Miércoles, 31 Marzo 2021 05:33

Bolsonaro, gobierno agotado

Bolsonaro, gobierno agotado

Un día después de haber cesado al ministro de Defensa, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció la destitución del pleno de la cúpula de las fuerzas armadas, una decisión sin precedente en la historia de Brasil. A las salidas del ex ministro Fernando Azevedo e Silva, el general Edson Pujol (ejército), el almirante Ilqes Barbosa (marina) y el brigadier Antonio Carlos Bermudes (aeronáutica), se suman los despidos del canciller Ernesto Araújo, así como de los titulares de Justicia, de la Abogacía General de la Unión (AGU) y de la Secretaría de la Presidencia. Apenas el 15 de marzo, el cardiólogo Marcelo Queiroga se convirtió en el cuarto ministro de Salud desde que se inició la pandemia.

Esta cascada de movimientos en las fuerzas armadas y el gabinete civil debe interpretarse en tres direcciones. En primer lugar, responde a las crecientes presiones para que se dé un cambio de rumbo en la desastrosa gestión de la pandemia, que ha llevado al país a convertirse en el foco central de propagación del coronavirus, hasta el punto de que hoy proviene de Brasil uno de cada siete nuevos casos reportados a escala mundial. En un contexto en que casi cada día se baten récords de contagios –con más de 100 mil el jueves 25– y muertes –3 mil 780 el lunes 29–, resultaba ya insultante para la población mantener en el cargo al canciller Araújo, cuya alineación fanática a los dictados de Washington impidió la llegada de vacunas desarrolladas en China y Rusia, con un costo incalculable en vidas.

Por otra parte, las sustituciones parecen reflejar la necesidad del mandatario ultraderechista de crear espacios en la estructura gubernamental para sus nuevos aliados en el Congreso, un bloque conservador oportunista conocido como centrão (gran centro), el cual se caracteriza por facilitar votos legislativos al mejor postor. Por último, pero relacionado con lo anterior, se anticipa que Bolsonaro buscará rodearse de incondicionales de cara a una turbulenta segunda mitad de su mandato, en la cual deberá sortear tanto la acelerada erosión de su popularidad entre la ciudadanía, como la pérdida de apoyos entre una parte de la derecha tradicional que lo aupó al poder en las elecciones de 2018.

Está por verse si estas maniobras permitirán al presidente sortear la debacle causada por su rotunda incapacidad para entender la función de un gobernante y para ejercer su cargo como algo más que el jefe de una empresa familiar mafiosa. De persistir en las actitudes desplegadas hasta ahora, ningún cambio de cuadros impedirá que la mayor economía latinoamericana se suma en una crisis política de consecuencias imprevisibles, en la cual incluso está sobre la mesa la posibilidad de que Bolsonaro no logre mantenerse en el Palacio de Planalto hasta el final de su mandato.

Más allá de las excentricidades personales del jefe de Estado, la tragedia que ha significado su gestión es un contundente recordatorio de que el modelo neoliberal está agotado y de que cualquier intento por revivirlo se encuentra abocado al fracaso, como ya mostraron los casos de Mauricio Macri en Argentina, la traición de Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana en Ecuador y el efímero gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez en Bolivia. Estos experimentos para reimplantar el neoliberalismo, mediante diversas combinaciones de golpeteo mediático, judicialización de la política y uso de la fuerza, han sido removidos por el voto popular, pero el sufrimiento humano y el desmantelamiento del Estado que han dejado tras de sí subrayan la importancia de cerrar el paso a los proyectos ansiosos de volver a lógicas de saqueo de los bienes públicos, sumisión a los designios de Washington y concentración criminal de la riqueza.

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Sábado, 27 Marzo 2021 08:26

Tapar el sol con el dedo

Tapar el sol con el dedo

En uno de los confines del mundo, alrededor del círculo polar ártico, se está llevando a cabo una lucha que nos afecta a todos. Pueblos indígenas de la región y organizaciones ambientalistas suecas e internacionales se oponen enérgicamente a un experimento para avanzar la geoingeniería solar, una propuesta tecnológica de alto riesgo. A gran escala, tapar parte de los rayos del sol con nubes artificiales podría causar sequías y otras alteraciones en los trópicos, poniendo en riesgo las fuentes de agua y alimentación de miles de millones de personas. Un proyecto de la Universidad de Harvard, financiado por Bill Gates y otros billonarios, pretende usar el territorio del pueblo indígena Saami en Kiruna, Suecia, para realizar un experimento de esta tecnología (https://tinyurl.com/y5ut32y4).

El 24 de febrero, el Consejo Saami, que reúne a los pueblos saami de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, manifestó su oposición a dicho proyecto y exigió al gobierno sueco cancelar el experimento (https://tinyurl.com/f4ektwdj) por falta de consulta previa y consentimiento de sus pueblos. También porque el experimento es para desarrollar una tecnología muy peligrosa que afectaría a todo el planeta, por lo que señalan que no es papel de un grupo de Harvard o algunos gobiernos decidir sobre ella.

Aunque la geoingeniería todavía aparece para mucha gente como ciencia ficción, el juego geopolítico y las implicaciones del desarrollo de la tecnología son una amenaza muy real y que avanza rápidamente.

En ese camino, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, acaba de mover otra pieza en el escenario global. El 25 de marzo publicó el informe Reflecting Sunlight(Reflejar la luz solar) donde recomienda que el gobierno de ese país debe asignar inmediatamente 100 a 200 millones de dólares para avanzar en la investigación y experimentación con geoingeniería solar y cómo se debe gobernar (https://tinyurl.com/yut5patf). Esa inversión multiplica de cinco a 20 veces la financiación pública para investigación en geoingeniería de gobiernos como la Unión Europea, China, Rusia y Corea. No obstante, la mayor inversión en el desarrollo de geoingeniería es de los supermillonarios, encabezados por Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk y otros titanes tecnológicos (https://tinyurl.com/32d38zyx).

Según Raymond Pierrehumbert, profesor de la Universidad de Oxford y autor principal de reportes globales del IPCC, el nuevo informe no aporta mayor información científica a la que ya existía en otro anterior sobre geoingeniería, publicado por la Academia en 2015. Claramente, el mensaje principal ahora no es científico, sino político.

Se trata de un intento de legitimar la experimentación a campo abierto de esta riesgosa tecnología, tal como el que pretenden hacer en territorio saami y desde antes en otros territorios indígenas desde Arizona y Alaska a Canadá y Australia. Al mismo tiempo, asegurar que Estados Unidos (gobierno, empresas, academia) lidere tanto las inversiones en geoingeniería, como la definición de quién decide sobre ella. Que haya subsidos públicos es también una forma de “blanquear”el dinero que invierten los billonarios, haciéndolo parecer pertinente.

El informe de la Academia reconoce que la geoingeniería solar es altamente peligrosa e injusta, ya que conlleva impactos desiguales: mientras algunos países se beneficiarían con la disminución de los picos de temperatura, otros sufrirán sequías y más desequilibrios climáticos.

Por sus altos riesgos, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), estableció en 2010 una moratoria al despliegue de la tecnología y un llamado a extrema precaución y a cumplir con una serie de condiciones previas –como un mecanismo multilateral de gobierno y consulta previa a pueblos indígenas y comunidadeslocales– consulta que aplica también a los experimentos a pequeña escala.

Para evadir esta y otras decisiones de Naciones Unidas –Estados Unidos no es parte del CDB, pero la geoingeniería tiene alcance global–, el informe pretende colocar otras reglas de juego: que se establezcan sistemas de gobierno a la investigación y experimentación, por iniciativa de Estados Unidos, pero que serían “internacionales” invitando a otros países (a su antojo) a discutir, para lograr una decorativa muestra de diferentes regiones. Incluyendo también a los actores privados que tienen intereses en geoingeniería.

Esta propuesta es un intento de sabotaje a las decisiones multilaterales y por consenso de todos los países, que es como funciona, por ejemplo, el CBD. En el caso de la geoingeniería la decisión por consenso de todos es un requerimiento mínimo, ya que necesariamente habrá países que serían afectados negativamente.

Åsa Larsson Blind, del Consejo Saami en Suecia, manifestó: “La geoingeniería solar se opone totalmente a la cosmovisión del pueblo saami y va contra de lo que tenemos que hacer: transformar el planeta a sociedades sin emisiones de carbono y en armonía con la naturaleza. Este informe [de la Academia de EU] plantea avanzar una tecnología que conlleva peligros existenciales, con el falso argumento de que sería un plan B para el cambio climático. Si los gobiernos no son capaces de manejar la crisis climática con soluciones reales ahora, menos aún podrán manejar los enormes riesgos e injusticias de la geoingeniería”. Importante apoyar esta lucha que nos concierne a todas y todos.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

Jueves, 25 Marzo 2021 05:42

Palabra y gesto

Palabra y gesto

Lo que no muere en la pandemia

En el último tiempo pienso en que la pandemia trajo aires de muerte por todos lados. Todxs estuvimos o estamos más cerca de ella en este último tiempo. A veces puedo hasta dejarme llevar por esa idea de “total, todxs nos vamos a morir”. Y no. O sea, sí. Todxs nos vamos a morir algún día. Pero mientras tanto ¿qué? ¿Cómo situarse, posicionarse, en esta vida pandémica con la muerte parada en la esquina? ¿Cómo transitar esta vida que cada día nos recuerda, con mayor intensidad, que la muerte es parte de ella? No crean que tengo respuestas, pero vengo reflexionando al respecto.

Releo seminarios de Lacan y algunos textos de Freud, trato de encontrar en ellos la respuesta. No está. Nadie tiene la posta. Sin embargo, han sabido construir conceptos y generar una transmisión que colaboran profundamente con mis pensamientos y con el de muchxs otrxs analistas y colegas.

Somxs mortales. Somxs humanxs, estamos atravesadxs por la cultura, el lenguaje y el uso del símbolo crea un nuevo orden del ser. En el mundo de la palabra, el mundo humano, todo lo que instaura es una realidad en la realidad.

