El presidente anunció el proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, a las afueras de Cusco. Quiero dejar claro que esta reforma no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad, destacó. Uno de los ejes es dar a los agricultores acceso justo a los mercados. Foto Presidencia de Perú. Agencias

Se estima que dará a más de 2 millones de agricultores un acceso más justo a los mercados

 

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció ayer una segunda reforma agraria en el país y anticipó que, a diferencia de la primera de hace 52 años, ésta se hará sin expropiaciones.

"Quiero dejar muy claro que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad a nadie", dijo el mandatario desde Cusco.

Castillo anunció la puesta en marcha de este proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en las afueras de Cusco.

Uno de los ejes de este plan consiste en dar a los agricultores "acceso más justo a los mercados", agregó el presidente peruano.

La llamada segunda reforma agraria prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.

El gobierno estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a los más de 2.2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar.

La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan, según las autoridades.

La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista leninista.

"En la segunda reforma agraria vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de dar terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Ahora el gobierno está en deuda con el trabajador y agricultor", explicó Castillo.

El gobierno ha descartado que el plan signifique expropiar tierras, como ocurrió durante la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

En junio de 1969, Velasco promulgó una radical reforma agraria que en la práctica adjudicó alrededor de 11 millones de hectáreas propiedad de hacendados y latifundistas a cooperativas y comunidades campesinas.

Castillo eligió como fecha para lanzar la reforma el 3 de octubre, la misma fecha en que ocurrió en 1968 el golpe de Estado del general Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde.

La clase política también conmemoró la efeméride, aunque desde distintos puntos de vista. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuya familia ha estado vinculada al gobierno derrocado por Velasco, tuiteó ataques contra el general, que además de la reforma agraria impulsó nacionalizaciones.

El ex canciller Héctor Béjar, declaró a la agencia Prensa Latina que "lo que hicieron Velasco y sus compañeros, aunque no puede repetirse, sirve de orientación e inspiración a las nuevas generaciones".

Señaló que "53 años después del inicio de aquel gobierno, Perú se encuentra buscando orientación y gobierno, después de medio siglo de destrucción del país" y anotó que "parte del pueblo ha logrado desplazar del gobierno a los políticos tradicionales".

La vicepresidenta, Dina Boluarte, comentó que a Velasco "no lo dejaron avanzar más porque intervino Francisco Morales Bermúdez (quien lo derrocó en 1975) porque el poder económico no quiere que los pueblos se desarrollen".

El ex parlamentario y analista político Gustavo Espinoza comentó que es importante reflexionar sobre el gobierno del general, ahora que Perú vive "un proceso en esencia similar", tras la elección del maestro rural Pedro Castillo como presidente, y añadió que las mismas fuerzas que acosan hoy al mandatario "centraron sus baterías contra Velasco y sus colaboradores".

Espinoza señaló que Velasco "tuvo el mérito histórico de romper la cadena de dominación que nos ataba a Estados Unidos", siendo su primera medida la toma militar de los yacimientos de La Brea y Pariñas, explotados ilegalmente por una subsidiaria de la trasnacional estadunidense Standar Oil.

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Ideas estéticas y literarias de Carlos Marx

Es sabido: dos de los autores más citados por Carlos Marx en todos sus escritos son Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Menos difundido, pero igualmente conocido, es que manejaba casi todas las lenguas europeas, que releía con fruición a los clásicos griegos (una vez por año leía a Esquilo en su original griego), y que recitaba de memoria para su familia y amigos largos pasajes de La divina comedia, así como versos de Heine y de Goethe. Fuera del alemán, sus preferidos eran el poeta escocés Robert Burns, Walter Scott y Honorato de Balzac, y alguna vez se propuso que, terminadas sus obras económicas, escribiría un trabajo crítico sobre La comedia humana. Cuenta su hija menor, Eleanor: “A mí, y a mis hermanas antes, me leyó todo Homero, todo los Nibelungen Lied, Gudrun, Don Quijote, Las mil y una noches, etc. Shakespeare era la Biblia de nuestra casa, siempre en boca de alguien y en manos de todos. Cuando cumplí seis años me sabía de memoria todas las escenas de Shakespeare”.

Estos eran, entre otros muy calificados, sus gustos personales, explicables por su inteligencia, su formación, su época. A ellos se sumaron opiniones, ya en un plano teórico, que los convalidaron, e inclinaron el fiel de la balanza hacia el clasicismo, la representación de la realidad en la obra de arte, el espejo correspondiente. No era difícil (ni necesario) deducir del conjunto una estética marxista, pero así se hizo. Omitiendo, olvidando, desviando algún concepto contradictorio. Tal, entre otros, el enigma que recorre su obra y que él jamás pudo resolver (ni otros marxistas): “La dificultad no es la de comprender que el arte griego y la epopeya están vinculados a ciertas formas del desarrollo social, sino que ellos nos procuran todavía un placer estético y que, desde muchos ángulos, representan para nosotros una norma, hasta un modelo inaccesible” (Grundisse, 1857: los planos o borradores de lo que iba a ser El Capital).

Por gustos también personales, por pereza mental, por escasa formación de buena parte de sus seguidores, se consagró sin más el realismo y la representación veraz de lo real como doctrina oficial, refrendados por ciertas páginas de Vladimir Ilich Lenin sobre León Tolstoi y por otras de teóricos estimados, como Gueorgui Plejánov, con su exploración del “equivalente social” en arte y en literatura. Para culminar viendo en la obra, aspectos múltiples de la vida económica y social expresados en un particular lenguaje. No se exploró, más bien se desechó, para hacerlo, la relación que podía existir entre esa estética que se desarrollaba como marxista, basada en un comportamiento humano específico, y las teorías y el pensamiento, no sólo estéticos, de Carlos Marx.

Sin embargo las ideas centrales de Marx que están en sus primeros textos de juventud (Manuscritos, de 1844), que recorren de modo permanente toda su obra, y que fundarían una nueva estética, son su concepción del hombre como trabajador y transformador de la realidad en medio del conjunto de la sociedad y sujeto a las relaciones que ella impone, exteriorizando, objetivando, manifestando en esa producción su propio ser, su situación de creación y, a la vez, de enajenación. Son esa concepción del hombre, de la historia y de la sociedad las que fundarían y constituirían los principios de una estética. Es ya en los Manuscritos donde para él el arte --como todo trabajo-- manifiesta la necesidad del hombre de objetivarse y, con ello, las de sus fuerzas primordiales, creadoras.

Esto abre la posibilidad de ver en el arte, dentro del todo de su concepción que muchos teóricos llaman “práctico productiva”, su carácter de actividad práctica y creadora. “El arte se presenta en esta concepción --explica Adolfo Sánchez Vázquez-- como una forma de actividad práctica, de la producción de objetos, y, en este sentido, se elaciona con el trabajo en cuanto que éste --como libre juego de las fuerzas espirituales y físicas del hombre-- pone de manifiesto cierto contenido estético. Se relaciona asimismo con el trabajo en cuanto producción de un nuevo objeto en el que se proyectan o expresan fuerzas esenciales humanas, y se pone de manifiesto un principio creador. La relación con el trabajo se manifiesta, en tercer lugar, en cuanto que, gracias a él, el hombre ha perfeccionado su capacidad de dominar la materia para imprimirle la forma adecuada a una función o necesidad humana, y ha podido elevarse así --sobre la base de la división social del trabajo-- a una actividad específica --el arte-- destinada a satisfacer la necesidad estética de imprimir a una materia la forma adecuada para expresar cierto contenido espiritual. El arte ha surgido, pues, sobre la base del trabajo humano y del desarrollo del principio estético o creador que ya se daba en él”.

¿Hasta qué punto es comprensible que de estas ideas naciera una estética del realismo como la que surgió? ¿Una estética cuyo fundamento era la teoría del reflejo, que vinculaba directamente un estilo de creación con los intereses de clase; en fin, que consagraba en arte (una actividad creadora) un método de creación o un estilo entre los muchos posibles, como la única expresión artística de izquierda? ¿O, para decirlo en términos más cercanos al marxismo, por qué designar e indicar una praxis artística determinada, convertida en la única posible para expresar los “contenidos” anticapitalistas y revolucionarios?

Como era natural que ocurriera en los países socialistas, y obviamente en los otros, esta concepción del arte como reflejo o representación verídica de la realidad tuvo más consecuencias en el plano teórico que en la práctica artística misma, la que siguió los caminos que la propia historia del arte iba encontrando cualesquiera fuesen las normas que la doctrina quisiera imponerle. Además, se hacía evidente que, considerados a la luz del pensamiento marxista el arte y la literatura, como actividades libres y creadoras, la estética no podía ser estrecha, uniforme, coercitiva. Afortunadamente, por encima y en contra de tales posiciones (estar en contra de estas ideas, numerosas veces costaba la vida) se alzaron creadores de talla (Maiakovsky, Picasso, Bertold Brecht y muchos otros, así como en América latina Juan Rulfo, José Lezama Lima, Juan Carlos Onetti, nuestro Julio Cortázar) y no era gente a la que podía silenciarse.

La práctica artística se impuso sobre las teorías y enseñó, en su propio hacer, los principios de la libertad creadora y la esencia del arte de la creación: “...no se copia jamás la naturaleza --sostuvo Pablo Picasso--, no se la imita tampoco, se permite que unos objetos imaginados revistan apariencias reales. No se trata de partir de la pintura para llegar a la naturaleza: es de la naturaleza a la pintura que hay que ir. Hay pintores que transforman el sol en una mancha amarilla, pero hay otros que, gracias a su arte y a su inteligencia, transforman una mancha amarilla en sol”.

