El ocaso de Bannon y el golpe al ‘movimiento’ de la extrema derecha populista

La imputación del exasesor de Trump por parte de la fiscalía de Nueva York llega el mismo día en que un juez federal neoyorkino denegara un recurso del presidente en el caso de su declaración de impuestos, que el mandatario se niega a hacer pública.

washington

21/08/2020 09:00

Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

La detención ayer del ideólogo de la extrema derecha populista Steve Bannon, casi dos años exactos después de que Trump lo despidiera de asesor de la Casa Blanca, supone la confirmación definitiva del ocaso de su figura y un golpe a la línea de flotación de su proyecto ideológico, cuya fuerza legitimadora y capacidad de influir prácticamente sólo pende ya del hilo de la reelección o no del presidente norteamericano en las elecciones de noviembre. Bannon es el sexto hombre del entorno cercano de Trump en ser imputado por un tribunal federal o en entrar en la cárcel. 

Su arresto, además, se produjo el mismo día que otros dos acontecimientos que se conectan entre sí. Por un lado, ocurrió mientras se celebraba el último día de la Convención Demócrata en la que se ha nominado oficialmente a Joe Biden como candidato del partido a las elecciones, y que ayer aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para denunciar que la administración de Trump es "la más corrupta de la historia"; por otra parte, fue también el día en que un juez federal de Nueva York denegó el recurso de Trump en el caso abierto sobre la declaración de impuestos que el presidente se niega a hacer pública. Que todo esto esté sucediendo en los tribunales neoyorkinos dista de ser una casualidad puesto que ésa es la ciudad de Donald Trump.

La operación contra Bannon, de 66 años, se produjo además dos meses exactos después de que el controvertido fiscal general William Barr despidiera al fiscal general de Nueva York, Geoffrey Berman, que llevaba meses investigando presuntos casos de corrupción del entorno del presidente, como el de Michael Cohen y del abogado personal del presidente, Rudolf Giuliani. La imputación de Bannon fue ejecutada precisamente por la sustituta de Berman en la fiscalía, Audrey Strauss.

La detención del ideólogo de Trump, que se produjo en su barco en las aguas de Connecticut, al norte de Nueva York, donde llevaba viviendo varios meses, reunió dos elementos muy significativos. Primero, según el escrito de la fiscal federal de Nueva York, Bannon está imputado junto a otros tres socios suyos, de dos delitos de fraude cibernético y de conspiración para el fraude, por lo que se enfrenta a una pena de hasta 40 años; una losa de plomo para su credibilidad, más teniendo en cuenta que ese fraude consistió, según el auto de imputación, en desviar dinero para su uso privado de la campaña para construir el muro con México.

El segundo elemento, éste de tipo más simbólico, es que Bannon fue detenido por… inspectores del Servio de Correos de Estados Unidos, justo la empresa pública que Trump quiere sabotear para impedir todo lo que pueda el voto por correo en las elecciones presidenciales. Según informó la cadena CBS, los inspectores del servicio postal tienen competencias en cuanto a los delitos de fraude online.

El efecto de un elemento y otro en la derecha norteamericana no se hizo esperar. El propio Trump no tardó en reaccionar ayer. En una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, al ser preguntado por este asunto, criticó a Bannon y se deshizo de él, aunque esto lo hizo tras afirmar que se sentía "muy mal" y "triste" por la noticia. Sin embargo, acto seguido y tras asegurar no haber tenido contacto con él "en un período muy largo de tiempo", pasó a las críticas: "No me gusta ese proyecto [de recaudar fondos para construir el muro]. Creo que lo lanzaron para fardar. Es inapropiado financiar un muro fronterizo con fondos privados". Así despachó Trump el asunto Bannon.

No fue sólo Trump. La cadena ultraderechista Fox informó de la detención de Bannon y lo trató como el ídolo caído que ya es el otrora hombre más influyente de la administración Trump. El analista judicial de la cadena, el exjuez Andrew Napolitano, criticó que Bannon y sus socios "consiguieron cientos de miles de dólares de gente que dio ese dinero pensando que iría para el muro" y no para financiar "sus lujosos estilos de vida", y sentenció: "El hecho de que usaran una tercera parte para ocultar las huellas porque sabían que estaban engañando a sus donantes no pinta nada bien para Bannon ahora mismo".

Fox, además, dio pábulo a las declaraciones de la subdirectora de la campana de Biden, Kate Bedingfield, quien aseguró que "Trump ha dirigido la administración más corrupta en la historia de Estados Unidos. La ha usado constantemente para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus compinches".

El efecto de esta detención provoca en Bannon no sólo se queda en las fronteras de Estados Unidos puesto que quien fuera el ideólogo de la campaña de Trump en 2016 había extendido sus redes fuera del país, especialmente en Europa, donde quería exportar esa especie de populismo obrero de extrema derecha nacionalista, por parafrasear una expresión suya, en la que quiso basar su ideología; aunque eso fue sólo la mitad de la misma: la otra mitad fue marketing, redes sociales y desinformación, que para algo Bannon procedía del mundo del espectáculo; elementos, por cierto, copiados en mayor o menor medida por la extrema derecha europea.

Sexto hombre de Trump imputado o en la cárcel

Tras su detención e imputación ayer por fraude cibernético y conspiración para el fraude, Steve Bannon se convirtió en el sexto hombre del entorno cercano de Donald Trump en ser imputado o acabar entre rejas. Los otros cinco de esa lista son: Roger Stone, Michael Flynn, Paul Manafort, Rick Gates y Michael Cohen.

Roger Stone, ex asesor de campaña de Trump, fue condenado a 40 meses de prisión por diversos delitos como obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y mentir en sus declaraciones ante el Congreso. El pasado mes de julio, Trump lo indultó.

Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump, se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre sus conversaciones con el antiguo embajador ruso en Estados Unidos. El Departamento de Justicia actuó después para retirar su procesamiento pero un juez federal rechazó en primera instancia dicha acción al haberse declarado culpable y el caso está pendiente de ser tratado en un tribunal de apelación.

Paul Manafort, expresidente de la campaña de Trump, fue condenado en 2019 a de 7,5 años de prisión por delitos relacionados con su trabajo como consultor político en Ucrania así como por fraude bancario y fiscal. Él mismo se declaró culpable de dos cargos de conspiración en 2018.

Rick Gates, exvicepresidente de la campaña de Trump y uno de los principales asociados de Manafort, se declaró culpable en 2018 de conspiración contra los Estados Unidos y de mentir al FBI. Fue sentenciado a finales de 2018 a 45 días de cárcel, que se cumpliría sólo los fines de semana. Su escasa condena, en comparación con la que recibió su jefe Manafort, se debió a que cooperó con la investigación del informe Mueller.

Por último, está el caso de Michael Cohen, exabogado personal y fontanero del presidente. Se declaró culpable de mentir, tras pedírselo el presidente, al Comité de Inteligencia del Senado en 2017 sobre la duración y el alcance de su trabajo en los planes para construir una Torre Trump en Moscú. Está cumpliendo una condena de tres años de prisión en régimen de reclusión domiciliaria. Cohen ha anunciado la publicación inminente de un libro del que ya se conoce su prólogo y que se titula Desleal. La verdadera historia del abogado personal del presidente Donald Trump. En estas memorias, Cohen se describe "como uno de los chicos malos de Trump".

En dicho libro, según recoge la CNN, Cohen asegura, sin tapujos: "En ciertos aspectos, lo conozco [a Trump] mejor incluso que su familia porque fui testigo del verdadero hombre en clubes de striptease, en reuniones de negocios turbias y en los momentos en que reveló quién era realmente: un tramposo, un mentiroso, un fraude, un matón, un racista, un depredador, un estafador".

El velo que poco a poco parece ir cayendo en torno a la figura de Trump es el mismo que cayó ayer alrededor de la figura de Steve Bannon, quien durante un año estuvo paseándose a sus anchas, enredando y siendo entrevistado a diestro y siniestro por toda Europa. Todo ese relumbrón ayer cayó de golpe con su detención en su yate de las aguas de Connecticut y los cargos que se le imputan, zas, zas, zas. Fue el punto final a una carrera de ascenso fulgurante hasta su despido como asesor de la Casa Blanca en agosto de 2017.

Bannon y su desembarco en Europa

La puerta de Europa se le abrió a Bannon cuando su declive americano estaba consumándose. Según The Guardian, el artífice de abrirla fue el político de extrema derecha belga Mischaël Modrikamen. Éste, cuando Trump ganó las elecciones de noviembre de 2016, le hizo llegar una carta al magnate neoyorkino a través de un conocido que ambos tienen en común: Nigel Farage. Modrikamen le reclamaba a Trump trabajar en común para crear un levantamiento populista global. Para allanar el camino, Modrikamen registró en enero de 2017 El Movimiento, una fundación para este fin con sede en belga.

Desde Washington sólo le llegaba silencio hasta que en julio de 2018, Bannon, que llevaba casi un año fuera de la Casa Blanca, no dejó pasar la oportunidad y respondió la misiva. Quería asumir el mando de la Fundación. Modrikamen haría de director gerente y ambos transformarían El Movimiento hacia una máquina de campaña electoral para los partidos de extrema derecha europeas de cara a las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019. Así fue como desembarcó en Europa, un continente que se le apareció en forma de salvavidas.

Bannon creció en Norfolk, Virginia, 320 kilómetros al sur de Washington, en una familia católica de clase trabajadora de origen irlandés. Estuvo cuatro años en la marina (Norfolk tiene la base naval más grande del país) y después estudió un MBA en Harvard. Se dedicó primero al sector bancario, del que pasó al mundo del espectáculo: fue uno de los socios de la serie Seinfeld, éxito absoluto de la televisión americana de los años 90. De ahí saltó a Hollywood, donde produjo 18 películas y dirigió nueve, fundamentalmente documentales de ideología conservadora.

A principios de siglo, con las nuevas tecnologías empujando por tomar el sitio privilegiado que tienen ya, conoció a Andrew Breitbart, un periodista de extrema derecha que ansiaba crear una web de información y opinión ultraconservadora para combatir la ideología progresista en Estados Unidos. A mediados de 2007, el periodista fundó Breitbart News, en cuyo nacimiento participó Bannon. Breitbart falleció de un infarto en 2012 y Bannon encabezó el proyecto, que pasó a considerar como "plataforma de la derecha alternativa", es decir, la extrema derecha populista, una plataforma para eso que se llama la White America: ese Estados Unidos blanco, ultranacionalista, muy religioso y racista.

