Una política de fronteras no puede ser construida sobre el chovinismo.

En la disputa fronteriza entre Colombia-Venezuela el blanco no puede ser el pueblo, el blanco es la estructura mafiosa fronteriza.

 

Es dolorosa la imagen repetida de colombianos expulsados de Venezuela, con miradas angustiadas y desesperanzadas, con sus corotos a cuestas. Los grandes medios colombianos dicen que parecen a los judíos bajo el régimen nazi, el gobierno venezolano dice que son base social del paramilitarismo. El chovinismo (nacionalismo cargado de odio) se expande en los dos países. Sin embargo una solución estable y duradera en este espacio social binacional, requiere poner fin a unas condiciones históricas y políticas impuestas por actores sociales que han generado la crisis social, económica y política fronteriza. Una mirada histórica puede ayudar a entender lo que está en juego.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros. Esta frontera empezó a delimitarse a partir de la tercera década del siglo XIX para establecer acuerdos diplomáticos sobre el territorio de los dos Estados nacientes que estaban por entonces inventando una nación y un territorio, para lo cual requerían ejercer control sobre una región y una población con lazos históricos y culturales existentes con anterioridad a la existencia de la convención fronteriza. Particularmente la zona fronteriza Táchira-Norte de Santander ha sido históricamente un espacio de intercambios sociales, culturales y políticos, anhelado por la población como zona de flujos y oportunidades, pero usado por poderes políticos y económicos, legales e ilegales como espacio de usufructo y enriquecimiento particular. La frontera es un bien común, o por lo menos a eso aspira el pueblo que habita en el territorio binacional.

La frontera y sus cierres

Sin embargo las fronteras has sido vistas históricamente con recelo y sospecha por parte de todos los Estados, y Colombia y Venezuela no han sido la excepción. A lo largo del siglo XIX el espacio fronterizo se convirtió en un mundo de intercambios económicos, y en zona de refugio de los perseguidos políticos de ambos países. La élite tachirense siempre vio a Colombia como una oportunidad para formar a sus hijos en los colegios y universidades de Pamplona, Bucaramanga y Tunja. Y los comerciantes colombianos de cacao y el café cultivado en el departamento de Santander, encontraron por décadas en el puerto de Maracaibo en Venezuela, la principal salida para sus exportaciones. Así desde finales de siglo XIX y hasta mediados del siglo XX Cúcuta y Maracaibo fueron polos de un pujante entramado económico y social que dinamizo la vida binacional. Este auge tuvo un primer declive con la gran depresión de 1929 y los efectos de la segunda guerra mundial, tiempo en que disminuyó la exportación del café del oriente colombiano.

Para regularizar los intercambios económicos y controlar la inquieta población binacional, que no quería ser enmarcada como exclusivamente de un estado-nación, los gobiernos de los países establecieron en 1942 el Estatuto del Régimen Fronterizo, un primer intento de regulación comercial y de control laboral de la población que a ambos lados de la frontera mantenía intercambios sociales, culturales, comerciales y laborales.

Empero, a la decadencia del café del oriente, se le sumó la ola migratoria de refugiados colombianos que huían de la represión estatal de los años 40 y 50. Además en 1953 se cerró el Puerto de Maracaibo para la exportación cafetera colombiana, quedado miles de braceros colombianos en el desempleo. Población flotante, desempleo e inseguridad llevaron a los dos Estados a buscar soluciones comunes, para esto firmaron en 1959 el Tratado de Tonchalá, en el marco del primer gobierno del Punto Fijo (pacto oligárquico venezolano) y del primer gobierno del Frente nacional (pacto oligárquico colombiano). El bloque oligárquico binacional aspiraba con este tratado a regular el libre tránsito de la población entre las ciudades de Cúcuta, San Antonio del Táchira y Urueña, para lo cual se propusieron censar a la población de cada país residente en el país vecino, legalizar su situación, y sobre todo regularizar la situación de los trabajadores agrícolas e industriales principalmente colombianos, que recibían mal tratos laborales y sociales por los empresarios venezolanos. En los años posteriores para conmemorar el tratado, los gobiernos de ambos países promovieron festivales de la integración nacional en Cúcuta y San Antonio, con reinados, corridas de toros, bailes populares y fiestas en los salones exclusivos de las dos ciudades.

Pero las efusivas expectativas de integración se fueron deteriorando poco a poco. En 1960 seguidores del dictador Pérez Jiménez fracasaron en un intento de golpe de Estado y buscaron refugio en la frontera con Cúcuta. Para combatirlos el gobierno venezolano Rómulo Betancur ordenó un primer cierre de la frontera en abril de 1960, lo que le permitió capturar a los militares golpistas. Este cierre afectó a la población de ambos países, cuya cotidianidad era hasta entonces transfronteriza.

A lo largo de la década de 1960 y al amparo del Tratado de Tonchalá, aparecieron bandas de contrabandistas de ganado colombiano hacia el Estado de Zulia, por lo que el 9 de julio de 1972, el presidente venezolano Rafael Caldera ordenó un nuevo cierre de la frontera de Táchira para combatir a la mafia contrabandista.

En la década de 1970 y 1980 se juntaron dos dinámicas sociales, de una parte el boom petrolero venezolano que atrajo a miles de colombianos pobres en busca de una imaginada tierra de promisión. Simultáneamente se inició el ciclo de la siembra y exportación de marihuana en el espacio fronterizo. Para combatir la oleada migratoria y el naciente narcotráfico, que ya había penetrado a sectores políticos y policiales de Norte de Santander y Táchira, desde caracas se ordenó el presidente Herrera Campins ordenó la persecución y deportación de miles de colombianos indocumentados. La más mencionada fue el diciembre negro de 1980, sobre la que incluso se han escrito narrativas y se han hecho telenovelas colombianas. Luego en diciembre de 1982 ese mismo gobierno cerró nuevamente la frontera, pero esta vez en la zona limítrofe con la Guajira, en los municipios de La Playa y Paraguachón, argumentando que más de 30 mil colombianos habían ingresado como turistas, pero en realidad habían ido en busca de trabajando, dejando en la pobreza a los "nativos" venezolanos.

La frontera y el conflicto armado colombiano

A este espacio binacional ya de por sí conflictivo se le agrega el conflicto armado colombiano reciente. Desde la década de 1980 se empezó a registra presencia de las guerrillas colombianas en la zona de frontera, y en la década de 1990 apareció la respuesta paramilitar, apoyada por empresarios, políticos y militares, con intereses en la zona de frontera y que buscaban beneficiarse de las medidas de Apertura Económica decreta en Colombia por el gobernó neoliberal de César Gaviria Trujillo en 1991. Este proyecto neoliberal fronterizo acudió a la creación del Bloque Fronteras y del Bloque Catatumbo de los paramilitares colombianos, cuya presencia generó en la región una de las versiones más salvajes del capitalismo: libre comercio, desempleo, contrabando, prostitución, mafia de la gasolina, segregación espacial en la ciudad de Cúcuta: barrios de desplazados y barrios de los estratos más altos de la región, que sin ningún reparo ostentan su modo de vida ante la miseria de la mayoría. Defender este orden económico exigió la vía paramilitar y sus manifestaciones sociales, culturales, urbanas y políticas.

Al comenzar el siglo XXI la frontera va a ser objeto de nuevos conflictos. En Colombia se instaló un gobierno de ultraderecha y en Venezuela un gobierno de izquierda. Ambos proyectos políticos miraron con sospecha lo que sucede en ese espacio binacional. La desmovilización del bloque Catatumbo y el Bloque Fronteras en 2005, dio paso al surgimiento de nuevos grupos paramilitares, que operan en ambos países: urabeños, águilas negras, rastrojos. El gobierno venezolano tanto de Chávez como de Nicolás Maduro insistió en que estos grupos aprovechaban el marco del Tratado de Tonchalá, para asentarse en la región y establecer relaciones económicas y políticas con la oposición venezolana, que ha tenido uno de sus fortines políticos en el Táchira. Igualmente el gobierno de Uribe Vélez reclamó permanentemente a Venezuela que protegía campamentos de la guerrilla colombiana. Esta situación estuvo a punto de estallar como un conflicto mayor a lo largo de la primera década del siglo XXI.

El inició de las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, distencionó inicialmente el conflicto fronterizo. No obstante el crecimiento mafioso del contrabando, la gasolina y el narcotráfico en manos de los Rastrojos y los Urabeños, sus continuos enfrentamientos, la perpetración de masacres asociadas al control de población de los municipios del se ha convertido en un nuevo elemento de tensión entre los dos países. Lo cierto es que ni las autoridades nacionales colombianas y de Norte de Santander han querido atender las reclamaciones venezolanas, tampoco el gobierno del Tachira, opuesto a Maduro ha buscado medidas para controlar la delincuencia. No gratuitamente Chávez en su tiempo denunciaba a la policía de Táchira, como bastión del paramilitarismo colombiano.

Un nuevo tratado binacional es urgente

La reciente crisis se genera en un contexto altamente complejo. Crisis económica en Venezuela, inestabilidad política del proyecto bolivariano, incremento de la mafia paramilitar, nexos entre mafias y políticos de oposición y próximas elecciones territoriales en Diciembre de 2015 en Venezuela. La decisión de Maduro de imponer un estado de excepción en la zona de frontera y las medidas contra los colombianos, la destrucción de sus propiedades, la deportación violente es desesperada y arbitraria, no es para nada justificable, pero se entiende en ese entramado de un conflicto fronterizo de larga data, desatendida por los Estados de los dos países y enmarcada en un tratado binacional a todas luces obsoleto. Las apelaciones al chovinismo en ambos países no contribuye a comprender lo que está en juego, el blanco no puede ser la población colombiana, el responsable de esta situación es la presencia mafiosa del paramilitarismo y sus vínculos con las autoridades políticas y líderes empresariales de Cúcuta y San Cristóbal. No sirve de nada el chovinismo al que apela el uribismo, la gran prensa y los políticos. Es urgente un nuevo tratado que se entronque en una apuesta de respeto a los derechos transfronterizos del pueblo, a la soberanía nacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos y a la solidaridad e integración entre países hermanos

 

Por Frank Molano Camargo
Historiador y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

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Venezuela decreta estado de excepción en frontera con Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este viernes estado de excepción constitucional en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia, del estado Táchira (oeste), todos ubicados en la frontera con Colombia, durante 60 días.


"Hemos decidido combatir todas las formas de paramilitarismo en el país", dijo al tiempo que llamó al pueblo a trabajar unido contra las conspiraciones de la derecha.


Asimismo, el presidente venezolano decidió prolongar por más de 72 horas el cierre de la frontera con Colombia "hasta nuevo aviso, hasta que regularicemos nuestra vida económica y social, hasta que capturemos a los asesinos; mantendremos cerrada la frontera".


El mandatario venezolano instó a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos ha colaborar con la paz en la frontera. En este sentido, recordó que su país ha contribuido con el proceso de paz de la nación vecina.


"Nunca hemos dicho nada de todo lo que hemos hecho por el proceso de paz en Colombia, tengo de los mejores cuadros diplomáticos dedicados a ayudar todos los días", dijo el presidente Maduro, motivo por el cual pidió a Santos hacer lo mismo en la lucha que se emprende en la frontera.


¿Qué significa un estado de excepción?


El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, será el encargado de supervisar el estado de excepción, por lo que aseguró que defenderá la paz y la estabilidad junto con las fuerzas de seguridad y el pueblo. Asimismo, indicó que fortalecerá los lazos de amistad entre ambas naciones, pero desde el marco del respeto y sin tolerar el abuso. "Pedimos respeto al territorio venezolano", destacó.


En un contacto telefónico con teleSUR, Vielma Mora enfatizó que el decreto de estado de excepción no significa la suspensión de las garantías. Con esta medida se busca garantizar la distribución de alimentos y de insumos médicos, así como el acceso a la educación y a la salud.


De igual modo, resaltó que con esta medida prohíbe la tortura y se garantizan los derechos humanos

.

Vínculos de la derecha y Álvaro Uribe con el paramilitarismo


Más temprano, el mandatario venezolano reiteró la denuncia contra los planes paramilitares promovidos por la derecha de su país y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Veléz.


Durante una reunión del puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno), el jefe de Estado condenó las acciones de Uribe para desestabilizar la paz en Venezuela. "El señor Uribe sigue conspirando contra el pueblo de Bolívar y Chávez", añadió.


Dio a conocer que en los últimos siete meses han ingresado 121 mil colombianos a Venezuela. "Los colombianos consiguen en Venezuela, tranquilidad y estabilidad", dijo Maduro en respuesta a los señalamientos de Uribe en su contra.


Sostuvo que el tema de la migración de colombianos hacia Venezuela es un punto álgido que se debe tratar a la brevedad posible.


Saludó los resultados obtenidos tras la instalación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). "Seguiremos trabajando por la paz y la seguridad del pueblo venezolano", añadió al tiempo que reconoció las acciones emprendidas por las comunidades organizadas del país.


Luego que el presidente Maduro anunciara el cierre por 72 horas de la frontera de su país con Colombia en San Antonio del Táchira y Ureña (oeste) sectores de la ultraderecha comenzaron a conspirar contra las políticas promovidas por el Gobierno Revolucionario.


