Este martes los principales sindicatos y organizaciones sociales realizan una movilización nacional contra las reformas impulsadas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El anuncio, el viernes pasado, de la suspensión de posibles subidas del precio de los combustibles no alcanzó para frenar las protestas.

La convocatoria nacional fue llamada desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.

La movilización se da a tan solo cinco meses de haber asumido Lasso y con el presidente que se encuentra sin aliados claros, con un apoyo minoritario en el Congreso y cruzado por las revelaciones de los Pandora Papers que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

En paralelo, el Gobierno utilizó la “crisis de seguridad” que vive el país, golpeado por la crisis económica, para sacar a los militares y policías a las calles, luego de que el presidente decretó el estado de excepción la semana pasada. "Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional", había dicho Lasso en un mensaje transmitido por el canal estatal EcuadorTV.

En este contexto se darán manifestaciones contra el Gobierno en varias ciudades del país en rechazo a las medidas políticas oficiales, entre ellas el fallido intento de aumento del combustible en base al sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración del ex presidente Lenín Moreno. Una medida similar había sido el detonante del estallido social de 2019.

Desde las organizaciones que convocan las protestas exigieron que se frene el aumento del combustible permanentemente. "Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano", advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Para el presidente del FUT, Ángel Sánchez, la suspensión debió contemplar todo el incremento desde junio pasado, y no solamente el de este mes, es decir, regresar a 1,75 dólares y 1,00, respectivamente.

Las manifestaciones están incluyen otras demandas de carácter social y legislativo, entre ellos, que el presidente no aproveche el estado de excepción en el país por la crisis de seguridad, para pasar leyes de forma acelerada.

En concreto una serie de reformas que propuso Lasso, pero no lograron avanzar en el Congreso, donde el Gobierno controla apenas 13 de los 137 escaños que tiene la cámara única. El mes pasado el parlamento rechazó la ley Creando Oportunidades, una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo que incluía entre una reforma fiscal y laboral que fue catalogada como “regresiva” por sindicatos. A esto se suma un presupuesto con recortes en materia social dictada por el mandato de austeridad del FMI, que ha prolongado el programa de crédito que empezó con Lenin Moreno.

En un acto público este lunes, el presidente aseguró que frente a las manifestaciones la decisión del Gobierno es mantenerse "firme". "Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, (..) y con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden", afirmó Lasso.

Los organizadores de las protestas advirtieron un posible uso de las Fuerzas Militares, amparado por el estado de excepción, para bloquear o impedir la salida de manifestantes.

Lasso llegó a la presidencia cuando el país enfrentaba una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste.

Ecuador tiene una deuda externa de 52.000 millones de dólares, necesitará más de 7.000 millones de dólares en un nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario a un objetivo de $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2020. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

Un ajuste según los dictados del FMI fue lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019, que no terminó con la caída del expresidente Lenin Moreno por la acción de las direcciones sindicales y de las organizaciones indígenas que las terminaron desactivando.

Ante la crisis el presidente amenaza con activar un mecanismo que le permite al Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Una medida de ese tipo podría abrir un escenario político y social imprevisible, en el contexto de la crisis social provocada por los ajustes sistemáticos para cumplir con una deuda odiosa contraída con organismos internacionales.

Lunes 25 de octubre

Diego Sacchi@sac_diego

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Marine Le Pen en Cavallion, sudeste de Francia.. Imagen: AFP

La crisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2022

La dilución de la “conciencia de clase”, así como los fenómenos que la precipitaron, introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas no supieron interpretar. Las clases conectadas votan a la socialdemocracia.

 Si se cumplen los anticipos del oráculo electoral, por segunda vez consecutiva no habrá un candidato de la izquierda o de la derecha liberal conservadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2022. En 2017 el duelo final lo disputaron el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen. 2022 parece configurarse con esa tendencia que se repite desde hace varios años en todos los sondeos de opinión. 

La única variante sería que el polemista de extrema derechaEric Zemmour oficialice su candidatura y, en consecuencia, supere en votos a Le Pen. En cualquier caso, la derecha heredera del general Charles de Gaulle, reagrupada luego en torno al ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) y más tarde refundada por el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy (2007-2012) no despega en los sondeos. En cuanto a la izquierda, sea de origen socialista con la candidatura de la Intendenta de Paris Anne Hidalgo, la del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) o los ecologistas, está predestinada a observar de lejos la disputa presidencial

Sus déficits son plurales, pero el más importante sigue siendo la deuda popular de las candidaturas progresistas. El socialismo francés, Mélenchon, los comunistas y los trotskistas han perdido desde hace mucho tiempo el voto obrero y popular. Todos los intentos por recuperar lo que fueron sus bastiones electorales se esfumaron en las urnas de la extrema derecha. Elección tras elección los trabajadores y las clases más modestas votan por el partido fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie. Sin ese voto no hay ni presidencia ni segunda vuelta.

Desindustrialización

La batalla previa entre la izquierda y la extrema derecha se sitúa hoy en la reconquista de ese voto sin el cual ninguna esperanza es posible. La victoria del actual presidente estadounidense Joe Biden, gracias a que los demócratas reconquistaron parte del voto obrero en el norte, señaló un camino posible. Sin embargo, para el conjunto de la izquierda francesa, los estudios de opinión revelan cuán profunda es la distancia entre estos partidos y el voto obrero. Las clases populares han dejado huérfana a la izquierda.

En la elección presidencial de 2017, 39 por ciento del voto obrero se dirigió a las urnas de Marine Le Pen, el 25 votó por Mélenchon, el 6 por el socialista Benoít Hamon y el 4 por las dos opciones trotskistas (Lucha Obrera y el NPA). El electorado popular suma un total del 20 por ciento del cuerpo de votantes y es, por consiguiente, un aporte sustancial para configurar una victoria. 

El socialismo es para los diplomados

La dilución de la llamada “conciencia de clase” así como los fenómenos que la precipitaron introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas, sobre todo los socialistas, no supieron interpretar. La desindustrialización de Francia (desaparición de grandes industrias, de la minería, la deslocalización de la industria automotriz) y la regresión de las redes sindicales tornaron audible la retórica de una izquierda cuyo mensaje se orientó más a seducir a las clases con diplomas, urbanas y conectadas que al electorado popular. El socialismo francés es percibido como un partido reservado a los jóvenes de las ciudades, que circulan en bicicleta, trabajan con las nuevas tecnologías y están a salvo de las inclemencias de la pobreza, la exclusión y los trabajos rudos. 

Los valores comunes que aunaban a la izquierda se disiparon de su raíz. La diputada del partido Francia Insumisa Clémentine Autain constata que “el electorado obrero se desestructuró y la ultraderecha aprovechó la ocasión para agarrarlo”. En un amplio estudio sobre el voto de ultraderecha, el director del polo opinión y estrategias de la encuestadora IFOP anota que todo ocurre “como si el partido lepenista hubiera capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación cultural de quienes tienen menos diplomas”. 

Los ecologistas, a su vez, sufren de otras carencias fundamentales: no cuentan con vínculos en los medios populares y sus propuestas constituyen una espantapájaros para quienes aún trabajan en las industrias y están muy lejos de percibir el sentido de frases como la “transición ecológica”.

Fractura

1995 y 2002 constituyen las dos fechas a partir de las cuales el voto popular cambia de orientación. En 1995,  Jean-Marie Le Pen (entonces líder del partido de ultraderecha Frente Nacional) irrumpió en el territorio reservado a los socialistas y comunistas y, siete años más tarde, en la elección presidencial de 2002, Le Pen le ganó al candidato socialista y Primer Ministro Lionel Jospin y terminó disputando la segunda vuelta ante Jacques Chirac. La propia mutación de los socialistas en una suerte de social democracia liberal europeísta y partidaria de la globalización acabó por instaurar un muro que la izquierda jamás pudo derribar. 

Sin candidatos con arraigo popular y con un discurso pegado a los manuales liberales, el socialismo francés consumó la ruptura. Las dos únicas figuras genuinamente populares que quedan en el paisaje son las de Mélenchon y Marine Le Pen. La izquierda de la transformación social, de la solidaridad, de la justicia social perdió su mensaje y, con él, sus electores. Pierre Jouvet (Partido Socialista) reconoce que “los medios populares se sienten abandonados. El discurso de la izquierda, demasiado concentrado en las metrópolis, no respondió a la crisis. El electorado obrero o la clase media consideró que no tomábamos en cuenta sus preocupaciones cotidianas”. 

La imposibilidad de la unidad

El pugilato por la candidatura presidencial de la izquierda también empaña el horizonte. Los sondeos muestran de forma regular que una candidatura única de la izquierda tendría más posibilidades de convertirse en una fuerza verosímil. Sin embargo, entre socialistas, izquierda radical y los verdes no ha habido ni hay un clima que favorezca la designación de una sola figura. Por fuera de los partidos un movimiento ciudadano (primaria popular) propone reunir en una sola figura las candidaturas de la izquierda, pero la iniciativa no ha prosperado. En suma, la elección presidencial se acerca y la utopía de la unión de la izquierda se aleja. 

El electorado popular está del otro lado de la verja y la izquierda hace muy poco para reconectar con él. El voto de las clases populares que, en los años 60, 70 y 80, escribió las mejores páginas del Partido Comunista francés cambió de vereda. Los estudios de opinión más recientes indican que de cada diez votantes de las clases populares más de 4 votarán en 2022 por la ultraderecha (45 por ciento). 

El economista Thomas Piketty codirigió este año un amplio estudio sobre los comportamientos electorales en unas 50 democracias ("Clivages politiques et inégalités sociales"). El Autor de "El Capital en el Siglo XXI" y "Capital e Ideología" escribe en esa obra que “para comprender el ascenso del populismo es preciso analizar el ascenso del elitismo”. Es decir, cuanto más elitista aparece un partido, o sea, liberal, más se aleja del electorado popular, el cual, a su vez, se reconoce en la ultraderecha y su retórica arraigada en la identidad. La oposición clásica entre “partidos socialdemócratas y conservadores parecía eterna, pero se esfumó”, escribe Piketty. El economista francés resalta también que “la izquierda y la ecología política se convirtieron en partidos de letrados. Ambos se ven favorecidos por las clases con más diplomas”. 