 

4 de octubre de 2021

Por Mario Goloboff, escritor y docente universitario.

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La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Colombia: Genocidio continuado

A mediados de junio pasado finalizó el proceso de sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en su cuarenta octava sesión, con Colombia como país valorado. Su conclusión es que acá existe un proceso sistemático de violencia y permanente violación de los derechos humanos que concreta un genocidio político continuado. Su fallo resume un proceso de violencia histórica con profundas consecuencias de todo tipo para su población.

No toda soledad, como en Macondo, ni toda impunidad, como es tan frecuente por estos días en variedad de sociedades, pervive. Grupos humanos, revestidos de dignidad y profundo sentido humanista actúan para correr velos y sentar precedentes que conmuevan la conciencia de millones de personas, las ofendidas con la violación de sus derechos humanos, pero también otros muchos y muchas que son testigos de ello, con o sin conciencia de lo que ocurre a su alrededor.

Así, ante la ausencia de espacios expeditos nacionales e internacionales para atender realidades de violencia y ruptura de los derechos humanos, así como la fragilidad de un marco jurídico que de cuenta cabal de realidades violentas de alta complejidad, ha tomado forma el TPP (Ver recuadro “¿Qué es el TPP?), un espacio de la sociedad civil constituido para valorar y emitir juicios sobre la violación de los derechos humanos. De acuerdo a su filosofía, el Tribunal responde al llamado de organizaciones sociales y políticas, así como personas, de uno y otro país, para acudir a los mismos, escuchar sus denuncias, valorar la documentación aportada y emitir juicio.

El TPP fue fundado en 1979, y se siente heredero del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra que tomó forma en 1966 bajo el impulso de destacados humanistas, intelectuales y filósofos, entre ellos Bertrand Russel y Jean Paul Sartre. Su propósito: juzgar a los Estados Unidos por sus innumerables y crueles crímenes cometidos en Vietnam. Como imperio ninguna Corte internacional los sindicaría ni juzgaría, pero una parte de la sociedad sí podía proceder y de esa manera conmover la conciencia de la sociedad global. La impunidad no podía estar asociada a la indiferencia.

Como heredero de aquel Tribunal, el TPP no es un tribunal judicial, ni pretende serlo, ni tiene carácter vinculante para el Estado en cuestión, su misión es, en tanto los poderes dominantes a nivel local y global no reparan en métodos ni formas para violentar de distinta manera los derechos humanos de numerosas poblaciones, y en tanto las normas internacionales aún no garantizan justicia plena, su misión es, como el referido Tribunal que juzgó a los Estados Unidos, sentar antecedentes humanistas, evidenciar ante sus sociedades el irrespeto de los derechos humanos a manos de sus gobernantes, y llenar las lagunas del Derecho que facilitan la prevalencia de la impunidad.

En el caso particular de Colombia, este Tribunal ha respondido en tres ocasiones a solicitudes de intervención de diferentes organizaciones sociales y políticas, así como personas, la primera vez entre 1989-1991 centrado en impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, otra entre 2006-2008 enfocada en empresas transnacionales y la violación de los derechos humanos, y la recién realizada centrada en el Genocidio (Ver sección “Síntesis jurídica...”).

En esta ocasión el TPP respondió a una solicitud de intervención firmada por 209 organizaciones de distinto carácter y 179 personas y líderes sociales, solicitud ante la cual la Presidencia del TPP respondió el 15 de mayo de 2020 (Ver recuadro “Apertura”).

Para el desarrollo de su misión, el TPP constituyó un jurado que en esta ocasión estuvo integrado según puede verse en el recuadro (El Jurado).

Luego de recibir decenas de testimonios y sucesos documentados por variedad de organizaciones de distinto carácter, y deliberar por varias ciudades, la Sentencia que emite afirma que “Este Tribunal ha caracterizado el conjunto de hechos analizados durante el largo período histórico que ha sido objeto de esta sesión, como un genocidio continuado cometido contra una parte del grupo nacional colombiano. Por tanto, el exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social se subsume en ese escenario global y sostenido en el tiempo del genocidio dirigido a transformar la realidad plural del grupo nacional, eliminando a quienes no deben tener cabida en el mismo, según la concepción de quienes han concebido, articulado y llevado a cabo el genocidio”. (Ver sección “Fallo”).

Fallo al que se llega luego de escuchar numerosos testimonios y revisar la documentación recibida. Testimonios como los relacionados a continuación:

 

Indígenas y afrodescendientes

Sin duda, la violencia contra estos pueblos viene desde la invasión y la Colonia. Sin lograr romper esa constante, continúan padeciendo masacres, desapariciones, desplazamientos, despojo de su tierra, para completar con una posterior discriminación étnica. Los principios de “Unidad, Tierra y Cultura” que los orienta en su histórica resistencia son irrespetados por los intereses de multinacionales extractivistas y agroforestales depredadoras.

En tiempo reciente el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene documentados 423 casos de indígenas asesinados desde 1970. Por su parte la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) registra 70.314 hechos victimizantes: confinamientos, desplazamientos forzados, manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia por parte de agentes del Estado, asesinatos, intimidaciones, amenazas, hostigamientos por grupos legales e ilegales. Todo ello sin contar la gran cantidad que se queda en el olvido. Especial mención tienen las comunidades Barí despojadas de sus tierras iniciando la tercera década del siglo XX, para que pasaran a manos de las empresas petroleras Colombian Petroleum Company y South American Gulf Oil Company, despojo legalizado por la Ley 80 de 1931, y el cual estuvo acompañado de la instalación de alambradas electrificadas, uso de armas de fuego, quema de bohíos, violencia sexual contra niñas y mujeres y envenenamiento de comidas.

Violencia también padecida, por ejemplo, por el pueblo Embera Chamí que por la riqueza de su tierra en recursos naturales, su ubicación geoestratégica y por la decisión de las comunidades de vincularse en procesos electorales fueron convertidas en objetivo de los paramilitares desde 1980. Proceso violento en el que también están involucradas multinacionales extractivas y agroforestales.

Pueblo negro afrodescendiente

La violencia racial contra pueblos afrodescendientes ha tomado forma por medio de masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Los registros señalan en la última década, que de los 1091 desplazamientos registrados en Colombia la mitad se concentran en la región del Pacífico. Sucesos para dar espacio a la entrada de empresas transnacionales que usurpan el territorio y destruyen el ambiente. Actos violentos precedidos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y agresiones sexuales, lesiones físicas graves y amenazas.


Campesinos

Se presenta un claro exterminio de comunidades campesinas, en especial de aquellas que tienen un liderazgo y relación estrecha con la tierra y la naturaleza. El TPP recoge el testimonio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), en particular su segunda época (años 80 en adelante), periodo en el que toma forma la Anuc Unidad y Reconstrucción (Anuc-UR), conformada en 1987 y con arraigo en el Nororiente del país y la región Caribe (Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar). La Anuc-UR dejó testimonio ante el TPP de numerosas detenciones de sus dirigentes, desplazamientos forzados y, sobre todo, de masacres padecidas entre los años 1988 - 2005, con un saldo de 45 asesinatos entre sus dirigentes y líderes locales con amplio reconocimiento.

Testimonio también brindado por la Comunidad de Paz de San José de Apartado, que desde su conformación en 1997 fue sometida por el ejército nacional a bombardeos, concretados sobre 27 de las 32 veredas que integran el corregimiento de San José, paralelo a lo cual el paramilitarismo penetra el territorio y somete a las comunidades a intimidación constante para que lo abandonen, producto de lo cual queda un saldo de 300 víctimas, entre asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.

El acoso es constante: entre 2006-2014 se concretaron numerosas intervenciones armadas de “destrucción de cultivos y fumigaciones” en terrenos donde no hay presencia de ningún cultivo ilegal, envenenando aguas y matando animales.

Casos similares se registran en Cajibio-Cauca: entre el 19 y el 26 de noviembre de 2000, prolongado incluso hasta enero de 2001, los paramilitares privaron de su libertad a pobladores a quienes señalaron de colaborar con la guerrilla, torturaron, asesinaron y obligaron a 300 familias a desplazarse en lo que se llamó “recorrido de la muerte”.

En Recetor y Chámeza-Casanare, asimismo, entre 2002 y 2003 la población de estos dos municipios fue víctima de operaciones contrainsurgentes que implicaron el confinamiento general y la violaciones masivas de los derechos humanos. En 6 meses se registraron 100 desapariciones forzadas, además de numerosas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento de cerca de 3.000 personas. Según la Unidad de Víctimas, de los 1.820 habitantes de Chámeza, 1.693 fueron victimizados y de los 1.390 habitantes de Recetor, 1.264 fueron victimizados (el 91%). Toda esta represión brutal coincide con la instalación y desarrollo de empresas petroleras apoyadas por el Estado, en particular la multinacional británica British Petroleum Company que entra a operar el campo Cupiaga y Cusiana.

Las poblaciones campesinas del Carmen y San Vicente de Chucury en Santander, por su parte, entregan testimonio de la constante estigmatización sufrida a manos del ejército nacional. Para el aparato armado del Estado colombiano, en tanto allí cayó en operación militar el sacerdote guerrillero Camilo Torres, todos los campesinos residentes en esa región eran “subversivos”, catalogados como “enemigo interno”. En los años 80, reivindicando sus derechos, realizaron marchas y la respuesta no tardó: el ejército, en alianza con gremios adinerados conformaron estructuras paramilitares para asesinar campesinos, desplazarlos y despojarlos de sus tierras. A comienzos de los años 90 fueron documentados 300 asesinatos de campesinos a manos del ejército y de paramilitares. El 30 por ciento de la población fue obligada a desplazarse.

