las calles con movilizaciones y cierres de calles en rechazo de la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval y en reclamo al mal manejo que tiene el gobierno de Giammattei de la pandemia de covid-19. Los manifestantes piden la renuncia del mandatario y de la fiscal general y jefa del ministerio Público, Consuelo Porras.

Mile de guatemaltecos volvieron a movilizarse este viernes en diferentes puntos del país centroamericano. Es el segundo día manifestaciones en esta semana. La convocatoria fue impulsada por las autoridades ancestrales indígenas de Guatemala, organizaciones indígenas, Comité de Desarrollo Campesino y Comité Campesino del Altiplano, que también pidieron la renuncia del mandatario, señalado por promover la impunidad. También se sumó a las movilizaciones la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la estatal y autónoma Universidad de San Carlos, así como la asociación estudiantil Landivarianos, de la privada y jesuita Universidad Rafael Landívar (URL).

Las manifestaciones se extendieron por todo el país, en las calles de las zonas urbanas y en la capital, con bloqueos, bailes y consignas de apoyo a Sandoval, removido de su cargo el pasado 23 de julio, pese a ser reconocido por su trabajo como fiscal anticorrupción. El exfiscal de la FECI tuvo que salir del país para resguardar su vida.  "Considero que Giammattei es corrupto y tan corrupto es que tiene tomado el MP, una institución que debe ser independiente", afirmó Sandoval entrevistado este viernes por el canal NTN24.

Juan Francisco Sandoval al mando de la FECI y en compañía de la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) y el colombiano Iván Velásquez titular de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), imputó desde 2015 a la fecha a más de 200 personas entre ministros, diputados, funcionarios, miembros de la élite empresarial, además de presidentes y expresidentes.

06/08/2021

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Sábado, 07 Agosto 2021 05:15

La muerte de la Convención de Ginebra

La muerte de la Convención de Ginebra

 Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos “criminales”. Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda), vemos cómo lo que entendíamos como “ayuda humanitaria”, como “derecho básico”, como “humanidad”, va perdiendo cada día su lugar. Su espacio. Incluso, empieza a ser visto como un crimen. Como una “amenaza”. Como una “excusa”. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un “criminal”.

Los cuatro convenios de Ginebra, base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios (cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950), intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos (amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja) también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen “errores” llamados “colaterales”, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen “graves”. Eso nadie lo juzga.

El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre “intervención humanitaria” fue tan mal usada, para justificar tanta barbarie y tantas guerras “preventivas” de algunos Estados (poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados), que debió cambiarse su nombre: hoy se habla de responsabilidad de “proteger” (R2P) de parte de los Estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención “humanitaria”. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables (encontrar armas de destrucción masiva...) como intervenciones “humanitarias”. Pero no parece que estemos tampoco “protegiendo” mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo puesto de los conflictos que se viven en sus propios países (muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro); huyen desesperados con lo puesto, como la familia de Aylan Kurdi (rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P) y los estados “civilizados” no hacen nada por ellos. Al contrario. Los quieren "frenar". Les dan la espalda. Los dejan morir ahogados. (“Llame a Malta” fue la recomendación que la guardia italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo “civilizado” de hoy). 

El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de “cooperación”, tantas Cortes de Justicia. Nada de eso sirve. Se habla de un supuesto (hipócrita) derecho de “salida” para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas “salen” de sus culturas (países), huyendo de la violencia (sobre todo las mujeres, como advierte Susan Moller Okin, cuando se pregunta “Is Multiculturalism Bad for Women?), las democracias “civilizadas” de Europa, que predican el “respeto” cultural, no les abren las puertas. No tienen respuesta para ellas. Las deportan. Cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. ¡Cuesta vidas! ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias “jurídicas” a dar un paso (como el de Fatou Bensouda), que terminamos en el absurdo de acusar, por miedo, como “criminal” al único que ayuda a salvar vidas: Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Maier cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces, todos sentimos ganas de hacer eso.