En un libro ya famoso ("The road to somewhere") David Goodhart describió la fractura que atraviesa la mayoría de las democracias liberales entre una elite integrada y movediza (los anywhere) y las poblaciones más arraigadas en sus valores y territorios (los somewhere). Los primeros ganaron con la globalización, los segundos, menos conectados y capacitados, perdieron. Los anywhere y los somewhere son también protagonistas de los trastornos electorales que conducen a que los obreros voten a la ultraderecha y las clases conectadas a la socialdemocracia. La izquierda no tiene aún la formula para reconquistar ese voto del pueblo. Todo apunta a que 2022 se jugará de nuevo entre la opción liberal de Macron y la ultraderecha francesa cuyo renacimiento en los años 80 se apoyó en el voto obrero que las izquierdas perdieron por los caminos del somewhere.

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17 de octubre de 2021

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Jueves, 07 Octubre 2021 05:55

El laborismo británico gira a la derecha

El laborismo británico gira a la derecha

Lo que tiene que cambiar no es el capitalismo: es la gente. Eso es lo que piensa Keir Starmer, el líder del Partido Laborista británico, que dedicó su discurso anual a defender el legado de Blair y a omitir los graves problemas de los servicios públicos privatizados. El ala derecha del laborismo -que recuperó el poder tras el paréntesis de Corbyn- prefiere no hablar de nacionalizaciones, algo que ahora hasta los conservadores se animan a hacer.

El largamente esperado primer discurso presencial de Keir Starmer en la conferencia anual de los laboristas británicos fue, como se podía suponer, aburrido: una lección de historia con eje en la Revolución Industrial y el gobierno de Tony Blair, mientras omitía silenciosamente todo lo que iba desde Clement Atlee hasta Jeremy Corbyn. En términos de política, prometió gastar más en la salud mental de los jóvenes, en caso de llegar a gobernar, sin mencionar la privatización generalizada de ese sector, mientras casi la mitad de los fondos del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) son canalizados hacia empresas de salud privadas. También prometió «dar a nuestros jóvenes herramientas para el futuro» en términos de habilidades «digitales» y «para la vida». La información que circulaba antes del discurso sugería que, sobre este punto, lo que Starmer tenía en mente era capacitar a los jóvenes para que entiendan mejor los sistemas de puntaje crediticio, sus cuentas privadas de ahorro previsional y los contratos que los propietarios les piden que firmen.

Entonces, ¿cuál es la gran oferta de Starmer? Un gobierno laborista que le enseñará a los británicos a navegar mejor por las embravecidas aguas del capitalismo, mientras paga a otra empresa para que mitigue sus preocupaciones cuando el estrés se vuelva abrumador. «Todo lo que tenemos que hacer es aprender a adaptarnos», dijo Starmer, mientras elaboraba una extensa analogía sobre la fábrica de su padre y la necesidad de «reformarnos» nosotros mismos.

Los jóvenes quieren más. Lejos de aceptar su destino como simples «luchadores por la libertad que viajan en Uber, se alojan con Airbnb y piden comida a Deliveroo», tal como Liz Truss –ahora secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno conservador– los describió de manera memorable en 2018, quieren la certeza y la seguridad de tener servicios públicos. Las encuestas muestran habitualmente que –al igual que sus padres y abuelos– los jóvenes apoyan la propiedad pública, desde los autobuses hasta los servicios de salud, pasando por la energía y el agua. Pero según la ministra de Hacienda en las sombras Rachel Reeves, estas no son «cuestiones primordiales».

Pero dígale eso a la persona joven que ve su esperanza y su seguridad erosionadas por la rutina diaria de lo que Reeves llama «economía cotidiana». No es que «nada les venga bien», como diría mi madre. Simplemente están hartos de que su empresa privatizada de autobuses aumente las tarifas y reduzca los servicios de los que dependen para ir a la universidad, trabajar o divertirse. Están desesperados porque no pueden pagar su propia vivienda, debido a que las facturas de los servicios públicos privatizados y los alquileres privados están por las nubes. Están hartos de que las empresas privatizadas de cuidados y los call centers paguen salarios miserables, que eluden los requisitos básicos de salario mínimo para los adultos contratando jóvenes. Están estresados por tener que competir en todas partes –en pruebas interminables, en su «marca» en internet–, en un intento desesperado por conseguir una oportunidad decente en un país donde, después de casi cuatro décadas de privatizaciones, todo es mercado. 

Hoy, solo los privilegiados pueden acudir a sus familias en busca de ayuda, ya que muchos padres y madres enfrentan los mismos problemas que sus hijos e hijas. No es de extrañar que los jóvenes se sientan abatidos. Eso ya pasaba antes de que llegara el impacto de amenazas globales como la pandemia, el cambio climático, las guerras culturales financiadas por la derecha y la forma en que el Brexit ha terminado con las posibilidades de movilidad social. Starmer tiene razón al enfocarse en la salud mental. Sin embargo, a pesar de sus promesas de priorizar la prevención, su discurso sugiere que, en realidad, tratará los síntomas, no las causas.

Una promesa de más dinero para financiar la asistencia en las escuelas y acceder así más rápidamente al tratamiento a través de los «centros de salud mental» locales será bien recibida por las organizaciones benéficas de salud mental. Pero Starmer no dijo nada sobre el hecho de que la salud mental de los jóvenes está como está, en parte, porque en los últimos años ese ha sido el sector más privatizado del NHS. En la actualidad, 44% del desembolso del NHS en esta área se destina al sector privado y llega a 97% del desembolso total del NHS cuando se trata de los jóvenes con más problemas. Ya ha habido numerosas historias de terror sobre los resultados.

Starmer dijo con razón que el futuro del NHS no podía ser «solo más dinero». ¿Pero reconoció la necesidad de frenar la salida de los miles de millones que fluyen al sector privado? No. Por el contrario, se mostró entusiasmado con la forma en que la salud sería «rehecha» gracias a una cantidad «apabullante» de robots y realidad virtual. «Podría hablar de esto todo el día», dijo, mientras en realidad sonaba tan experto en tecnología como Boris Johnson en su infame discurso sobre la tecnología en la en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde habló de cómo «tu colchón controlará tus pesadillas».

También hubo otro efímero rayo de esperanza en el discurso de Starmer: que, si bien no iba a hacer que los servicios básicos volviesen a ser de propiedad pública, al menos regularía mejor a las empresas que los prestan. A las empresas que recortan todos los gastos, explotan al personal, restringen la posibilidad de hablar con un ser humano y cargan con más trabajo a los desafortunados consumidores, no les falta fibra moral, sino que simplemente están cumpliendo con su obligación legal de maximizar los beneficios para los accionistas. Entonces, cuando Starmer anunció que modificaría las obligaciones legales de los directores de las empresas, por un momento feliz pensé que estaba a punto de comprometerse a introducir obligaciones legales más estrictas para que estos protegieran no solo las ganancias, sino también a las personas y el planeta. Esta modificación ha sido exigida durante mucho tiempo por activistas y sindicalistas. Pero el plan de Starmer no tenía nada que ver con eso. En su lugar, se trataba de hacer «del éxito a largo plazo de las empresas la principal prioridad».

En ese contexto, el llamado de Starmer a trabajar como «socios» no implicará ninguna diferencia. «El orgullo nace del trabajo», anunciaba Starmer entre interrupciones. Pero ni una palabra sobre para quién trabajas ni sobre quién es el dueño de tu empleo y tus servicios. El discurso de Starmer fue solo la última decepción en la conferencia laborista en Brighton.

La secretaria de Vivienda en las sombras Lucy Powell prometió dar a quienes compraran por primera vez «prioridad» en los nuevos desarrollos y expresó sus deseos de mayor cantidad de viviendas sociales, pero no dijo nada sobre la regulación de los alquileres privados. Eso significa que cualquier impuesto superior con el que se grave a los propietarios privados simplemente será transferido a los inquilinos –aunque los inquilinos escoceses parecen estar mejor protegidos, según los planes de la nueva coalición del Partido Nacional Escocés (SNP) con el Partido Verde, que Starmer calificó hoy desdeñosamente como un «mal gobierno»–.

El secretario de Transporte en la sombra, Jim McMahon, dijo que quería que «el transporte público funcionara para el bien común» y Reeves prometió «la mayor ola de contratación no tercerizada en una generación», pero no dieron detalles en ninguno de los casos. Si su propio líder puede salirse con la suya afirmando que cuando dijo que apoyaba la nacionalización de los servicios públicos, en realidad no hablaba en serio, entonces las esperanzas de un cambio radical más bien se desvanecen. El mayor problema de Jeremy Corbyn no era que a los votantes no les agradara su mensaje, sino que simplemente no creían que cumpliría. ¿Cómo puede alguien creerle a Starmer (sentir confianza y seguridad en lo que promete) cuando esta semana nos dijo que gustosamente daba marcha atrás con sus promesas si a cambio obtenía un rédito político?

De hecho, Starmer y sus colegas ministeriales en la sombra generalmente hablan de contratación no tercerizada solo en referencia a quienes hacen aportes al Partido Conservador y a los contratos relacionados con el covid-19, lo que deja la clara impresión de que las empresas que no aportan al Partido Conservador no tienen motivo para preocuparse por sus planes de subcontratación. Después de todo, algunos de los mayores beneficiarios de la privatización de ciertos sectores de la asistencia social y la salud mental y física son empresas fundadas por personas que hicieron generosos aportes al Partido Laborista durante los años de Blair.

Una generación de viejos blairistas como Peter MandelsonJohn McTernanPhil Collins y sus acólitos que trabajan ahora para Starmer han hecho fila para aconsejar a su nuevo líder que haga su propia versión de la «campaña de seducción del sector financiero realizada por Blair», una nueva abolición de la Cláusula 4 por parte de Starmer, si se quiere, haciendo mucho hincapié en la «seguridad». «Apoyarse en [su] marca» como ex director de la fiscalía británica.

Pero, ¿cómo podemos tener seguridad cuando sabemos que nuestras necesidades básicas están siendo explotadas con fines de lucro, en lugar de ser administradas por el bien común? ¿Dónde está nuestra recompensa por el «trabajo duro» cuando nos vemos obligados a hacer un segundo turno al final de un día agotador, comparando precios en los «mercados» menos divertidos de la historia, en un intento desesperado por no ser estafados?