En el Seminario I (1953-54) Lacan retoma la Fábula de Ulises, precisamente cuando es protagonista en “La odisea”. Si la recuerdan, este texto da cuenta del recorrido de Ulises desde la guerra de Troya hasta sus tierras. Recorrido complejo, arduo, dura como 10 años y está lleno de obstáculos. Lo que recorta Lacan es el momento donde Circe (una mujer que hacía hechicería en la Isla de Eea) transforma a su tripulación en cerdos. Dirá que a partir de allí estos cerdos emiten gruñidos, conformando una comunidad, una sociedad, se comunican y comunican mediante gruñidos sus necesidades: si tienen hambre, sed, y también sus cuestiones anímicas.

Lacan se pregunta: ¿son mensajes estos gruñidos? ¿Cómo reconocer que en esos gruñidos hay palabras? Dice escuchar en los gruñidos de los cerdos que “extrañan a Ulises”; sin embargo, esa misma tripulación estaba bastante cansada de Ulises y sus exigencias. Ahora bien, también Ulises era destacado por su astucia. Por lo tanto, dirá Lacan, esos gruñidos son ambivalentes: ¿quieren volver a ver a Ulises, lo aman? O ¿añoran su astucia para que los libere de su actual animalidad?

Esta ambivalencia, dice Lacan, demuestra que hay dudas acerca de lo que los gruñidos comunican. Pero ¿alcanza esto para pensar el gruñido como palabra? La verdad es que no.

Un gruñido solo se transforma en palabra cuando alguien se pregunta ¿qué quiere decir eso? “Una palabra solo es palabra en la exacta medida en que alguien crea en ella", dicen Lacan.

Creer y crear palabra, ¿el único modo de transformar dolor en alguna otra cosa? Podemos convenir en que hay experiencias de la vida humana que son bellísimas de vivir, que el placer no se agota en el dolor ni viceversa, que a veces, parafraseando al Indio, el infierno está encantador pero que también a ese infierno habrá que nombrarlo para poder tomar decisiones (por más dolorosas que puedan ser). El análisis me enseñó algo fundamental: la palabra es el medio para poder nombrar los afectos que estrujan el alma y que desbordan al aparato psíquico.

Alojar los gruñidos y preguntarse ¿qué quiere decir eso? ¿por qué gruñe (o gruño) así? Eso sí es posible, siempre y cuando, exista ese Otro que crea en que ese gruñido tiene algo para decir, contar, es palabra. La palabra tiene una función creadora, crea el mundo en el que vivimos; sigamos gruñiendo porque si bien es cierto que Dios ha muerto todavía hay un Otro que cree que seguimos siendo humanxs.

Por último, quisiera resaltar --porque me invade la pregunta-- ¿y el "gesto"? ¿no nos hace humanxs, tanto como la palabra? ¿qué pasa con el gesto? ¿no es cierto que existen gestos que alivian el alma? Gestos que no son palabras (o que a veces podrían serlo, como no). La palabra está afectada. El gesto es parte de ese afecto, un gesto del Otro es un don que recibo que en el mundo humano tendrá diversas significaciones. Como dice mi colega Leila Wainzek (2019), "la ternura en tanto afecto primordial y estructurante del psiquismo humano bajo la forma del gesto de amor (...) instaura al sujeto de lo inconsciente en el seno de un tipo particular de lazo de amor al Otro, es decir, entre “lo íntimo” del gesto humano (...) y “lo común” de las subjetividades de una determinada sociedad, comunidad y cultura".

Eso "íntimo" del gesto humano que nombra la autora es lo que reúne "lenguaje, cuerpo y afecto" (Wainzek, 2019). De este modo, podríamos decir que para no morir tanto cada día habrá que seguir apostando a la palabra y al gesto de amor. Si ser humanxs es habitar la cultura, no podríamos quedarnos por fuera del gesto lenguajero, esos con los que andamos por la vida y de los que también estamos hechos; no es un slogan del estilo "más amor por favor" o "todo lo que necesitas es amor", dejemos de sobrecargar el concepto de amor rellenandolo de "chucherías". El gesto de amor que anuda el lenguaje con sus palabras hace cuerpo en el lazo social. Somxs también esos cuerpos, los que ya no están, los que han desaparecido, los que viven día a día luchando por una causa, etc, somxs cuerpo hecho de discursos y de gestos. Por supuesto, existen otros gestos, pero me interesa el gesto de amor porque es el único que comporta la potencia de aliviar el alma cuando la muerte está en la esquina y nos ataja los penales que, ineludibles, van a hacer gol alguna vez.

María Florencia González es psicoanalista. Docente UBA. Investigadora UBACyT.

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Vista aérea muestra a sepultureros llevando un ataúd en Vila Formosa, Sao Paulo. 23 de marzo de 2021Foto: Amanda Perobelli / Reuters

El gigante suramericano reportó 3.251 fallecidos en 24 horas y se aproxima a los 300.000 decesos en total desde el inicio de la pandemia.

 

Brasil alcanzó este martes un nuevo pico máximo de muertes diarias por covid-19, al notificar 3.251 fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de la nación (CONASS), que en su reporte del 23 de marzo notificó además otros 82.493 casos positivos. 

De acuerdo al informe, son 298.676 las personas que perdieron la vida por causas asociadas a la enfermedad desde el comienzo del brote sanitario, mientras que los infectados hasta la fecha suman 12.130.019. 

Apenas dos horas después de conocido el balance de la epidemia, el presidente Jair Bolsonaro habló por cadena nacional de radio y televisión, para destacar los resultados de su gestión en el combate a la pandemia. "Quiero tranquilizar al pueblo brasileño", dijo el mandatario luego de ponderar que el país se encuentra en quinto lugar a nivel mundial en cuanto a personas vacunadas por habitante.

"Las vacunas están garantizadas. Para fin de año, habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy pronto, retomaremos nuestra vida normal", dijo el líder derechista en su discurso. 

A pesar de ello, en las calles de las ciudades más importantes y más afectadas por el virus, como Sao Paulo y Río de Janeiro, hubo una reacción inmediata. Con un cacerolazo masivo, buena parte de la población pidió la renuncia de Bolsonaro en repudio a la conducción de la crisis de salud. 

Al ruido de las cacerolas que se oían desde las viviendas, y que fue ampliamente difundido a través de videos en redes sociales,  se sumaron los gritos de vecinos que acusaban al jefe de Estado de "asesino" y "genocida". 

Este lunes, el mandatario, centro de las críticas opositoras por la gestión de la pandemia, volvió a rechazar públicamente la aplicación de un confinamiento de alcance nacional, y pidió dejar sin efecto las cuarentenas dictadas por los gobernadores departamentales. 

Sin embargo, el mandatario se topó este martes con un contundente fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que rechazó dejar sin efecto los decretos aprobados por los gobiernos del Distrito Federal y los estados de Bahía y Rio Grande do Sul, que decidieron imponer medidas de aislamiento social para frenar el fuerte avance del coronavirus.

En su resolución, el juez Marco Aurélio Mello, le recordó a Bolsonaro que "la visión totalitaria" no tiene cabida en los "aires democráticos" actuales y que, como presidente del país, "es responsable de un liderazgo más amplio" y de "la coordinación de los esfuerzos dirigidos al bienestar de los brasileños".

Publicado: 24 mar 2021 01:33 GMT

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‘Defund the police’: el final de la policía en EE UU y el principio de una seguridad pública radical

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial, auguran desde los movimientos ciudadanos que exigen recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social.

 

Una mezcla de incredulidad e ira alumbró Ferguson, Misuri, dos veces en 2014. La primera fue después de que, en verano, el agente Darren Wilson disparase mortalmente varias veces a Michael Brown, de 18 años. La segunda, cuando en noviembre se supo que Wilson no sería procesado. Fue entonces cuando la administración Obama decidió mover ficha para atajar políticamente el problema policial. El resultado fue una comisión de expertos que, meses después, haría públicas 59 recomendaciones que parecían poder rebajar la mortalidad a manos de las fuerzas del orden. No fue así. The Washington Post comenzó en 2015, y tras observar deficiencias en los datos del FBI, a registrar las cifras, que se han mantenido estables en torno a los mil muertos al año. La proyección de 2021 parece confirmar la media: en mes y medio ya son 98.

Es precisamente tras uno de los asesinatos que engrosan esa tenebrosa estadística, el de George Floyd en Mineápolis el pasado mayo, cuando el movimiento alrededor del eslogan “Defund the Police” empezó a tomar impulso mediático y político. El objetivo: recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta, a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social. “Durante los últimos seis meses, ha habido campañas que, en unas veinte ciudades, han conseguido una desinversión policial de 840 millones de dólares y que, al menos, 160 millones se redirijan a las comunidades”, afirma Woods Ervin, de Critical Resistance, una de las organizaciones abolicionistas que integran la constelación del movimiento.

Austin o Seattle son algunas de las últimas ciudades que se han sumado a modificar su presupuesto municipal redirigiendo fondos policiales a, por ejemplo en el caso de la primera, comprar y mantener un hotel para el alojamiento de personas sin hogar. Para Critical Resistance, “estos recortes son un porcentaje relativamente pequeño de los 100.000 millones gastados anualmente en policía en el país, pero representan un buen avance, un giro en la tendencia”. “Oakland consiguió expulsar a la policía de las escuelas”, añade el sociólogo Alex Vitale. Se libera así una dotación de 2,5 millones de dólares que puede ser aprovechada en equipos de orientadores sociales o infraestructura educativa.

Vitale, autor de uno de los ensayos de referencia sobre el tema, que llega esta primavera traducido al castellano como El fin de la policía (Capitán Swing, 2021), hace una enmienda a la totalidad. “El movimiento Defund the Police es una expresión del rechazo a enfocar los problemas mediante reformas policiales. No creo que este sistema policial sea reformable. Lo que mucha gente está señalando es que incluso cuando la policía está actuando de acuerdo a procedimientos correctos, sigue siendo la herramienta errónea para una vasta mayoría de situaciones a las que se aplica”, sostiene desde Nueva York, un escenario difícil para la lucha contra la violencia uniformada.

Para él, el verano pasado dejó al descubierto también las diferencias de tempos políticos entre aquellas ciudades que tenían movimientos de base coordinados y aquellas en las que las organizaciones apenas empezaban a funcionar para presionar más intensamente por menos policía. “Esta ciudad —explica— es un ejemplo de lugar donde la mayoría de grupos preocupados por el problema policial estaban todavía hablando de reforma. Aquí no ha habido una acción coordinada en pro de alternativas. Se consiguió muy poco en ese sentido en el último presupuesto de la ciudad. Demasiados políticos o bien temen al departamento de policía, o bien a quienes apoyan a la policía en sus propios distritos. Esto ocurre porque no ha habido tanta organización a nivel vecinal hasta ahora, cuando sí empieza a haber una que pone al departamento de policía bajo un montón de presión. Seguramente haya una gran batalla sobre esto en el próximo presupuesto”.

