Entre saboteos y festejos asoman los fines a los cuales se sirve

El desangre de nuestra región por el poder de las armas no tiene límites, pues cada día que sigue transcurriendo es una gota de tormento para la vida campesina. Ya se le prohíbe al campesino sembrar en su propio lote de tierra. El Estado de ninguna manera ha buscado cómo proteger la vida digna del campesinado en nuestra región y en el resto del país, pues los paramilitares y otras numerosas estructuras armadas que se alimentan del reciclaje de la guerra que paradójicamente ha sucedido a los “acuerdos de paz”, controlan el país a su antojo y el que más sufre las consecuencias al fin y al cabo es el campesino, que las tiene que enfrentar en el día a día, en las diversas regiones del país.

¿Hasta cuándo se va permitir que se destruya la moral del campesino? Se nota que los grupos armados buscan cómo desesperar a la población civil para que abandone sus tierras, con el fin de que las empresas multinacionales mineras hagan de las suyas con los recursos naturales, destruyendo la vida en los territorios.

Este cáncer paramilitar destructor que el gobierno no quiere erradicar de esta y otras regiones porque lo necesita para controlar lo que no pueden hacer a plena luz las fuerzas militares, está acabando con los sueños de los niños y niñas que reclutan a diario. El campesino se ve cada vez más asfixiado en su propia parcela, pero eso es algo que no le ha importado al gobierno.

Las veredas de San José son corredores paramilitares y de fuerza pública. No se percibe el más mínimo enfrentamiento entre ambas fuerzas, pero la “malicia indígena” de nuestro campesinado ha detectado claramente las supuestamente disimuladas estrategias de coordinación y unidad de acción entre ambas.  Cuando estaban las FARC, por el contrario, la hostilidad era feroz, pero al accionar sus armas los militares, las dirigían predominantemente contra la población civil, bajo la consigna de los “falsos positivos”, para no arriesgar la integridad militar en combates reales. En el conflictivo panorama actual, el paramilitarismo cuenta con toda la aquiescencia estatal y mediática, como fuerza eje de control territorial, ya se sabe al servicio de quiénes.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

  • El domingo 04 de julio de 2021, tuvimos conocimiento de que los paramilitares están comprando casas o terrenos en las veredas de San José para construir allí viviendas para los “PUNTOS” (o informantes) que tiene esta estructura en cada vereda para el control de la población civil en la zona.
  • Ese mismo domingo 04 de julio de 2021, en horas del día nuestra Comunidad fue informada de que los paramilitares estarían prohibiendo a pobladores de las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas sembrar cacao en sus propias fincas.
  • El martes 06 de julio de 2021, en horas del día fueron vistos varios paramilitares armados cuando cruzaban por una de nuestras propiedades privadas en la vereda La Resbalosa, de San José.
  • El miércoles 07 de julio de 2021, paramilitares que controlan la zona de Mulatos Medio, de San José de Apartadó, estuvieron preguntando con mucha insistencia por miembros de nuestra Comunidad de Paz, con intención de espiarlos, sobre todo cuando trabajan comunitariamente, y penetrar en los terrenos de nuestra “Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra”.
  • El jueves 08 de julio de 2021, nuestra Comunidad de Paz conmemoró los 21 años de la masacre del 8 de julio de 2000, perpetrada en el caserío de La Unión por paramilitares en conjunto con militares de la Brigada XVII, mientras un helicóptero del ejército sobrevolaba el poblado y supervisaba la barbarie. Integrantes de nuestra Comunidad llegaron muy temprano al lugar de la masacre para realizar el acto de memoria y organizar el espacio de memoria que nuestra Comunidad ha construido en el mismo sitio en que nuestros compañeros fueron masacrados. Estando allí, pudimos comprobar una vez más la alta presencia de paramilitares que hoy día ha invadido el caserío de La Unión y su intenso consumo de licor. Hicieron todo lo posible por impedir nuestro acto de memoria poniendo en el más alto volumen los equipos de sonido de las cantinas donde se encontraban tomando licor y colocando allí canciones alusivas al paramilitarismo. Nunca nos habíamos imaginado que ese caserío, hace años santuario de la resistencia y la defensa de la dignidad, llegara a esos niveles de degradación humana. De todas formas, en medio de ese vulgar e inmundo saboteo, rendimos los honores merecidos a quienes entregaron su vida con gran valentía y dignidad en defensa de nuestro proyecto de paz y de justicia.
  • El miércoles 14 de julio de 2021, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz, según las cuales, en la vereda La Unión, Arenas, Las Nieves, El porvenir, entre otras estaría patrullando un grupo de paramilitares, portando a la vista armas largas, al parecer preparando el ambiente para celebrar a su manera la “fiesta del campesino”, preparada por la Brigada XVII en coordinación con el funcionario de FEDECACAO y agente de la Alcaldía de Apartadó,  César Jaramillo, y la Junta de Acción Comunal, fiesta programada para los días 17 y 18 de julio. Desde hace un tiempo se viene haciendo propaganda entre los paramilitares para participar en esa fiesta, a la cual se está invitando al campesinado de las veredas y en la cual se anuncia la presencia de reconocidos cantantes nacionales. Lo grave es que se invite a concentrarse en un lugar tan marcado por la presencia paramilitar sin que al parecer las instituciones del Estado muestren la más mínima preocupación y sin importar las constancias de hechos tan graves que nuestra Comunidad ha hecho públicas, incluso suministrando los nombres o los alias de los líderes paramilitares que han protagonizado los escándalos. Es preocupante la connivencia de la Brigada XVII, al parecer la principal anfitriona del festejo, con la representación de FEDECACAO, la Alcaldía de Apartadó y varias Juntas Comunales sin importar la alta presencia de los paramilitares que ya se muestran a plena luz, incluso exhibiendo sus armas largas, en el profanado caserío y sus alrededores.

Por más difícil que se presente la situación en nuestro territorio, nuestra Comunidad no dejará de suplicarle al país y al mundo por nuestras vidas y las de los demás pobladores que a diario tienen que soportar la opresión de un Estado-Paramilitar en la zona y en el resto del país. Somos fuertes porque hemos sabido construir comunidad; porque nuestra resistencia es única e inquebrantable; por eso hoy de nuevo agradecemos todos los esfuerzos de personas, organizaciones, comunidades, ayuntamientos, cantones,  entre otras colectividades, que desde muchos lugares del país y del mundo, a pesar del aislamiento soportado a causa del Covid-19, nos brindan esa fuerza moral que en todo momento nos anima a seguir adelante, en la exigencia del derecho a la tierra y a la vida, en un país donde reinan la muerte y la impunidad. A todos ellos nuestra profunda gratitud.

sáb, 17 jul a las 14:35

                        

                                                          Julio 17 de 2021

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles en rueda de prensa. | Foto: MIPCC

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles de las pruebas que vinculan al Gobierno de Colombia con los grupos paramilitares que participaron en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moîse y en los recientes hechos violentos en Caracas.