Según The Guardian, el primer encuentro entre el magnate de Nueva York y Bannon se produjo en 2010. A Bannon parecieron entusiasmarle las ideas de Trump sobre China y sobre el comercio internacional. Para la campaña a las elecciones presidenciales de 2016, Bannon ya era el jefe de campaña del candidato republicano, un millonario que había tomado una estrategia que ya se había visto antes en Europa en las figuras de Jesús Gil y de Silvio Berlusconi: el millonario antiestablishment. Trump se montó por su cuenta su campaña en contra del aparato republicano y acabó conquistando el cuerpo y el alma de un partido que no era el suyo. Porque Trump no es republicano. Trump es Trump. Bannon fue crucial en el uso de las redes sociales, de la campaña agresiva, faltona y en el empleo de los bulos masivos y la desinformación. En enero de 2017, Trump tomó posesión como el 45º presidente de Estados Unidos y Steve Bannon era calificado como el segundo hombre más influyente del país. En agosto de ese año, tras sus desavenencias con Ivanka Trump y su marido Jared Kushner, Bannon fue despedido.

Cuando en 2018 llegó a Europa, en la antesala de las elecciones comunitarias del año siguiente, la extrema derecha populista, nacionalista y antieuropea mantenía una tendencia ascendente, un terreno abonado para la semilla populista de Bannon. Boris Johnson en Reino Unido; Marinne Le Pen en Francia; Matteo Salvini en Italia; Viktor Orban en Hungría; Santiago Abascal y Vox empezaban a asomar en España. Con todos esos partidos tuvo contactos Bannon. Según una información de El Confidencial de febrero de 2020, Rafael Bardají, exasesor de Aznar y exdirector de política internacional de FAES y asesor de Vox, se entrevistó en la Casa Blanca con Bannon. "Vox es el que más se adecúa a sus ideas; de hecho, fue él quien se interesó por nuestra formación; considera que su discurso casa perfectamente con las ideas que defiende nuestro partido", declaró Bardají a El Confidencial en 2018.

Sin embargo, a pesar del auge electoral de muchos de esos partidos (Boris Johnson es incluso primer ministro británico), esa especie de alianza de extrema derecha populista europea no pareció cuajar en ningún momento como movimiento articulado europeo o como alianza organizada en torno a La Fundación. Poco a poco, Bannon dejó de estar presente hasta que ayer, mucho tiempo después de sus últimas apariciones estelares en el viejo continente, saltó la noticia de su detención acusado de dos cargos por fraude que lo podrían meter en la cárcel durante 40 años, es decir, para el resto de su vida. Era la confirmación definitiva de su declive. El interruptor que apaga una de las luces más intensas y demagogas que ha alentado esa derecha alternativa en los últimos años. Y todo sucede a dos meses y medio de las elecciones presidenciales en las que Trump se disputará la Casa Blanca con Joe Biden.

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El CELS denunció al gobierno de facto de Bolivia ante la ONU por las masacres de Sacaba y Senkata

A nueve meses de la represión que provocó 21 muertos y alrededor de 200 heridos 

La denuncia acusa al gobierno de Jeanine Áñez de cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La violencia en las calles continuó en los hospitales y se extendió incluso a los cortejos fúnebres.

 

A nueve meses de las masacres de Sacaba Senkata , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció al gobierno de facto de Bolivia ante las Naciones Unidas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La abundante evidencia recolectada da cuenta de que, en ambos territorios, las fuerzas armadas y policiales reprimieron salvajemente las protestas contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El saldo fue de 21 víctimas fatales y alrededor de 200 heridos. La violencia en las calles continuó en los hospitales: en los dos hechos calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los heridos y familiares fueron acosados y humillados por policías y por el mismo personal de salud. El dispositivo represivo dispuesto por el Estado llegó al límite grotesco de arrojar gases lacrimógenos contra el cortejo fúnebre de los familiares de las víctimas que bajaba del Alto en dirección a La Paz. 

"La denuncia del CELS, el Centro Europa-Tercer Mundo, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Andina de Información y la Red Universitaria de Derechos Humanos se presentó el 10 de agosto. Hace una cronología de los hechos de las masacres de Sacaba y de Senkata a partir de un amplio conjunto de evidencias", asegura Camila Barretto Maia, coordinadora de Trabajo Internacional del CELS. "Hay evidencias contundentes sobre la responsabilidad estatal en las ejecuciones y graves lesiones ocasionadas a manifestantes y, como en el caso de Senkata, a muchas personas que simplemente transitaban por una zona de mucha circulación", agrega Barretto Maia en diálogo con Página/12.

Ambos episodios se enmarcan en el contexto de las protestas de los días posteriores al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la asunción, dos días después, de un gobierno de transición encabezado por la exsenadora Jeanine Áñez. Un día antes de la masacre de Sacaba, el 14 de noviembre, Áñez dictó el Decreto Supremo 4078 que le otorgaba inmunidad a las fuerzas de seguridad para garantizar el "reestablecimiento del orden" en las calles. El 15 de noviembre, el mismo gobierno de facto emitió el Decreto 4082 que asignaba 42,7 millones de pesos bolivianos (6,16 millones de dólares) para equipar a los militares. El terreno se había sembrado para lo peor.

Sacaba

La cacería desatada sobre esta populosa ciudad de Cochabamba tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019 y dejó un saldo de al menos 10 muertos y 120 heridos. Las seis Federaciones del Trópico habían decidido marchar a la ciudad de La Paz en protesta por la quema de la wiphala, la persecución a la mujer de pollera y exigiendo el retorno de Evo Morales. La movilización, que hasta ese momento era pacífica y estaba encabezada por mujeres con hijos, empezó a ser reprimida con una violencia inusitada. "Las fuerzas estatales contaban con el apoyo de al menos una tanqueta y un vehículo Neptuno que sirve para dispersar manifestantes con agua, además de un avión de guerra y varios helicópteros que sobrevolaban a baja altitud", expresa parte de la denuncia del CELS a la que accedió este diario.

"La versión oficial del gobierno de facto en los momentos inmediatamente posteriores a la masacre fue una versión completamente fantasiosa. Impulsaron la tesis de que los manifestantes se habían matado entre ellos porque tendrían disparos en sus espaldas”, afirma Barretto Maia. Pero los resultados de las pericias balísticas arrojaron la presencia de fusiles de reglamento de las fuerzas armadas (FAL) presentes en el día del operativo. La gran cantidad de heridos provocó que los hospitales de la localidad se vieran colapsados, lo que significó una nueva pesadilla para los heridos y sus familiares.

Senkata

El martes 19 de noviembre de 2019, el gobierno de facto le ordenó a las fuerzas armadas y a la policía que rompan el bloqueo a la planta de gas envasado ubicada en la localidad de Senkata. Luego de negociar con quienes mantenían el corte, las fuerzas militares y policiales consiguieron, a través de un operativo cinematográfico que incluyó un convoy de 49 camiones cisterna, transportar combustible y garrafas de gas para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto. Aún habiendo cumplido con el objetivo principal, las fuerzas militares y policiales resolvieron ocupar la planta y reprimieron con gases y balas de plomo a los manifestantes que intentaron retomar el bloqueo.

"Numerosos testimonios coincidieron en que las fuerzas estatales estaban manteniendo personas detenidas en el interior de la planta", aporta la denuncia presentada por el CELS y otros colectivos de derechos humanos. La versión de que los manifestantes usaron explosivos, a su vez, nunca fue demostrada. "Acusaron de terroristas a los manifestantes por haber derribado un muro que da acceso a la planta, y aseguraron que las fuerzas armadas no habrían realizado ni un solo disparo. Pero no solo han habido disparos de las fuerzas de seguridad sino que fueron disparos masivos e indiscriminados contra personas que no representaban ninguna amenaza", explica Barretto Maia. El saldo fue de 11 muertos y 72 heridos.

Tanto en Sacaba como en Senkata, los problemas no terminaron luego de la represión de las fuerzas estatales. Según testimonios recogidos en los centros de salud, las víctimas con heridas graves fueron hostigadas por médicos y enfermeros. "Familias productoras de coca, de bajos ingresos, viven hace nueve meses con mucho dolor y la estigmatización permanente del gobierno autoritario que los tilda de narcoterroristas. Los dirigentes son perseguidos políticamente. Viven en temor permanente de represalias estatales y de grupos paramilitares motoqueros y pasan hambre", asegura Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información y también parte de la denuncia presentada ante la ONU.

Las causas abiertas

A pesar de la dudosa versión sostenida por el gobierno de facto, hay dos causas abiertas por las masacres: una en la fiscalía de Sacaba y otra en la ciudad de El Alto. "La causa de Sacaba al principio incluía una denuncia contra manifestantes que se archivó por falta de pruebas, y consiste en la investigación por homicidios y graves lesiones a los manifestantes", detalla Barretto Maia. En ese caso se llegaron a hacer pericias balísticas en el lugar de los hechos. "Tenemos información extraoficial de que este estudio habría comprobado que el origen de los disparos era el puente donde se encontraban las fuerzas de seguridad, pero el informe nunca se hizo público ni se sabe de qué manera permitirá determinar responsabilidades porque no hubo avances en la causa", añade la coordinadora del área internacional del CELS.

En Senkata la situación es aún peor porque ni siquiera se hizo un informe balístico ni se reconstruyeron los hechos. "Las fuerzas armadas se niegan a compartir con la fiscalía información sobre los operativos planificados, sus comandantes, las unidades movilizadas y el armamento que portaban", aporta Barretto Maia. "A nueve meses de la masacre no hay justicia ni reconocimiento de los asesinatos por parte del Estado", afirma por su parte Ledebur desde la Red Andina. La denuncia presentada días atrás es, en ese sentido, concluyente: "La comunidad internacional debe seguir exigiendo verdad y justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata y hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos hasta el restablecimiento de la democracia en el país".

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Jueves, 13 Agosto 2020 05:36

La culpa y ¿el perdón?

La culpa y ¿el perdón?

A veces, la consulta nos acerca un problema para el que podemos pensar una solución o imaginar un acompañamiento para los consultantes. Raramente una certeza es la respuesta tranquilizadora. Pero nuestros saberes estallan cuando el asombro nos deja sin palabras, porque la conducta humana puede alterar sus decisiones hacia un lado o hacia otro, en un giroscopio demencial, proponiendo argumentos semejantes y equivalentes para avalar una u otra elección.