(Con información de Telesur)

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Martes, 23 Junio 2015 11:41

¿Sólo coincidencias?*

En junio de 2014, la organización Pax1 publicó un informe que mostraba las relaciones entre el frente paramilitar "Juan Álvarez", con las multinacionales mineras Drummond Ltd. y Prodeco (subsidiaria de Glencore Plc) en el departamento del Cesar, entre los años 1999 y 2005. Estas relaciones implicaron el desplazamiento forzado de cientos de familias, la apropiación de tierras en beneficio de la explotación minera, el desmantelamiento del movimiento social opuesto a la empresa y el debilitamiento del sindicato que exigía mejores condiciones laborales. A pesar de la contundencia de las pruebas recolectadas, Drummond negó todas las acusaciones.

 

Movimientos sociales y organizaciones2 señalan de manera insistente que el paramilitarismo no sólo fue creado como una estrategia contrainsurgente; también, en muchos otros casos y regiones del país, posibilitó la rápida acumulación de tierras y de recursos naturales por parte de grupos económicos con el ejercicio sistemático de la violencia. Oficialmente se reconoce el despojo de 6,7 millones de hectáreas, en el marco del desplazamiento de por lo menos 5 millones de personas. Todo esto se relaciona con la ejecución de fuertes inversiones de capital en muchas regiones del país que tienen aún las heridas abiertas de una violencia desgarradora.

 

Hay coincidencias, por ejemplo, entre las actividades mineras de una de las empresas más notorias del sector de la gran minería como es AngloGold Ashanti (AGA) y el accionar criminal del grupo paramilitar conocido como Bloque Central Bolívar (BCB). En el año 2012, el Centro Toledo para la Paz, en su informe Grupos Armados e Industria Extractiva, señalaba la responsabilidad de la AGA en una zona duramente golpeada por el paramilitarismo –como lo ha sido el Sur de Bolívar3–, lo que permite afirmar que ya existen graves indicios contra la empresa.

 

Las razones de hacer énfasis en el seguimiento a la empresa AGA son significativas. La empresa acumula de manera directa o indirecta la mayor cantidad de títulos, operaciones y proyectos de minería de oro a cielo abierto en el país4, es la única con la capacidad técnica, económica y política para jalonar un proyecto minero de oro de grandes proporciones y, de hecho, tiene dos a punto de iniciar la fase de construcción de infraestructura para extracción (Gramalote y La Colosa). Es una de las empresas que operaba durante la ofensiva paramilitar en muy diversas regiones del país, y la que claramente expandió su presencia en el país con títulos y operaciones una vez llevada a cabo la ofensiva paramilitar en el año 2006, después de la aparente desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

 

 

 

La AGA es la segunda multinacional minera de oro en el mundo, su sede se encuentra en Sudáfrica. En Colombia ha realizado durante por lo menos doce años actividades de exploración, priorizando cerca de ocho proyectos, dos de los cuales se encuentran en fase de factibilidad5. Esta empresa se encuentra amparada por una legislación favorable y cuenta con el apoyo de la acción estatal. La empresa es la más sobresaliente de varios grupos empresariales que intercambian información, títulos, acciones y operan sistemáticamente en labores de exploración en el país, lo que se ha denominado como cartel de la minería del oro en Colombia6. La empresa tiene graves antecedentes en sus operaciones en el continente africano, que pasa por la financiación de grupos paramilitares en la República Democrática del Congo hasta demandas millonarias por enfermedades laborales de cientos de miles de sus trabajadores. La consideran como una de las peores empresas multinacionales del mundo por la contaminación tóxica en los ríos de Ghana, África7. En enero de 2015 el senador Iván Cepeda hizo públicos varios contratos del ejército colombiano con empresas extractivas8, entre ellos un contrato por 2,8 billones de pesos con AGA. La empresa nunca se pronunció ni explicó nada al respecto.

 

Los proyectos de AGA antes del 2006

 

De acuerdo al Reporte a la Sociedad de AGA del 2005, ésta empezó sus operaciones en Colombia en el año 1999, e inició actividades sistemáticas de exploración de campo en el año 2003. En el informe de exploración del 2005, la empresa ya anunciaba seis proyectos en los que estaba realizando exploración sistemática regional9. En los informes de exploración de AGA no se encuentra información clara sobre los proyectos, especialmente desde antes del año 2006. Sólo se nombran o comentan de manera tangencial, en varios casos sólo brindan el nombre del proyecto pero no su ubicación ni nada que lo referencie.

 

Para la identificación de los proyectos de AGA antes del 2006 se usaron los informes trimestrales de exploración y de los informes de Reporte a la Sociedad de AGA –todos en inglés–, contrastados con información técnica de empresas mineras exploradoras, la base de datos Noche y Niebla del Cinep, y revisión de prensa. Inicialmente fueron identificados siete proyectos, cuatro de ellos concentrados en el Sur de Bolívar alrededor de lo que es conocido como la Serranía de San Lucas, región sobre la cual la empresa niega su interés, pese a lo cual conserva títulos en la misma.

 

Entre el 1999 y 2006, la empresa tuvo tres prioridades claramente establecidas, que coincidían en realizar exploraciones en inmediaciones de minas que fueron productivas. Como en el caso de La Colosa, en las inmediaciones de la montaña conocida como La Mina –Cajamarca, Tolima– o alrededor de la mina Miraflores –Quinchía. Risaralda–. La empresa concentró sus esfuerzos en la exploración de la serranía de San Lucas entre los años estudiados. Por el norte de la Serranía, en las inmediaciones del municipio Barranco de Loba, en el lugar conocido como Santa Cruz; en el municipio de Norosí, al noroccidente de la serranía, en el corregimiento de Buena Seña; hacia el noroccidente, en el municipio de Nechí, en asocio con Mineros SA; y de acuerdo a testimonios de comunidades locales, al occidente, en el municipio de Simití, en el corregimiento de Monterrey y San Blas.

 

En todos estos casos, la empresa actuó en zonas claramente controladas por el BCB. La Serranía de San Lucas fue el lugar donde este bloque concentró sus actividades. En Quinchía, Risaralda, también estuvo operando el frente del BCB conocido como Cacique Pipintá, mientras que en Cajamarca, Tolima, no estuvo presente el BCB, pero si ocurrió una masacre que lo vinculó indirectamente (ver artículo completo).

 

 

Perspectivas de las coincidencias observadas

 

El Centro Toledo para la Paz, en su investigación sobre industria extractiva y derechos humanos en Colombia, concluye que "si bien la mayoría de las empresas dedicadas a la extracción minera o de hidrocarburos resulta beneficiada sin preverlo por ciertas dinámicas del conflicto armado, otras lo hacen de manera más consciente"10. En las gigantescas proporciones de las víctimas y tierras despojadas durante la ofensiva paramilitar, sin duda se presentaron innumerables casos y móviles que beneficiaron directa o indirectamente a empresas extractivas, no sólo mineras.

 

En los reportes técnicos y financieros realizados por AGA, se encuentra que existieron varios municipios y regiones en las que estuvo presente antes del 2007 –año en el que hicieron pública su presencia en el país–. Del análisis del contexto de derechos humanos y la presencia del BCB, es posible afirmar lo siguiente:

 

1. Entre 2003 y 2005, en todos los proyectos operados en Colombia por AGA, que aparecen en sus informes técnicos, la empresa operó de manera secreta en municipios también controlados por el grupo paramilitar conocido como BCB.
2. Los proyectos en los que operó la empresa y que eran controlados también por el BCB, se encuentran claramente distanciados por largos trayectos, en departamentos diferentes (Antioquia, Tolima, Bolívar, Risaralda), y contextos políticos y militares disímiles, en los que no había otro elemento en común que el interés minero de AGA.
3. De acuerdo a la información disponible11, no era posible realizar actividades económicas o productivas de envergadura en una zona controlada por el paramilitarismo sin que existieran acuerdos con éstos. Es posible plantear la hipótesis, de que existió un acuerdo de operación entre AGA y el CB, planteamiento reforzado por la enorme diferencia de los casos, por las similitudes temporales, por los señalamientos de comunidades y organizaciones en diferentes regiones, por las coincidencias espaciales en las operaciones, y el carácter secreto de las operaciones de AGA.
4. No existen pruebas que permitan afirmar el vínculo directo de la multinacional minera con el bloque paramilitar. Sin embargo, los hechos documentados hasta ahora permiten exigir a las autoridades de justicia el pronto esclarecimiento del papel de AGA, que operaba de manera secreta en regiones, en momentos que sus pobladores padecieron duramente la violencia paramilitar.
5. Un año después de la aparente desmovilización del BCB, AGA empezó a adquirir masivamente títulos mineros en zonas en las que, aparentemente, estuvo involucrada en exploraciones. La empresa minera acumula en títulos localizados en regiones que han sido controladas por el BCB. Varios de estos títulos, en particular los del caso de Quinchía, Risaralda, fueron cedidos a empresas con las que ha tenido vínculos operativos.
6. El cuestionamiento a AGA no es el primer caso de vinculación entre paramilitares y empresas multinacionales mineras. Como se comentó al inicio de este artículo, ya existen vínculos demostrados entre Drummond y Prodeco con el frente Juan Andrés Álvarez en el centro del Cesar. También AGA tiene antecedentes de relaciones con vínculos paramilitares en la República Democrática del Congo, con señalamientos en Colombia, por centros de investigación y reconocidas organizaciones sociales, por haberse beneficiado –directa o indirectamente– por la violencia ejercida en varias regiones del país.
7. También es necesario señalar que, a pesar de haber operado en zonas de control paramilitar del BCB en las que habían violaciones generalizadas a los derechos humanos, esta multinacional nunca se pronunció, ni se retiró de tales zonas, como lo predican sus códigos de conducta. Es posible pensar, incluso, que sus actividades mineras significaron un factor de empeoramiento de la situación de derechos humanos en las zonas en que estuvo presente.

Junio de 2015

 

 


 

 

* El artículo completo puede ser consultado en: www.cedins.org
1 Marianne Moor y Joris Van de Sandt, El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la Zona Minera del Cesar, Colombia. . PAX, Los Países Bajos, junio, 2014.
2 Sentencia final del Tribunal Permanente de Los Pueblos. Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia. 2006-2008. 21-23 de julio, Bogotá, Colombia. Secretaría General. Fondazione Basso. Roma. Italia.
3 "Es posible afirmar que parece existir cierta responsabilidad de la empresa, de momento por omisión en presuntos hechos de desplazamientos forzados generados como consecuencia de muertes y amenazas contra líderes mineros en zonas de influencia de AngloGold Ashanti en varias de sus áreas de influencia en el Sur de Bolívar". En: Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. CITPax Colombia y Observatorio Internacional de Justicia y Paz. V Informe. 2012.
4 La Colosa. Una muerte anunciada, Colombia Solidarity Campaign. 2013.
5 AngloGold Ashanti. Delivering Sustainable Value. Sep 2012. www.anglogold.com/NR/rdonlyres/BFE16A4A-0D31-4066-9D40-9EA2157EB1CF/0/MarkCutifaniatthe2012Denver-GoldForum.pdf
6 Alejo Pulido, "Las preguntas detrás de Anglogold Ashanti". La silla vacía. 30 de junio de 2011.
7 Ver: La Colosa. Una muerte..., op. cit.
8 Cuestionan seguridad Estatal a Drummond y otras transnacionales. El Espectador. 8 de enero de 2015.
9 "Regional systematic exploration continued in six areas in Colombia. Further target definition". AngloGold Ashanti exploration report. Q3 2005.
10 Frédéric Massé y Johanna Camargo, Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. V Informe 2012. . CITpax Colombia y Observatorio Internacional DDR-Ley de Justicia y Paz. 2012.
11 "Los tentáculos de Bloque Central Bolívar". Verdad abierta. Verdadabierta.com

 

Publicado enEdición Nº 214
La era santista: nueva masacre indígena en el Norte del Cauca

De manera hipócrita el señor Santos exige hechos de paz desconociendo olímpicamente los 4 meses históricos de tregua unilateral determinada por las Farc desde diciembre del 2014 con resultados contundentes en la superación de la violencia política nacional. Nunca en la historia del conflicto social y político había ocurrido un hecho de tales dimensiones políticas y militares. Eso le importa un bledo a este tipo.

Se rasga las vestiduras este capitán de la oligarquía proclamando el agotamiento de su falsa paciencia aristocrática.

Paciencia?. Paciencia la que ha tenido el pueblo colombiano durante siglos y décadas con su sangriento y putrefacto régimen de poder.

Con paciencia y silencio tiene que soportar la mayoría popular el imperio de un régimen social y político antidemocrático y explotador. Régimen que utiliza el crimen, la masacre, el atropello y la mentira para mantener su dominio hegemónico.

No es un invento nuestro. La camarilla oligárquica colombiana impera con la masacre y el desplazamiento de millones de colombianos. Miles de masacres de inermes campesinos e indígenas han sido la nota permanente en las últimas décadas, después de expedida la famosa Constitución del 91, para lo cual se organizó una infraestructura paramilitar adiestrada en batallones y brigadas militares. Los paramilitares en Colombia son hechura directa de generales, coroneles, capitanes y oficiales de los aparatos armados, por supuesto, de políticos fascistas como Uribe Vélez. Miles de presos de origen militar y parapolitico lo confirman con amplias y sustentadas investigaciones judiciales.

Son esos grupos anticomunistas de terror y sangre los autores de una nueva masacre de humildes indígenas en el Norte del Cauca [1], región afectada por el dominio de una feroz oligarquía cañera y agroexportadora, que aliada con la Tercera Brigada[2] y otras compañías bélicas, han impuesto un sistema dictatorial en la zona.