La reforma, cristalizada en ocasiones como el exceso o negligencia de agentes concretos, es también rebatida desde Critical Resistance. “El problema de la teoría de las manzanas podridas es que, si se piensa que hay algo que no funciona en el entrenamiento o la dotación policial, se justifica que se les dé más dinero”, afirma Ervin. “Creo que el cambio que hemos visto en unos años, que va desde la petición de cuentas legales a los agentes, al movimiento para desinvertir en policía, es muy importante. Nuestra posición es presionar en pos de la idea de que la policía no es reformable y que la desinversión es una estrategia hacia su abolición, pero también hacia priorizar el bien común, el bienestar. No estamos a favor de la austeridad, queremos que ese dinero se invierta, y de hecho en mayor cantidad, pero no ahí”.

Garantes de un sistema quebrado

Las alternativas implican un cambio radical a la hora de abordar la seguridad pública. No una mejor —o incluso menor— policía, sino otro enfoque político ayudado por un impulso social del presupuesto. En palabras de Vitale, “no se trata de reemplazar a la policía con otras instituciones que recreen su labor, sino evaluar qué retos tenemos en cada comunidad. Ver si existe, por ejemplo, un problema de violencia juvenil, o de sobredosis, o de robos, o de absentismo escolar. Cada uno de ellos necesitará un tipo diferente de solución. No necesitamos respuestas policiales de alta calidad a crisis relacionadas con la salud mental, sino respuestas críticas que no implican a la policía. No necesitamos agentes con mayor diversidad, o mejor entrenados, en el departamento de narcóticos; necesitamos acabar con la guerra de las drogas y devolver la cuestión a las autoridades competentes en salud pública”, defiende.

O incluso, como apunta Ervin, puede que “a veces haya situaciones que no necesitan una respuesta” que involucre al cuerpo armado. Prefiere hablar de “inversión estructural, como en el caso de la vivienda. O si hubiera mayor dotación en cuanto a salud mental, habría menos llamadas referentes a episodios de este tipo, por ejemplo en la calle”.

Ambas fuentes coinciden en resaltar la conexión entre el sufrimiento psíquico con algunos casos de actuación policial. Según un estudio publicado por la gubernamental Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entre un 6 y un 10% de los contactos que el cuerpo armado tiene con la población son con personas que sufren trastornos de gravedad. Y estas son alrededor de un 20% de las víctimas mortales anuales de los disparos de los agentes.

Solo desde el inicio de la pandemia, cualquier estadounidense que haya querido ha podido ver en los medios cómo la policía de Rochester, Nueva York, redujo hasta la asfixia mortal a Daniel Prude la misma noche en que atravesaba por un episodio psicótico. O a Nicolás Chávez, baleado más de veinte veces entre 28 policías durante una crisis en Houston. O a Linden Cameron, un chico de 13 años con síndrome de Asperger tiroteado una decena de veces en Salt Lake City.

Desde Critical Resistance recuerdan que un contexto más profundo puede encontrarse en los recortes a la salud mental perpetrados por la administración Reagan. El republicano tardó solo un año en tirar por la borda la Mental Health Systems Act de Jimmy Carter que proyectaba un mayor gasto federal para una red especializada. Durante la llamada “desinstitucionalización” de pacientes en los años 80, muchos quedaron expulsados del sistema sanitario, desprotegidos, quedando a merced de la amenaza del sinhogarismo y la criminalización.

 “Soportamos cuarenta años de austeridad neoliberal promovida por ambos partidos. Los alcaldes han confiado en la policía para manejar las consecuencias económicas de ese modelo, como son una inmensa desigualdad, precariedad o inseguridad material, un sinhogarismo masivo, una salud mental sin tratar o el abuso de sustancias. Y se dota de más dinero a la policía para continuar desarrollando esa estrategia neoliberal”, indica Vitale, antes de desarrollar ampliamente esa idea: “En este país se ha convertido cada problema, especialmente en las comunidades con bajos ingresos y en las racializadas, en algo a manejar por parte de la policía. Ese modelo reproduce las desigualdades de raza y clase que atraviesan este país. Llevamos décadas bajo el mito policial de que ellos son la única fuente capaz de proporcionar seguridad pública. En las comunidades de clase media se teme a la gente de fuera de ellas, y se recurre a la policía para ello, y en las comunidades más pobres sucede igual pero con parte de la propia gente que vive allí. En estas comunidades hay mayor receptividad a las alternativas policiales porque es donde se ha experimentado la problemática policial mucho más que en las de clase media, donde la policía es a menudo una abstracción y no hay apenas vivencias de primera mano con su intervención. Muchos activistas tratan de hacer hincapié en que cuando confías tu propia seguridad pública en la policía eso está liberando más respuesta policial sobre otra gente. Necesitamos que la gente tome conciencia sobre la responsabilidad que tienen en habilitar ese modelo y lo que implica”.

Ervin lo concreta en el caso de la población afroamericana, que incluso ha extendido el uso de la expresión “calling the police on black people” para designar la facilidad con la que algunas personas blancas telefonean a esta fuerza armada en situaciones cotidianas, sesgados por una sospecha racista.

Los humoristas Trevor Noah y Dulce Sloan expusieron en su programa algunos de estos delirantes casos —que pueden desembocar en escenas violentas o traumáticas para sus víctimas—, dejando constancia además del agravante de que en varios episodios fueran niños de ocho y nueve años sobre quienes se pidió actuación policial. El primero rozó con su mochila a una mujer en una tienda y esta pensó que se trataba de una agresión sexual. El niño simplemente vendía botellas de agua en la calle para costear un viaje a Disneyworld. “Creo que este país —opina Ervin— está empezando a ser consciente de a qué temprana edad empieza esta rapidez en llamar a la policía contra personas negras. Es algo que ocurre, es un lugar común. Para nuestra organización, la policía ha servido para manejar un sistema racista desde su creación”. Si volvemos a la estadística, las personas negras tienen una tasa doblemente mayor que las blancas en cuanto a mortalidad por disparos de la policía, constituyendo el 13% de la población total de Estados Unidos.

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial desde arriba, coinciden Critical Resistance y Vitale. “Tanto Biden como Obama criticaron el eslogan ‘Defund the Police’. Seguramente Joe Biden y Kamala Harris lleven a cabo reformas que entorpezcan el movimiento progresista en torno a la policía y la política penitenciaria”, prevé Ervin. “El propio Biden dejó claro que no apoyaba este enfoque. De hecho, él es uno de esos políticos que se ha sostenido en el modelo policial para llevar a cabo la estrategia neoliberal. Tiene en el departamento de Justicia a varias personas que proceden de aquella fallida reforma y han mostrado cierta apertura a otro sistema policial, pero parece que esta administración invertirá más dinero en policía. No menos”, apunta Vitale. Será una lucha, recuerdan ambos, que tendrá como motor decisivo el impulso de la organización de los movimientos de base.

Ignacio Pato

@ipatolorente

22 mar 2021 06:00

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Viernes, 19 Marzo 2021 06:18

Vietnam, la guerra continúa

Tran To Nga encabeza una movilización en París por reclamos sobre las terribles secuelas del agente naranja en la población vietnamita COLLECTIF VIETNAM-DIOXINE

UNA VIETNAMITA CONTRA LAS MAYORES FIRMAS AGROQUÍMICAS DEL PLANETA

 

Tran To Nga se ha atrevido a llevar a la Justicia a quienes produjeron el agente naranja con el que Washington devastó el sudeste asiático y que aún hoy provoca horrores sanitarios y desastres ambientales. Su victoria cambiaría el destino de muchos.

Una tarde de 1966, cuando tenía 24 años, Tran To Nga vio cómo un avión C-123 estadounidense, que sobrevolaba a baja altura la aldea de Vietnam del Sur en la que vivía, lanzaba una carga de lo que parecían ser unos herbicidas como tantos de esos que se rocían habitualmente sobre los campos agrícolas. «¿Qué podía representar la fumigación de un banal herbicida en medio del apocalipsis que rodeaba a nuestro querido Vietnam en llamas?», escribió en su autobiografía, Mi tierra envenenada, publicada en Francia en 2016. El avión dejó «una estela blanca en el cielo azul» y en el cuerpo de Nga una sustancia viscosa, pegajosa. Su madre le gritó que se sacara de inmediato la ropa. Ella obedeció, pero no le prestó demasiada atención a lo sucedido. «Con esa ducha tóxica, sin embargo, el mal comenzó a anidar en mi cuerpo», contó en el libro. Tiempo después sería nuevamente fumigada con esa misma sustancia, cuando cubría como periodista los combates en el delta del Mekong.

Lo que los C-123 habían lanzado era una poderosísima arma química. Se la conocería como agente naranja, por la franja de ese color que atravesaba los bidones en los que se la transportaba. Durante la guerra de Vietnam, el Departamento de Defensa había concebido una serie de armas químicas a partir de sustancias como esta, a las que llamó «herbicidas arcoíris». Además del agente naranja estaban el verde, el blanco, el rosa, el violeta.

El objetivo confeso del gobierno yanqui (de los gobiernos yanquis, desde el de John F. Kennedy hasta el de Richard Nixon, pasando por el de Lyndon Johnson) era defoliar las zonas boscosas y rurales en las que los combatientes del Vietcong podían refugiarse. También privar a los campesinos vietnamitas de sus medios de sustento. El agente naranja fue la más letal de las armas usadas para ese fin. Era mucho más que la mezcla de dos herbicidas hormonales reconocida por el Departamento de Defensa. A uno de los plaguicidas que intervenía en su fabricación, el 2, 4, 5-T, se le había agregado un compuesto de dioxina, el TCDD, que lo convertía en particularmente dañino. Cuando se conoció su composición, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo catalogó entre los «peores venenos existentes» y lo calificó como «altamente cancerígeno en humanos», al igual que lo hizo el Departamento de Salud de los propios Estados Unidos. Como las dioxinas son mutagénicas, no sólo produce espantosas enfermedades en quien lo recibe en su cuerpo, sino también en su descendencia.

