El primer confinamiento en Europa de la nueva era covid cumple una semana, mientras ómicron amenaza al continente

Austria reduce muy levemente el impacto de la covid tras una semana de confinamiento. "Así como al principio había más rabia y frustración por haber dado pasos atrás, ahora hay resignación, porque nos lo esperábamos", dice a 'Público' un español residente en el país. La nueva ola de la pandemia del coronavirus avanza sin freno por Europa.

 

"Los ciudadanos deberán asumir nuevas restricciones durante 20 días porque hubo demasiados que se han mostrado insolidarios. Les pido que sigan las medidas y que reduzcan los contactos". Con estas palabras se dirigió el canciller federal austriaco Alexander Schallenberg el pasado día 19 de noviembre, para anunciar a su población el inicio de un confinamiento total en el país a partir del lunes, día 22. Hasta ese momento, el confinamiento tan solo había sido decretado para los no vacunados. 

El de Austria es el primer confinamiento total tras la relajación de las restricciones con la llegada de las vacunas en una Unión Europea (UE) que ya se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia del coronavirus y a la que comienzan a llegar los primeros casos de la nueva variante, ómicron.

Desde entonces, ya ha pasado una semana y los ciudadanos lo llevan con "resignación". "Así como al principio había más rabia y frustración por haber dado pasos atrás, ahora hay resignación, porque nos lo esperábamos". Así lo narra a PúblicoJavier Luque, periodista y español residente en Austria, quien remarca que, si bien el teletrabajo es recomendable, aún es posible ir a trabajar haciéndose una PCR diaria. No obstante, estima que por el centro de Viena hay aproximadamente un 25% de la gente que suele haber entre semana en hora punta. Además, cuenta que también está permitido salir a pasear y hacer deporte sin mascarilla y mantener el contacto con una persona fuera del núcleo de convivencia, una medida pensada "para combatir la soledad".

Sin embargo, la mejoría de la pandemia del coronavirus aún no se aprecia demasiado. "Los casos están desbocados", explica Luque. Y está en lo cierto, pues si al inicio del confinamiento total se reportaban 14.125 casos nuevos, este domingo aún había 10.478 personas más contagiadas y 39 fallecidas, según datos del Ministerio de Sanidad que recoge el diario austriaco Kurier. Además, las hospitalizaciones por covid continúan subiendo y aún hay 623 personas en situación crítica ingresadas en la UCI. Y esta cifra no deja de crecer. 

En total, hay 148.603 infecciones activas por covid-19 en el país. Sin embargo, son 3.668 menos que el día anterior. Los muertos se elevan ya hasta los 12.388 y, hasta el momento, ha habido un cúmulo de 1.143.283 resultados positivos en las pruebas de detección. 

Este aluvión de casos se debe, entre otras cosas, a que el país tan solo tiene a un 66,6% de su ciudadanía con la pauta vacunal completa. Este sábado, se inoculó a 87.568 personas. De ellas, un 11,87% recibieron la primera dosis; un 12,91%, la segunda; y un 75.22%, la de refuerzo.

Una baja tasa de vacunación que Javier Luque achaca a varios factores: "Teorías conspiranoicas, medicinas alternativas, el influjo de las fake news, el auge de la ultraderecha -que tiene el púlpito del Parlamento para enviar mensajes negacionistas-, el hecho de que las primeras olas no fueron tan traumáticas en Austria como en otros países de Europa... Todo esto no ha ayudado a que toda la sociedad vaya a una en la lucha contra la pandemia".

La segunda medida que anunció el canciller austriaco va precisamente destinada a combatir este problema: el país convertirá en obligatoria la vacunación a partir de febrero del 2022. "Hemos adoptado una decisión muy difícil", afirmó, para recordar a continuación que quienes no cumplan esta normativa se enfrentarán a duras sanciones administrativas. De este modo, Austria será la primera nación europea en poner en marcha esta medida.

"A pesar de meses de persuasión, a pesar de todas las campañas en los medios de comunicación, a pesar de todo, no hemos podido convencer a la gente de que se vacune", se lamentó el canciller, para posteriormente cargar duramente contra los partidos políticos que se ponen a la inoculación, como el ultraderechista FPÖ, cuya postura definió como "un atentado contra el sistema sanitario".

Esta medida ha hecho salir a la calle a manifestarse este fin de semana a unas 40.000 personas, que han protestado en diferentes ciudades del país al grito de "Paz, Libertad. No a la dictadura". Estas concentraciones, sin embargo, han sido mayoritariamente pacíficas. Tan solo se han notificado 150 informes administrativos, la mayor parte de ellos por no llevar puesta la mascarilla. 

A todo esto, ahora se suma la noticia de que Austria ha detectado su primer caso sospechoso de la variante ómicron. El hombre infectado, según informa el diario Kurier, habría estado durante tres semanas con un amigo en Sudáfrica, país donde se detectó el primer caso de ómicron. Cuando el martes regresó al país, dio negativo en el test de antígenos. Sin embargo, el momento el Gobierno cerró sus fronteras a la llegada de aviones procedentes de la zona y comenzó a pedir una PCR a todos los ciudadanos austríacos o residentes en el país que regresaran de allí. Fue entonces cuando este individuo, que se encuentra asintomático, dio positivo. El resultado final, que confirmará si está contagiado con la nueva cepa, se espera en unos días. 