Así que en plena era santista de Prosperidad social y felicidad neoliberal ha ocurrido otra masacre de indígenas. Misma que es ignorada por los grandes medios de comunicación y que no merece el más mínimo comentario de las eminencias politologicas defensoras de la democracia de papel vigente en el Estado.

En efecto, los asesinatos se dieron desde el 14 de abril del 2015, en jurisdicción de los municipios de Suárez [3] y Buenos Aires[4], según las comunidades.

Comandos paramilitares organizados por las brigadas militares han asesinado a seis indígenas en dos hechos perpetrados en zonas rurales del norte del Cauca, en la misma región donde esta semana murieron 11 militares a manos de guerrilleros de la resistencia revolucionaria campesina.


Según Héctor Fabio Dicué, dirigente indígena de la región, los crímenes se produjeron entre los municipios de Suárez y Buenos Aires.

Tres de los indígenas fueron sacados violentamente por los paramilitares de sus viviendas de la vereda Cerro Tijeras, en jurisdicción de Suárez y los otros tres en la vereda La Esperanza, de Buenos Aires.

En la zona se han registrado otros dos indígenas desaparecidos.

Entre las víctimas, que habían sido llevados por desconocidos en varios carros paramilitares, hay cinco miembros de una misma familia. El caso ocurrió en una zona aledaña donde se han dado los combates entre las Farc y el ejército. Evidentemente se trata de una retaliación oficial.

Hombres armados identificados como paras, raptaron y asesinaron con disparos en la cabeza a cinco miembros de una familia indígena.

El sitio exacto de la masacre paramilitar de la familia indígena se conoce como el resguardo Cerro Tijeras [5], una comunidad asentada en la vereda Agua Bonita, del corregimiento Los Robles, zona rural de Suárez. En las montañas de ese municipio fue asesinado cobarde y traicioneramente por Santos, en medio de diálogos y conversaciones para iniciar la paz, en 2011, el comandante guerrillero Alfonso Cano.

Según informaron las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin [6], la masacre se cometió sistemáticamente y con sevicia en dos días y solo hasta este viernes 17 de abril fueron hallados por las autoridades indígenas, los últimos dos cadáveres en un paraje de la zona.

Las víctimas de ese fatal hecho de sangre han sido identificados fueron identificadas como los hermanos Berney y Wilson Trochez; Cristian David Trochez, Belisario Trochez Ordoñez y Mario Germán Valencia Vallejo.

Según explicaron los consejeros de Acin quienes a través de la guardia indígena llegaron a la zona, el crimen fue perpetrado en dos tandas. El martes 14 de abril a las 9:00 a. m. hombres armados se llevaron por la fuerza a los hermanos Berney y Wilson y al día siguiente (miércoles 15 de abril) los paramilitares madrugaron a las 5:30 a. m. para raptar a los tres restantes (Cristian, Belisario y Mario Germán).

Según versiones de moradores del resguardo, "personas desconocidas vestidas como militares y portando armas de largo alcance, los sacaron de manera violenta de su casa (...), quienes posteriormente fueron subidos a dos camionetas que partieron con rumbo desconocido".

El segundo grupo de secuestrados fue el primero en ser hallado sin vida, "siendo aproximadamente las 3:30 p. m., vecinos del lugar informaron la presencia de tres cuerpos abandonados a orillas de la carretera en la vereda Guadualito. Al momento de ser encontrados los comuneros presentabas impactos de bala en la cabeza", dice un documento de Acin.

El consejero indígena ha dicho que en la zona es muy común la presencia de grupos paramilitares, al igual que la fuerza pública que los protege. Santos ha anunciado una ofensiva militar y estos son sus resultados.

Quiere decir que la guerra seguirá su curso por otros 100 años, ignorando lo ocurrido en la Cumbre de Panamá, en que Obama reconoció sus errores y atropellos contra Cuba revolucionaria y socialista. La oligarquía colombiana sigue en la misma guerra anticomunista de los últimos 60 años.

Estamos en una nueva era de violencia liberal y neoliberal para proteger los intereses de la plutocracia dominante.

La única manera de parar toda esta arremetida reaccionaria es con la movilización y lucha del pueblo colombiano por la paz y la justicia. En ese sentido, desde el próximo 22 de abril 2015, se realizaran huelgas, protestas y acciones populares de educadores, trabajadores de las minas de carbón, trabajadores petroleros, indígenas del Cauca, empleados estatales y otros grupos sociales, que exigen la negociación de sus derechos y la suspensión del Plan Nacional de Desarrollo cuyas medidas ahondan la crisis social del país. Que exigen la paz con democracia ampliada y justicia social.

Toda esta violencia santista, obviamente, tendrá sus consecuencias en el incremento de la resistencia campesina revolucionaria.

No más violencia liberal santista. Llegó la hora de acabar con este régimen de sangre y dolor.

[1] La Provincia del Norte es una de las cinco regiones que se subdivide el departamento colombiano del Cauca; está conformada por los siguientes municipios: Buenos Aires Caloto Corinto Guachené Miranda Padilla Puerto Tejada Santander de Quilichao.

[2] La Tercera Brigada, adscrita a la Tercera División del Ejército, tiene sede en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y fue creada mediante Disposición No. 0004/2005, cubriendo operacionalmente municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y siete municipios del Norte del Cauca (http://bit.ly/1HjaOiD).

[3] Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1G5NUfX

[4] Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1Oqq1yK

[5] Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1G49Lla

[6] Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1b7HE9L

Publicado enColombia
Ilustraciones:  Justin Van Genderen Artista gráfico Técnica: video, fotografía,  diseño minimalista http://www.advancedphotoshop.co.uk/user/JustinVG/1
 

Para Ediciones desde abajo

 

Cordial saludo.

 

Mi nombre es Eusebio Santa Cruz. Fui el abogado del doctor Augusto Trujillo Botero quien falleció de un fulminante ataque cardiaco el 24 de septiembre de 2005. En su portátil encontré un archivo etiquetado irónicamente: “El cuento del doctor Trujillo”. Hoy en Colombia cuando comienza a existir la voluntad de conocer la génesis del conflicto armado, sus cambios y vicisitudes, este testimonio es un documento que contribuye a esa tarea. Sugiero el siguiente título: “Colombia la estrella que falta en la bandera de Estados Unidos”. El lector captará el sentido del título en el curso de la lectura. A ese respecto simplemente afirmo que el doctor Trujillo fue especialmente lúcido en la valoración del alcance que iba a tener para nuestra política el acontecimiento del 11 de septiembre de 2001. Espero que ustedes publiquen este valioso testimonio.

 

Atentamente

 

Eusebio Santa Cruz

 

Cédula: 23.456.712

 

 

El enfermero diagnosticó: la herida está fea pero no parece grave. Yo esperaba el atentado pero creí que nunca lo ejecutarían. Lo que me sucedió lo he rumiado una y otra vez y por eso puedo contarlo con cierta nitidez.


Todo comenzó cuando me encarcelaron. Estudié derecho, me sedujo la misión trascendental del jurista y especialmente los ritos de autoridad que acompañan los actos en donde el profesional del derecho pone en juego las majestuosas decisiones de la justicia. La práctica del derecho fue una experiencia poco sublime. Se trataba de resolver el dilema de quebrantar la ley sin padecer la carga de la pena. Me enriquecí defendiendo a la mafia y pensé que la ley nunca me caería encima. Sin embargo, no siempre es posible controlar los negocios. En el narcotráfico se mueve mucho billete y son inevitables fechorías leves y graves.


Las consecuencias se van acumulando y quedan como congeladas en el olvido pero de repente nos cae todo el peso de lo hecho y comienza entonces la tarea de tapar e impedir a toda costa que la ley nos atrape. Esa era ya mi situación y la del cartel cuando resultó el gran negocio de elegir un presidente de nuestra entera confianza.


Muchos políticos locales y regionales fueron fichas nuestras pero elegir un presidente nunca pasó por nuestras cabezas. Lo imposible sucedió. En diciembre de 1994 nos llegó un pedido clandestino de recursos de última hora para inclinar la balanza a favor de uno de los candidatos.


En las elecciones los 'hermanos' Escobar Gacha siempre ayudaron financieramente las campañas de los candidatos con opción de ganar la presidencia. Pero esas ayudas no alcanzaban a generar compromisos de gobierno. En esta ocasión el asunto era totalmente distinto.


Yo fui de los más entusiastas con esta oportunidad como caída de la mano de dios. Tener un presidente agradecido por el favorcito, nos garantizaba seguridad jurídica y poder para borrar las consecuencias de nuestros delitos leves y graves. El acto de clausura de nuestra delirante empresa fue el pacto de palabra que celebramos en el restaurante La Mezquita en Madrid con el jefe de finanzas de la campaña ocho días antes de las elecciones.


Se dice que la ambición rompe el saco y así fue. Un negocio de esa magnitud se vuelve inmanejable; se involucra demasiada gente. Eso nos pasó: hasta la DEA se enteró. Quedamos entrampados en un delito electoral que al final obligó al presidente a llevarnos a la cárcel. La decisión que tomaron los 'hermanos' Escobar Gacha fue la de negar de modo rotundo la financiación y mantener desde la cárcel una posición negociadora con el presidente.


Yo caí en una redada general que hizo la policía y el ejército. Todavía no me acostumbraba a la celda cuando hubo un alboroto en el patio donde estamos los presos que pagamos las comodidades necesarias para que la cárcel sea una pena simulada.


El Escorpión gritaba: ¡detuvieron a Salinas!


Yo estaba conversando con el mayor de los 'hermanos' Escobar Gacha. Me preguntó a quemarropa: ¿doctor Trujillo, usted qué creé que va a pasar?
Le dije sin vacilar: nada, señor.


Pues yo espero lo peor. El doctor Salinas nunca se comprometió del todo con nosotros. Ese hombre cuenta lo que sabe.


Hablamos sobre la situación política. Bueno realmente él no hablaba, yo hablaba sin parar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ya no podía rumiar con tranquilidad las justificaciones de la traición que estaba armando. Cálmate, me decía, es necesario no perder los estribos: ¡a lo mejor Salinas no confiesa!
Mientras yo seguía con mi bla bla bla un guardián se le acercó respetuoso y le susurró algo al oído.


Está en la Fiscalía contando todo, me dijo.


No puede ser, respondí sin convicción.


Se fija, doctor, y usted aquí echándome el cuento de que no iba a pasar nada.

 


Las versiones de lo sucedido eran totalmente incoherentes. ¿Qué Salinas no estaba en la Fiscalía sino en el Departamento Administrativo de Seguridad? ¿Qué el abogado de Salinas era amigo del ministro del interior y estaban asistiéndolo para que no la embarrara? ¿Qué no era cierto, que Salinas había pedido un abogado de oficio porque ya no confiaba en el Presidente, ni en el ministro y estaba decidido a cantar?


En los periódicos que tengo el costoso privilegio de recibir a primera hora, la detención de Salinas era noticia de primera página. "Salinas prendió el ventilador", tituló El Heraldo. "Acusa Salinas", decía El Espectador. "Salinas se destapa" puso, El Tiempo. Hacia las 6 p.m de ese día, llegó Salinas a nuestro patio.


Al otro día me reuní con los hermanos Escobar Gacha y sus más cercanos colaboradores: Bernal y Herrera. Se trataba de tomar una decisión frente a la confesión de Salinas. Lo sorprendente de la situación era tener ahí, en las manos de los Escobar, la indagatoria completa de Salinas. El mayor dirigió formalmente la reunión pero quien orientó la discusión fue Alfonso.


¡Oigan esto!, dijo. Leyó apartes del expediente en los que Salinas declaraba: mi familia nunca tuvo problemas económicos. Mi madre heredó tierras muy fértiles. Puedo decir que soy una persona de bien. Nunca he tenido enredos con la justicia y tengo amigos en las más altas esferas de la vida social. Los expresidentes Romero, Ayala, y Rico pueden dar fe de mi honorabilidad. Yo no pertenezco a las clases humildes de la sociedad, no me pueden considerar un criminal cualquiera. Alfonso siguió leyendo con tono monótono apartes de la confesión en donde Salinas detallaba la llegada de la plata a la campaña del presidente, su monto y el modo como se distribuyó el dinero entre los dirigentes del partido.


Al terminar nos miró y comentó: ¿Qué tal el angelito? y agregó: la confesión de Salinas no tiene sino dos puntos preocupantes. El primero tiene que ver con el pacto de la Mezquita en Madrid. Ese temita le queda muy difícil comprobarlo, dice que se lo escuchó al periodista Jaime Peláez. Simplemente negamos la existencia de tal acuerdo.

 


El segundo punto, dijo, es el central: nuestro aporte a la campaña presidencial. En ese asunto mantenemos nuestro punto de vista. Somos empresarios y con nuestro dinero hacemos lo que estimamos conveniente. Sobre los chismes y las especulaciones debemos mantener silencio como siempre lo hemos hecho.


¿Qué piensa doctor Trujillo?


Su interpelación me tomó de sorpresa. Estaba pensando en cómo diablos habían obtenido el expediente; quise preguntar cómo lo habían hecho pero no fui capaz. Respondí simplemente: estoy de acuerdo con usted, señor.


Herrera molesto, gritó: yo creo que ese tipo no debe hablar más.


El mayor de los Escobar Gacha mirando hacia el vacío respondió: lo de Salinas es grave pero controlable.


Herrera no pudo contenerse e insistió: hay que darle, eso no se puede quedar así.