La consultante era una mujer de 58 años, madre de una muchacha de 22. Según refirió, la relación entre ambas siempre había sido muy buena. Compañeras, se contaban todo, según sostenía la señora sin desconfiar (aunque es razonable suponer que los hijos no hacen eso, porque son personas independientes). Incluso la presencia de Carlos, el novio de la muchacha, había sido bien recibida. ¿Y el padre? Ese era el problema. Por denuncia de la madre, él había debido cumplir varios años de cárcel por abuso sexual con agravante carnal (violación) contra la hija, cuando ella era niña. En ese momento, en libertad, había vuelto a tomar contacto con la joven, a pesar de la oposición de la madre, indignada con el hecho de que reiniciaran su trato. Esta es una estrategia conocida; una vez cumplida la pena, los violadores regresan para conectarse con sus hijos.

Ese asunto había sido motivo de un roce entre las mujeres, que no volvieron a abordarlo después de esa primera vez. La consulta materna se debía a que la hija había decidido casarse con Carlos; la familia de él planeaba una ceremonia religiosa clásica: el padre de la novia ingresaría a la iglesia del brazo de su hija y detrás, la madrina... la madre, la denunciante del violador. El novio y su familia desconocían las circunstancias previas. La jovencita rogaba a su mamá que no se opusiera a esta planificación, porque la haría muy desgraciada: al fin y al cabo, ella había perdonado a su padre violador. ¿Por qué la madre no podría hacer lo mismo y vestirse de madrina para acompañarla? Así de sencillo era: solo se trataba del inmenso, universal problema de la culpa y el perdón. Desconcertada, la señora, que no quería hacer sufrir a su hija, tampoco lograba superar el dolor de que esa joven mujer olvidara sus dolorosas declaraciones infantiles relativas al abuso con acceso carnal del que la hiciera víctima su padre. El mismo que ahora pretendía ingresar de su brazo a la iglesia, asumiendo lo que ella denominaba perdón. ¿O quizá lo que la novia anhelaba era vivir la ilusión de llevar un traje blanco, con un novio ingenuo que la esperara en el altar? Porque esa familia ignoraba los antecedentes de su padre. La consultante se preguntaba si debía esclarecer esto con ellos, aunque arriesgara perder a su hija. ¿Qué pasaría en ese caso con su vínculo con la joven? ¿Y si perdonara al miserable al que años atrás había denunciado y enviado a la cárcel? De solo considerarlo, el asco la consumía.

¿Era injusto no perdonar? ¿Y si en, los avatares de los años, el padre se hubiese arrepentido y buscara genuinamente el perdón de su hija? ¿Qué experiencias tenemos con violadores que han cumplido su condena? Sabemos que, en libertad, vuelven a violar... ¿Deberíamos dar por válida la supuesta redención del personaje? O sea, creer en un violador que ni siquiera se había expresado al respecto, porque solo había reaparecido en el justo momento en que podía incorporarse a la vida de la hija. Una clave residiría en la honradez de la muchacha que asumiría el sagrado sacramento del matrimonio (ya que así lo creía ella) a partir de un ocultamiento grave que acallaba el conflicto. Pero esa joven no hablaría mientras se contara a sí misma que había perdonado a su padre; así crucificaba a su madre, horrorizada por la situación de mentira. La situación sería muy diferente si ella reconociera la verdad ante la familia de Carlos y a ellos no les importara incorporar al violador con sanción cumplida. Esto, ¿sería viable? El novio, ¿podría perdonar a su novia este silencio y olvidaría que su mujer fue atacada y violada por su padre desde los seis años de edad?

Cualquier hipótesis es válida, pero el núcleo incandescente de la cuestión se recorta sin salida y reside en la angustiosa duda personal. ¿Cuándo decidir en favor de la culpa y cuándo del perdón?

Los cristianos se proveyeron de un rezo que les garantiza una salida: el Padrenuestro. Jesús murió perdonando. O sea, en ese ámbito parecería haber respuestas, pero filosóficamente sabemos que la duda impregna la elección. ¿Hacer las paces con los violadores, que pueden ser reincidentes? ¿Hay hechos imperdonables? ¿Es posible lograr la paz mediante el perdón? En este caso, esta madre consultante, ¿debería aceptar vestirse como madrina para esa boda?

Semejante dilema no puede quedar en manos de la modista. Ese padre está sobrando y la joven novia tendrá que crecer, tanto como afirma haber crecido para elegir un perdón más allá de la Ley que sancionó duramente al padre con varios años de cárcel, para quien no hubo contemplaciones a la hora de medir la culpa.

¿Qué le digo a esa mujer desfalleciente ante la duda? Ella sabe que tiene razón y que el amor por su hija no titubeó cuando la joven era niña y con su denuncia la dejó sin padre. Ahora tendrá que volver a elegir, arriesgando dejarla sin matrimonio, como una mujer que no oculta su verdad.

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Viernes, 07 Agosto 2020 06:59

Amazon, acusada de prácticas desleales

Amazon, acusada de prácticas desleales

Avanza una investigación contra la empresa en Estados Unidos

Los fiscales generales de Nueva York y California anunciaron que seguirán con el caso presentado en el Congreso y realizarán audiencias con testigos. 

 

La pelea entre Google, Amazon, Facebook, Apple (GAFA) y el gobierno de Estados Unidos avanzó un casillero. Después de las casi seis horas de debate ante la Comisión Federal de Comercio de la semana anterior, en la que las GAFA respondieron a las pruebas producto de una investigación de varios años que las acusa por prácticas desleales, los fiscales generales de Nueva York y California anunciaron que seguirán adelante con el caso de Amazon y realizarán en las próximas semanas entrevistas a testigos a través de conferencias conjuntas. 

En la práctica, la aparición de las fiscalías estatales implica la intención que tiene la justicia estadounidense de penalizar monetariamente a estas empresas, en este caso  a Amazon. Sin embargo, los tiempos legales de estos procesos son extensos: la Unión Europea comenzó esta batalla hace cuatro años, sobre todo contra Apple y Google, y aún no hubo ninguna resolución favorable: las firmas no tuvieron que pagar multas. Sin embargo, "no es lo mismo ser la Unión Europea contra una empresa estadounidense, que el propio Estados Unidos. También es un momento general de discusión en USA muy influído por las elecciones. Trump anunció que si él ganaba, las iba a controlar, pero la realidad es que las empresas tienen también injerencias políticas", reflexiona Cecilia Rikap, investigadora del Conicet y autora del paper "Amazon: una historia de acumulación vía extractivismo de datos y depredación". Desde la visita al Capitolio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, en 1998, no se habían hecho audiencias antimonopólicas en el país.

La denuncia

La audiencia de la semana anterior no es más que una discusión de largo plazo. Aunque saquen la conclusión de que las prácticas que ejercen estas empresas son monopólicas y que deberían ser reguladas, el Congreso no tiene injerencia a la hora de decidir sobre los mecanismos de Defensa de la Competencia en Estados Unidos, salvo para realizar un cambio ante la Ley.  

La Ley de Defensa de la Competencia en Estados Unidos entiende que la competencia se encuentra amenazada si atenta contra el bienestar de los consumidores. Entender el carácter monopólico de Amazon es complejo. "No se la podría acusar bajo el concepto de esta ley, porque para ello tendría que estar ofreciendo un precio muy alto para los consumidores -típico análisis de monopolio neoclásico, de vender menos a un precio muy alto-, y Amazon hace todo lo contrario, vende a un precio más bajo", explica Rikap.  

La denuncia que se le realiza a Amazon es por prácticas desleales con otras empresas que operan (o no) en su plataforma. Monetizando los datos que recojen de los usuarios, ofrecen los mismos productos que sus clientes pero a un precio más bajo, deciden en qué puesto aparecen determinados artículos en los resultados de búsquedas, anulan a la competencia mediante la compra de plataformas que perciben exitosas y podrían proyectarse como competidoras. 

Con estas prácticas, Amazon hizo desaparecer al resto de los espacios de venta. En un esquema profundizado por la pandemia, los pequeños productores se ven obligados a vender sus productos en esa plataforma, que cobra comisiones cada vez más altas: "Amazon es quien organiza hoy el mercado y a la vez es oferente del mercado", resume la investigadora. Incluso, utilizan su poder para manejar la información y para bloquear opiniones y los datos. 

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Augusto Aras, procurador general nombrado por Bolsonaro.   ________________________________________ Imagen: AFP

Grave denuncia contra la investigación dirigida por el exjuez Sergio Moro

Moro defendió la "transparencia" de la operación que dirigió como juez. En tanto el diputado del PT, Paulo Pimenta, pidió la creación de una comisión investigadora.

 

El procurador general de Brasil, Augusto Aras, denunció a los fiscales de la operación Lava Jato por haber montado una red ilegal para investigar a 38 mil personas. Aras, que aseguró que la unidad de investigación cuenta con una "caja de secretos", es considerado un fiscal alineado al presidente Jair Bolsonaro, que llegó al poder con la lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas. Las palabras del jefe de los fiscales confirman las sospechas de irregularidades cometidas por el equipo de investigadores que puso de rodillas a multinacionales brasileñas como Odebrecht y llevó a la cárcel a influyentes empresarios y políticos, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sergio Moro, un ex aliado de Bolsonaro que renunció al ministerio de Justicia en medio de graves acusaciones contra el presidente, defendió este miércoles la "transparencia" del Lava Jato, investigación que dirigió como juez. En tanto el diputado del PT, Paulo Pimenta, anunció que solicitará la instalación inmediata de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar los "graves hechos" revelados por Aras.

"No se puede imaginar que una unidad institucional tenga una caja de secretos, una institución de la república no se puede servir de la extorsión, de espiar, no puede valerse de ningún propósito no republicano", dijo Aras en una videoconferencia con abogados organizada por el sitio web Prerrogativas. El jurista repudió así el accionar de los fiscales que, desde Curitiba y al mando de Deltan Dallagnol, llevaron adelante desde marzo de 2014 la Operación Lava Jato, que entregó documentación secreta de forma ilegal, por ejemplo, al FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El mes pasado, Aras había ordenado que los responsables de la investigación, integrada por agentes del Ministerio Público y la Policía Federal, compartieran su base de datos con la Fiscalía, lo que no fue bien recibido por los responsables de la operación, que todavía investiga a decenas de políticos locales. 

"Estamos hablando de la transparencia que intentamos promover", explicó el fiscal general, quien preciso que "todo el Ministerio Público Federal, en un sistema único", tiene archivos sobre casos de corrupción que ocupan "40 terabytes, mientras que la Lava Jato tiene 350 terabytes". 

Según Aras, llegó la hora de "corregir los rumbos del lavajatismo", movimiento al que calificó de "punitivista", a la vez que defendió continuar la lucha contra la corrupción mediante otros métodos. "El lavajatismo pasará", aseguró el jefe de los fiscales.