Entre 1962 y 1973, Estados Unidos derramó sobre Vietnam del Sur decenas de millones de litros de herbicidas y defoliantes. El agente naranja representó el grueso de las fumigaciones, alrededor del 62 por ciento. Según un informe oficial estadounidense de 2003, elaborado por la química Jeanne Stellman, el número de vietnamitas afectados directamente se situó entre 2,1 y 4,8 millones. Incalculables fueron los afectados indirectos (hijos, nietos de los fumigados). André Bouny, un francés que desde hace años investiga sobre el tema y que ha publicado libros extremadamente documentados, entre ellos, Apocalipsis Vietnam, dice que las cifras del Informe Stellman son un mínimo, que los afectados directos son «al menos» 5 millones y que Estados Unidos desparramó sobre el país asiático mucho más veneno que el que reconoce.

Vietnam estima en medio millón el número de niños nacidos con malformaciones como consecuencia del agente naranja. Hasta la tercera o cuarta generación de posguerra se hacen sentir los efectos de este veneno calificado en informes científicos de «insidioso, silencioso, invisible»: deformaciones, tumores, ausencia de algún miembro, insuficiencias cardíacas, problemas graves en la piel, ceguera, calcificaciones, abortos espontáneos son algunas de las linduras que provoca.

Bounypreside el Comité Internacional de Apoyo a las Víctimas Vietnamitas del Agente Naranja, una de las pocas organizaciones responsables de que algo de ayuda les llegue a las decenas y decenas de miles de personas que nacen aún hoy en Vietnam «con una apariencia que escapa a la morfología genérica de la especie humana» y que sobreviven aisladas, casi sin cuidados, porque «avergüenzan» incluso a sus familias, en su gran mayoría compuestas por campesinos pobres que han perdido todo y que dicen no querer, cuenta Bouny, perder también su «dignidad». «La culpabilidad personal es la clave de la existencia de estas personas», consigna un informe de fines de enero de la revista francesa Politis. «La revelación de su envenenamiento llegó demasiado tarde y algunos aún no están convencidos. Hay, todavía hoy, mucho desconocimiento y vergüenza con relación al agente naranja y sus efectos, ligados a las creencias populares: el nacimiento de un hijo deforme o enfermo sería un castigo enviado por los ancestros […]. Las parejas con uno o varios hijos malformados esperan con avidez el nacimiento de uno que no lo sea. Si no lo logran, la aldea podría excluirlos aún más de la vida social.»

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Y hubo en Vietnam también un ecocidio, un concepto nacido, precisamente, a partir de la guerra química lanzada por Estados Unidos en el sudeste asiático para describir los atentados deliberados y a gran escala contra el medioambiente. Millones de hectáreas de tierras fértiles y de selva tropical vietnamitas resultaron arrasadas y envenenadas por los herbicidas arcoíris, una contaminación que se prolonga hasta ahora. Hechos similares, en la frontera entre el genocidio y el ecocidio, pasaron en la misma época en Laos y en Camboya (véase, por ejemplo, «Vivir las bombas», Brecha, 13-I-17) como consecuencia de las fumigaciones estadounidenses, pero son países tan pobres, apunta Bouny, que no han contado con medios para documentarlos.

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Por todos esos horrores, por los padecimientos propios –que transmitió a sus tres hijas y que pasaron a sus nietos– y de muchísimos otros, Tran To Nga inició en 2014 un juicio civil contra las empresas estadounidenses fabricantes del agente naranja. «Tengo muchas de las 16 enfermedades» que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos reconoció en 1996 como ligadas a la exposición a esa sustancia, dijo a la prensa francesa. En 2011, análisis hechos en el laboratorio alemán Eurofins revelaron que Tran presentaba una alta tasa de dioxinas en sangre y que padecía de diabetes, de cloracné, de una enfermedad genética de la hemoglobina, de calcificaciones, de nódulos subcutáneos, de una malformación cardíaca transmisible, de problemas pulmonares. Patologías, todas ellas, incluidas en la lista de la academia estadounidense. Sus hijas también las tienen. O las tenían: la primera, nacida en 1967, murió a los 17 meses por una malformación cardíaca, que en aquel momento no se podía ni se sabía a qué atribuirla.

Tran hizo su demanda en Francia, país en el que vive desde 1992 y del que tiene la nacionalidad. El suyo es el primer juicio emprendido por un civil contra esas megacompañías, así como el primero que se hace en un país que no intervino en la guerra. Veteranos de guerra estadounidenses llevaron ante los tribunales de su propio país a algunas de esas transnacionales, logrando en 1984 que se los indemnizara con unos 180 millones de dólares, porque ellos también habían sido afectados por los agentes químicos que manipularon. Pero a los civiles vietnamitas reunidos en la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja (VAVA, por sus siglas en inglés) que intentaron seguir su camino invocando el Protocolo de Ginebra de 1925 contra el uso de armas químicas, la Justicia estadounidense los dejó en la antesala: un juez les dijo que un herbicida no era un arma de guerra ni un veneno, un tribunal de apelaciones lo confirmó y la Suprema Corte les cerró definitivamente el paso. También hubo procesos en Corea del Sur por iniciativa de 39 exsoldados coreanos que combatieron junto a los invasores de Vietnam. En 2013, las empresas demandadas resultaron condenadas, pero maniobras diplomáticas de «la embajada» en Seúl hicieron que hasta ahora esos veteranos no hayan cobrado un solo dólar, según indicó Politis.

A Tran To Nga las transnacionales le ofrecieron «arreglos» extrajudiciales para no llegar a los tribunales. Los rechazó. Con 78 años avanzados dice que está librando «la última gran batalla» de su vida, que la está llevando a cabo «en nombre de todas las víctimas del agente naranja» y que pretende sentar un precedente para que «quede bien claro que estas empresas son tan responsables como el Estado estadounidense» –contra el que no puede litigar en esta instancia– en los asesinatos y otras atrocidades que cometieron. Y busca abrir así una puerta para que otros sigan su camino. «No quiero que estas multinacionales escapen por la tangente, como demasiadas veces logran hacerlo. Ni ellas ni los gobiernos de Estados Unidos han reconocido lo que les hicieron a los vietnamitas», dijo a medios franceses a fines de enero, cuando se entró en la etapa decisiva del juicio. «El eventual éxito de Nga jamás se limitará a su propia reparación. Comprenderá el reconocimiento jurídico de la responsabilidad de las empresas, pero también una nueva jurisprudencia utilizable por todas las víctimas de armas químicas y pesticidas», afirmaron en una declaración publicada el 18 de enero en el diario Libération una docena de asociaciones y centrales sindicales que integran el Colectivo Vietnam Dioxina.

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Seis años pasaron desde aquel 2014 en que Tran To Nga inició su demanda ante un tribunal de Evry, en la periferia de París. Trascurrieron entre las presentaciones de documentación de una parte y de la otra y entre chicanas múltiples de la pléyade de abogados contratados por las empresas, que intentaron cuestionar la competencia de un tribunal francés en el caso y acusar de difamación a la querellante. El 25 de enero, tras 19 aplazamientos (¡19!) tuvo lugar la audiencia de lectura de los alegatos y se entró en el fondo del asunto. De las 26 empresas acusadas inicialmente por madame Tran, como la llaman sus abogados, quedaron 14: las otras 12 o bien desaparecieron o bien lograron demostrar que no tenían relación con el agente naranja. Pero entre las que quedaron figuran algunas de las agroquímicas más poderosas del mundo, incluidas Dow Chemical y Monsanto, hoy propiedad de la alemana Bayer y famosa por haber fabricado otros venenos, como los pesticidas a base de glifosato catalogados como cancerígenos en humanos por la OMS, pero con los que se siguen fumigando las tierras agrícolas de buena parte del planeta, en especial en América Latina (véase «Monsanto, Bayer, el glifosato y el imperio de los sentidos», Brecha, 13-VII-18). Entre los 12 integrantes del Comité Vietnam Dioxina aparecen varias de las asociaciones que han denunciado en Francia las prácticas y los crímenes de Monsanto.

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Nacida en el sur de Vietnam en tiempos de la guerra de Indochina, en la que sus padres fueron parte de la resistencia al colonialismo francés, Tran pasó su adolescencia en un país que ya estaba partido en dos. Creció en el norte liberado, a donde su familia la mandó para protegerla, pero cuando era todavía muy joven volvió al sur para combatir contra el invasor estadounidense. Durante cuatro meses recorrió a pie los más de 1.000 quilómetros que separan el norte del sur, atravesando la hoy llamada pista Ho Chi Minh, por entonces pista Truong Son, a través de regiones selváticas y montañosas fumigadas y napalmeadas. Combatió primero con las armas y luego con la pluma, cuando la agencia de prensa para la que trabajaba la envió a seguir a los milicianos del Frente Nacional de Liberación. Además de fumigada, Tran fue detenida y torturada en una prisión estadounidense, donde en 1974 nació en cautiverio su tercera hija.

«Soy hija del Mekong, del colonialismo y de la guerra. Soy hija de una tierra mágica y envenenada», escribió en su autobiografía.

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Fue hacia mediados de la primera década de los dos mil que Tran se resolvió a «hacer algo» contra las empresas fabricantes del agente naranja. Debió convencerse primero de que las enfermedades que sufría estaban ligadas a él, vincularlas a las que sufrían sus hijas y nietos y tantísima otra gente. Consultó a especialistas, se informó. Y se convenció. Más aún luego de que visitó, en 2008, en Thai Binh, cerca de Hanoi, uno de los campamentos asistidos por la VAVA, donde tuvo frente a sí «a adolescentes sin manos ni piernas, bebés deformes, gente sin edad», relata Politis.

Decidirse a enfrentar a las megaempresas fue otro paso: demasiado poderosas y resueltas a hacer cualquier cosa. Dow Chemical y Monsanto-Bayer, las dos más ricas, tienen un volumen de negocios superior al PBI de Vietnam, y cualquiera de las 14 –especialmente Monsanto– tiene abundante capacidad de lobby y un cargado historial en materia de manipulaciones, campañas de difamación, acoso, ataques físicos a través de sicarios, etcétera, etcétera (véanse, por ejemplo, «Natural killer», «Ciencia para quién y para qué», «Periodismo transgénico», Brecha, 5-X-12, 16-V-14, 20-I-17).