No vale la pena, le replicó. Finalmente dijo: nosotros somos gente responsable, no una banda terrorista.


Herrera se calló y Bernal comenzó una conversación sobre el mundial de fútbol. En ese momento sentí que Herrera tenía razón y quise fervientemente que a Salinas le dieran un tiro en la nuca.


Esa reunión me dejó exhausto. Los días siguientes fueron de calma chicha.


De Salinas me sorprendió la fácil manera que tenía de hablar con las personas a pesar del deterioro físico que estaba sufriendo. Salinas perdía el conocimiento con frecuencia y estuvo en cuidados intensivos en dos ocasiones. La cárcel le había agravado un viejo problema renal.


Un día Salinas como si fuera a vivir mil años, me tomó del brazo y me dijo: doctor Trujillo le salí adelante, ya terminé mi libro. ¿Entiendo que usted también está escribiendo algo para publicar? Sin esperar respuesta dijo: mi libro se llamará "La Verdad de las Mentiras". Está por salir y yo también. Mi abogado consiguió que me dieran la casa por cárcel debido a la enfermedad. Espero que lo lea.


Con gusto, fue lo único que acerté a decir.

 


La rutina de la cárcel me estaba atontando cuando reventó lo inesperado: Bernal y Herrera se fugaron. El asunto debió suceder a la hora del desayuno. La operación fue perfecta. Los dos salieron escondidos en los tarros de la basura. Entonces comprendí el sentido de una serie de detalles. Un día Bernal me preguntó qué pensaba de la caída del presidente y de cómo eso afectaría la política de extradición. No quise contestarle. Yo ya tenía claras hipótesis acerca de la nueva situación desencadenada por la confesión de Salinas pero a Bernal nunca le hubiera comentado nada. Ese hombre sólo hablaba de fútbol. Me pareció sospechoso su interés en el tema.


La situación de Herrera era distinta. Herrera estaba totalmente convencido de la caída del Presidente. No mandó a matar a Salinas porque los 'hermanos' Escobar Gacha lo amenazaron. Siempre decía, nos jodimos, más temprano que tarde vamos a ir a parar a una cárcel gringa y yo no me mamo eso.


Lo de Herrera y Bernal era gravísimo. A esta situación se sumó el libro de Salinas. Me lo entregaron a la hora del almuerzo. Salinas había cumplido, cuando lo recibí recordé al psicópata norteamericano que enviaba libros bombas: el unabomber. Esta serie de acontecimientos rápidamente los sepultó en el olvido la rutina carcelaria.


Una noche estábamos en el salón de la televisión viendo una telenovela y en lugar de los cortes publicitarios pasaron un avance informativo del noticiero de las 9:30. Las tomas de primer plano mostraban un cuerpo cubierto con una sábana. La presentadora con el retrato al fondo de Herrera, informaba que un operativo de los organismos de inteligencia había copado el restaurante donde estaba acompañado de unas modelos. No quiso entregarse y salió disparando.


La cosa fue absurda. No hubo la más mínima alteración de la situación; seguimos frente al televisor disfrutando de la telenovela. Sentado ahí, tratando de asimilar la muerte de Herrera, no pude resistir la necesidad de hablar.


Fui donde el mayor de los Escobar Gacha y cuando lo tuve al frente no supe qué decir. Se me ocurrió, entonces, preguntarle por Bernal. Me sentí estúpido. ¿Qué mierda podía interesar Bernal cuando el muerto era Herrera uno de los hombres más cercano a los 'hermanos' Escobar? Dijo, sin mirarme, con un tono seco: Bernal negoció con la DEA. Estuve deprimido: una semana, dos, tres, ¿no sé?


Salinas murió durante mi depresión. Lo llevaron de urgencias al hospital y falleció cuando lo intervenían quirúrgicamente. La manera como vivimos la muerte de Salinas fue extrañísima, cuando lo de Herrera sólo silencio y con Salinas se habló, se charló animadamente como en un velorio.


El Escorpión, en uno de los corrillos que se armó, dijo: el doctor Salinas sí no se llevó ningún secreto a la tumba. Todos se rieron. Yo sentí un desasosiego total.
En esa semana hubo una ola de especulaciones sobre la caída del presidente. Se decía que estaba en marcha un golpe de estado. Mi abogado el doctor Santa Cruz, me trajo un documento, un galimatías jurídico que pretendía justificar el derrocamiento del presidente.


En tono confidente me contó que el cerebro de la acción era el doctor Álvaro Gómez Hurtado el dirigente histórico de la derecha colombiana. No pude creerle.
Le dije a Santa Cruz: Álvaro Gómez no se va a enredar en un golpe tan mal diseñado, su inteligencia se lo impedirá. Cuando hice este comentario, Santa Cruz me replicó contundente: los militares respaldan el golpe y tu amigo el senador Alberto Carrasquilla también está comprometido.


Al otro día de la visita de Santa Cruz atentaron contra uno de los consejeros del presidente. Se salvó de milagro pero mataron al chofer y a dos guardaespaldas. El hecho sucedió a media cuadra del palacio presidencial.


Fue un tiempo donde dormí poco. Una mañana, después de una noche en vela y contra todo pronóstico razonable, me levanté aliviado, fresco. Estuve bromeando con el Escorpión durante el desayuno; luego caminé y silbé.


Vi a los 'hermanos' Escobar Gacha juntos y los abordé sin la más mínima prevención; siguieron caminando como si yo hubiera estado allí desde siempre. En ese estado de gracia, solté esta pregunta: ¿y qué nos pasará si tumban al presidente?


Yo no creo que el presidente se caiga, respondió Alfonso.


¿Tu qué piensas?, le preguntó al hermano mayor.


Hasta el momento, nada es seguro, dijo.


Insistí: ¡pero ustedes están actuando!


Se quedaron en silencio. El mayor le guiñó un ojo a Alfonso y dijo: doctor Trujillo, quienes están actuando son algunos generales y remató sonriendo: creo que el presidente también conspira. Hasta ahí me duró la seguridad y la euforia. Sí, sí, balbuceé.

 

 


En la tarde sucedió algo que nunca creí pudiera pasar. Estaba escuchando boleros en mi transistor cuando un boletín de última hora informó del asesinato del senador Alberto Carrasquilla, mi amigo de infancia. Me había visitado después que Santa Cruz me contó lo del golpe de estado. Su presencia fue una sorpresa. Visitar a un abogado de narcotraficantes era un riesgo demasiado grande para un senador.


Carrasquilla siempre me pasó al teléfono y escuchó mis difíciles peticiones de colaboración pero nunca las atendió. Sentí un gran placer al verlo. Estuvo como siempre cáustico y divertido. Son muy extraños los lazos que unen a los amigos de infancia.


Le pregunté por el golpe de estado. Confirmó lo que Santa Cruz había dicho y, entonces, agregó impasible: el golpe fracasó. Asumió una pose doctoral, me llamó por el diminutivo (Trujillito) y soltó lo que llamó su ecuación a cinco bandas. Primera, hay militares que necesitan el golpe para encubrir sus vínculos con el narcotráfico. Segunda, el presidente tiene el respaldo de la policía pero debe evitar que éstos golpeen a los militares comprometidos. Tercera, los 'hermanos' Escobar Gacha amenazan al Presidente con un silencio a punto de derrumbarse. Cuarta, los norteamericanos están felices con ese equilibrio precario que les permite presionar al presidente desde todos los frentes. Quinta, Álvaro Gómez Hurtado tenía en sus manos todo el entramado y podía modificarlo con un simple gesto de voluntad. Entonces agregó sonriendo: un hombre que piensa demasiado es un pésimo político. Fracasado el golpe, concluyó, Álvaro Gómez Hurtado tiene que ser eliminado.


No puede ser, no van a tocar a un hombre como Gómez Hurtado: hijo de presidente, jefe histórico de la derecha, uno de los artífices de la constitución de 1991 y, además, un hombre de ochenta años. Tú estás loco, le dije.


¡Ya verás!, contestó.


Conversamos de otras cosas y cuando se iba a despedir, comencé a burlarme de su ecuación a cinco bandas. Sin perder su aplomo, me dijo: Trujillito tu eres un imbécil profundo.


Le repliqué: me parece que tú estás demasiado enterado. Efectivamente, respondió.


Eso es muy peligroso Carrasquilla, le dije. Me replicó: al contrario, gracias a que soy un hombre enterado, soy un intocable.


Sin pensarlo, le dije: mira, yo creo todo lo contrario. A ti te pueden matar por saber tanto. Me replicó, no Trujillito, tú te has vuelto muy sonso.


La conversación era tan frívola que le insistí con un dejo cariñoso: ¡te van a matar!


Dijo, bueno Trujillito, te voy a reconocer algo ya que insistes en tu pendejada ¡si me matan me joden!


Asesinado Carrasquilla el siguiente era Álvaro Gómez Hurtado. Esa lógica implacable se me imponía como una alucinación. Aunque no lo podía imaginar comenzaba a saber que Gómez Hurtado era hombre muerto. Le hicieron el atentado cuando salía de dictar una conferencia en la Universidad del Santísimo Rosario. No alcanzó a llegar al hospital.


Las noticias de los diarios no informaban nada. Los titulares de prensa eran verdaderos jeroglíficos. El domingo me visitó el abogado Santa Cruz. Trajo una carta firmada por un supuesto comando patriótico en la que insultaban y sentenciaban a muerte al senador Carrasquilla, a Álvaro Gómez Hurtado, a dirigentes gremiales y políticos y lo más sorprendente: yo estaba en la lista.

 


Santa Cruz trató de explicar con argumentos absolutamente ridículos por qué mi nombre aparecía. Sostuvo que debido a mi vieja amistad con Carrasquilla, se suponía que desde la cárcel formaba parte de los golpistas para beneficiar a los 'hermanos' Escobar Gacha.


Santa Cruz me decía: la situación es muy complicada doctor Trujillo. Ya mataron al senador Carrasquilla y acaban de asesinar al doctor Gómez Hurtado y, me recalcaba, usted sabe doctor que en esta cárcel ya hubo varios ajustes de cuentas. Mire, tenga mucho cuidado porque se dice que quienes están detrás del tal comando patriótico son de la inteligencia. Gente muy peligrosa.


Contesté: brutos es lo que son.


Nos soltamos a reír enloquecidos como dos cómplices que celebran una fechoría perfectamente ejecutada. Cuando Santa Cruz se despidió comprendí que el azar me ponía en la mira de los asesinos.


Lo que me sorprendió fue cómo el asesinato de Gómez Hurtado cambió todo. El hecho me hizo evocar el artículo 64 de nuestro código civil: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto al que no es posible resistirse como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc...".


El presidente para enfrentar la situación creada con el magnicidio declaró turbado el orden público. Aprovechó así el fracaso de la conspiración y el asesinato como un caso fortuito para recuperar la gobernabilidad. En las nuevas condiciones pudo terminar su mandato y entregarle el mando con la ritualidad del caso al nuevo presidente; éste decidió extraditar a los 'hermanos' Escobar Gacha para marcar una diferencia tajante con su antecesor.


Sentí que la providencia trabajaba a mi favor; centré, entonces, todas las energías en la búsqueda de un arreglo con la Fiscalía. Hice con mucho cuidado algunos contactos y organicé con el doctor Santa Cruz, una estrategia de negociación para obtener beneficios que me permitieran salir de la cárcel en un tiempo razonable. Nunca más volvería a trabajar para narcos.


Me alegraba la expectativa de un futuro nuevo pero mi ánimo era melancólico. Sucedió, entonces, el atentado. Fue un día de fiesta, el patio estaba lleno de visitantes. Vi un adolescente fornido caminando rápido, mirando a ninguna parte pero directo donde yo estaba. Me pareció extraño pero no sospeché nada; cuando lo tuve cerca supe que era hombre muerto. Traté de correr y caí al suelo. Me miro y disparó. Recibí un fogonazo abajo del hombro; me desvanecí y desperté en la enfermería.


En la cama del hospital pensaba: mi asesinato es inevitable y esto puede sonar banal pero escuchaba la voz de mi amigo Carrasquilla decir ¡si me matan me joden!
Pero nada es definitivo mientras uno no esté muerto. Meses después del atentado me visitaron unos abogados. Vinieron a nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia. Querían disculparse por el atentado. Me dijeron: fue un error de juicio de un jefe militar que les hacía inteligencia. Acepté las disculpas. Uno de los abogados me preguntó por la negociación que el nuevo gobierno estaba adelantando con la guerrilla. Le dije que la negociación fracasaría porque ese grupo se había montado en un cuento inviable: se llamaban ejército del pueblo y se creían un estado. Esas convicciones, le dije, conducían a un callejón donde la única salida era la guerra de nuevo.


A la semana me llegó una carta proponiéndome que los asesorara y acompañara en un proyecto que tenían acordado con el exgobernador de Antioquia para organizar un movimiento de oposición a las negociaciones del gobierno con las guerrillas. No respondí pero insistieron. Les mandé un memorando reiterándoles la tesis del fracaso inevitable de la negociación y sobre esa base les exponía mi escepticismo sobre el valor político de un movimiento que se oponía a un proceso que iba fracasar sin necesidad de ayuda.


