El periodista Daniel Mendoza Leal, en una manifestación contra la llegada del presidente de Colombia a Madrid, en la Puerta de Alcalá, a 12 de septiembre de 2021, en Madrid. — Isabel Infantes / Europa Press

Amenazado de muerte, Daniel Mendoza (Bogotá, 1978) se escondía en el maletero de los coches de sus amigos para trasladarse de un lugar a otro y concedía entrevistas de forma clandestina. Se refugió en la embajada francesa y finalmente huyó de Colombia antes de que una bala pudiera acabar con su vida. Este abogado, criminalista y periodista, había asombrado al país desde mayo de 2020 con el lanzamiento de la serie web Matarife, en la que se narra de una manera innovadora y audaz el contubernio entre políticos, narcotraficantes y paramilitares.

Apoyado en investigaciones propias y de otros periodistas colombianos, Mendoza desgrana en Matarife las oscuras relaciones entre el poder y el hampa, y señala con el dedo a quien, a su juicio, es el capo dei capi de la narcopolítica: el expresidente (2002-2010) y hoy senador Álvaro Uribe, protagonista de una serie que ha convulsionado los cimientos de la política colombiana. Con un pulso narrativo vibrante, cercano al thriller psicológico, y un formato de breves píldoras audiovisuales, el documental ha llegado a los móviles de millones de colombianos (unos 35 millones de visitas en YouTube).

Con Mendoza como hilo conductor, por la pantalla desfilan testimonios e imágenes de la historia reciente de Colombia, los asesinatos de activistas sociales, la ejecución de miles jóvenes en el caso de los "falsos positivos", las vendettas de los narcotraficantes y sus alianzas con la élite política y económica del país... No es una ficción de Netflix. Es Colombia al desnudo. En Matarife se dan la mano la investigación, la denuncia y la estética en una experiencia subversiva y creativa, en palabras de su autor. Antes de abandonar Madrid, donde ha promocionado la segunda temporada de la serie, Mendoza recibe a Público.

Con sus tatuajes, su apariencia le acerca más a la farándula que al Derecho penal. Mide cada palabra que dice, no en vano ya le han caído varias denuncias por sus investigaciones, mientras recapitula sobre el vértigo de sus últimos años y sueña ya con la tercera temporada de la serie.

'Matarife' es todo un fenómeno audiovisual en Colombia, con millones de visitas en YouTube. ¿Qué se encuentra el espectador en la serie?

La primera temporada está basada en tres artículos (sobre la carrera política de Uribe y sus presuntas relaciones con el narcotráfico) que publiqué en el medio digital La Nueva Prensa y que fueron virales en Colombia. Esos artículos formaron el esqueleto de la primera temporada, que también se nutre de las investigaciones de periodistas como Gonzalo Guillén. Al principio pensamos en que yo fuera una sombra, con otro nombre, porque nos estábamos enfrentando a un aparato de poder, a una fábrica criminal, pero luego pensé que una sombra iba a asustar más a la gente. Decidí entonces exponerme y poner la cara. Todos me dijeron que estaba loco y yo les contesté que era la única forma de que funcionara el proyecto. Un proyecto, Matarife, cuya principal finalidad era que Colombia le perdiera el miedo a Uribe. Hasta ese momento todo el mundo se refería a él como El Innombrable para evitar las denuncias al acusarlo en redes. Pero yo necesitaba que la gente empezara a decir lo que es: un narcotraficante, un mafioso y un genocida. En mi artículo Uribe, el asesino que nos puso la mafia se ofrece una visión de lo que fue desde su nacimiento hasta su último periodo presidencial.

El propio rodaje de la serie y la promoción de la primera temporada es material digno de una película de suspense.

Para protegerme de Uribe, tuve que inventar que la serie había sido realizada por una productora australiana y que contaba con apoyos de afuera. En realidad, al proyecto de la primera temporada le dimos forma cuatro personas durante tres o cuatro meses. Fue una estrategia de engaño al Gobierno, y, en cierta forma, nos resultó. Ellos pensaban que toda la serie ya estaba hecha al lanzar el primer capítulo y que contábamos con apoyos internacionales, pero lo que hacíamos César Andrade [cineasta mexicano] y yo era ir grabando y editando cada capítulo poco a poco. En la segunda temporada despejo las dudas y explico nuestro vía crucis mientras hacíamos la primera parte. Yo pensaba que Matarife me iba a cubrir, pero lo que hizo fue echarme los sicarios encima. Pensaba que me iban a matar sin haber visto la reacción de la gente al ver la serie.

¿Y se fue de Colombia por ese temor a que lo mataran?

Recibí una serie de amenazas después de que en La Nueva Prensa se denunciara la compra de votos en las elecciones que llevaron a Iván Duque [actual mandatario] a la presidencia por medio de Uribe, en asociación con el cártel de la costa caribeña, del narcotraficante Marquitos Figueroa. Esas denuncias iniciaron una serie de amenazas [contra varios periodistas] después de que Uribe me acusara de ser un subversivo de la izquierda internacional y llamara a sus seguidores a tomar acciones en mi contra. Un senador de la República grabó una llamada en la que un informante le decía que la Oficina de Envigado [una organización criminal] había dado la orden de ejecución de varios periodistas de La Nueva Prensa. Entonces empiezan a buscarme para matarme a mí también en Bogotá. La Fundación para la Libertad de Prensa y varios senadores progresistas pidieron mi protección y ahí empieza mi huida en los baúles [maleteros] de los carros de mis amigos. Yo vivía cada día para dar una entrevista y decirle a la gente que Uribe era un narcotraficante y un genocida. Me buscaba la Policía, el Gobierno y los peores cárteles del narcotráfico y del paramilitarismo. Sabía que no iba a durar mucho tiempo antes de que me encontraran y me mataran. A través de Amnistía Internacional y una amiga abogada, me contactó la embajada de Francia y me dijeron que estaban dispuestos a salvarme la vida. Me refugié en la embajada y poco después me sacaron del país en un vuelo humanitario.

¿Qué pensó al tener que abandonar Colombia de forma forzada mientras millones de ciudadanos veían su serie?

Lo primero que pensé cuando se cerraron las puertas del avión fue que ya no me iba a morir. Y el segundo pensamiento que me vino a la cabeza fue hacer la segunda temporada y cómo carajo iba a hacerla en Francia. Lo único que se me ocurrió es que tenía que seguir contando la historia, pero ubicando escenas en Francia, y la segunda temporada se desarrolla allí con un formato y una narrativa más digerible para el público internacional. Se puede ver sin haber visto la primera, más centrada en el público colombiano. Esa primera temporada tuvo una difusión de más de 25 millones de visitas. Hoy, juntando las dos temporadas, hay casi 35 millones de visitas solo en el canal oficial.

Usted nació en el seno de una familia de la élite colombiana y fue miembro del selecto club El Nogal, objeto de sus denuncias

Sí, nací en una familia de la élite, no sé si afortunada o desafortunadamente para mí. En el club El Nogal empecé a observar algunas cosas y esto, unido al hecho de que yo era abogado penalista y que tenía conocimiento de expedientes de la parapolítica, me llevó a ver las relaciones que había entre la élite colombiana, el paramilitarismo y el narcotráfico. En el centro de todo eso estaba Álvaro Uribe. Eso me hizo escribir una serie de artículos que involucraban al club El Nogal como una institución que reunía a peligrosos delincuentes, corruptos, lavadores de activos, narcos y paramilitares, y tras esas denuncias me expulsaron del club. Después de cuatro años, gané un proceso judicial que anula esa expulsión, lo que significa un triunfo para la libertad de expresión en Colombia.

'Matarife' presenta hechos que ya se conocen en Colombia, pero de una manera original y dinámica. ¿Es ése el secreto de su éxito?

Yo quiero que la gente goce también viendo Matarife, en cierto sentido. Que sufra, pero que también goce con una fotografía bella, una música linda, un buen guion. Las artes sirven para eso. Matarife utiliza la información para disparar un misil que llegue al inconsciente colectivo de una sociedad como la colombiana. Para que eso ocurra, tiene que generar emociones individuales en las personas a través del arte. En este sentido, es un arma revolucionaria, lo que yo llamo la "subversión creativa", que para mí hace más daño que las armas reales. Se trata de una propuesta audiovisual que nutre al pueblo de una información que le llega al alma, convirtiéndose así en un mecanismo revolucionario muy efectivo. Yo ya no me considero abogado ni periodista. Ni tampoco director ni guionista ni actor. No soy nada de eso, sino un subversivo creativo que disparo sin herir físicamente a nadie y trato de violentar un sistema que riega de dolor y sangre a mi país.

La segunda temporada, de formato más extenso, no ha tenido la resonancia de la primera. ¿Por qué cree que ha sucedido esto?

Es cierto que la primera temporada se masificó más. El formato fue uno de los factores de que llegara a mucha gente. En la segunda temporada [de la que ya se han emitido ocho de sus diez capítulos] los episodios son más largos, pero la razón principal de que no haya tenido la misma difusión es porque ha habido un pacto de silencio entre los grandes medios colombianos, que no han hablado de la serie como sí lo hicieron de la primera parte. No les está funcionando del todo porque el pueblo colombiano está compartiendo la serie en redes, y la gente que la ha visto dice que la segunda temporada es más sólida desde el punto de vista estético. Los guiones están mucho más trabajados.

¿Qué reacción espera de ese público internacional al que va dirigido la nueva temporada?

Yo me pregunto: ¿qué le pasa al mundo? Están viendo que están matando a los jóvenes, que los están descuartizando, y llevan haciéndolo muchos años. La organización Human Rights Watch (HRW) ya lo verificó [como el caso de los "falsos positivos", ejecuciones sistemáticas de más de 6.000 jóvenes durante el mandato de Uribe para engrosar la lista de bajas de supuestos guerrilleros y dar la impresión de que se estaba ganando la guerra]. Hay que decirle al mundo que hay un genocidio en Colombia.

¿Cómo ve el futuro de su país ante las elecciones presidenciales del año que viene?

Yo creo que Colombia tiene dos opciones ahorita, y creo que la sociedad colombiana las está viendo y las encuestas lo dicen, porque ahorita la sociedad colombiana no se debate entre izquierdas y derechas, no se debate entre partidos políticos o colores políticos. Se debate entre la vida y la muerte. Esas son las dos opciones que tiene la sociedad colombiana. O la vida o la muerte. Yo espero que escoja la vida.

Madrid

18/09/2021 22:42

César G. Calero

Publicado enColombia
Frente a aguas borrascosas el faro son nuestros principios

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

Nuestra región parece cada vez más codiciada por todo tipo de poderes, tanto económicos como políticos, militares y paramilitares. La característica de todos ellos es abusar de la población, exprimirnos para sacarnos todo lo que pueden en beneficio de sus intereses. Están las empresas mineras que han buscado cómo  explotar los minerales que se encuentran en esta Serranía del Abibe y para lograrlo se valen de la ayuda de los paramilitares para conseguir por la fuerza las tierras para esas empresas. Por otro lado están todos los falsos proyectos de desarrollo del Estado, diseñados para  engañar al campesino. En el otro extremo se encuentra la politiquería o falsa política, mediante la cual enredan a la población con falsos proyectos de mejoramiento de caminos y aperturas de carreteras, como método para conseguir curules. Finalmente está el poder de las armas de militares y paramilitares que se encargan de someter bajo el miedo y la amenaza a la población civil.

