El impuesto a los ricos como sentido común

Un fantasma recorre América Latina en forma de nuevo sentido común de época: los superricos deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social que vivimos. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy en día con gran aceptación en la región.

En Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista, y ya ha sido aprobada en el Congreso; en Argentina, se viene discutiendo desde hace semanas la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas, y está a las puertas de entrar a debate en la Cámara legislativa; en México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios; también ha aparecido en Brasil como iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores; en Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso; en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce.

Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es decir, no son propuestas legislativas sin base ciudadana. Y es por ello que tienen mayor fuerza y posibilidades para que sean plenamente implementadas.

Si observamos las tres últimas encuestas realizadas por el Celag en los pasados dos meses, en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: 1) en Argentina, 78 por ciento estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; 2) en Chile, este valor es de 72 por ciento; 3) en México, de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública. Y seguramente esto responde no sólo a un criterio de justicia sino también de eficiencia. Recuperar la economía también se logra gracias a este tipo de medidas que permiten poner a circular recursos ociosos, que en la mayoría de los casos no son utilizados para el buen desempeño económico, social y productivo de un país.

El impuesto a los superricos no es un hecho aislado en este nuevo tiempo. La explicación está en sintonía con la mayor demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Según datos de las encuestas del Celag, en Argentina 90 por ciento cree que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía; en Chile, 68 por ciento, y en México, 60 por ciento.

Como casi siempre ocurre en la Historia, cada idea o propuesta es fruto de sus circunstancias. Como ocurrió luego de la gran crisis de 1929 con la subida de los tipos impositivos marginales para las rentas más altas (tal como lo describe Piketty en Ideología y capital), ahora sucede algo similar: lo que hasta hace poco era una idea minoritaria, ahora se transforma en idea mayoritaria.

*Por Alfredo Serrano Mancill, doctor en economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

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La Justicia impide a Trump deportar a 700 mil inmigrantes

Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. a favor de los "dreamers" 

La mayor instancia judicial del país decidió mantener un programa que posibilita a jóvenes inmigrantes ilegales trabajar y estudiar.

Trump había ordenado su cierre en 2017. 

 

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un inesperado revés al presidente Donald Trump. La mayor instancia judicial del país decidió mantener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El mismo otorga papeles a los denominados “dreamers”, inmigrantes menores de edad que llegan al país de manera ilegal con sus padres. En 2017 el presidente republicano había decido dar de baja el programa. Sin embargo ahora la Corte Suprema rechazó la medida. Casi 700 mil personas estaban en riesgo de ser deportadas. El gobierno de México calificó a la decisión judicial como histórica. Trump dijo que volverá a empezar el proceso para terminar con el DACA.

"Necesitamos nuevos jueces"

La Corte llegó a un fallo por la mínima diferencia: 5 votos a favor y 4 en contra. El Supremo concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el DACA. Además consideró que sería caprichoso y arbitrario poner fin al programa creado por el presidente Barack Obama en 2012. El DACA evita deportaciones al otorgar permisos de trabajo y estudio a jóvenes principalmente oriundos de América Latina.

Esta era una de las decisiones más esperadas de la Corte Suprema. Había dudas respecto al fallo ya que los jueces conservadores son mayoría. Finalmente el alto tribunal secundó las opiniones que ya habían dado cortes inferiores. El magistrado John Roberts sumó su voz a la de los cuatro jueces progresistas para apoyar la permanencia del programa. "No estamos decidiendo si DACA o su terminación son políticas fundadas. Nos referimos sólo a si el programa cumplió con los requerimientos de procedimiento que le daban una explicación razonada para su acción", escribió Robert en el acta.

A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, Trump calificó la decisión como horrible y políticamente sesgada. "¿No les da la impresión de que no le gusto a la Corte Suprema?", escribió el mandatario en Twitter. Luego pidió un recambio de los jueces del alto tribunal. “Las decisiones recientes de la Corte Suprema (…), sólo dicen una cosa, necesitamos NUEVOS JUECES para de la Corte Suprema”, sostuvo el líder republicano. Luego advirtió que si los "demócratas radicales de izquierda" llegan al máximo órgano judicial pondrían en riesgo los derecho básicos de los norteamericanos. Finalmente advirtió que volvería a empezar el proceso para dar de baja el DACA.

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¿Edwin Dagua, autoridad indígena de Huellas Caloto asesinado en vano?

"¿Cuál es el direccionamiento de nuestras autoridades a la guardia indígena frente a grupos armados?"