Por Guido Leonardo Croxatto

06/08/2021

Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE/PTN).

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Beirut: fuertes protestas y represión a un año de la explosión del puerto

Miles de libaneses marcharon para conmemorar el aniversario de la explosión del puerto de Beirut que mató a más de 200 personas e hirió a otras 7,000. El país se encuentra en un espiral de crisis múltiples que millones ya no soportan.


 

El 4 de agosto de 2020 un hongo de humo gigante acompañado de chispas, fuego una onda expansiva ensordecedora, sintetizaba las múltiples crisis que atraviesa Líbano: una economía en caída libre, un profundo desempleo y corrupción endémica de generaciones entre la élite política que se agravaron con la pandemia. El país vive un récord de movilizaciones contra esa situación desde el 2019 que han resurgido durante las restricciones contra el coronavirus y se mantienen vivas desde entonces con mayor o menor frecuencia.

Hoy miles de libaneses se movilizaron por las calles de Beirut luego de una año de la catastrófica explosión del puerto, pidiendo justicia para saber porqué se almacenaron productos químicos explosivos en la capital. Aquella explosión de 552 toneladas de nitrato de amonio dejó un saldo de 214 muertos, unas 7.000 personas heridas, además de desplazar de sus hogares a 300.000 libaneses y daños estimados en hasta 6.000 millones de dólares.

Este aniversario sirvió como nuevo catalizador para movilizar a miles contra el corazón del problema. La represión no se hizo esperar. Los jóvenes resistieron en la primera línea con toda experiencia acumulada de estos años de combates en Beirut y otras ciudades.

La represión dejó decenas de heridos, seis de los cuales tuvieron que ser hospitalizados, informó la Cruz Roja local, citada por la agencia de noticias AFP. A unos centenares de metros de allí, en paralelo, se celebraba una misa, cerca del puerto, en homenaje a las víctimas de la enorme explosión que arrasó barrios enteros de la capital libanesa el 4 de agosto de 2020.

Carteles gigantes con duras críticas a las autoridades fueron colgados de las destruidas fachadas de edificios ubicados frente al puerto.

"Aquí empieza nuestro fin y nuestro comienzo", se leía en uno de los pósters, que ocupaba cinco pisos de un edificio de departamentos.

Esto refleja el hartazgo de una juventud que habita una ciudad que amalgama a distintas nacionalidades, etnias y religiones. Esos jóvenes han logrado romper con esas diferencias que imponen desde la élite política para dividir a las masas a partir de sus disputas por cuotas de poder.

¿Por qué? En Líbano existe un modelo particular de Gobierno en el que los cargos políticos se deben repartir equitativamente entre las facciones etnico-religiosas musulmanas (sunitas-chiítas) y cristianas del país, esto fue acordado a fines de la guerra civil de 1975 a 1990. La crisis política y económica es la más grave desde entonces, ya que la moneda local ha perdido casi todo su valor frente al dólar estadounidense (1 dólar por 18,000 libras en el mercado negro).

Todos vivieron en carne propia la incompetencia del gobierno que llevó a la devaluación de la libra libanesa — por una fuerte rebaja de las agencias internacionales de calificación y un peso de deuda externa primera en ranking mundial — una rápida inflación que supera el 150% y un desempleo masivo. Esta dramática caída de la moneda y la hiperinflación han hundido a más de la mitad de la población por debajo del umbral de la pobreza con el 77 % de los hogares que no tiene suficiente comida o dinero, según un informe de UNICEF del 1 de julio. El combustible escasea, mientras que un puñado especula con su precio, lo cuál genera un círculo inflacionario y deficit energértico.

Las familias ricas y de clase media están huyendo del país, entre ellos muchos profesionales, como cuenta el New York Times, donde cientos de miles llegan intoxicados a los hospitales, ya colapsados, por el mal estado de la comida que pierde las cadenas de frío, ya que la electricidad se volvió un lujo que pocos perciben. La población sólo puede disfrutar de 3 horas por día de luz, mientras que la noche se vuelve en tinieblas.