Movimiento social del Centro Oriente

Especial atención tiene la práctica generalizada de criminalización padecida por los movimientos sociales, como los ubicados en el centro oriente colombiano. El caso citado tipifica el operativo “Heroica”, cuando en el 2002 el ejército sacó de sus viviendas y trabajos a 2.000 pobladores de Saravena-Arauca y los llevó a un estadio, hasta seleccionar 90, quienes fueron amarrados y acusados de guerrilleros, el resto marcados con sellos. Posteriormente fueron absueltos por no hallar piso probatorio.

Las violaciones no corren solo a cargo de las fuerzas militares, también son parte de ello otros componentes del Estado, como su aparato judicial que judicializa de manera arbitraria sino ficticia, apoyada en omisiones procesales, montajes probatorios y otros exabruptos.

En el actual milenio en Arauca, Casanare y Meta más de 2.000 personas han sufrido detención y reclusión por largos periodos; cerca de otras 10.000 han padecido “retenciones administrativas” sin proceso judicial alguno y durante 2018 al menos 40 dirigentes sociales fueron encarcelados.

Un despliegue de violencia en el que el ejército es el perpetrador de asesinatos y amedrentamientos. Por ejemplo, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) conformado en 1997 por varias organizaciones de base campesina: Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima –Asopema– y la Asociación Campesina del Centro del Valle del Cauca –Acaceva–, ha estado sometida a destrucción a través de control territorial, criminalización de sus integrantes y despojo de tierras. En 2007 el ejército asesina a Héctor Alirio Martínez, uno de los fundadores del CNA, junto con otros dos líderes sindicales. En marzo del año 2020 nuevamente otro líder de esta organización, Marco Rivadeneira, vocero de la Asociación Campesina de Puerto Asis fue asesinado. Otros 32 integrantes han sufrido igual suerte en los últimos años, todo ello tras la destrucción del tejido organizativo y de la cultura campesina.

En otros escenarios, departamentos orientales: Meta, Caquetá y Guaviare, se estigmatizó a los pobladores como violentos y hostiles, sometiéndolos, bajo esta estigmatización, a planes contrainsurgentes en el marco del Plan Colombia, el Plan Patriota y, a partir de 2006, el Plan de Consolidación Integral, que implicaron restricciones para circular, con exigencia de permisos para desplazarse, toques de queda, retenes, bloqueos de alimentos, empadronamientos forzados, allanamientos sin orden judicial, capturas masivas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y utilización por los militares de bienes particulares para acampar.

Violencia masiva con efectos devastadores. En los cinco cementerios de la zona se hallaron 2.300 cuerpos no identificados, de los cuales la misma Fiscalía reconoce 1.664 reportados como “dados de baja en combates”. Pero los ataques también se reportaron en el Putumayo, departamento en el que se registran, desde la segunda mitad del siglo XX, distintas fases de exterminio, cuando el ejército, a órdenes de las empresas petroleras, reprime.

Situación aún más agravada a partir de los años 80, con el sembrado y extensión del cultivo de coca, bajo cuya sombra incursionan los grupos paramilitares que persiguen también a simpatizantes de la guerrilla, sembrando terror y zozobra sobre la población en general.

Por su parte, al sur de Bolívar, con población minera, se extiende la represión estatal y paramilitar a partir de 1999, la cual queda sometida a bloqueo político, social y económico. Asimismo, en el Tolima, miles de familias huyeron desplazadas, muchos niños separados de sus familias y entregados a instituciones oficiales o abandonados en las calles. Incluso, creación de redes de espías para atrapar a quienes habían pertenecido a la resistencia campesina.

Sindicatos y organizaciones políticas

La Escuela Nacional Sindical informa que 3.162 sindicalistas fueron asesinados en el periodo 1986-2020, varios de ellos en acción comprobada entre paramilitares y militares con empresas, forma de actuar para impedir el reclamo laboral y el conflicto sindical, expresión, además, de una clara cultura antisindical que impera en el país, a la par de la extensión del discurso de enemigo interno que concibe a la población civil como insurgente.

Resalta en este particular, Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) que en 1993 contaba con 6.000 afiliados, y que tras una política de exterminio e intimidación en 2021 registra 3.728 afiliados.

El desangre no da tregua: 35 asesinatos o desapariciones de líderes, 12 atentados, 169 amenazas, 51 renuncias forzosas o despidos, 9 detenciones arbitrarias, 42 montajes judiciales, 1 caso de tortura y otro de secuestro. Han desaparecido 11 de sus seccionales. De esta violenta arremetida han sido parte empresas como Coca-Cola y Nestlé.

Unión Sindical Obrera –USO–. Deja constancia de 808 actos de violencia padecidos a partir de los años 80: 125 asesinatos, 24 secuestros, 7 desapariciones forzadas, 49 atentados, 102 detenciones arbitrarias, cerca de 400 amenazas y numerosos dirigentes forzados al exilio.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT–. Su documentación consigna asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, desplazamientos forzados, exilios, persecuciones por vías judicial, atentados contra las sedes sindicales, eliminación de organizaciones sindicales, pérdida de derechos laborales.


A nivel de organizaciones políticas, el primer caso referenciado se remonta a Jorge Eliécer Gaitán, muchos de cuyos seguidores fueron asesinados antes de él, provocando sus enérgicas denuncias. Los asesinatos continuaron con el propósito de aniquilar física e ideológicamente el movimiento gaitanista, con un saldo calculado de 300.000 asesinatos en el periodo 1948-1958, en acciones perpetradas por el ejército y paramilitares contratados y entrenados por el gobierno.

Persecución y muerte que no terminó allí. En tiempo más reciente, a partir del año 2002, con los gobiernos de Álvaro Uribe, se lleva a cabo un “memoricidio”, es decir, la destrucción del legado de Gaitán y del gaitanismo, todo ello propiciado desde la expedición del decreto 271 de 2004 que eliminó leyes, decretos y otras normas legales establecidas para honrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán.

En otro acápite, la Sentencia retoma el periodo comprendido entre los años 1984-1992, resaltando lo padecido por la organización A Luchar –Movimiento político y social que actuó buscando alternativas al bipartidismo y que agrupó a corrientes camilistas, trotskistas, maoístas, así como sectores sindicales, campesinos, estudiantiles, cívicos, étnicos y cristianos. Esta organización fue víctima de 254 asesinatos, 6 ejecuciones extrajudiciales, 80 desapariciones forzadas, 165 detenciones arbitrarias y 58 torturas.

También retoma el conocido exterminio contra la Unión Patriótica (UP). Según la Corporación Reiniciar entre 1984-2006 se cometieron 6.500 violaciones de derechos humanos en contra de sus militantes: 3.111 asesinatos, 131 judicializaciones infundadas, 508 desapariciones forzadas, 280 tentativas de asesinatos, entre otros actos violentos padecidos y en los que están implicados altos agentes militares y directivos del Estado colombiano. Para la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, reconoce como práctica genocida lo ocurrido con la UP.

Con el M-19, tras los procesos de paz y desmovilización fueron asesinados y desaparecidos pobladores de lugares donde tenía presencia. Organizaciones sindicales, movimientos de acción comunitaria, familiares y amigos de militantes fueron incluidos en la categoría de “enemigo interno”, según lo estipulado por los manuales militares; de esa manera, intelectuales, simpatizantes de la izquierda, fueron apresados y llevados a instalaciones militares donde fueron torturados; otros fueron forzados al exilio.

Frente popular –Movimiento que surgió en 1985 en varias regiones del país–: desde su inicio comenzó a ser perseguido por fuerzas policiales, militares y paramilitares. Entre 1987 y 1989, fueron desaparecidos 64 de sus militantes y al menos 120 asesinados, entre éstos algunos diputados, concejales, estudiantes y activistas.

A su vez, con el movimiento UNO (Unidad Nacional de Oposición): padeció más de 1930 crímenes: 22 desapariciones, 107 asesinatos de militantes y 127 de articuladores sociales, además de exilios, desplazamientos forzados, “falsos positivos”, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, torturas, lesiones y abusos sexuales, allanamientos, atentados y quema de viviendas, falta de garantías electorales, requisas y retenes arbitrarios, decomiso de documentos, amenazas, estigmatizaciones, ataques a sedes políticas.

Más recientemente, el caso de la organización social Marcha Patriótica (Mapa), que no ha escapado a esta violencia, y más visible desde el paro agrario de 2013, acusada de fachada de las Farc. En un video de formación militar, con fecha de 2014, señalan a la Mapa como “enemiga del Estado” y como “objetivo militar”. Es la misma época en la que los Rastrojos ofrecían 35 millones por muerte de Coordinador Regional o Departamental.

Firmantes de paz y líderes sociales

La muerte se extiende a quienes quieren la paz y la justicia. Entre el 13 de noviembre de 2016 hasta el 13 de febrero del presente año 272 son los excombatientes asesinados. Y desde entonces la cifra sigue en ascenso. Al mismo tiempo, la mira enfoca hacia el liderazgo social: en el periodo 2017-2019 el TPP tuvo conocimiento de 710 asesinatos, a los que deben sumarse otros 310 ocurridos el año pasado. Actos acaecidos, incluso, en zonas de sustitución de cultivos, en zonas, por ejemplo, donde los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se están implementando. Es así como en el periodo señalado se registraron 444 asesinatos, cifra única en toda América Latina. Así mismo, se denunció la comisión de 50 tentativas de homicidio, 17 desapariciones forzadas, amenazas, estigmatizaciones, hechos que además fuerzan al desplazamiento individual y colectivo de quienes están en proceso de reinserción. También se denuncia que las mujeres excombatientes sufren una mayor estigmatización tras la versión difundida de que habrían sido “esclavas sexuales” de los comandantes guerrilleros, despojándolas así de su carácter de actoras políticas.