En comparecencia con la prensa, Rodríguez ofreció detalles de la relación que guardan las autoridades del Gobierno de Iván Duque con grupos paramilitares, al  proporcionarle a estas organizaciones armamento de alta potencia, utilizados en el despliegue contra un barrio de la capital venezolana.  

Rodríguez advirtió que el mandatario colombiano Iván Duque se ha convertido "en una verdadera amenaza" para la paz de la región.

Mostró pruebas de que la empresa que contrató a los mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití está involucrada en el atentado contra en presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018.

Se trata de la empresa de seguridad privada CTU Security, dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Rodríguez señaló que Intriago tiene vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live.

Denunció que el paramilitarismo colombiano es una suerte de nueva Escuela de las Américas, y empresas en Estados Unidos contratan a esos efectivos para ir a asesinar en Irak, Venezuela o ahora Haití.

Denuncia plan para atacar con drones en celebración del centenario de la Batalla de Carabobo

Agregó que tenían preparada una operación contra la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la celebración por el bicentenario de la Batalla de Carabobo. Se articuló con cuatro drones que fueron neutralizados por los dispositivos de seguridad del Estado venezolano.

Explicó que, a partir del fracaso de este intento, desplegaron la operación con paramilitares en el suroeste de Caracas.

Mostró un video extraído del móvil de uno de los delincuentes que operaron en la capital venezolana, en que se aprecian vistas estratégicas de la urbe, entre ellas la Academia Militar y el Paseo de los Próceres, con la idea de atentar contra Maduro y la dirección de la Revolución Bolivariana.

Rodríguez valoró que los hechos ocurridos en la parroquia La Vega y en la cota 905 manifiestan un patrón típico del modo en que actúan los paramilitares colombianos. Refirió que la derecha violenta pretende articular acciones como estas en otras ciudades, lo cual es investigado por las autoridades.

Recordó que las oposiciones venezolanas tienen un espectro amplio y dividido, pero hay un avance real en el diálogo con aquellas que se inclinan por respetar la Constitución y por promover la vía política para participar en las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Subrayó que otro sector de esas derechas, como el que representa Leopoldo López, desde hace mucho no tiene una participación política y solo les interesa promover acciones violentas. Al respecto, reiteró que el Gobierno no irá a ninguna mesa de diálogo o negociación con estos violentos.

13 julio 2021

(Con información de teleSur)

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Lunes, 12 Julio 2021 06:35

Haití y la mano de obra colombiana

Imagen: EFE

Las hipótesis tras el asesinato de Jovenel Moïse

¿Quién dio la orden de matar al presidente Moïse? ¿Quiénes fueron? ¿Los asesinos están entre los exmilitares y comandos colombianos detenidos hasta ahora en Puerto Príncipe?. Múltiples interrogantes del magnicidio. 

Haití lleva consigo una marca que parece perpetua. Sus muertos se cuentan de a centenares de miles sin que haya sufrido una guerra formal o no declarada. Son demasiadas tragedias juntas: el hambre, las pestes, un terremoto que en 2010 dejó 316 mil víctimas fatales, casi tres décadas de dictadura con el clan Duvalier, Papá Doc y Baby Doc (1957-1986), golpes de Estado, quince presidentes en 33 años y el 7 de julio último, un magnicidio, el de Jovenel Moïse.

La desgracia encontró un hábitat ideal para reproducirse en este territorio de 11,2 millones de habitantes. Su historia desbarrancó desde que nació como república. Fue el segundo país de América después de Estados Unidos en independizarse de las colonias. Un faro libertario guiado por sus pioneros y ex esclavos. Pero en el siglo XX y lo que va del XXI nunca pudo sacudirse una etiqueta: la de la nación más pobre del continente. Lleva décadas así y ahora, una vez más, sin presidente.

La política de Haití está en piloto automático desde un tiempo incalculable. Pero es un piloto automático que no funciona. Hay indicios de que a Moïse, un empresario bananero al que cosieron a balazos, se la tenían jurada. Las preguntas son: ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes fueron? ¿Los asesinos están entre los exmilitares y comandos colombianos detenidos hasta ahora en Puerto Príncipe? Daría la sensación que sí, aunque faltan todavía más pruebas para ratificarlo. Si fuera esta la hipótesis, la policía local habría sido muy rápida y eficiente para atraparlos. Y los soldados, suboficiales y oficiales colombianos entrenados bajo las tácticas de contrainsurgencia por EE.UU, muy verdes. Como el color de las boinas de la fuerza especial del ejército estadounidense que los adiestró.

Edgar Ceballos, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de Colombia (FFMM) declaró: “Hubo un mal planeamiento, la operación no tuvo vía de escape”. En la misma entrevista virtual de La Semana, un medio de su país, su compañero de directiva, el vicepresidente Guillermo León agregó: “Fue una operación terriblemente mal organizada”.

Mercenarios

El sábado 10 se conoció que los militares capturados después del asesinato de Moïse habían sido contratados por la empresa CTU Security con sede en Miami. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, citó en público el dato que había publicado antes la agencia AP. No fue por azar. El dueño de esa agencia de seguridad que conchaba mercenarios es Antonio Enmanuel Intriago Valera, un venezolano que apoya a Juan Guaidó, el pseudo presidente de una república imaginaria.

La otra hipótesis que investigan varios servicios de inteligencia en Haití parece que se desvaneció cuando Martine Moïse , la esposa del mandatario asesinado, dijo desde Miami, donde está internada tras sobrevivir al ataque: “Mientras hoy están en prisión los mercenarios que asesinaron al presidente, hay otros mercenarios que quieren asesinar el sueño, la visión y las ideas del presidente para el país”. Sus dichos no coinciden con los del exsenador opositor Steven Benoit: “no fueron los colombianos, sino la propia seguridad del presidente la que lo asesinó”, señaló.

La colombiana Jenny Capador Giraldo explicó - citada por el diario El Tiempo- que su hermano Duberney, uno de los comandos muertos en Puerto Príncipe “me decía que habían llegado tarde a proteger a la persona que tenían que cuidar, me imagino que era el Presidente. Que la Policía los tenía acorralados y que él iba a tratar de mediar para que los escucharan”. El mensaje lo recibió por Whatsapp, dijo la mujer. El militar era sargento y había pedido la baja en 2019. El grupo de colombianos estaba integrado por efectivos de distinta graduación. El de mayor rango es el exteniente coronel del ejército Carlos Giovanni Guerrero Torres. Hoy está preso en Haití.

Cualquiera de las dos hipótesis que se confirmara sobre los verdugos de Moïse, llama la atención la improvisación o la ingenuidad de los detenidos. Una de dos. Todos tuvieron alta preparación en unidades del ejército, combatieron contra los narcos y la guerrilla. Pero cayeron casi sin ofrecer resistencia. Incluso algunos fueron detenidos por la gente y entregados a la policía. De los 28 que intervinieron en el ataque según el gobierno local – dos son de origen haitiano-estadounidense-, veinte están detenidos, tres murieron y cinco continúan prófugos. Ese es el balance que publicó el sábado Le Nouvelliste, el diario más importante de Haití.