Doce meses después de la explosión, todavía no ha habido rendición de cuentas y el estancamiento político ha dejado al país sin un gobierno en funcionamiento. El desmoronamiento económico del Líbano es tan severo que el Banco Mundial lo ha descrito como una de las peores crisis económicas en 150 años.

El actual primer ministro libanés Najib Mikati afirmó recientemente que recibió el apoyo necesario de la Unión Europea para la crisis en el país y agregó que "estoy seguro de que Estados Unidos también estará abierto a apoyar".

Según informa Telam “unos 40 jefes de Estado y de Gobierno y diplomáticos participaron hoy de una conferencia en París organizada por Francia y la ONU con la esperanza de recaudar cientos de millones de dólares en ayuda para que el Líbano pueda satisfacer sus crecientes necesidades humanitarias”. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció "cerca de 100 millones de dólares de nueva ayuda humanitaria" para Líbano, mientras que su par francés, Emmanuel Macron, prometió 100 millones de euros. Por su parte en el Vaticano, el papa Francisco instó el mundo a apoyar al Líbano.

Lo cual es una total hipocresía. Las guerras en Medio Oriente, principalmente en Siria e Irak, son en gran parte responsabilidad de las intervenciones del imperialismo norteamericano (responsable del desmembramiento estatal iraquí) junto a sus aliados de la OTAN, entre ellos Francia, que han provocado el desplazamiento de millones de personas que se han refugiado en países como Líbano. Por un lado, esto generó una enorme carga económica al país dando como resultado una de las poblaciones de refugiados más grande del mundo, y consigo altos índices de indigencia y pobreza.

En este sentido el crimen social de la explosión tuvo un enorme impacto sobre esa población refugiada, ya que dependían de la logística del puerto. Era el principal centro de abastecimiento a través del cual las Naciones Unidas y otras organizaciones enviaban suministros a más de 11 millones de personas que dependen de la ayuda en Siria. Su destrucción obstaculizó el transporte de ayuda para quienes más la necesitaban, tanto dentro como fuera de los límites de la ciudad de Beirut.

En los últimos los meses, Líbano sufrió un aumento del 220 % en los casos de coronavirus. Los hospitales estaban al máximo de su capacidad, 111 pueblos y ciudades de todo el país estaban cerrados. Con la dimisión del gobierno luego de la explosión agravó aún más esta situación, profundizando las tensiones entre los partidos políticos, ya que se temía que Hezbollah asumiera el poder luego de la última dimisión de Saad Hariri.

Incluso con la ayuda de estados como Francia, muy poco ha cambiado. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el primer líder extranjero en visitar el Líbano después de la crisis, y lanzó una iniciativa francesa que dependía de la misma clase política acusada de las crisis que enfrenta hoy el país, escribió Vohra en junio para Foreign Policy. El plan de Macron buscaba la formación de un nuevo gobierno tecnocrático, una elección anticipada y reformas al menos en el sector eléctrico para proporcionar a las personas un suministro de energía adecuado y poner fin a las protestas masivas que dejaron contras las cuerdas al Gobierno.

Hasta 1943, el Líbano estaba bajo el mandato francés (donde privilegiaban a los cristianos maronitas, no a los musulmanes), pero desde el final de la guerra civil, Francia ha desempeñado principalmente el papel de intermediario occidental entre el Líbano y la comunidad internacional para recaudar fondos para la reactivación económica del país asegurando su pata en Medio Oriente. AL mismo tiempo intenta, con la ayuda de EE. UU., contrarrestar la influencia de Hezbollah y sus aliados como el Movimiento Amal, que son cercanos a Irán.