Me dediqué a preparar mi defensa y a organizar una agenda tentativa para cuando saliera de la cárcel. En un lapso relativamente breve logré arreglar mis cuentas con la justicia con la valiosísima ayuda de mi abogado, el Doctor Santa Cruz. Mi salida, la planeamos de tal manera que se hiciera en el más riguroso sigilo. No me interesaba que se filtrara a los medios y se convirtiera en una especie de chiva periodística de mal gusto. Estaba decidido a disfrutar plenamente de mi condición de persona de bien, sin cargos de conciencia y sin cuentas con la justicia. En mi euforia alucinatoria comenzaba a paladear el placer de un yo totalmente renovado. Comenzar de nuevo a mis casi cincuenta años era una experiencia deliciosa.


Sucedió, entonces, lo del 11 de septiembre de 2001. Esa mañana estaba en la oficina del doctor Santa Cruz cuando explotó la noticia, en una salita de juntas muy bien equipada estuvimos mirando en la televisión lo que iba sucediendo. Que un grupo imaginase un ataque de esa magnitud y pudiese armar un equipo capaz de sacrificar las vidas de todos sus integrantes para sacar adelante el proyecto, era un acontecimiento que me recordó la voluntad apocalíptica de Pablo Escobar. En el curso de esos minutos se me instaló en la mente un sentimiento extrañísimo de omnipotencia e invulnerabilidad. Dije en voz alta: Santa Cruz, la política norteamericana va a cambiar radicalmente, es una gran oportunidad para nosotros.


Santa Cruz me miró asombrado y me replicó: no le entiendo doctor Trujillo, se supone que usted no vuelve a la actividad política.


Le repliqué: me iba a retirar pero ahora tengo una intuición, un sueño. Vamos a organizarnos doctor San Cruz y lo primero es contratar una traductora para que nos resuma el registro del ataque por la prensa norteamericana. Mañana nos reunimos y hacemos un primer análisis de las medidas tomadas por Bush. En esos días nos sumergimos en un océano de especulaciones, plegarias, maldiciones y amenazas: un coro humano planetario sobrecogedor.


El 14 de septiembre Bush hizo pública la proclama 7463 en la que declaró el Estado Nacional de emergencia. Ese documento le entregaba al presidente recursos extraordinarios para ejercer un poder sin antecedentes en la historia de los Estados Unidos. El 18 de septiembre se promulgó la Ley de autorización para el uso de la fuerza militar. Luego hubo una pausa de casi un mes en la labor normativa del gobierno. El 13 de noviembre se expidió la Orden Militar relativa a la detención, tratamiento y enjuiciamiento de extranjeros en la guerra contra el terrorismo. La lectura de ese documento aclaró mi intuición. Los parágrafos d) y f) de esa Orden Militar proclamaban lo que yo medio sabía pero no podía decir. Leamos:

d) La capacidad de Estados Unidos para protegerse a sí mismos y a sus ciudadanos de futuros ataques terroristas, y para ayudar a sus aliados y a otras naciones cooperantes a fin de protegerse a sí mismas y a sus ciudadanos de dichos futuros ataques terroristas, depende en gran medida del uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: para identificar a los terroristas y los que los apoyan, interrumpir sus actividades, así como para eliminar su capacidad para llevar a cabo o apoyar tales ataques.
f) Dado el peligro que supone para la seguridad de Estados Unidos la naturaleza del terrorismo internacional, y dada la amplitud y el alcance de la presente orden, considero no contradictorio con la sección 836 del título 10 del Código de Estados Unidos que en virtud de esta orden no sean aplicables los principios legales y las reglas probatorias de los casos criminales en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos.
Ahora se trataba de asumir las consecuencias de esas decisiones. Elaboré un memorando para el jefe de las autodefensas unidas de Colombia. En esta ocasión, lo felicité por el proyecto político y le presenté un plan de decisiones tendientes a desligar el aparato militar de todo vínculo con el narcotráfico y con las acciones terroristas del pasado. Luego le propuse un conjunto de tesis políticas de lo que sería un nuevo gobierno para que el candidato pasara de plantear un proyecto de oposición a formular un proyecto de gobierno, un proyecto que llamé de Refundación de la Patria.


Recibí a los pocos días una nota acusando recibo de mi memorando y un cheque con una cifra generosa. Me gustó ese modo simple de evaluar mi trabajo. Pensé que pronto me contactarían pero no, hubo un silencio de semanas. Creí que mis recomendaciones habían sido archivadas. Esa situación me disgustó profundamente. Se estaba perdiendo un tiempo precioso para actuar. En política el tiempo oportuno de la decisión es fundamental. El kayros de los griegos.

 


Estaba equivocado. En noviembre comenzó la ofensiva mediática. Castaño, el jefe militar de las autodefensas apareció en noticieros, en programas de opinión argumentado operativamente lo que les propuse en mis tesis. En diciembre salió un libro reportaje en donde planteaba extensamente el nuevo proyecto, tomaba mis ideas y las ponía en sus propios términos. En una respuesta al periodista sobre la amenaza de extradición para ellos, respondió Castaño: "Nosotros ya rompimos con el narcotráfico y hemos suspendido toda acción que se pueda etiquetar de terrorista. Creo que el gobierno norteamericano es consciente de que las Autodefensas no son un grupo terrorista, ni una amenaza internacional de ninguna clase. Los discursos que respaldan la actuación de la comunidad internacional después de los atentados en los Estados Unidos, fundan su validez en la legítima defensa. Es un discurso de autodefensa aplicado a la comunidad internacional, y eso al mismo tiempo que valida nuestras tesis, nos exige más y más a la hora de ajustar nuestra actuación a las exigencias del nuevo contexto mundial."


Esas declaraciones me sabían a gloria, eran mis tesis vueltas realidad política. Pero también entendí que yo estaba obnubilado asumiendo que mis conclusiones eran sólo mías. Castaño proclamó en el libro reportaje que él y las autodefensas tenían un sanedrín de notables que los asesoraba. Quienes llegamos a las mismas conclusiones sobre el impacto del 11 de septiembre fuimos muchos. La mesa estaba servida y los comensales de primer rango estábamos ya sentados. Pero comencé a sentir la vieja desazón. ¿Qué significaba hacer pública la asesoría de los notables? ¡Una amenaza¡ Eso pensé y sé que cuando se amenaza, los arreglos siempre son precarios. A pesar de esas aprehensiones lo sucedido fue impactante. El proyecto que había intuido se estaba transformando en proceso político.


La noticia que le dio el acabado final a este ciclo fue la ruptura de las negociaciones con la guerrilla. El miércoles 20 de febrero el presidente de la república anunció el fracaso de las negociaciones. Mi pronóstico se había cumplido aunque el modo como sucedió ni siquiera lo imaginé. Los desencuentros se acumularon vertiginosamente a un ritmo frenético; la negociación que cuajó después de varios años de intentos fallidos, se hizo añicos en horas. Volvimos a la guerra como lo anuncié.


Tenía que sacarle beneficio a mi perspicacia, haría valer mi reforzada autoridad como consejero. Me reuní con Santa Cruz para hacer un ejercicio de persuasión. Le expuse una pauta de acción para las nuevas circunstancias. Estaba tenso pero entusiasmado. Hizo dos observaciones de detalle. Había que escribir un nuevo memorando. El núcleo de toda la argumentación era que el candidato debía pasar a la ofensiva y toda la campaña volcarse al electorado con la confianza absoluta en el triunfo. Así lo hice.


Ya no puedo decir que los abogados de las autodefensas me visitaron, vinieron pero no como personas que aparecen sino como invitados, mejor dicho cómplices en una obra común. Discutimos como viejos conocidos y propusimos compromisos de trabajo a cumplir. La nueva reunión que se programó, les dije, tenía que contar con Castaño. Y así fue.


La campaña de nuestro candidato se transformó radicalmente, quien hablaba era el futuro presidente de la República de Colombia. Esa convicción se hizo evidente en todas las reuniones, manifestaciones, entrevistas. Las encuestas registraron la nueva situación política. Los otros candidatos y especialmente el candidato del partido liberal, doctor Horacio Esparza quien se había perfilado como ganador, parecía un náufrago chapoteando inútilmente antes del desastre final.


Mi situación cambió por un pedido de Castaño, me integré a uno de los equipos fundamentales de la campaña: la sala de la victoria. Allí conocí al primito de Pablo Escobar. Un tipo bajito, contrahecho y avispadísimo. Era uno de los personajes inevitables en las sesiones de trabajo. Aunque no me gustó, hice buenas migas sociales con él. La experiencia de la campaña fue alucinante. Aunque sabíamos que estábamos ganando cada instante, cada hora, cada día sucedían pequeños episodios que alteraban el curso de los acontecimientos a nuestro favor. La Fortuna con mayúscula nos favorecía: un don divino. Lo digo sin ironía. En la cúpula de la campaña, se instaló una retórica mística. Nunca imaginé que unos políticos curtidos en el clientelismo, la picaresca electoral, el aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio propio, echaran camándula para agradecer la buena voluntad del Sagrado Corazón de Jesús.


Los de la autodefensa no se aparecían en las sedes centrales pero hacían un trabajo efectivísimo en las regiones, los departamentos y los municipios. Castaño me invitó a una reunión en el departamento de Córdoba y allí estuve con su séquito de bandidos. Fue una sesión operativa, no se discutió nada. Todo estaba sobreentendido. Me gustó al principio pero luego me comenzó la desazón.


Mis dudas eternas socavaban el entusiasmo del momento. ¿Sí tendrá futuro esta junta de bandidos, tan distintos todos? Un sentido de la realidad me ponía alerta. Lo mismo le ocurría a Castaño. En el libro reportaje al caracterizar el acuerdo de las Autodefensas, dijo con una clarividencia que me desconcertó lo siguiente: "Yo creo que algunos están aquí por fortalecer su patrimonio económico, otros quieren salir de la cárcel detenidos por causas ajenas a la causa o de la causa. Otros quieren evitar llegar a la cárcel por conductas de la causa y fuera de ella. Algunos quieren prioritariamente destruir la subversión, otros quieren además poder político y algunos quieren ganar la guerra como sea y pase lo que pase. Para otros es simplemente un modus vivendi y para algunos es causa de patria". Dónde me ubicaría a mí este bandido. Elaboramos mentalmente nuestra experiencia en esa ondulante imprecisión, en esa incertidumbre del juicio ajeno que nos fija en el lugar indicado de una taxonomía atemporal. Pero esas especulaciones se desvanecían al golpe de los incidentes, los sucesos, los acontecimientos. Y el gran acontecimiento fue la victoria. Ganamos la presidencia. Nuestro candidato quedó ungido. Ahora era el Señor Presidente.


En el balance íntimo de esta empresa magnífica, imaginé un premio: embajador en los Estados Unidos. Sabía que no era posible pero era mi premio. De todos modos podría alcanzar que me ubicaran en la burocracia de la embajada. El jolgorio de celebración de la victoria fue breve. Era indispensable asumir la administración del Estado, tomar medidas, consolidar un equipo, proponer un plan de desarrollo, darles confianza a los banqueros, refrenar apetitos burocráticos desmedidos como el mío. En fin, gobernar. Lo imposible se había materializado. Hasta miedo me dio.


El nuevo presidente tenía el sentido de la minucia administrativa y de los ritos de la cultura política de la élite. Lo hacía de un modo desmañado pero cumplía bien la tarea. Me recordó uno de los presidentes del antiguo régimen político: el Frente Nacional. El viejo Turbay. Le quedaba grotesco el frac, su organismo lo rechazaba pero lo usaba como lleva la ropa un gordo del pintor Botero. La nueva era política comenzaba bien y de nuevo la fortuna nos favoreció.


El gobierno norteamericano inició una ofensiva mediática contra Hussein, el presidente de Irak. Luego de la guerra del padre de Bush contra Hussein en 1991 por su invasión a Kuwait, su hijo parecía preparar el terreno para una nueva intervención. Las intenciones nunca fueron explícitas y estaban envueltas en falsas imputaciones: una gran mentira. Los embustes denunciaban una amenaza química y biológica (armas de destrucción masiva). El ciclo pudo empezar a principio de 2002 pero se fue agudizando y un año después el clima de guerra hacía previsible una intervención. Ésta era una oportunidad de oro para sellar una alianza definitiva con el Estado norteamericano y consolidar nuestro proyecto de refundación de la patria.


Había que respaldar al presidente Bush en su decisión sin importar lo que las cancillerías de los otros países plantearan. Conversé con el primito, nombrado primer consejero del presidente, y le expuse mis argumentos. Me escuchó con frialdad, con distancia pero me reconoció que era acertada la decisión de respaldar al presidente Bush. Me atreví a ir más allá y le solté un deseo íntimo, le dije: hay que hacerle saber a Bush que esta alianza puede desembocar en un hecho que cambie la historia de toda la América, hay que decirle que Colombia puede ser la estrella que falta en la bandera de la Unión.


El 19 de marzo la guerra se declaró. El desenlace fue meteórico: en menos de cuatro meses el ejército norteamericano derrotó a Hussein y comenzó la tarea de democratización de la sociedad iraquí y de construcción de un estado en correspondencia. Esta victoria, la sentí como propia pero me molestaba la ignorancia en que me mantenía el primito de Escobar respecto a qué pensaba el presidente Uribe de mi propuesta de convertirnos en estado de la unión.