En una conferencia llevada a cabo en París en 2009 sobre el agente naranja, Bouny logró que Tran aceptara demandar a las transnacionales. Pero habría otro obstáculo: el judicial. En 2010, bajo el gobierno de Nicolas Sarkozy, el Parlamento votó una ley que quitaba toda competencia a los jueces franceses en materia de derecho internacional. Tres años más tarde, esa competencia se restableció y, al siguiente, Tran presentó su demanda. Sus abogados descartaron la vía penal –más larga y engorrosa, según consideraron– y optaron por la civil.

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Uno de los argumentos de las transnacionales que fabricaron los agentes arcoíris, en especial el naranja, es que «no sabían» sus efectos. Otro es que «no podían» negarse a participar en los «esfuerzos de guerra» de su país. Los dos son falsos. En el juicio, los tres abogados de Tran («somos como D’Artagnan y los tres mosqueteros, combatiendo unidos», dijo la vietnamita) probaron con documentos que, antes de fumigar en Vietnam, Monsanto tuvo que indemnizar a muchos de sus propios trabajadores que se habían contaminado manipulando esos productos. Fueron arreglos extrajudiciales, que no trascendieron y que «quedaron en los ámbitos de la industria» para no provocar un escándalo entre los consumidores estadounidenses, dijo otra abogada, Amélie Lefebvre. «No quiero vivir eso otra vez», llegó a decir por entonces en un mensaje interno un jerarca de la transnacional. Los abogados de Tran accedieron también a otra comunicación corporativa, esta vez de Dow Chemical, correspondiente a 1965 –año en que comenzaron las fumigaciones con el agente naranja–, en la que la empresa reconocía la «extraordinaria toxicidad» de ese producto y mencionaba algunas de las patologías que podía desencadenar.

En cuanto a que las empresas estaban «obligadas» a fabricar esos venenos, uno de los tres mosqueteros, William Bourdon, demostró que nadie les puso un revólver en la cabeza. El gobierno hizo un llamado para la fabricación de estos defoliantes «especiales» y todas ellas se presentaron como un solo hombre porque olían el jugosísimo negocio que tenían ante sus narices y la solvencia de su contratante: el Ejército de Estados Unidos. «No hubo requisición militar, sino una licitación, y ellas respondieron como una banda organizada», dijo Bourdon. «Fueron todos cómplices: el gobierno y las compañías», agregó.

Los abogados de las corporaciones alegaron también que Estados Unidos tenía «derecho a protegerse por todos los medios de los ataques del Vietcong», que nada probaba que las enfermedades de Tran hubieran sido causadas por el agente naranja, que ya habían pasado «demasiados años» de aquello como para ir a juicio… Lefebvre, Bourdon y su otro colega Bertrand Repolt respondieron evocando la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, apuntando que «nada justifica el recurso a armas químicas en ninguna guerra» y trayendo a colación documentación científica sobre los efectos del agente naranja. «Están acorraladas», afirmó Bourdon refiriéndose a las transnacionales. El 10 de mayo, cuando el tribunal de Evry comunique su fallo, se sabrá en la realidad real si eso es así.

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«A mis casi 80 años estoy cansada, pero no tengo derecho a parar. Y soy la única persona que puede hacer esto. Si desaparezco, ya no quedará nadie», dijo a la prensa Tran To Nga a la salida de la audiencia de fines de enero. Bouny está de acuerdo. Y dice que ni siquiera el Estado vietnamita, demasiado ocupado en recomponer sus relaciones con Estados Unidos con el fin de «protegerse» de China, hará algo por las víctimas vietnamitas de la guerra química de los años sesenta y setenta, a pesar de que se siguen reproduciendo y de que las zonas devastadas por los agentes arcoíris tardarán muchos años más en regenerarse. Ese abandono: otro de los horrores de la (pos)guerra.


19 marzo, 2021

Publicado enInternacional
Y la guerra contra la Tierra desembocó en una pandemia global

Un año buscando un culpable. Durante estos 365 días de pandemia, los dedos de la humanidad han apuntado hacia todo tipo de causas sin encontrar respuestas, sólo estigmas y conspiraciones. Lo evidente es que las explicaciones a este colapso parcial de los sistemas socioeconómicos –que durante los primeros meses de epidemia adquirió tintes distópicos– no están ligadas a la aleatoriedad de la naturaleza, ni a los intereses rebuscados de una nación asiática por alterar el orden geopolítico mundial, sino que se relacionan directamente con la forma en la que el ser humano se relaciona con la Tierra. El origen del nuevo coronavirus no es un pangolín, tampoco un laboratorio, sino una crisis ecológica provocada por las sociedades neoliberales y su cultura del crecimiento material.

«No hay duda de ello», asiente Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Si bien no se sabe el origen exacto de la covid-19, todas las certezas científicas del momento apuntan a la pérdida de biodiversidad generada por actividades económicas como la deforestación, el comercio y la cría intensiva de especies animales. La propia ONU ha advertido de cómo la guerra contra la Tierra y el deterioro de los ecosistemas está llevando a la humanidad a una nueva era marcada por la aparición de epidemias. Tanto es así que el último informe del IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas) señala que en la naturaleza hay 1,7 millones de virus desconocidos que podrían saltar a la especie humana en cualquier momento en un proceso de zoonosis.

Para Valladares, la destrucción de la naturaleza es esencial para entender el origen de esta coyuntura epidémica en la que las civilizaciones modernas se han visto inmersas. «Estamos defecando sobre los ecosistemas, los estamos volviendo prácticamente disfuncionales y eso tiene unas consecuencias», advierte el experto. Donde hay un bosque, donde hay poblaciones de mamíferos y aves, hay biodiversidad, que no es otra cosa que un escudo protector que pone distancias entre el ser humano y los patógenos que se concentran en los reservorios naturales. Existen tres niveles de variedad natural que contribuyen a controlar la proliferación de patógenos. Por un lado, La diversidad de formas de vida: predadores y presas, carnívoros y herbívoros, de sangre fría y de sangre caliente. Cada una de estas funciones aportan un equilibrio natural que impide que haya sobrepoblación de especies que alberguen mayor número de reservas víricas. Por otro lado, en los ecosistemas hay una biodiversidad que afecta a animales dentro de un mismo grupo, es decir, diferentes tipos de roedores, de aves, de mamíferos. «Esto es un mecanismo de dilución que ayuda a disminuir las cargas víricas», matiza el investigador. Por último, hay una tercera escala de biodiversidad que afecta a un nivel genético, de tal forma que un virus no afecta de la misma forma a todos los animales de una misma especie concreta. «Este mecanismo lo tenemos los propios humanos y lo hemos visto con el coronavirus, cuando la enfermedad se ha manifestado de formas muy diferentes en cada uno de los pacientes».

La forma en la que el ser humano interactúa con animales, el modo en el que elimina hectáreas de bosques y expande sus ciudades sobre la naturaleza contribuye a que todos estos mecanismos se alteren, provocando que los virus y bacterias que permanecen ocultos puedan saltar al ser humano. «La Tierra es un sistema muy complejo de relaciones, donde cada especie tiene su función. De alguna forma, llevamos décadas irrumpiendo en los ecosistemas , alterando hábitats y poniendo especies salvajes cerca de nosotros. Esto no ha hecho más que incrementar los riesgos de que haya zoonosis», expone Gema Rodríguez, responsable de Especies Amenazadas en el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 

Un círculo vicioso de malas prácticas

En la pérdida de biodiversidad y el incremento de riesgos de zoonosis intervienen elementos que se retroalimentan en un círculo vicioso. Por un lado, el cambio climático provocado por la actividad económica del ser humano basada en la quema intensiva de combustibles fósiles y el cambio de usos de la tierra. La subida de temperaturas del planeta resulta crucial para entender la propagación de la covid, tal y como apunta una investigación reciente de Science of the Total Environment, que detalla cómo los cambios en el termómetro han terminado alterando los ecosistemas de tal forma que las poblaciones de murciélagos –animal que sirve de reservorio de diversos tipos de coronavirus– de Myanmar o Laos se desplazarán hacia Yunnan, China.

La economía fósil ha provocado una gran crisis climática que es determinante para entender cómo los vectores de contagio de virus de origen animal se acercan cada vez más al ser humano. La covid no es un caso aislado. El zika, la malaria o el dengue también guardan relación con la forma en la que especies de mosquitos se trasladaron a nuevos hábitats con la progresiva subida de los termómetros. En el caso de España, el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad advierte de cómo las transformaciones en el clima pueden convertir la península ibérica en un lugar perfecto para que se asienten mosquitos que transmiten el virus del Nilo o las garrapatas que propagan la Fiebre Hemorrágica Crimea-Congo (FHCC).

«Esta pandemia es un síntoma más de que el ser humano no está en paz con el planeta Tierra. Desde el punto de vista semántico podríamos decir que la relación con el Planeta es violenta», opina Unai Pascual, economista del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y uno de los autores del último informe del IPBES sobre biodiversidad y pandemias. Se refiere el experto a otros impulsores directos de procesos de zoonosis, que a su vez aceleran o contribuyen al cambio climático. «Los cambios del uso de la tierra son determinantes», sostiene. En este punto, el experto señala que la deforestación tiene «unas implicaciones notables, ya que la tala masiva de árboles es una forma directa de destrucción de la biodiversidad, además de ser una de las causas principales de la aparición enfermedades infecciosas de origen zoonótico» como el SARS o el ébola, cuya propagación estuvo condicionada por el desplazamiento de especies de animales tras la devastación de selvas y bosques, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que el 70% de los brotes tienen que ver con esa pérdida de espacios verdes.

La deforestación –que lleva asociada una carga de emisiones de CO2 y destruye sumideros de carbono que ayudan a combatir el cambio climático– se relaciona directamente con el modelo agropecuario industrializado, en tanto que donde hoy se eliminan bosques, mañana se plantarán monocultivos de soja o aceite de palma destinados a la alimentación del ganado en las macrogranjas. Tanto es así, que según el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el 76% de la tala masiva de árboles tiene que ver con este tipo de cultivos. El peso que ha adquirido la ganadería industrial en la economía neoliberal es, según Valladares, «una bomba de relojería» de cara a la irrupción de nuevas epidemias. Y es que las macrogranjas –además de generar una importante masa de gases de efecto invernadero– han sido en las últimas décadas reservorios de patógenos que han terminado saltando al ser humano. La gripe aviar o la gripe porcina son los dos ejemplos más recientes.