"Nos quedan dos semanas de confinamiento", afirma apesadumbrado Luque, quien nos informa de que a partir del 12 de diciembre lo más probable es que sigan confinados quienes aún no tengan la pauta de vacunación completa.

La nueva ola cabalga sobre Europa

El mapa del coronavirus en Europa se oscurece a marchas forzadas, con una nueva ola que ya ha convertido al viejo continente en el epicentro mundial de la pandemia. "Ya no estamos en la covid-19. Nos encontramos ante la covid-21, que es mucho más contagiosa", afirmó tajante Alexander de Croo, primer ministro belga.

La Unión Europea (UE) ya lucha con todas las armas a su disposición para atajar este pico de contagios, que podría verse acrecentado con la llegada de ómicron: restricciones, confinamientos... La más potente, la vacunación. Sin embargo, se encuentra con un obstáculo: la negativa de miles de ciudadanos comunitarios a inocularse. El 25% de los adultos sigue sin estar completamente vacunado. España es uno de los países más avanzados, con alrededor del 84% de su población adulta con ambas dosis. El más rezagado es Bulgaria, con tan solo un 29% de inoculados.

Curioso es el caso de Portugal, que, siendo el país con más dosis puestas, en concreto un 86,6% con pauta completa, ya ha anunciado que el país entrará en lo que denominan "estado de calamidad", un paso previo al estado de emergencia. El Gobierno de Antonio Costa ha sido contundente y pondrá en marcha una batería de restricciones: desde la "semana de contención" desde el 2 al 9 de enero de 2022 -que obligatoriza el teletrabajo y decreta el cierre de bares y discotecas y el retraso de la vuelta a las clases- hasta la obligación de presentar tests negativos para entrar en el país.

Más duros aún se han puesto los Gobiernos de Austria y Eslovaquia, que han impuesto un confinamiento total para frenar el avance del coronavirus. Por su parte, Países Bajos o Bélgica han limitado los horarios y aforos de bares y restaurantes.

Europa, bajo la amenaza de la nueva variante: ómicron

A la ya de por sí complicada situación de la pandemia en Europa se suma ahora la aparición de la nueva variante del coronavirus, ómicron.

Durante la jornada del sábado tan solo Alemania, Reino Unido o Bélgica confirmaban algunos positivos entre sus ciudadanos. Sin embargo, este domingo Países Bajos se ha sumado con 13 casos nuevos de los vuelos procedentes de Sudáfrica, en los cuales se había detectado la presencia de 61 positivos.

Además, el Gobierno germano ha añadido este domingo un nuevo positivo y ya son tres los casos con la variante ómicron. A los que se suman otros dos ciudadanos de Dinamarca que viajaron desde el sur de África. 

Una propagación que ha hecho saltar todas las alarmas y ha obligado a cerrar las fronteras europeas a ciudadanos procedentes de Sudáfrica, país donde se detectó el primer paciente infectado con ómicron.

28/11/2021 22:24

Cristina del Gallego Baraibar@CrisdelGallego

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Foto: Twitter / Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Defensa Civil de Colombia reportó 11 personas rescatadas y continúa en la búsqueda de posibles sobrevivientes en el municipio de Mallama, departamento de Nariño.

En el municipio de Mallama, al suroeste de Colombia, un deslizamiento de tierra provocó este martes la muerte de al menos 11 personas, cifra que podría ser mayor debido a que hay unos 20 personas desaparecidas, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El alud se produjo por las intensas lluvias que se han registrado en esa zona rural del departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador. La avalancha de lodo y piedras sepultó un hotel, un restaurante y un billar, según reportó el medio local El

De acuerdo a lo informado por Defensa Civil de Colombia, 11 personas fueron rescatadas con vida del lugar, mientras que dos viviendas quedaron destruidas. 

Los 11 sobrevivientes fueron trasladados a centros de salud de Pasto y Tumaco, con pronósticos reservados.

En tanto, Hader Gaviria, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Nariño, alertó que podrían ocurrir nuevos deslizamientos en la zona, por lo que recomendó a la población que habita en lugares cercanos a los ríos que estén pendientes ante la eventual necesidad de una rápida evacuación.

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Martes, 02 Noviembre 2021 05:13

COP(rrupción) en la Cumbre del Clima

Plenario de apertura de la COP26

Estudiar el negacionismo climático siguiendo la pista del dinero enseña dónde reside verdaderamente el poder mundial

Este domingo 31 de octubre ha comenzado la cumbre del clima más importante de la historia, la COP26. Un nuevo asalto entre el conocimiento científico y el poder económico tendrá lugar en Glasgow hasta el próximo 12 de noviembre. Un combate entre la certeza de la urgencia y la eterna procrastinación del privilegio. Un duelo entre la vida y la muerte. No os quepa duda de que la cosa es así de seria. O el sistema o la vida. Ambas cosas no se podrán sostener a la vez porque se han demostrado incompatibles.