La postura de Aras fue respaldada por el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, quien reforzó el pedido de la Fiscalía y lo justificó también en la necesidad de lograr una mayor transparencia en las investigaciones. El fiscal general fue nombrado por el presidente Jair Bolsonaro para ocupar el cargo, una decisión contraria a los deseos del exjuez Sergio Moro, quien fue ministro de Justicia hasta abril de este año.

La oposición y buena parte del mundo jurídico acusan de "lawfare" a los jueces Deltan Dallagnol y Sergio Moro, que, según filtraciones de conversaciones hechas por el portal The Intercept, dirigían las investigaciones hacia ciertos políticos, como el expresidente Lula da Silva, mientras protegían a otros como el expresidente Fernando Henrique Cardoso. En el caso de Lula, las revelaciones sobre maniobras fraudulentas de Moro y Dallagnol llegaron al Supremo Tribunal Federal, que desde hace un año tiene un pedido de nulidad del caso por animosidad del magistrado de primera instancia.

El diputado federal del PT, Paulo Pimenta, utilizó sus redes sociales para denunciar que la creación de una base de datos con información sobre 38 mil personas "a través de un sistema paralelo revela un Estado Policial dentro del país". Según Pimenta, la Cámara debería instalar inmediatamente una comisión investigadora del Lava Jato. El parlamentario también solicitó que se llame al Supremo Tribunal Federal junto con el Ministerio Público Federal para identificar y sancionar a los responsables. 

Como era de esperarse, el primero en salir a responder a la fuerte denuncia institucional de Aras fue el exministro Moro. "Desconozco secretos ilícitos en el ámbito de la Lava Jato. Al contrario, la operación siempre fue transparente y sus decisiones fueron confirmadas por tribunales de segunda instancia y cortes superiores", indicó el exjuez en su cuenta de Twitter. 

"No entiendo esa lógica de revisionismo, como si la Lava Jato no representase algo extremadamente positivo, como fue la gran victoria contra la impunidad de la gran corrupción", agregó más tarde. 

Tras ganar las elecciones de 2018, Bolsonaro había nombrado como ministro de Justicia a Moro, quien renunció en abril denunciando que el mandatario intentaba ejercer presiones ilegales sobre la Policía Federal, hecho que permanece bajo investigación en la Fiscalía General. 

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"Se podría decir que ocurre realmente en las películas de espías, pero es que esto no es una película de espías", dijo el ex juez Garzón al salir de la Audiencia Nacional. Imagen: AFP

Dura denuncia de su abogado español, Baltasar Garzón

 

Baltasar Garzón, el abogado español de Julian Assange, afirmó que el fundador de WikiLeaks fue espiado como "en un película" cuando estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange denunció a la empresa española Undercover Global, encargada de la seguridad de la legación diplomática, a la que acusa de haberlo espiado durante años por cuenta de Estados Unidos cuando se encontraba asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció entre 2012 y 2019.

"Se podría decir que ocurre realmente en las películas de espías, pero es que esto no es una película de espías", dijo el ex juez Garzón al salir de la Audiencia Nacional en Madrid, donde tuvo que declarar este lunes para defender a su cliente.

Es "algo escandaloso", añadió Garzón, refiriéndose a las imágenes de videovigilancia que se le mostraron, y en las que se ve al informático australiano en la embajada ecuatoriana hablando con sus abogados.

 

La denuncia de Assange

 

Según el escrito presentado por Assange, la empresa española colocó micrófonos y cámaras en distintos puntos de la embajada, e incluso en el baño de mujeres, donde el australiano organizaba muchos de sus encuentros. También había micrófonos en la base de los extintores, de acuerdo con la denuncia.

La defensa de Assange, actualmente encarcelado en Londres, espera que la causa por espionaje en España lo ayude en el procedimiento de extradición lanzado en su contra por Estados Unidos.

El informático, de 49 años, se expone a una pena de cárcel de 175 años por haber difundido desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak, Afganistán y muchos otros países.

"Hemos puesto a disposición de las autoridades judiciales británicas todo este material, porque tienen una incidencia directa respecto de la extradición y demuestran desde nuestro punto de vista que Julian Assange ha sido objeto de una persecución política", añadió Baltasar Garzón, coordinador de la defensa de Assange en España.

La justicia española escuchó también este lunes los testimonios de Stella Morris, abogada de Assange y madre de dos hijos suyos, y de Fidel Narváez, ex consul de Ecuador en Londres.

"Julian está mal, pero un poco mejor, digamos, a la espera de la continuidad del proceso de extradición" en Estados Unidos, que debe reanudarse el 7 de septiembre, agregó Garzón.

También en el marco de este caso de presunto espionaje, la justicia española admitió en junio una denuncia del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa contra Undercover Global. En ella, Correa acusa a la empresa de haberlo seguido y haber tomado fotos de sus encuentros con Baltasar Garzón.

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Los Blue Leaks desnudan la represión selectiva en EE.UU.

Filtraciones de archivos de la Policía y el FBI 

Las fuerzas de seguridad ignoraron de modo deliberado la amenaza de los grupos extremistas blancos durante las protestas por el asesinato de George Floyd. En cambio se volcaron a investigar solo a los grupos antifascistas.

 

El escándalo de los Blue Leaks (fugas azules) todavía no salió del todo de las fronteras de Estados Unidos, acaso porque es un tema interno muy sensible. Se lo define con ese color porque son filtraciones de archivos confidenciales de la policía, incluye datos del FBI y se trata de un cuerpo colosal de casi 270 gigabytes. El volumen de información es tan grande que remite a diez años de historia de esos organismos de seguridad. Contiene miles de documentos, comunicaciones, boletines y trabajos de inteligencia que fueron filtrados el 19 de junio por la plataforma Distributed Denial of Secrets (DDoS). Esta organización que pregona “la libre transmisión de datos de interés público” habría vulnerado los sistemas de la empresa Netsential, con sede en Houston, un proovedor de seguridad informática del Estado. Especialistas sostienen en EEUU que el hecho “podría tener efectos desastrosos para muchas personas inocentes”. The Intercept, el sitio de investigación periodística nacido en 2014 se está haciendo una panzada con los informes. Le permitieron descubrir cómo las fuerzas federales ignoraron de modo deliberado la amenaza de los grupos extremistas blancos durante las protestas por el asesinato del joven negro George Floyd. En cambio se volcaron a investigar solo a los grupos antifascistas, de una izquierda genérica y donde sobresalen los anarquistas.

Las revelaciones afectaron a unos doscientos departamentos de policía en Estados Unidos. Hay datos confidenciales que se obtuvieron del Centro de Análisis de Información de Missouri (36 gigabytes), el Centro Regional de Inteligencia del Norte de California (19 gigabytes), el Centro Regional de Inteligencia Conjunta (14 gigabytes) y el Centro de Información y Análisis de Delaware (13 gigabytes). Los documentos vulnerados incluyen identidades, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, imágenes, gran cantidad de archivos de texto y vídeos según el informe de la Asociación Nacional de Centros de Fusión (NFCA). Estos son organismos estatales que recopilan y difunden información legal y de seguridad que circula entre instituciones federales y del sector privado.

Los Blue Leaks le permitieron develar al periodista de The Intercept, Ryan Devereaux -en un extenso artículo publicado el 15 de julio- que “el análisis de casi 300 documentos encontró repetidas menciones de Antifa y actividades de protesta de la izquierda expresadas en términos sombríos, junto a informes más sustanciales de violencia letal y amenazas de la derecha que han recibido poca mención de los principales funcionarios de la administración Trump”. El presidente de Estados Unidos fue incluso más allá.

En su discurso del 4 de julio en la Casa Blanca por el día de la independencia señaló en medio de la pandemia que no da tregua a su país: “Ahora estamos en el proceso de derrotar a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores, los saqueadores y las personas que en muchos casos no tienen idea de lo que están haciendo”. El magnate viajó en un vuelo de ida hacia la época de esplendor del macartismo. Como si volviera a respirarse el clima que dominó en la Guerra Fría.

Los documentos hackeados a Netsential señalan que había una relación bastante promiscua entre la Policía y el llamado movimiento supremacista blanco Boogaloo Boys, que ya proclamó cuál es su objetivo político-estratégico: desencadenar una segunda guerra civil, como entre 1861-1865. Con más presencia virtual que real, estos neonazis de cabotaje que visten camisas hawaianas, usan la barba como los boers sudafricanos y se mostraban tímidamente en público hasta el advenimiento de Trump, han permeado su ideología extremista hacia las fuerzas de seguridad.

A juzgar por los propios informes policiales que figuran en los Blue Leaks, se percibe que la peligrosidad de los grupos Antifa está sobredimensionada y se subestima la de los Boogaloo. La construcción de un enemigo entre los sectores jóvenes y antifascistas que propicie la represión como ya ocurrió, ha sido una tarea a la que se volcaron las voces más reaccionarias que respaldan al gobierno. El Comité pro Trump autodenominado Make America Great Again (Haz América grande otra vez), una frase vigente desde la revolución conservadora de Ronald Reagan, publicó avisos para juntar dinero en la campaña contra los Antifa.

Los efectos de estas proclamas quedaron verificados en la información sensible que reveló DDoS y que arrojaron datos sobre los planes supremacistas blancos. Las pesquisas policiales fueron ignoradas por las autoridades que prefirieron seguir en la pista de los presuntos revoltosos de izquierda. Así se les pasó el asesinato del ayudante de un sheriff cometido por Steven Carrillo, el sargento de una unidad de élite de la Fuerza Aérea. El FBI informó que tenía un chaleco antibalas con el símbolo de los racistas Boogaloo.

The Intercept describió: “los materiales filtrados muestran que el 29 de mayo, dos días antes de que Trump tuiteara que Antifa sería etiquetada como una organización terrorista y Barr (por William, el fiscal general de EEUU) emitiera su declaración del Departamento de Justicia, los propios analistas del presidente dieron un informe de inteligencia de código abierto que detallaba cómo un canal supremacista blanco en Telegram, un servicio de mensajería encriptada, alentaba a los seguidores a capitalizar los disturbios atacando a la policía con cócteles molotov y armas de fuego”.

Se investigaba a los dos grupos antagónicos, pero se exponía solo a los espontáneos y sin conducción centralizada de los antifascistas. Si existe El enemigo público –como el título de la película que protagonizó James Cagney en 1931-, en el electorado conservador de Estados Unidos rinde más que sea de izquierda y no xenófobo o racista.