Estudiantes y activistas en general

En lo comprendido entre los años 1994-2019 el país registra hasta 1.815 víctimas de asesinato o desaparición de personas que ejercían un liderazgo notable en los territorios. En ese marco, la violencia en contra de activos universitarios es conocida de larga data. La represión, tortura, asesinato, violación hace parte de las aulas. La documentación allegada al Tribunal resalta la situación vivida en las universidades Industrial de Santander (UIS) y de Antioquía (U de A), en la primera, entre los años 1964-2006 fueron asesinados 24 integrantes de su movimiento estudiantil, y entre los años 1980-2003 otros 10 de sus activos fueron víctimas de desaparición forzada. Por su parte, en la segunda de ellas, 86 de sus activistas fueron violentados y 45 asesinados entre entre los años 1958-2018, 18 de ellos tras ser retenidos por efectivos oficiales, torturados y/o desaparecidos. 42 miembros de la comunidad universitaria, 30 de ellos estudiantes, han sido víctimas de desaparición forzada.

Resaltan sus testimonios que además de la violencia armada padecen un permanente ambiente de estigmatización, un constante señalamiento a la comunidad académica como “aspirantes a guerrilleros”. La represión estatal y la impunidad policial hacen parte de los principales fenómenos que ligan a los perpetradores.

Además de la impunidad judicial también persiste la persecución de dirigentes y lideresas. Entre el 2012 y 2019 se calculan 249 condenas y reclusiones de personas vinculadas con causas sociales, ambientales y en defensa de los derechos humanos. Entre el 2012 y julio de 2019 se registra un incremento de 244 por ciento de casos en que el derecho penal ha servido para criminalizar la defensa de los derechos humanos, práctica centrada en los departamentos que concentran títulos mineros y explotación petrolera, evidenciando una clara relación entre la defensa de los derechos humanos en luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal.

Se entiende que la naturaleza y el territorio también son víctimas. Por el despojo y el desplazamiento, grandes empresas agroindustriales, ganaderas o extractivas se han beneficiado, concentrando más propiedad y dominando de manera amplia sobre el territorio, concretando un ecocidio.

Con mirada histórica

En perspectiva histórica, el TPP resalta la existencia de siete oleadas de violencia:

1812-1899. Es el primer siglo de vida independiente, atravesado por una polarización entre bolivarianos y santanderistas, centralistas y federalistas, esclavistas y abolicionistas, confesionales y seculares, evolucionando hacia los conflictos entre conservadores y liberales.
1899-1902. Aunque no difiere mucho de las guerras y confrontaciones del anterior ciclo, dados los niveles extremos de odio que convoca entre conservadores y liberales, manifestado ello en la “Guerra de los Mil Días”.
1918-1948. Continúa la polarización entre liberales y conservadores y para los indicadores de violencia del periódio anterior, la vida parece transcurrir en paz. Dentro del período hay subperíodos: 1925-1930: “pequeña violencia”, y 1928-1946: “Primera Violencia”, para distinguirla del periodo abierto en 1948 que sería simplemente “La Violencia”.
1946-1958. El cuarto oleaje comprende los años 1946 - 1958. Se inicia cuando el presidente Ospina Pérez se propone bloquear y perseguir al movimiento gaitanista (1946), coincidiendo con la creación de la Escuela de las Américas en Panamá (1946), la formación de la CIA (1947) y con el lanzamiento por parte de Estados Unidos de su agenda anticomunista en América Latina, alrededor de la IX Conferencia Panamericana, incluyendo el asesinato de Gaitán.
1960-1982. La quinta oleada va de 1960 a 1982. Los años 50 finalizaron con el ensayo de un régimen militar, el de Rojas Pinilla, que alarmó a la oligarquía pro-norteamericana por su tendencia a autonomizarse con una peligrosa inclinación a satisfacer algunas necesidades populares.
1982-2010. En esta sexta oleada la prosperidad económica del narcotráfico vierte ingresos nunca vistos en la sociedad colombiana, trastoca el poder de la oligarquía y afecta a todos los actores del conflicto. Un fenómeno favorecido por el modelo latifundista heredado de la Colonia y la consolidación de una oligarquía violenta.

En este periodo se vive una autonomización del narcotráfico y multiplicación como fortalecimiento del paramilitarismo, del crimen, de la corrupción gubernamental, a la par de ampliación de los acuerdos de cooperación antiterrorista con los Estados Unidos.

En medio de las acciones militares, abiertas o encubiertas, desplegadas desde el Estado, se llega a un proceso de genocidio continuado en que los muertos se cuentan en 400.000, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los desplazados en 8 millones. Es claro que el narcotráfico sirvió no sólo para derrotar a los enemigos del latifundismo y para la entrega de la soberanía del país, sino también para expandir como nunca los territorios de la élite latifundista, particularmente en el cultivo de la coca, la palma africana y otras plantaciones y en la expansión de la extracción minera, gracias a lo cual, esta oleada de violencia permitió el despojo de 6 millones de hectáreas a los campesinos.

2010-2021, es el periodo comprendido por la séptima oleada y en el que resalta la concreción de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el cual termina bloqueado por los resultado de un plebiscito en el que la sociedad votó mayoritariamente en su contra, resultados ahondados por los posteriores incumplimientos, o lenta concreción, de lo acordado. El asesinato de cientos de los desmovilizados extiende la constante histórica de violencia en contra de todo tipo de opositores.

Una realidad ampliada al conjunto social en las jornadas de descontento social que tomaron cuerpo desde finales del mes de abril del año en curso, y en las cuales se registra decenas de asesinatos, lesionados, amputados en una de sus vistas, violaciones y agresiones sexuales de distinto tipo padecidas por jóvenes detenidas, miles de capturas, entre otras manifestaciones de un poder expresado de manera abierta en su real carácter.

Esta constante de violencia desplegada desde el Estado nos coloca ante un persistente sistema de genocidio, concretado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo social desde la eliminación física y la utilización de otras técnicas.

Persistencia en la amenaza, agresión y exterminio, consolidada como comportamiento sistemático. El crimen es un genocidio continuado, materializado como un fenómeno histórico de larga duración, con actores cambiantes pero conjugados con propósitos estratégicos compartidos que deriva en intentos de largo aliento de destrucción de grupos nacionales. Como parte de ello, el discurso de la institucionalidad estatal y fuerzas militares fomentan una doctrina contrainsurgente con una lectura de enemigo que cubre al conjunto social que protesta. Englobar a la población civil en una estrategia contrainsurgente, con medidas de control y acción, tratándola como si estuviera involucrada con la lucha armada es parte de ello, lo justifica y lo propicia. Es un persistente proyecto de reorganización social, concretado a través del terror, a través de decenas de masacres y crímenes selectivos o no, parte de los cuales han sido asumidos por instancias internacionales las que, tras revisar las demandas judiciales, han proferido condenas en contra del Estado colombiano.

Los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que se suman al genocidio continuado se concentran en dos fenómenos: en la estrategia de apropiación y control del territorio que implica el desplazamiento, el reclutamiento de menores, pérdida de identidad de las comunidades. Y la segunda mención incluye, incluso, el siniestro plan de los falsos positivos, justificado en la doctrina militar del enemigo interno que naturaliza las violaciones sistemáticas; así se fue arraigando una práctica de premios y estímulos para lograr bajas –de supuestos enemigos armados– como práctica recurrente, así lo registran las 50 órdenes del general Nicacio Martínez para exigir cuotas de muertes, como requisito para permanecer en el cargo. Una práctica degradante que segó la vida de muchos jóvenes presentados como combatientes y que tuvo su punto más álgido entre los años 2004-2008.

La realidad de una sociedad sometida a tal nivel de violencia, con fines claramente determinados, lleva al Tribunal a condenar a todos los presidentes que han regido al país desde 1946. Preocupa la impunidad, en la que se enfoca finalmente el Tribunal, calificada como una constante histórica, componente clave para la vulneración masiva y continuada de los derechos humanos en la que la persistente impunidad oscila entre el 98 y el 99 por ciento.

Con la sentencia emitida por el TPP, los acusados no tendrán castigo, los verdugos proseguirán impunes, pero somos testigos de la barbarie y nuestra misión es ser la persistente memoria que denuncia.

 


¿Qué es el TPP?

 

El TPP es un Tribunal Internacional de Opinión o de Conciencia, no un tribunal judicial ni pretende serlo ni dispone de medios para serlo. Tampoco fue creado mediante instrumentos jurídicos ni estatales ni por tratados internacionales, sino de manera privada. De acuerdo a su Estatuto, busca ser tribuna de visibilidad del derecho a la palabra y de afirmación de los derechos de los pueblos expuestos a violaciones graves y sistemáticas por parte de actores públicos o privados, nacionales o internacionales. También busca ser una herramienta para explicitar y determinar la existencia, gravedad, responsabilidad e impunidad de las violaciones cometidas, de las medidas de justicia y de la reparación debida. Así mismo: testigo y promotor de la investigación dirigida a llenar las lagunas institucionales y doctrinales del derecho internacional actual. Su única legitimidad es la que le reconocen quienes solicitan su actuación. Con todo, el artículo 17 de su Estatuto le ordena informar a los gobiernos, autoridades o grupos privados involucrados, sobre las acusaciones y peticiones que les conciernen y sobre la posibilidad de participar en cada etapa del procedimiento, presentado pruebas y ejerciendo la defensa.