No sólo la ganadería intensiva es un factor de riesgo; el coronavirus también ha puesto en el foco mediático el impacto en la salud que pueden tener los mercados húmedos y la cría de especies invasoras. El mercado de Wuhan, epicentro de la pandemia de la covid-19, ha sido determinante para entender cómo el ser humano se expone al entrar en contacto con especies sacadas de sus hábitats. No en vano, esta epidemia también ha revelado los problemas de otras prácticas peligrosas que se desarrollan en Europa, como la cría intensiva de visones americanos, una especie invasora que ha sido el origen de múltiples rebrotes en el viejo continente durante 2020. Gema Rodríguez, cuya organización reclama el cierre de las fábricas peleteras, argumenta que «la cría de especies salvajes equivale a criar vectores de enfermedades». La cría de especies silvestres es muy común en España, donde existen granjas de jabalís o de liebres destinadas a las sueltas cinegéticas, cuya concentración en espacios reducidos debilita su sistema inmunológico y favorece la propagación de patógenos y enfermedades como la tuberculosis.

La raíz del problema

La ganadería industrial, la deforestación, la cría de especies salvajes o el propio cambio climático son impulsores directos para la aparición de nuevas epidemias como la del coronavirus; prácticas concretas y visibles que, según Valladares, conducen a la humanidad hacia una era donde las pandemias pueden ser cada vez más frecuentes. «Si seguimos así, es objetivo decir que tendremos más procesos de zoonosis. De hecho, es posible que haya múltiples epidemias al mismo tiempo. Es una cuestión de probabilidad y estadística, cuanta más biodiversidad perdamos, menos capacidad tendrán los ecosistemas de protegernos», expone el biólogo. 

Para el economista del BC3, es importante entender que los impulsores directos de la pandemia se sustentan en impulsores indirectos relacionados «con la gobernanza, la economía y las normas que regulan el comercio a nivel local, regional y global». En otras palabras, la tala masiva de árboles o la financiación de la agricultura y la ganadería no son prácticas aisladas, sino que responden a los mecanismos económicos del sistema neoliberal de crecimiento expansivo y a una cosmovisión sociocultural basada en el consumo material. «Que haya unas normas que permitan estas actividades no quiere decir que estas sean buenas. Eso es de lo que debemos empezar a hablar; de meter mano a todo metabolismo económico», argumenta Pascual.

El sistema de crecimiento económico se está topando con los límites físicos del planeta, del que cada vez quedan menos recursos que extraer. La naturaleza, de una forma casi mitológica, envía sus señales de alerta con forma de pandemia; con forma de colapso. Y es que la tiranía del PIB, la cultura de medir la prosperidad de un Estado en función de su riqueza material, está empezando a tener resultados paradójicamente antieconómicos. «Necesitamos bajar el consumo, reorientar la economía hacia los cuidados, desacelerar. Antes de pisar el freno tenemos que distribuir y asignar los recursos productivos de las economías de una forma sostenible. Si no cambiamos los mecanismos de gobernanza a todos los niveles, seguiremos perdiendo biodiversidad, acelerando el cambio climático y padeciendo pandemias» con un gran coste, no sólo humano, sino en la economía de los países. «La única forma de prevenir nuevos virus es desacelerar. No es una opinión, es un hecho basado en toneladas de artículos científicos que nos dicen que es más costosos reaccionar ante una pandemia que prevenir», sostiene Pascual.

Para Valladares, los estragos causados por la covid debería bastar para que la humanidad «aprenda» una lección valiosa sobre la importancia de la biodiversidad. «El enfoque, hasta ahora, ha sido muy paternalista y marcado por actuaciones simbólicas. Hemos tratado de salvar al lince, al lobo, al oso panda, pero no hemos ido a la raíz del problema, que es avanzar hacia un sistema que garantice que los ecosistemas nos puedan aportan seguridad», advierte Valladares. Sin embargo, un año después del estallido de la covid, con la vacuna cada vez más cerca, los datos no hacen ver que las cosas puedan cambiar. De hecho, no se observa un retroceso en actividades económicas vinculadas a la deforestación. Buena prueba de ello es que, tal y como apunta Pascual, mientras el precio del petróleo se tambaleó durante 2020, el de commodities agrícolas como la soja o el aceite de palma ha experimentado un crecimiento lineal durante todo el año.

Cuando la covid llego hace un año,  los cimientos del sistema económico se tambalearon. Las grandes ciudades se vaciaron, los hospitales colapsaron y las economías nacionales se desplomaron. En cierto modo, la pandemia es un espejo que devuelve el reflejo destructivo de la actividad humana. Ahora, la luz que anuncia el final del túnel parece tan cercana como un pinchazo de aguja, pero la pregunta, tras este mal sueño, es si la nueva normalidad traerá una vacuna para los ecosistemas.

10 de marzo de 2021

Publicado enMedio Ambiente
 Comandantes Batallón Pedro Nel Ospina 2004-2008

El Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) es el tercero con más muertos por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, según reveló el Tribunal de Paz. Estos fueron sus comandantes en entre 2004 y 2008.

 

El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó a través del Auto No. 033 de 2021 que en Colombia, entre 2002 y 2008, se presentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte del Ejército Nacional. Esta cifra se enmarca en el caso 03 denominado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” en el que el Tribunal de Paz priorizó las investigaciones de este crimen en seis departamentos de Colombia donde hay más evidencia hasta el momento.

Entre esos seis está Antioquia que, según las indagaciones de la JEP, es el departamento con más casos conocidos. Dentro de esta región opera la IV Brigada del Ejército que podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas entre el 2000 y el 2013, según la Sala. De esta brigada se desprenden ocho batallones que reportan un total de 1.216 muertos por ejecuciones extrajudiciales, pero de estos, tres reportan el 58,1 por ciento del total de muertos y son el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), con 306 muertes acreditadas; el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (Cmjco), con 216 y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), con 185 casos.

De acuerdo a la información de la Sala, el Biosp es la tercera unidad militar con más víctimas en Antioquia. Según el Auto, para 2003 había 4 casos reportados, cifra que llegó a 26 en 2004 y a 55 en 2005. Para 2008 el número bajó a 12. En este batallón pasaron tres comandantes de 2004 a 2008. Infobae recoge quienes fueron y cuales son los casos relacionados que tienen o tuvieron abiertos en la justicia ordinaria.

Jairo Bocanegra de la Torre

En 2004, llegó el comandante Jairo Bocanegra de la Torre, un militar que tenía, para ese momento, 20 años de experiencia en altos cargos como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Operativo No. 9 en el Bagre, Antioquia, además de haber pasado por liderar tropas en Arauca y de comandar la Escuela de Ingenieros, de donde se graduó como ingeniero civil.

Bocanegra comandó el Biosp hasta junio de 2005, pero no fue sino hasta 2007 cuando en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por un proceso que llevaba Justicia y Paz, se mencionó su nombre en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí José Miguel Gil Sotelo, un exguerrillero de las Farc y Daniel Alejandro Serna, un exparamilitar, rindieron versión frente a la participación de la Fuerza Pública en los crímenes cometidos por el Frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas declaraciones confesaron que ellos uniformaban a las personas mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos y hacían el reporte, “uno de los que colaboraba con las autodefensas era el señor comandante, un coronel Bocanegra”, afirmaron.

Además de esto, los insurgentes dijeron ante el Tribunal que Bocanegra había estado involucrado en un crimen en la vereda el Cedro, de Amagá, donde asesinaron a dos menores de edad. “En la vereda El Cedro de Amagá hicieron una operación donde murieron dos niños, en esa operación los uniformaron para hacerlos pasar como miembros del grupo ilegal. Allí murió alias “El Zarco” y murió un venezolano. Eso fue como más o menos en el año 2003 o 2004, en total fueron cuatro muertos...”.

Para la Fiscalía, los denunciantes se referían a Jairo Bocanegra de la Torre, quien para 2007 ya era Coronel de la Reserva del Ejército Nacional y por estos testimonios el Tribunal ordenó la compulsa de copias al ente acusador para abordar el caso, sin embargo, la investigación no prosperó y Bocanegra no fue condenado por estos delitos.

Édgar Emilio Ávila Doria

Para este año y después de que Bocanegra dejara el Biosp y se fuera a comandar otro centro militar en Tolemaida, Cundinamarca, habría llegado, en diciembre, Édgar Emilio Ávila Doria a dirigir este batallón. De acuerdo con la JEP, el 2005 fue el año donde se dispararon los casos de falsos positivos en esta unidad militar llegando a 55, siendo el mayor número registrado en los ocho años que reporta el Alto Tribunal para este centro.

En 2006, 10 unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército se propusieron una competencia de qué unidad presentaba la mayor cantidad de muertos, una tarea que como reportó el portal Las 2 Orillas, era complicada porque el batallón estaba ubicado en zona urbana de Bello, en la Comuna 13 de Medellín lo que los dejaba en desventaja con centros militares ubicados en el Caquetá, Norte de Santander (Catatumbo) o Bolívar, sin embargo, para Ávila Doria esto se habría convertido en todo un reto. Las directrices que se dice, enviaba el entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, eran el arma con la que Édgar Emilio Ávila presionaba a sus subalternos. “Los comandantes se evalúan por sus resultados” o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, servían como gasolina para traerle muertos al batallón. Esta tarea fue apoyada por el entonces segundo comandante José Zanguña Duarte. Ese año ganaron.

Pedro Nel Ospina entregó 86 presuntos guerrilleros muertos, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, lo que los convirtió en la unidad militar con mayor operatividad en 2006. Para ese año, la JEP reporta que hay al menos 35 muertos identificados como ejecuciones extrajudiciales adscritos al Biosp, cifra que para el año siguiente se mantuvo exactamente igual.