Los Kiwe Thegnas (Guardias Indígenas) se han pronunciando con dolor, valentía y frustración a partir de la Audiencia de juzgamiento y armonización realizada ayer 16 de junio de 2020, en el resguardo indígena de Huellas Caloto. Acá compartimos esa reacción y sus preguntas, así como la noticia de Comunicaciones CRIC al respecto.

Dados los hechos a partir de la captura de 7 personas que confiesan su participación en el asesinato de un comunero de Huellas;
Dado el transcurrir y los resultados de la audiencia mencionada;
Dados los hechos graves que se suman a muchos otros que se vienen presentando en diversos territorios indígenas del Cauca;
¿Podría asumirse que la guardia indígena y quienes arriesgan y entregan sus vidas en defensa del territorio, del proceso organizativo y de sus comunidades -haciéndole frente a la ocupación delincuencial, del narcotráfico y de toda clase de actores armados y no armados vinculados al despojo-; estarían siendo un estorbo a negociaciones y acuerdos entre algunas autoridades indígenas y estos actores que causan desarmonía, terror y muerte?

¿Cómo es posible que las armas con las que se intimida, amenaza, somete y asesina sean ofrecidas y entregadas a un tercero como prenda para convocar un diálogo con estos actores armados?

¿Si el diálogo se iniciara, les devolverían las armas con las que delinquen y asesinan?

Brilló por su ausencia durante la audiencia, un verdadero análisis de contexto que, sin lugar a dudas, tendría que empezar por la guerra en la que se está sumiendo el territorio y que tiene como telón de fondo el narcotráfico. Es, para decir lo menos, sorprendente que estos asuntos no se hayan abordado. Sin este análisis resulta incomprensible el accionar de los asesinos en estos territorios ancestrales:

¿Cuáles son las razones o intereses detrás de que estos temas de fondo no se aborden? ¿cuáles son las razones para que el CRIC no tenga una posición política clara frente al narcotráfico como la reclamó en su momento Sath Tama Kiwe?.

Ante estos y otros hechos, es obvio asumir que si las comunidades organizadas, el proceso como un todo incluidas sus autoridades a partir de mandatos asamblearios no asume con la guardia la defensa digna y consciente de sus territorios y lucha ancestral, el resultado inminente es la consolidación de la ocupación y reclutamiento a sangre y fuego de estos territorios y luchas por parte de actores armados al servicio del negocio y de la política integral del narcotráfico. Las preguntas que hacen y se hacen los Kiwe Thegnas no pueden ser ignoradas en esta hora de vida o muerte para una de las luchas más ejemplares, sabias y valientes de las y los hijos de la Madre Tierra. No es un Problema de indígenas en el Cauca. Si este proceso cae, ¿qué puede esperarse del resto del país? ¡Así No! ¡Ya Basta! Pueblos en Camino

 


 

El futuro de los Kiwe Thegnas frente al control territorial en el norte del Cauca

 

Con profundo dolor, tristeza, temor, indignación, preocupación e incertidumbre compartimos la palabra de Lxs Kiwe Thegnas de Huellas Caloto. Aquí preguntas concretas de las cuales depende la vida misma en los territorios

 

Se llevó a cabo la asamblea extraordinaria en el resguardo indígena de Huellas Caloto con los 7 disidentes de las FARC EP, columna móvil delincuencial Dagoberto Ramos, dando un veredicto final de: tres (3) disidentes condenados a patio prestado y cuatro (4) de ellos entregados a sus familias para que sigan matando guardias y autoridades.

 

Hoy surge una gran preocupación dentro del ejercicio de guardia indígena y nos hacemos las siguientes preguntas:

 

¿Cuál es el direccionamiento de nuestras autoridades a la guardia indígena frente a grupos armados?

 

¿Hay que dejar las armas para luego canjearlos con guardias y autoridades que detengan?

 

¿En dónde queda la muerte del gobernador Satwesx, EDWIN DAGUA IPIA, asesinado por el mismo grupo en el mismo resguardo?

 

¿Dónde queda la muerte de los 11 guardias asesinados y de la Autoridad Neejwesx Cristina Bautista?

 

¿Por qué no se destruyen las armas?

 

¿Será que están llegando a acuerdos con los delincuentes, mientras la guardia da su vida por un territorio libre de actores armados?

 

Hoy queremos hacer reflexión porque todo se ha convertido en protagonismo, hablan duro los mediadores políticos de control territorial pero ¿será que ellos son los que recorren el territorio o mandan a los más bobos a la guerra para que mueran por ellos?.