Apertura

Un Comité Impulsor en Colombia preparó el evento de lanzamiento que tuvo lugar el 26 de enero de 2021 en el cual el Tribunal recibió la acusación formal de parte de los Fiscales: lxs juristas ÁNGELA MARÍA BUITRAGO e IVÁN VELÁSQUEZ y escuchó informes de otras personalidades. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2021 se realizaron las audiencias públicas en Buca-ramanga, Bogotá y Medellín a las cuales acudieron delegados de numerosos movimientos y sectores sociales victimizados, quienes además de la prueba oral pusieron a disposición del Jurado una extensa y detallada documentación. El Tribunal notificó a las autoridades colombianas y las invitó a pronunciarse sobre la acusación, a lo cual no respondieron y el Tribunal escuchó una defensa de oficio del Estado.


 

Sábado, 02 Octubre 2021 06:29

"No es un chiste", ¿o sí?

"No es un chiste", ¿o sí?

Un meme: una foto en blanco y negro; una silueta borrosa de un coche suspendido por un instante en el aire a la altura de lo que parece el quinto piso (unos 20 metros); debajo una raya roja con una leyenda: "Límites del humor"; arriba una flecha dirigida al carro y un escrito: "Yo". Una amiga vasca que lo manda dice: "Ya sabes, esa soy yo". Un chiste dentro del chiste.

El carro es desde luego aquel Dodge 3700 GT del almirante Luis Carrero Blanco, el jefe del gobierno español franquista, que aunque pesa casi dos toneladas volará por encima del techo de la casa vecina y tras varias acrobacias acabará en un balcón de su patio interno. La foto es tomada en Madrid el 20 de diciembre de 1973 a las 9:27 horas cuando su ocupante, la segunda más importante figura del régimen fascista de Francisco Franco después del propio Generalísimo, queda asesinado por la ETA –un atentado que precipitará la caída del régimen– mediante la colocación de una potente carga explosiva en un túnel debajo de la calle en su ruta diaria desde la iglesia hacia el palacio de gobierno.

“La religión –aparentemente– sí mata.” Perdonen –o igual y no– el chiste.

Según otro amigo, la misma tarde en un bar en Bilbao aparece un cartelito: "Tome vino tinto, que el blanco está por los cielos". La caja con chistes queda abierta. El genio del (¿post?)humor se sale de la botella y ya será imposible volver a meterlo allí (aunque algunos lo internarán): "Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: carrera espacial"; "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella"; "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial"; “‘De todos mis ascensos, el último fue el más rápido’, Carrero Blanco”. O más memes: "Me voy a subir esta foto a la nube" (Carrero Blanco en una ventana de su coche con celular en la mano); "Feliz Navidad" (los renos tirando al Dodge adornado con la gorra de Papá Noel); "Hostia, Carrero Blanco..." (sobrepuesto a una tira cómica de Spiderman observando un coche volador); "Arriba España" (en una imagen de su coche volando) y un largo etcétera. Seguido alguien trolea a la Wikipedia y le pone "astronauta" como ocupación.

Por los tres primeros chistes en marzo de 2017 Cassandra Vega, una tuitera de 21 años, fue condenada por la Audiencia Nacional, el tribunal del Estado Español, a un año de prisión. Aunque la sentencia fue revocada, ya que "pese a que los tuits eran reprochables social e incluso moralmente en cuanto se mofaban de una grave tragedia humana (¡sic!), la sanción era desproporcionada" y Cassandra nunca pisó la cárcel, todo el affaire desnudó al menos dos procesos en curso: 1) la hegemonía del relato franquista de la historia y del pasado traumático en España; 2) la creciente judialización de la historia (a punto de considerar delito ciertas formas del humor).

El hecho de que el fallo original apelara a los artículos sobre el terrorismo referentes al "descrédito, menosprecio o humillación de sus víctimas", tratando a Carrero Blanco como una persona privada cuya "grave tragedia humana" no debería ser mofada y no un pilar de un sangriento régimen fascista (1939-78) –¡por cada asesinato de Mussolini, Franco en el marco de su represión de carácter genocida y una "solución al problema nacional", cometió 10 mil!– es muestra de ambos. Lo explican sólo los escasos avances en materia de verdad, justicia y reparación (120 mil de víctimas del franquismo yacen aún en fosas comunes no identificadas...) y la impunidad de los verdugos, garantizada por décadas por diferentes gobiernos, mundo mediático y judicial, todo a lo que los recientes esfuerzos del gobierno de Sánchez ("memoria democrática"), a pesar de ciertos logros, han sido incapaces de enfrentarse.

Mientras en Alemania –país que más quizás avanzó en materia de "trabajar" el pasado– elogiar a Hitler o al nazismo es delito –lo mismo pasa con Mussolini y el fascismo en Italia–, en España el negacionismo y la apología del franquismo son institucionalizadas. Sin ir más lejos: la fundación Francisco Franco, que glorifica la figura del dictador, se financia con dinero público.

Mientras en Alemania los alegatos como los de Alternative für Deutschland (AfD) que asegura que "respecto a la historia los alemanes no tenemos nada de que avergonzarnos" –algo que en sí mismo parece un (mal) chiste o una de estas ocasiones cuando, como diría un clásico, "uno perdió la chance de quedarse callado"–, están relegados a los márgenes e indefendibles, en España –no sólo en los márgenes de Vox– reina el "orgullo" y la calificación de los que participaron en la lucha en contra de la dictadura y sus funcionarios como "terroristas", junto aparentemente con los que bromean de ellos, como si en Alemania quedaría prohibido hacer chistes de Hitler o de Reinhard Heydrich o Franz Kutschera (para buscar ejemplos parecidos a los de Carrero Blanco).

Cuando Franco designó al Juan Carlos I el jefe del Estado y de las fuerzas armadas, éste, junto con la protección a las figuras del establishment fascista y el pacto del silencio respecto a la historia, extendió también el velo de la prohibición del humor. El hecho de que uno no pueda bromear del rey –o pueda, pero con riesgos ("las injurias a la corona")– es fruto de las mismas prohibiciones. Eso sí, no es un chiste.

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Recuperan en Colombia restos de 73 posibles víctimas de desaparición forzada

 Un total de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada fueron recuperados luego de 13 días de intervención en el cementerio La Dolorosa, del municipio colombiano de Puerto Berrío, en Antioquia (noroeste), informó la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz).

"Desde el 14 hasta el 26 de septiembre la Unidad de Investigación y Acusación participó en la diligencia de recuperación de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en Puerto Berrío, Antioquia, en conjunto con la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas)", indicó dicha unidad a través de Twitter.

La diligencia fue parte de las medidas cautelares adoptadas por la JEP para proteger zonas en las que posiblemente se encuentren cuerpos de víctimas del conflicto.

La acción humanitaria es hasta el momento la mayor desarrollada para identificar los restos de posibles víctimas de desaparición forzada cuyos restos fueron sepultados en el cementerio La Dolorosa, protegido con medidas cautelares de la JEP para evitar cualquier tipo de intervención mientras se realizan las exhumaciones e investigaciones respectivas.

Los restos fueron depositados en ese cementerio por la misma comunidad, que recogió de manera frecuente los cuerpos que llegaban al municipio arrastrados por la corriente del río Magdalena, el más grande de Colombia.

Hasta la fecha han sido recuperados en ese cementerio 116 restos óseos de posibles víctimas del conflicto armado, luego de que en abril pasado se exhumaron otros 43 cuerpos, que se han puesto a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.

Según la JEP y la UBPD, en la zona del Magdalena Medio, que comprende el departamento de Antioquia, se prevé que estén los restos de unas 1.940 personas víctimas del conflicto.

Reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que de ellas, 851 estarían en el municipio de Puerto Berrío, 518 en Puerto Boyacá, 270 en Puerto Triunfo, 181 en Puerto Nare y 120 en Puerto Salgar.

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Martes, 28 Septiembre 2021 05:36

Un aniversario desabrido

Un aniversario desabrido

Llegamos de manera casi inadvertida al aniversario de los dos siglos de la independencia centroamericana. Los fastos oficiales son escasos, y los gobiernos de las antiguas provincias que un día constituyeron la república federal no han programado ni los tradicionales juegos pirotécnicos para la magna fecha del 15 de septiembre, ni vistosos desfiles militares.

Tampoco parece que los presidentes de los países centroamericanos se verán las caras, aún en un encuentro ceremonial a distancia; si aún no han podido ponerse de acuerdo en nombrar un nuevo secretario general del Sieca, el organismo regional de integración es porque hay desavenencias, algunas de fondo, que afectan aún a los actos protocolarios.

La independencia de las provincias de Centroamérica, proclamada en 1821 en Guatemala, entonces sede de la Capitanía General, cayó como una fruta madura después que en los otros países latinoamericanos culminaban, o estaban por culminar, las grandes epopeyas libertadoras. Y quienes la proclamaron corrieron de inmediato a anexar a la recién independizada Centroamérica, que incluía entonces a Chiapas, al imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que no tardó en fracasar.

Según el acta misma, la independencia se declaraba "para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo". Desde entonces aprendimos la regla de oro de que entre nosotros todo cambia para que no cambie nada, según la regla gatopardeana. En lugar de próceres y revolucionarios, lo que hemos tenido casi siempre son ilusionistas de oficio.