En los últimos meses el señor César Jaramillo, quien hace parte de la junta de FEDECACAO, la SAMA y la Alcaldía de Apartadó, ha estado liderando, con algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal, la ejecución de un plan que han llamado: “No Más Comunidad de Paz”. El primer paso fue convocar a los pobladores de la zona  a la vereda La Esperanza para firmar calumnias con el fin de llevar acusaciones ante la Fiscalía contra nuestra Comunidad de Paz. Luego empezó a llamar por teléfono a los que no fueron y no firmaron, para obligarlos a hacerlo. Algunas organizaciones y personas que no están de acuerdo con el trabajo que está liderando este personaje, ya lo han denunciado por injuria y calumnia contra sus organizaciones. Sabemos que el interés que ha perseguido es poder conseguir una buena cantidad de personas que le sirvan para exterminar a quien estorba sus intereses. Todo redunda en interés de la misma Brigada XVII del ejército, que es la que en todos estos años ha buscado por todos los medios  cómo acabar con nuestro proceso de vida; primero se coordinó con los bloques paramilitares más poderosos de Urabá y perpetraron numerosas masacres, entre ellas la del 21 de febrero del 2005; después se buscó cómo desprestigiar a nuestra Comunidad acusándonos falsamente de manejos comerciales ilegales. Comandantes como el mismo Coronel Germán Rojas Díaz lanzaron diversas calumnias contra miembros de nuestra comunidad, tratándolos de guerrilleros orgánicos de los diferentes frentes de las FARC que había en la zona, y por último se han valido de acciones de tutelas pésimamente fundamentadas y con la intención perversa de que no denunciemos sus atrocidades, buscando callarnos para que ya no se les destape en su complicidad con los grupos paramilitares que han existido desde que se creó esa brigada.

Se respira, pues, en nuestra región, un ambiente viciado por estrategias perversas contra nuestra Comunidad de Paz. Ahora el Señor César Jaramillo mediante audios maneja un supuesto plan de conciliación con las juntas comunales, organizaciones y personas que no han querido participar de sus ideas, según él, para limar asperezas y poder unirse para solucionar los problemas internos que tienen en sus veredas. Como Comunidad de Paz sabemos que se busca cómo tener a toda la población a su favor para dos cosas: la primera, cumplir el trabajo encomendado de exterminio de nuestra Comunidad, y el segundo, tener buenas firmas y votos para manipular los escaños políticos y la representación de las víctimas en el Congreso.

A las Juntas de Acción Comunal de todas las veredas de San José de Apartadó, desde nuestros corazones, como Comunidad de Paz, les decimos: ustedes, señores miembros de sus comunidades, son capaces de salir adelante autónomamente en su proceso organizativo en las veredas, sin tener que someterse a la guía de personas que sólo buscan cómo utilizar a la población para sus propósitos inconfesables. Entendamos que el paramilitarismo y los intereses políticos son los que han acabado con nuestra región.  Rechazarlos debe ser deber todos como comunidades campesinas. Anhelamos ver una zona donde el campesino se organice y busque desarrollar sus proyectos comunitarios, lejos de personas que buscan sus propios intereses por encima de quien sea.  

Las carreteras siguen siendo un importante método para que la maldad penetre  en nuestros espacios comunitarios. Se ha escuchado que se realizará una reunión en la vereda Playa Larga, donde se anuncia que participarán la Gobernación y funcionarios de la administración de Apartadó, según se dice, para legalizar carreteras que llevan más de 10 años siendo impulsadas ilegalmente por la Brigada 17 del ejército y los paramilitares.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

·        El viernes 20 de agosto de 2021, en horas de la mañana nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares habrían tenido una serie de reuniones internas entre ellos para coordinar cómo sería su participación en  las juntas de acción comunal de la zona. Según se afirma, cada paramilitar que viva dentro de una vereda debe estar inscrito dentro de la Junta de Acción Comunal y apoyarla en todo. Estas informaciones son muy preocupantes porque el paramilitarismo ha ido penetrando las diferentes organizaciones civiles que hay en nuestra región y así lo hemos dejado en evidencia en anteriores constancias públicas donde con nombres propios se ha denunciado la presencia de paramilitares dentro de las comunidades civiles.

  • El miércoles 25 de agosto de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una serie de audios donde el Señor Cesar Jaramillo y varios presidentes y miembros de las juntas de acción comunal de San José de Apartadó convocan a todas las demás juntas, incluyendo a personas que no están de acuerdo con los planes del señor Cesar Jaramillo en esta zona, para que  se acerquen a conciliar y seguramente a someterse a esa lógica que este personaje trae a la zona. Se escucha claramente en los audios cómo se invita a la población civil a desmovilizarse, como si fuera un grupo armado; esto ya es una clara calumnia de algunos dirigentes veredales contra el campesino.
  • El domingo 29 de agosto de 2021, en horas del día se recibieron informaciones según las cuales en la fiesta que se realizó el pasado 17 y 18 de julio, en la vereda La Unión, coordinada por la Brigada XVII del ejército, Cesar Jaramillo y la misma Junta Comunal de la vereda La Unión, se tuvo un muy alto consumo de licor, para lo cual el Señor César Jaramillo, miembro de la Junta Nacional de FEDECACAO, aportó parte del dinero  y según el resto fue aportado por el paramilitar Wilmar de Jesús Úsuga, alias “el Mexicano”, asesinado por el ejército en el departamento del Cauca el pasado 25 de julio de 2021.
  • El miércoles 01 de septiembre de 2021, en horas del día, pobladores amigos nos informaron sobre detalles de la estrategia que se está planeando, desde algunos presidentes de juntas de acción comunal en alianzas con el señor Cesar Jaramillo, para calumniar a nuestra Comunidad de Paz ante la Fiscalía: según eso, allí están llevando informaciones construidas por ellos sobre nexos de nuestra comunidad de paz con las extintas FARC-EP. Eso lo han intentado durante 25 años valiéndose de los más perversos métodos de chantajes, sobornos, torturas, utilización criminal de personas ilegal e injustamente detenidas para hacerlas víctimas de montajes, todo bajo el impulso del expresidente Uribe y sus secuaces. Uno de los autores más productivos en calumnias, montajes y chantajes contra nuestra Comunidad de Paz fue el coronel Néstor Iván Duque López, cuyos desempeños criminales están muy bien denunciados ante varios tribunales internacionales. Numerosos de esos expedientes, con todas sus trampas y podredumbres jurídicas y éticas han sido ya puestos a la luz, sus autores dejados en pública vergüenza y muchos de los que se prestaron para los montajes confesaron bajo la presión de la ley 975 o de la JEP y están profundamente arrepentidos. Con todo, al Señor César Jaramillo mucha gente le ha escuchado expresar deseos desesperados de que los líderes de nuestra Comunidad de Paz “se pudran en la cárcel”, pues él añora que los montajes del pasado se vuelvan a repetir. Su cercanía con la Brigada XVII, recinto donde se urdieron tantos crímenes del pasado que buscaban el mismo objetivo: destruir nuestra Comunidad de Paz, quizás le da confianza de que es posible repetirlos.
  • El viernes 3 de septiembre de 2021, fue visto un grupo de 12 paramilitares portando armas largas y prendas militares entre las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas de San José de Apartadó. Aún se encuentran allí sin ser molestados por nadie.
  • Este mismo viernes 3 de septiembre de 2021, fueron vistos varios paramilitares en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó. Uno de ellos portaba 4 radios de comunicación.
  • El sábado 4 de septiembre de 2021, en horas del día se nos informó que los paramilitares están comprando tierras mediante terceros, o los llamados testaferros, en esta zona. Según quienes nos informaron, ya han comprado varias fincas en las veredas Mulatos, Arenas, Playa Larga, y La Cristalina. La misma Alcaldía de Apartadó desde hace varios años ha comprado varias fincas en las veredas: La Unión, Buenos Aires, La Linda, el centro poblado de San José y La Cristalina, entre otras, ¿Para qué se comprarán todas esas fincas?  Allí se le prohíbe totalmente a la gente trabajar.
  • El miércoles 8 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, el señor Cesar Jaramillo, en el medio radial Antena Stereo, de Apartadó, manifestó que nuestra comunidad y otras organizaciones civiles de la zona lo están poniendo en alto riesgo al publicar constancias en contra de él. Manifestó que si algo le pasa será responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz. Manifiesta que tiene dos enemigos muy grandes en la Zona, uno es nuestra Comunidad de Paz y el otro es la Asociación Campesina de San José de Apartadó ACASA. Supuestamente la Fiscalía le encomendó que se esté reportando a diario. En dicha entrevista radial manifestó que se encuentra muy vulnerable frente a los delincuentes, como queriendo decir que nuestra Comunidad y otras organizaciones que han denunciado sus actos lesivos en la zona, somos “delincuentes”. Nuestra Comunidad nunca ha querido hacerle daño a él ni a nadie y si algo hemos expresado públicamente sobre él ha sido en defensa de nuestra integridad y nuestros derechos, porque este personaje ha buscado por todos los medios destruir nuestra Comunidad, pues así lo hizo público en meses pasados a través de sus redes sociales.

·        El martes 14 de septiembre de 2021, en horas del día fuimos informados sobre una carta que tendría la ASOCOMUNAL de San José de Apartadó, supuestamente para invitarnos a reuniones en algunas veredas, entre ellas Playa Larga. los motivos son conciliar en temas de carreteras, entre otros. Nuestra comunidad ha dejado constancia muchas veces sobre este tipo de proyectos ilegales que se han impulsado por la misma Brigada 17 del ejército y funcionarios públicos de Apartadó.

Según se está notando en el ambiente, en la zona algo se está planeando muy fuerte en contra de nuestra Comunidad de Paz, lo cual nos llena de preocupación, pues percibimos muchos malestares e informaciones de muchos pobladores que comentan cómo se está convocando a toda la población de nuestro entorno para que ayude a este ente exterminador a destruir nuestro proceso de vida; muchos otros se oponen a esa estrategia de exterminio que consideran perversa.  

Para las fuerzas militares, funcionarios públicos y el paramilitarismo de Urabá que es invasivo, somos su enemigo número uno y así lo ha venido mencionando desde hace varios años. Sabemos que mientras no paremos de dejar constancias públicas sobre la barbarie que se comete contra la población civil de nuestra zona siempre seremos un estorbo para quienes buscan dividir a los pobladores e imponer la lógica de muerte a   favor de los poderosos. Dejamos claro que no es nuestra responsabilidad como Comunidad de Paz, si algo le llegara a pasar a cualquier funcionario público y mucho menos a los humildes pobladores de nuestra región. Nuestra Comunidad es COMUNIDAD DE PAZ y si hemos sufrido tanta persecución ha sido justamente por negarnos a participar en el conflicto armado y negarnos a convivir con cualquier actor que utilice armas o apoye su lógica de muerte. SOMOS VÍCTIMAS. JAMÁS VICTIMARIOS. Para ello nos hemos formado en estos 25 años, asimilando la espiritualidad de la Paz y de la Vida y agrandando distancias frente a toda estrategia de muerte y de violencia. El mismo gobierno -local y nacional- ha sido el máximo responsable de toda acción violenta y de muerte que ha ocurrido en nuestro entorno y además se ha hecho sordo y ciego a nuestros clamores para que detenga toda violencia. Lo único que hemos hecho como población civil es, mediante comunicados públicos, exigir que se proteja la vida y se le respete la tierra al campesinado en la zona. Por eso no pararemos de comunicar al mundo todo lo que sigue pasando y lo poco que le preocupa al gobierno colombiano esta situación.