En esta ocasión, además, un nuevo escándalo se ha producido pocos días antes de la cumbre. Se ha descubierto que varios lobbies con intereses en el negocio de los combustibles fósiles han regado de dinero al presidente designado para el evento. Pero antes de relatarlo con más detalle, recordemos algunas frases para la historia que se han dicho, y contextualicemos algunos datos que hemos conocido desde la última cumbre. Ayudarán a entender en qué punto estamos y qué habría que hacer. 

Casi dos años han pasado ya desde aquella apresurada e improvisada COP25 que tuvo lugar en Madrid, debido a la  revuelta situación que se vivía en Chile, destino original de la misma. En estos dos años hemos escuchado al secretario general de la ONU, António Guterres, advertir de que el último informe del IPCC es un “código rojo para la humanidad”. Gracias a científicos de Scientist Rebellion, en CTXT publicamos en exclusiva una serie de filtraciones del grupo III del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) de la que hicieron eco medios como The Guardian y otros de más de 30 países.  En España solo una cadena de televisión se atrevió a tratar la noticia. El resto, nada. 

Quizá tenga bastante que ver con que en esos documentos se afirmaban cosas como: “No habría que construir ninguna nueva planta de carbón o gas, y las actuales deberían reducir su vida útil” o “Algunos científicos subrayan que el cambio climático está causado por el desarrollo industrial, y más concretamente, por el carácter del desarrollo social y económico producido por la naturaleza de la sociedad capitalista, que, por tanto, consideran insostenible”

La Agencia France-Presse (AFP) había sacado antes a la luz otro documento cuyo titular también se paseó por medio mundo: “La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático importante evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La humanidad no”. Esta filtración hace referencia al grupo II, el de impactos, cuyo informe saldrá en febrero del año que viene, un mes antes de que lo haga el del grupo III.

Tras conocer todas estas conclusiones, de una contundencia jamás vista en unos informes que se redactan por consenso –es decir, en los que se dejan de lado muchas opiniones más atrevidas--, se ha producido otra gran filtración gracias a Greenpeace. Esta nos ha permitido saber que ha habido 32.000 intentos de modificar el informe que logramos filtrar. Algunos de ellos son legítimos, realizados por parte de la propia comunidad científica durante el proceso. Otros no tanto, al proceder de lobbies y gobiernos que buscan claramente rebajar la contundencia de algunas expresiones del resumen para políticos –el único que pueden modificar, pero el único también que la inmensa mayoría de los periodistas y personas leen.

Gracias a tener las diferentes versiones del informe del grupo III, en marzo de 2022 podremos hacer algo que jamás se ha podido hacer antes: comparar el primer borrador con el informe definitivo. Y podremos hacerlo viendo los comentarios que han tenido lugar. Va a ser mucho más fácil e interesante que en anteriores informes desentrañar cuánta influencia han tenido realmente las presiones y qué han logrado modificar o eliminar de la parte más política y crucial del informe, las propuestas del grupo III. 

Quienes se atrevieron a decir que las filtraciones podrían no ser útiles deberían sin duda reconsiderar mejor sus palabras. Es indudable que han ayudado: muchos más ojos van a prestar atención al contenido del informe climático más importante del mundo gracias a ellas, y además permitirán analizar cosas nunca vistas, como qué peso real tienen los lobbies y los gobiernos.

Los científicos están empezando a rasgarse las batas y atreviéndose a correr cada vez más riesgos porque han comprendido que el mayor riesgo que corren es que todo siga como hasta ahora. En el propio IPCC cada vez son más conscientes de su tendencia a la moderación y de que, ante la magnitud de la tragedia y la pasividad de la política, hay que pasar a la acción. Las consecuencias todavía no han hecho más que mostrar sus primeras caricias en forma de récords de temperatura, como los casi 50 grados de Canadá o los casi 49 de Italia. También inundaciones y otros fenómenos extremos son cada vez más frecuentes y potentes. Ya tenemos incluso huracanes en el Mediterráneo, los llamados medicanes.  Y hagamos lo que hagamos hemos traspasado tantos límites que estos fenómenos empeorarán. La cuestión es cuánto queremos que empeoren y si seremos capaces de revertir alguna vez el daño ya causado, cosa que no parece muy probable si observamos el pensamiento mágico que suele nutrir las propuestas más habituales, basadas en tecnologías por desarrollar e imposibles de implementar a la escala necesaria o algún tipo de geoingeniería con consecuencias imprevisibles. El  último estertor de un sistema que se resiste a morir y que, de no cambiar rápido, lo hará matando. 

En este panorama ya de por sí dantesco, nos acabamos de enterar, gracias a la investigación del periodista Nafeez Ahmed, de que el designado como presidente de la Cumbre del Clima, el conservador Alok Sharma, recibió dos donaciones por valor de 10.000 libras del presidente del Foresight Group International, un conglomerado empresarial con intereses en el mundo del gas y el petróleo. También recibió otras donaciones de lobbies similares en el pasado. Además, Sharma, es conocido por haber votado generalmente contra las medidas necesarias para prevenir el cambio climático.