Lo primero que se precisa es un balance de la democracia tras estos 200 años. Al romperse con el molde colonial, lo que se escribió en las constituciones fue un credo de libertad cimentado en las ideas de la ilustración, la revolución francesa y el acta de independencia de Estados Unidos.

Si un denominador común había en estas proclamas liberales, era la convicción de que todos los caminos de regreso hacia el autoritarismo monárquico quedaban cerrados y el ideal era la formación de una república federal cimentada con independencia de poderes y elección libre de autoridades.

Este modelo político se había vuelto insoslayable para quienes dieron la lucha libertaria en el continente americano, de Bolívar, a Sucre, a San Martín; y al general Francisco Morazán, quien, lograda la independencia de Centroamérica, peleó por la sobrevivencia de la república federal; aquel proyecto finalmente frustrado tras largos años de guerras civiles le costó la vida.

La historia independiente de Centroamérica parte así de un gran fracaso, el de la república federal. Los cinco países estaban marcados por las inquinas entre caudillos, y el provincianismo más cerril pugnaba por la dispersión. Estar unidos o separados se volvió, por desgracia, un asunto de divisas políticas: los liberales eran los federalistas y los conservadores, los localistas, con la añoranza de la autoridad monárquica. Y entonces la unión centroamericana pasó a ser asunto militar, que debía dilucidarse por medio de las guerras. Y así siguieron fracasando estos países, ya sueltos, entre el acoso de las grandes potencias coloniales e imperiales.

Más tarde, ya en el siglo XX, el siglo de las dictaduras bananeras, el asunto de la unidad política se volvió una mofa. Cuando al viejo Somoza le preguntaban por la unión centroamericana, respondía con todo cinismo que su renuncia a la presidencia estaba a la orden para facilitar esa unión. Un pícaro, que igual que sus congéneres vecinos, ofrecía lo que sabía no estaba en riesgo, su propio poder, porque la unidad no era sino una proclama vacía. Había llegado a ser un sainete.

Centroamérica tiene un territorio conjunto de más de medio millón de kilómetros cuadrados, con una población de 50 millones de habitantes, inmensamente joven. Se trata de un gran país, visto en su conjunto, y, por tanto, de un gran mercado potencial. El Tratado de Integración Económica de 1960, fue un intento, cada vez más maltrecho.

Pero lo que más agobia a Centroamérica, ya entrado el siglo XXI, es la persistente debilidad de sus instituciones, carcomidas por el autoritarismo, que sigue tan campante como en el siglo XIX, cuando los caudillos armados en guerra no querían bajarse del caballo, ni tampoco de las sillas presidenciales, que matriculaban como suyas para siempre.

Unas instituciones carcomidas por la corrupción, que contribuye al descrédito de la democracia, bajo la amenaza permanente del narcotráfico que se cuela en las esferas más altas del poder, en el sistema de justicia y en el aparato de seguridad pública.

La población joven de Centroamérica, que es mayoritaria, está llamada a hacerse cargo sin demora de revisar el pasado que nos frena, con sus rémoras antidemocráticas y excluyentes, y sus egoísmos y perversidades, para abrir el camino hacia el futuro común.

Las oportunidades en este siglo XXI en que nos adentramos serán de conjunto para los países centroamericanos, y no las habrá para pequeñas parcelas aisladas, que no son viables por sí mismas.

Y sin democracia, sin instituciones creíbles, no vamos a ningún lado.

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Freire: pedagogía popular de la revolución permanente

Paulo Freire habría cumplido 100 años el pasado 19 de septiembre. Fue la suya una biografía fecunda que irrumpió en muchas de nuestras biografías personales y colectivas para darles un viraje decisivo. Su historia personal se metió en la historia del sur global para romper con una historia neocolonial, de opresión y dominación.

Hasta ahora empieza a aquilatarse el aporte de este educador brasileño no sólo a la educación, sino a las luchas de liberación, a las causas populares en toda nuestra América y de los condenados de la tierra, como Freire diría citando a Fanon.

La pedagogía de Paulo Freire, entendida no como un "método" de educación, sino como una serie de actitudes básicas y una mística de trabajo con el pueblo, con los oprimidos, vinieron a enriquecer las motivaciones y las prácticas de miles de personas que, en 1968, e inmediatamente después, vimos que la revolución no se hacía en las aulas ni en las universidades, sino en las calles, en las fábricas, en los ejidos, en las colonias populares.

La oleada revolucionaria global de esos años y la represión de que fue objeto por todos lados, la motivación de los Ches Guevaras, los Camilos Torres, la naciente teología de la liberación, nos sacaron de la zona de confort de la teoría revolucionaria y nos llevaron a trabajar y a vivir con el pueblo. Ahí nos encontramos maoístas, comunistas libertarios, guevaristas, cristianos comprometidos, trotskistas, anarcohippies y demás. En aquel entonces teníamos la plena convicción de que las famosas "condiciones objetivas" para el proceso revolucionario estaban ya dadas, pero no le encontrábamos la cuadratura al círculo de las condiciones subjetivas. No bastaban Lenin ni Luckacs.

Fue cuando volteamos los ojos a donde deberíamos haberlo hecho: hacia América Latina. Y nos encontramos una serie de prácticas reflejadas en dos libritos –librazos– que nos cambiaron la vida a muchos: Pedagogía del oprimido y La educación como práctica de la libertad. En ellos, sin alardes, ni abstrusos planteamientos teóricos, pero con solidez, Paulo Freire nos hablaba de su práctica en Brasil y en Chile, de sus círculos de cultura, el encuentro de las personas para problematizar y cambiar su realidad. No se trataba aburridos cursos de formación política. Se partía, no de la teoría de los grandes revolucionarios, sino de la realidad inmediata, cotidiana, de cada grupo de gente del pueblo. No se trataba de beber de la cultura revolucionaria, sino de que la gente analizando su realidad dijera su propia palabra y se convenciera ella misma de su capacidad de generar cultura, no libresca, sino de transformación de su mundo. Esto daba un giro copernicano a la metodología para hacer que quienes eran "clase en sí" pasaran a ser "clase para sí". Al poner al pueblo como el sujeto activo de su reflexión crítica y de la toma de conciencia colectiva se superaba el papel de la llamada "vanguardia iluminada" y el supuesto educador se convertía en educando y el educando, en educador. Este educar transformando y transformar educando, las acciones que educan, más que la educación para la acción, generaron por todos los rumbos de la patria grande y de nuestra patria chica, infinidad de luchas, movimientos, experiencias organizativas, construcción de alternativas populares, comunidades de base, sindicatos independientes, organizaciones de colonos, movimientos campesinos, que cambiaron la faz social y política de nuestro subcontinente.

De ahí surgieron en México las famosas coordinadoras de los años 70; en el Cono Sur, las resistencias populares contra las dictaduras; en Centroamérica, los núcleos que alimentaron las guerrillas de liberación. Fue un florecer de conciencia, organización y acción comunitaria libertaria, desde abajo, no centralizada; fue una acumulación de distintas fuerzas que luego desembocaría en los movimientos que derrumbaron las dictaduras y generaron las fuerzas políticas, como el PT, en Brasil, y las coaliciones que hicieron posible la primera oleada progresista en América Latina y la segunda, que ahora estamos viviendo.

No sólo eso, ese movimiento social-político-pedagógico también contribuyó a los movimientos insumisos que encarnan las diversas resistencias y buscan otro mundo donde quepan muchos mundos, seguir combatiendo por la vida, la diversidad, la diferencia, la comunidad de los seres vivos, como lo hacen el EZLN, el CNI, el Movimiento de los Sin Tierra, los movimientos indígenas del Ecuador, de Bolivia.

Es cierto que se ha ido construyendo un sujeto colectivo latinoamericano que ha llevado a varios gobernantes de izquierda al poder. Pero la burocratización, la cooptación por los poderes, la lógica capitalista, presente aun en gobiernos progresistas, la exclusión de los diferentes, son fuerzas subterráneas que pueden descarrilar, cualquier proyecto alternativo. Eso le confiere vigencia a la sencilla fórmula freiriana: "aprender para poder enseñar y seguir aprendiendo", llevada a la dinámica cotidiana de transformación social, base de la revolución permanente.

Frei Betto señala al respecto: “…si queremos rescatar el legado de Paulo Freire, el camino es volver al trabajo de base con las clases populares, adoptando su método en una perspectiva histórica, abierta a las utopías libertarias y al horizonte democrático. Fuera del pueblo no hay salvación”.

Por todo esto, Paulo Freire, a sus 100 años, sigue viviendo. Y, si no, hay que revivirlo.

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El hombre que altera las leyes de la perspectiva

A 82 años de la muerte de Sigmund Freud

 

A modo de homenaje a los 82 años de la muerte de Sigmund Freud, recordamos una carta recibida tres años antes para su cumpleaños: “Ya sé que no le gusta que se celebre su día, pero el egoísmo de la naturaleza humana, que usted conoce tan bien, reclama su derecho (...) es sobre todo nuestro, un día de agradecimiento de todos los intelectuales de la Tierra. Nosotros, que en principio no consideramos gratos a los 'guías', seríamos, sin embargo, de lo más desagradecido si no pensáramos con amor y gratitud en aquellos que nos han guiado en el conocimiento del alma y del espíritu". 

Stefan Zweig escribió estas líneas el 4 de mayo de 1936, en nombre propio y de Thomas Mann, H. G. Wells, Romain Rolland, Virginia Woolf y Jules Romain y luego vinieron los nombres de quienes se adhirieron a la felicitación, en total más de 350 personalidades de la ciencia, las artes, el periodismo, la crítica, la sociología, la antropología, en fin... toda la cultura representada y convergiendo en festejar el cumpleaños de este hombre que, alterando las leyes de la perspectiva, vemos agigantarse su obra a medida que se aleja. 