No queda más que agradecer a todas esas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo como gestos de solidaridad y fuerza moral con la que hemos contado en todo este tiempo.

                                      Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                          Septiembre 17 de 2021

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Fabio Mejía Botero, Tras las columnas, fotografía (Cortesía del autor)

“Este fallo es de importancia trascendental para las víctimas en Colombia, porque el Tribunal, quienes lo conforman y sus sentencias, tienen reconocimiento a nivel mundial. A través de los testimonios directos de nosotras las víctimas, se evidencian las practicas sistemáticas de represión utilizadas por el Estado desde sus fuerzas militares, organismos de seguridad en connivencia con grupos paramilitares, en la continuidad de mecanismos atroces: desaparición forzada, tortura, masacres como las de Mapiripán, Puerto Alvira, El Planchón de Oriente, San Carlos de Guaroa, Masacre de Mesetas (en el Meta), ejecuciones extrajudiciales, la eliminación de expresiones alternativas, movimientos campesinos (Sintragrim, en el exilio), movimientos políticos como la Unión Nacional de Oposición –UNO–, el Frente Democrático –FD–, la Unión Patriótica –UP–, el Partido Comunista Colombiano. Dirigentes hombres y mujeres, seres amados, que fueron eliminados físicamente, desplazados forzadamente, despojados de su patrimonio y desarraigados de su territorio e identidad”.


Así resume y enfatiza Vilma Gutiérrez Méndez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice–, capítulo Meta, la importancia de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) haya sesionado en marzo pasado en Colombia, cuyo fallo, aunque simbólico marca pautas fundamentales en la lucha contra la impunidad y la valoración de las víctimas de crimenes de Estado. Esta mujer encarna, precisamente, en la memoria viva de su proyecto de vida, la materialización de las prácticas genocidas y silenciadoras utilizadas por el Estado:


El Tribunal

Como escenario de justicia popular, desde su concepción, el TPP se convirtió en un espacio jurídico esencial que sin tener un carácter vinculante, posiciona la responsabilidad de los gobiernos por su participación en graves crímenes contra los pueblos, tanto por acción como por omisión.


El fallo de la sesión 48° del TPP, llevada a cabo en Colombia, trae consideraciones esenciales como reconocer que en este país ha existido un genocidio continuado, sostenido en el tiempo y orientado al exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social, que no tienen cabida en la concepción del modelo de Estado-Nación.


Como se menciona en la sentencia, han orientado la acción de las fuerzas del Estado y de los grupos paramilitares hacia el reordenamiento social a través del terror, intentando eliminar percepciones de identidad, formas de militancia, estructuras de sentido, modos de organización, tradiciones, entre otras, que se reconozcan contrarias al establecimiento; las víctimas de crímenes de Estado son actores protagónicas al encarnar esta persecución y al recibir todo el impacto de esta violencia sociopolítica individual y colectiva.


Las doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno*, como menciona la sentencia, contraponen la distinción básica del derecho internacional humanitario, pero además dan cuenta de un Estado que modela como opositor, opositora u objeto de exterminio, a quien cuestione, proteste o genere resistencias al modelo político hegemónico, las clases dominantes o la estructura de desigualdad que predomina.

El significado del fallo para las víctimas de crímenes de Estado

Menguar la capacidad organizativa de individuos y colectivos que se contraponen al modelo hegemónico del establecimiento y debilitar su voluntad política y capacidad transformadora quebrantando su tejido social, a través del “castigo ejemplarizante” y del sostenimiento del terror en el tiempo, son algunos de los objetivos que encarna el genocidio político y que el fallo argumenta de manera juiciosa.

Por eso son precisamente las víctimas de crímenes de Estado a quienes la sentencia del TPP más reivindica, otorgando veracidad, dignidad y completa legitimidad a lo que históricamente han denunciado: que en Colombia el Estado construyó un sistema sofisticado de exterminio y terror dirigido hacia los grupos sociales, políticos, culturales, que interpelan su modelo inequitativo de sociedad.

Enunciar que el fallo del TPP tiene prevalencia simbólica al evidenciar que no tiene carácter vinculante, no va en desmedro de la fuerza restauradora y reparadora que la sentencia tiene para las víctimas. No es un hecho menor que esta misma potencia del fallo posibilite restaurar la memoria histórica construida desde el relato hegemónico y negacionista, permitiendo que emerjan las narrativas silenciadas de las víctimas de crímenes de Estado.


En ese sentido, la sentencia del fallo tiene efectos reparadores porque moviliza una memoria colectiva que le exige a la sociedad y al Estado colombiano que se nombre a las personas olvidadas. Trae a la remembranza la lucha de quienes fueron estigmatizados, señalados, asesinados, torturados, desaparecidos y constreñidos al desvanecimiento de su accionar político, sólo por el hecho de disentir e interpelar al Estado.

Memoria de dolor, de resistencia y de superación


A Vilma Gutiérrez, en el año 1984, en plena gestación de la UP en la ciudad de Villavicencio, los paramilitares le asesinaron a su compañero y padre de sus hijos, por pertenecer a una organización gremial de izquierda, ser militante del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Asamblea del Departamento del Meta por el FD.


Vilma, como víctima del genocidio de la UP, es una voz autorizada para evidenciar la lucha histórica de las víctimas de crímenes de Estado, por visibilizar no sólo la existencia del genocidio político como práctica de terror sistemática y continuada sino, además, por denunciar cómo este sistema de exterminio se orienta hacia la eliminación invidividual y colectiva de proyectos políticos identificados por el Estado como ‘enemigos’. Por eso Vilma argumenta que: aunque la sentencia del Tribunal es de opinión y no penal, sus recomendaciones son una ruta para emprender procesos investigativos, de juzgamiento y condenatorios en otros escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional. Posibilita que las comunidades puedan decidir autónomamente sus propios modelos de justicia y no los ordinarios articulados históricamente al establecimiento gubernamental y que perpetúan la impunidad.


Enfatizando en que el punto cinco (5) del Acuerdo de Paz, que posiciona la centralidad de las víctimas y que para su favorecimiento se crea el Sistema Integral para la Paz, Vilma menciona que el fallo además: “nos servirá para la participación activa y de incidencia de las víctimas en el Sivjrnr. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV–, para el reconocimiento de esas causas estructurales (modelo de desarrollo económico, doctrina de seguridad nacional, construcción del enemigo interno, desmonte de estructuras paramilitares, reconocimiento de responsabilidades por acción u omisión del Estado y de otros actores), que permitan una transformación real de costumbres políticas, económicas y sociales. En la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– es necesaria la participación e incidencia de las víctimas como un derecho a la justicia, donde se investigue, procese y se condene a los responsables permitiendo que exista una reparación integral que satisfaga la necesidad de sanar y de emprender caminos de convivencia y reconciliación. Por eso las víctimas seguimos firmes en defender y exigir al Estado y gobierno colombiano, la implementación de los Acuerdos pactados en noviembre de 2016, especialmente aquellos integrados en el Sistema Integral para la Paz”.


La historia de Vilma es el reflejo de la lucha continuada de las víctimas de crímenes de Estado por visibilizar la responsabilidad del Estado en la materialización de la violencia sociopolítica y la violencia continuada. Por lo que este fallo responde a la lucha contra la impunidad, desde la creación de un lugar para la enunciación, la escucha, la visibilización y la sanción simbólica. Esto es, propiciar escenarios de autorreflexión crítica de nuestra historia, orientados hacia el desmonte de la narrativa negacionista y la dignificación de las víctimas.

El fallo como herramienta pedagógica

En el marco de ese objetivo de desmonte de la narrativa negacionista del Estado colombiano sobre el genocidio político continuado y sostenido en el tiempo, el fallo del TPP se convierte para las víctimas en una herramienta pedagógica de cara a la sociedad colombiana para visibilizar los horrores de la violencia, pero también para aportar en la construcción de una narrativa de las memorias silenciadas.


La deconstrucción de los tejidos de las violencias y el aporte a la consolidación de procesos narrativos de liberación es una posibilidad pedagógica y reparadora que tiene el fallo y que permitirá difundir la verdad y hacer de ella un bien público para la sociedad colombiana.

Esta sentencia, por tanto, se convierte en una herramienta para nuestros pueblos, en una oportunidad de visibilizar los relatos de la atrocidad de la violencia estatal del pasado y del presente, apuntando a que realmente exista justicia y garantías de no repetición para las víctimas y para el país entero.

 

* Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre Genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia. Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de marzo de 2021, p. 111.

Fabio Mejía Botero, Tras las columnas, fotografía (Cortesía del autor)

“Este fallo es de importancia trascendental para las víctimas en Colombia, porque el Tribunal, quienes lo conforman y sus sentencias, tienen reconocimiento a nivel mundial. A través de los testimonios directos de nosotras las víctimas, se evidencian las practicas sistemáticas de represión utilizadas por el Estado desde sus fuerzas militares, organismos de seguridad en connivencia con grupos paramilitares, en la continuidad de mecanismos atroces: desaparición forzada, tortura, masacres como las de Mapiripán, Puerto Alvira, El Planchón de Oriente, San Carlos de Guaroa, Masacre de Mesetas (en el Meta), ejecuciones extrajudiciales, la eliminación de expresiones alternativas, movimientos campesinos (Sintragrim, en el exilio), movimientos políticos como la Unión Nacional de Oposición –UNO–, el Frente Democrático –FD–, la Unión Patriótica –UP–, el Partido Comunista Colombiano. Dirigentes hombres y mujeres, seres amados, que fueron eliminados físicamente, desplazados forzadamente, despojados de su patrimonio y desarraigados de su territorio e identidad”.


Así resume y enfatiza Vilma Gutiérrez Méndez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice–, capítulo Meta, la importancia de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) haya sesionado en marzo pasado en Colombia, cuyo fallo, aunque simbólico marca pautas fundamentales en la lucha contra la impunidad y la valoración de las víctimas de crimenes de Estado. Esta mujer encarna, precisamente, en la memoria viva de su proyecto de vida, la materialización de las prácticas genocidas y silenciadoras utilizadas por el Estado:


El Tribunal

Como escenario de justicia popular, desde su concepción, el TPP se convirtió en un espacio jurídico esencial que sin tener un carácter vinculante, posiciona la responsabilidad de los gobiernos por su participación en graves crímenes contra los pueblos, tanto por acción como por omisión.