Habrá quien piense que este nuevo escándalo deslegitima la lucha medioambiental. Pero estará equivocado, porque es justo al revés. La constatación del interés del poder económico por controlar las cumbres climáticas y los informes más importantes demuestra que allí se juega un partido crucial, y legitima a los movimientos sociales y a la comunidad científica a ir un paso más allá. También debería obligar a los medios de comunicación a implicarse --y lo seguimos esperando--, pero sabemos que están controlados mayoritariamente por esos mismos intereses. Por eso no cuentan lo que tendrían que contar con la vehemencia que tendrían que hacerlo. Por eso algunas periodistas nos llegaron a confesar que jamás se habían sentido tan presionadas “desde arriba” para no tratar el contenido de las filtraciones en sus respectivos medios.

Porque en realidad todo esto no es nuevo: el negacionismo climático ha existido casi siempre. Desde 1950 las grandes petroleras, el gobierno de los Estados Unidos y el Pentágono ya sabían que las emisiones de dióxido de carbono llevarían a la Tierra a un cambio climático de alta peligrosidad a principios de este siglo. Y a partir de los años ochenta decidieron financiar una maquinaria de negación que, a su vez, se apoyaba tanto en la ya existente promoción de las bondades del liberalismo económico –más tarde neoliberalismo y ahora ultraliberalismo – como en la más particular negación de los perjuicios del tabaco para la salud.

En la maquinaria de negación y persuasión más poderosa jamás ideada, una tupida red de think tanks ha venido haciendo uso extensivo de la ya refinada industria de relaciones públicas, comunicación y publicidad, y de las dependencias económicas que genera, para penetrar no solo en los medios de comunicación sino también en asociaciones científicas y profesionales. E incluso en la universidad, condicionando paradigmas y currículos. Mediante grupos visibles (lobbies) y otros de apariencia espontánea, a quienes atribuimos inconscientemente buena fe, han aprendido y refinado distintas formas de pervertir el debate público racional. 

Comenzaron tras la II Guerra Mundial, proliferaron como respuesta a Mayo del 68 y se han consolidado hasta el punto de acabar no solo marcando los límites de lo debatible, sino sus propias reglas. Han penetrado en nuestras mentes, y conducen buena parte de nuestras cosmovisiones sin que apenas nos demos cuenta. Estudiar el negacionismo climático a fondo, siguiendo la pista del dinero, ofrece una perspectiva inmejorable de dónde reside verdaderamente el poder mundial. Una estimación conservadora de Robert Brulle de la Drexel University de lo que se invierte en negacionismo climático –estrictamente cambio climático, solo en los Estados Unidos– establece un promedio de cerca de mil millones de dólares anuales en la primera década de este siglo.

Muchos medios de comunicación dieron espacio a ese negacionismo insolente y estúpido, como ahora se lo dan ampliamente a su hijo bastardo: el negocionismo, el arte de hacer negocio cuando el problema ya no se puede negar. Y luego pasa lo que pasa: casi nadie se fía de los grandes medios y los científicos son la profesión más respetada. Por algo será. 

Las filtraciones y denuncias de corrupción son importantes porque contienen un mensaje inherente claro y necesario. Ahora son nuestros ojos los que os están vigilando a vosotros. A pesar de que sabemos lo que ocurre entre bambalinas, no podemos permitirnos el lujo de pensar ya de entrada que nada útil puede salir de esta COP, la primera en la que estará vigente el Acuerdo de París. Muchas personas estaremos ahí para tratar de presionar como podamos, con todas nuestras fuerzas. Aunque las COP suelen ser un fiasco porque están casi diseñadas para serlo, basta con que eso cambie una vez para que todo cambie. Y esa vez ha de ser en Glasgow, porque nos lo jugamos todo. Ya no hay tiempo.

por Juan Bordera / Ferran Puig Vilar 1/11/2021

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Lunes, 01 Noviembre 2021 07:21

Urge un panel científico

Urge un panel científico

“El terreno seguro para enfrentar la pandemia es la ciencia, que exige debate de argumentos y personas calificadas, pero hay la intención fascistoide de que prevalezca una sola opinión. En la comunidad científica tanto del área biotecnológica como de estudios sobre inmunidad, microbiología, virología, de secuenciación, y cuantos por su formación puedan aportar datos duros, urge un panel de alto nivel para poner en claro que la ciencia no es propiedad de la OMS ni de los Gates y los Rockefeller ni de ninguna autoridad sanitaria, pues la ciencia no puede ser dogma ni permitir censuras de ninguna mafia, sino un panel de verdaderos científicos que aporten lo que pueda o no hacerse respecto de la plandemia”, expone Fernando Illescas, investigador científico y colaborador de La Jornada de Veracruz.