En términos más generales, la región ha sido golpeada desde la Primavera Árabe en 2011 con respuestas contrarrevolucionarias que llevaron a guerras civiles y el surgimiento del Estado Islámico, además de una inestabilidad frecuente en términos sociales y geopolíticos. Varios años de crisis múltiples llevaron a una respuesta de masas en toda la región contra los planes de ajuste y la creciente degradación de las condiciones de vida, generando un terreno fértil para nuevas irrupciones violentas.

Como expresó una manifestante durante la jornada "Me temo que. Le tengo miedo a mi gobierno. Este gobierno puede matarnos fácilmente, reasignar nuestra ciudad, dejarnos sin electricidad, sin ningún tipo de mercancía. Me temo que mañana algo más va a ser mal administrado, y mañana podría ser mi vida en juego".

"Creo que los libaneses finalmente entendieron que solo juntos podemos hacer el cambio".

Por Salvador Soler@SalvadorSoler10

Miércoles 4 de agosto

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Fuentes: Rebelión [Foto: Darío Augusto Cardona / El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno ha dedicado su vida a acompañar y a dignificar a las víctimas de la violencia estatal y paraestatal en Colombia, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó]

Entrevista a Javier Giraldo, Vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos

 “Los movimientos contestatarios, de rebeldía, son calificados ordinariamente por el Estado como otro negativo, un otro demoníaco, que hay que exterminar. Ahí está la motivación para responder con una violencia que busca el exterminio de esa otredad”

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha condenado al Estado colombiano por su acción u omisión en el genocidio continuado y los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra población civil por razones políticas. Mundo Obrero entrevista a su Vicepresidente, Javier Giraldo, quien nos hace un hueco en medio de las reuniones con la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, que ha verificado sobre el terreno este mes de julio las violaciones de derechos humanos contra quienes ejercen su derecho a la protesta.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno es un referente de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Su hablar sereno se combina con una precisión y una firmeza en la denuncia que le ha valido poderosos enemigos en su trayectoria de defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. En él han tenido un acérrimo defensor las comunidades campesinas y líderes sociales de las regiones más castigadas por el terror estatal y paraestatal. Autor de varios libros en los que documenta la impunidad en el exterminio de estas comunidades victimizadas en las zonas rurales de Colombia, Javier Giraldo trabaja desde 1972 con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), y es fundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ha recibido el Premio Internacional, Asociación de Derechos Humanos de España, el Premio John Humphrey a la Libertad y el Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo otorgado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Fue miembro de la Comisión Histórica sobre el origen del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. 

GUADALUPE BARAHONA: Es la tercera sesión en la que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se ocupa de Colombia: en 1991 juzgó la impunidad en los crímenes de lesa humanidad, y en 2008 juzgó el accionar de las empresas transnacionales en relación con la violación de derechos humanos. ¿Qué aporta el TPP, teniendo en cuenta que es un tribunal simbólico?

JAVIER GIRALDO: En primer lugar, el TPP es un tribunal de opinión. Se apoya en la sentencia del tribunal Russell que surgió con la guerra de Vietnam. El senador italiano Lello Basso fue relator del segundo Tribunal Russell sobre las dictaduras de América Latina y fue a la vez el fundador del Tribunal Permanente de los Pueblos en 1979, para continuar esa misma experiencia. Él enfatizó la convicción de que un tribunal no es necesariamente la emanación de un poder estatal o interestatal, sino que precisamente las razones de Estado son una limitación a una sentencia judicial que tenga una profunda dimensión ética y, por lo tanto, mayor independencia. El tribunal ya lleva 48 sentencias, y en todas ellas hay una sabiduría muy profunda y un análisis de lo que han padecido los pueblos que han sido más oprimidos en la historia de la humanidad. El esfuerzo que hace el tribunal es precisamente confrontar los hechos con los ideales jurídicos que la humanidad ha expresado en el Derecho Internacional, y que muchas veces se quedan en el papel. Se les entrega a las víctimas colectivas un arma ética y política de mucha trascendencia en estas sentencias.