El fallo de la sesión 48° del TPP, llevada a cabo en Colombia, trae consideraciones esenciales como reconocer que en este país ha existido un genocidio continuado, sostenido en el tiempo y orientado al exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social, que no tienen cabida en la concepción del modelo de Estado-Nación.


Como se menciona en la sentencia, han orientado la acción de las fuerzas del Estado y de los grupos paramilitares hacia el reordenamiento social a través del terror, intentando eliminar percepciones de identidad, formas de militancia, estructuras de sentido, modos de organización, tradiciones, entre otras, que se reconozcan contrarias al establecimiento; las víctimas de crímenes de Estado son actores protagónicas al encarnar esta persecución y al recibir todo el impacto de esta violencia sociopolítica individual y colectiva.


Las doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno*, como menciona la sentencia, contraponen la distinción básica del derecho internacional humanitario, pero además dan cuenta de un Estado que modela como opositor, opositora u objeto de exterminio, a quien cuestione, proteste o genere resistencias al modelo político hegemónico, las clases dominantes o la estructura de desigualdad que predomina.

El significado del fallo para las víctimas de crímenes de Estado

Menguar la capacidad organizativa de individuos y colectivos que se contraponen al modelo hegemónico del establecimiento y debilitar su voluntad política y capacidad transformadora quebrantando su tejido social, a través del “castigo ejemplarizante” y del sostenimiento del terror en el tiempo, son algunos de los objetivos que encarna el genocidio político y que el fallo argumenta de manera juiciosa.

Por eso son precisamente las víctimas de crímenes de Estado a quienes la sentencia del TPP más reivindica, otorgando veracidad, dignidad y completa legitimidad a lo que históricamente han denunciado: que en Colombia el Estado construyó un sistema sofisticado de exterminio y terror dirigido hacia los grupos sociales, políticos, culturales, que interpelan su modelo inequitativo de sociedad.

Enunciar que el fallo del TPP tiene prevalencia simbólica al evidenciar que no tiene carácter vinculante, no va en desmedro de la fuerza restauradora y reparadora que la sentencia tiene para las víctimas. No es un hecho menor que esta misma potencia del fallo posibilite restaurar la memoria histórica construida desde el relato hegemónico y negacionista, permitiendo que emerjan las narrativas silenciadas de las víctimas de crímenes de Estado.


En ese sentido, la sentencia del fallo tiene efectos reparadores porque moviliza una memoria colectiva que le exige a la sociedad y al Estado colombiano que se nombre a las personas olvidadas. Trae a la remembranza la lucha de quienes fueron estigmatizados, señalados, asesinados, torturados, desaparecidos y constreñidos al desvanecimiento de su accionar político, sólo por el hecho de disentir e interpelar al Estado.

Memoria de dolor, de resistencia y de superación


A Vilma Gutiérrez, en el año 1984, en plena gestación de la UP en la ciudad de Villavicencio, los paramilitares le asesinaron a su compañero y padre de sus hijos, por pertenecer a una organización gremial de izquierda, ser militante del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Asamblea del Departamento del Meta por el FD.


Vilma, como víctima del genocidio de la UP, es una voz autorizada para evidenciar la lucha histórica de las víctimas de crímenes de Estado, por visibilizar no sólo la existencia del genocidio político como práctica de terror sistemática y continuada sino, además, por denunciar cómo este sistema de exterminio se orienta hacia la eliminación invidividual y colectiva de proyectos políticos identificados por el Estado como ‘enemigos’. Por eso Vilma argumenta que: aunque la sentencia del Tribunal es de opinión y no penal, sus recomendaciones son una ruta para emprender procesos investigativos, de juzgamiento y condenatorios en otros escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional. Posibilita que las comunidades puedan decidir autónomamente sus propios modelos de justicia y no los ordinarios articulados históricamente al establecimiento gubernamental y que perpetúan la impunidad.


Enfatizando en que el punto cinco (5) del Acuerdo de Paz, que posiciona la centralidad de las víctimas y que para su favorecimiento se crea el Sistema Integral para la Paz, Vilma menciona que el fallo además: “nos servirá para la participación activa y de incidencia de las víctimas en el Sivjrnr. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV–, para el reconocimiento de esas causas estructurales (modelo de desarrollo económico, doctrina de seguridad nacional, construcción del enemigo interno, desmonte de estructuras paramilitares, reconocimiento de responsabilidades por acción u omisión del Estado y de otros actores), que permitan una transformación real de costumbres políticas, económicas y sociales. En la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– es necesaria la participación e incidencia de las víctimas como un derecho a la justicia, donde se investigue, procese y se condene a los responsables permitiendo que exista una reparación integral que satisfaga la necesidad de sanar y de emprender caminos de convivencia y reconciliación. Por eso las víctimas seguimos firmes en defender y exigir al Estado y gobierno colombiano, la implementación de los Acuerdos pactados en noviembre de 2016, especialmente aquellos integrados en el Sistema Integral para la Paz”.


La historia de Vilma es el reflejo de la lucha continuada de las víctimas de crímenes de Estado por visibilizar la responsabilidad del Estado en la materialización de la violencia sociopolítica y la violencia continuada. Por lo que este fallo responde a la lucha contra la impunidad, desde la creación de un lugar para la enunciación, la escucha, la visibilización y la sanción simbólica. Esto es, propiciar escenarios de autorreflexión crítica de nuestra historia, orientados hacia el desmonte de la narrativa negacionista y la dignificación de las víctimas.

El fallo como herramienta pedagógica

En el marco de ese objetivo de desmonte de la narrativa negacionista del Estado colombiano sobre el genocidio político continuado y sostenido en el tiempo, el fallo del TPP se convierte para las víctimas en una herramienta pedagógica de cara a la sociedad colombiana para visibilizar los horrores de la violencia, pero también para aportar en la construcción de una narrativa de las memorias silenciadas.


La deconstrucción de los tejidos de las violencias y el aporte a la consolidación de procesos narrativos de liberación es una posibilidad pedagógica y reparadora que tiene el fallo y que permitirá difundir la verdad y hacer de ella un bien público para la sociedad colombiana.

Esta sentencia, por tanto, se convierte en una herramienta para nuestros pueblos, en una oportunidad de visibilizar los relatos de la atrocidad de la violencia estatal del pasado y del presente, apuntando a que realmente exista justicia y garantías de no repetición para las víctimas y para el país entero.

 

* Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre Genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia. Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de marzo de 2021, p. 111.

 

 

 

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Publicado enColombia
Miércoles, 04 Agosto 2021 06:13

Haití: la trama internacional del magnicidio

Juvenel Moïse, el presidente de Haití asesinado el pasado 7 de julio, en un encuentro entre jefes de Estado del Caribe y Donald Trump en 2019. Foto: Gobierno Danilo Medina

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y Taiwan.

Eduardo Giordano

4 ago 2021 07:07

El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, ejecutado por comandos de mercenarios extranjeros, sacudió bruscamente a todo el mundo, provocando una inmensa ola de repudio. Acaso por primera vez tras el terremoto de 2010, Haití volvía a ocupar las portadas de los informativos. El ataque contra la residencia presidencial, llevado a cabo por un grupo paramilitar integrado por 26 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano, contratados por una empresa de seguridad de Miami vinculada al exilio venezolano y colombiano, ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional.

Evoquemos los hechos. Los comandos de ex militares colombianos ingresaron a la residencia presidencial con chalecos de la DEA y gritando que eran funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Intimidados por sus amenazas de disparar, los responsables de seguridad del presidente se replegaron sin oponer resistencia ni intercambiar disparos. Jovenel Moïse fue asesinado con visible ensañamiento, tenía varios huesos fracturados, un ojo arrancado y recibió más de diez disparos en distintas partes del cuerpo. La esposa del presidente fue herida en las extremidades y trasladada inmediatamente a Miami. Antes de huir, los asaltantes sustrajeron varios objetos de valor que encontraron a su alcance. Extrañamente, Martine Moïse, la viuda del presidente, manifestó cuatro días después desde Estados Unidos su intención de continuar la “batalla” de su marido, y a su regreso declaró que sólo había podido ver las botas de los sicarios que lo acribillaron.

El presidente haitiano no tenía una amplia base social ni demasiados partidarios en su apoyo. Empresario rural y ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jovenel Moïse se presentó en 2016 como candidato del partido de derecha Tet Kale, enfrentado ideológicamente a la corriente de centroizquierda que lidera Jean-Charles Moïse (Pitit Desalin), próxima al ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en dos ocasiones a instancias de Estados Unidos. El partido Tet Kale venía gobernando el país con candidatos del agrado del Departamento de Estado desde el terremoto de 2010 y la posterior intervención de la ONU liderada por Washington. El predecesor de Jovenel Moïse, Michel Martelly, fundador de ese partido político, fue elegido fraudulentamente en 2010 bajo presiones de la OEA y de Estados Unidos, que forzaron su paso a la segunda vuelta a pesar de haber quedado en tercer lugar, para bloquear la participación del líder izquierdista Jude Celestin, que había obtenido un mejor resultado.

Una situación similar se produjo en las elecciones de 2016. Tras denuncias de fraude que llevaron a repetir las elecciones un año más tarde, Moïse fue elegido con una representatividad muy baja, y su gestión estuvo caracterizada por múltiples conflictos con la oposición, entre otras razones por no haber convocado elecciones legislativas para renovar el Congreso. Al final de su mandato el Senado solo contaba con diez de sus miembros y la Corte Suprema estaba descabezada.

Moïse gobernó el país con rigor y talante autoritario. Durante su gobierno se produjeron estallidos sociales que reprimió sin compasión, y hubo un descomunal despliegue de las bandas criminales que de forma creciente aterrorizan a la población de la capital y el interior del país. El presidente Jovenel Moïse fomentó la expansión de las pandillas, que durante el último año secuestraron a más de mil personas, principalmente en barrios populares y zonas marginales, para exigir rescates millonarios a los familiares, según ha informado la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus.

A mediados de 2020, nueve pandillas de la capital crearon una federación conocida como G9, dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, “un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos”. La impunidad con la que actúan ha forzado la salida de la ONG Médicos sin Fronteras de Martissant, un barrio de Puerto Príncipe abandonado por las autoridades y convertido en zona de guerra desde hace dos meses. Además, estas pandillas suelen perpetrar masacres en los barrios de mayoría política opositora para acallar las protestas, tienen comunicación fluida con los jefes de la policía y se ofrecieron como garantes de una victoria fraudulenta de Moïse en las elecciones.

Por otra parte, desde febrero de 2021, el propio Jovenel Moïse se sentía amenazado, evitaba salir de su residencia y denunció que se fraguaba un atentado en su contra. Acusó como inductores a un importante grupo empresarial que controla el monopolio de la electricidad y a la “oligarquía corrupta”, de la que él mismo formó parte, acusado de haber dilapidado en beneficio propio los ingresos de Petrocaribe, la compañía impulsada por Venezuela para abastecer de petróleo subsidiado a los países caribeños. En febrero de 2019 una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 que comprometen a 15 ex ministros y funcionarios, así como a una empresa que dirigía Jovenel Moïse antes de convertirse en presidente. Paradójicamente, su alineamiento con Donald Trump lo convirtió a su vez en un acérrimo enemigo político de Venezuela. Al conocerse esos hechos, la población de Haití estalló enfurecida ocupando las calles y exigió su renuncia. Previamente, en 2018, una manifestación de cientos de miles de personas ya había reclamado su destitución.