Si se demostrara que les encargaron matar a Moïse, habrían cometido otra impericia. Se expusieron en las redes sociales en los días previos a su ingreso a Haití desde la frontera con República Dominicana, el único país limítrofe con el que comparte la isla La Española. La evidencia son los posteos de uno de los comandos más experimentados. Manuel Antonio Grosso Guarín se sacó varias fotos y las subió a su Facebook haciendo turismo desde el Faro Colón, en Santo Domingo. La unidad investigativa de El Tiempo lo describe como “uno de los militares mejor preparados del Ejército colombiano. Recibió entrenamiento de Comando Especial con instructores estadounidenses. Y, en 2013, estaba asignado al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas”.

Sus excompañeros lo identificaron esposado y sentado en el piso apoyado contra una pared, cuando se lo expuso junto a los demás para la prensa. En un video también aparece capturado por un grupo de civiles junto a otro mercenario, condición que en su país algunos militares de alto rango niegan. En la entrevista citada de La Semana, el general Ceballos comentó: “los soldados colombianos tienen entrenamiento como nadie en América”.

El coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) viajó varias veces a Haití como consultor en seguridad. Comentó que en su país “operaron mercenarios británicos e israelíes, y de Estados Unidos en Venezuela” de lo cual se desprende que la contratación de sus servicios se volvió habitual en Latinoamérica.

La privatización de las operaciones encubiertas tomó relieve con la Guerra de Irak. Mercenarios de la empresa estadounidense Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en la Plaza Nisour de Bagdad en 2007. Varios empleados de esa lucrativa compañía recibieron condenas por homicidio. Los militares colombianos son bastante requeridos en sociedades de ese tipo.

Marulanda explicó lo que pasa en la actualidad: “Los señores retirados van a trabajar a Emiratos Árabes, adquieren la nacionalidad de allá y no es ilegal o de mercenarios. El problema que se presentó es que ahí hicieron una alianza con otros países árabes para enfrentar a los chiitas, y por eso había colombianos combatiendo. Eso desnaturalizó la función por cumplir y hubo dos abatidos. También hemos tenido oficiales que han trabajado en Irak y Yemen”.

Profesionales de elite o improvisados, los militares colombianos entrenados por EE.UU ya operan en varios países. Los oficiales (R) Ceballos, León y Marulanda coincidieron en que cuando se retiran – aún está por confirmarse si en Haití no hubo comandos en servicio activo – su destino “queda sujeto al libre albedrío y solo siguen vinculados al sistema de salud”. En otras palabras, no les hacen un seguimiento. Son armas letales de carne y hueso.

Por Gustavo Veiga

12 de julio de 2021

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El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

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Miércoles, 30 Junio 2021 05:59

Una memoria energizante

Una memoria energizante

Hoy 27 de junio de 2021, nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó renovó la memoria de EDUAR LANCHERO, al cumplirse 9 años de muerte. Como de costumbre, a las 2:00 de la madrugada comenzaron a sonar con gran volumen las marchas fúnebres de los grandes clásicos de la música y la Comunidad se fue reuniendo junto a su tumba para la celebración eucarística. Su madre y sus hermanos se hicieron presentes desde Bogotá con sentidos mensajes y las lecturas de la Misa resaltaron nuevamente su talante de profeta y de servidor.

Eduar acompañó a nuestra Comunidad de Paz desde sus inicios. Cuando el ejército y los paramilitares bombardearon casi todas las veredas de San José, en respuesta a la Declaratoria pública de no participación en la guerra y de negativa a colaborar con cualquier estructura armada, provocando un gigantesco éxodo hacia el pequeño centro urbano, Eduar se ofreció a acompañar a los desplazados corriendo enormes riesgos en su vida, pues el caserío fue cercado inmediatamente por militares y paramilitares y fueron numerosas las víctimas fatales. Eduar fue detectado inmediatamente como inspirador de una resistencia que buscaba impedir el despojo masivo de tierras, que era el objetivo del bloque militar/paramilitar, y durante sus 15 años de acompañamiento tuvo que hacer frente a 25 intentos de asesinato, de los cuales salió ileso gracias a la protección de gentes de la Comunidad que detectaban a tiempo el peligro. Los montajes y calumnias urdidos por la Brigada XVII del ejército no tuvieron treguas y sus grados de suciedad no tuvieron parangón. Su salud se vio progresivamente comprometida y finalmente un cáncer muy agresivo lo llevó a la tumba el 27 de junio de 2012. Sus restos reposan en el centro del parque monumento a las víctimas de nuestra Comunidad y su memoria constituye una fuente de energía permanente que recuerda los ideales que le dieron nacimiento a nuestro proyecto de vida.

Eduar llegó a nuestra realidad impulsado por un fuerza interior que él mismo definió muchas veces como un deseo ardiente de “convertir el dolor en esperanza”. Y realmente lo logró. Su gran sabiduría, que supo compartir con todos nuestros líderes, lo llevaba a descubrir las trampas perversas mediante las cuales un sistema criminal busca cooptar a sus víctimas. Así se fue tejiendo nuestra resistencia que aún mantenemos con firmeza.

Al recordar con gratitud el regalo de su vida y su presencia entre nosotros, también hemos repasado el cuerpo de principios que le fue dando identidad a nuestra Comunidad de Paz y que él compendió en una exposición magistral que en este aniversario volvimos a escuchar para que continúen sirviéndonos de guía.

No repetimos la acostumbrada fórmula “paz en su tumba”, cuando esa “paz” se entiende como pasividad e inacción. Su tumba es más bien un lugar energizante de permanente cuestionamiento a todos nuestros intentos de ajuste pasivo al statu quo de muerte que nos envuelve. Repetimos, por el contrario, con convicción: EDUAR, SIGUES MÁS VIVO QUE NUNCA EN NUESTRA COMUNIDAD DE PAZ.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                          Junio 27 de 2021

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Violación de derechos y derrumbe cada vez más total del Estado

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como ya en muchas otras ocasiones, se ve en el deber de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de un ente exterminador que no descansa en su propósito de acabar con nuestro proceso de vida.

Nos encontramos en momentos de movilizaciones sociales en todo el país y en otras partes del mundo. La raíz de todo esto es el afán de los poderosos de eliminar o marginar cada vez más a sus víctimas. Se enfrentan los gobiernos contra su propia ciudadanía sin que se garantice siquiera el derecho elemental a la protesta. Es claro que no les importa la vida de la gente; reformas y estrategias de “seguridad” están dirigidas a causar más hambre, exclusión y exterminio de quienes estorban los intereses de las élites.