 

Lo argumentamos porque todas las acciones que se realizan en el marco del control territorial las realiza la guardia indígena pero no se les tiene en cuenta para nada, –les da lo mismo el guardia que piensa, que siente, que quiere, y que opina.

 

Hoy caímos en la estrategia del gobierno cuando decía que no había necesidad de gastar un tiro en un indígena porque ellos solos se acabarían, y hoy vemos que ese dicho se está haciendo realidad.

 

Hoy desde el posicionamiento del sentir y el actuar de la guardia indígena le decimos a los grupos armados que nuestra lucha continuará contra subestructura delincuencial, porque la muerte de nuestros compañeros guardia y nuestras autoridades no quedarán en vano. Si en verdad piensan en la defensa del pueblo, es hora que empiecen a reflexionar y a pensar si es conveniente seguirnos matando porque estamos dispuestos, nuestro territorio lo tiene que gobernar nuestras comunidades, NO los grupos armados así nuestros líderes continúen cargando sillas para el guadual a negociar.

 

Como guerreros milenarios NO estamos en contra de nuestras autoridades, al contrario los apoyamos y base sus orientaciones tratamos de llevar el control territorial, pero si estamos en contra del direccionamiento que les dan, hoy hablan duro los asesores, pero no son ellos los que enfrentan el control territorial.

 

A las comunidades y familias debemos sentarnos a reflexionar para ¿dónde va esta situación?

 

¿Quién estará ganando esta lucha milenaria?

 

¿La guardia, los grupos armados, la fuerza pública, ACIN, el CRIC, la ONIC? ¿O EL GOBIERNO?…… somos nosotros los que vivimos y sufrimos a diario la guerra, las muertes, amenazas y señalamientos, por lo tanto somos nosotros los que conjuntamente debemos plantear la ruta del buen vivir de nuestros hijos e hijas.

 

Somos guerreros milenarios”

Kiwe Thegnas Huellas Caloto

Junio 17 de 2020

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Jueves, 18 Junio 2020 06:11

Impuestos a los que pueden pagar

Impuestos a los que pueden pagar

La reforma que proponen Stiglitz, Piketty y otros expertos

Una comisión internacional de economistas postula cobrar más tributos a sectores concentrados y combatir los paraísos fiscales.

 

Las consecuencias económicas de la pandemia resultan una buena oportunidad para establecer un sistema tributario progresivo a nivel internacional. El economista francés, especialista en distribución del ingreso, Thomas Piketty; la experta en finanzas internacionales Jayati Gosh; el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y el ex ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, presentaron un informe elaborado por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict), donde proponen medidas para mitigar la crisis económica mundial. 

En teleconferencia, los especialistas hablaron en primer lugar del desplome que han sufrido los Estados en los ingresos fiscales por la caída de la actividad. A ello se suma el incremento del gasto tanto para fortalecer los sistemas de salud como para asistir a empresas y a la población vulnerable. Esta situación se ve magnificada en muchos países- como la Argentina- por la caída de las exportaciones, la ruptura de las cadenas de suministro, el parate del turismo y la baja en los precios de las materias primas. Existe una necesidad urgente de recursos públicos que no podrá sostenerse con las estructuras tributarias actuales. “Las medidas tributarias no solo son razonables, sino urgentes”, sentenció Ghosh.

Dado este contexto, algunas de las medidas que Icrit propone a los gobiernos son:

-Introducir impuestos progresivos sobre los servicios digitales, que se apliquen sobre las rentas económicas generadas por las compañías multinacionales, como Amazon, Netflix, Facebook y Google, entre otras que fueron las ganadoras de estos últimos meses. “Son las que más se han beneficiado en este tiempo, porque su consumo no requiere del cara a cara, indica. “Desde antes de la crisis no están pagando lo justo en impuestos y eso distorsiona la economía, impactando negativamente en la creación de trabajos”, explicó Stiglitz. 

-Incorporar mayor progresividad en los tributos sobre beneficios empresariales: que sean más altos para las empresas más grandes y con especial foco en los monopolios y oligopolios y más bajos para las más pequeñas de sectores competitivos.

-Exigir más transparencia a las empresas que reciban apoyo del Estado. Cuando las grandes empresas se sitúan en paraísos fiscales para reducir al mínimo su contribución fiscal, deberían renunciar a su pretensión de contar con apoyo de los gobiernos. Sin embargo, en la práctica no es así: un contraejemplo es el de las líneas de cruceros que operan bajo banderas de conveniencia, pero que reclaman el apoyo público de los Estados Unidos. Parece por tanto lógico prohibir el apoyo con fondos públicos a las empresas que tienen su sede o sus filiales en paraísos fiscales y que la ayuda pública a grandes empresas esté condicionada a la publicación de los datos financieros y tributarios en cada territorio en el que operan.