El asesinato de Moïse tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje, con poderes mafiosos y acción política; dicho esto sin intención de banalizar la situación del país, que por supuesto no es ficticia sino muy real y dramática. La intriga principal de esta trama es el móvil: quién podría haber querido asesinarlo faltando apenas tres meses para las elecciones legislativas y presidenciales del 26 de septiembre, y por qué, cuando él mismo había anticipado que no se presentaría como candidato y la Constitución le prohibía un segundo mandato consecutivo.

Militares colombianos en la industria del crimen

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en gran parte desbordado por la situación política interna tras más de dos meses de Paro Nacional, condenó el brutal atentado y se vio obligado a colaborar con la policía de Haití. El jefe de la policía colombiana confirmó que los 26 mercenarios de esa nacionalidad habían pertenecido al Ejército, del cual se retiraron entre 2018 y 2020. Entre ellos había varios oficiales y suboficiales, y se supo que al menos siete mercenarios sabían cuál sería el desenlace final de la operación. La esposa de uno de los ex militares capturados declaró que a su marido le pagaban 2.700 dólares mensuales y que había sido contratado como vigilante. Se trata de Fancisco Eladio Uribe, quien dejó el ejército colombiano en 2019 y está implicado en una investigación por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

En esta clase de operaciones internacionales es cada vez más frecuente contratar personal militar reciclado para ejecutar operaciones especiales que no quieren acometer directamente los estados. El gobierno de George W. Bush contrató ejércitos privados para hacer parte del trabajo sucio durante la guerra de Irak, y muchos de ellos quedaron envueltos en casos de masacres y torturas. Por las mismas fechas se desplegó también el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos envió asesores militares y empresas de seguridad privada para entrenar al Ejército colombiano. Durante la última década, el fenómeno de la “seguridad privada” como tapadera del reclutamiento de mercenarios floreció en Maimi, con Colombia como principal cantera de ex militares, y las mismas empresas que formaron a esos comandos con técnicas de contrainsurgencia de la CIA empezaron a reclutarlos como mercenarios para realizar operaciones terroristas en el exterior. El negocio de la seguridad privada con caladero en Colombia prosperó y rápidamente se internacionalizó, ya que contratar mercenarios norteamericanos o europeos resulta mucho más caro.

Altos mandos del Ejército colombiano expresaron su preocupación por la imagen de la institución en el mundo, ya muy degradada por su historial represivo y de masacres en el interior del país. Entre ellos, el general Jaime Alfonso Lasprilla, ex comandante del Ejército, afirmó que cuando los militares dejan las fuerzas armadas, “si incurren en hechos al margen de la ley no se los pueden achacar a las fuerzas”, añadiendo que “uno asocia estos hechos a los temas de desempleo en el país, y el crimen es una industria que ha venido creciendo y desafortunadamente busca a estas personas”.

En contrapunto, el general (r) William Salamanca aseguró que “cuando uno deja la institución es dueño de sus actuaciones, y aquí es importante que la comunidad nacional e internacional sepa que ellos ya gozaban de su escenario del retiro”. En su opinión, llegado este momento el único compromiso del Ejército es pagar su jubilación. Una pensión que a algunos ex militares les parecerá insuficiente, ya que muchos de ellos se reciclan en el mercado de los servicios sicariales o la “industria del crimen”, que tienen por pantalla empresas legales de seguridad privada estrechamente vinculadas a la extrema derecha y los servicios de inteligencia.

En sus declaraciones a la policía haitiana, algunos mercenarios dijeron haber sido contratados por Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico haitiano residente en Florida que diez años atrás lanzó una fantasmagórica propuesta de “Liderazgo para Haití” a través de una breve intervención en Youtube, con un video en inglés titulado “La corrupción en la política” en el que se postula para gobernar Haití. Después de esta fugaz aparición, solo se sabe que se declaró en quiebra en 2013 y que dado su nivel de ingresos, nunca podría haber financiado la operación. El costo de la operación, estimado en unos 30 millones de dólares, es otro elemento a favor de la hipótesis de un golpe inducido.

En el primer relato policial de los hechos, Christian Sanon se habría desplazado un mes antes a Haití con la agenda política de derrocar a Jovenel Moïse y asumir la presidencia del país. Según confesó Sanon a una persona de su confianza, citada por la agencia AP, habría sido contactado por agentes de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para embarcarlo en la aventura, ofreciéndole la presidencia de Haití como recompensa, tras una operación que en principio sería incruenta porque sólo debía consistir en arrestar a Jovenel Moïse.

Además de Sanon, en la trama interna estaría implicado al ex senador John Joel Joseph, quien habría facilitado las armas a los sicarios, y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Felix Badio, a quien la policía de Colombia acusa —sin pruebas contundentes, solo por declaraciones de sicarios— de haber dado la orden de asesinar al presidente de Haití. El ministro de Elecciones de Haití, Mathias Pierre, declaró sin embargo a CNN que Badio “efectivamente está en el centro del asesinato, pero creemos que trabaja para peces gordos. Los autores intelectuales son más grandes. Quién financió la operación sigue siendo la gran incógnita”.

La empresa que contrató a los mercenarios, CTU Services (Counter Terrorist Unit Federal Academy), registrada en Doral Beach (Miami), es propiedad del opositor venezonalo Antonio Intriago, muy próximo al autoproclamado 'presidente' de Venezuela Juan Guaidó. Intriago se jacta de haber pertenecido a la oficialidad de la policía venezolana y de “tener vínculos o haber trabajado directamente para agencias de inteligencia de Estados Unidos”. Su compañía vende servicios, cursos de formación y armamento a personal de seguridad de países latinoamericanos. Y es una más de las que actúan desde Florida en operaciones políticas tenebrosas, amparadas en una legislación muy permisiva, a veces en concomitancia con los organismos de seguridad estadounidenses.

Por otra parte, el medio digital venezolano La Tabla reveló que Intriago “es miembro y tesorero de la Fundación Latino Americanos Unidos, organización de derecha con amplia presencia política, social y mediática en toda Florida” y “forma parte de una cofradía llamada ‘Hombres de la Guerra Crisol’. Es una especie de hermandad de participantes de un programa bélico y filosófico de formación de ‘guerreros’ entrenados por exagentes de Navy Seals, Comandantes SWAT, emprendedores Élite y expertos en artes marciales”.

El principal socio del venezolano Intriago en CTU Services es Gabriel Pérez, ex militar colombiano e informante de la DEA reconvertido en empresario experto en seguridad, conocido en círculos de Miami como Arcángel Pretelt. Los ex militares colombianos que actuaron como jefes de los comandos lo conocen desde hace al menos diez años, cuando los capacitó en Cali en métodos de lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, y mantienen contacto con él desde entonces.

El periódico El Nuevo Herald de Miami recuerda en su edición del pasado 10 de julio que “un golpe fallido en mayo de 2020 en Venezuela involucró de manera similar a hombres de seguridad contratados en Florida”, refiriéndose a la operación Gedeón, patrocinada por Estados Unidos para sabotear Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro, a la que también optó sin éxito la empresa de Intriago. El periódico estadounidense concluye: “Miami y el enclave de Doral se han convertido en una especie de taberna de Star Wars para los aspirantes a libertadores y guerreros a sueldo”.

A su vez en la prensa colombiana aparecen los nexos entre Antonio Intriago, el “reclutador de militares-sicarios colombianos”, con el presidente Iván Duque, con quien organizó en 2019 el macroconcierto de Cúcuta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Intriago, propietario de la marca organizadora “Venezuela somos todos”, se reunió en diversas ocasiones con el presidente de Colombia, previamente durante su campaña electoral y después en ese concierto internacional patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, en presencia de la estrella fugaz Juan Guaidó.

El director del Cerac, Jorge Restrepo, constata por su parte que “el crimen organizado en Colombia ha adquirido, unas dimensiones formidables y tiene un alcance de desestabilización regional que no habíamos sospechado”. A diferencia de los ex oficiales citados, Restrepo advierte  de “la necesidad de adoptar medidas drásticas en un esfuerzo para prevenir la creación de grupos de mercenarios por parte de militares y de policías en retiro del servicio activo”.

La periodista colombiana María Jimena Duzán completa este análisis: “Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia, la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40 años luego de haber prestado 20 años de servicio. Eso ha ido creando un mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a presidentes. Así de simple”.

La trama basada en Colombia no se agota en la aportación de los ex militares que actuaron como mercenarios en la ejecución del crimen de estado. El jefe de seguridad del Palacio presidencial del presidente haitiano, Dimitri Herard, viajó siete veces a Colombia desde el 19 de enero de este año. En el vuelo del 6 de mayo, de regreso desde Bogotá a República Dominicana, coincidió con los jefes de los mercenarios colombianos contratados para cometer el magnicidio. Incluso llegó a mantener una reunión ese día en Santo Domingo con al menos dos ex sargentos integrantes del grupo, Duberney Capador y John Jairo Ramírez, según reveló Interpol Colombia. Meses antes Capador había creado un grupo de whatsapp para ofertar trabajo a ex militares colombianos indicando que se trataba de “prestar la seguridad del presidente del país”. Este actor clave fue abatido por la policía haitiana después del magnicidio.

Según la policía colombiana, en la planeación y organización del ataque también habría participado el ex capitán del Ejército colombiano Germán Rivera, quien sí ha facilitado información sobre los autores intelectuales del crimen. En sus declaraciones a la policía aseguró que hubo reuniones previas a la operación donde se planificó el relevo presidencial, y que “el programa de gobierno lo hizo todo [el empresario colombiano] Gabriel [Pérez] porque Sanon no tenía ni idea”. Gabriel, el ya citado Arcángel Pretel, habría digitado y financiado el cambio de régimen a cambio de asegurarse millonarios contratos con el nuevo gobierno haitiano que esperaba imponer por la fuerza y es ahora la persona más buscada del hemisferio.

Por su parte el jefe de seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, con antecedentes de narcotráfico en los registros de la DEA, declinó declarar ante la Fiscalía de Haití a los pocos días del magnicidio y se ordenó su captura. También quedó detenido por negarse a declarar Jean Laguel, el coordinador de seguridad del presidente. Añadiendo más intriga a esta historia, si cabe, pocos días después del atentado se supo que varios de los ex militares colombianos que intervinieron en la misión delictiva son confidentes de la DEA —que lo admitió en un comunicado —y del FBI. Así pues, todo cobra un giro inesperado cuando el jefe de la Policía de Colombia ‘revela’ que el comando paramilitar pretendía en realidad 'retener' al presidente Jovenel Moïse para entregarlo a la DEA.