El periodista Devereaux descubrió basado en los Blue Leaks que los extremistas blancos planeaban “el uso de armas de fuego” porque “influyen enormemente en la escala e intensidad de estos eventos”. Aconsejaban a sus seguidores que rompieran las líneas policiales “con cócteles Molotov, motosierras y armas de fuego”. Como a su vez recomendaban que “el saqueo y el robo en tiendas son geniales y los blancos deberían hacerlo mucho más”. Lo que se dice el manual de un buen supremacista. Ese que persigue depositar la culpa en los negros, antifacistas y todos aquellos que huelan a progresismo para sacarlos de las calles y si fuera posible dejarlos fuera de combate.

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Las esculturas del Centenial Land Run, en Oklahoma City, que evocan la ocupación de las tierras indias por los blancos (Sue Ogrocki / AP)

A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio

 

A la tumultuosa y sangrienta historia de la conquista del Oeste en Estados Unidos de América le faltaba aún un capítulo.

Lo ha escrito esta semana el Tribunal Supremo con una sentencia que reconoce que casi la mitad del territorio de Oklahoma pertenece a las tribus indígenas que allí se instalaron cuando se vieron forzadas a abandonar sus tierras para hacer sitio a los colonos blancos. A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio.

“Al final del Sendero de Lágrimas había una promesa. Forzados a dejar sus tierras ancestrales en Georgia y Alabama, la nación creek recibió garantías de que tendrían por siempre aseguradas sus nuevas tierras al oeste”, recuerda en la sentencia el juez Neil Gorsuch en alusión a los tratados firmados en 1832 y 1833 por el gobierno de EE.UU. con esta tribu amerindia para conseguir que les cedieran sus terrenos al este del río Misisipi.

“Hoy se nos pregunta si la tierra prometida sigue siendo una reserva india a efectos de la ley penal federal. Dado que el Congreso no ha dicho lo contrario, la palabra del Gobierno se mantiene”, concluye. Si se reconoce la validez de tratados similares firmados en el siglo XIX con las tribus cherokee, chickasaw, choctaw y seminolas, casi la mitad del territorio de Oklahoma pasará a ser clasificado como reserva india.

La sentencia, aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra, es un recompensa tardía por las lágrimas vertidas entre 1831 y 1838 por miles de miembros de tribus indígenas, una caravana humana en la que fallecieron unas 4.000 personas. El Gobierno de EE.UU. incumplió sus promesas y desde el primer momento se dedicó a minar y torpedear la acción de los órganos de gobierno propios de los indígenas.Pero el Congreso nunca desmanteló oficialmente la reserva india. “Estuvo muy cerca pero nunca aprobó el tipo de texto que generalmente se usa en estos casos”, aduce Gorsuch, a cuya opinión se sumaron los cuatro jueces progresistas.

Entre quienes se opusieron está el presidente, el juez John Roberts. En un informe aparte recordó que “las cinco tribus, cuyos miembros tenían colectivamente al menos 8.000 esclavos, firmaron tratados de alianza con la confederación” durante la guerra de Secesión y “aportaron fuerzas para combatir del lado de las tropas rebeldes”. Al conceder la ciudadanía a los miembros de las tribus y darles voto en la formación del estado, “el Congreso los incorporó en una nueva comunidad política”.

Mientras la juez progresista Sonia Sotomayor destacó el trato vejatorio sufrido por las tribus y el destierro del Sendero de Lágrimas, el conservador Brett Kavanaugh argumentó que si Washington incentivó la llegada de blancos al territorio fue en respuesta al apoyo de las tribus a los confederados. Fue el comienzo de los intentos de “asimilación” de la población nativa. En lugar de permitir que los indios gobernaran sobre una población blanca o expulsarlos, el Congreso optó por crear un nuevo estado en 1907, recalca Kavanaugh. Catorce años después, Tulsa, la principal ciudad de la reserva y segunda mayor del estado, protagonizaría uno de las peores masacres racistas de la historia de EE.UU. con el linchamiento de cientos de negros.

El origen de la sentencia del Supremo no está en ninguna demanda de los pueblos nativos sino en el recurso de un vecino de Oklahoma condenado por abuso de menores que cuestionó que las autoridades estatales tuvieran potestad para procesarlo. El hombre, Jimcy McGirt, de la tribu seminola, alegó que debía ser juzgado en un tribunal federal. Ha habido más casos de este tipo pero este llegó al Supremo. En la vista oral celebrada en mayo, la Administración Trump y el estado de Oklahoma defendieron que el reconocimiento de la existencia de la reserva podría provocar un caos jurídico. Gorsuch discrepó. Dar por buenas todas las tretas que el estado usó para pasar por encima de las tribus nativas sería aceptar “la ley del más fuerte, no el estado de derecho”

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Origen de la sentencia

 

La sentencia implica que solo las autoridades federales pueden presentar cargos contra nativos americanos que cometan crímenes graves en ese territorio, donde viven 1,8 millones de personas (15 % de ellos son nativos americanos). El fallo abre la puerta a que se recurran una cantidad indefinida de sentencias penales dictadas por los tribunales estatales y probablemente a cambios fiscales ya que los estados no tienen derecho a imponer tributos en reservas indias. El estado de Oklahoma, la tribu creek y las otras cuatro naciones afectadas se han comprometido a trabajar juntos para aplicar la sentencia y velar por la seguridad pública, la economía y los derechos de propiedad privada.

“Con el paso del tiempo, Oklahoma y sus tribus ha demostrado que pueden funcionar con éxito como socios”, escribe en la sentencia, optimista haca el futuro, Gorsuch. Su sensibilidad hacia la historia de los pueblos e instituciones indígenas, gestada durante su tiempo como juez en (Denver) Colorado, ha sorprendido a muchos. Gorsuch es uno de los jueces conservadores nombrado por Donald Trump, quien tiene entre sus ídolos a Andrew Jackson, el presidente que en 1830 firmó y ejecutó manu militari la expulsión india.

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Trump puso sanciones porque investigaban crímenes de sus tropas

EE.UU. sigue atacando a la Corte Penal Internacional

 

La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.

Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.

Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.

Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.

Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.

El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.

Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.

La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.

Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a ‎hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a ‎sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”. ‎

La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.

Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.

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“Debe haber límites para lo que queremos tener”. Entrevista a Ingrid Robeyns

Se dice que el mundo puede ser distinto después de la pandemia. Aquí la economista y filósofa belga Ingrid Robeyns propone un mundo donde la acumulación de la riqueza tenga un límite y donde los súper ricos sean vistos como un problema. No quiere construirlo a punta de impuestos, sino poniendo en discusión cuál es la diferencia aceptable entre el sueldo del gerente y el cajero. Es decir, no busca emparejar la cancha al final del proceso productivo -como hacen los impuestos-, sino hacer que el proceso entero sea parejo. Eso es importante para Robeyns porque una de las cosas que quiere proteger al limitar la acumulación es la democracia: no es posible que esta funcione bien si algunos ganan un millón de veces lo que gana una persona común, explica. Eso pasa en Chile, dicen algunos estudios. La entre vista la realizó Marcela Ramos.

 

Durante décadas ha dominado la idea de que los súper ricos triunfan porque trabajan duro y son inteligentes. El economista de la Universidad de Harvard Gregory Mankiw lo sintetizó en un artículo de 2013, titulado En defensa del uno por ciento: “el grupo más rico ha hecho una contribución significativa a la economía y en consecuencia se ha llevado una parte importante de las ganancias”.

De esa mirada se derivan dos ideas que están muy presentes en la discusión pública: que la riqueza es un premio justo al esfuerzo (de lo que se sigue que el rico se merece su riqueza y los pobres tienen responsabilidad por su situación); y que el rico es un actor valioso para nuestra sociedad, porque estos “altamente educados y excepcionalmente talentosos individuos”, como los describe Mankiw, generan su propio bienestar y el del resto.

Tras la crisis financiera de 2008 esas ideas han sido puestas en duda. Investigaciones en el área de la educación han mostrado que los ricos no son excepcionalmente inteligentes sino, más bien, personas normales que por el azar de nacer en familias adineradas, accedieron a una educación que les garantizó pertenecer al 10% de más altos ingresos (ver entrevista al economista de la UCL, Francis Green en CIPER); otros autores no solo cuestionan el “excepcional” talento del rico, sino también la calidad de la educación que reciben, afirmando que lo que realmente aprenden en la escuelas de elite es a comportarse como privilegiados: interiorizan los gustos, las maneras y los contactos que permiten ser reconocidos como parte de un club. Es decir, aprenden a “encarnar” el privilegio (ver entrevista al sociólogo de Columbia Shamus Khan, en CIPER). En otras palabras, no serían personas de inteligencia sobresaliente o muy bien preparadas, sino seres normales con una excepcionalmente buena red de contactos.

Otra importante fuente de cuestionamiento viene de las investigaciones que examinan la forma en que se genera esa riqueza que termina en sus manos en forma creciente. La economista Mariana Mazzucato ha mostrado que incluso en las áreas tecnológicas, donde domina la idea del ingeniero genio haciendo maravillas en su garaje, el financiamiento del Estado ha sido el actor central (Apple, dice Mazzucato, le puso diseño “cool” a tecnología que se generó en programas financiados por el Estado norteamericano para ganar la Guerra Fría).

En el caso chileno, la idea de que estas fortunas se han construido a partir de una dura competencia, fue puesta en duda por Ben Ross Schneider, que describe un capitalismo jerárquico manejado por pocas familias. El descubrimiento de cuán frecuente han sido las colusiones (ver columna de Claudio Fuentes), ha hecho que la idea del rico como el triunfador de una competencia justa sea cada vez más difícil de aceptar. Paralelamente, una serie de trabajos han mostrado cómo los más ricos usan su dinero para que la democracia funcione de acuerdo a sus intereses y les dé más dinero: cómo usan el lobby y los contactos para pagar pocos impuestos (ver Tasha Fairield, Carlos Scartascini y Martín Ardanaz, o Francisco Saffie); como  financian ilegalmente la política y consiguen leyes hechas a la medida de sus intereses. En una entrevista con CIPER, la economista Andrea Repetto destaca también cómo los más ricos logra manejar el debate público, fijando los estándares de qué es razonable y qué es inaceptable: “Si tienes mucho dinero puedes comprar muchas cosas, entre otras, thinks tanks, medios y académicos”, dijo.

Para enfrentar algunos de estos problemas las sociedades modernas intentan generan regulaciones que ponen cortafuegos entre la política y la riqueza y aumentan la fiscalización. La economista y filósofa belga Ingrid Robeyns dice que esos cortafuegos no han funcionado ni funcionarán porque las grandes fortunas son un poder demasiado grande para las democracias. Sostiene que la extrema riqueza no genera problemas, sino que “es” el problema.

