Vulnerables al amor social, Invulnerables al terror

A 35 años de su constitución, una revisión de la historia del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, permite verificar que la misma sucede al unísono que se desata una profunda ofensiva militar y paramilitar contra los movimientos sociales, sus principales dirigentes, así como contra significativos conglomerados sociales. El Derecho como herramienta para defender la vida, recuperar la memoria popular y sembrar verdad y justicia.


"Son aliados del terrorismo”, el “brazo jurídico de las guerrillas”, agentes del “comunismo internacional”, “traidores de la patria”, “enemigos del Estado y de las Fuerzas Armadas”, “corruptos que compran testimonios, fiscales, jueces y periodistas, que inventan víctimas para enlodar a los héroes de la patria, para hacerles condenar a penas injustas”. Son los “hacedores de la guerra jurídica y promotores de la guerra judicial”. Así han tratado durante 35 años al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (en adelante el Colectivo o Cajar) y a sus integrantes. Tanto militares como civiles al frente del Estado inconformes por nuestra labor en defensa de los derechos humanos y de promoción de la paz.


Nacimiento y causas

 

El Colectivo nació en 1978, en el seno de la Asociación Nacional de Profesionales al servicio de los sectores populares, la mayoría de los cuales terminaron presos o perseguidos por la aplicación del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. En 1980 se adopta el nombre de “José Alvear Restrepo” como homenaje a un abogado humanista, liberal gaitanista, que luego del magnicidio del líder, en las guerrillas del Llano elaboró las leyes humanitarias para que las tropas guerrilleras respetaran a la población civil y a los combatientes.


Gaitán y el gaitanismo

 

En sus más de tres décadas de existencia, el Colectivo ha representado diversos y sustanciales procesos legales que han conmovido a todo el país, entre ellos a la hija de Jorge Eliécer Gaitán, acompañando a su familia en la búsqueda del reconocimiento del genocidio contra el gaitanismo que comenzó en el año 46 y que se extendió más allá de la inmolación del líder, que pretendía que Colombia se condujera por caminos de justicia social, paz, participación popular y de civilidad. Nunca se ha querido investigar ni el genocidio ni los crímenes de lesa humanidad que se cometieron con ocasión de la decisión de exterminar el gaitanismo y el sacrificio de su vocero.


Los abogados del Colectivo defendieron a los presos políticos y enfrentaron los consejos verbales de guerra en la justicia penal militar, que durante la década de 1980 tenía la facultad de poder juzgar a civiles. Lograron luego de años de denuncia sobre las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura y las violaciones permanentes al debido proceso, que finalmente se declarara inconstitucional dichas competencias a la fuerza pública.

 

Pero las modalidades de la represión cambiaron. En la misma década de 1980 La desaparición forzada de personas comenzó a ser una práctica generalizada, como las ejecuciones extrajudiciales y luego las masacres. Los dineros de la mafia sirvieron para alimentar la corrupción al interior del Estado y la promoción del paramilitarismo como nueva estrategia de guerra sucia por parte de las Fuerzas Armadas.

 

El Palacio de Justicia

 

Luego de Turbay y su Estatuto de ingrata recordación, se dieron los intentos de paz promovidos por el presidente Betancur, ahogados en sangre, del que él mismo se haría responsable con la retoma del Palacio de Justicia. Ignorando el llamado del cese al fuego y del diálogo solicitado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el “Presidente de la Paz” autorizó que la barbarie primara sobre la razón y que se inmolara a los más importantes magistrados de la Nación, a que se exterminara el comando del M-19 responsable de la toma y a que se torturara y desapareciera a personas que el Ejército consideró como aliados de los insurgentes.

 

El Cajar ha representado a las víctimas del Palacio de Justicia desde hace más de 25 años, caso que está por fallarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CoIDH–. Algunos mandos militares han sido condenados, se ha pedido que se investigue a Belisario Betancur en sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de febrero de 2012, quien sigue ocultando al país las responsabilidades criminales del alto mando militar que él asumió como propias en sus primeras declaraciones.