Sobre la asistencia social, el secretario de Salud en la sombra, Jonathan Ashworth, nos dice que su plan es «de tan largo alcance como el plan de Aneurin Bevan para el NHS». Pero en 1948 Bevan hizo que los hospitales fueran controlados por el Estado y aseguró la cobertura universal, mientras que, en la actualidad, el Partido Laborista solamente promete que los trabajadores de la asistencia social podrán negociar mejores salarios con sus empleadores en gran parte privatizados (aunque no, por supuesto, 15 libras la hora). Quizás se supone que estos trabajadores se sienten reconfortados por las –sin duda– sentidas palabras de Starmer sobre la «nobleza de la asistencia» y la noción de que ese trabajo es una «vocación». Y sobre los requisitos para la asistencia social, ni Starmer ni Ashworth dijeron nada sustancial. Además, el considerable monto de dinero que Reeves prometió para hacer una reforma verde de la economía, a juzgar por sus discursos y los de Starmer, irá a parar casi en su totalidad a los bolsillos de las empresas, incluso aquellas que han pasado años ejerciendo presión contra objetivos de cuidado del clima más estrictos.

Los que sugieren que la propiedad pública podría ser un mejor enfoque –como Andy Burnham sobre asistencia social y Ed Miliband sobre energía– han provocado, según se dice, furia en las oficinas del líder laborista. Starmer puede haber subido al escenario con «Right Here, Right Now» de Fatboy Slim y terminado con la promesa de «aprovechar el momento». Pero ahora no es el momento de hablar de nacionalización, le dijo Starmer a Andrew Marr el domingo, aunque los mercados de asistencia social y salud mental se tambaleen, el mercado del gas y la electricidad colapsen y los conservadores (¡los conservadores!) estén poniendo nuevamente bajo control estatal otra franquicia ferroviaria fallida.

Al enfrentar una repregunta por la incumplida promesa de campaña sobre la propiedad pública, Starmer le dijo esta semana a Laura Kuenssberg, de la BBC, que «el mundo ha cambiado». En efecto, ha cambiado. Solo que Starmer no parece haber notado de qué modo.

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El futuro gobierno alemán representará más de lo mismo

Los encuestadores alemanes pueden aparecer satisfechos. Las encuestas de intención de voto vaticinaron los resultados de la elección del pasado domingo con inusitada certeza. Toda una rareza en estos tiempos. Finalmente, el partido socialdemócrata (SPD), encabezado por Olaf Scholz, conquistó el primer lugarcon el 25,7 % de los votos, mientras que el partido demócrata cristiano (CDU), liderado por Armin Laschet, (foto) alcanzó el segundo lugar con el 24,1 % de los votos. En tercer y en cuarto lugar aparecieron el partido verde, con el 14,8 % de los votos, y el partido liberal (FDP), con el 11,5 % de los votos. 

Más allá de todo, los resultados del domingo representaron una catástrofe electoral para la CDU, la cual protagonizó su peor elección desde la posguerra. Por su parte, el SPD restableció parcialmente su caudal de votos tras haber alcanzado su mínimo histórico en la elección de 2017. Los verdes realizaron una muy buena elección, la mejor de su historia, y casi con seguridad participarán en el próximo gobierno. El partido ultraderechista (AFD) retrocedió del tercer al quinto lugar, pero su caudal de votos solo descendió levemente. Además, la AFD conquistó el primer lugar en Sajonia y Turingia, dos provincias del este fuertemente afectadas por la pobreza y la desigualdad.

Desde el anuncio de los resultados el domingo por la noche, las negociaciones entre los partidos para la formación del gobierno comenzaron a toda máquina. Por el momento, la “coalición semáforo” entre el SPD (rojo), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Scholz como canciller, aparece como la más probable. Sin embargo, la “coalición Jamaica” entre la CDU (negro), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Laschet como canciller, aún no aparece descartada del todo. Curiosamente, la negociación iniciada entre los verdes y los liberales, terceros y cuartos respectivamente, determinará al futuro canciller de Alemania.

En este contexto, ¿qué consecuencias generarán los resultados de la elección del domingo de cara al futuro? En Alemania el modelo de país no aparece en disputa. Las principales fuerzas políticas no presentan diferencias de fondo respecto a la orientación económica, política y social del país, sino que representan matices en el marco de un modelo de país impuesto por las clases dominantes. El hecho de que el candidato a canciller de la socialdemocracia participe en el gabinete de Merkel como ministro de Finanzas representa una muestra de la hegemonía del modelo de país imperante.

En este sentido el futuro gobierno, independientemente de su composición, estará caracterizado por la continuidad del rumbo neoliberal asumido por el gobierno de Merkel (CDU), como así también por el gobierno de su antecesor, Gerhard Schröder (SPD). Los matices aparecerán eventualmente en lo social, por iniciativa del SPD, y en lo medioambiental, por iniciativa de los verdes. En lo social, el SPD acometerá un aumento del salario mínimo, la flexibilización de los requisitos para la asistencia social y la expansión de las guarderías infantiles. En lo medioambiental, los verdes establecerán metas y plazos más estrictos para las emisiones de CO2, como así también un límite de velocidad de 130 km/h en las autopistas (actualmente sin velocidad máxima y por ende más contaminantes). 

Ninguna de estas reformas, evidentemente, determinará cambios de fondo en el modelo de país imperante en Alemania. Desafortunadamente, este modelo ya no representa como en el pasado una garantía de bienestar para las mayorías sino que, por el contrario, desde la irrupción del neoliberalismo en Alemania a finales de los años 1990s, genera una sociedad cada vez más desigual y menos incluyente. En este sentido el futuro gobierno alemán representará, más allá de su composición final, más de lo mismo.

29 de septiembre de 2021

Por Ezequiel Luis Bistoletti, profesor argentino en la Universidad Alice Salomon Berlin, en Alemania, y conductor del programa “Demoliendo mitos de la política”.

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Fuentes: Rebelión - Imagen: "El carbonero" (1934), Eduardo Kingman.

Rumbo a una mayor precarización laboral y a otros males

Los salarios corrientes del trabajo dependen del contrato establecido entre dos partes cuyos intereses no son, en modo alguno, idénticos. Los trabajadores desean obtener lo máximo posible, los patronos dar lo mínimo. Los primeros se unen para elevarlos, los segundos para rebajarlos. No es difícil, sin embargo, prever cuál de las partes vencerá en la disputa y forzará a la otra a aceptar sus condiciones.”Adam Smith – La riqueza de las naciones

 

El 23 de septiembre de 2021, casi a los cuatro meses de haber empezado su gobierno, y luego de una masiva vacunación contra el coronavirus, Guillermo Lasso finalmente hizo públicos algunos elementos de su primer gran plan económico recogido en el proyecto de ley “Creando Oportunidades” (de ahora en adelante, ley CREO). En un mensaje a la nación donde los detalles y los silencios decían más que las palabras, Lasso intentó dar un carácter salvador a su proyecto de ley. Sin embargo, una vez conocidos sus contenidos concretos, dicho proyecto más parece una reedición –a mayor escala y con menor recato– de la primera propuesta de “ley humanitaria”1 presentada por el gobierno de Lenín Moreno en 2020; propuesta que, recordemos, terminó abriendo las puertas a una –nada humanitaria– flexibilización laboral2.

Así, el gobierno de Lasso se muestra decidido a acelerar la marcha neoliberal arrancada en los últimos años del correísmo3 y mantenida durante todo el morenismo4. Si bien varias declaraciones de Lasso eran claras en ese sentido (basta recordar la cuestión de las privatizaciones5), el proyecto de ley CREO pone la discusión en un nuevo nivel tanto por la profundidad de varias reformas (sobre todo laborales) como por la ambición y la premura con la que el gobierno busca implementar su agenda en medio de un complejo –y hasta incierto– contexto político.

El proyecto de ley CREO se compone de los siguientes elementos: a) creación de un régimen laboral alternativo al Código de Trabajo; b) contribuciones económicas temporales para el impulso económico post-COVID; c) régimen impositivo para regularización de activos en el exterior; d) reformas a múltiples cuerpos legales adicionales. Aquí aparece una primera problemática: el proyecto de ley hace referencia a varios aspectos de forma simultánea (laboral, fiscal, tributario, “fomento” de inversiones, sectores estratégicos, etc.); de hecho, se busca reformar más de 25 leyes de materias distintas de forma urgente y con un solo proyecto de ley. Solo ese hecho ya puede poner en cuestionamiento la constitucionalidad de la ley CREO (aunque, siendo francos, no sería la primera vez que un proyecto de ley económica afecte a varios cuerpos legales)6.

Dentro de las dimensiones múltiples del proyecto de ley, la cuestión del “régimen laboral alternativo” –a la que le dedicaremos el grueso de nuestra atención en esta ocasión– quizá es de los más preocupantes pues la urgencia que vive el Ecuador de generar empleos se usa como pretexto para introducir varios cambios que hacen trizas las disposiciones constitucionales y legales al respecto, incluyendo los convenios en el marco de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de los cuales el Ecuador es signatario.

Por cierto, en términos políticos cabría decirse que fue un tanto “torpe” que el primer punto del proyecto de ley CREO sea justo la reforma laboral. De hecho, ni bien se comienza con la revisión del proyecto de ley, es posible leer que “Las disposiciones de este libro establecen un régimen distinto y alternativo al previsto en el Código del Trabajo. La aplicación del régimen establecido en este libro excluye la aplicación del Código del Trabajo y viceversa” (Ley CREO, art.3). Semejante afirmación no da espacio a interpretaciones: se busca crear una normativa legal paralela a la ya existente en términos laborales, aspecto que también podría ser constitucionalmente cuestionable pues se podría privar a varios trabajadores de los derechos laborales vigentes en el Código del Trabajo7.

Avanzando en el detalle del proyecto de ley, puede identificarse la creación de tres modalidades nuevas de contratación que no estarían sujetas al Código de Trabajo: contratos alternativos por tiempo definido e indefinido (art. 17); contratos alternativos por obra o servicios determinados (art. 18); y contratos alternativos eventuales (art. 19). Todas estas formas de contratación pueden realizarse bajo condiciones que más parecen un modernizado sistema de concertaje8 para una desembozada explotación laboral antes que una modernización de las relaciones laborales (término oficialista con el que se ha intentado dorar la píldora de la sobreexplotación laboral).