-Gravar a la riqueza offshore.  En tiempos de crisis globales, se suele producir un efecto de fuga de capitales, sobre todo en los países en desarrollo. Las grandes empresas retiran sus activos de capital y lo sustituyen por deuda de contando, en muchos casos, con el respaldo de los gobiernos. Para que esto no suceda, es necesario acceder a la información de los paraísos fiscales para que cada jurisdicción pueda gravar de forma efectiva y progresiva el patrimonio neto de sus residentes.

Para finalizar, José Antonio Ocampo sostuvo que se requiere “más gasto para pobres y vulnerables. No es el momento para la austeridad, es el momento para gastar más, sobre todo en salud”. En esa línea, Stiglitz remató: “Si los gobiernos quieren que la recuperación dure diez años, pongan medidas de austeridad”.

El Icrict es un grupo de economistas, expertos fiscales, especialistas en derechos humanos que ocuparon cargos estatales que tiene como objetivo promover el debate sobre la reforma fiscal internacional a favor del interés público mundial. 

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El exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez (primero por la izquierda) y el expresidente de Venezuela Hugo Chávez en una visita a los trabajadores de PDVSA en Caracas en octubre de 2008.AFP PHOTO / THOMAS COEX

La fiscalía define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como “socio" del exministro

Rafael Ramírez

Se llamaban “empresas de maletín, carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000 millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) de la joya de la corona del país, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saqueó PDVSA, controló un tinglado de 100 compañías fantasma en Venezuela para ocultar la adquisición de propiedades en el país latinoamericano, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Por primera vez, el ministerio público venezolano sitúa a Salazar como “socio” de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo y hombre fuerte de los Gobiernos de Chávez.

La telaraña mercantil de Salazar se constituyó entre 2004 y 2016 y controló directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradisíaca playa de Tucacas, en el Estado de Falcón, brillaba en el emporio.

La maraña societaria tenía un denominador común: la mayoría de firmas compartían domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo del municipio de Chacao. Solo una de las compañías, Inversiones CS, cuyo accionista era Luis Mariano Rodríguez, primo de Salazar, tenía 11 locales comerciales a su nombre.

“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios”, indica la Fiscalía de Venezuela en un escrito de acusación contra Salazar y su primo José Enrique Luondo. El documento atribuye a los investigados los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.

Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las indagaciones del saqueo de la petrolera pública. Tirando del hilo, hallaron al registrar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban locales vacíos. Así lo reveló en 2017 una inspección policial a dos presuntas firmas controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.

Junto a Salazar y Luondo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

La Fiscalía de Venezuela sitúa a Salazar en el epicentro de una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante este periodo, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.

La organización de Salazar blanqueó en Andorra –según la Fiscalía- un total de 1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.

Contrato verbal de 10 millones

Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA. Villalobos ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un “acuerdo verbal” en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.

A través de otra sociedad instrumental panameña, Josland Investments, Villalobos también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de petrolera. Rodríguez justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesoría. Como él, otros altos funcionarios del conglomerado energético venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de prevención de blanqueo del banco. Una justificación que no convence a los investigadores.

Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de adjudicación de obras. En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo del Ejecutivo de Chávez.

Un préstamo bajo sospecha

Las indagaciones también han aflorado sospechosas operaciones que tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA y PDVIC. La antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no existió tal préstamo, ya que la firma receptora del dinero tenía una liquidez de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacción con un soborno. Matheus Baptista fue arrestada en España el pasado julio por su presunta conexión con la trama que saqueó la petrolera.

Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ha ordenado rastrear el patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de PDVSA Corporación Eléctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y 2014 por supuestos servicios de asesoría. La magistrada también quiere cuantificar el supuesto botín en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobró presuntamente comisiones a empresas chinas para “facilitar” contratos en Venezuela.

La misteriosa caja fuerte de Salazar

Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de 600 metros de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 páginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012, cuando arrancó en el país pirenaico la investigación del expolio de la petrolera. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingeniería de San Sebastián de los Reyes (Madrid) RLG Asociados.