 

 


Estaba de nuevo asediado por la incertidumbre que mata. ¿Qué pasaba realmente? Especulaba, imaginaba escenarios con opciones variadas para mí y los otros hasta que alcancé la siguiente evidencia: me habían sacado del círculo donde el presidente tomaba las decisiones fundamentales. Es decir yo, Castaño y sus paramilitares. En una de las reuniones periódicas del grupo decisorio de las autodefensas, tratábamos pormenores del proceso de negociación con el gobierno. No recuerdo con precisión qué desencadenó una discusión airada entre quienes estábamos allí. Pero un abogado caldense de apellido Páez le dijo a Castaño: Comandante en jefe, estamos rodeados de amigos desleales. Castaño le replicó seco: ¡No jodas¡ Eso no es cierto.


Esa sonora sentencia me dejó frío. Era la confirmación de mi propia conclusión pero nunca hubiera podido decirla de ese modo tan afortunado. A Castaño lo asesinaron el 16 de abril de 2004. Esa noticia la mantuvieron oculta y solo se conoció a principio de 2005. Supe, entonces, que necesitaba pasar al lado de la gente de bien. De algún modo debía ingresar a uno de los círculos cercanos al presidente.


La única opción que tenía era la de contactar al primito. No me gustaba pero la necesidad nos impone deberes estratégicos. No obtuve mucho al principio porque el primito se mantuvo distante aunque cordial. Nuestras conversaciones las dirigí siempre hacia una finalidad que califiqué de suprema: el futuro histórico. Insistía siempre que era indispensable trascender la coyuntura sin perder la sintonía con ella. Pero no podíamos enredarnos en lo inmediato, refundar la patria implicaba pensar los ciclos largos de la historia. La estrategia que hasta el momento nos había llevado hasta la presidencia y permitía enfrentar los primeros años de gobierno, era insuficiente. Había que crear una doctrina. Una retórica política que trabajando lo inmediato hiciera inteligible el proceso de refundación. Había que desmontar la retórica enemiga que deslegitimaba nuestra democracia. Había que desmontar los silogismos del terrorismo. Necesitábamos un centro de pensamiento que elaborara la doctrina de un patriotismo renovado. Y simultáneamente iríamos resolviendo un asuntico operativo: la reelección de Uribe en el 2006.


El asunto comenzó a surtir efecto a mediados de 2005, pasamos de las argumentaciones al diseño de propuestas. Ahora en septiembre tendremos reuniones definitivas. Esta perspectiva me tiene, de nuevo, confiado. Aunque no hay que bajar la guardia, hay que mantenerse siempre alerta.

Lunes, 09 Marzo 2015 18:43

Continúa el terror en Buenaventura

Continúa el terror en Buenaventura

Violación de todo tipo de derechos humanos: desmembramientos, amenazas, violencia sexual, desplazamiento forzoso, control de las relaciones económicas, todo esto lo hacen los grupos "sucesores del paramilitarismo" y la guerrilla de las Farc, según el informe de Human Rigths Watch (HRW) sobre Buenaventura.


Grupos paramilitares como Los Urabeños, la Empresa y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hacen presencia en Buenaventura, el puerto más importante de Colombia. Estos son los encargados de imponer el terror en la zona, según el informe presentado el pasado cuatro de marzo por HRW.


Estos grupos han impuesto, además, fronteras invisibles, convirtiendo el puerto en la ciudad colombiana con el más alto índice de reclutamiento de menores de edad; es parte de práctica de sembrar terror, amenazar a los pobladores de manera constante con "picarlos".


El informe resalta que aunque el Gobierno anunció una intervención en la ciudad para mejorar las condiciones de seguridad y garantizar justicia con los múltiples casos de desapariciones y desmembramientos que afectan este territorio, todo sigue igual. Incluso, incrementaron la cantidad de policías, los infantes de marina, fiscales e investigadores judiciales, pero los habitantes no confían en la fuerza pública, dicen, que los grupos ilegales los amenazan asegurándoles que si los denuncian la misma policía les avisará para que tomen represalias.


A esto se suma el peligro en el que están los niños y las mujeres. Los menores de edad son reclutados, las niñas acosadas y amenazadas constantemente con violarlas. "Una mujer le dijo que un día, poco después de haber dado a luz, varios miembros de un grupo sucesor del paramilitarismo ingresaron a su vivienda y la violaron", cita el informe.


La siguiente infografía resume los datos brindados por el informe de HRW. Las cifras dejan al descubierto el horror que viven los habitantes de Buenaventura.

 

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Caricaturas y modelos de las ciencias económicas

Existe un extenso común denominador entre caricaturas y modelos económicos, dentro del cual pueden destacarse los siguientes elementos: ambos productos hacen parte del mundo de las ideas aunque son representaciones abstractas, en demasía simplificadas, de las realidades; el caricaturista toma algunos rasgos que exagera y deforma para, justamente, poner en ridículo al sujeto o realidad que dibuja y busca criticar o resaltar; el hacedor de modelos reduce una compleja realidad a unos rasgos (denominados variables) que la hagan fácil de entender y, en consecuencia, de manipular a través de políticas; por lo general, ambos productos son hechos por personas externas, distantes y que a veces, experimentan antipatía y desprecio hacia seres y realidades que, aun así, pretenden interpretar; finalmente, las dos creaturas, por simplistas y arbitrarias que puedan ser, inciden profundamente en la transformación del mundo que representan y, por tanto, a ellas aplica el sabio aserto del economista J. M. Keynes hacia el final de su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero:


"...las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto. Locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de uno años antes. Estoy seguro que el poder de los intereses creados es vastamente exagerado cuando se lo compara con el gradual avance de las ideas. No, por cierto, en forma inmediata, pero luego de un cierto intervalo; porque en el campo de la economía y la filosofía política no hay muchos que sean influenciados por nuevas teorías luego de sus veinticinco o treinta años de edad, por lo que las ideas que los funcionarios públicos y políticos, y aun los activistas aplican a los eventos actuales no es probable que sean las últimas. Pero, tarde o temprano, son las ideas, y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal"


En el ejemplar 1.099 de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, con portada alusiva a una masacre en Egipto, aparece la caricatura de un ser humano que está siendo acribillado a balazos, aunque vanamente trata de protegerse con una copia del Corán, todo esto acompañado de la leyenda "El Corán es una mierda, no detiene las balas". En otro número de la mencionada revista aparece la escena de una orgía sodomita entre los tres sagrados personajes bíblicos: el padre, el hijo y el espíritu santo. Estas y otras controvertidas caricaturas, no son sólo muestras de la libertad de expresión sino, además, ideas que inciden en la opinión pública y, por decir lo menos, pueden promover el desprecio hacia los valores religiosos y el ostracismo en contra de los creyentes. Ante el poder de controvertidas ideas unos terroristas asesinaron alevemente a varios caricaturistas de Charlie Hebdo y, sin tardanza, controvertidos líderes de nocivas potencias económicas, grupos de intelectuales y multitudes de gente defienden la libertad de prensa y deifican como héroes a los dibujantes mártires.


Millones de borregos del género humano, comandados por líderes políticos y hacedores de leyes y políticas públicas, han seguido al pie de la letra el plano invocado por unas pocas docenas de filósofos de la vida material, a tal punto que día tras día buscan asemejarse al modelo ideal plasmado por tales economistas. El homo economicus es un modelo basado en las suposiciones de intelectuales dotados de enfermiza imaginación y que de ser plasmado por un caricaturista tendría los siguientes rasgos: sin lugar a dudas no tendría la forma de un ser humano, más bien se podría representar con la figura de una rata de laboratorio carente de valores, plena de caprichos, tentaciones y banales gustos, un ser sin sentido y fácilmente manipulable mediante estructuras de incentivos legales y económicos. También se podría dibujar como una especie de tonto racional –para usar la afortunada sátira de Amartya Sen – postrado ante el trono de su función de utilidad (esta puede ser un bolsillo repleto de nauseabundos billetes) y, por ende, carente de afectos, emociones y vida social. Los mansos y bien amanerados especímenes de la civilización occidental no se han ofendido ante semejante caricatura y, por el contrario, reducen gran parte de su existencia a obedecer estímulos monetarios, a tal punto que la maximización de ingreso se convierte en una obsesión para individuos y naciones.


La desproporcionada pretensión intelectual de hacedores de modelos (quienes buscan responder a todas las preguntas y prever todos los acontecimientos) y a la ofensiva petulancia de muchos caricaturistas (que pretenden ofrecer el retrato completo y verdadero de una realidad) se condensa, por ejemplo, en la propuesta salvadora de un tecnócrata. El profesor James A. Robinson, coautor del texto"¿Por qué fracasan las naciones? ha ofrecido una mágica fórmula para solucionar, quizás, la casi totalidad de los problemas que sufre la sociedad colombiana. En un reciente reporte periodístico , de un plumazo descarta cualquier tentativa de economía campesina y de restitución de tierras (pues la repartición de tierra es un juego de suma cero) y le apuesta a la educación (a la que supone como un bien público sin exclusiones ni rivalidades) y, por lo demás, le otorga credenciales de sabiduría académica a un sanguinario jefe paramilitar así: "[...] bajo ese modelo, ¿cómo se pacifica el campo? Esto no fue un problema en Barbados, Mauricio o incluso Inglaterra. Creo que, como lo entendió Vicente Castaño, se debe usar a la élite para hacerlo. Castaño dijo: '[...] en Urabá tenemos cultivos de palma de aceite. Yo mismo he persuadido a empresarios para que inviertan en esos proyectos productivos de largo plazo. La idea es que los ricos inviertan en esos proyectos en diferentes zonas del país. Cuando los ricos lleguen allí, las instituciones del Estado vendrán detrás. Infortunadamente, las instituciones estatales solamente participan en estas aventuras cuando los ricos están metidos. Tenemos que llevarlos a todas las esquinas del país y esa es una de las misiones de nuestros comandantes' [...]" (Ibíd.).


Por fortuna el sabiondo profesor no sufrió el atroz destino de los dibujantes franceses de Charlie Hebdo y más bien le han llovido ráfagas de incisivos argumentos académicos.

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Jueves, 25 Septiembre 2014 17:43

En caso de emergencia envalentone el gallo

En caso de emergencia envalentone el gallo

Tras el debate en el Congreso sobre paramilitarismo, resaltó el gran interés de la opinión pública por este tipo de escenarios. Debate a medias pues el necesario, a profundidad, no será posible mientras las ausencias y descalificaciones sean una estrategia del uribismo para generar cortinas de humo. Los medios oficiosos, a pesar del cubrimiento brindado siempre cambian el sentido de lo sucedido para minimizar o subvertir la información del acontecimiento.



¿Cómo un debate en el Senado puede convertirse en un acto bochornoso, de gallera? Interrogante que no debería surgir pero la realidad de estoss escenarios, de "participación" y representación, como el colombiano, es algo que obliga a la pregunta.


Escenario de maniobras y despliegue de todo tipo de astucias, para ocultar intereses y para concretar otros. En el reciente debate Cepeda – Uribe no fue diferente. Las demoras para el inicio del debate, con las cuales lograron que una gran parte de la audiencia en directo se perdiera la presentación del citante que realmente comenzó su intervención una hora después de lo programado. También la realización de intervenciones que no vienen a lugar, insulsas, como la de José Obdulio enfatizando sobre la necesidad de un verdadero debate, o aquellas salidas de tono a la hora de "argumentar" como la escenificada por la guerrerista vocera del Centro Democrático, Paloma Valencia.


También las inasistencia de altos funcionarios, como los de la Aeronáutica Civil o la Procuraduría, o los funcionarios impuntuales, como los ministros del Interior y el de Justicia que llegaron a mitad de la sesión para torear los cuestionarios con opiniones poco comprometedoras y con respuestas preparadas antes de escuchar los argumentos expuestos por Cepeda. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el comandante de la Policía antinarcóticos señale que sólo manejan información de incautación de bienes del narcotráfico a partir del año 2007?


Teatro


En el "recinto de la democracia" comenzó esta obra con la pantomima del presidente de la Comisión Segunda que, ante la ya negada ausencia del recinto –por impedimento– por parte de Teresa, hermana del condenado por parapolítica Álvaro García, sustenta la misma razón de la ausencia lo que demora otra media hora el inicio del debate. Estas demoras, dilaciones, maniobras, llevan a pensar que quizás Jimmy Chamorro sabía de antemano que no iba a salir bien librado del mismo. Ahora dice que demandará a Uribe por calumnia. Amanecerá y veremos.


Antes de comenzar el debate, el gallo cacareó que su retiro transitorio del Congreso para instaurar una acción legal contra Cepeda, calificándolo como aliado de las farc y, aleteando un poco más, denunció una alianza gubernamental con los canales Telesur y Canal Capital. Hasta el mismo Santos –según Uribe– hace parte de esta terrorista alianza.


Por su parte Iván Cepeda, quien pudo limitarse a simples acusaciones personales en contra de Uribe, fue más allá y presentó la manera cómo el fenómeno narcoparamilitar creció y mutó a través de la vida política del ahora senador. Su actuación como director de la Aeronáutica Civil entre 1980–1982 –aprovando licencias a narcos del cartel de Medellín–, alcalde de la misma ciudad en 1982 –mostrando sus amistades en ambientes de corridas de toros y caballeros con los Ochoa–, su apoyo como Senador entre 1986-1994 para beneficiar los paras, su actuación cómplice como gobernador de Antioquia en el peridodo 1995-1997 y, obviamente, sus dos periodos presidenciales.