Apenas como ejemplo, se pueden enumerar las siguientes “joyas” del proyecto de ley CREO:

  • Se da libertad a los empleadores para que, en cualquier momento, se pueda pasar de una modalidad de trabajo virtual a presencial (art.15).
  • Se extiende el período de prueba (originalmente de tres meses) a “cinco meses, solo para la primera contratación. Pero para el caso de nuevas contrataciones del trabajador y siempre que sea para cargos distintos a los anteriormente desempeñados, también se entenderá incorporado dicho tiempo de prueba” (art.20). Es decir, se abre la posibilidad incluso a tener trabajadores “rotando” en diferentes actividades con tal de extender el período de prueba en el cual no existen obligaciones de pago de indemnizaciones ni de bonificaciones.
  • Se permite que, entre empleador y empleado, se defina por “mutuo acuerdo” que las herramientas esenciales para la ejecución del trabajo sean proporcionadas por el trabajador (art.26, numeral 5). Sabemos muy bien que, ante la necesidad imperiosa de los trabajadores de mantener la subsistencia propia y de sus familias, muchos de este tipo de “mutuos acuerdos” terminan volviéndose obligaciones adicionales impuestas por los empleadores9.
  • Se permite que la jornada laboral llegue a sumar 12 horas diarias seguidas, con un total de 40 horas semanales por cumplirse hasta en seis días. Sin embargo, si existe el “mutuo acuerdo” entre trabajadores y empleadores, pueden existir jornadas de trabajo continuas de hasta veintidós días (días de descanso serían acumulables), excepto en el sector turístico y naviero donde las jornadas podrían llegar a cuarenta y cuatro días seguidos (art.31).
  • Se permite que, si hay reducción en los ingresos del negocio, o si hay algún otro “evento de fuerza mayor o caso fortuito”, el empleador pueda reducir la jornada laboral hasta un máximo de 50% y reducir en la misma proporción tanto la remuneración del trabajador como los aportes de la seguridad social y demás beneficios. La reducción duraría hasta que se superen las “eventualidades”. Sin embargo, si hay “mutuo acuerdo”, se permiten reducciones aún más fuertes de jornada, remuneración y otros beneficios (art.32).
  • Se permite que los empleadores dejen de pagar remuneraciones a los trabajadores cuando las empresas sufran una suspensión de actividades por algún “caso fortuito” o “evento de fuerza mayor” e incluso se “podrá efectuar el aviso de salida de la seguridad social sin que esto represente terminación del contrato” (art. 37).
  • Se permite que sea el empleador el que determine el período en que el trabajador deberá gozar de sus vacaciones (art. 41). Asimismo, el empleador podrá negar el goce de las vacaciones de un año, y si hay “mutuo acuerdo”, pueden extenderse los períodos en los cuales no se gozan de vacaciones, las cuales deberán acumularse para períodos futuros (art. 42).
  • Se plantean trece causales de terminación de un contrato alternativo (art.70) (en contraste a los ocho motivos de despidos previstos en el Código del Trabajo). De hecho, se dispone que “el empleador podrá dar por terminado el contrato, sin necesidad de trámites o de formalidades previas”; es decir, se simplifica la posibilidad de despedir a los trabajadores sin tener que recurrir a trámites administrativos (p.ej. visto bueno). Para colmo, existen causales de terminación de contrato absurdas y subjetivas. Por ejemplo, se podrá terminar un contrato “Por falta de probidad. Para esta causal no es necesario que se produzcan daños al empleador o a terceros, sino la sola falta de apego a la rectitud en el obrar y al cumplimiento ético del deber” (art. 70, numeral 4). O, por ejemplo, “Por ineptitud para el trabajo para el cual fue contratado. Esta causal no está limitada al tiempo de servicios, por lo que puede configurarse en cualquier momento” (art.70, numeral 6). Así, los trabajadores terminan quedado a merced de los criterios subjetivos del empleador, que puede terminar las contrataciones de forma abrupta alegando causales sin siquiera verse en la obligación de comprobarlas ante un tercero. Y por si no fuera suficiente, también se dispone que, si un contrato termina por una de estas u otra “justa causa” determinada por el empleador, el trabajador deberá pagarle una “indemnizaciónequivalente a un mes de la última remuneración completa” (art.75).
  • Se permite que exista tanto la caducidad de las decisiones de terminación de contrato por “justas causas” (art.81) como también se dispone que “Las acciones provenientes del contrato de trabajo prescriben en el plazo de tres años contados desde la terminación de aquel. Sin embargo, transcurrido cinco años desde que la obligación laboral se hizo exigible, la acción por aquella estará prescrita, incluso si el contrato de trabajo no ha terminado” (art.82).

Con respecto a las peculiaridades de cada forma de contrato alternativo, cabe también hacer algunas menciones:

  • Los contratos alternativos de tiempo definido pueden tener una duración mínima de seis meses y pueden extenderse según “mutuo acuerdo” por varias veces hasta alcanzar un máximo de cuatro años. Luego de ese período, los trabajadores pasarían a la modalidad de contrato alternativo de tiempo indefinido que también estaría normado por la ley CREO. En otras palabras, puede suceder que un trabajador termine “entrampado” por años en un contrato laboral normado por la ley CREO y sin llegar a acceder nunca a los derechos laborales vigentes en el Código del Trabajo.
  • En el caso de los contratos alternativos eventuales (p.ej. para contratar trabajadores ocasionales solo por temporadas de alta demanda o como reemplazo de otros trabajadores), se elimina el recargo del 35% a la remuneración; recargo que, precisamente, compensaba en cierto modo la condición eventual del trabajador contratado.

Y por si no fuera suficiente todo lo antes mencionado, al final del proyecto puede leerse que: “El empleador que despidiese intempestivamente a cualquiera de sus trabajadores amparados por el Código de Trabajo con el motivo de contratarlos nuevamente bajo el régimen previsto en el LIBRO I, deberá pagarle una indemnización adicional equivalente a doce meses de la última remuneración completa del trabajador despedido intempestivamente”(ley CREO, disposición transitoria tercera).

Semejante disposición puede resultar rentable para los empleadores –incluso en términos económicos– frente a todas las posibilidades de flexibilización del trabajo disponibles en el proyecto de ley CREO. Sobre todo, se reduce a una mera cuestión pecuniaria la capacidad del empleador de hacer que los trabajadores dejen de estar cubiertos por el Código del Trabajo. Para comprender de mejor forma esta y otras posibilidades, es urgente que los sectores especializados en el derecho laboral hagan un análisis mucho más profundo de la ley CREO (aquí apenas hemos resumido puntos de forma general) e identifiquen todos los aspectos en donde dicha ley se va en contra del Código del Trabajo sea por mención o por omisión.

El caso es que, al revisar semejante proyecto de ley encaminado a exacerbar la explotación a las clases trabajadoras en el Ecuador, nace una duda medular: ¿qué sectores económicos estarían motivados a generar millones de empleos (como ha ofertado el propio Lasso) con semejante normativa laboral? Es aquí donde las nuevas formas de contratos alternativos planteadas por el gobierno empatan con los otros aspectos del proyecto de ley CREO que también son preocupantes.

Sin entrar en mayores detalles, el propio discurso de Lasso planteado el 23 de septiembre deja ver que la reforma laboral de la ley CREO empata con una visión desastrosa del mundo del trabajo. Entre los muchos aspectos que se podría cuestionar destacamos aquella aseveración presidencial, cuando se refiere a quienes no tienen empleo, que “ustedes podrán libremente decidir si quieren trabajar aquí, en el Ecuador, con condiciones laborales parecidas a las que hoy rigen en países a donde tantos compatriotas migran en busca de oportunidades. Lo único que vamos a hacer es poner esas condiciones a disposición de quien voluntariamente las quiera tomar.” La simpleza y perversidad de este razonamiento obvia las condiciones existentes en otros países que atraen a nuestros compatriotas, como puede ser el mayor nivel salarial, y por cierto aquello de la voluntariedad para aceptar condiciones de sobreexplotación laboral al margen de los derechos establecidos. A este paso, tanto a Lasso como a los defensores de su reforma laboral solo les falta decir -en un ejercicio de increíble deshumanización en relación al trabajo- que es preferible la esclavitud o el concertaje antes que el desempleo…

Semejante visión se ensambla con toda una propuesta de liberalizar la economía a merced de grandes capitales locales y transnacionales. Tal estrategia incluye, por ejemplo: la mención hecha por Lasso de la creación de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas (léase, Secretaría para la Privatización y Concesión del Estado); la creación de zonas francas donde muy probablemente las modalidades alternativas de contratación laboral serán la cereza de todo un libertinaje económico en beneficio del capital sobreexplotador de mano de obra y sin mayores preocupaciones ambientales; la “armonización” de las normas locales con los instrumentos internacionales (muy seguramente con nuevos empujones para que el Ecuador retome su relación de subordinación a los tribunales internacionales defensores de los capitales transnacionales, tal como se anuncia luego del retorno -inconstitucional- al CIADI10); la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio (China, Rusia, Alianza del Pacífico, etc.); entre otros puntos que merecen una discusión más detallada en reflexiones futuras.

En este contexto, cabe indicar que nos parece lamentable cómo semejante embate neoliberal termina por entrampar y hasta debilitar a propuestas redistributivas que son urgentes en medio de la crisis COVID-1911 y que, en otras condiciones, merecerían un total apoyo; eso así, haciendo algunos ajustes. Ahí se encuentra, por ejemplo, la tibia propuesta de la aplicación de tributos a los sectores del país de mayores ingresos (más de 2 mil dólares mensuales) y patrimonios (más de 500 mil dólares mensuales), así como la aplicación de tributos sobre empresas que alcanzaron en 2020 una mayor rentabilidad que en 2019 (y con patrimonios de más de un millón de dólares); una cuestión que, en medio de la actual crisis social, demanda una mayor contribución solidaria de quienes más tienen impulsando no solo una mejor distribución de los ingresos sino inclusive una redistribución de la riqueza (p.ej. redistribución de activos productivos, de la propiedad de la tierra, de acceso al agua, etc.).