Antes de seguir hay que aclarar que Robeyns no es marxista. Tampoco envidia a los ricos. Si hay que ubicarla en algún lugar, tal vez el más adecuado sea la economía del bienestar, una propuesta de nuevo sistema económico que plantea que el modelo actual es insostenible ecológicamente e injusto; y que propone nuevos indicadores para evaluar y pensar el desarrollo. En lugar de poner el énfasis en el crecimiento económico, sus principales preocupaciones son el bienestar de las personas y el desarrollo sustentable.

Robeyns es doctora en Economía en la Universidad de Cambridge y hoy hace investigación en el área de la Filosofía. Trabaja en el instituto de Ética de la Universidad de Ultrecht, Holanda. Es la investigadora principal de “The Fair Limits project” (Límites Justos), un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación con 2 millones de Euros para problematizar las formas actuales de distribución de recursos económicos y ecológicos.

Un paper de 2017 titulado “Tener demasiado” resume bien sus ideas. Su planteamiento central es que, en el mundo real, el cielo no puede ser el límite. En el mundo real con democracias que requieren equilibrios de poder y con recursos naturales sobreexplotados, el límite tiene que estar mucho antes. Así como hay una línea de la pobreza bajo la cual nadie debiera estar, Robeyns propone una línea máxima de riqueza.

La teoría de Robeyns se denomina “limitarianismo” y arranca de un esfuerzo por pensar cómo repartir los recursos escasos de una manera ética y justa, para proteger la igualdad en política y enfrentar los desafíos que impone el cambio climático y la pobreza. No entiende la riqueza como algo negativo; pero sí su acumulación excesiva, es decir la codicia. Robeyns no es la primera que dispara contra la acumulación sin límite (ver recuadro). Pero probablemente es una de las que más ha avanzado en desarrollar estas ideas en el contexto actual.

En Chile, los economistas Ramón López y Gino Sturla, usando datos de CreditSuisse y el Boston ConsultingGroup, identificaron 140 súper ricos (que suman un patrimonio total US$150.000 millones) y 5.700 ricos, cada uno con un patrimonio de entre US$ 5 y US$ 100 millones.

-¿Cuál debiese ser el límite de la riqueza?

-El límite debe definirlo cada sociedad a través de sus procesos políticos. Pero la idea es preguntarse qué necesitamos para alcanzar una vida plena en términos de acceso a salud, educación, transporte, alimentación. En el caso de Holanda, en conjunto con sociólogos económicos, evaluamos si la idea de establecer un límite a la riqueza  le hacía sentido a las personas, si la entendían. En una encuesta representativa de la población total, encontramos que un 96,5% de los holandeses piensa que debe haber un límite a la cantidad de dinero que una persona debe tener. Esa cantidad está vincula con un determinado estándar de vida. Las personas piensan que pasado ese nivel, el dinero no contribuye a la prosperidad [1] a la calidad de vida. El cálculo que hicimos para Holanda fijó la línea de la riqueza entre 2 y 3 millones de euros para las familias (entre $1.700 y $ 2.700 millones). Actualmente un equipo liderado por Tania Burchard de la London School of Economics está investigando una línea de riqueza para Inglaterra.

Sin embargo, me parece que más importante que fijar un límite ahora, es avanzar en contestar la pregunta: ¿debe el cielo ser el límite? Lo que me interesa es promover una discusión sobre las razones por las cuales el cielo no debe seguir siendo el límite, y por qué debemos imponernos límites más bajos.

-¿Por qué es un problema “tener demasiado”?

-Cuando vives dentro del marco ideológico del Neoliberalismo parece equivocado pensar que algunos tienen demasiado. Ello más bien puede significar que eres envidioso. El limitarianismo cuestiona esa mirada y considera que tener demasiado es problemático por distintas razones. En primer lugar, la investigación académica sobre concentración de riqueza en Estados Unidos y también en economías mixtas como Holanda, muestra que los súper ricos manipulan o influyen en el sistema político para que las reglas los favorezcan. Su fortuna entonces puede ser resultado de la elusión tributaria o de que contrataron lobistas para tener leyes favorables y por lo tanto tener muchas más ganancias que la mayoría de las personas. Esto es lo que hemos visto.

Frente a esto la gente contra-argumenta que súper ricos como Bill Gates hacen donaciones y filantropía. Pero esa es una forma equivocada de analizar las cosas, porque la pregunta debiera ser ¿cómo llegaron a tener tanto? En un mundo justo, todos aquellos que son súper millonarios no podrían serlo. Si llegaron a acumular tal nivel de riqueza es porque torcieron la ley, o porque esa riqueza fue resultado de procesos de colonialismo, explotación de mano de obra u otras razones.

-¿No es posible una extrema riqueza bien obtenida?

El caso más complejo para discutir es el de aquella persona que se vuelve rica en un contexto de mercado, pero que lo hace, por ejemplo, produciendo música y bajando sus costos de distribución y difusión casi a cero. En ese caso, me podrías decir que no hay problema, pues esta persona está acumulando riqueza no como consecuencia de su poder sino de su talento y no explota a sus trabajadores, sino que está siendo muy eficiente y obteniendo todas las ganancias posibles. Esta persona entonces se hace rica en un proceso que es política y moralmente correcto. No podemos objetar su riqueza a nivel de procesos, pero desde una perspectiva de resultados podemos argumentar contra su nivel de acumulación. Es decir, aún en los casos en que se trata de una gran fortuna acumulada de manera limpia, igualmente tener mucho dinero permite influir en la política de diversas formas: puedes financiar un partido, influir en la agenda política, contratar lobistas. Políticamente entonces es un problema. Y esa es otra razón por la cual no debiésemos permitir que las desigualdades sean tan grandes en contextos democráticos.

-Una desigualdad muy visible hoy es la diferencia de salarios. La economía ha justificado por años esas diferencias en razón de la productividad ¿Es esa una explicación plausible?

-Los modelos económicos asumen que los salarios reflejan la productividad. Pero eso es un supuesto. En las grandes empresas los salarios altos no son definidos sobre la base de la relación oferta/demanda en el mercado laboral, sino que los definen los directorios. Es decir, son definidos por amigos para otros miembros de la elite. La idea de que los sueldos reflejan la productividad marginal es un supuesto que funciona como un dato empírico hasta cierto nivel. Pasado cierto límite, lo que muestran esos salarios es colusión entre los individuos.  Por supuesto podemos encontrar ejemplos donde las diferencias salariales se justifican por las diferentes características y tipos de empleos. Pero eso es sobre todo un supuesto teórico. Y tenemos muchos casos para mostrar que eso no es verdad. La crisis financiera de 2008, por ejemplo, mostró que algunos bancos hacían un trabajo de muy mala calidad. Si fuese verdad que el salario está de acuerdo al nivel de productividad, algunos de los gerentes de esos bancos no debieron haber recibido más sus pagos, pero aún están en el grupo de los mejor pagados.

-¿Cuál es la explicación entonces para estas enormes brechas salariales? En Chile un estudio del economista Ramón López mostró que cada uno de los cinco hombres más ricos de Chile en 2011 ganaba lo mismo que un millón de chilenos. Uno se pregunta cómo se puede trabajar más duro o ser más productivo que un millón de personas.

-Una de las características del Neoliberalismo es que pone mucha presión sobre las responsabilidades individuales. Las personas deben felicitarse por sus triunfos pero también son los responsables de sus fracasos. Pero hay otras perspectivas que hemos empezado a discutir en la filosofía política contemporánea, y que plantean que un componente central del éxito es resultado de la suerte. Entonces tus talentos, la salud que tienes, la familia y el país en que naciste, todo eso es resultado de la suerte, y eso significa que tenemos que ser mucho más modestos a la hora de felicitarnos por nuestros éxitos. Esto por supuesto cuestiona la posición de aquellos que se consideran con el derecho moral de tener salarios altos y fortunas. Estas personas dicen ‘yo me merezco esto’, pero la perspectiva correcta sobre lo que nos merecemos es más bien que buena parte de nuestro éxito económico es suerte o es resultado de un contexto construido por otros y sobre el cual podemos sacar algunas ventajas. Si tomamos en cuenta que buena parte de lo que somos es resultado del azar, del lugar donde nacimos, de nuestra salud, no debiese ser tan simple mirarse al espejo y decir ‘bueno, está muy bien que yo gane lo mismo que un millón de mis conciudadanos”.

Robeyns empezó a pensar en el limitarianismo en 2012, cuando la discusión sobre desigualdad en economía se alimentaba de investigación sobre la pobreza, buscando entender en lo que hacían y no hacían los pobres, las causas de su situación.

“Insistentemente me preguntaba por que no estábamos estudiando a los ricos. Al comenzar las discusiones sobre el limitarianismo, recuerdo que en las primeras conversaciones con mis colegas del instituto de Filosofía y Economía en Amsterdam, la reacción de ellos era reírse. Me preguntaban, “¿qué quieres hacer? ¿quieres disparar a los ricos?” Para ellos era muy difícil pensar que este tema podía investigarse. La gran diferencia la hizo la publicación del libro “El capital en el siglo XXI” de Thomas Pyketty, porque allí mostró que estábamos volviendo a una época de aumento sostenido de la desigualdad. Hasta entonces, teníamos la idea de que las tasas de desigualdad del siglo XIX, las más altas en la historia, eran una cosa del pasado, y que vivíamos en un contexto de igualdad de oportunidades. Pero Piketty mostró que eso no era verdad. Ese libro vino a cambiar el juego, a patear el tablero”.

Robeyns dejó la economía porque la forma dominante de entender el mundo en esa disciplina –matemática y estilizada- no le permitía hacer preguntas sobre el poder.

-Y en el mundo real, si actúas como si el poder no existiese, no puedes entender lo que está pasando. Lo que no considera la economía es que en el mundo real las personas poderosas tienen los números celulares de los Presidentes. Si quieren algo, simplemente llaman por teléfono y ejercen presión. En el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, podemos pedir una reunión con el Primer Ministro, pero no tenemos su número de teléfono. En Holanda, un país que lo ha hecho bastante bien en temas de corrupción y transparencia, puedes encontrar ejemplos recientes sobre cómo las grandes empresas influyen en la política a través de formas que las personas comunes y corrientes no pueden. Eso es porque son poderosos, porque el dinero da poder. Además hay que tomar en cuenta que la economía, que es la que prepara gente para implementar políticas neoliberales, es una disciplina fundamentalmente tecnocrática. Les gusta pensar que el conocimiento está libre de valores e ideología. Esa es la razón por la cual yo dejé la economía como disciplina de estudio, porque no reconocen el punto de vista normativo que adoptan frente a este tipo de problemas.

-¿Cree que esta falta de consideración y problematización de la concentración de la riqueza es responsabilidad de los economistas y el tipo de modelo que han sustentado?