Mientras en la ciudad se reclama por una vida digna, en los campos del país el paramilitarismo no cesa de someter a la población civil, la silencian y la atemorizan con armas amparadas por el Estado y mediante pan etos continuos la amenazan por no someterse a sus órdenes. En nuestra zona, los paramilitares tratan de cooptar a más y más gente en su propósito de exterminar nuestra Comunidad de Paz. Se apoyan en funcionarios públicos para elaborar tutelas y darle apariencia legal a su lucha de exterminio contra nosotros. Policía y Ejército están lejos de proteger a la población vulnerable; es evidente su estrategia de tolerancia total al paramilitarismo y sus componendas con ellos para alejarse tácticamente de los sitios donde ellos van a actuar y así poder responder con su fórmula trillada: “no teníamos tropas en esa área”. No entendemos para qué sirven instituciones de protección que no protegen y además toleran y usan las “ollas” de consumo de drogas.

Los fallos de tutela siguen estando a favor de los victimarios, mientras que a las víctimas se les quiere amordazar e impedirles lo más elemental: hacer conocer sus sufrimientos de la sociedad y del mundo. Los derechos a la expresión, a la denuncia y a la protesta están siendo eliminados a bala en Colombia: el número de muertos y heridos en las protestas es escalofriante y la eliminación de líderes y lideresas sociales sigue un ritmo constante, incentivado por el anonimato y la impunidad.

Los hechos más recientes que nos afectan son los siguientes:

- El martes 4 de mayo de 2021, según algunos pobladores de la zona, el señor CÉSAR JARAMILLO, después de la reunión del 01 de mayo en la vereda La Esperanza, donde convocó a las juntas de acción comunal para hacerlas rmar un pacto de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, empezó a llamar a los presidentes de juntas que no asistieron a dicha reunión, para que le rmaran el documento del pacto de exterminio.-  El jueves 6 de mayo de 2021, llegó a nuestro conocimiento por informaciones de pobladores de la zona, la presión de los paramilitares para comprar terrenos ubicados en lugares estratégicos, como los los de montaña, para poner allí sus centros de operaciones. Ya han amenazado a varios pobladores que no han querido vender sus parcelas.

 

-  El viernes 7 de mayo de 2021, en horas del día en la vereda Arenas Altas personas ajenas a nuestra Comunidad de Paz destruyeron nuestras vallas las cuales son nuestras insignias como proceso de vida.

 

- El sábado 8 de mayo de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que un grupo de pobladores de la vereda La Esperanza planearon pedirle a CORPOURABA que lleguen hasta la propiedad privada de nuestra comunidad allí y se midan 30 metros de ribera del río para iniciar la construcción de una carretera sin nuestro consentimiento.

 

-  El domingo 09 de mayo de 2021, llegó a nuestra Comunidad informaciones de que el paramilitar e integrante de la junta comunal de La Unión, ADOLFO GUZMÁN, habría lanzado amenazas contra un miembro de nuestra comunidad en la vereda la Unión.

 

-  El martes 11 de mayo de 2021, en horas de la madrugada en el casco urbano de San José y sus alrededores los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región dejaron pan etos y escritos en las paredes de las viviendas con las siglas (AGC presente).

 

-  El miércoles 12 de mayo de 2021, en horas del día, tres reconocidos paramilitares portando armas largas entraron al caserío de la vereda La Unión e ingresaron a la vivienda de un poblador.

 

- El jueves 13 de mayo de 2021, recibimos llamadas y mensajes de muchas personas, alarmadas porque se habían enterado de que la Corte Constitucional, en una votación de 5 contra 4, había decidido mantener el núcleo de la Sentencia 342/20, que le daba cierta razón a la Brigada XVII del ejército en su Acción de Tutela contra nuestra Comunidad de Paz, a rmando que nuestras Constancias ofendían su buen nombre y no debían permitirse mientras no estuvieran sustentadas en fallos judiciales. Aunque no conocemos aún el texto del fallo y ni siquiera se ha emitido el comunicado de prensa de la Corte, la noticia revela ya un derrumbe muy profundo del Estado de Derecho. Si nuestra Comunidad radicó una demanda de nulidad contra esa sentencia, la petición de nulidad la respaldamos en abundantísima jurisprudencia internacional y nacional, que a todas luces le da la primacía al derecho a la libre expresión como elemento esencial de cualquier democracia, jurisprudencia que también prohíbe que el derecho al “buen nombre” se interprete como anexo a cargos o dignidades o prescripciones, puesto que el BUEN NOMBRE se construye esencialmente con el BUEN COMPORTAMIENTO

que lleva a ganar aprecio y respeto, pero en el caso de la Brigada XVII existen condenas por crímenes de tribunales nacionales e internacionales e incluso de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En el proceso se anexaron numerosos aportes de eminentes juristas de muchos países, los cuales se apoyaron en numerosas citas de la jurisprudencia internacional. Por lo tanto, la decisión de la Corte, en un momento de tanta violencia estatal y caos jurídico, sólo añade una gota más a los millares de argumentos que en estos días se propalan sobre la ilegitimidad del Estado y el derrumbe total del Estado de Derecho.

  • -  El viernes 14 de mayo de 2021, paramilitares que controlan la zona prohibieron a pobladores de la vereda Arenas Bajas tumbar monte para sembrar productos de pan coger en sus ncas heredadas de sus ancestros.

  • -  El sábado 15 de mayo de 2021, en horas del día llegaron informaciones que en la vereda La Unión se habría organizado en reunión de Junta de Acción Comunal retirar sin nuestro consentimiento la malla de protección del monumento a La Memoria construido allí por nuestra Comunidad en memoria de las víctimas de la masacre cometida por militares y paramilitares el 8 julio del 2000, según es para construir allí un supuesto parque infantil aprobado por La Alcaldía de Apartadó, el mismo presidente de la junta mani esta que ya es una decisión aprobada.

    Nuestra Comunidad de Paz que ha defendido la vida por más de 24 años rechazamos rotundamente la destrucción de nuestra la memoria histórica y a la vez le dejamos claro al gobierno local y nacional que no callaremos ante la barbarie que se viene cometiendo contra nuestro proceso de vida y la integridad de toda la población civil por parte de estructuras paramilitares, fuerza pública y demás instituciones del gobierno que con alianzas oscuras buscan cómo acabar con la vida digna de nuestra región.

    En estos tiempos en que el país está volcado en las calles en defensa de sus derechos, por la imposición de reformas que oprimen al pueblo colombiano y bene cian más bien el mismo bolsillo del gobierno, y donde las muertes violentas de los inconformes se multiplican día a día, las instituciones viven encapsuladas en un modelo de Estado represor cada vez repudiado por las grandes mayorías del pueblo.