Por cierto, el carácter redistributivo de la propuesta gubernamental también queda debilitado cuando el mismo gobierno propone la eliminación del impuesto a las herencias; un impuesto que más bien debería ser potencializado para ser aún más redistributivo, sobre todo en medio de la crisis que vivimos. De hecho, la coexistencia de una reforma tributaria potencialmente progresiva y la eliminación del impuesto a las herencias en la ley CREO es más que paradójica. Definitivamente dentro del gobierno parece haber disputas incluso en el sentido y la consistencia de algunos elementos de la política económica…

En resumen, más allá de sus bemoles, el proyecto de ley CREO merece un rechazo sobre todo por el retroceso de derechos laborales que plantea. No es justo que, en nombre de las trabajadoras y los trabajadores desempleados y subempleados del país, se quiera crear una normativa que se salte –como si nada– todos los derechos laborales obtenidos por décadas de luchas sociales. Debe quedar absolutamente claro que los derechos laborales -como establece la Constitución en el artículo 326- son irrenunciables e intangibles, además, serán nulas todas las estipulaciones temporales. El derecho al trabajo (artículo 325) y estas disposiciones constitucionales son inseparables, así que no se las puede marginar estableciendo un código laboral paralelo: hacerlo iría en contra del principio de igualdad establecido en el artículo 11. Eso representa una clara regresión de derechos, que no se resuelve en ningún caso con una consulta popular y ni siquiera con una nueva Constitución.

Para colmo, no es claro cuántos empleos realmente podrá generar la ley CREO; basta con notar el poco o quizá hasta nulo efecto que al parecer tuvo la reforma laboral instrumentada con la mal llamada “ley humanitaria” del morenismo. Por tanto, los efectos laborales de la ley CREO simplemente no parecen creíbles. El presidente Guillermo Lasso tiene razón cuando afirma que su “ley generará un apasionado debate”, lamentablementese enmarca en lo que él anticipa como “el camino correcto”, que de hecho limita una real discusión y nos remite a aquella proposición que tanto caracterizó la imposición del neoliberalismo en épocas anteriores con la TINA –there is noalternative– de Margaret Thatcher.

Así como históricamente las luchas sociales han permitido que se adquieran los derechos laborales actualmente vigentes, es hora que esas mismas luchas eviten este concertaje del siglo XXI impulsado por los integristas de mercado y exijan la búsqueda de verdaderas alternativas a la crisis económica y social que actualmente asfixia al país.12

Por Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro | 28/09/2021

 

1 Consultar nuestros comentarios en “Redistribución o barbarie ¿Del coronavirus a la ley de la selva?” (abril 2020). Disponible en https://rebelion.org/del-coronavirus-a-la-ley-de-la-selva/

2 Ver al respecto el texto de John Cajas-Guijarro (junio 2020); “Ajuste antipopular y resistencia en tiempos de COVID-19”. Disponible en https://rebelion.org/ajuste-antipopular-y-resistencia-en-tiempos-de-covid-19/

3 Sobre el tema se puede leer el texto de los autores (febrero 2017); “Correa un neo-neoliberal”. Disponible en https://rebelion.org/correa-un-neo-neoliberal/

4 Esta apeciación se encuentra en el artículo de los autores (septiembre 2018); “Moreno, un neoliberal más”. Disponible en https://rebelion.org/moreno-un-neoliberal-mas/

5 Los autores abordaron esta cuestión en el siguiente artítulo: “Monetizaciones, concesiones y otros eufemismos privatizadores”, (Septiembre 2021). Disponible en https://rebelion.org/monetizaciones-concesiones-y-otros-eufemismos-privatizadores/

6 Ver, por ejemplo, lo que dicta la Constitución en su artículo 136: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.

7 Ver, por ejemplo, el artículo 326, numeral 2 de la Constitución: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”.

8 Entiéndase por concertaje aquellas relaciones laborales coloniales de contrato mediante las cuales un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia, hereditaria y gratuita o con un salario mínimo, y que fue abolido por la Revolución Liberal (1895).

9 El propio Adam Smith tenía clara las relaciones asimétricas de poder entre trabajadores y empleadores. Al respecto, ver el texto de Eric Toussaint: “Adam Smith está más cerca de Karl Marx que de los neoliberales que actualmente lo ensalzan”, CADTM, junio 11 de 2009. Disponible en: http://www.cadtm.org/Adam-Smith-esta-mas-cerca-de-Karl,4461

10 Ver Alberto Acosta (julio 2021); “Presidente Guillermo Lasso viola la Constitución -¿Con complicidad de la Corte Constitucional?”. Disponible en https://rebelion.org/presidente-guillermo-lasso-viola-la-constitucion/

11 Al respecto de puede consultar el libro de John Cajas-Guijarro (2021); COVID-19: la tragedia de los pobres. Entre crisis, sindemia y otros males. Plataforma por el Derecho a la Salud/Fundación Donum/FOS. Quito. Disponible en https://saludyderechos.fundaciondonum.org/wp-content/uploads/2021/07/Covid-tragedia-de-pobres.pdf

12 Sobre la gravedad de la crisis y el momento que atravieza el país se puede consultar el artículo de Alberto Acosta (agosto 2021); “Ecuador en la trampa de un futuro pasadista”. Revista Ecuador Debate Nº 113, Quito. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1B56ycq

Imagen de portada: Eduardo Kingman, «El carbonero» (1934).
Fuente: Andrea Moreno Aguilar, Eduardo Kingman Riofrío (Quito: Banco Central del Ecuador, 2010),

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El FMI y Lasso acuerdan la receta para Ecuador

Las políticas neoliberales del exbanquero

El plan económico incluye reducción del gasto, apertura económica y reforma impositiva. Si la Asamblea quiere frenarlo, el presidente ya dijo que irá por la consulta popular.

 

El FMI acaba de darle un nuevo respaldo a las políticas neoliberales de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció un principio de acuerdo con el organismo para la llegada de 1.500 millones de dólares hasta fin de año. Un monto más que necesario para un país con una crisis económica que estalló hace dos años, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Lasso habla de recomponer la economía ecuatoriana apelando al libreto neoliberal conocido: apertura de la economía, recorte del gasto público y reforma tributaria. Para llevarlo adelante deberá negociar con un Asamblea muy fragmentada, donde su partido apenas si suma una docena de bancas. Si no lo apoyan, ya dijo que apelará a la consulta popular. Y sabe que tiene las de ganar: viene llevando adelante una exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus.

Colchón de vacunas

El dinero que llegará desde el FMI forma parte de un acuerdo previo que el organismo había firmado con Moreno en 2020 por 6.500 millones de dólares. La llegada de nuevos desembolsos dependía del cumplimiento de las metas (y exigencias) que hizo el Fondo, algo que conocemos muy bien en Argentina. En ese sentido, Lasso fue claro durante una entrevista con la agencia EFE. “Nos pidieron aumentar la recaudación fiscal en un 0,7 por ciento del PBI a partir del 2022”, señaló el presidente. Esto a pesar de que el país viene mostrando mejoras en sus números, tras haber levantado gradualmente las restricciones por la pandemia: el FMI prevé que la economía se expandirá un 2,7 por ciento en 2021 y un 3,5 por ciento en 2022.

El panorama que plantean Fondo y gobierno se basa en lograr ingresos a partir de inversión extranjera. En este sentido, el gabinete de Lasso y la prensa afín pusieron como ejemplo exitoso de un mix entre público y privado, a la campaña de vacunación. La promesa del entonces candidato había sido “nueve millones de vacunas en los primeros 100 días”. El laboratorio estadounidense Pfizer perfilaba como vedette para lograr ese objetivo. Sin embargo, la realidad obligó a recalcular. El gobierno tocó la puerta de China y así logró la llegada de millones de vacunas Sinovac.

Lasso asumió el 24 de mayo. Hasta ese día se había vacunado con al menos una dosis a solo 1.400.000 personas. De allí en adelante, y especialmente desde junio de este año, la campaña de vacunación no paró de crecer. El gobierno alcanzó el objetivo que se había propuesto. Al día 11 de septiembre lleva aplicadas 12 millones de vacunas Sinovac, casi seis millones de Pfizer y dos millones de Astrazenca. La coordinación con el sector privado incluyó vacunar a los empleados, sus familias y aún a proveedores, dentro de las empresas; otorgar descuentos en productos a cambio de vacunas; y traslados gratuitos hasta los centros de salud; solo por citar algunos ejemplos.

Desregulación y apertura financiera

Pero cumplir con las metas del FMI y el plan con que Lasso llegó al poder, también tiene un costado menos luminoso. El presidente planteó la necesidad de una reforma tributaria y de reducir el gasto público. De la primera se sabe muy poco. El eslogan con el que salieron a darle impulso a esta iniciativa es un impuesto a los sectores más ricos del país. “Que el costo de la pandemia recaiga sobre aquellos que más tenemos en el Ecuador", sostuvo el mandatario. El tributo se focalizará en el cuatro por ciento de la población más pudiente. “El resto no va a sufrir ningún impacto en materia de impuestos, ni por incremento de tasas, ni por la creación de nuevos tributos", sostuvo Lasso. Lo demás detalles, siguen sin conocerse.

La otra pata, la reducción del gasto, tiene como bandera el impulso a la inversión privada. Para esto el exbanquero planteó un programa de desregulación y apertura comercial muy ambicioso. El primer paso lo dieron el 21 de junio pasado, cuando el embajador de Ecuador en Estados Unidos firmó el reingreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Para el sociólogo económico Andrés Chiriboga es un claro retroceso, ya que el país había logrado salir de este espacio en 2009. “Bajo este tipo de instancias regulatorias el Estado pierde siempre. En el mejor de los casos, no paga indemnizaciones, pero ganar, nunca. Lo que se busca con esto es inclinar la cancha a favor de los privados”, sostuvo el académico.