Resistencia

No valieron los intentos del uribismo por evitar éste debate: las denuncias de suspuestos ausencias de garantías, las disposiciones de la Comisión de Ética para no referirse a otros hechos que son materia de investigación –como la conformación del Bloque Metro Zona Rural, el tema hacienda Guacharacas, los falsos positivos y la yidispolítica–, más los continuos saboteos tecnológicos sobre archivos audiovisuales y sonoros en testigos y testimonios que son material probatorio para evidenciar que el más beneficiado con y por el paramilitarismo tiene un nombre: Álvaro Uribe Vélez.


Ocho sentencias de juicio lo comprometen, junto con otras dos de la Corte Interamericana. Le acusan por tener una actitud omisiva y descalificadora ante las denuncias sobre masacres como gobernador, de impulsar las Convivir –bases del paramilitarismo–, el apoyo que le brindó este grupo armado en las elecciones de 2012, de estar detrás de los movimientos y acciones del anterior DAS para intersectar un sinnúmero de personas y para organizar un complot contra los magistrados, apoyar a personas que se encuentran en fuga o evaden la acción de la justicia, de tener, por lo menos, negocios familiares demostrados con once condenados por paramilitarismo. Más la nueva denuncia de estar en la junta directiva de una empresa de Carlos Molina, personaje vinculado al asesinato de Guillermo Cano, otrora director de El Espectador.


Este gallo es todo un galimatías con plumaje vistoso para confundir y acusar sin fundamento, generando con su aleteo un ambiente donde 'todo' el mundo queda implicado. Cuenta con toda la bancada del Centro Democrático para justificar, enredar o dilatar con cualquier cosa que diga; acompañado por su marioneta Oscar Iván Zuluaga despliega toda una estrategia del espectáculo. Pero, tras su espuela desafiante, oculta lo frágil y rostizado que puede quedar ante la evidencia de las denuncias.


Artista de la maniobra. El tiempo que tomó para ir a la Corte le permitió terminar de preparase para su intervención, no sin antes dejar en boca de la vocera Paloma el mismo cacareo amenazante y pausado de que no había garantías para el debate y, claro, para venerar a su líder político igualándolo con Simón Bolívar.


Algo más, y síntesis con interrogante final


Una vez más quedó demostrado: Uribe siempre acude a la misma estrategia: acusar al acusador, crear cotinas de humo con el apoyo político que tiene en buena parte de la burocracia oficial porque, como dicen por ahí, la mejor defensa es un ataque. Pero, eso sí, a la hora de la verdad lo que hace es no responder y salir huyendo, como dijo el Ministro del Interior, o como dijó Clara López, salir como "sanguijuela por alcantarilla".


Suspicacias que crecen sobre el supuesto frentero y combativo gallo. Sus acusaciones en contra de Iván Cepeda son débiles e intenta implicar a Cepeda por haber solicitado la libertad de Simón Trinidad, por investigar El Ubérrimo, así como por visitar distitnos grupos de prisioneros en diferentes cárceles del país.


Ya con el galpón alborotado, los gobiernistas salieron en defensa de Santos, mientras el mismo gobierno no quería involucrarse. No faltó el Roy Barreras que saliera a decir que ambos, Cepeda y Uribe, son víctimas de la violencia, y la ausencia de los conservadores que siguen acomodándose, virando de acuerdo al ritmo de las coyunturas.


No debe sorprender el interés ciudadano por el debate, con un registro final de dos millones de personas pegadas a sus computadores, atentos a cada palabra, más el alto rating por el cubrimiento televisivo en directo que igualó a la sintonía de un noticiero en horario triple A.
No faltó quien cuestionara la difusión por parte de Canal Capital. Gracias al papel ideológico de ciertos medios el hecho quedó catalogado como "Uribe se defiende", "Cruce de dardos", "Uribe arremete", "Debate de pesos pesados", expresando además que "no sólo se defendió sino que lanzó duras acusaciones". Lo cierto es que con la acusación en contra de Jimmy Chamorro por recibir dineros de parte de los carteles del narcotráfico, y su anterior afinidad uribista, logran desviar aún más el cubrimiento mediático en los días possteriores a esta sesión del Congreso.


De esta manera, con maniobras y contrainformación, a pocos días del debate poco queda del mismo, del fenómeno paramilitar, sus orígenes y significado, y sus raices institucionales, así como muy poco sobre las victimas –atentatos que aún perviven– realidad que afecta de manera directa, incluso, a personas que luchan contra la misma impunidad.


Una pregunta quedó flotando en el ambiente nacional, ¿tendremos ahora autoridades judiciales y mecanismo de justicia efectiva para encausar a Uribe? O, ¿lo denunciado quedará como otro episodio más dentro del largo expediente de Álvaro Uribe Vélez?

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El delirio de la seguridad y la sumisión. Casos Sintrapalmas, Sintraunicol, 1975-2012

En Santander tuvieron lugar algunas de las movilizaciones sociales más importantes de Colombia, desde la rebelión de los Comuneros en 1781 hasta los diversos paros cívicos y marchas populares de épocas más recientes. Además, este departamento es sede de algunos de los sindicatos más sólidos del país y de destacadas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Y ha sido precisamente esa tradición de luchas y conquistas sociales la que han convertido a los líderes comunitarios y sindicales de Santander en víctimas del silenciamiento y el exterminio.

El informe "Delirio de la seguridad y la sumisión", del cual este escrito es un compendio, hace parte del trabajo de memoria histórica emprendido por la Escuela Nacional Sindical, que pretende generar espacios de visibilización, empoderamiento, consenso y elaboración de agendas de reparación colectiva para el sindicalismo en Colombia. En este caso busca reconstruir la memoria de la violencia antisindical en Santander entre 1975 y 2012.

La investigación se centra en lo acontecido a dos sindicatos: Sintraunicol Santander y Sintrapalmas en Puerto Wilches, con base en información documental obtenida del periódico Vanguardia Liberal, las bases de datos SINDERH y SISLAB de la ENS, como también entrevistas a dirigentes sindicales del departamento.

 

El sindicalismo y su configuración territorial

 

Las primeras organizaciones sindicales en Santander no surgieron del sector industrial sino de gremios comerciales y artesanales: chocateros, alfareros, joyeros, zapateros y sastres. El auge se inició en 1925 y perduró durante toda la década del 30. En respuesta, las élites nacionales iniciaron una arremetida violenta para contener las múltiples huelgas que se dieron en Santander y a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano, y posicionaron la idea de que los sindicatos eran enemigos públicos del progreso.

La primera huelga en Barrancabermeja se dio en 1924, como resultado de las irregularidades laborales cometidas por la Tropical Oil Company. En ella participaron figuras como María Cano y Raúl Mahecha, quien sería fundador de la Unión Sindical Obrera, USO. Los trabajadores hacían peticiones básicas como el derecho a jornada laboral de 8 horas. La respuesta del Gobierno fue militarizar las empresas que registraran actos de protesta de los trabajadores.

A pesar de las adversidades para ejercer el sindicalismo, en 1947 un censo de la Contraloría General de la República reveló que en Santander había 10.357 trabajadores sindicalizados, 1.388 mujeres y 8.969 hombres, la mayoría afiliados a la Federación Santandereana de Trabajadores (Festra).

Para 1970 la industria manufacturera era el sector con más sindicatos en la región: 73. Pero los empresarios utilizaban diferentes estrategias para impedir su consolidación, como despidos injustificados, amenazas, señalamientos y aumento salarial para quienes se desafiliaran de los sindicatos. Las protestas de los trabajadores estaban relacionadas con el incremento en el costo de vida, el alza de precio del transporte, los servicios públicos domiciliarios y el aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros temas.

La arremetida violenta contra las movilizaciones sociales precipitó en 1982 la unión de las organizaciones sindicales Fetralsa, Utrasan y Festra, que desaparecieron para dar paso a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander (Usitras).

Aunque el auge de estas luchas obreras se tradujo en su reconocimiento paulatino dentro de opinión pública nacional y regional, también se convirtió en un arma de doble filo, pues dio como resultado una política de terror ejercida en contra de quienes promovían o participaban en las manifestaciones.

A partir de la segunda mitad de la década del 80 los crímenes contra activistas vinculados al sector petrolero experimentaron un aumento sustancial. El 28 de febrero de 1988 fue asesinado el líder sindical de la USO Manuel Gustavo Chacón, y un mes después hubo otros 5 homicidios contra dirigentes comunales y líderes del movimiento sindical. También empezaron a aparecer en la región grupos paramilitares como el MAS y Los Magníficos, que cometían crímenes selectivos contra líderes campesinos, comunitarios y sindicales. Sus excesos, sumados a la extrema situación de indefensión de las víctimas, obligó la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General, en 1985.

Y por otra parte, la desaparición forzada emergió como táctica de silenciamiento y vulneración extrema, que ante la ausencia de respuestas efectivas por parte del gobierno contribuyó a reforzar el poder coercitivo de los grupos armados, incluyendo la fuerza pública.

Entre 1986 y 1987 se conformó en Santander la Central Unitaria de Trabajadores, que implicó un arduo proceso de concertación entre los sindicatos debido a las profundas diferencias que existían entre ellos. El propósito era evitar la dispersión y darle un rumbo a las organizaciones de trabajadores.


En este panorama de violencia y resistencia, la preparación política de los dirigentes sindicales se constituyó en una estrategia de supervivencia, que buscó generar una política de relevos de los activistas que venían siendo asesinados o desaparecidos. La creación de la escuela político sindical en el Magdalena Medio se constituyó en instrumento valioso en un contexto adverso.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Barrancabermeja, empezó a denunciar a las organizaciones paramilitares que operaban en la región y las campañas de estigmatización y señalamiento a líderes sociales ideadas por parte de las Fuerzas Armadas. Los montajes judiciales en contra de líderes sociales de Santander contaron con el apoyo de las instituciones del Estado.

Para los años 1994-1995 la situación en la zona, y en particular en Barrancabermeja, era dramática. La prevalencia de fenómenos como la trashumancia, el desplazamiento forzado, las inequidades sociales, entre otros, hicieron de Santander la segunda entidad territorial con mayor índice de violaciones a los derechos humanos, luego de Bogotá y Antioquia.

El auge del accionar paramilitar se dio durante la segunda mitad de la década del 90 y a inicios del siglo XXI. La violencia recayó sobre los sectores sociales más activos y despertó alarmas en la comunidad internacional, que empezó a exhortar al Estado colombiano para que tomara cartas en el asunto y poner fin a la arremetida paramilitar.

En el 2004 sólo el 12% del centenar de sindicalistas amenazados en Santander contaba con un esquema de seguridad capaz de garantizar la protección de sus vidas. Tanto que el entonces vicepresidente, Francisco Santos, manifestó en su momento la incapacidad del Estado para brindarles protección a los sindicalistas porque todos estaban amenazados. En el solo año 2004 este departamento tenía el primer lugar en infracciones al Derecho Internacional Humanitario, luego del presunto cese de hostilidades declarado por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Al complementar todo este análisis con la información estadística del Sinderh, tenemos que la primera mitad de la década del 2000 tuvo una dinámica muy particular. Por ejemplo, el año 2002 fue el más violento de todos, duplicando incluso el año 1999, con 170 casos. También hubo un incremento desmesurado de las detenciones arbitrarias, que sumaron 127.

Posterior al presunto proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, las nuevas bandas emergentes, entre ellas las denominadas Águilas Negras, se situaron como agentes de contención de los movimientos sociales y sindicales en Santander. La respuesta del gobierno fue la negación de lo que estaba ocurriendo, al tiempo que daba partes de tranquilidad sobre la inexistencia de organizaciones armadas ilegales en la región.

 

AñoHechos de violenciaAñoHechos de violencia
1983  2 199838 
 1984 0 1999 63
 1985 12 2000 35
 1986 1 2001 32
198772002170
198843200393
198926200451
199012200537
199122200619
1992
312007 45
1993112008169
199417200984
199512201038
199610201134
199725201229

Fuente: Sinderh

 

Una historia de despojo: el caso Puerto Wilches

 

 

La puesta en funcionamiento del ferrocarril en los años 20 del siglo pasado, la edificación del principal muelle del río Magdalena por la empresa Draga en 1931, y la explotación petrolera iniciada por la Socony en 1943, favorecieron la aparición de las primeras empresas cultivadoras de palma. Las primeras plantaciones de este producto se remontan a 1945, momento en el que la United Fruit Company estableció una plantación comercial en la zona bananera del Magdalena.

La venta de tierras por parte de un sector importante del campesinado de la región, propició el cambio en la estructura económica y social. El predominio del trabajo asalariado, en ausencia de un claro apoyo crediticio para fortalecer el pequeño campesinado, redujo las posibilidades de supervivencia de los cultivos de pan coger. En municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches el montaje de grandes cultivos de palma africana, conocido también como el desierto verde, empezó a tomar fuerza definitiva a mediados de la década del 70.

De acuerdo con la versión de algunos sindicalistas entrevistados, en un principio pocas personas se interesaron en conformar un sindicato, debido al tratamiento hostil por parte de algunos patronos y la política empresarial de decretar la muerte laboral para quienes se atrevían a reclamar sus prestaciones sociales. Finalmente, en marzo de 1971 se fundó el sindicato Sintrapalmas, y como consecuencia de ello hubo una serie de despidos injustificados de trabajadores sindicalizados.

A finales de los 70 aumentó el número de afiliados al sindicato, al tiempo que se fortalecieron las asesorías técnicas y las capacitaciones sindicales, y se lograron algunas conquistas laborales como los subsidios de transporte y familiar, y se empezó a hablar de planes de vivienda para los trabajadores. Hubo mejoras salariales y primas de navidad, y se avanzó en la prestación de servicios médicos y odontológicos a las familias, en fondos de trabajadores y la construcción del casino para la alimentación.