    Hoy más que nunca agradecemos a las diversas personas y comunidades que desde el país y el mundo nos han apoyado en este largo y difícil camino, especialmente en su respaldo para insistirle a la Corte Constitucional que abriera los ojos para entender que la sentencia impugnada violaba principios muy esenciales y elementales de un Estado de Derecho y de una democracia, como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y asociaciones eminentes de juristas de varios países, así como tantas personas que conceptuaron que el mismo sentido común más elemental era el que debería predominar. Aunque los resultados no fueron los esperados, creemos que hemos ganado dignidad frente a una Corte que no le importa la vida del campesino y que se dejó cooptar por los intereses y el inexistente “buen nombre” de una brigada militar que sólo ha acumulado motivos de mal nombre, dada su enorme trayectoria criminal impune, la que quieren camu ar de “buen nombre” contra toda ética, contra toda razón y contra el sentido común más elemental.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó Mayo 17 de 2021

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En las garras de un “progreso” antihumano

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

En las últimas semanas se viene implementando una arremetida de construcción ilegal de carreteras por las veredas de San José de Apartadó. Sabemos que los mayores impulsores de estas carreteras son los paramilitares, pues ya han venido reuniendo a los pobladores de las diversas veredas del corregimiento, imponiéndoles altas sumas de dinero, que son impuestos ilegales y extorsivos, para comprar supuestamente el combustible para las máquinas de la Brigada XVII del Ejército que son las que van a ser utilizadas en las obras.

Todo comenzó por Nuevo Antioquia hace un tiempo, con una carretera hasta La vereda La Esperanza y luego otro ramal desde Nuevo Antioquia hasta La vereda Rodoxali. En ese momento se  hicieron indagaciones y se comprobó que esos proyectos de vías no tenían ningún sustento legal; alcaldes e instituciones nacionales y regionales afirmaron no estar enteradas en absoluto de esos proyectos puestos en marcha por los paramilitares.

 Ahora de nuevo se impulsan todas estas carreteras ilegales por las demás veredas. Ya han comenzado con la apertura ilegal desde el casco urbano de San José hacia la vereda La Linda; días antes ya los paramilitares habrían reunido a la población civil de las veredas Cristalina, Miramar, La Miranda, La Pancha, Salsipuedes, entre otras, para exigirle a cada poblador un aporte de 800. 000,oo (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las maquinas que entrarían a trabajar, y según informaciones, estas máquinas pertenecen a la Brigada XVII del Ejército.

Se sabe que se está implementando el arreglo o mejoramiento de la carretera que desde un punto conocido como Campamento conduce a la localidad de Belencito, del  corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. ¿Quien la está mejorando? Es de público conocimiento que todo poblador del área tiene que aportar dinero  obligatoriamente  para abrir o mejorar las carreteras.

Como comunidad nos preocupa la doble estrategia que se está poniendo en juego para explotar los recursos naturales de nuestra región. Lo más preocupante es que la población de nuestro entorno se está prestando para que sea despojen de su propia tierra.

Es evidente que todo este plan, que se presenta con apariencia de “progreso” o “desarrollo” de la región, se está implementando de manera ilegal, como ha sido la costumbre en la región. En primer lugar, esas vías no hacen parte de ningún Plan de Ordenamiento Territorial ni cuentan con licencias ambientales y menos con consultas previas a las comunidades; se apoyan en recaudación ilegal de impuestos extorsivos, rodeados de amenazas; su implementación está coordinada por una estructura criminal que ha inundado de sangre la región y ha sido premiada por un Estado criminal garantizándole absoluta impunidad por sus crímenes; la maquinaria pertenece a una estructura armada del Estado: la Brigada XVII, implicada también en centenares de crímenes impunes y que ha querido “lavarse las manos” de tanta sangre asumiendo tareas que no pueden ser asumidas legítimamente por una estructura armada, pues son tareas civiles, ya que su relación con las armas constituye una violación más extensiva y profunda de los derechos de la población civil. Pero quizás lo más perverso es que los objetivos de ese falso “progreso” o “desarrollo” está disimuladamente orientado al sevicio de empresas transnacionales de extracción de recursos mineros y energéticos que destruyen el ambiente y la salud humana y de una transformación económica de la agricultura a la ganadería, no menos destructiva, no solo del ambiente sino también de la producción alimentaria tradicional, esencial para la vida.

Algún funcionario del gobierno ha salido a defender tal monstruosidad, alegando que esas carreteras hacen parte de los PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que están previstos  en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 (Numeral 1,2). Pero tal funcionario - Consejero Presidencial- no cae en cuenta que está actuando en contravía de lo que el Acuerdo de Paz establece sobre los PDETs. En efecto, allí se definen como objetivos primordiales de los PDETs: “el bienestar y el buen vivir de la población de las zonas rurales –niños y niñas, hombres y mujeres- haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto (…) y El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades …” (No. 1.2.1)

¿Cree el gobierno que cumple con el Acuerdo  de Paz sin consultar lo más mínimo a las comunidades, a no ser en asambleas convocadas por paramilitares y juntas comunales cooptadas por éstos, engañando a los campesinos al destruir su economía campesina y familiar para cambiárselas por estrategias que arruinan los suelos y desplazan a sus pobladores, entregando la planeación, diseños e implementación a los victimarios que con más saña han destruido vidas en la zona: militares y paramilitares, y sometiendo a la población a impuestos extorsivos ilegales y empobrecedores? Esto es demasiado perverso.

 Ya son muchos los años que llevamos dejando constancias públicas de este tipo de barbarie que se esta implementando en la zona. De sobra conoce el gobierno que se están creando carreteras ilegales en esta región y todo con intereses corruptos de los poderosos de facto.

Es claro que los que están coordinando y controlando estos planes de “progreso” y “desarrollo” son los paramilitares y los que ponen el trabajo son las brigadas militares. Así lo han manifiestan personajes como Cesar Jaramillo, quien hace parte a la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO-; según lo manifesta dicho personaje: ahora sí se van abrir carreteras por las veredas, lo cual ya es un hecho y ya existe la plata para ello. ¿Cuál será esa plata? ¿Será la que le quitan los paramilitares a los campesinos como impuestos extorsivos? 