GB: ¿Qué es lo más trascendente de este fallo histórico del TPP sobre Colombia?

JG: La sentencia que se acaba de emitir sobre el genocidio en Colombia es ejemplar. Abarca la dimensión de un libro, y profundiza en dos siglos de la existencia y del sufrimiento del pueblo colombiano. Esto se ha motivado precisamente en que después de varias sesiones del TPP, los gobiernos nunca aceptaban poner en práctica las recomendaciones del tribunal, y los mismos movimientos sociales de Colombia empezaron a hacer una evaluación de fondo y vieron que las grandes masacres y las manifestaciones de opresión respondían a un mismo libreto, que tenía elementos que fueron constantes en todas las formas de represión estatal durante este último siglo y mucho más atrás. De ahí surgió la idea de pedirle al Tribunal Permanente de los Pueblos que hiciera una lectura de las estructuras genocidas del Estado colombiano, casi desde su fundación. Esa lectura la pudo hacer de manera muy ilustrada esta sesión del tribunal porque la causa fue promovida por los movimientos sociales y políticos, a través de sobrevivientes o de historiadores que los han estudiado. Se hizo un trabajo histórico magistral, de mostrar cómo durante este último siglo la mayoría de los movimientos sociales y políticos fueron exterminados. Esto quedó palpablemente demostrado en las audiencias que organizó el tribunal en el mes de marzo, resumidas en la sentencia. Allí se muestra esa larga trayectoria de exterminio violento y cruel de los movimientos que no comparten la ideología de la élite gobernante. En la sentencia se hizo un recuento histórico de las formas de represión y brutalidad del Estado, y se profundizó en el sentido y la tipificación del genocidio en el derecho internacional. Esos fueron tres elementos muy fundamentales en la sentencia.

GB: El fallo del tribunal habla de genocidio continuado. ¿Es novedoso que se hable de genocidio dentro del mismo país y del mismo grupo?

JG: Es la primera vez que se habla de genocidio continuado. Pero la misma caracterización o tipificación del genocidio en el derecho internacional está aludiendo a la destrucción total o parcial de un grupo humano con una identidad común. El hecho mismo de que se haya profundizado en la trayectoria histórica del genocidio en Colombia hace que el término de genocidio continuado sea justificado.

GB: ¿Cuáles son las causas profundas de estas prácticas sostenidas de exterminio, de desplazamiento, de desaparición forzada, que van más allá de gobiernos, de distinto signo político?

JG: El genocidio es estructural, el término también aparece en la sentencia. La conclusión a la cual se llega después de todos estos análisis es precisamente que esto no corresponde a gobiernos particulares, limitados, sino que en la misma estructura del Estado colombiano se ha ido arraigando una práctica que es estructural.

GB: Desde el 28 de abril de este año asistimos a un estallido social y una brutal represión. ¿Qué elementos de continuidad hay con respecto a las prácticas que identifica el tribunal?

JG: Las audiencias tuvieron lugar en el mes de marzo, y el tribunal pidió un plazo de dos meses para elaborar la sentencia, porque la denuncia abarcaba un período muy extenso. Mientras se elaboraba la sentencia se empezó a dar la movilización del Paro Nacional y la respuesta brutal del Estado. La sentencia alcanza a mencionar eso, porque esa respuesta del Estado se acopla perfectamente a la denuncia de lo que es el genocidio. Es tratar de exterminar, de eliminar a los que tienen una identidad alternativa, lo que llamamos una otredad negativa. Los movimientos contestatarios, de rebeldía, son calificados ordinariamente por el Estado como otro negativo, un otro demoníaco, que hay que exterminar. Ahí está la motivación para responder con una violencia que busca el exterminio de esa otredad. Esa es la característica central del genocidio y se aplica perfectamente en la respuesta a esta movilización de los últimos meses.

GB: ¿Qué peso ha tenido el incumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, por ejemplo en lo sucedido en Cali, que casi se ha convertido en la capital de la resistencia durante gran parte del Paro Nacional?