“Rand Paul, médico y senador por Kentucky, afirma que "una persona de 85 años tiene 10 mil probabilidades más de morir de Covid que un niño, por lo que no se puede tratar a ambos grupos igual; niños de 5 años llevados por maestros, usando cubrebocas en exteriores, no hay ciencia atrás de eso; o el doctor Fauci dispersando mentiras diciendo que tenemos que vacunar a los niños, o que no existe la inmunidad natural, no hay ciencia detrás de ello". Y añade Illescas: “Reiner Fuellmich, abogado alemán, en un panel de científicos como los doctores Michael Yeadon; Luc Montagnier, Nobel francés, y otros, expresó ‘que si se descartan los falsos positivos de PCR o detección de virus, el Covid tiene una morbilidad (cifra de quienes enferman por cada mil sanos) de 0.15 por ciento, lo que no es mayor riesgo que una gripe-neumonía común. De no ser por la falsedad de tales pruebas, no habría motivo para declarar pandemia’. Estamos ante una monumental orquestación de falsedades, de forma que la mayor parte de los supuestos muertos por Covid en realidad fallecieron de cualquiera de las llamadas comorbilidades o de neumonía, que en las estadísticas casi desaparecieron, pero la prueba y medidas anti-Covid fueron diseñadas para mentirnos. Por ello, la morbilidad general de la humanidad no tiene un aumento significativo, sólo el correspondiente al pánico, a medidas absurdas como cubrebocas y confinamientos, a la prohibición original contra antiinflamatorios y tratamientos tempranos como ivermectina, a las intubaciones y a lo que conlleva la quiebra económica de gran parte de la humanidad.”

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A tiempo y con la mayoría de las 197 delegaciones en sus puestos, ayer se desarrolló la plenaria inaugural.Foto Afp

Arranca la cumbre climática en escocia

 La mexicana Patricia Espinosa y Alok Sharma, presidente de la conferencia, ofrecieron la rueda de prensa inicial

 

Glasgow. Inició la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), la que todos definen como "la última oportunidad" de salvar el planeta, la que tiene sobre la mesa dos objetivos prioritarios: impedir que el mundo se caliente más de 1.5 grados centígrados antes de que acabe el siglo y que se garanticen los fondos de financiación para los países en vías de desarrollo, que deberán superar los 100 mil millones de dólares anuales.

La diplomática mexicana Patricia Espinosa, como secretaria ejecutiva de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el Cambio Climático, abrió las jornadas con un discurso en el que pidió "ambición" a las 197 delegaciones y reconoció que "todavía hay muchas diferencias" y "no será fácil". Por eso solicitó escuchar el "enojo justificado" de la juventud.

El centro de convenciones de Glasgow es un fortín de seguridad, ahora no sólo por la presencia de algunos de los máximos dirigentes del planeta –incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden–, sino también por el miedo a que un repentino rebrote de Covid-19 haga interrumpir las sesiones de golpe.

Así que nadie entra a la zona acorazada de la COP26 si antes no se hizo una prueba de antígenos con resultado negativo y lo tienen que hacer cada día que acudan al recinto.

Además, hay que documentar y probar que no se procede de un país "en línea roja" (es decir, de alto riesgo), que se tiene la pauta de vacunación completa y que ha cumplido con todos los requisitos que estableció el gobierno de Reino Unido para cruzar sus fronteras.

Sólo así se puede ingresar al Centro de Convenciones, que es además la sede del primer gran encuentro de estas características en la era Covid. Se calcula que más de 25 mil personas entran y salen a diario.

A pesar de las complicaciones añadidas a un encuentro de esta complejidad, las sesiones iniciaron en hora y con la mayoría de las 197 delegaciones en sus puestos, antes del comienzo de las intensas negociaciones diplomáticas de los próximos días de cara a rubricar el ansiado texto de conclusiones, que reflejará a su vez el grado de compromiso y "ambición", según palabras de Espinosa, para atajar esta "grave crisis medioambiental" que vivimos.

Está en juego que el calentamiento del planeta siga derritiendo al ritmo actual buena parte del hielo de la Tierra, que siga subiendo el nivel del mar en todo el mundo y que aumente de forma considerable la probabilidad e intensidad de los fenómenos climáticos extremos.

En la primera rueda de prensa de la COP26, Patricia Espinosa, y el secretario de Estado británico y presidente de la conferencia, Alok Sharma, reconocieron que las "diferencias son profundas" entre las delegaciones, que a pesar de los esfuerzos de China por mejorar su plan actual, "aún es insuficiente y decepcionante", además de la ausencia de su presidente, Xi Jinping, pero que aun así todos coinciden en el mismo objetivo.

Tanto la diplomática mexicana como el británico explicaron que el primer gran consenso de la COP26 es precisamente ese: que todos reconocen ahora que la crisis climática es aguda, que las soluciones son urgentes y que probablemente "es la última oportunidad". Y recordaron cómo hace sólo una década el debate que había sobre la mesa era si existía o no el cambio climático.

Precisamente por eso apelaron a tener "una mayor ambición" para poner nuevos elementos en la agenda del cambio climático, a aumentar la reducción de las emisiones, a intentar modificar sobre la marcha los objetivos de la agenda climática para hacerla más eficiente y sobre todo para intentar reducir los daños de las catástrofes naturales por un clima extremo, que la sufren sobre todo los países en vías de desarrollo.