1988 es el año que marca la persecución cruenta contra los sindicatos palmeros en la región. Empezaron los asesinatos de los líderes, al tiempo que fenómenos como los desplazamientos forzados y las amenazas se instalaron en la cotidianidad sindical de la región, inaugurando así un periodo de horror sin precedentes.

En 1987 el Frente 24 de las FARC irrumpió en el casco urbano de Puerto Wilches, y paulatinamente también hacen presencia los frentes del ELN y el EPL. Y esta presencia guerrillera provocó presiones irregulares contra los empresarios palmeros y contra las organizaciones sindicales de Puerto Wilches. De acuerdo con el relato de uno de los líderes de Sintrapalma, hubo casos en que la guerrilla procuró espacios de resguardo y protección en medio del conflicto armado, lo que desató una serie de comentarios y especulaciones injustificadas sobre el accionar del sindicalismo palmero.

Si bien de tiempo atrás hubo notable presencia de grupos paramilitares en Sabana de Torres y San Alberto, a partir de 1997 también se hizo presente en Puerto Wilches. Estos grupos solían irrumpir a la fuerza en algunas manifestaciones organizadas en las inmediaciones de la empresa, además de intentar imponer su línea política al interior de la Junta Directiva de Sintrapalma.

Desde un principio, los trabajadores advirtieron que las acciones violentas tenían como propósito limitar las actividades sindicales. Y ese escenario de violencia desencadenó retiros voluntarios de afiliados, lo que repercutió en un lento declive del sindicato a partir del año 2000, que se acentuó en el 2008. La situación se tornó mucho peor en la medida en que la presencia de los grupos armados obedecía a la idea de estabilidad empresarial y el mantenimiento de un buen clima de inversión. Un sindicalista de Sintrapalma recuerda al respecto:

"En ese año 2002 llegaron a las instalaciones, supuestamente con la complacencia de la Junta Directiva de la empresa, y nos dijeron que si se daban cuenta de que andábamos inmiscuidos en vainas de guerrillas, y si llegábamos a parar la empresa, entonces nos mataban. A raíz de eso el temor fue peor, y muchos compañeros de la Junta Directiva comenzaron a irse".

Con los procesos de negociación de Ralito las autodefensas comenzaron un proceso de atomización que desencadenó una guerra interna entre los diferentes bandos: Águilas Negras, Urabeños y Los Rastrojos. Sin embargo, y más allá de las divergencias en la estructura militar de esos grupos ilegales, la presencia del paramilitarismo no se diluyó definitivamente. El reconocimiento del sindicalismo como presunto enemigo del progreso y aliado de los grupos subversivos en la región, impidió un cambio radical en la estrategia de guerra.

El miedo a la denuncia reflejó una profunda desconfianza en la capacidad del Estado para salvaguardar la vida de los sindicalistas de la zona. Solo a partir de los años 2004 y 2005, por intermedio del Ministerio del Interior, empezaron a funcionar eficazmente los esquemas de protección, por lo menos para facilitar la movilización de la Junta Directiva.

Al gobierno de entonces se acusó de promover la tercerización laboral y la legalización de las Cooperativas de Trabajo Asociado; y de la mano con lo anterior, para la CUT era inaudita la manera en que el Estado criminalizaba la legítima protesta de los palmeros en Puerto Wilches, utilizando el Esmad como fuerza de choque. La falta de espacios para el diálogo por parte del gobierno, incitaba a los empresarios palmeros a asumir una actitud completamente apática frente a las demandas de los trabajadores.

La reducción de afiliados por debajo del umbral establecido por la ley, desató, por parte de la empresa una estrategia jurídica para liquidar lo que quedaba de Sintrapalmas. Este sindicato hizo esfuerzos para entablar diálogos con trabajadores de otras empresas y agremiaciones del sector palmero, con el interés de revertir la desafiliación de trabajadores. Pero esas alianzas no surtieron efecto y el número de afiliados se fue reduciendo hasta que finalmente quedaron 22.

 

En la UIS: una lucha contra la opresión y la estigmatización

 

En 1962 un grupo de 82 empleados de la Universidad Industrial de Santander (UIS) decidieron crear su organización sindical para tratar de contrarrestar las precarias condiciones laborales existentes, aunadas a la arbitrariedad de algunos directivos del centro académico. Así nació el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander, Sindiuis.

En esos primeros años para el sindicato fue difícil conciliar los requerimientos de los trabajadores con los intereses esgrimidos por las directivas de la Universidad. Los pliegos de peticiones se negociaron en un ambiente tenso, pero tuvieron logros como la creación de una caja de previsión y el fondo de empleados.

En abril de 1974 los profesores afiliados a ASPU manifestaron su intención de trabajar conjuntamente con Sindiuis, y en consecuencia la organización adoptó la sigla Sintrauis. Ello representó para el sindicato una serie de progresos en su capacidad de movilización y convocatoria, y condujo, en 1975, a la firma de la primera Convención Colectiva con la cual lograron importantes reivindicaciones.

En respuesta, comenzó a imperar cierto clima de terror que buscaba corroer dichas alianzas y socavar los logros obtenidos por el sindicato. Fue una atmósfera marcada por presuntas amenazas por parte de la Quinta Brigada del ejército. Un líder de Sintraunicol Santander recuerda las persecuciones en su espacio familiar: "A veces mirábamos motos al frente de la casa, también llamaban a mi hija y luego ella me decía: papi llamaron y me preguntaron si mi mamá tiene un vestido negro, sino que fuera comprando la telita. ¿Qué es eso? No sé, cualquier número equivocado mijita, le respondía yo. Pero la verdad es que eran amenazas".

Fueron comunes las prácticas intimidatorias y las presiones psicológicas, más aún cuando el Estatuto de Seguridad impuesto por el presidente Turbay Ayala pretendió postrar a un sector amplio de los movimientos sociales y sindicales bajo el trazado de la lucha antisubversiva.

En el año 1978 el sindicato decretó un paro de 33 días en rechazo a la diferenciación establecida entre empleados públicos y trabajadores oficiales; a lo que se sumó su respaldo a las personas detenidas durante las manifestaciones de ese año, lo que sentó las bases de una estrecha alianza entre el sindicato y el movimiento estudiantil.

Las acciones contra la integridad de los dirigentes de Sintrauis se iniciaron en 1988, con la desaparición de Christian Roa el 27 de junio de ese año, y tuvo como correlato el juego de rumores y los temores por el destino de los demás dirigentes. Luego arreciaron las amenazas de ciertos grupos clandestinos, como "Mano negra", el MAS y "Los Magníficos". Según algunos testimonios, estos grupos los conformaban miembros activos del DAS, del B2, cuerpos de inteligencia de la policía y el F2. Realizaban llamadas telefónicas y cartas con mensajes amedrentadores, aparte de coronas mortuorias y sufragios.

La preocupación por estos incidentes llevó a la creación, en 1989, del Comité de Derechos Humanos, y de la Corporación Permanente por la Defensa de los DDHH de la UIS. Posteriormente se conformó un sindicato mixto entre Sintrauis y ASEUIS, que en 1996 se fusionó con el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol. Un aspecto importante fue la necesidad de establecer sinergias políticas para hacerles frente, no sólo a los incidentes de violencia, sino también a los procesos de reestructuración presupuestal que limitaron los dineros destinados a la educación pública en las universidades.

Posteriormente, frente a la irrupción violenta del paramilitarismo, la reacción del sindicato y de la comunidad estudiantil fue inmediata. En junio de 2001 los presidentes de Sintraunicol subdirectiva Bucaramanga y de la Asociación de Profesores de la UIS, Aspouis, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas para contrarrestar esta violencia. En junio del 2001 la Comisión se pronunció en favor de varios estudiantes, profesores y trabajadores afiliados a Sintraunicol Santander, lo que obligó al gobierno a tomar medidas cautelares.

El despliegue del aparato de guerra contra el movimiento sindical y estudiantil de la UIS, llevó a que en febrero de 2003 Sintraunicol Santander expidiera un comunicado para denunciar los señalamientos contra varios de sus líderes, acusados de pertenecer a grupos subversivos.

Recientemente se reveló una presunta comunicación ocurrida en el 2007 entre el comandante paramilitar alias "Félix" y el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico. En esta comunicación el rector se comprometía a entregar un listado de personas con pensamiento de izquierda pertenecientes al movimiento estudiantil.

La decisión de discurrir de manera crítica y activa los problemas que aquejaban a la universidad, llevó a Sintraunicol a denunciar la implementación sistemática y autoritaria de cámaras de seguridad y el aumento de las requisas en las porterías. Lo que provocó, aparte de sanciones disciplinarias, la respuesta exacerbada de grupos como las Autodefensas Gaitanistas del Nororiente Colombiano.

A partir de entonces las directivas de las UIS empezaron a legitimar medidas de seguridad con el argumento de evitar la ocurrencia de hechos criminales. Esta cultura de la precaución policiva ha sido fuertemente criticada por los estudiantes y el sindicato, por cuanto entraña una clara intensión de conferir a la protesta y a la movilización un estatuto claramente delictivo, que a lo largo de los últimos años ha costado la vida de importantes líderes sociales, no solo de la UIS sino de todo el departamento de Santander.

 

Publicado 4 de septiembre de 2014.

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Los delfines de la Costa con el Congreso en sus bolsillos

El inicio de una nueva legislatura en Colombia trajo consigo la instalación de la hegemonía costeña en las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes: José David Name y Fabio Amín Saleme, respectivamente, asumieron la cabeza de las corporaciones públicas. Su elección no sólo demuestra la influencia de la Costa en el Congreso, sino, también, la continuidad de las castas tradicionales de la política y de la parapolítica en la definición de las lógicas de poder en el país.

 

La mesa directiva del Senado

 

Tal y como lo fue indicado en desdeabajo, edición 204, la existencia de una oposición numerosa en el Congreso habilita a los partidos de la coalición de gobierno para exigir mayores prebendas, incrementando su poder de negociación frente al Ejecutivo. En este caso la designación de José David Name, como candidato del Partido de la U, y su posterior elección en la presidencia del Senado, es una clara afrenta al guiño del presidente Juan Manuel Santos quien terminó impulsando la candidatura al interior de su partido de Armando Benedetti.

 

Name, es el delfín político del clan Name Terán, iniciado por su padre el cacique atlanticense José Name quien fuera congresista durante una treintena de años. Este cacique fue vinculado a las investigaciones de la parapolítica por testimonios de los ex miembros de las autodefensas: Carlos Mario García Ávila, Alfredo Arrault, Edgardo Ignacio Fierro Florez, Mario Marenco, Pedro Pablo Sánchez, Guillermo Ariza, Fernando Garcés y Julio Polanía.

 

Su poder y ligazón con el Gobierno central le permite grandes negocios, producto de los cuales terminó involucrado en variadas polémicas, algunas de ellas por concesiones otorgadas para construir obras de infraestructura, entre ellas la vía de La prosperidad, concesión ganada junto a un consorcio que lo conjuga con el dudoso gobernador del Magdalena, Luis Miguel "El Mello" Cotes –próximo al condenado para-político Trino Luna–; y otras polémicas por actos como la entrega de 150 millones de pesos, a través de su empresa "Consultores del Desarrollo", para financiar el referendo del ex presidente Uribe.

 

Para la legislatura que arrancó este 20 de julio, su campaña a la presidencia del Senado fue apoyada por la poderosa familia García, quienes a través del senador Andrés García Zuccardi (hijo de la condenada por para-política Piedad Zuccardi y de Juan José García, penado por su relación con los dineros calientes del proceso 8000), y de la senadora Teresita García (hermana de Juan José y Álvaro García, este último condenado a 40 años de prisión por su participación intelectual en la masacre de los paramilitares en Macayepo Bolívar, que dejó 15 campesinos muertos), quienes hicieron todo el lobby necesario para reunir los 10 votos costeños de la bancada de la U y así vencer a los otros postulados para esta presidencia: Mauricio Lizcano y Armando Benedetti.

 

Aparte de los herederos de la para-política del clan García, Name contó en su campaña hacia la presidencia del Senado con el apoyo de Dilian Francisca Toro, procesada por lavado de activos. De igual manera, en medio de la elección en la plenaria del Senado, resultó respaldado por la bancada del expresidente Álvaro Uribe.

 

Como si fuera poco, la mencionada Teresita García fue electa como segunda vicepresidenta de la Cámara. La parapolítica, conjugada con la resistencia de los clanes políticos costeños a su muerte, es una constante que desnuda la arquitectura mafiosa y clientelar del régimen político colombiano.

 

También en la Cámara

 

La Cámara de Representantes quedó liderada por el liberal cordobés Fabio Amín Saleme, reencarnación del jefe de su clan, José Name Terán. Su familia fue relacionada con las dudosas concesiones de infraestructura otorgadas en el caribe colombiano. Su logró le permitirá revivir a su clan en el poder en el departamento del Atlántico, donde está aminorada por la influencia de los Char.

 

Recientemente fue vinculado al escandalo del carrusel de los dudosos viajes de un grupo de más de 10 congresistas por Argentina y Chile, aprovechándose de la financiación de la corporación pública.

 

El panorama real del poder político en Colombia, sin duda alguna, prosigue por los mismos caminos. El legislativo instalado el 20 de julio, mezcla de corrupción, clientelismo, mafia, para-política, así lo confirma.

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