Tomamos esas palabras porque este 23 de septiembre recordamos el 82º aniversario de la muerte del hombre que le dio forma y color al pensamiento y la creatividad del siglo XX en las ciencias y en las artes. Como psicoanalistas estamos acostumbrados a sentirnos influidos por sus ideas y eso es lógico dado el hecho de que somos los herederos de sus descubrimientos y sus creaciones. Pero, en general, aún no se tiene la más remota idea de la influencia de Freud, directa o indirectamente, en todo tipo de actividades. Por ejemplo: sonaría extraño decir que las teorías de la economía mundial fueron influidas por Freud, y eso porque se ignora en general que el mismo Keynes dijo explícitamente que sin Freud no hubiera podido escribir su teoría sobre el dinero.

Otro ejemplo: una preocupación mundial actual, el deterioro del medio ambiente, el cuidado de la eliminación de residuos y los efectos de las emanaciones químicas y calóricas de los grandes centros urbanos tuvo como uno de sus investigadores pioneros a un paciente de Freud: Arthur Tansley, creador del concepto de ecosistema y pionero de la ecología, quien a su vez parece haber influido en algún párrafo del El yo y el ello.

Los grandes nombres de la literatura universal, muchos de ellos Premios Nobel de Literatura, fueron amigos e influidos por Freud: Romain Rolland, Thomas Mann (en “José y sus hermanos” hay cuatro capítulos que son la mejor descripción literaria de “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia”), Stefan Zweig, Arthur Schnitzler (a quien Freud le decía su "otro yo literario"), Arnold Zweig (autor de una de las más bellas creaciones literarias sobre la catástrofe humanística de la Primera Guerra Mundial, "La disputa por el sargento Grischa", que Freud no paraba de recomendar), Carl Spitteler, Jules Romain, H.G. Wells, Virginia Woolf, André Gidé, Knut Hamsun, Herman Hesse, Arnold Zweig, Aldous Huxley, James Joyce, Roger Martin du Gard, Sandor Marai, Somerset Maugham, André Maurois, Robert Musil, Gómez de la Serna, Albert Schweitzer, Guillermo de Torre, Franz Werfel, y muchos etc. 

En forma individual o institucional se observa que donde haya un terreno fértil la semilla que dejó Freud sigue dando frutos y la historia del ser humano del último siglo confirma el realismo de gran parte de sus teorías. A diferencia de la música de moda cuya repetición aburre, ocurre con la música y la literatura clásicas que cada vez que la oímos o leemos parecen ser una novedad y todo aquel que tiene la fortuna de estar en esa situación podrá comprobarlo. Y debido a su profundo conocimiento del alma humana y su trasfondo cultural nos da la impresión de que cuando leemos un libro de Freud hemos estado leyendo muchos libros.

José Treszezamsky es psicoanalista, excoordinador del Departamento de Historia de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Autor del libro Historias del Psicoanálisis.

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Lunes, 20 Septiembre 2021 04:57

La letra escarlata del senderismo

La letra escarlata del senderismo

No hay un solo periódico peruano –independientemente de la tendencia política– que no haya festejado la muerte de Abimael Guzmán, fundador y líder máximo de Sendero Luminoso, subrayando que murió derrotado después de tres décadas de encierro.

La postura de los medios, que coincide en esto con la opinión pública mayoritaria, no contiene ni un atisbo de compasión por un anciano de 86 años aquejado por múltiples enfermedades. Una conocida conductora televisiva ha llegado a indignarse con la BBC por haber definido a Guzmán "líder guerrillero" en vez de "cabecilla terrorista", como parece obligatorio.

No ha de sorprender un rechazo tan profundo y unánime hacia Sendero Luminoso y su fundador: la cadena de atrocidades cometidas en sus 12 años de actividad (1980-92) pertenecen a la categoría de lo deshumano y no podrán jamás ser olvidadas. Un eficaz botón de muestra es la matanza de Lucanamarca (1983), en la provincia de Ayacucho, donde 69 comuneros fueron masacrados con hachas, palos, piedras y armas de fuego porque en la zona se había matado a un mando senderista. Esta cruel matanza, donde perdieron la vida 18 niños, les valió una sentencia de cadena perpetua a Guzmán y a su compañera, Elena Iparraguirre, todavía detenida.

El hecho de que Abimael Guzmán –el Presidente Gonzalo en la nomenclatura senderista–, un profesor de filosofía muy politizado, se reclamara partidario de una ideología tan respetable como el maoísmo, no lo exime de los crímenes cometidos. Su concepción política es una trágica caricatura del maoísmo, su pensamiento "Gonzalo" es una burda imitación de El libro rojo de Mao, una estrategia más genocida que comunista.

De hecho, el senderismo –y en esto colinda con el polpotismo de los khmer rojos– es al comunismo como el Ku Klux Klan es al cristianismo. Más que desviaciones, parecen ser gusanos de la manzana, desafortunadamente aprovechados por las derechas para embarrar todo lo que huela a izquierda y progresismo.

En estos días, se ven con más claridad que nunca los efectos de la demonización excesiva –y en parte instrumental– de que ha sido objeto el senderismo: el debate central parece ocuparlo la cuestión de qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán: ni que fuera un vampiro a quien plantar una estaca. Una gran parte de la opinión pública piensa que sus restos deberían ser incinerados y lanzados al mar para evitar que se le rinda culto, pero el presidente Pedro Castillo ha delegado la decisión a la Fiscalía de la nación.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que trató de reconstruir el cuadro más verosímil de la guerra entre Sendero y el Estado, afirma en su informe final de 2003 que 46 por ciento de los 69 mil 280 muertos y desaparecidos, víctimas del conflicto armado, han sido producidos por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso; 30 por ciento provocados por agentes del Estado y 24 por ciento por otros agentes o circunstancias.

Ya así, el número de personas muertas por el Estado supera las 20 mil. Y hay que preguntarse cuántos de ellos habrán sido efectivamente senderistas, porque la represión, especialmente en la sierra, ha sido ciega y feroz.

Hay aquí una evidente disparidad en la apreciación de los dos bandos por parte de la sociedad peruana: a los senderistas –pero también a los simplemente sospechosos o acusados de simpatizar– se le sigue execrando y discriminando aún a 30 años de distancia, sin considerar mínimamente si se han arrepentido, han cambiado de opinión o quieran reconciliarse con la sociedad. A diferencia de Italia y Alemania, donde a los brigadistas rojos y a los ex RAF se les ha dado una oportunidad de retomar una vida social y laboral, en Perú se les sigue discriminando y acosando a vida, como a las adúlteras en la famosa novela de Hawthorne.

Al MOVADEF –Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales–, que aboga por la libertad de los presos políticos y es considerado por la derecha el brazo político de Sendero, se le niega obstinadamente el ingreso en política y se le acusa de injerencia y participación en el gobierno de Pedro Castillo.

Por el contrario, para quien hay perdón y olvido es para el Estado y sus fuerzas armadas, que han cometido crímenes y atrocidades de la misma gravedad e inhumanidad. Un ejemplo iluminante es ofrecido por la reciente sustitución, a pocos días de su nombramiento, del secretario de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un escritor, sociólogo y catedrático que fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en la década de los 60. La "culpa" de Béjar, sagaz intelectual y hombre intachable, ganador de un premio Casa de las Américas, consiste en haber declarado meses atrás que la CIA estadunidense y la Marina peruana tenían que ver con la aparición del terrorismo en Perú.

¡Ábrete cielo! La Marina de Guerra de Perú –como orgullosamente se autodenomina– se ha rasgado las vestimentas y denunciado a gritos el insulto, olvidando que, si no ha participado en la génesis del terrorismo, ciertamente lo ha practicado, junto al genocidio, y hay constancia histórica de ello. Un sólo episodio basta para demostrarlo, se llama la matanza de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara y es uno de los episodios de cobardía y crueldad más relevantes de la década de los 80.

A un motín en las tres cárceles, el 18 de junio de 1986, que aprovechaba la apertura de la Internacional Socialista en Lima para atraer la atención hacia los presos senderistas, la respuesta del Estado fue el bombardeo y exterminio de cerca de 300 presos bajo su custodia. Una vez rendidos, los revoltosos sobrevivientes fueron exterminados con armas de fuego y bayonetas. Quien ordenó esta atrocidad fue el entonces presidente Alan García, quien nunca pagó por este crimen, y el ejecutor, la Marina de Guerra de Perú.

Por Gianni Proietti, periodista italiano

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El periodista Daniel Mendoza Leal, en una manifestación contra la llegada del presidente de Colombia a Madrid, en la Puerta de Alcalá, a 12 de septiembre de 2021, en Madrid. — Isabel Infantes / Europa Press

Amenazado de muerte, Daniel Mendoza (Bogotá, 1978) se escondía en el maletero de los coches de sus amigos para trasladarse de un lugar a otro y concedía entrevistas de forma clandestina. Se refugió en la embajada francesa y finalmente huyó de Colombia antes de que una bala pudiera acabar con su vida. Este abogado, criminalista y periodista, había asombrado al país desde mayo de 2020 con el lanzamiento de la serie web Matarife, en la que se narra de una manera innovadora y audaz el contubernio entre políticos, narcotraficantes y paramilitares.