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El domingo 28 de marzo de 2021, en horas del día, en el corregimiento de Frasquillo, de Tierralta, Córdoba, fue visto un reconocido político de los paramilitares que controlan aquella región. Allí el control paramilitar es evidente y a la vez hay un puesto militar antinarcóticos recientemente colocado, que supuestamente controla, pero lo que se deja ver es que los que controlan son los paramilitares que permanentemente se movilizan por allí en embarcaciones tipo Johnson, de su propiedad, sin ser molestados por nadie.
  • El miércoles 31 de marzo de 2021, cuando una comisión humanitaria de nuestra comunidad pasaba por la vereda Baltazar, del municipio de Tierralta, Córdoba, se pudo notar que allí había una fuerte presencia paramilitar, pues en el camino se dejaban ver los puntos o informantes con radios de comunicación, los cuales pasaban con mucha prisa, seguramente para informar la presencia de nuestra comunidad.
  • El domingo 11 de abril de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz conoció informes según los cuales el señor CÉSAR JARAMILLO comentó de un plan que se estaría realizando desde la Brigada XVII del Ejército para continuar abriendo las carreteras ilegales por las veredas de San José de Apartadó.
  • El lunes 12 de abril de 2021, nos llegaron informes de que los paramilitares estaban reuniendo a las juntas de acción comunal de diferentes veredas de San José de Apartadó para imponer a sus pobladores cuotas de $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para empezar a abrir las carreteras que se estarían impulsando con maquinarias de la Brigada XVII del Ejército.
  •  El martes 13 de abril de 2021, en horas del día, se notó una fuerte presencia paramilitar en la vereda La Unión, de San José de Apartadó. Según informaciones recibidas, estaban muy cerca de nuestro asentamiento Aldea de Paz Rigoberto Guzmán, en la vereda La Unión, y al parecer están haciendo recorridos desde la vereda El Porvenir, donde llevan varias semanas acantonados.
  • Este mismo martes 13 de abril de 2021, un grupo de paramilitares prohibió a unas familias de la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, trabajar sus tierras, al tiempo que les ordenaron abandonar los potreros, cultivos y viviendas en la propiedad, o de lo contrario tendrían que abandonar la región.
  • El jueves 15 de abril de 2021, en horas del día, nos comunicaron que la junta de acción comunal de la vereda La Esperanza, de San José de Apartadó, se había reunido con otras juntas comunales para organizar una posible invasión a nuestra propiedad privada allí, según ellos, porque nuestra Comunidad de Paz no les ha permitido pasar por allí una carretera, carretera que está siendo construida por los paramilitares. Nuestra comunidad ha rechazado dicha carretera, pues los impulsores de la misma son los paramilitares. Es de conocimiento público que los paramilitares empezaron con maquinaria pesada a abrir esta carretera desde el corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo hasta la vereda La Esperanza y un ramal hacia la vereda Rodoxalí,  y cuando se investigó la legalidad de estas vías, ninguna institución de las que por ley debe intervenir en las licencias sabía nada de ese proyecto. La misma junta local manifiesta que se va a empezar a abrir con maquinaria de la Brigada XVII del Ejército, pero en días anteriores los mismos paramilitares habrían reunido a la población de la zona e impuesto unas cuotas entre $ 500.000 (quinientos mil pesos) y $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las máquinas de la Brigada.
  • El sábado 17 de abril de 2021, en horas del día, en la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó, fueron vistos dos grupos de paramilitares que se movilizaban camuflados y portando armas largas, cada uno de esos grupos contaba con unos 15 hombres, y se dividieron para patrullar y controlar la zona. Se sabe que uno de los encargados de mando es ALIAS SAMUEL, reconocido paramilitar de la vereda La Unión. Estos paramilitares llevan ya varias semanas allí, portando vestidos militares y armas largas y actúan a todas sus anchas y nadie los molesta. Aún se encuentran acantonados en esa vereda.
  • El miércoles 21 de abril de 2021, en la vereda Arenas Altas del corregimiento de San José de Apartadó, muy cerca a la propiedad de nuestra Comunidad de Paz, hizo presencia un grupo de paramilitares fuertemente armados.
  • El jueves 22 de abril de 2021, hacia las 13 horas, y por más de 3 horas en la vereda la Cristalina del corregimiento de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares reunió a los pobladores de varias veredas, Miramar, San José, La Linda entre otras, para imponer la suma de dinero que deben pagar, para contribuir con la construcción de la carretera que ya llega a la vereda la Linda proveniente del casco urbano de San José. La advertencia de los paramilitares en dicha reunión es que todo el mundo debe pagar la tarifa impuesta por ellos, quien no lo haga asume las consecuencias.  
  • En los últimos días, por las redes sociales han circulado fotos de reuniones y acuerdos entre pobladores del corregimiento de San José, con efectivos de la brigada XVII para la construcción de carreteras en San José de Apartado. Mismos proyectos que hoy impulsa e impone los paramilitares en veredas del corregimiento de San José con maquinaria y operadores de la Brigada XVII. Según las informaciones allegadas, en dicha reunión entre pobladores de San José y efectivos del Batallón Vélez ultimaban detalles para la apertura de carreteras en San José, después de terminado el encuentro un coronel afirmo a uno de los asistentes que la relación entre militares y paramilitares es conjunto. Que mas evidencia que por un lado los militares con sus máquinas y operadores de la Brigada XVII abren nuevas carreteras mientras los paramilitares van adelante imponiendo y obligando a los campesinos a contribuir con dicho proyecto.

El control paramilitar sigue siendo el sostén de los intereses económicos. Se ha llegado  al punto de que se prohíbe incluso trabajar la tierra, como estrategia para expropiar al campesino de su tierra o para que termine aburriéndose y vendiéndosela al mismo empresariado que contrata a los paramilitares para realizar el trabajo sucio.

Ahora no hay caminos aptos para transitar, pues el barro y el agua se apoderaron de lo que era un camino construido a pico y pala por muchos años.

Persiste el afán por exterminar nuestra Comunidad Paz y para ello el Estado y los paramilitares incentivan a la población a actuar en contra de nuestra Comunidad, todo con la promesa de construir carreteras ilegales a las cuales después no les van a hacer mantenimiento, porque no le interesa el campesino sino su destrucción y lastimosamente los campesinos se están prestando para su propia destrucción.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 24 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no siga destruyendo  nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 23 de 2021

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó

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Pascua. Entre memorias y reciclajes del terror

En la semana de Pasión y de Pascua, nuestra Comunidad siguió su tradición consolidada de recorrer los caminos ensangrentados en donde se les arrancó la vida a centenares de integrantes de nuestro proceso. Es la pasión de Jesús reciclada permanentemente por nuestro criminal Estado colombiano.

Este Viernes Santo de 2021 peregrinamos por los caminos de las veredas La Linda, La Sucia y La Cristalina. Estuvimos en el sitio donde fue perpetrada por el ejército la horrenda masacre de jóvenes en el amanecer de 26 de diciembre de 2005. Previamente miembros de la Brigada XVII habían cooptado a los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, quienes eran milicianos de las FARC, con el fin de que trabajaran para el ejército como infiltrados y prepararan una gran fiesta de Navidad con amplio consumo de licor; así podrían sorprender ebrios a numerosos jóvenes de la zona y masacrarlos, confiando en que entre ellos caerían algunos milicianos. El General Zapata dio el falso Parte a los medios mostrándolos como “guerrilleros muertos en combate”. Entre las 6 víctimas fatales cayeron integrantes de nuestra Comunidad y los hermanos Cardona cobraron como cuota de sangre 4 millones de pesos por cada víctima, sumas que el ejército les canceló inmediatamente, mientras esos victimarios se integraban de lleno a la tropa paramilitar, usando uniformes y armas de uso privativo del ejército y rindiendo declaraciones falsas ante fiscales cooptados por los militares para alimentar montajes judiciales de atrevida falsedad y suciedad.