El ingreso al CIADI fue la antesala del otro gran objetivo del mandatario: ingresar a la Alianza del Pacífico, un bloque regional que componen Chile, Perú, Colombia y México. Para Pablo Iturralde, Director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), un grupo de estudio ligado al correísmo, estas medidas benefician al sector financiero. “Se impulsa una rama vinculada con el ingreso de divisas por agroexportación, el sector importador y petrolero, todos vinculados al mercado externo. Los campesinos, que venden puertas adentro, están siendo sofocados económicamente”, indicó el académico. En este sentido Chiriboga señaló que Lasso se está ganando un enemigo importante. “En la campaña había dicho que iba a dar créditos al agro, algo que no está cumpliendo. El gobierno no está tomando el camino de inyectar con recursos a la población”, sostuvo el sociólogo económico.

Un límite en la Asamblea

Una de las principales fuentes de recursos de Ecuador pasa por la exportación de petróleo. La pandemia representó una dura caída en este sentido. En 2019 las exportaciones llegaron a 8.680 millones de dólares, en tanto que en 2020 se retrajeron a 5.250 millones de dólares. Los números mostraron un alza durante el período enero/mayo de 2021: 3.450 millones de dólares. De la mano de esta recomposición, Lasso prometió duplicar la producción durante los próximos cuatro años, a partir de alianzas con privados. Para Chiriboga el plan pasa por privatizar la empresa estatal, Petroecuador. “A través de un decreto de liberación de capitales en las empresas públicas, prepara el terreno privatizarla”, indicó el académico.

La principal traba que tiene Lasso para avanzar con más medidas de este tipo está en la Asamblea. En la primera vuelta de las presidenciales de este año, que definían las bancas legislativas, su fuerza sacó tan solo el 19,7 por ciento de los votos, con lo que obtuvo 12 asambleístas. Las fuerzas que quedaron mejor paradas fueron el correísmo, que bajo el Frente UNES logró 49 bancas, y el partido indigenista Pachakutik, con 27. Este contexto obliga al exbanquero a mostrar su faz negociadora. Sin embargo ya adelantó que si el legislativo no aprueba sus proyectos avanzará por otro camino. “Si los asambleístas no son sensibles a la realidad del país, tendremos que ir a una consulta popular para que el pueblo dirima en las urnas su futuro", sostuvo el mandatario.

El plan ya está en marcha. Funcionarios del gobierno están proponiendo que una de las preguntas a la población sea si la dolarización debe o no incluirse en la Constitución del país. Para Iturralde esa pregunta funcionará como anzuelo para poner otras más polémicas, detrás de un “sí” que lo englobe todo. “Los únicos dos consensos que existen en Ecuador son el apoyo a la tricolor (la selección de fútbol) y a la dolarización. Van a preguntar una obviedad para poder lograr el respaldo en toda la consulta”, sostuvo el director del CDES. Lo cierto es que el viento de cola del exitoso plan de vacunación puede servirle de impulso. El apoyo político y económico del FMI, también. Quedará por verse como responde una oposición muy divida, otro elemento que puede jugar en favor de Lasso.

13 de septiembre de 2021

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Chile: ¿del 11 de septiembre al fin del neoliberalismo?

Después del golpe de Estado contra el socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Chile se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo. Ahora, el país intenta liberarse de ese legado y avanzar hacia un nuevo tipo de Estado de Bienestar.

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 arrojó a Chile a la larga y brutal dictadura de Augusto Pinochet, quien implementó reformas neoliberales profundas y de largo alcance. Luego de esta traumática experiencia, el país transitó a la democracia en 1989. Los sucesivos gobiernos democráticos optaron por un enfoque de reformas graduales que, si bien ayudaron a garantizar el crecimiento económico, no tocaron los pilares del neoliberalismo implementado por Pinochet.

Hasta hace muy poco tiempo, este enfoque se consideraba un éxito, y era reivindicado como un modelo, tanto a escala latinoamericana como global. Sin embargo, a pesar de la impresionante disminución de las tasas de pobreza desde la transición a la democracia y de más de tres décadas de estabilidad política, el país ha entrado ahora en una era marcada por conflictos sociales y tensiones económicas.

A fines de 2019, manifestaciones masivas y graves disturbios se extendieron por todo el país. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra las diferentes formas de desigualdad imperantes y el modelo neoliberal que caracteriza al país. Ante la magnitud de la presión social, la clase política acordó realizar un referéndum, en el que la ciudadanía tiene la potestad para decidir si llegó la hora de cambiar la Constitución y así intentar una refundación del sistema institucional.

El proceso constituyente

El referéndum constitucional tuvo lugar en octubre de 2020 y su resultado fue una verdadera bofetada para la elite: casi 80% del electorado votó a favor del cambio de la Carta Magna. A mediados de mayo pasado, la ciudadanía acudió nuevamente a las urnas para escoger a los representantes de la asamblea encargados de redactar la nueva Constitución. El resultado de esta elección representó otra derrota para el establishment: las fuerzas políticas tradicionales –tanto de izquierda como de derecha– fueron castigadas, mientras que la mayoría de los candidatos que recibieron importantes donaciones de campaña no fueron seleccionados. Para asombro de académicos y analistas, los principales ganadores de esta elección crucial fueron no solo nuevas fuerzas de izquierda, sino que también, y sobre todo, los candidatos independientes con una agenda progresista. Chile está entrando ahora en territorio inexplorado. El proceso constitucional ya está en marcha y para fines del próximo año se realizará un referéndum, en el cual la Constitución recién redactada será aprobada o rechazada por la población.

La ciudadanía contra las elites

¿Cómo llegó el país considerado como un modelo de estabilidad a encontrarse hoy en esta situación de alta incertidumbre?

Por un lado, la propia modernización económica que ha experimentado el país en las últimas décadas allanó el camino para el surgimiento de una ciudadanía progresista, la cual demanda transformaciones estructurales del modelo de desarrollo existente. El impulso proviene en gran medida de nuevas generaciones que se definen como liberales en temas culturales y, a su vez, aspiran a la construcción de un Estado de Bienestar de corte socialdemócrata. Por otro lado, dado que las elites han permanecido ciegas ante ese proceso de transformación de la sociedad, cada vez tienen más problemas para comprender y adaptarse al nuevo escenario. En los últimos años han salido a luz pública escándalos de diverso tipo: casos de corrupción que afectan a la elite política, situaciones de flagrante colusión que manchan la reputación del empresariado y casos de pederastia en la Iglesia Católica.

En consecuencia, Chile es un caso emblemático de desconexión entre el establishment y la ciudadanía. Mientras el primero es visto como un actor ilegitimo por gran parte de la población, la segunda ha sido capaz de organizarse colectivamente y presionar para demandar la construcción de un nuevo contrato social. La crisis de la democracia chilena se explica, entonces, por la conformación de un establishment que no ha sabido cómo –y en parte no ha querido– responder a las demandas de la ciudadanía. Esto es particularmente válido para un empresariado que opera con una lógica de capitalismo rentista y sigue pensando que las políticas neoliberales son el único camino posible para alcanzar el desarrollo. La aprobación masiva del plebiscito constitucional y la derrota de las fuerzas políticas tradicionales en la Asamblea Constituyente, demuestran que gran parte del electorado está dispuesto a apostar por nuevos rostros y exige una transformación de la elite del país. Visto así, no es descabellado pensar que Chile está experimentando un proceso de renovación de la democracia. La presión de la sociedad civil y el poder de los votantes estaría llevando a la gradual conformación de una nueva clase política, la cual podría terminar generando una mejor conexión con la ciudadanía.

Esta interpretación positiva del proceso de transformación en curso depende de varios factores. Y dos son particularmente relevantes. En primer lugar, aun cuando a través de los próximos procesos electorales es esperable que se vaya generando un cambio importante a nivel de la elite política, no es del todo claro que las elites culturales y económicas estén dispuestas a dar paso a nuevos actores que sintonizan de mejor manera con la sociedad. Sin una renovación del empresariado y del mundo de la cultura seguirá existiendo una importante brecha entre elite y ciudadanía. En segundo lugar, a fines de este año se llevarán a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias, en un contexto en el que prima una fuerte fragmentación del espacio político. Debido a ello, es prácticamente imposible que quien gane la presidencia tenga una mayoría en el Congreso. Las encuestas muestran cierta ventaja para las fuerzas progresistas, pero no es del todo claro que éstas logren establecer alianzas que permitan dar gobernabilidad.

Hacia un nuevo modelo de bienestar

La salida de la crisis actual y la potencial renovación de la democracia chilena depende sobre todo de la capacidad de las elites para transformarse y dar vida a acuerdos con el objetivo de encausar las reformas demandas por la ciudadanía. La sociedad chilena se ha manifestado con fuerza, exigiendo el tránsito hacia un Estado de Bienestar propio de la socialdemocracia, el respeto del medio ambiente y un avance sustantivo en materia de igualdad de género. ¿Estarán las elites a la altura de este desafío? En gran medida, esta pregunta determinará hasta qué punto la democracia en Chile saldrá más fortalecida de este proceso y si se convertirá en un modelo de cómo, a través de procesos democráticos, se puede avanzar en políticas que pongan límites al papel del mercado y que sean capaces de reconstruir los contratos sociales rotos.

Si bien es cierto que el desenlace de la situación de Chile es incierto, no cabe duda de que el resultado final tendrá un impacto importante en América Latina y el mundo progresista. Así como el 11 de septiembre de 1973 marcó un punto de inflexión a nivel latinoamericano y para el mundo de izquierda, la potencial renovación de la democracia chilena trazará una hoja de ruta que puede ser imitada por otros actores. La pandemia de covid-19 ha exacerbado los problemas de desigualdad y pobreza, de modo que los países de América Latina necesitan reconstruir el pacto social para lograr avanzar hacia políticas sociales de corte universal. Chile podría allanar un camino que pase por la movilización social, las reformas institucionales y, sobre todo, un nuevo pacto entre elites para generar gobernabilidad.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la presentación del tercer informe de Gobierno, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). — Sáshenka Gutiérrez / EFE

El presidente mexicano denuncia que los Gobiernos anteriores abrieron el mercado eléctrico "para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas".

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que en septiembre presentará ante el Congreso una reforma constitucional para revertir las "privatizaciones" en el sector eléctrico.

"En cuanto a la industria eléctrica, este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permita reparar el grave daño que causó la privatización al sector público", anunció, al presentar este miércoles su tercer informe de gobierno.