Tres de los colombianos detenidos habrían implicado además al primer ministro Claude Joseph en la planeación del asesinato, extremo rechazado por el jefe de la policía haitiana, que está bajo su control. Algunos medios de comunicación colombianos, en cambio, como la emisora Caracol, aseguran que el FBI no descarta esa posibilidad. El móvil en este caso saltaría a la vista. El presidente Jovenel Moïse acababa de sustituir a Joseph designando un nuevo primer ministro, Ariel Henry, ex ministro del Interior de talante supuestamente aperturista con la oposición, rechazado por las élites derechistas del Tet Kale. El momento del crimen podría haber sido perfectamente calculado para que Henry no llegase a jurar el cargo.

Cabe preguntarse finalmente si la policía de Estados Unidos no debería estar bien informada por sus confidentes de quién actuó como cerebro de la operación. Según opinión generalizada entre muchos haitianos, en el país nada se mueve sin que lo sepa Estados Unidos. ¿Cómo podrían ignorar sus servicios de inteligencia que se estaba gestando un hecho de esa magnitud, con semejantes ramificaciones internacionales? Una explicación hipotética sería que el FBI o la DEA no podrían saber a priori los planes de otras agencias de inteligencia estadounidenses, pongamos por caso la CIA, que pudieran haber estado interesadas en conectar los movimientos de Christian Sanon, Antonio Intriago, Arcángel Pretel, Duberney Capador, Germán Rivera, Dimitri Herard y eventualmente Claude Joseph, entre muchos otros, para conseguir la sustitución del autócrata ya desgastado por otro gobernante del agrado de Washington.

El colapso planificado del Estado

Las principales medidas que adoptó el primer ministro Claude Joseph tras la muerte del presidente Moïse fueron tres: autoproclamarse primer ministro (en lugar del nuevo primer ministro elegido por el presidente días antes, que no había llegado a jurar el cargo), declarar el estado de sitio y solicitar el envío de tropas estadounidenses y de la ONU para mantener el control interno. También requirió la colaboración del FBI para investigar y esclarecer los hechos. Varios agentes de ese organismo y de la DEA se desplazaron inmediatamente al país caribeño, del mismo modo que ya desembarcaron en Haití oficiales de inteligencia del Ejército y la policía de Colombia a fin de colaborar con el gobierno haitiano.

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana (como país facilitador del tránsito de personas y armas) y Taiwan (en cuya embajada se refugiaron 11 de los mercenarios detenidos). Además, la policía colombiana investigó las frecuentes escalas en Ecuador y Panamá de algunos ex militares en sus viajes entre Colombia y República Dominicana. Se atribuye al ecuatoriano Walter Veintemilla la financiación de los pasajes de los mercenarios. Además, la conexión ecuatoriana aparece también con el jefe de seguridad presidencial, Gerard Hérard, quien se formó en 2012 en una Academia Militar de Ecuador y “se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador legítimamente obtenida”, según aseguró el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Como bien señala el periódico haitiano Le Nouvelliste en su editorial del 12 de julio, “el caso Moïse es complicado porque están implicados varios países y cada país querrá proteger su imagen, a sus ciudadanos y sus intereses”.

Un duro pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe muestra el ánimo de los letrados haitianos. Afirman que se trata “de unas prácticas infra-estatales que ilustran el nivel de colapso planificado del Estado mismo”. Para esta entidad, se trataría de un signo de decadencia que pondría de manifiesto la claudicación del Estado ante fuerzas ajenas a sus intereses. Algunos miembros del poder judicial que investigan el asesinato del presidente recibieron amenazas de muerte y pidieron protección especial.

Con todo, no pocos activistas haitianos se oponen a la narrativa del caos como estado permanente (y actual) de su sociedad, ya que esta mirada a la que consideran sesgada es lo que permitiría que el país sea ocupado militarmente de forma continuada por tropas estadounidenses y/o internacionales. Además de los tremendos atropellos reportados durante las prolongadas estadías de militares extranjeros en el país, como los abusos sexuales denunciados contra niñas por cascos azules de la ONU, con más de 2.000 casos documentados entre 2004 y 2017, o la propagación de epidemias de cólera, hay entre los haitianos clara conciencia de que cualquier intervención exterior en tiempo de elecciones solo puede servir para consagrar a un nuevo gobierno derechista en el poder. La retirada de la misión de la ONU (MINUSTAH ) no significó el final de su influencia en Haiti, ya que desde 2017 mantiene una misión civil con un componente policial, que le permite conservar su influencia en la política interna haitiana.

La trama del asesinato presidencial se complica a diario. Los países occidentales, encabezados por la diplomática estadounidense Helen La Lime, representante de la ONU en Haití —conocida en medios populares como la 'reina de Haití'—, permitieron que el primier ministro Claude Joseph continuara a cargo del Ejecutivo, contrariando lo dispuesto por el presidente Moïse, quien ya había designado para ese puesto a su ministro de Defensa Ariel Henry. Al difundirse las sospechas de que Joseph podía estar involucrado en el golpe, Estados Unidos y el llamado core group (Francia, España, Canadá, Brasil, la UE y la OEA) decidieron inclinar la balanza a favor de Henry, quien asumió como primer ministro a los trece días de la muerte de Moïse. En un nuevo enroque de poder, Joseph volverá a ocupar el ministerio de Exteriores.

El nuevo jefe de gobierno forma parte del establishment político de Haití que domina el país desde el golpe contra Aristide de 2004 y que él mismo promovió. A la caída de Aristide, Henry formó parte del ‘Consejo de Sabios’ nombrado para sustituirlo, que impuso un regimen dictatorial y sanguinario. Tras el terremoto de 2010 ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gabinete de Michel Martelly y después como ministro del Interior de Jovenel Moïse. Su principal misión como primer ministro sería ahora asegurar la celebración de las elecciones, aunque el día de su investidura dejó sin concretar la fecha en que se celebrarían.

Toda esta estructura internacional paternalista destinada a monitorear la democracia en Haití es un gran lastre para el pequeño país y no aporta ninguna ayuda real. Así lo advierten algunos analistas haitianos, como por ejemplo el periodista Daly Valet, director de Radio Trans Inter, quien afirma en un tuit en francés: “Estados Unidos y ese cartel internacional llamado Core Group deben dejar de tomar a Haití como su posesión de hecho y de derecho. Deben dejar de tomarse por el pueblo haitiano, su Constitución y nuestra Corte Suprema. Los haitianos deben hacer cuerpo contra este Core Group.”

Esta es la temperatura política del país antillano, al que acaba de llegar el ex presidente Aristide, recuperado de la covid-19 tras haber pasado algunas semanas en Cuba. Sin ambiciones presidenciales, su presencia seguramente agitará la campaña de los sectores populares que siguen identificándose con el ex sacerdote salesiano de orientación socialdemócrata y su partido Familia Lavalas. Mientras tanto, en la sociedad haitiana crece el rechazo a la presencia militar extranjera solicitada por sus élites, tras una larga historia de secuestro de la democracia por poderosos intereses foráneos.

En este contexto, una nota editorial del diarioLe Nouvellisteinsta al primer ministro Henry a entablar un amplio diálogo con la oposición, y advierte que si los haitianos no consiguen encontrar un consenso para dirigir el país, “el campo queda libre a la comunidad internacional para imponer su solución. Una apuesta arriesgada cuando se hace balance de las intervenciones extranjeras en Haití desde el golpe de Estado de 1991”.

Hace ahora 30 años Haití pudo haberse convertido, por primera vez en su historia, en un país democrático. Esta esperanza se vio truncada con el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que triunfó en las elecciones de 1990 con el respaldo de grandes mayorías populares (67 % de los votos). Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras siete meses después de llegar al gobierno con apoyo implícito de Estados Unidos.

La represión dictatorial que impuso el general Cédras produjo cerca de 4.000 muertos y generó un enorme caos, hasta que una coalición internacional tuvo que forzar su dimisión en 1994 y restituyó a Aristide en la presidencia. Después de entregar el poder en 1995 al presidente electo René Préval, Aristide volvió a ser elegido en 2001, pero en 2004 volvió a ser derrocado, esta vez con intervención directa de Estados Unidos, cuyas tropas lo trasladaron a un exilio forzado en la República Centroaficana. Tras su destierro, Aristide quedó excluido de participar en las elecciones.

Uno de los promotores de ambos golpes contra Aristide fue el influyente empresario haitiano Reginald Boulos —con intereses en los sectores financiero, farmacéutico, de medios de comunicación y en la distribución comercial, entre otros—, dueño de una de las mayores fortunas del país. Boulos creó en 2018 un nuevo partido político para optar a la presidencia, el llamado Movimiento Tercera Vía (MTV), con fuertes vínculos en el Congreso de Estados Unidos, y ahora es, junto con el también empresario Dimitri Vorbe, sospechoso de haber actuado como cerebro de la trama local en el asesinato de Jovenel Moïse.

Boulos y Vorbe pertenecen a un puñado de empresarios haitianos de origen blanco y árabe que controlan los principales recursos de un país con un 95 % de población negra, y que se disputan la nominación a la presidencia compitiendo por los favores de Washington. Estas élites conforman lo que se ha denunciado desde la izquierda haitiana como un sistema de appartheid, que excluye a los empresarios negros del control de sectores estratégicos de la economía nacional.

La primera consecuencia internacional del golpe de Estado en Haití y de la inestabilidad política que este agudizó es una tragedia humanitaria de dimensiones continentales. A pocas semanas del magnicidio de Jovenel Moïse, decenas de miles de haitianos están abandonando la isla, la mayor parte con destino a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. La mayoría de ellos no se dirigen allí directamente, sino a través de un largo recorrido por seis países de Centroamérica y México, que empieza precisamente en Colombia, el primer eslabón de esta nueva explosión migratoria.

En las costas del Caribe antioqueño, en la pequeña Necoclí, una localidad de 20.000 habitantes, se hacinan en estos días más de 10.000 migrantes, la mayoría de origen haitiano (cerca del 70 %), que esperan poder atravesar la temible selva cenagosa del Tapón de Darién, en la frontera del Chocó con Panamá, para iniciar el arduo recorrido de 4.000 km que los llevará hasta Norteamérica. La distancia por mar entre Puerto Príncipe y Necoclí es en línea recta de unos 1.200 km, la misma que si pudieran viajar directamente a Miami. En plena pandemia, sin mascarillas y hacinados como ganado en las calles, los migrantes haitianos esperan su turno de que una naviera los transporte al lugar de cruce hacia el otro lado de la frontera. Mientras tanto, el alcalde de Necoclí confiesa que todas las capacidades del municipio están completamente desbordadas por la situación. Con una media de llegada diaria de 800 a 1.000 personas, los servicios públicos colapsaron, en particular los servicios sanitarios y el suministro de agua en el casco urbano. La situación de escasez se convierte en paraíso de especuladores. Algunos alimentos, como los plátanos, ya han aumentado de precio en casi el 1.000 %.

La paradoja de esta situación es que Colombia, que ha exportado a Haití los mercenarios que participaron en la generación de este caos, sufre ahora —aunque solo como país de tránsito— un flujo desorbitado de migrantes, de haitianos desahuciados que atraviesan parte del territorio colombiano en el largo rodeo que los llevará a su destino norteamericano. Estados Unidos, como país receptor, debería prepararse para acogerlos de manera digna, por haber creado, tanto ahora como históricamente, las condiciones de ingobernabilidad que propician que esto ocurra.