En ese mismo recorrido pasamos por el sitio donde la guerrilla de las FARC asesinó, el 6 de octubre de 1997, a tres líderes de nuestra naciente Comunidad de Paz: Ramiro Correa, Fernando Aguirre y Luis Fernando Espinosa, cobrándonos así el respeto con que cumplíamos nuestro Reglamento, en el cual se prohibía vender alimentos a cualquier actor armado.

En ese mismo recorrido estacionamos en otros numerosos lugares ensangrentados: desde el sitio donde los militares le arrancaron la vida a la niña de 3 años Mildrey Dayana David Tuberquia, el 18 de marzo de 2003, hasta el sitio en que sus auxiliares paramilitares masacraron al joven Weber Andrés Garzón, el 18 de agosto de 2019 por negarse a cumplir sus absurdas órdenes. Visitamos también las ruinas de la vivienda de la familia Arenas Román, cuyo padre, Ignacio Arenas, fue bajado de un chivero y asesinado en la vía a Apartadó, el 25 de agosto de 2000 y sus tres hijos: Luz Analia, Hernando y Duver Antonio, masacrados un mes después, el 23 de septiembre de 2000.

Pero mientras la memoria nos revivía los horrores del pasado, las denuncias actuales nos convencen de que el Estado que nos domina sigue demostrando su carácter GENOCIDA, con un afán desaforado por exterminar a todo grupo que no se ajuste a su modelo excluyente, paramilitar y asesino, tal como se comprobó en las recientes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizadas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín entre el 25 y el 27 de marzo de 2021.

Ponemos en conocimiento del país y del mundo los últimos hechos que nos preocupan profundamente:

  • El lunes 22 de marzo de 2021, dos pobladores del caserío de San José fueron amenazados por los paramilitares, quienes los trataron de “sapos” o informantes. Uno de los paramilitares anunciaba: “va a correr de la colorada” (refiriéndose a nuevos derramamientos de sangre).
  • ·El domingo 28 de marzo de 2021un personaje extraño, con la cara cubierta, estuvo recorriendo, de manera muy sospechosa, la parte del río El Cuchillo que bordea nuestro asentamiento central de San Josesito, como inspeccionando su topografía con miras a algún plan de acción. A raíz de esto, otras personas informaron que en días pasados habían visto a otros personajes sospechosos haciendo similares recorridos por el río.
  • ·En la última semana de marzo de 2021,en la vereda El Porvenir se vio transitar a un grupo de jóvenes reclutados y entrenados por los paramilitares.
  • ·En la última semana de marzo de 2021, pobladores de la vereda El Porvenir manifestaron su propósito de vender sus tierras porque, según ellos, “ya los paramilitares no los dejan trabajar”.
  • ·El martes 30 de marzo de 2021,  ala 01 del amanecer, paramilitares movilizados en motos distribuyeron panfletos en diversas veredas de San José de Apatadó. Uno de esos panfletos fue dejado en el asentamiento de San Josesito de nuestra Comunidad de Paz. Las cámaras captaron el momento en que llegaban en moto a dejar los panfletos.

Todos los episodios reseñados evidencian el dominio paramilitar de la zona, donde se comprueban reclutamientos, entrenamientos, reuniones, imposición de normas y cobros de impuestos a su amaño, presiones sobre pobladores para convertirlos en aliados y amenazas contra potenciales informantes, concentrando nuevamente las amenazas en anuncios de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, en la cual ven un estorbo para sus planes de dominio, pues nuestra Comunidad no comparte ni de lejos sus perversos principios.

Es de público conocimiento, además, que en los alrededores de la base militar se ha establecido una caseta de fuerte consumo de licor en las noches, donde los paramilitares acuden armados. Es también preocupante el aumento de civiles armados que se movilizan por la carretera, multiplicándose la fuerza paramilitar ante la tolerancia absoluta de las instituciones.

Con nuestro saludo de Pascua, deseándoles felicidades, agradecemos nuevamente a las comunidades que desde tantos sitios del país y del mundo siguen manifestando su solidaridad fraterna con nuestra causa.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 6 de 2021

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Según el argumento de Cepeda, Diego Cadena habría manipulado testigos a favor de Santiago Uribe. Foto: Colprensa

Carlos Enrique Vélez, alias ‘Victor’ reiteró ante la Fiscalía cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho el abogado, a quien el ente investigativo llamó a juicio en el 2020 por estos mismos hechos.

 

El caso Uribe sigue generando controversia en el país. Después de que el pasado 18 de marzo El Espectador y Blu Radio revelaran partes del expediente completo que reposa en la Fiscalía sobre la investigación de falsos testigos, este sábado la cadena radial dio a conocer el testimonio de alias ‘Víctor’, un paramilitar condenado a 40 años de prisión.

Según lo informado, Vélez dice que Cadena le ofreció $200 millones de pesos, de los que habría alcanzado a recibir cerca de $50 millones, para declarar contra el senador Iván Cepeda y, así, beneficiar con su testimonio al expresidente.

Ante la Fiscalía, alias ‘Víctor’ explicó cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho Cadena, e incluso se molestó por tener que repetir su versión, ya que lo había hecho en otras ocasiones.

Blu Radio reveló que Diego Cadena visitó a alias ‘Víctor’ en junio de 2017 en la cárcel de Palmira y le ofreció $200 millones de pesos con dos propósitos: “uno, que declarara contra el senador Iván Cepeda y dos, que desmintiera a Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien ha declarado contra los hermanos Uribe. Alias ‘Víctor’ aceptó y firmó una carta que escribió Cadena”, señaló la emisora.

De igual forma, alias ‘Víctor’ agregó que la oferta no solo se la hicieron a él, sino también a otros exparamilitares que declararon en favor de Álvaro Uribe por medio de cartas gestionadas por Cadena, añadió ese medio.

Blu Radio publicó uno de los fragmentos de la declaración de Vélez, en ella se lee: ¿Usted firmó (la carta) de manera libre y voluntaria?”, le preguntó el fiscal a Vélez. “Claro –contestó él-, porque él me estaba ofreciendo”. “¿Cuánto le ofreció?”. “Como se lo dije anteriormente, $200 millones, no solo para mí si no para varias personas: lo que era alias Diana, Fosforito, varias personas, que le ayudaran a desmentir a Alberto (Guerrero)”.

El fiscal le preguntó “¿Ya le había pagado los $200 millones?”. “No, él no me dio toda esa plata”. “Entonces, ¿por qué le firmó la carta?”. Y ahí fue cuando Vélez dejó ver su molestia: “Última vez que contesto esas preguntas porque ya le he dado las mismas respuestas”.

Por último se supo que el exparamilitar le hizo a Cadena “un cronograma de las personas que le podían colaborar para desmentir a Alberto”.

Alias ‘Víctor’ agregó que Diego Cadena “lo que hizo fue manipular toda la información de la verdad de las reuniones que tuve con Iván Cepeda” y admitió que el entonces abogado del expresidente Uribe “me dio una carta a mí, yo le pasé esas consignaciones a la Corte (Suprema)”, aseguró Blu Radio.