Al iniciar su discurso en el Palacio Nacional, el mandatario izquierdista aseguró que "la transformación está en marcha" en México y que su Gobierno ha decidido "parar en seco la tendencia privatizadora".

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunció que los Gobiernos anteriores abrieron el mercado eléctrico "para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas".

En cambio, reprochó, que las plantas de la energética pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), "fueron completamente abandonadas" y el actual Gobierno está "modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón".

"En pocas palabras, la meta es que tengamos abastecimiento público frecuente de energía eléctrica, que no haya apagones y que los consumidores paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales", detalló sobre su reforma.

La coalición oficialista, liderada por Morena, no ostenta la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará pactar con la oposición.

El presidente López Obrador es contrario a la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a las empresas privadas.

Por ello, decidió presentar una reforma constitucional dado que sus leyes para dar prioridad a las energéticas públicas CFE y Pemex (Petróleos Mexicanos) se encuentran encalladas ante los tribunales por un alud de amparos de compañías privadas.

Durante la presentación de su tercer informe, el que marca el ecuador de su mandato, presumió que su Gobierno no entrega concesiones nuevas a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, reclusorios ni obras públicas, pero "lo más importante es que hemos detenido la privatización en el sector energético", aseguró.

Recordó que quiere dejar de "importar" gasolinas y por ello ha modernizado las seis refinerías existentes, está construyendo la refinería de Dos Bocas (Tabasco) y compró la totalidad de la planta Deer Park (Texas, Estados Unidos). 

01/09/2021 16:02

EFE

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100 días de Lasso en Ecuador: una reforma neoliberal en suspenso

 Guillermo Lasso completó sus primeros 100 días como presidente de Ecuador y, a pesar de mejorar la vacunación contra el COVID-19, aún no logró atender la crisis económica. El analista Decio Machado dijo a Sputnik que Lasso debe "manejar los ritmos" ante una eventual tensión social y una mayoría opositora en el parlamento.

El Gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador consumió sus primeros cien días centrado en contrarrestar el retraso de la administración de Lenín Moreno en materia de vacunación contra el COVID-19, sin poder iniciar las reformas de corte neoliberal que prometió en campaña electoral, dijo a Sputnik el sociólogo y analista político Decio Machado.

Para el experto, uno de los primeros elementos a reconocer de los primeros meses de Lasso en el Palacio de Carondelet, tras su asunción el 24 de mayo de 2021, es que marcó "un cambio sustancial con el Gobierno anterior" de Lenín Moreno, que según Machado "fue la expresión del antigobierno, no hubo capacidad de gestión y no se cumplía ningún compromiso".

Machado aclaró que, "independientemente de que uno sintonice o no con la ideología" propuesta por Lasso —al que definió como "neoliberal, en términos clásicos"—, la gestión del exbanquero demostró en sus primeros meses "una mayor capacidad de gestión" que su antecesor, vinculada específicamente a masificar el proceso de vacunación contra el COVID-19.

Sin embargo, el analista consideró que el desafío para Lasso llegará una vez el proceso de vacunación esté cumplido, cuando el Gobierno deba afrontar los problemas de fondo que afectan a los ecuatorianos. "La siguiente lógica es la crisis que está ahí, una crisis grande que se desarrolla desde la caída del precio de los commodities, desde la caída en 2015 del precio del crudo, principal fuente de ingreso de Ecuador".

Tras un período durante el cual Moreno no logró dinamizar la economía ecuatoriana, Lasso heredó el Gobierno con la necesidad de reactivar el país como su problema fundamental. Según Machado, la emergencia sanitaria motivada por la pandemia logró aplacar esta urgencia, al colocar a la salud como primera demanda de la población en estos primeros meses.

"La sociedad ecuatoriana le dio un respiro al Gobierno de Lasso en este primer momento, donde la salud es la primera demanda", reflexionó el analista. Sin embargo, a medida que la cobertura de vacunas es mayor, comenzarán a aflorar otras demandas de tipo social, como "el empleo, el trabajo digno, la capacidad adquisitiva". Cuestiones que, tras estos cien días de Lasso, aún "están por resolverse".

"Creo que ha habido un período, no de enamoramiento pero sí de permisividad con el Gobierno, que avanzó con las vacunas. Esto permitió que los sectores no afines establecieran una especie de paz, de consenso político durante ese período. Pero esto se acabó", advirtió el analista.

En efecto, Machado hizo énfasis en que Lasso debe comenzar a ocuparse del mercado laboral ecuatoriano, que se encuentra "destrozado" incluso desde antes de la pandemia. "Se han generado muchísimos despidos, hubo una reducción del Estado con funcionarios públicos despedidos, al igual que en el sector privado", comentó.

Bajo este panorama, el analista consideró que crece entre los ecuatorianos un clima de "tensión" que puede enfrentar a Lasso a las demandas populares.

"En poco tiempo asistiremos a una lógica de conflictos en torno a reclamos de base de la sociedad, de sindicatos, organizaciones estudiantiles, trabajadores, mujeres, etc", pronosticó.

Las reformas neoliberales de Lasso, en suspenso

Caracterizar al Gobierno de Lasso no es una tarea difícil para Machado ya que "sus objetivos son claros y los ha anunciado" en la campaña electoral. "Ahí no hay trampa, a diferencia de Lenín Moreno, que aplicó un programa que no se correspondía con el programa electoral", diferenció.

En ese sentido, remarcó que Lasso propone para Ecuador "una hoja de ruta neoliberal" compuesta por medidas arquetípicas de este tipo de modelos. En ese sentido, Machado enumeró las siguientes prioridades de Lasso:

Flexibilización del mercado laboral.

Desmantelamiento del sistema de protección de la economía nacional respecto a economías internacionales.

Firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con otros países.

Privatización del patrimonio público nacional.

Ampliación de la frontera extractivista, tanto minera como petrolera.

Machado remarcó que estas prioridades fueron efectivamente anunciadas por Lasso, aunque el presidente "no ha podido ponerlas en marcha" durante los cien primeros días de Gobierno.

La prioridad que tuvo la vacunación anti COVID no es la única razón para ello, señaló el analista, quien recordó que Lasso ganó las elecciones tras obtener sólo un 19% de votos en la primera vuelta y 700.000 votos menos que en 2017, cuando también había pugnado por la Presidencia.

Para el analista, la coyuntura política que le dio el triunfo a Lasso está marcada por la resistencia al correísmo —movimiento político de izquierda cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017)—, lo que hace que, en realidad, "no haya una identificación con el Gobierno de Lasso por parte de muchos de quienes votaron a Lasso".

La falta de respaldo masivo se expresa en que el presidente tampoco tiene una bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral de Ecuador. Por tanto, el Ejecutivo "necesita consensos y no la tiene nada fácil para sacar las leyes que pretende".

"El Gobierno no ha renunciado a sus objetivos en materia económica, que son las privatizaciones y la reducción del Estado, pero está manejando los ritmos porque es consciente de que tiene dificultades para implementar ese programa de Gobierno", sintetizó el analista.

¿Elecciones anticipadas en Ecuador?

Para Machado, el Gobierno de Lasso no debe descuidar lo que sucede en la Asamblea Nacional durante este período, caracterizado por un alto fraccionamiento de partidos que "complejiza las políticas de alianzas, tanto de oposición como de Gobierno" para dar curso a los proyectos de Lasso o resistirlos desde el legislativo.

En efecto, mientras el oficialista movimiento CREO (Creando Oportunidades) de Lasso cuenta con 12 escaños, sectores opositores como la Unión por la Esperanza (UNES) —que contiene al correísmo—acumula 49 bancas. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), que representa a los pueblos originarios, suma 25 legisladores y la Izquierda Democrática, 12.

El analista advirtió que esta coyuntura podría dar lugar a que estas fuerzas políticas que no integran el Gobierno, confluyan "en un interés común desde diferentes sensibilidades o posiciones ideológicas, de que este Gobierno termine su gestión antes de tiempo".

Machado respaldó esta proyección en el hecho de que liderazgos construidos tras los comicios de 2021 —Andrés Arauz en UNES, Yaku Pérez en Pachakutik o Xavier Hervas en la ID— no son parte de la Asamblea Nacional por lo que perdieron terreno en el escenario político. Según el analista, solamente unas elecciones anticipadas podría volverlos a poner en el ruedo, lo que podría abonar la tentación de promover el final anticipado del Gobierno.

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Sin concertación con las comunidades no hay POT

El proyecto de acuerdo sobre el POT, que pretende entregar al Concejo de Bogotá la alcaldesa, carece de consulta y por supuesto de concertación con la ciudadanía. Nos preguntamos si el apuro por su aprobación obedece a que los negociantes del suelo pujan por iniciar con prontitud una serie de operaciones urbanísticas para continuar modelando la ciudad.  Un modelo que valga decir, va en contravía del llamado que nos hace el sexto pronunciamiento del Panel Intergubernamental sobre el escenario de cambio climático, que nos conmina a parar las emisiones de GEI y que nos debería interpelar sobre la insostenibilidad de ciudades densificadas.

Cuatro elementos protuberantes advierten la gran incertidumbre que significa para la ciudad seguir la carrera de aprobación del POT en la que nos lleva la alcaldesa Claudia López.

1-      32 Actuaciones Urbanísticas en las que intervienen 5949 manzanas que afectan a 830.000 habitantes (SDP, Anexo 28 de los DTS, 2021), de las cuales se destinan 6875 has. a tratamiento de Renovación urbana, lo que se traduce en alturas impredecibles. A esto se suman las 12.760 has. en consolidación general que promueve la densificación al permitir el aumento de alturas sin límites claros. En conclusión; el 50% de la ciudad será intervenida con densificación, acabando con la historia barrial y economía familiar de la población de estratos bajos y medios.

Esto nos aboca a un cambio agresivo de la ciudad con impactos sociales y ambientales incalculables por emisiones de GEI por la consecuencia lógica del aumento de vehículos,  islas de calor, demanda de agua que provendrá de los páramos Chingaza, Sumapaz y Guerrero, y una carga de aguas residuales sin que la EAAB tenga lista la PTAR Canoas. Todo esto contradice el decálogo del POT que plantea como desafío, la mitigación y adaptación al cambio climático.