A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movió su botín a través de un enjambre de 40 empresas. De Andorra, un pequeño Estado en Europa blindado hasta 2017 por el secreto bancario, el dinero viajó a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Por Joaquín Gil

José María Irujo

Madrid - 12 jun 2020 - 12:47 COT

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Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional

Golpe preventivo a La Haya por investigar la invasión de Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), ordenó ayer sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a militares estadounidenses, en un momento en que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.

En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación. La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos, lo que también afectará al resto de la familia de los funcionaros sancionados.

"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado. En ese texto, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.

El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, buscando presionarla para que desistiera de investigar incidentes durante la larga guerra en Afganistán. En marzo el tribunal autorizó en una apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán. Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne. "Es un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos", señaló.

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, a su vez acusó a Rusia de "manipular" la CPI. "Potencias extranjeras como Rusia también están manipulando la CPI para adelantar sus propios intereses", indicó Barr a los periodistas.

En cambio la ONG Human Rights Watch criticó la decisión del presidente estadounidense. "La orden de Trump demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global. Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia", afirmó en un comunicado.

En La Haya, un portavoz del tribunal indicó que estaban al tanto del anuncio en Washington y que emitirán una reacción tras examinar su contenido. 

La corte con sede en La  Haya, fundada en 2002, basa su investigación en que sí tiene jurisdicción sobre el país.El tribunal internacional enfrenta una crisis profunda en un momento en que varios países de África cuestionan al organismo e ingnoraron un mandato de detención internacional contra el expresidente de Sudán Omar al Bashir.

Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país y recientemente anunció el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus críticas a la respuesta frente al coronavirus.

El rol de la Corte ya había sido criticado por anteriores administraciones como el gobierno del presidente republicano George W. Bush, que alentó a los países miembros a cerrarla. Su sucesor Barack Obama adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.

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Viernes, 12 Junio 2020 06:09

Más impuestos a los ricos

Más impuestos a los ricos

Ya lo pide hasta el Fondo Monetario

El Fondo Monetario Internacional recomendó aumentar impuestos a quienes perciben más ingresos. La titular del organismo Kristalina Geogieva dijo este jueves que “a mediano plazo habrá espacio para hacer una reforma tributaria que se traduzca en aumentar las tasas impositivas a ingresos personales más altos sin desacelerar el crecimiento”. También planteó la posibilidad de mejorar la eficiencia del gasto.

La directora del Fondo también recomendó que el sistema de impuestos corporativos capture una parte apropiada de las ganancias “inusuales recibidas por los ganadores de la crisis”, como las actividades digitales. Además de combatir los flujos ilícitos y cerrar las lagunas fiscales, tanto a nivel nacional como internacional.

Georgieva indicó que habrá un aumento significativo en la desigualdad de ingresos, tal como en la crisis financiera de hace más de una década, pese a que en 2020 los países han inyectado en conjunto 10 billones de dólares para mitigar la pandemia por la covid-19. “La realidad es que los hogares de bajos ingresos enfrentan mayores riesgos de salud por el virus. Llevan la peor parte del desempleo récord y tienen menos probabilidades recibir un beneficio de la educación a distancia”, remarcó.

Estimaciones del Banco Mundial apuntan que 100 millones de personas en el mundo serán empujadas a la pobreza extrema en 2020. Además, proyecciones de Naciones Unidas reportan que más de 500 millones de niños han perdido su acceso a la educación por la pandemia.

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Lunes, 08 Junio 2020 06:46

La rodilla

La rodilla

Hay violencia abierta, visible, palpable. Hay violencia que se ejerce de muchas maneras, soterradamente. Las formas y los niveles de violencia conforman todo un inmenso catálogo histórico, social, humano, político. No es lo mismo presenciarla que saber de ella, sea por relatos o imágenes; el grado de impresión que provocan es distinto. No es lo mismo imaginar el objeto de la violencia que verlo. No es igual el resultado que el proceso de cómo se perpetró el acto violento, saber cómo es que eso ocurrió.

No puede haber candidez alguna con respecto a los actos, los dichos, las actitudes violentas. Eso lo sabemos bien en México (desde Tijuana irradiando por todo el mapa) durante mucho tiempo y sin menguar.

El hecho concreto que hoy convoca a la protesta a millares de personas por todas partes, el hecho comprobable, es que la rodilla del oficial de la policía de Minneapolis estaba encima del cuello de George Floyd, que había sido esposado anteriormente y sometido con exceso de fuerza y saña, indefenso. Murió ahí mismo. El hecho es que otros tres oficiales asistieron de algún modo en el asesinato: omisos, diligentes, al parecer convencidos de que eso es lo que debe hacerse a un hombre como Floyd. Esa es hoy la imagen icónica de los excesos de la fuerza policial. La de Floyd es la imagen de un racismo incrustado en el tuétano de esa sociedad. No fue el único hecho ocurrido durante los días recientes que quedó grabado. Son muchos. Así fue el empujón a un hombre durante una protesta reprimida en Búfalo (Nueva York), que provocó la rotura de la cabeza. Es otra pieza maestra de la violencia y la soberbia ejercida oficialmente.