Más adelante, en la declaración el exparamilitar señaló que alcanzó a recibir una parte del dinero que presuntamente le prometió Diego Cadena. La emisora aseguró que el entonces abogado de Uribe le consignó cerca de $50 millones y empezó a recibir los giros días después de esa primera visita en la cárcel.

Cabe resaltar que Diego Cadena ha manifestado en otras oportunidades que ese dinero no fue ningún soborno, sino que fue una “ayuda humanitaria”. Igualmente, ha indicado que fue por iniciativa suya y que el expresidente Uribe solo se enteró tiempo después.

El pasado jueves 18 de marzo, se reveló el expediente que tiene el despacho del fiscal Gabriel Jaimes y con el que buscará que un juez precluya la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. En ese folio de pruebas al que tuvo acceso El Espectador y Blu Radio, se destacó la declaración que entregó Diego Cadena, que ejerció como abogado de Uribe, ante la Fiscalía.

En la diligencia que se desarrolló el pasado 24 de febrero en la ciudad de Cali, Cadena acudió con su abogado Iván Cancino, para ser interrogado nuevamente sobre su papel en este proceso por supuesta manipulación de testigos ya que también está acusado.

En una parte del cuestionamiento el abogado Cancino se molestó con Cadena porque supuestamente no prestó atención a lo que le preguntaban y terminó contestando de manera equivocada una pregunta sobre los testigos del caso Uribe.

“Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando”, preguntó el fiscal, a lo que Cadena respondió que “sí”, el agente contrapreguntó: “de todo”, a lo que Cadena respondió que “de algunos”. De inmediato, su abogado se agita, se quita el tapabocas y le dice: “Escuchá la pregunta hombre” y se le ve muy molesto.

Cadena entonces repite: “¿Que si yo presenté a los testigos?”, y Cancino repite: “la pregunta es que si usted presentó a los testigos, escucha”. Finalmente, Cadena cambia su respuesta y dice que no.

La escena ya sembró dudas sobre la diligencia, ya que después de este percance, el fiscal y el procurador presentes en ese momento, le aconsejan a Cadena que consulte al abogado cuando tenga dudas. “No tendría ningún sentido que lo acompañe su abogado si no lo puede consultar”, dijo el fiscal.

Blu Radio presentó esta grabación junto a El Espectador, en la que Cadena además relató que su trabajo como abogado del exsenador Uribe consistía en verificar la información que le entregaba el político: “Que digan la verdad incluso si me perjudica, me decía Uribe, y utilizaba una frase: que le digan la verdad al país. Yo recopilaba la información y se la entregaba al doctor Uribe o a su exasesor Fabián Rojas [quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe mientras este estuvo en el Senado] para que le dieran el destino correspondiente”.

En otro aparte, Cadena volvió a responder de manera equivocada. “¿Se acordó la búsqueda de testigos?”, preguntó el fiscal. “Sí, correcto”, contestó Cadena, lo que hizo reaccionar nuevamente a Cancino: “Ojo a la pregunta, usted tiene que entender la literalidad: ¿se acordó buscar testigos, encontrarlos?”. “No”, dijo Cadena. “Le pido el favor que piense la pregunta antes de responder, el objetivo es esclarecer, pero lo menos que quiero es que usted (inaudible)”, le indicó el fiscal a Diego Cadena. El funcionario judicial insistió en la pregunta, y esta vez, Cadena contestó: “Me abstengo, simplemente le puedo decir que se estaba verificando información”.

Además de esta declaración, entre las pruebas que recolectó la Fiscalía para pedir la preclusión del caso contra el expresidente, según ambos medios de comunicación, el ente acusatorio no tuvo éxito en determinar o descubrir información valiosa en las sim cards decomisadas a Juan Guillermo Monsalve y con las que hablaba por teléfono desde la Cárcel la Picota.

20 de Marzo de 2021

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Cuerpos de jóvenes del pueblo colombiano Awá que fueron encontrados sin vida tras un mes desaparecidosFacebook @unidadindigenadelpuebloawa.unipa

Estas dos muertes se suman a otros 35 asesinatos durante la pandemia y ocho desaparecidos, según informa la comunidad afectada.

Una misión humanitaria del pueblo indígena Awá, de Colombia, informó sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos jóvenes de su comunidad, desaparecidos desde el pasado 16 de febrero.

A través de un comunicado, emitido este jueves, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) detalló que los jóvenes eran Miguel García Paí, de 23 años, y Álvaro Pascal García, de 18, de los resguardos indígenas El Gran Sábalo y Hojal - La Turbia, ambos en el departamento de Nariño, en el extremo suroeste de Colombia.

Los jóvenes, dice el texto, desaparecieron luego de salir de sus comunidades "en búsqueda de nuevas oportunidades laborales para el sostenimiento de sus familias".

La desaparición habría ocurrido en inmediaciones del corregimiento de Llorente y la vereda de Inda Sabaleta perteneciente al municipio de Tumaco, en Nariño.

El 10 de marzo, la Unipa y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá, al no tener noticias de su paradero, solicitaron a las autoridades competentes activar los protocolos de búsqueda, pero no obtuvieron respuesta. 

Ante ello, conformaron una misión humanitaria Awá, que el 16 de marzo salió en búsqueda de los jóvenes desaparecidos en el corregimiento de Llorente y la vereda de Inda Sabaleta. La acción arrancó a las 9:00 de la mañana de ese día, quienes participaron se metieron por trochas (caminos sinuosos); a las 18:00 encontraron el primer cadáver, el de Pascal, y una hora más tarde hallaron el de García.

"Al parecer, sus cuerpos tenían señales de tortura y estaban en estado descomposición", dice el comunicado, que indica que, al día siguiente, los cadáveres fueron llevados a la sede de Medicina Legal de Tumaco.

Asesinatos durante la pandemia

De acuerdo con la organización, estas dos muertes se suman a otros 35 asesinatos durante la pandemia y ocho desaparecidos. Al momento, cuatro indígenas Awá del resguardo Hojal - la Turbia se encuentran con paradero desconocido, tras perder su rastro el 30 de diciembre de 2020.

"Este hecho tiene consternado a nuestro pueblo Awá al ver la vulnerabilidad de nuestras familias Awá en especial nuestros niños, niñas y jóvenes, quienes no cuentan con ofertas de educación técnica o superior, ni tampoco con oportunidades laborales que les permita desarrollar un proyecto de vida en sus territorios", enfatiza Unipa.

La organización llama "a todos los actores del conflicto armado" de Colombia, "legales e ilegales", a que "respeten la vida" del pueblo Awá.

"En estas últimas tres décadas hemos insistido que la guerra que libran no es nuestra, somos un pueblo milenario que ha ocupado de manera respetuosa este territorio heredado por nuestros ancestros Sindagua, caracterizándonos por ser un pueblo solidario, pacífico y respetuoso de la diversidad cultural de esta región", enfatizan.

Publicado: 18 mar 2021 19:32 GMT

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