JG: El incumplimiento de los acuerdos de paz es un elemento motivacional de la protesta a nivel nacional, cubre todo el país. Pero la situación de Cali, que es el epicentro de esta protesta, tiene características particulares también. Cali es una de las ciudades donde el neoliberalismo se ha desarrollado más intensamente, donde las multinacionales han tenido un desarrollo muy intenso, con una presencia étnica, sobre todo afrocolombiana, de un alto porcentaje de la población; donde también la población indígena está muy cerca. Y donde ese desprecio por lo étnico en los sectores medios y altos de la sociedad, así como la diferencia de clases se siente más fuertemente. La miseria, las sinsalidas de los sectores más empobrecidos se sienten más fuerte, sobre todo para los jóvenes, que han sido protagonistas de esta movilización. Ellos se definen a sí mismos como “los jóvenes sin futuro”: no han podido tener una educación, un trabajo, un acceso a servicios fundamentales, a alimentación. Ellos mismos dicen que si no estuvieran en las barricadas, no tendrían qué comer. Están gozando de la solidaridad de otros sectores de la sociedad que han alimentado las ollas comunitarias. Esas son características no son ajenas a otras regiones, pero en Cali se concentran.

GB: Hemos visto a al pueblo indígena misak derribando estatuas de colonizadores, a los jóvenes portando en sus pancartas la reivindicación de los falsos positivos… ¿Cuál es la importancia de la memoria y de lo simbólico en todo esto que está sucediendo?

Por una parte, los indígenas y los afrodescendientes, que desde que se conmemoró los 500 años del “encuentro” con los europeos, han venido desarrollando una conciencia progresiva, han ido recuperando en cierta medida su autonomía, y, por lo tanto, una posición crítica frente a la historia. Eso ha desembocado en esa destrucción de estatuas de conquistadores, de opresores de todos estos siglos. Pero también todas estas movilizaciones han ido acompañadas de expresiones culturales, musicales, poéticas, simbólicas, de grafitis y de expresiones muy originales, donde se expresa el rechazo a las instituciones, que es un denominador común en todo este movimiento, que afirma: “ya no creemos en las instituciones porque están completamente corrompidas, hay que cambiarlas”. Eso se ha expresado en las canciones, en las consignas, en las poesías y en los símbolos gráficos que acompañan estas movilizaciones. El aspecto cultural ha sido muy importante. Y esta toma de conciencia histórica viene de atrás, pero se ha intensificado mucho.

¿Considera usted que estamos asistiendo al final del uribismo, de veinte años de embrujo autoritario bajo la sombra de lo que supone Álvaro Uribe Vélez en Colombia?

Lo político tiene a veces desarrollos imprevisibles, pero es un hecho que las encuestas que se han hecho desde hace unos meses muestran un descenso enorme de la popularidad, tanto de Uribe como de Duque. La popularidad del gobierno está por el suelo, en un 20%. Yo creo que eso se va a expresar en las próximas elecciones de mayo de 2022.

¿Una salida electoral es suficiente o abre el camino de solucionar las causas profundas de la violencia estructural del Estado colombiano?

Precisamente ese es un punto central. En este mes va a haber después del 20 de julio una asamblea popular en Cali, con participación de todas las regiones del país. Y uno de los puntos de discusión es precisamente si el camino electoral es viable para los cambios que se están exigiendo. Yo he sostenido que las dos vías que la legalidad actual nos da para un cambio de estructuras que necesita Colombia, que son el aparato electoral y el parlamento, son vías que están completamente putrefactas. No las deberíamos utilizar en este momento, porque allí se concentra la corrupción: tanto en el sistema electoral como en el sistema parlamentario. En las asambleas que se están multiplicando se está debatiendo eso, y vamos a ver qué logra construir la imaginación para una abrir una vía alternativa.

Por Guadalupe Barahona | 02/08/2021

Publicado enColombia