Apoyado en investigaciones propias y de otros periodistas colombianos, Mendoza desgrana en Matarife las oscuras relaciones entre el poder y el hampa, y señala con el dedo a quien, a su juicio, es el capo dei capi de la narcopolítica: el expresidente (2002-2010) y hoy senador Álvaro Uribe, protagonista de una serie que ha convulsionado los cimientos de la política colombiana. Con un pulso narrativo vibrante, cercano al thriller psicológico, y un formato de breves píldoras audiovisuales, el documental ha llegado a los móviles de millones de colombianos (unos 35 millones de visitas en YouTube).

Con Mendoza como hilo conductor, por la pantalla desfilan testimonios e imágenes de la historia reciente de Colombia, los asesinatos de activistas sociales, la ejecución de miles jóvenes en el caso de los "falsos positivos", las vendettas de los narcotraficantes y sus alianzas con la élite política y económica del país... No es una ficción de Netflix. Es Colombia al desnudo. En Matarife se dan la mano la investigación, la denuncia y la estética en una experiencia subversiva y creativa, en palabras de su autor. Antes de abandonar Madrid, donde ha promocionado la segunda temporada de la serie, Mendoza recibe a Público.

Con sus tatuajes, su apariencia le acerca más a la farándula que al Derecho penal. Mide cada palabra que dice, no en vano ya le han caído varias denuncias por sus investigaciones, mientras recapitula sobre el vértigo de sus últimos años y sueña ya con la tercera temporada de la serie.

'Matarife' es todo un fenómeno audiovisual en Colombia, con millones de visitas en YouTube. ¿Qué se encuentra el espectador en la serie?

La primera temporada está basada en tres artículos (sobre la carrera política de Uribe y sus presuntas relaciones con el narcotráfico) que publiqué en el medio digital La Nueva Prensa y que fueron virales en Colombia. Esos artículos formaron el esqueleto de la primera temporada, que también se nutre de las investigaciones de periodistas como Gonzalo Guillén. Al principio pensamos en que yo fuera una sombra, con otro nombre, porque nos estábamos enfrentando a un aparato de poder, a una fábrica criminal, pero luego pensé que una sombra iba a asustar más a la gente. Decidí entonces exponerme y poner la cara. Todos me dijeron que estaba loco y yo les contesté que era la única forma de que funcionara el proyecto. Un proyecto, Matarife, cuya principal finalidad era que Colombia le perdiera el miedo a Uribe. Hasta ese momento todo el mundo se refería a él como El Innombrable para evitar las denuncias al acusarlo en redes. Pero yo necesitaba que la gente empezara a decir lo que es: un narcotraficante, un mafioso y un genocida. En mi artículo Uribe, el asesino que nos puso la mafia se ofrece una visión de lo que fue desde su nacimiento hasta su último periodo presidencial.

El propio rodaje de la serie y la promoción de la primera temporada es material digno de una película de suspense.

Para protegerme de Uribe, tuve que inventar que la serie había sido realizada por una productora australiana y que contaba con apoyos de afuera. En realidad, al proyecto de la primera temporada le dimos forma cuatro personas durante tres o cuatro meses. Fue una estrategia de engaño al Gobierno, y, en cierta forma, nos resultó. Ellos pensaban que toda la serie ya estaba hecha al lanzar el primer capítulo y que contábamos con apoyos internacionales, pero lo que hacíamos César Andrade [cineasta mexicano] y yo era ir grabando y editando cada capítulo poco a poco. En la segunda temporada despejo las dudas y explico nuestro vía crucis mientras hacíamos la primera parte. Yo pensaba que Matarife me iba a cubrir, pero lo que hizo fue echarme los sicarios encima. Pensaba que me iban a matar sin haber visto la reacción de la gente al ver la serie.

¿Y se fue de Colombia por ese temor a que lo mataran?

Recibí una serie de amenazas después de que en La Nueva Prensa se denunciara la compra de votos en las elecciones que llevaron a Iván Duque [actual mandatario] a la presidencia por medio de Uribe, en asociación con el cártel de la costa caribeña, del narcotraficante Marquitos Figueroa. Esas denuncias iniciaron una serie de amenazas [contra varios periodistas] después de que Uribe me acusara de ser un subversivo de la izquierda internacional y llamara a sus seguidores a tomar acciones en mi contra. Un senador de la República grabó una llamada en la que un informante le decía que la Oficina de Envigado [una organización criminal] había dado la orden de ejecución de varios periodistas de La Nueva Prensa. Entonces empiezan a buscarme para matarme a mí también en Bogotá. La Fundación para la Libertad de Prensa y varios senadores progresistas pidieron mi protección y ahí empieza mi huida en los baúles [maleteros] de los carros de mis amigos. Yo vivía cada día para dar una entrevista y decirle a la gente que Uribe era un narcotraficante y un genocida. Me buscaba la Policía, el Gobierno y los peores cárteles del narcotráfico y del paramilitarismo. Sabía que no iba a durar mucho tiempo antes de que me encontraran y me mataran. A través de Amnistía Internacional y una amiga abogada, me contactó la embajada de Francia y me dijeron que estaban dispuestos a salvarme la vida. Me refugié en la embajada y poco después me sacaron del país en un vuelo humanitario.

¿Qué pensó al tener que abandonar Colombia de forma forzada mientras millones de ciudadanos veían su serie?

Lo primero que pensé cuando se cerraron las puertas del avión fue que ya no me iba a morir. Y el segundo pensamiento que me vino a la cabeza fue hacer la segunda temporada y cómo carajo iba a hacerla en Francia. Lo único que se me ocurrió es que tenía que seguir contando la historia, pero ubicando escenas en Francia, y la segunda temporada se desarrolla allí con un formato y una narrativa más digerible para el público internacional. Se puede ver sin haber visto la primera, más centrada en el público colombiano. Esa primera temporada tuvo una difusión de más de 25 millones de visitas. Hoy, juntando las dos temporadas, hay casi 35 millones de visitas solo en el canal oficial.

Usted nació en el seno de una familia de la élite colombiana y fue miembro del selecto club El Nogal, objeto de sus denuncias

Sí, nací en una familia de la élite, no sé si afortunada o desafortunadamente para mí. En el club El Nogal empecé a observar algunas cosas y esto, unido al hecho de que yo era abogado penalista y que tenía conocimiento de expedientes de la parapolítica, me llevó a ver las relaciones que había entre la élite colombiana, el paramilitarismo y el narcotráfico. En el centro de todo eso estaba Álvaro Uribe. Eso me hizo escribir una serie de artículos que involucraban al club El Nogal como una institución que reunía a peligrosos delincuentes, corruptos, lavadores de activos, narcos y paramilitares, y tras esas denuncias me expulsaron del club. Después de cuatro años, gané un proceso judicial que anula esa expulsión, lo que significa un triunfo para la libertad de expresión en Colombia.

'Matarife' presenta hechos que ya se conocen en Colombia, pero de una manera original y dinámica. ¿Es ése el secreto de su éxito?

Yo quiero que la gente goce también viendo Matarife, en cierto sentido. Que sufra, pero que también goce con una fotografía bella, una música linda, un buen guion. Las artes sirven para eso. Matarife utiliza la información para disparar un misil que llegue al inconsciente colectivo de una sociedad como la colombiana. Para que eso ocurra, tiene que generar emociones individuales en las personas a través del arte. En este sentido, es un arma revolucionaria, lo que yo llamo la "subversión creativa", que para mí hace más daño que las armas reales. Se trata de una propuesta audiovisual que nutre al pueblo de una información que le llega al alma, convirtiéndose así en un mecanismo revolucionario muy efectivo. Yo ya no me considero abogado ni periodista. Ni tampoco director ni guionista ni actor. No soy nada de eso, sino un subversivo creativo que disparo sin herir físicamente a nadie y trato de violentar un sistema que riega de dolor y sangre a mi país.

La segunda temporada, de formato más extenso, no ha tenido la resonancia de la primera. ¿Por qué cree que ha sucedido esto?

Es cierto que la primera temporada se masificó más. El formato fue uno de los factores de que llegara a mucha gente. En la segunda temporada [de la que ya se han emitido ocho de sus diez capítulos] los episodios son más largos, pero la razón principal de que no haya tenido la misma difusión es porque ha habido un pacto de silencio entre los grandes medios colombianos, que no han hablado de la serie como sí lo hicieron de la primera parte. No les está funcionando del todo porque el pueblo colombiano está compartiendo la serie en redes, y la gente que la ha visto dice que la segunda temporada es más sólida desde el punto de vista estético. Los guiones están mucho más trabajados.

¿Qué reacción espera de ese público internacional al que va dirigido la nueva temporada?

Yo me pregunto: ¿qué le pasa al mundo? Están viendo que están matando a los jóvenes, que los están descuartizando, y llevan haciéndolo muchos años. La organización Human Rights Watch (HRW) ya lo verificó [como el caso de los "falsos positivos", ejecuciones sistemáticas de más de 6.000 jóvenes durante el mandato de Uribe para engrosar la lista de bajas de supuestos guerrilleros y dar la impresión de que se estaba ganando la guerra]. Hay que decirle al mundo que hay un genocidio en Colombia.

¿Cómo ve el futuro de su país ante las elecciones presidenciales del año que viene?

Yo creo que Colombia tiene dos opciones ahorita, y creo que la sociedad colombiana las está viendo y las encuestas lo dicen, porque ahorita la sociedad colombiana no se debate entre izquierdas y derechas, no se debate entre partidos políticos o colores políticos. Se debate entre la vida y la muerte. Esas son las dos opciones que tiene la sociedad colombiana. O la vida o la muerte. Yo espero que escoja la vida.

Madrid

18/09/2021 22:42

César G. Calero

Publicado enColombia