Prevén financiamiento de sólo 80 mil mdd

Insistieron en que de Glasgow tiene que salir un compromiso firme de financiación de los 100 mil millones de dólares anuales para adaptar las economías de los países más pobres a la nueva forma de producir y comerciar. De hecho, reconocieron que esta cantidad, siendo mucha, aún está por debajo de las necesidades reales, y que es probable que en pocos años se tenga que multiplicar por diez. Sharma reconoció que este año esa cifra se quedará en los 80 mil millones, 20 por ciento menos de lo previsto. Ahora las delegaciones irán fijando una a una sus posiciones, antes de entrar en la fase de las negociaciones, que pueden prolongarse más de diez días.

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Representantes de la CIDH durante su visita, el pasado 7 de junio, a Bogotá.

Este 26 de octubre, la CIDH lideró una audiencia en la que diferentes partes de la sociedad colombiana expusieron lo que ha pasado en el país tras las protestas sociales entre abril y junio de este año

 

El pasado 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el informe sobre lo que recopiló en su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio en el marco del Paro Nacional. En el documento, el mecanismo hizo 41 recomendaciones al Estado colombiano para evitar futuras violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que participan en las protestas sociales.

Como parte del seguimiento que la CIDH le hace al país para evaluar si ha cumplido con la implementación de lo recomendado, este 26 de octubre se realizó una audiencia en la que las organizaciones civiles denunciaron que el Estado no ha acatado lo dicho por el organismo internacional.

Más de 20 organizaciones presentaron cifras sobre la situación del país tras la visita de la CIDH y pidieron la instalación de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que la Comisión le hizo al Estado.

Luis Carlos Montenegro, de la campaña ‘defender la libertad, asunto de todas’, aseguró que, “luego de la visita de la CIDH, más de cuatro misiones internacionales han dado cuenta de la gravedad y continuidad de las violaciones a los derechos humanos en entornos de protestas sociales y así es como entre el 28 de abril al 28 de septiembre, se han presentado cuando menos 7.394 violaciones a derechos humanos”.

De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia señaló que las recomendaciones que hizo la CIDH son valiosas para el país y mostró nuevamente la preocupación del exceso de la fuerza por parte de las autoridades en medio de las protestas.

“Nuestra oficina considera útil que la fuerza de seguridad y los órganos del Estado revisen los protocolos y procedimiento del uso de la fuerza y dispersión en el marco de las protestas y su efectivo cumplimiento para asegurar que no se repita el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza incluyendo el uso de armas no letales”, señaló la comisionada de la ONU, Juliette de Rivero.

Por su parte, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que trabaja en defensa de derechos humanos en el país, señaló que el mecanismo de seguimiento es prioritario y pidió visitas periódicas de esa comisión al país y que se impulsen reuniones con el Estado.

Por parte del Gobierno, el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Carlos Morales, expresó su desacuerdo con el establecimiento del mecanismo de seguimiento.

“En el contexto de la protesta social, un mecanismo especial de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado para seguir profundizando una relación de cooperación para ahondar aún más en el trabajo que ya realiza el país en términos de prevención de violaciones de derechos humanos en estos contextos de reuniones o manifestaciones pacíficas”, sostuvo.

Además, dijo que el Estado colombiano sí está teniendo en cuenta las recomendaciones de la CIDH. “Prueba de ello son los ejercicios de diálogo adelantados desde el Ministerio del Interior con distintos actores de las manifestaciones, así como la promoción de espacios de escucha que han permitido llegar a numerosos acuerdos, como la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”, señaló Morales.

Cabe resaltar que, entre las recomendaciones que hizo la CIDH está el promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas.

También le pidió al Estado crear una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia.

26 de Octubre de 2021

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Brasil: una comisión del Senado aprobó el informe que acusa a Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad

La comisión parlamentaria acusadora había investigado la gestión del gobierno frente a la pandemia de covid-19

El documento, producto de seis meses de investigación, fue aprobado por mayoría entre los once miembros de la comisión y será remitido a la Fiscalía, la Corte Suprema y la Corte de la Haya.

 

Con siete votos a favor y cuatro en contra, los senadores que integran la comisión que investigó la gestión del gobierno brasileño frente a la covid-19 aprobaron el informe final que acusa al presidente Jair Bolsonaro de "crímenes contra la humanidad". El documento, resultado de seis meses de investigaciones, será ahora remitido a la Fiscalía, la Corte Suprema y hasta la Corte Penal Internacional de La Haya, quienes deberán evaluar si aceptan las denuncias e instauran los procesos correspondientes. Durante una tensa audiencia en el Senado, el mandatario llegó a ser calificado como un "serial killer" (asesino serial).

Además de imputarle crímenes contra la humanidad, el documento acusa al líder de ultraderecha de otros ocho gravísimos delitos y denuncia por diversas irregularidades a otras 77 personas, entre quienes se encuentran los tres hijos del mandatario y algunos de sus principales ministros y exministros. Incluso fueron denunciadas dos empresas. En el caso de Bolsonaro, los otros cargos son epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricato, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público. La comisión también había acusado a Bolsonaro de genocidio de pueblos originarios pero el cargo fue retirado antes de la votación del pleno del Senado.