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Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe

Desde el 28 de abril, por la brecha que abrió el paro decidido por las centrales sindicales, cientos de miles de jóvenes irrumpieron en las calles de Colombia mostrando niveles de radicalidad y de organización que sorprendieron a una sociedad cansada de paramilitares y narcos.

Inicialmente fueron grandes manifestaciones, todos los días, que salían de las periferias empobrecidas y llegaban al centro de las ciudades, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimía sin contemplaciones, con exceso en el uso de la fuerza y usando armamento de guerra, como los lanzadores Venom que disparan 30 cartuchos de forma simultánea y que pueden causar unas heridas de gravedad si se usan de una manera indebida.

Lo más notable, empero, es que los y las jóvenes (porque la participación de mujeres es notable) no se echaron atrás ni ante la represión policial ni ante el accionar de grupos paramilitares que tienen un largo historial de violencia.

No puede sorprender, por lo tanto, que los datos aportados por organismos de derechos humanos afirmen que hasta el 7 de julio la policía ha matado a 64 manifestantes, mientras decenas han desaparecido. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos, la acción paramilitar se ha cobrado, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, la vida de 753 líderes y lideresas sociales y 276 excombatientes de las FARC firmantes de los acuerdos.

En todas las ciudades se formaron primeras líneas, que son modos de autodefensa colectiva, muy bien organizadas, para impedir que el Esmad agreda y eventualmente asesine a los jóvenes. Pero también son, digamos, un principio de orden: desde cierto lugar en adelante, las primeras líneas impiden el paso a toda persona que parezca policía infiltrado, paramilitar o narco.

También se formaron puntos de resistencia, espacios urbanos liberados de la presencia policial o paramilitar, donde los vecinos se sienten seguros, porque la inseguridad en Colombia la traen los armados, con o sin uniforme. Dentro de esos puntos los jóvenes conviven con la comunidad, que les ofrece comida, agua y baño, en una muestra de que las diferencias pueden convivir en paz y alegría.

Uno de los hechos más comentados durante la revuelta es que los jóvenes de distintas barras del fútbol, que en la vida diaria se odian y enfrentan, convivieron sin el menor problema, así como adultos y jóvenes, en espacios donde también se escuchan los más diversos gustos musicales que van mutando según la hora del día.

En Cali se formaron 25 puntos de resistencia, algunos sobrevivieron más de diez semanas hasta que las topadoras del Esmad los destruyeron. En cuanto las primeras líneas, las hubo de lo más diversas: si bien la mayoría estaban integradas por jóvenes, con cascos, gafas de alto impacto, chalecos y escudos, las hubo también de madres para proteger a sus hijos y de religiosos. Todos llevan las caras cubiertas, para evitar ser identificados.

Sorprende la decisión, el compromiso, la disciplina casi militar y un manejo profesional del espacio y del orden, que les permitió un "récord de 22 horas de confrontación entre la Fuerza Pública y las Primeras Líneas", en la ciudad de Usme, periferia de Bogotá, el pasado 20 de julio.

De hecho, las primeras líneas tienen una disciplina similar a la que puede apreciarse en la Guardia Indígena, que no es vertical ni asalariada como la policía estatal, pero es mucho más efectiva ya que consigue mantener a los muy armados y entrenados cuerpos represivos a prudente distancia.

En todos los puntos de resistencia hay comedores comunitarios, espacios de salud atendidos por brigadistas (llamados puntos fijos) y han montado bibliotecas en centros de atención inmediata de la policía, que previamente fueron desmantelados y ocupados.

En algunas ocasiones, las brigadas de REDPAS en Bogotá y del Bloque Popular de Salud de Medellín se dotan de comandantes que encabezan los grupos para asistir a los heridos, que son muchos y en ocasiones requieren atención especializada.

En Puerto Resistencia, el más emblemático espacio resistente de Cali, los vecinos levantaron un enorme monumento de más de 10 metros de altura, construido en cemento y pintado con emblemas de la revuelta, con los rostros de los asesinados y los escudos de las primeras líneas. El antimonumento Resiste fue construido durante 19 días por cientos de personas, mostrando una energía colectiva y una disciplina para el trabajo sorprendentes.

¿Cómo ha surgido este elevado nivel de organización, con tareas bien definidas para la defensa a través del combate, la división del trabajo para los cuidados y la vida cotidiana?

Creo que un elemento central ha sido la formación que le ha dado a la población el paramilitarismo de un Estado criminal, gobernado por una fracción ultra y fanática como es el uribismo. Una formación por la negativa y para superar el miedo, de forma colectiva.

Todos en Colombia saben de los falsos positivos y de las casas de pique.

Los primeros son civiles que sin participar en ningún combate ni estar siquiera organizados en grupos políticos, fueron asesinados por militares y presentados como "bajas en combate" para obtener beneficios y premios. Según la Junta Especial para la Paz, entre 2002 y 2008 (cuando gobernaba Álvaro Uribe) fueron asesinados de ese modo 6.402 personas. Cerca de 1.500 militares estuvieron involucrados en la práctica de los falsos positivos.

Las casas de pique fueron creadas por los narcos para secuestrar, descuartizar y desaparecer a quienes les molestaban. La práctica fue luego utilizada por los paramilitares y se sigue usando ahora. En Cali aparecieron bolsas con restos humanos, diseminadas en varios lugares, como forma de intimidar a los manifestantes, ya que se presume que sean restos de desaparecidos durante la revuelta.

Lo cierto es que décadas de criminalidad estatal y paraestatal convencieron a varias generaciones de que deben cuidarse, de que ejercer sus más elementales derechos es peligroso y que pueden ser asesinados en cualquier momento. El uribismo ha sido una fuente de aprendizaje inestimable para los jóvenes colombianos que el neoliberalismo les ha robado su futuro y, si no se cuidan, sus vidas.

Raúl Zibechi, agosto 2, 2021

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Entre saboteos y festejos asoman los fines a los cuales se sirve

El desangre de nuestra región por el poder de las armas no tiene límites, pues cada día que sigue transcurriendo es una gota de tormento para la vida campesina. Ya se le prohíbe al campesino sembrar en su propio lote de tierra. El Estado de ninguna manera ha buscado cómo proteger la vida digna del campesinado en nuestra región y en el resto del país, pues los paramilitares y otras numerosas estructuras armadas que se alimentan del reciclaje de la guerra que paradójicamente ha sucedido a los “acuerdos de paz”, controlan el país a su antojo y el que más sufre las consecuencias al fin y al cabo es el campesino, que las tiene que enfrentar en el día a día, en las diversas regiones del país.

¿Hasta cuándo se va permitir que se destruya la moral del campesino? Se nota que los grupos armados buscan cómo desesperar a la población civil para que abandone sus tierras, con el fin de que las empresas multinacionales mineras hagan de las suyas con los recursos naturales, destruyendo la vida en los territorios.

Este cáncer paramilitar destructor que el gobierno no quiere erradicar de esta y otras regiones porque lo necesita para controlar lo que no pueden hacer a plena luz las fuerzas militares, está acabando con los sueños de los niños y niñas que reclutan a diario. El campesino se ve cada vez más asfixiado en su propia parcela, pero eso es algo que no le ha importado al gobierno.

Las veredas de San José son corredores paramilitares y de fuerza pública. No se percibe el más mínimo enfrentamiento entre ambas fuerzas, pero la “malicia indígena” de nuestro campesinado ha detectado claramente las supuestamente disimuladas estrategias de coordinación y unidad de acción entre ambas.  Cuando estaban las FARC, por el contrario, la hostilidad era feroz, pero al accionar sus armas los militares, las dirigían predominantemente contra la población civil, bajo la consigna de los “falsos positivos”, para no arriesgar la integridad militar en combates reales. En el conflictivo panorama actual, el paramilitarismo cuenta con toda la aquiescencia estatal y mediática, como fuerza eje de control territorial, ya se sabe al servicio de quiénes.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

  • El domingo 04 de julio de 2021, tuvimos conocimiento de que los paramilitares están comprando casas o terrenos en las veredas de San José para construir allí viviendas para los “PUNTOS” (o informantes) que tiene esta estructura en cada vereda para el control de la población civil en la zona.
  • Ese mismo domingo 04 de julio de 2021, en horas del día nuestra Comunidad fue informada de que los paramilitares estarían prohibiendo a pobladores de las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas sembrar cacao en sus propias fincas.
  • El martes 06 de julio de 2021, en horas del día fueron vistos varios paramilitares armados cuando cruzaban por una de nuestras propiedades privadas en la vereda La Resbalosa, de San José.
  • El miércoles 07 de julio de 2021, paramilitares que controlan la zona de Mulatos Medio, de San José de Apartadó, estuvieron preguntando con mucha insistencia por miembros de nuestra Comunidad de Paz, con intención de espiarlos, sobre todo cuando trabajan comunitariamente, y penetrar en los terrenos de nuestra “Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra”.
  • El jueves 08 de julio de 2021, nuestra Comunidad de Paz conmemoró los 21 años de la masacre del 8 de julio de 2000, perpetrada en el caserío de La Unión por paramilitares en conjunto con militares de la Brigada XVII, mientras un helicóptero del ejército sobrevolaba el poblado y supervisaba la barbarie. Integrantes de nuestra Comunidad llegaron muy temprano al lugar de la masacre para realizar el acto de memoria y organizar el espacio de memoria que nuestra Comunidad ha construido en el mismo sitio en que nuestros compañeros fueron masacrados. Estando allí, pudimos comprobar una vez más la alta presencia de paramilitares que hoy día ha invadido el caserío de La Unión y su intenso consumo de licor. Hicieron todo lo posible por impedir nuestro acto de memoria poniendo en el más alto volumen los equipos de sonido de las cantinas donde se encontraban tomando licor y colocando allí canciones alusivas al paramilitarismo. Nunca nos habíamos imaginado que ese caserío, hace años santuario de la resistencia y la defensa de la dignidad, llegara a esos niveles de degradación humana. De todas formas, en medio de ese vulgar e inmundo saboteo, rendimos los honores merecidos a quienes entregaron su vida con gran valentía y dignidad en defensa de nuestro proyecto de paz y de justicia.
  • El miércoles 14 de julio de 2021, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz, según las cuales, en la vereda La Unión, Arenas, Las Nieves, El porvenir, entre otras estaría patrullando un grupo de paramilitares, portando a la vista armas largas, al parecer preparando el ambiente para celebrar a su manera la “fiesta del campesino”, preparada por la Brigada XVII en coordinación con el funcionario de FEDECACAO y agente de la Alcaldía de Apartadó,  César Jaramillo, y la Junta de Acción Comunal, fiesta programada para los días 17 y 18 de julio. Desde hace un tiempo se viene haciendo propaganda entre los paramilitares para participar en esa fiesta, a la cual se está invitando al campesinado de las veredas y en la cual se anuncia la presencia de reconocidos cantantes nacionales. Lo grave es que se invite a concentrarse en un lugar tan marcado por la presencia paramilitar sin que al parecer las instituciones del Estado muestren la más mínima preocupación y sin importar las constancias de hechos tan graves que nuestra Comunidad ha hecho públicas, incluso suministrando los nombres o los alias de los líderes paramilitares que han protagonizado los escándalos. Es preocupante la connivencia de la Brigada XVII, al parecer la principal anfitriona del festejo, con la representación de FEDECACAO, la Alcaldía de Apartadó y varias Juntas Comunales sin importar la alta presencia de los paramilitares que ya se muestran a plena luz, incluso exhibiendo sus armas largas, en el profanado caserío y sus alrededores.