La violencia tiene muchas caras. La que involucra el abuso físico impresiona de manera particular. Son muy diversos sus significados, pero los hechos son contundentes. A menudo como individuos y como sociedad nos acomodamos ante un hecho violento, al igual que a su abundancia, tal vez por la impotencia que provocan. Lejos de acostumbrarnos a ella la asimilamos de alguna manera para poder eludirla. Deja marcas. El acomodo es sólo un remedio incompleto, únicamente escapamos temporalmente, pues sabemos bien que la violencia está ahí con su efecto demoledor que se acumula. El caso del joven asesinado en Guadalajara, tras haber sido detenido por la policía, es uno más de la misma serie de Floyd. En México no somos bisoños en cuanto a violencia se refiere.

En el caso de Estados Unidos se advierte, como no podía ser de otro modo, que la violencia verbal no para en lo que se dice, sino que tiene un impacto concreto en los hechos. El discurso de Trump durante años, desde la campaña a la presidencia, tiene un efecto real de confrontación. Lo ha promovido a sabiendas de lo que ocasiona, que su base de apoyo lo celebra y ese es su objetivo principal.

Un rasgo de ese discurso violento, de los desplantes que lo acompañan y que en estos días de protestas se han multiplicado, es que sus declaraciones no paran, embisten contra todo y todos los que le estorban. No escucha, pues para eso se necesita silencio, elemento del que carece como hombre y político. Lo que hace, la provocación que alienta como método, representa una real crisis del lenguaje, que se diferencia radicalmente de un lenguaje de la crisis que envuelve a su país y al resto del mundo.

El conflicto que ha abierto con las fuerzas armadas apunta al campo constitucional. Al mismo tiempo, se exhibe la naturaleza represiva del poder concentrado en las policías y sus organizaciones, que rebasa a las autoridades electas y que el presidente parece ni siquiera cuestionar. Ley y orden es la respuesta que da, más fuerza de contención ante la gente que protesta en la calle (con los provocadores y oportunistas que siempre los acompañan como un virus social). Y luego la foto fuera de la iglesia episcopal de San Juan; el arrogante lenguaje del poder.

El poder del lenguaje es un elemento clave en el quehacer político y la conformación de una sociedad. Hay un tipo de congruencia entre la forma del lenguaje –qué, cómo y cuándo se dice– y el tipo del cuerpo político que se establece. Desde el lado conservador, Joseph de Maistre plantea explícitamente esa relación ( Las veladas de San Petersburgo, 1821) y Orwell lo hace en sus obras apuntando cómo se descomponen el individuo y la nación en su conjunto cuando se tiñe el lenguaje y se planta como el núcleo de una ideología determinada y del sistema político.

Trump no inventó el racismo y la discriminación. Tampoco a la derecha alternativa que se ha extendido por su país ni la brutal represión policiaca, pero ciertamente nunca las ha confrontado directamente y mucho menos las ha condenado. Las usa en su favor groseramente. Para eso ha contado con el respaldo en bloque y disciplinado del otrora partido de Abraham Lincoln, creado en 1854, opuesto a la extensión de la esclavitud.

Cuántas veces se ha repetido esto en la historia, de uno y otro lado de las concepciones ideológicas y las prácticas políticas. Ningún lenguaje político es inocuo, pero sí los hay de distinta naturaleza. Sobre esto no caben demasiadas ilusiones, sólo un acercamiento pragmático y cauteloso.

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Sábado, 06 Junio 2020 06:38

La maldición del teflón

La maldición del teflón

El renombrado cineasta Todd Haynes se ha salido un poco de sus intereses habituales, para describir en El precio de la verdad, una preocupación marcada del cine hollywoodense: la lucha del individuo contra un sistema corrupto . Con un guion escrito por otros, basado en un artículo del New York Times, Haynes se apega a los hechos para realizar otra versión del mito de David vs. Goliat.