Las acusaciones abarcan desde la imposición en la salud pública de remedios sin eficacia comprobada contra la covid-19 que conformaron un llamado "tratamiento precoz" basado en la dudosa cloroquina, hasta serias sospechas de corrupción en la negociación de vacunas. También se acusa a Bolsonaro de difundir "masiva información falsa" sobre las vacunas, lo cual se vio reforzado con unas polémicas declaraciones dadas por Bolsonaro el jueves pasado, cuando insinuó que quienes se inmunicen contra el coronavirus corren riesgo de contraer sida.

Serial killer

La responsabilidad de la pandemia "es de mucha gente, hay muchos acusados, pero es principalmente del presidente, ese serial killer que tiene obsesión por la muerte", declaró el senador Renan Calheiros a la prensa antes del inicio de la sesión. El informe, que incluye testimonios conmovedores y revelaciones impactantes como el uso de pacientes como "cobayas humanas" para probar medicamentos ineficaces contra el coronavirus o el "deliberado atraso en la compra de vacunas", será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos.

Junto a Bolsonaro también fueron denunciados sus tres hijos: el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro. Además se presentaron cargos contra el actual ministro de Salud, Marcelo Queiroga, y su predecesor, el general Eduardo Pazuello.

La defensa del clan Bolsonaro

El hijo del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, dijo que el informe del Senado es jurídicamente débil. "La intención de algunos senadores de la comisión investigadora es causar el máximo desgaste al presidente", aseguró. Su padre viajó al amazónico estado de Roraima para visitar a refugiados venezolanos que viven en Brasil y alertó sobre "el peligro del comunismo". A la misma hora de la sesión de la comisión, Bolsonaro participó de una misa en un templo evangélico.

Durante la audiencia de este martes, el senador oficialista Luiz Carlos Heinze realizó una defensa a ultranza de la prescripción de la hidroxicloroquina a pacientes con coronavirus fundamentada en "cientos" de estudios científicos"Le preparé un regalo, senador", le avisó Calheiros a Heinze al anunciar que era, hasta ese momento de la tarde, el imputado número 81. Heinze fue acusado de divulgar "informaciones falsas" sobre la covid-19. Luego de una rápida votación, los senadores de la comisión decidieron eliminar el nombre del parlamentario de la lista de imputados. 

En otro tramo de la sesión, el senador Eduardo Braga solicitó la inclusión del gobernador de Amazonas, Wilson Lima, y del exsecretario de Salud de ese estado, Marcellus Campelo. En un comunicado, Lima sostuvo que la sugerencia de imputar su nombre "tiene plena motivación político-electoral de cara a las elecciones de 2022". Lima fue acusado por posibles fraudes en el manejo de la pandemia en su estado, que fue centro del horror mundial en enero, cuando los pacientes se morían en sus camas por falta de oxígeno

La cúpula y los médicos de la prepaga Prevent Senior de San Pablo también fueron imputados ante la justicia común por haber realizado "experimentos" con pacientes con remedios como cloroquina, defendida por Bolsonaro y la ultraderecha como forma de generar una inmunidad de rebaño sin necesidad de una cuarentena.

Es la primera vez que el Congreso brasileño acusa a un presidente de delitos contra la humanidad. Bolsonaro será acusado pero los cargos chocarán contra el fiscal general Augusto Aras, un aliado del presidente que ha cajoneado varias de las acusaciones. Su oficina dijo en las últimas horas que el informe será revisado cuidadosamente tan pronto como se reciba.

En sus conclusiones, el informe recoge la decisión de crear, en la sede del propio Senado, un memorial en recuerdo de los fallecidos por coronavirus en Brasil. El último minuto de la comisión parlamentaria, luego de cerca de cien horas de audiencias, fue de silencio en memoria a las víctimas. 

27 de octubre de 2021

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Jair Bolsonaro fue acusado por la comisión de graves delitos durante la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil.. Imagen: AFP

La Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de Brasil recomendó finalmente este miércoles imputar al presidente Jair Bolsonaro por diez delitos durante la gestión de la pandemia, entre ellos "crímenes contra la humanidad", según el informe publicado horas antes de su lectura.

La CPI investigó durante seis meses las acciones del gobierno durante la pandemia, que dejó más de 600.000 muertos en el país. El relator de esta comisión concluyó que el gobierno federal expuso "deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa", por lo que pidió la imputación de Bolsonaro, y de otras 67 personas, incluyendo varios ministros y exministros y tres de los hijos del mandatario.

Sin embargo, la CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales. Por lo que el informe ahora deberá ser retomado por la Fiscalía General o alguna corte internacional.

Con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes -como el uso de pacientes como "cobayos humanos" para probar medicamentos ineficaces contra el covid-, será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos.

Los delitos que se le imputan a Bolsonaro

El martes por la noche, se anunció que se responsabilizaría al mandatario de cargos como crímenes contra la humanidad, epidemia, habladurías y prevaricación, pero que se retiraban los de "homicidio" y "genocidio de poblaciones indígenas" por desacuerdos en el seno de la comisión.