Los casos

El 19 de octubre de 2006 en la vereda la Primavera, del municipio de Santo Domingo, al noroeste de Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de tres presuntos extorsionistas. Sus nombres eran Mauricio Quintero Rubio, Reinaldo Osorio Jiménez y Alex Correa Pérez. Según la versión de los implicados, los hombres se enfrentaron a los militares con armamentos de corto alcance, lo que la Fiscalía contradijo y declaró como falso.

Según el ente acusador estas tres personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales al ser llevados con engaños hasta este lugar por un hombre que les prometió oportunidades laborales. Por este caso, un juez emitió una orden de captura contra Ávila Doria en marzo de 2015 imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautoría.

Para febrero de 2016, poco más de un año después, un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a este coronel y a su segundo comandante, José Zanguña Duarte por el triple homicidio. 10 soldados más fueron señalados por estos hechos.

Pero en diciembre de 2015, Ávila Doria fue acusado, por otro caso, junto a otros altos mandos, como presuntos responsables por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Antioquia, se simuló un combate en el que Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

Según el informe oficial, para esa fecha la Fiscalía ya adelantaba otras investigaciones contra el coronel Ávila, citado literalmente, “por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia”.

Diego Luis Villegas

En marzo de 2008 llegó a comandar el Biosp Diego Luis Villegas, actual general del Ejército y quien tiene casos abiertos en la justicia por ejecuciones extrajudiciales, entre ellas se reportan al menos 6, de las cuales cinco tienen nombre propio, como lo dio a conocer El Espectador en 2018: Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán, un hombre sin identificar en Barbosa, Antioquia; Adrián Álvarez González, en el barrio San Cristóbal, de Medellín; Albeiro Tobón Marulanda, campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo” especificó la Fiscalía.

Pero el que ha tenido contra las cuerdas al alto mando militar es el caso de Ómer Alcides Villada el 25 de marzo de 2008. Ese día cinco miembros pertenecientes a su unidad militar dieron de baja a un hombre “en combate” en la vereda Palmitas, en el municipio de Montebello, Antioquia. Sin embargo, después de los hechos se conoció que Villada era un agricultor que vivía con su abuela ya que este era una “persona de deficiencias mentales”, como lo recoge la Fiscalía. Para estos soldados, la víctima pertenecía al frente 34 de las Farc.

La presunta responsabilidad de Villegas se basa en que él firmó, como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el oficio 01325 con el que se solicitaba el pago de $1′500.000 pesos a un informante que le ayudó al Ejército a identificar guerrilleros o bandas criminales en Palmitas y Sierra Morena. Pero el supuesto informante, ante la Fiscalía, negó su relación con el Ejército diciendo que ni siquiera había vivido en la zona donde habría desempeñado sus actividades, además se declaró como desplazado. La respuesta del Ejército frente a las dudas que generó el ente acusador sobre cómo habían acusado a Villada de ser guerrillero fueron dudosas.

Explicaron en un documento emitido el 12 de agosto de 2014 que Omer Alcides no estaba en los archivos de inteligencia, pero que “era de aclarar que las personas integrantes de grupos armados ilegales cambian constantemente sus alias a fin de evitar ser identificados, además, la Policía en un documento enviado el 05 de agosto de 2014 a la Fiscalía dijo que el hombre no tenía antecedentes. Por esto, el ente acusador emitió una orden de captura a Villegas Muñoz en 2018, pero se suspendió por un tiempo ya que en febrero de ese año el excomandante había firmado su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente la Corte se declaró inhibida al revisar el caso cuando se habló de un posible conflicto de competencias. Hasta ahora, no ha habido avance en este proceso.

Los delitos por los que se le señalan es homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y peculado por apropiación, esto ante el Juzgado Octavo Penal de control de garantías en Bogotá.

Por otro lado, en 2019, ante el asesinato del excombatiente Dimar Torres en manos de un soldado del Ejército, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano a la que pertenecía el responsable, era justamente Diego Luis Villegas. Por eso el 28 de abril de 2019, este pidió perdón por el hecho en el Catatumbo, acto que rechazó el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, diciendo que ese pronunciamiento no hablaba por las fuerzas militares. Ese día volvieron a recordarle que diez años después de los hechos ocurridos en Antioquia, la justicia no lo había podido judicializar. Para 2020 Villegas conformó el Comando Transformación Ejército del Futuro (Cotef) que se encarga de reestructurar a las fuerzas militares. Al visitar la página web del Ejército, la información de este Comando aparece en reparación.

Para 2008, la Sala de Reconocimiento de la JEP reportó al menos 12 casos de muertos por ejecuciones extrajudiciales en este batallón para un total de 185 en ocho años.

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Sábado, 06 Marzo 2021 05:37

Sumergidas en el taller

Mujeres trabajan en Nerminia, fábrica textil marroquí en TángerAFP, ABDELHAK SENNA

Las costureras marroquíes y la industria textil internacional

La inundación que mató a 28 trabajadores en Tánger volvió a poner el foco en las obreras que abastecen a las mayores marcas europeas de ropa. El mercado no les deja opción.

 

Tánger, una mañana de invierno. Mientras el día tarda en salir, una veintena de mujeres, sombras en la oscuridad, se presentan frente a un edificio residencial aún dormido. Avanzan en silencio, se dirigen hacia abajo y entran en una habitación oscura y húmeda. En el interior, un puñado de hombres están ocupados poniendo en marcha máquinas de cortar tela. Sus ojos no cruzan los de las mujeres, que llevan sus rostros ocultos por mascarillas blancas. Una tras otra, bajan al sótano. Llegan a una bodega de unos 40 metros cuadrados reservada para la confección de ropa. No hay ventana ni salida de emergencia.

Lamia –se han cambiado los nombres–, una costurera de 36 años, se pone una blusa y comienza a montar varias prendas. «¡Aquí está la colección de verano en primicia!», dice irónicamente. En las mesas repletas, entre las ya bulliciosas máquinas de coser, hay camisetas, pantalones cortos y minifaldas etiquetadas con Zara, Bershka o Kiabi. «La mayoría de las veces, el jefe de la habitación nos cierra con llave –dice Lamia–; gracias a Dios, el otro día nos salvamos».

Ese «otro día» fue el 8 de febrero, el lunes, cuando lluvias torrenciales cayeron sobre la ciudad y 28 trabajadores, incluidas 19 mujeres, murieron en un taller en medio de una zona de inundación. Se ahogaron, atrapados en el sótano donde trabajaban. «El agua tuvo el efecto de un tsunami, se sumergieron en pocos segundos», resume Ahmed Ettalhi, presidente de la Comisión de Planificación en el Municipio de Tánger. Y agrega: «Nada de esto estaba autorizado: ni la presencia de una bodega ni la de una unidad industrial».

TRABAJADORAS SIN PROTECCIÓN

En el momento de la inundación, Lamia y sus colegas dejaron a tiempo su propio taller, ubicado cerca. «Nos podría haber pasado lo mismo –susurra–, algunas de las empleadas del taller afectado eran amigas mías.» Como docenas de otras trabajadoras obligadas a evacuar los sótanos del vecindario, Lamia se encontró frente al edificio afectado por el desastre. «Escuchamos gritos –dice esta madre de tres hijos–, las obreras que habían podido escapar se habían refugiado en el techo y pedían ayuda a gritos; las ambulancias llegaron demasiado tarde.»

En Tánger, miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, son empleados ilegalmente en talleres llamados hofra (‘fosos’, en árabe), establecidos en los sótanos y plantas bajas, para hacer ropa para marcas extranjeras. Sólo en Tánger hay centenares, tal vez más, como deplora Ettalhi: «En 2016, abrimos una lista para trasladar fábricas informales a áreas industriales. Recibimos 400 solicitudes. Añada a eso las fábricas que no querían y las que llegaron después. ¡Es enorme!». ¿La fuerza de estas estructuras? Su capacidad para responder a las fluctuaciones de la moda produciendo rápidamente series limitadas. Los empleados perciben entre 180 y 230 euros mensuales, que es inferior al salario mínimo marroquí (250 euros), todo ello sin cobertura ni normas de seguridad social.

Ni totalmente clandestinos ni verdaderamente legales, estos talleres tienen un estatus híbrido. «Las empresas existen, ya que están matriculadas en el registro mercantil, pero sus jefes declaran sólo una pequeña parte de sus empleados y operan en lugares no reglamentarios», dice Mustafá Ben Abdelgafur, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tánger. Así, el taller inundado fue presentado primero como «clandestino» por las autoridades, cuando, en realidad, existe desde 2017 bajo el nombre de A&M Confection. Su propietario, Adil Bullaili, fue puesto en prisión preventiva como parte de la investigación abierta por homicidios y lesiones involuntarias.

En Marruecos, el sector textil representa más de una cuarta parte de los puestos de trabajo industriales. Inditex, la empresa matriz de la marca española de prêt-à-porter Zara, es el principal cliente. Según su director general para Francia, Jean-Jacques Salaün, el sistema de control de Inditex permite una «trazabilidad absoluta»: «Controlamos a todos nuestros proveedores, especialmente en Marruecos, donde nos dimos cuenta de que había falsificaciones de nuestros productos. Me parece poco probable que nuestros subcontratistas logren escapar de esta trazabilidad. Y puedo decirles que un taller, si no está referenciado y auditado, no puede ser parte de nuestra cadena de suministro. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para asegurar que tal tragedia no suceda nunca».

ECOSISTEMA FLORECIENTE

La ciudad de Tánger, a 14 quilómetros de la costa española, es el epicentro de este negocio tan particular, así como un importante centro económico vuelto hacia la Unión Europea. Pero este dinamismo esconde una sombría realidad social: una gran parte de la población (1,2 millones de habitantes) todavía vive en la precariedad. El sector textil alimenta toda una economía subterránea, en la que todos sueñan con establecer su propio negocio. Así, Bullaili, el jefe del taller inundado, comenzó en un grupo de prendas de vestir. «Trabajó con nosotros como obrero, luego como jefe de cadena, antes de establecer su negocio», dice Meriem Larini, gerenta general del grupo textil Larinor.

En la última década, un ecosistema floreciente ha permitido a obreros ambiciosos crear miniunidades de confección. Los proveedores de maquinaria les otorgan créditos directos. Esto les permite alquilar un local y, mediante la corrupción, escapar a los controles. «No es difícil montar un taller en una bodega, todo lo que necesitas hacer es tener una instalación eléctrica y con qué sobornar a las autoridades, luego la gente llama a tu puerta para pedir trabajo», confirma un industrial marroquí.