Esta” planeación “va en contravía de las alarmas prendidas por el ICPP con la predicción del  aumento de la  temperatura planetaria en 1.5º C en 20 años, un escenario que nos interpela sobre nuestros modos de vida, de consumo y que exige de una planeación del ordenamiento con la agenda climática en primer orden. Pretender consolidar un modelo densificado de ciudad al estilo de New York, al servicio del negocio inmobiliario y financiero merece un debate serio y concertado con la ciudadanía.

2-      579.000 hogares expulsados porque el POT solo prevé 192.000 Viviendas de Interés Social e Interés Prioritario  de las 772.000 que se requieren en los próximos 13 años. Hogares que quedarán servidos en bandeja de plata para los tierreros, urbanizadores ilegales dedicados a ocupar las zonas de ronda de ríos y quebradas o las zonas de riesgo, esa Estructura Ecológica Principal que el POT nos presenta como la ordenadora del Territorio. La población que no pueda hacerse al menos a una vivienda informal se verá forzada al desplazamiento hacia municipios aledaños; otro tanto ocurrirá con hogares de sectores medios obligados a vender sus casas a los operadores urbanísticos. 

La segregación socio-espacial y agudización de la pobreza es inadmisible a la luz de los datos actuales que arrojan su aumento al 42%. ¿Cómo entender que mientras se proyectan 100.000 viviendas NO VIS por encima de su demanda, para los pobres de la ciudad, sólo se proyecte el 25%? Queda clara una planeación bajo la óptica del mercado y no de la disminución de la pobreza.

3-      En lo ambiental se devela un doble discurso, el de la protección de la EEP como ordenadora del territorio, con el que estamos de acuerdo; a la vez se propone pasar la malla vial sobre los humedales, quebradas, ríos y la Reserva Thomas Van der Hammen, además de la segunda línea del metro sobre el humedal Tibabuyes; parques urbanos con vías que acaban con ellosl, como lugar social y ambientalmente construido, como el caso del Parque Santa Helena. Este documento  presentado para  concertación de la  CAR, NO  fue  socializado, ni mucho  menos  concertado  con el  máximos  órgano civil  ambiental  como es  el  Consejo  Distrital Ambiental, ni  con la  Mesa  de Humedales, encontrándose violacion en muchos  artículos de normatividad ambiental nacional e internacional.

En el sur de la ciudad, la deuda histórica social y ambiental se incrementa: mayor cantidad de residuos sólidos al relleno Doña Juana, se reduce el área de protección de Cerro Seco presionada por proyectos de minería y trazado vial; además de la pérdida de áreas para la conectividad y la construcción de un “Corredor Ecológico Ancestral y Campesino del Tunjuelo”, propuesto por las comunidades a cambio del proyecto Reverdecer del Sur, otro eufemismo del POT.

4- Bogotá tendrá 32 Unidades de Planeamiento Local – UPL, cambiando la división político administrativa de la ciudad sin un debate a fondo de sus implicaciones presupuestales, socioculturales y administrativas. Se fragmenta la ciudad y se configuran UPL de estratos bajos, separadas de otras UPL exclusivas para estratos altos. Esa es una visión segregacionista, que además no justifica para qué y por qué es más eficiente tener 32 localidades cuando los presupuestos siguen siendo centralizados.

Estos elementos que transforman la ciudad desconocen la historia de los barrios, su tejido social, así como la agenda climática. Se despoja a los/as habitantes del territorio porque esta noción no está presente en el POT, solo vale el suelo por metro cuadrado. Este es un POT para que el sector privado legal e ilegal modele la ciudad. En este contexto de crisis climática y pos-pandemia debe ser consultado, construido y concertado con la ciudadanía. En un mes y medio de socialización la administración pretende salir del paso con la obligación de efectuar un proceso de participación en todas las etapas de la planeación.

Todo esto sitúa en un nivel de incertidumbre a la ciudad y la región, frente a lo cual cabe el principio de PRECAUCIÓN. Exigimos que este proyecto de POT no se apruebe hasta que no surta el proceso de concertación con los territorios tal como  lo  ordena  ley  1757 de  2015 y el decreto distrital  503 de 2011, sobre los  requisitos de la participación ,en un proyecto de  14 años para  los  bogotanos y que el CTPD, vocero de la sociedad civil se pronuncie recogiendo este clamor de las comunidades.

Suscriben:

Organizaciones, procesos sociales y comunitarios, líderes y lideresas socioambientales

1.Desde Abajo

2.Cumbre Urbana

3.Red de amigos y amigas de Cerro Seco

4.Corpo Frailejón

5.Siembra

6.Tejido Pa´l Barrio

7.Colectivo Vida de Barrio

8.Amigos del Bosque Urbano Parque Santa Helena

9.Asamblea Suba Oriental

10.Mesa por el cierre del Relleno de Doña Juana

  1. Mesa Cerros Orientales 
  2. Mesa Usaquén Cerros Orientales

15.La Marcha de los Árboles

16.Proceso CUMBRE AMBIENTAL "PactoPOTBogotá"

  1. Colectivo Estudiantil Sociedad y Conciencia-COESC
  2. Polo Joven Barrios Unidos
  3. Huerta nativx portal resistencia

20.Fundación ecológica Bacatá

  1. Veeduría Alameda Entre Parques
  2. Extinction Rebellion Bogotá
  3. Juntanza Techotiva
  4. Colectivo Maraña
  5. Corproyectos
  6. Red de tejedoras de Suba
  7. Asociacion de recicladores rehobot
  8. W. Danilo Lozano Murillo, red Paquerxs Bogotá, huerta comunitaria Muyso y Colectivo paqueros Unidos, localidad Barrios Unidos. 
  9. Proceso Social y Popular Asamblea Sur. Fabio Arturo Rozo Ruiz

28.voceros UPZ 89

  1. Diego Camilo Niño Pinzón  guarda moyas UPZ89 San Isidro patios
  2. Rafael Borda
  3. Colectivo Defensores Humedal Córdoba.
  4. Karen Stphanie Rodríguez Sosa, Presidente CPL Suba.
  5. Colectivo Tribu Violeta.
  6. María Victoria Torres Asociación de Mujeres "Mujer Activa"
  7. corporación de investigación educación popular
  8. Corporación de proyectos sociales CORPROYECTOS.

37.Colectivo Noncetá 

  1. Omar Garzón, profesor y poeta.
  2. Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Suba; Raúl Benítez Ortega, Presidente.

40.Asociación Ambiental, Cultural y Deportiva Piwam

  1. Veeduría Ciudadana POT - Alameda Entreparques  Urb San Martín - Barrios Unidos
  2. Tejimanchón • Colectiva Serigráfica
  3. Colectiva de Mujeres Muralistas

Líderes y lideresas socioambientales

1.Dilia Cortés

2.Ruth Quevedo

3.Gina Piza

4.Carolina Moreno

5.Luisa Fernanda Vargas. Ambientalista 

6.Helena León Deaza Gloria Oramas

7.Julián Arana

8.Nathaly Daza Cruz

9.Gloria Moreno

9.Laura Acero

10.Pilar Barrera, Consejera  Planeación  Suba

11.Herman Martínez Gómez

12.Sylvia Melissa Soler

13.Gladys Cifuentes. Ambientalista Suba 

  1. María del Pilar Zambrano. Arquitecta, Humedal Córdoba 
  2. Gladys Manrique. Trabajadora social 

16.Ruth Rios

  1. Hugo Mendoza. Mesa Cerros 
  2. Edgar Martinez. Mesa Cerros, Usaquén 
  3. Karen Solange Gutiérrez García. Techotiba. COESC-BOSA
  4. José Dario Castiblanco C   líder Social de vendedores informales Bogota  D.C por

23.María Victoria Córdoba Quintero Huerta Nativa Portal Resistencia 

  1. María del Carmen Jaramillo Bosa el Recreo 
  2. Johaana Ruiz
  3. Lina Paola Lara Negrette
  4. Gloria Jimenez
  5. DIB HADRA
  6. MAJA ASTRID PINZÓN RAMÍREZ. MIEMBRO ASAMBLEA POPULAR UPZ 89
  7. Dannys Vannessa Hernández González. Asamblea Popular UPZ 89
  8. Alejandra Correa- barrio La Soledad.
  9. Sergio Torres Ariza - barrio Marsella 
  10. Alicia Gil Tovar - UPZ 113 Bavaria 

35.Arturo Grueso Bonilla .CEIP

36.Pilar Cuevas Marín. CEIP

37.Tania del Rocío Bohórquez . Corproyectos

38.Edgar Montenegro. Asamblea Centro Histórico

  1. Saúl Cortés S. Edil Suba

40.Gloria Esperanza Peñuela. CEIP.

41.Cecilia Ramos ..CEIP

42.Myrian Ramos. CEIP.

43.Luis Fernando Monroy CEIP

  1. Lina María Vela Bermúdez- Edilesa Suba
  2. Diana Carolina Castro Vargas - Edilesa Kennedy

46.Sonia Milena Quintana Salas

47.Nancy Castro.-kennedy

48.Zoraida Cortes s. Teusaquillo

49.Carlo Nicolás Cortés. Suba

  1. Juan José Bustacara..Suba

51.Sonia liseth Gomez 

  1. Armando Martínez Arq.

53 Jorge Ramírez zona 4

  1. Maritza Barrera.JAC tibabuyes

55.Manolo Colmenares .artista.

56.Martha Salazar Mendoza

57.Diana Nieto. T.S.

  1. Angel Niño. Ciudad Bolívar

59.luz Freire maestra

60.Angela Quimbaya.

61.Clara Caro.

62.Angelica Cabiativa .cabildo Suba

63.Ana Celia Sabogal Castro

64.Edwin Enrique Marulanda Bernal Edil Fontibon

65.Fidel Ernesto Poveda Gómez

66.Gabriel Becerra Yañez - Secretario General CH-UP 

67.Heriberto Flor Quiroga - Mesa técnica de trabajo de Altos de la Estancia - C. Bolívar 

  1. Consuelo Buitrago  Arquitecta  Urb. San Martín  Barrios Unidos
  2. José Vicente Pachón Consejero CPL USME Delegado COPACO
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