Parecida en cierta manera a Erin Brockovich: una mujer audaz (Steven Soderbergh, 2000), El precio de la verdad narra el largo proceso por el cual el abogado citadino Rob Billot (Mark Ruffalo) atiende la petición del furioso granjero Wilbur Tennant (Bill Camp), cuyo ganado sufre de trastornos debido al agua contaminada del río cercano en West Virginia. Tras una exhaustiva investigación, Billot descubre que, en efecto, la poderosa compañía DuPont ha envenenado a incontables seres humanos y animales con los desechos tóxicos resultantes de la fabricación de algo tan aparentemente inocuo como el teflón.

Entonces el abogado entablará una demanda colectiva contra DuPont –que, oh ironía, es uno de los clientes de la firma legal a la que pertenece. El camino será arduo y fatigoso, porque la compañía se valdrá de todo tipo de tretas para ocultar su culpabilidad y, sobre todo, negarse a pagar la millonaria indemnización. Habrán transcurrido 17 años entre la visita del granjero y la final resolución.

Digo que El precio de la verdad se aleja de lo habitual en Haynes porque el director nos había acostumbrado a un cine más íntimo y propio, que igual había cuestionado y deconstruido el melodrama de los años 50 ( Lejos del cielo, 2002, y Carol, 2015) o la biografía ficticia de diversas figuras del rock ( Velvet Goldmine, 1998, y Mi historia sin mí, 2007). Podría pensarse que su nueva realización es meramente una chamba; sin embargo, es evidente que Haynes se ha puesto al servicio de su historia con un indudable compromiso personal.

Con las referencias acostumbradas del director al cine del pasado, El precio de la verdad evoca también a esos paranoicos thrillers de los años 70 sobre conspiraciones siniestras de diferentes formas de poder. La atmósfera de la película es oscura y ominosa, aun cuando la vida del protagonista nunca es puesta en peligro.

Es mérito de Haynes y su fotógrafo Edward Lachman el comunicarnos una especie de pesimismo subyacente en dicha atmósfera. Si bien Billot resulta triunfal, hay en todo el proceso de la película una sensación de que los grandes corporativos se saldrán casi siempre con la suya en cuanto se refiere a crímenes contra el medio ambiente.

Una gran virtud de la película es la forma interesante como Haynes ha resuelto las farragosas partes expositivas de la investigación de Billot. Un ejemplo de ello es la secuencia en la que el protagonista le explica a su sufrida esposa (Anne Hathaway), conversando sobre la mesa del comedor, cómo DuPont ha contaminado al pueblo estadunidense desde los años 50 con una sustancia llamada PFOA (o C8), fundamental en la fabricación del teflón. A ello contribuye la urgente actuación de Ruffalo, quien expresa su cansancio con el caso, al mismo tiempo que su tenacidad para nunca darse por vencido.

El precio de la verdad (un título por demás olvidable) iba a estrenarse en cartelera justo cuando sobrevino la pandemia. Por ello, se ha decidido estrenarla en servicios de streaming. La película está, pues, a la renta en Apple TV y en Cinépolis Klic.

El precio de la verdad

( Dark Waters)

D: Todd Haynes/ G: Mario Correa, Matthew Michael Carnahan, basado en el artículo publicado en el New York Times, “ The lawyer who became DuPont’s worst nightmare”, de Nathaniel Rich/ F. en C: Edward Lachman/ M: Marcelo Zarvos/ Ed: Affonso Goncalves/ Con: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp/ P: Willi Hill, Killer Content, Amblin Partners. EU, 2019.

Twitter: //twitter.com/@walyder">@walyder

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Publicado enSociedad
Por una renta básica (transitoria) para nueve millones de familias en Colombia

Coalición de 54 senadores presentan proyecto de Ley para una Renta Básica de Emergencia

 

Una coalición de 54 senadores colombianos, integrantes de 9 partidos, radicaron el miércoles 27 de mayo el proyecto de Ley por medio del cual se entregaría a nueve millones de familias colombianas, unos 30 millones de personas pobres y vulnerables, una renta mínima equivalente a un salario mínimo mensual.

Bajo el título “Por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se crea la renta básica de emergencia, estos senados pretenden que el “[…] Estado garantice a los colombianos una vida digna durante la crisis derivada de la pandemia del Covid.19”.

De acuerdo a los firmantes, “[…] el proyecto consiste en transferir por parte del Estado a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país, el valor de un (1) SMMLV por hogar durante tres meses. De otro lado, transferir un (1) SMMLV a cada uno de los trabajadores ocupados en los micronegocios (en promedio 3 trabajadores), para cubrir al menos 1.3 millones de micronegocios, microfocalizados con claridad […]”.