Para entender de dónde vienen los clientes de estas pequeñas estructuras de prendas de vestir, se debe salir del centro de Tánger y llegar a la zona industrial de Gzenaya. Lejos de las bodegas, las fábricas instaladas aquí tienen todo tipo de etiquetas y certificaciones ecorresponsables que las convierten en modelos éticos. «Hemos invertido mucho dinero para cumplir con los criterios de responsabilidad social requeridos por los clientes», dice Larini, cuyo grupo trabaja para las principales marcas internacionales.

Después de ser puestas en la mira por las malas condiciones de trabajo de sus proveedores, particularmente los ubicados en Asia, muchas marcas han cambiado su estrategia para preservar su imagen. «Hay auditorías y controles esporádicos llevados adelante por un equipo del grupo Inditex, que opera constantemente en las fábricas de Tánger. Es imposible escapar a ello. Se prevén sanciones en caso de incumplimiento de las normas», asegura Larini. El grupo español incluso ha adoptado un sistema de auditoría interna para monitorear mejor las prácticas de sus subcontratistas.

«EL ESLABÓN MÁS DÉBIL»

Pero mejorar las instalaciones es caro para los industriales locales, especialmente frente a la competencia de los países asiáticos y Turquía. Así, para preservar sus márgenes y aumentar su capacidad de producción, las grandes fábricas marroquíes subcontratan parte de sus pedidos a unidades instaladas en las bodegas de Tánger. «Las bodegas son sólo el eslabón más débil en un sistema administrado por el lobby de los propietarios de fábricas marroquíes. ¡Ellos son los que animan a los trabajadores a crear talleres subterráneos!», denuncia Abdellah El Fergui, presidente de la Confederación Marroquí de Muy Pequeñas, Pequeñas y Medianas Empresas. En todo el país, la existencia de tales lugares es un secreto a voces. «Cada fábrica se apoya en tres o cuatro pequeños subcontratistas que, a su vez, violan las normas de seguridad, y de ahí la tragedia de la inundación», admite Ben Abdelgafur.

Así es como, desde 2010, Karima, una costurera de 52 años, se ha encontrado haciendo camisetas de marca en una bodega de la ciudad. Un trabajo agotador: nueve horas al día, cinco días a la semana, por 200 euros al mes. «Yo ya tengo mis años, me duele la espalda y ya no veo muy bien. Así que mi salario ha disminuido», dice esta mujer originaria de un pueblo en el Alto Atlas. Como miles de compatriotas del mundo rural, Karima llegó a Tánger con su familia en 2005, en busca de empleo. Mientras trabaja, su marido, que sufrió un derrame cerebral hace unos años, permanece postrado en cama. «El día que enfermó, me di cuenta de que no teníamos protección social», afirma. Este doloroso recuerdo hace que las lágrimas aparezcan en sus ojos. «Sé que estamos en peligro: polvo, enfermedades crónicas, accidentes, a veces… Mi primo perdió la mano, arrancada por una máquina, porque no proporcionan los guantes protectores. Pero, al menos, tenemos un trabajo», dice. En 2018, el país había registrado 50 mil accidentes laborales que causaron 756 muertes, según el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos.

Resta saber cómo estas bodegas logran escapar de la visión de los patrocinadores, las marcas de renombre internacional. La explicación de un gerente de fábrica en Casablanca: «Estas marcas hacen auditorías para controlar la responsabilidad social de las empresas con las que tratan, pero no la fase de producción. ¡Ahí está el defecto! Las marcas se quedan con la conciencia tranquila en Europa, mientras aquí cierran los ojos».

AMORTIGUADOR SOCIAL

La mayoría de los patronos marroquíes de la industria textil se niegan a hablar. «Las marcas ejercen una presión tarifaria tal que es imposible ser competitivo sin bodegas –murmura un exactor importante del sector–, nos dan su precio y si nos negamos, van a otro lugar, a Turquía o Etiopía». Por parte de la Asociación Marroquí de Industrias Textiles y de la Confección (AMITC), se utiliza un lenguaje evasivo. «Nunca hemos oído hablar de este tipo de subcontratación», se contenta con declarar su presidente, Mohammed Bubuh.

Rodolphe Pedro, propietario en Casablanca de una planta ecológica de lavado y teñido preocupada por combatir las prácticas ilegales, considera esencial cambiar las mentalidades: «Marruecos tiene un verdadero saber hacer y una proximidad geográfica ventajosa, pero depende de nuestras políticas, incluidas las de la AMITC, ponerlas en valor. Si tuviéramos una política fuerte que nos permitiera vender las bazas que tiene Marruecos, las marcas ya no podrían imponer precios tan bajos».

En Tánger, una activista feminista libra una guerra contra los talleres subterráneos: Suad Shentuf. Miembro de la asociación Actuemos con las Mujeres, se dirige a las autoridades locales, al Ministerio de Trabajo, al Estado, a la AMITC, a las marcas, a los propietarios de fábricas… En su opinión, todos deben «responder por sus acciones y sus negligencias». Una semana después de la tragedia, intentó organizar una sentada de protesta, pero las autoridades le pidieron que la pospusiera. «Tienen miedo de las repercusiones», analiza.

Si las autoridades públicas han tolerado esta economía sumergida durante tanto tiempo, también es porque constituye un importante amortiguador social. Cerrar las bodegas sería dejar a miles de personas sin trabajo. El representante tangerino Ettalhi suspira: «Si todos los lugares no reglamentarios de Tánger fueran destruidos, el 60 por ciento de la ciudad estaría por los suelos. No tenemos los medios para combatir este fenómeno estructural». Cada semana, por tanto, las trabajadoras continúan presentándose ante la puerta del sótano. Al día siguiente de la inundación del 8 de febrero, Lamia regresó a trabajar a su bodega. Es peligroso, ella es consciente de ello, pero no tenía otra opción.

Por Ghalia Kadiri
5 marzo, 2021

(Publicado originalmente en Le Monde bajo el título «“La plupart du temps, le chef de salle nous enferme à clé”: plongée dans le Tanger clandestin du textile». Brecha publica con base en una traducción de Faustino Eguberri para Correspondencia de Prensa).

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Con una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia.   ________________________________________ Imagen: AFP

Récord de muertos por coronavirus y más de 10 millones de contagios

 

Con récords de muertos, hospitales al borde del colapso y una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus sin una estrategia nacional para contenerla.

El gigante sudamericano registró 1.641 muertos por coronavirus el martes y 1.910 el miércoles, dos récords consecutivos desde el primer caso reportado en febrero de 2020. El total de víctimas de la enfermedad roza los 260.000, un balance superado solo por Estados Unidos, y los 10,7 millones de contagios.

"Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores", señaló esta semana la prestigiosa Fundación Fiocruz, del Ministerio de Salud. Se trata de un "escenario alarmante" con un aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves (SRAG) y una ocupación de más del 80 por ciento de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en 19 de los 27 estados brasileños, explicó la institución.

En los últimos siete días el promedio ha sido de 1.331 decesos diarios, una cifra que hasta febrero se mantenía cerca de los 1.100. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 fallecidos al día, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado, durante la primera ola. El número de víctimas demuestra que las restricciones a la circulación ordenadas en recientes semanas por alcaldes y gobernadores -y criticadas por el presidente Jair Bolsonaro- han sido insuficientes para frenar la pandemia.

El preocupante repunte resulta, según los expertos, de la falta de distanciamiento social durante las fiestas de fin de año y de las aglomeraciones del verano austral y el Carnaval, pese a que estas últimas estaban formalmente prohibidas. Algunos estudios apuntan igualmente a la nueva variante de coronavirus procedente de la Amazonia, denominada P.1, dos veces más contagiosa, detectada ya en 17 estados y que causa alarma mundial.

"La punta del iceberg" 

Brasil, un país de 212 millones de habitantes, lleva un mes y medio de lenta vacunación contra el covid, debido a una falta de dosis: hasta ahora, 7,4 millones de brasileños fueron vacunados y solo 2,3 millones de ellos con la segunda dosis. "Esta emergencia no es una sorpresa: se debe a no habernos preparado, porque este escenario estaba previsto. Sabíamos que había una nueva variante y debió haber un lockdown", dijo la vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunología (SBIM), Isabella Ballalai.

Este jueves, Río de Janeiro reimpuso restricciones en bares, restaurantes y playas a partir del viernes para, según su alcalde Eduardo Paes, "evitar que se repita el genocidio" de 2020 en la capital carioca. El estado Sao Paulo, el más rico y poblado, regresará el sábado, por dos semanas, a la "fase roja" de restricciones, que permite el funcionamiento de servicios de salud, alimentación, transportes públicos y escuelas, pero prohíbe la apertura de centros comerciales, restaurantes y salas de espectáculo.

En Brasilia y en los estados de Mato Grosso, Pernambuco, Rondonia y Acre, entre más de una decena, la actividad ya se redujo a los servicios esenciales o se limitaron los horarios de apertura de los comercios, con eventuales toques de queda nocturnos. Incluso los estados más ricos y con más infraestructura como Paraná y Santa Catarina (sur) están en "alerta crítica" de ocupación de camas UCI. Fiocruz advirtió sin embargo que el escenario actual "representa solo la punta del iceberg de un nivel de transmisión intensa" del coronavirus.

Autogestión 

La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. Los secretarios de Salud de los estados pidieron el lunes implementar un toque de queda nocturno a nivel nacional y un "lockdown" en las zonas más críticas.

Pero esa postura choca con la de Bolsonaro, quien promueve aglomeraciones con sus seguidores, cuestiona el uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas y critica a las autoridades que aplican medidas de aislamiento social por su impacto económico. Ahora, el país enfrenta simultáneamente una agravación de la pandemia y una nueva y fuerte ralentización de su economía.

El mandatario ultraderechista, con la mirada puesta en las elecciones de 2022, afirmó la semana pasada que los gobernadores que decreten cierres de actividades "deberán pagar" con sus propios presupuestos las ayudas económicas a la población más pobre. "Esa discordancia entre lo federal y lo estatal ha sido uno de los grandes problemas, con mucha politización del tema, y sin duda eso convirtió al país en uno de los peores lugares de gestión de la pandemia", dijo Ballalai.

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