Además de un "deliberado atraso" en la compra de vacunas, "se comprobó la existencia de un gabinete paralelo (que asesoraba al gobierno), la intención de inmunizar a la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimaron las medidas no farmacológicas", como el uso de mascarilla y el distanciamiento, fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, se justificó al asegurar que se trata de un informe "político". "Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el presidente de la República", defendió poco antes de la reunión de la comisión.

El resumen del informe final fue leído este miércoles pero deberá ser votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.

El impacto que puede tener el informe

Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será "simbólico", porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un 'impeachment' y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.

La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus. "Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas", dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.

La falta de oxígeno en Manaos

En un principio, la comisión indagó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un "gabinete paralelo" de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.

En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por "prevaricato" al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.

También fueron indagadas las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el "tratamiento precoz" del coronavirus.

Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que impactó en el país.

21 de octubre de 2021

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En 2021, un récord de 19 mil niños migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién rumbo a EE.UU.

Unicef denunció un "máximo histórico" y llamó a considerar a esta "grave crisis humanitaria"

El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde conviven animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a tierra estadounidense.

 

Cerca de 19 mil niños atravesaron en lo que va del 2021 la peligrosa selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos, una cifra que marcó un "máximo histórico" de menores migrantes según advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La mitad del total son menores de cinco años, y este pico histórico es cerca de tres veces más que la cifra registrada durante los cinco años anteriores juntos.

La "afluencia tan creciente" de niños migrantes por el Darién "debería ser tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria por toda la región, más allá de Panamá", denunció Laurent Duvillier, jefe regional de comunicación de Unicef para América latina y el Caribe, e instó a los gobiernos a garantizar la protección de los niños durante su viaje y a coordinar una respuesta humanitaria. 

Unicef también advirtió sobre un aumento de los niños que cruzan solos el Darién. En 2020 ocho niños no habían sido acompañados, en 2021 fueron 153. "La mayoría no viajan solos, viajan acompañados de sus papás, pero en el trayecto de la jungla pasan muchas cosas, a veces los padres se quedan atrás, la mamá se queda herida o se ven separados al momento de cruzar un río", aseguró Duvillier.

El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde la espesa vegetación impide a veces ver el sol, hay animales salvajes (incluso serpientes venenosas), ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a Estados Unidos.

"Cada niño que cruza el Darién a pie es un sobreviviente", afirmó la directora de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough, al detallar que "en lo profundo de la selva, el robo, la violación y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la absoluta falta de agua potable". 

Según los datos de Unicef, en este 2021 al menos cinco niños fueron hallados muertos en la selva. Y entre enero y septiembre pasados el ente de la ONU registró 29 denuncias de abuso sexual de niñas adolescentes durante el viaje.

Unicef señaló que se prevé que el número de niños y familias migrantes que cruzan la selva siga aumentando en las próximas semanas y meses, ante lo cual "está ampliando su respuesta humanitaria para abordar las necesidades urgentes" de esa población.

"Unicef insta a los gobiernos a garantizar la protección de los niños en movimiento a lo largo de su viaje y a coordinar la implementación de una respuesta humanitaria más sólida en todos los países involucrados", dijo el organismo de Naciones Unidas. Se debe, además, "promover la integración de las familias migrantes en las comunidades de acogida y se deben abordar las causas fundamentales que las llevan a migrar".

Entre enero y septiembre pasados, 91.300 migrantes en tránsito llegaron a Panamá tras atravesar la jungla, una cifra que triplica el récord de 2016, según datos del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño citados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un informe difundido el viernes pasado.

La mayoría eran haitianos (56.600), muchos de ellos acompañados por menores, seguidos de cubanos (12.800), venezolanos (1.500), además de nacionales de países de Asia y África, entre ellos Bangladesh, Senegal, Ghana, Uzbekistán, India y Nepal, dijo la OIM. En los primeros nueve meses de 2021 los menores representaron el 20 por ciento de esa población en movilidad, cuando hace cuatro años era apenas el dos por ciento.

Hacia países del norte del continente americano como Estados Unidos, Canadá o México están viajando familias enteras de haitianos con hijos nacidos en Chile o Brasil, países en lo que se habían radicado años atrás, e incluso con bebés nacidos durante la travesía.

12 de octubre de 2021

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Niños Wayúu reciben agua potable de una misión humanitaria en La Guajira, Colombia, el 26 de septiembre de 2021Legion Media / Juana Miyer / Long Visual Press / Ab

Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.

Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.

Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.

Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados "tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos".

También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.

Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en "huelga de hambre" y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el "epicentro político de toma de decisiones del país", para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra "el hambre y olvido".

La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de "medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira", ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.

"Vulneración generalizada"

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una "vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu".

Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.

Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía "iniciar o continuar", según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.

En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.

La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.

"Uno de los mayores problemas"

De acuerdo al informe "Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables", presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja "graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral".

En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

"La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad", cita el informe de la Defensoría.

El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también "afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia" y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.

Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en "zonas rurales y dispersas", entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.

"La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito", señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país. 

Publicado: 8 oct 2021 20:27 GMT

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