La iniciativa surgida de esta coalición […] propone modificar el programa de Ingreso Solidario creado por el Gobierno nacional mediante el decreto ley 518de 2020, disposición a todas luces precaria frente a la magnitud del problema social que enfrenta el pueblo colombiano…”. El ingreso solidario reconoce $ 165.000 a cerca de 3 millones de familias, lo cual es una cifra de dinero que en nada o muy poco contribuye para que los miembros de las mismas estén en sus casas sin necesidad de salir a rebuscar complementar sus ingresos

La propuesta de los 54 congresistas es realista con la situación de empobrecimiento, hambre, angustia e inseguridad sobre su presente y futuro próximo que domina en millones de hogares obligados a permanecer en encierro, para prevenir la multiplicación del virus, pero sin garantizarles por parte del ente nacional condiciones básicas económicas, alimentarias, mentales– para que permanezcan en sus casas. Una realidad de penuria que ha llevado a multitud de hombres y mujeres a saltarse el confinamiento y salir a las calles a vender todo tipo de mercancías, buscando con ello reunir unos pesos con los cuales garantizar el alimento de los suyos, así como tener con que pagar arriendo y otros gastos del día a día.

El mandato del gobierno, “quédate en casa” desconoce el extenso empobrecimiento que domina en la sociedad colombiana, con más de 13 millones de personas en edad de trabajar que se rebuscan por cuenta propia, viviendo al día y, por lo tanto, obligarlos al confinamiento sin ingreso alguno es condenarlos a la crisis total, con la cual no morirán por contagio viral sino por contagio –empobrecimiento– económico. El empobrecimiento ya existente ahora se extiende producto del desempleo que va ganando cada día mayores indicadores, y con la multitud de comerciantes y empresarios que han decidido cancelar sus negocios.

Por otra parte, al tiempo que radicaban esta iniciativa la misma coalición anunció que en las próximas semanas radicaran una propuesta de “[…] Reforma Tributaria Estructural (que garantice) que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente.

Y precisan, “En la Reforma Tributaria Estructural estarán el impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para patrimonios líquidos a partir de $2.000 millones y de las personas jurídicas de los patrimonios más elevados –el 0.1% de las personas jurídicas declarantes, cerca de 500 personas jurídicas– así como una mayor tarifa a la actual a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Así mismo, se propondrá eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes, que no solo tienen enorme costo fiscal, sino que son injustificados e innecesarios”.

Al tiempo que así obraban los integrantes de 9 partidos, se conocía que el Gobierno a través de su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no aceptaba la propuesta de renta básica. Horas después, en contravía de una propuesta que pretende aportar a sobrellevar en mejores condiciones económicas la presente coyuntura por parte de 30 millones de connacionales, el gobierno a través del presidente Iván Duque oficializaba el apoyo al empresariado nacional para que pague la prima de mitad de año a los trabajadores de sus empresas, aportándole medio salario mínimo por cada uno de estos. Como en otras medidas tomadas por decreto en medio de la crisis, el gobierno central sigue enfocado en apoyar a los que más tienen con el prurito de evitar que la industria quede liquidada.

Por ahora, y ante la propuesta de renta básica en curso y la iniciativa de próxima reforma tributaria estructural, el movimiento social colombiano queda ante la oportunidad de liderar un amplio debate nacional sobre temas sustanciales que están en la base del concepto de renta básica así como de justicia tributaria: ¿qué se entiende por trabajo? ¿Qué por ingresos dignos? ¿para que se trabaja? ¿qué se entiende por desarrollo? ¿qué se entiende por gobierno y para quién se gobierna? ¿qué es la solidaridad? ¿cuál es la diferencia entre renta básica y subsidios? ¿podría plantearse que la sociedad colombiano avance hacia la aprobación de una renta básica universal e incondicional? ¿cómo haría para ello? ¿qué es la justicia? ¿por qué el que más tiene debe tributar más? ¿cómo construir una sociedad de iguales?

Estos y otros interrogantes, estas y otras propuestas, requieren la movilización nacional de los excluidos, que sin romper normas básicas de salubridad deben salir por diferentes espacios públicos, sin dejarse contener por las redes sociales, para hacerle sentir al gobierno de los ricos y para los ricos, que en este país millones están excluidos y requieren ser tenidos en cuenta, además de que la pandemia –para ser vencida– debe ser enfrentada entre todos y todas, sin que ninguna familia ni ningún ser humano pierda sus derechos fundamentales, entre ellos y en primera instancia a vivir en dignidad.

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