-En este tema creo que hay cosas que nos deben preocupar y otras que nos deben hacer sentir optimistas. El lado preocupante es cuando ocurren cosas como las siguientes. Cuando Tomas Piketty publicó su primer libro, El Capital en el Siglo XXI, muchos economistas dijeron ‘bueno, esto es historia económica’. De hecho, Debra Satz, entonces directora del Centro de Ética para la Sociedad de la Universidad de Stanford, me contó que, cuando ellos lo invitaron a Piketty a presentar su libro, los economistas no asistieron. Piensan que el libro es muy político y eso los pone nerviosos; porque lo que Pikkety muestra es que el emperador está desnudo, lo que es algo muy desestabilizador para los economistas. Esto da cuenta lo profundamente problemática que la disciplina económica puede ser. En el lado optimista, hay que reconocer que hay muchos economistas en posiciones de poder, como Dani Rodrik y Paul Krugman, que han comenzado a cuestionar las ideas dominantes. Hace unas semanas Rodrik publicó una columna donde decía que la opción por la globalización era eso, una opción; y que podemos elegir otro tipo de acuerdos de comercio internacional que pongan la salud y el cambio climático en el centro de las preocupaciones. Esto muestra que un economista que es respetado por sus pares, reconoce que hay opciones y que éstas no están libres de valores. Lo que es frustrante para los filósofos de las ciencias, los filósofos políticos y quienes nos dedicamos a la ética, es que por muchos años hemos mostrado en detalle que la economía no puede estar libre de valores y que el razonamiento económico tiene incorporadas decisiones éticas e ideológicas. Pero la economía se pone un escudo frente a otras disciplinas. Yo creo que un tema importante, pensando en el futuro, es que la economía no sea enseñada solo por economistas, sino por historiadores, filósofos políticos, sociólogos. No hay que dejar la economía a los economistas, eso es crucial. Una vez que ésta disciplina se abra, vamos a poder tener conversaciones nuevas, diferentes.

Si hemos crecido en un contexto en el que tener dinero significa éxito y poder, y nos felicitamos por nuestros resultados, ¿de qué manera podemos movernos a otras formas de pensar y a otros valores?

-Yo creo que tenemos que elaborar contra-narrativas. El limitarianismo es una de ellas. Está la red de economistas por el bienestar y el Centro para el Estudio de la Prosperidad Sustentable, que propone dar una mirada ecológica al desarrollo y cuyo modelo plantea también que la economía debe estar al servicio de las personas. La economista Mariana Mazucatto de UCL también ha desarrollado una contra-narrativa, al plantear que buena parte de la innovación más determinante ha sido resultado de la inversión estatal. Entonces si pones sobre la mesa todas estas contra-narrativas puedes ver que está emergiendo una perspectiva alternativa al Neoliberalismo. También creo que hay cada vez más voces que se dan cuenta de que el Neoliberalismo nos falló. Antes que el coronavirus, la crisis climática es el ejemplo más claro de que, aún cuando estamos ganando mucha plata, eso es a costa de destruir nuestro planeta. O sea, no es un modelo económico bueno.

-¿Tiene usted ejemplos donde se estén efectivamente impulsando otro tipo de políticas y no sea solo teoría?

-Tengo dos ejemplos. Hay una ley en Holanda que establece un límite a los ingresos de los directivos de las instituciones públicas. Entonces, si eres el rector de una universidad, no puedes ganar más que el salario que recibe el Primer Ministro. Ese es un ejemplo de una política limitarianista, aunque tiene la limitación que solo se aplica al sector público. Otro ejemplo ocurrió recientemente, cuando comenzó la crisis del coronavirus: la primera compañía que pidió apoyo gubernamental en Holanda fue la aerolínea KLM. Pocas semanas después, se publicó que los directores de esta empresa habían pedido un aumento en el monto de los bonos que iban a recibir, los cuales constituyen una parte importante de sus ingresos. Se generó una crítica pública muy fuerte contra KLM, por lo que la empresa negó la solicitud hecha por los directores. En 2008, a propósito de la crisis financiera, vivimos una situación similar. Entonces nos enteramos por la prensa que, un año después de recibir un salvataje gubernamental, el dueño de un banco estaba solicitando aumentar el monto de compensación que le iba a pagar a uno de sus directivos. Esto generó mucha rabia, por lo que el banco retiró la propuesta y su máximo directivo reconoció en una entrevista que no se había dado cuenta lo sensible que eran estos temas para la sociedad. Estos ejemplos dan cuenta también de otro problema: que en general los ricos y las elites viven en un mundo aparte, en su burbuja; y lo que les tiene que quedar claro es que, aun cuando crean que se merecen esos sueldos y paquetes de compensación, desde una perspectiva de bien común e interés público, no es justificable.

Hay cada vez más voces en esta línea. Por ejemplo en Estados Unidos hay un grupo que se denomina millonarios patrióticos y su líder, que es una de las dueñas de Disney, plantea que deben pagar más impuestos. Estos ejemplos muestran que hay voces entre los super ricos que se dan cuenta que esto es ridículo. Me parece que hay mucho debate sobre hasta qué punto pueden aumentar las desigualdades. Y estos llamados tienen en común el buscar establecer límites.

-¿El limitarianismo implica aumentar la tasa de impuestos a los súper ricos?

-En Filosofía pero también en otras disciplinas dividimos el espacio posible de aplicación de estas políticas en dos áreas: pre-distribución y redistribución. El primero se refiere al diseño y características de instituciones económicas del mercado laboral, como el salario mínimo o el salario máximo, si es que hay; el poder de negociación que tienen los trabajadores al interior de una empresa. Es posible tratar de limitar la desigualdad en este espacio, poniendo en marcha medidas para adecuar el mercado laboral; o puedes optar por dejar al mercado en su estado salvaje y usar, entonces, en el espacio de la redistribución, instrumentos fiscales como los impuestos. Creo que es mejor adaptar las instituciones del mercado en el espacio productivo, pre-distributivo, por dos razones. Primero, porque allí puedes tener discusiones fundamentales para la sociedad. Por ejemplo, cómo divides entre directivos y trabajadores los resultados productivos de una compañía. O la fijación del salario mínimo; o cuán democrática es la relación entre trabajadores y dueños. Segundo, porque al aplicar impuestos lo que se busca es corregir las desigualdades en la fase económica de la post-producción. Y los capitales globales son fluidos, se mueven por el mundo, lo que hace más fácil para los súper ricos eludir impuestos. Además existen razones sicológicas. Hay más resistencia a pagar impuestos si tuviste la plata y por lo tanto sientes que es tuya. La idea entonces es usar las instituciones económicas para evitar que las brechas aumenten antes de las etapas de producción, lo que puede ayudar a poner el foco en un espacio concreto de medidas.

-En este espacio de medidas pre-distribución ¿podría situarse también la implementación de un ingreso básico universal?

-Ciertamente es una medida que dialoga con estas narrativas alternativas en relación a la economía y el contrato social, entendiendo esto último como el conjunto de reglas a través de las cuales decidimos organizar nuestra sociedad. Pero hay una gran diferencia: el ingreso básico es un ingreso incondicional que se da a todas las personas mensualmente. El monto depende de decisiones a nivel nacional, algunos dicen que debe ser el monto de la línea de pobreza, pero hay literatura académica que muestra que esto no es sostenible, por lo que debiese ser más bajo. Pero lo que es importante es que el ingreso básico universal puede ser financiado de múltiples maneras. Puedes financiarlo aplicando impuestos a los ingresos, a los altos sueldos, impuestos ecológicos. A la perspectiva limitarianista lo que le preocupa es de dónde pueden salir los recursos para financiar ese tipo de medidas; pues el eje está puesto en reducir las desigualdades aplicando medidas en la parte alta de la distribución.

La acumulación sin límites es un asunto que ningún tipo de gobierno parece haber resuelto en la historia. Así lo sugiere el cientista político Jeffrey Winters en su libro Oligarquía, quien nota que desde la antigüedad la enorme riqueza personal “ha logrado construirse ideológicamente como algo injusto de corregir, a pesar de los significativos avances que han hecho retroceder otras fuentes de injusticia en los recientes siglos”.  Winters argumenta que dictaduras, monarquías, sociedades agrarias y sociedades postindustriales, coinciden en que es un error forzar una radical distribución de la riqueza. “No ha ocurrido lo mismo con la forma en que se juzga la esclavitud, la exclusión racial o el dominio de género”, afirma.

Winters explica que la democracia tampoco ha logrado enfrentar ese problema, pese a que “la riqueza extrema en manos de una pequeña minoría crea ventajas de poder significativas en el terreno político, incluso en las democracias. Sostener lo contrario es ignorar siglos de análisis político explorando la íntima relación entre riqueza y poder”, concluye.

Robeyns cree que para avanzar en este problema hay que revisar los supuestos que ponen la libertad económica de los individuos en el centro de la economía. Para ella, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué tenemos que dar por sentado que las personas tienen el derecho a acumular riqueza?

-Es la ideología del Neoliberalismo la que nos ha convencido que hay un derecho infinito a acumular. Hace mucho tiempo también se aceptaba como derecho el tener esclavos y en un momento de la historia la mayoría de los norteamericanos no cuestionaron el ser dueños de otras personas. Visto desde hoy, sin embargo, pensamos que esto es moralmente repulsivo. Desde una perspectiva económica, pienso que la línea de la riqueza no debe ser muy baja, para no poner límites a la actividad empresarial; pero también considero que las personas deben imponerse a sí mismas estos límites para vivir una vida más virtuosa y tener menos desigualdad global. Está muy bien que las personas quieran tener más, pero rechazo de base la idea de que tenemos un derecho infinito a acumular riqueza.

Creo que el tema central hoy es clarificar la relación entre los individuos y la economía. La ideología neoliberal tiene como valor central la libertad económica de los individuos y su foco es que las personas puedan ejercer esa libertad. Pero hay otros modelos.

-¿Cuáles?

-Por ejemplo, el de la economía del bienestar, que no pone en el centro la libertad económica sino a las personas y los valores públicos. Hoy este modelo está presente en Nueva Zelanda, Escocia, Costa Rica, Islandia y hay gente investigándolo y dirigentes políticos que lo apoyan. Yo diría que el país que más ha avanzado es Nueva Zelanda, que identificó el bienestar de los individuos como una meta central de sus políticas y diseñó su presupuesto económico en función de nuevos indicadores. En la economía del bienestar se pone al centro la equidad, el desarrollo ecológico sustentable, la justicia económica. En ese contexto, medidas limitarianistas como poner un límite a la riqueza son justificables, porque no se trata de la libertad económica individual sino de la calidad de vida y otros valores. Entonces la discusión de fondo es sobre el objetivo de la economía. En un modelo neoliberal las personas sirven a la economía. En el modelo de la economía del bienestar, es la economía la que está al servicio de las personas.