Por más difícil que se presente la situación en nuestro territorio, nuestra Comunidad no dejará de suplicarle al país y al mundo por nuestras vidas y las de los demás pobladores que a diario tienen que soportar la opresión de un Estado-Paramilitar en la zona y en el resto del país. Somos fuertes porque hemos sabido construir comunidad; porque nuestra resistencia es única e inquebrantable; por eso hoy de nuevo agradecemos todos los esfuerzos de personas, organizaciones, comunidades, ayuntamientos, cantones,  entre otras colectividades, que desde muchos lugares del país y del mundo, a pesar del aislamiento soportado a causa del Covid-19, nos brindan esa fuerza moral que en todo momento nos anima a seguir adelante, en la exigencia del derecho a la tierra y a la vida, en un país donde reinan la muerte y la impunidad. A todos ellos nuestra profunda gratitud.

sáb, 17 jul a las 14:35

                        

                                                          Julio 17 de 2021

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles en rueda de prensa. | Foto: MIPCC

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles de las pruebas que vinculan al Gobierno de Colombia con los grupos paramilitares que participaron en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moîse y en los recientes hechos violentos en Caracas.

En comparecencia con la prensa, Rodríguez ofreció detalles de la relación que guardan las autoridades del Gobierno de Iván Duque con grupos paramilitares, al  proporcionarle a estas organizaciones armamento de alta potencia, utilizados en el despliegue contra un barrio de la capital venezolana.  

Rodríguez advirtió que el mandatario colombiano Iván Duque se ha convertido "en una verdadera amenaza" para la paz de la región.

Mostró pruebas de que la empresa que contrató a los mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití está involucrada en el atentado contra en presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018.

Se trata de la empresa de seguridad privada CTU Security, dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Rodríguez señaló que Intriago tiene vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live.

Denunció que el paramilitarismo colombiano es una suerte de nueva Escuela de las Américas, y empresas en Estados Unidos contratan a esos efectivos para ir a asesinar en Irak, Venezuela o ahora Haití.

Denuncia plan para atacar con drones en celebración del centenario de la Batalla de Carabobo

Agregó que tenían preparada una operación contra la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la celebración por el bicentenario de la Batalla de Carabobo. Se articuló con cuatro drones que fueron neutralizados por los dispositivos de seguridad del Estado venezolano.

Explicó que, a partir del fracaso de este intento, desplegaron la operación con paramilitares en el suroeste de Caracas.

Mostró un video extraído del móvil de uno de los delincuentes que operaron en la capital venezolana, en que se aprecian vistas estratégicas de la urbe, entre ellas la Academia Militar y el Paseo de los Próceres, con la idea de atentar contra Maduro y la dirección de la Revolución Bolivariana.

Rodríguez valoró que los hechos ocurridos en la parroquia La Vega y en la cota 905 manifiestan un patrón típico del modo en que actúan los paramilitares colombianos. Refirió que la derecha violenta pretende articular acciones como estas en otras ciudades, lo cual es investigado por las autoridades.

Recordó que las oposiciones venezolanas tienen un espectro amplio y dividido, pero hay un avance real en el diálogo con aquellas que se inclinan por respetar la Constitución y por promover la vía política para participar en las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Subrayó que otro sector de esas derechas, como el que representa Leopoldo López, desde hace mucho no tiene una participación política y solo les interesa promover acciones violentas. Al respecto, reiteró que el Gobierno no irá a ninguna mesa de diálogo o negociación con estos violentos.

13 julio 2021

(Con información de teleSur)

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Lunes, 12 Julio 2021 06:35

Haití y la mano de obra colombiana

Imagen: EFE

Las hipótesis tras el asesinato de Jovenel Moïse

¿Quién dio la orden de matar al presidente Moïse? ¿Quiénes fueron? ¿Los asesinos están entre los exmilitares y comandos colombianos detenidos hasta ahora en Puerto Príncipe?. Múltiples interrogantes del magnicidio. 

Haití lleva consigo una marca que parece perpetua. Sus muertos se cuentan de a centenares de miles sin que haya sufrido una guerra formal o no declarada. Son demasiadas tragedias juntas: el hambre, las pestes, un terremoto que en 2010 dejó 316 mil víctimas fatales, casi tres décadas de dictadura con el clan Duvalier, Papá Doc y Baby Doc (1957-1986), golpes de Estado, quince presidentes en 33 años y el 7 de julio último, un magnicidio, el de Jovenel Moïse.

La desgracia encontró un hábitat ideal para reproducirse en este territorio de 11,2 millones de habitantes. Su historia desbarrancó desde que nació como república. Fue el segundo país de América después de Estados Unidos en independizarse de las colonias. Un faro libertario guiado por sus pioneros y ex esclavos. Pero en el siglo XX y lo que va del XXI nunca pudo sacudirse una etiqueta: la de la nación más pobre del continente. Lleva décadas así y ahora, una vez más, sin presidente.

La política de Haití está en piloto automático desde un tiempo incalculable. Pero es un piloto automático que no funciona. Hay indicios de que a Moïse, un empresario bananero al que cosieron a balazos, se la tenían jurada. Las preguntas son: ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes fueron? ¿Los asesinos están entre los exmilitares y comandos colombianos detenidos hasta ahora en Puerto Príncipe? Daría la sensación que sí, aunque faltan todavía más pruebas para ratificarlo. Si fuera esta la hipótesis, la policía local habría sido muy rápida y eficiente para atraparlos. Y los soldados, suboficiales y oficiales colombianos entrenados bajo las tácticas de contrainsurgencia por EE.UU, muy verdes. Como el color de las boinas de la fuerza especial del ejército estadounidense que los adiestró.

Edgar Ceballos, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de Colombia (FFMM) declaró: “Hubo un mal planeamiento, la operación no tuvo vía de escape”. En la misma entrevista virtual de La Semana, un medio de su país, su compañero de directiva, el vicepresidente Guillermo León agregó: “Fue una operación terriblemente mal organizada”.

Mercenarios

El sábado 10 se conoció que los militares capturados después del asesinato de Moïse habían sido contratados por la empresa CTU Security con sede en Miami. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, citó en público el dato que había publicado antes la agencia AP. No fue por azar. El dueño de esa agencia de seguridad que conchaba mercenarios es Antonio Enmanuel Intriago Valera, un venezolano que apoya a Juan Guaidó, el pseudo presidente de una república imaginaria.

La otra hipótesis que investigan varios servicios de inteligencia en Haití parece que se desvaneció cuando Martine Moïse , la esposa del mandatario asesinado, dijo desde Miami, donde está internada tras sobrevivir al ataque: “Mientras hoy están en prisión los mercenarios que asesinaron al presidente, hay otros mercenarios que quieren asesinar el sueño, la visión y las ideas del presidente para el país”. Sus dichos no coinciden con los del exsenador opositor Steven Benoit: “no fueron los colombianos, sino la propia seguridad del presidente la que lo asesinó”, señaló.

La colombiana Jenny Capador Giraldo explicó - citada por el diario El Tiempo- que su hermano Duberney, uno de los comandos muertos en Puerto Príncipe “me decía que habían llegado tarde a proteger a la persona que tenían que cuidar, me imagino que era el Presidente. Que la Policía los tenía acorralados y que él iba a tratar de mediar para que los escucharan”. El mensaje lo recibió por Whatsapp, dijo la mujer. El militar era sargento y había pedido la baja en 2019. El grupo de colombianos estaba integrado por efectivos de distinta graduación. El de mayor rango es el exteniente coronel del ejército Carlos Giovanni Guerrero Torres. Hoy está preso en Haití.

Cualquiera de las dos hipótesis que se confirmara sobre los verdugos de Moïse, llama la atención la improvisación o la ingenuidad de los detenidos. Una de dos. Todos tuvieron alta preparación en unidades del ejército, combatieron contra los narcos y la guerrilla. Pero cayeron casi sin ofrecer resistencia. Incluso algunos fueron detenidos por la gente y entregados a la policía. De los 28 que intervinieron en el ataque según el gobierno local – dos son de origen haitiano-estadounidense-, veinte están detenidos, tres murieron y cinco continúan prófugos. Ese es el balance que publicó el sábado Le Nouvelliste, el diario más importante de Haití.

Si se demostrara que les encargaron matar a Moïse, habrían cometido otra impericia. Se expusieron en las redes sociales en los días previos a su ingreso a Haití desde la frontera con República Dominicana, el único país limítrofe con el que comparte la isla La Española. La evidencia son los posteos de uno de los comandos más experimentados. Manuel Antonio Grosso Guarín se sacó varias fotos y las subió a su Facebook haciendo turismo desde el Faro Colón, en Santo Domingo. La unidad investigativa de El Tiempo lo describe como “uno de los militares mejor preparados del Ejército colombiano. Recibió entrenamiento de Comando Especial con instructores estadounidenses. Y, en 2013, estaba asignado al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas”.

Sus excompañeros lo identificaron esposado y sentado en el piso apoyado contra una pared, cuando se lo expuso junto a los demás para la prensa. En un video también aparece capturado por un grupo de civiles junto a otro mercenario, condición que en su país algunos militares de alto rango niegan. En la entrevista citada de La Semana, el general Ceballos comentó: “los soldados colombianos tienen entrenamiento como nadie en América”.

El coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) viajó varias veces a Haití como consultor en seguridad. Comentó que en su país “operaron mercenarios británicos e israelíes, y de Estados Unidos en Venezuela” de lo cual se desprende que la contratación de sus servicios se volvió habitual en Latinoamérica.

La privatización de las operaciones encubiertas tomó relieve con la Guerra de Irak. Mercenarios de la empresa estadounidense Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en la Plaza Nisour de Bagdad en 2007. Varios empleados de esa lucrativa compañía recibieron condenas por homicidio. Los militares colombianos son bastante requeridos en sociedades de ese tipo.

Marulanda explicó lo que pasa en la actualidad: “Los señores retirados van a trabajar a Emiratos Árabes, adquieren la nacionalidad de allá y no es ilegal o de mercenarios. El problema que se presentó es que ahí hicieron una alianza con otros países árabes para enfrentar a los chiitas, y por eso había colombianos combatiendo. Eso desnaturalizó la función por cumplir y hubo dos abatidos. También hemos tenido oficiales que han trabajado en Irak y Yemen”.

Profesionales de elite o improvisados, los militares colombianos entrenados por EE.UU ya operan en varios países. Los oficiales (R) Ceballos, León y Marulanda coincidieron en que cuando se retiran – aún está por confirmarse si en Haití no hubo comandos en servicio activo – su destino “queda sujeto al libre albedrío y solo siguen vinculados al sistema de salud”. En otras palabras, no les hacen un seguimiento. Son armas letales de carne y hueso.

Por Gustavo Veiga

12 de julio de 2021

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El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

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