Límites a la riqueza en la historia de la filosofía occidental

En marzo de este año Matthias Kramm e Ingrid Robeyns, investigadores del proyecto Límites Justos (The Fair Limits project), publicaron un artículo en el que revisan que han dicho pensadores clave de la historia de la economía y la filosofía occidental, sobre limitar la extrema riqueza. Su revisión incluyó a Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx y Friedrich Engels, y John Maynard Keynes.

La pregunta que guía esta revisión es la siguiente: ¿hay algún precedente histórico a la idea de establecer límites máximos a la riqueza individual? A continuación presentamos un extracto de las principales ideas.

Anexo

  1. El problema de la insaciabilidad: Platón y Aristóteles/Adam Smith/Karl Marx/John Maynard Keynes

Según Kramm y Robeyns, unos de los primeros argumentos que registra la historia de la filosofía es sicológico y se refiere a la idea de que los humanos, por naturaleza, se caracterizan por tener deseos y un apetito insaciable. La insaciabilidad es abordada en La República, por Platón y en La Política, por Aristóteles.

“Tanto Platón como Aristóteles -dicen los autores- plantean que estos apetitos deben ser limitados de una u otra manera”, por razones intrínsecas, pero también porque consideran que la insaciabilidad puede tener consecuencias para la vida de la polis (la ciudad-estado).

Kramm y Robeyns describen: “el Sócrates de Platón identifica ‘la acumulación interminable de dinero’ (Plato, 1997b, 373d) como la principal causa de protesta ciudadana y guerra. Esto es particularmente cierto en un sistema oligárquico (…) Los oligarcas están dominados por su deseo de riqueza, por lo que su gobierno conduce a una distribución desigual y a un incremento de las brechas entre ciudadanos ricos y pobres. Esta desigualdad es probable que estalle en una revolución en algún momento”.

En “Ética a Nicómaco” -explican Kramm y Robeyns- “Aristóteles describe la codicia como un apetito ‘por aquello que es placentero’ (Aristóteles, 2014, 1119b) y plantea que esta parte hambrienta del alma debe ser gobernada por la razón. Si una persona no es regulada por la razón, fácilmente puede caer en el error de entender a la riqueza como el bien máximo, aún cuando la riqueza ‘es fundamentalmente útil para acceder a otros bienes’ (Aristóteles, 2014, 1096a)”.

Aristóteles, describen los autores, está de acuerdo con Platón en que “la codicia puede tener consecuencias negativas para la polis, especialmente si la forma de gobierno es una oligarquía o una democracia” (Aristóteles, 1998, 1279b4).

En resumen -concluyen Robeyns y Kramm- “podemos decir que los argumentos intrínsecos en favor del limitarianismo de Platón y Aristóteles se concentran en el problema del ‘apetito insaciable’.

Este tipo de comportamiento puede terminar distrayendo a los individuos en la lucha por tener una vida buena y sabia y, en cambio, dedicar la mayoría de sus actividades a acumular riquezas, a costa de otras actividades más virtuosas. El argumento no intrínseco pro-limitarianismo de estos filósofos se centra en la distribución desigual y la brecha entre ciudadanos ricos y pobres, y los potenciales conflictos que pueden emerger de ello”.

En la misma línea del debate sobre “el problema de la insaciabilidad” Robeyns y Kramm registran ideas de Adam Smith, Karl Marx y Keynes.

Según los investigadores, Adam Smith constata que “cuando se trata de admirar, la disposición de las personas tiende a dirigirse hacia la riqueza más que hacia la sabiduría y la virtud. Smith afirma que ‘los observadores descuidados son propensos a confundir lo uno con lo otro’ (Smith, 2004, p. 73), porque tanto la adquisición de riqueza como de sabiduría y virtud pueden ayudarnos a ser respetables y respetados. Smith sugiere que la adquisición de riqueza debe ser controlada hasta el nivel que un hombre ‘pueda razonablemente esperar adquirir” (Smith, 2004, pags. 74), de manera que las virtudes puedan florecer también”.

Según Robeyns y Kramm, de los escritos de Smith pueden derivarse argumentos intrínsecos y no intrínsecos para limitar “el comportamiento adquisitivo”.

Entre los últimos Smith plantea que “demasiada desigualdad entre ricos y pobres puede llevar a disturbios civiles. Smith asigna a los ricos los vicios de ‘avaricia y ambición’ y a los pobres ‘el odio al trabajo y el amor a la facilidad y el disfrute actuales’ (Smith, 1976, 2.709)”. Adam Smith, explican los autores, “pone su esperanza en la clase media, que puede desarrollar un mayor grado de virtud”.

En tanto, en el trabajo de Karl Marx, “el problema de la insaciabilidad se reinterpreta como el resultado de las estructuras sociales propias del capitalismo. Marx describe la disposición a luchar por la riqueza como un fin en sí mismo, pero explica que esta disposición es una consecuencia del modo capitalista de producción”, escriben Robeyns y Kramm.

El problema de la insaciabilidad, en el caso de Marx, se circunscribe al espacio político-económico: “la insaciabilidad es inherente al modelo capitalista de producción y este modelo debe ser dejado atrás para establecer una sociedad justa”, describen los autores.

Por último, Robeyns y Kramm identifican los argumentos desarrollados por el economista inglés John Maynard Keynes, quien distingue dos tipos de necesidades en las personas: absolutas y relativas. Según Keynes, el primer tipo de necesidades, que tienen que ver con demandas individuales físicas o bienes, pueden ser satisfechas. El problema está en las segundas, “pues dado que implican una competencia con otros, la superioridad nunca se alcanza”. En el caso de Keynes, dicen los autores, considera relevante establecer límites al comportamiento “competitivo de las personas”, como una condición necesaria para una vida “sabia y prudente”.

  1. La falacia de los fines y medios: Platón y Aristóteles/Marx y Engels/John Maynard Keynes

Además de la insaciabilidad, Robeyns y Kramm identifican un segundo argumento usado para defender la idea del limitarianismo. De acuerdo a este, “los individuos tienen la tendencia a justificar la producción de dinero como un fin en sí misma, aun cuando no debe ser más que un medio para conseguir otra cosa. Esta falacia moral puede llevar a las personas a adoptar conceptos erróneos de lo bueno”, dicen los autores. Constatan que estas reflexiones están presentes en escritos de Platón, Aristóteles, Keynes y Marx y Engels.

En La República de Platón, dicen los autores, “la falacia de los medios y fines es introducida en el contexto de una discusión de las artes médicas. De acuerdo al Sócrates de Platón, no es apropiado para un arte buscar la ventaja más allá de su objetivo (Platón, 1997b, 342b). Así, si el objeto de la Medicina es la salud del cuerpo, el fisiatra actúa mal cuando, en lugar de cuidar a su paciente, se preocupa de hacer dinero”.

Aristóteles aborda este tema en Ética para Nicómaco y en su Política. Aristóteles, según los autores, plantea que “para que una familia florezca, el dueño de hogar debe dejar en claro que hacer dinero es un medio para un fin. De acuerdo a Aristóteles, el negocio de acumular riqueza por el solo hecho de hacerlo puede tener un efecto corrosivo en otras actividades”.

En el ensayo “Posibilidades económicas de nuestros nietos” (1928), Keynes, en la misma línea que Aristóteles “distingue entre el ‘amor al dinero como una posesión’ y ‘el amor al dinero como un medio de disfrutar los placeres de la vida” (Keynes, 2008, pp. 23–24), explican los autores.

En el “Manifiesto del Partido Comunista”, Marx y Engels entregan su propia versión de la falacia de medios y fines, explican los autores. En este caso, se plantea que “la acumulación de capital” debe ser un medio para “sustentar la vida de la clase trabajadora”.

“En resumen -concluyen los autores- podemos decir que Platón, Aristóteles y Keynes sitúan su argumentación en el aspecto intrínseco del limitarianismo. Transformar los medios en fines puede hacer que actuemos mal (Platón), limitemos el florecimiento de las personas (Aristóteles) o pongamos límites al disfrute individual de las cosas” (Keynes).

  1. Umbrales mínimos y máximos: Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke, Adam Smith y John Stuart Mill

Un tercer argumento que sustentaría la posición del limitarianismo en la historia de la filosofía se encuentra en la distinción entre necesidades y excesos, y la importancia de establecer “umbrales” mínimos y máximos.

“En términos generales, esta mirada plantea un mínimo a partir del cual todos los miembros de la sociedad deben crecer (necesidades) y también considera un límite máximo por sobre el cual la propiedad individual debe redistribuirse de una u otra manera (excesos)”, explican los autores.

“Mientras el umbral mínimo es definido en términos de los medios necesarios para la supervivencia del individuo, su hogar y su familia, en términos de alimento, vestimenta y habitación, hay formas diversas de determinar el umbral máximo”, explican Robeyns y Kramm.

Entre los dos umbrales, los pensadores analizados proponen distintas medidas para combatir la brecha entre ricos y pobres. Platón recomienda un diseño específico para la sociedad en combinación con regulaciones legales. Aristóteles sugiere restringir las actividades económicas dañinas. Tomás de Aquino propone límites en el marco de la caridad voluntaria y obligatoria. Locke, al igual que Tomás de Aquino, ve la caridad como una alternativa, pero complementa esa mirada con una discusión sobre los derechos de los individuos. Adam Smith y John Stuart Mill proponen la generación de impuestos como una medida adecuada de redistribución.

“En conclusión, podemos distinguir entre aquellos pensadores que plantean diseños de sociedad determinados (por ejemplo Platón y Aristóteles) y otros que no tocan este tema y fundamentalmente proponen herramientas de redistribución, como Tomás de Aquino, Smith y Mill”, plantean Robeyns y Kramm.

Nota:

  1. En el estudio se les preguntó a los holandeses qué consideraban extrema riqueza. Un 67% estuvo de acuerdo en que una familia que tiene una casa grande con piscina privada, dos autos de lujo, otra propiedad en el sur Francia y 500 mil euros (aldedor de 450 millones de pesos) en bienes (propiedades, inversiones), está por sobre la línea de la riqueza.

Ingrid Robeyns

02/07/2020

Economista y filósofa belga. Trabaja en el instituto de Ética de la Universidad de Ultrecht.

Fuente:

https://ciperchile.cl/2020/05/17/ingrid-robeyns-debe-haber-limites-para-lo-que-queremos-tener#_ftnref1

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