La Unión Patriótica

 

Luego del “Holocausto del Palacio de Justicia”, comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, dos candidatos presidenciales ejecutados extrajudicialmente, decenas de parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales, más de cinco mil dirigentes de este movimiento político que pretendía contribuir a la paz y la democracia en Colombia, fueron víctimas de genocidio. En representación de la familia Cepeda, el Colectivo ha actuado para conseguir la condena de los militares involucrados en el magnicidio del último senador electo por la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, caso por el cual se consiguió la condena contra el Estado colombiano ante la CoIDH en mayo de 2010. Casi 20 años después el Colectivo sigue actuando en el proceso penal para individualizar la responsabilidad penal de los autores intelectuales de este crimen.


La Rochela

 

El 18 de enero de 1989, en La Rochela, Santander, la alianza mafia, paramilitares, políticos y Ejército que extenderían un baño de sangre en todo el país, se concretó en la masacre en que se asesinó 12 de 15 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona, entre ellos la desaparición forzada de 19 comerciantes en el Magdalena Medio. El Colectivo representó a las víctimas en el proceso penal infructuosamente sin que se identificaran las responsabilidades penales, en octubre de 1997 presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y en mayo de 2007 se obtuvo condena contra el Estado colombiano en esta Corte. Cuatro generales fueron vinculados a la investigación penal y un parlamentario, casi un cuarto de siglo después el Cajar sigue buscando la sanción penal de los máximos responsables.


Nueva Carta, guerra histórica


Con el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro Berlín se abrieron nuevos espacios a la democracia y en Colombia a las posibilidades de paz con las guerrillas que negociaron su desmovilización para apostarle a la participación política legal contribuyendo a la más importante transformación constitucional en la historia del siglo XX, cuatro antiguas guerrillas: el M-19, el Quintín Lame, el prt y el epl tuvieron asiento en la Asamblea Nacional Constituyente que adoptó la Constitución del 91, el Colectivo asesoró jurídicamente dichos procesos de reinserción en convenios con el Estado y acompañó los cambios importantes en materia de derechos humanos y de protección que se introdujeron en el nuevo orden constitucional.

 

Sin embargo una Constitución que nacía para la paz y para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, que pudo haber dado participación en su construcción a las guerrillas más antiguas y más fuertes, las farc y el eln, se enfrentó desde el día de la elección de los constituyentes al bombardeo de Casa Verde, donde se habían mantenido los acercamientos y diálogos con los comandantes de las farc.


Una escisión del eln, la Corriente de Renovación Socialista, negoció su reinserción desde septiembre de 1993, el Ejército que quiso sabotear dicho proceso de paz, asesinó a dos de sus voceros, Enrique Buendía y Ricardo González, pretextando que habían sido dados de baja en combate el 22 de septiembre de 1993. En septiembre de 1998 el Colectivo consiguió un informe de fondo de la Cidh sobre el caso (Informe Nº 84/98, Caso 11.710) por la impunidad en que se mantenía el mismo, habiendo litigado en vano ante la justicia penal militar, solamente se obtuvo condena contra los oficiales del Ejército responsables materiales del crimen casi 20 años después –mayo de 2012– y seguimos reclamando se investigue a los autores intelectuales del mismo.


Los Uvos

 

Mientras se debatían en la Asamblea Constituyente los mecanismos de protección a los derechos humanos que se integraría a la Carta Política, el 7 de abril de 1991 en Los Uvos, departamento del Cauca, fueron masacrados por una patrulla del Ejército 17 campesinos, los propios militares quisieron desviar la investigación acusando a las farc de la masacre, luego en la justicia penal militar impartieron impunidad para los autores materiales e intelectuales. En mayo de 1992, el Colectivo presentó el caso ante la Cidh, el Estado aceptó su responsabilidad y se inició una solución amistosa que fracasó por el incumplimiento reiterado de los compromisos asumidos. La Cidh resolvió con informe de fondo, el 13 de abril de 2000, Nº 35/00, Caso 11.020, varias de las recomendaciones siguen sin ser cumplidas y el Cajar sigue actuando reclamando justicia frente a los autores intelectuales de la masacre.


En Caloto, cabildo Huellas

 

Habiéndose reconocido los derechos de los pueblos indígenas a mantener su cultura, sus territorios, su lengua, sus formas de justicia, en la nueva Constitución que establece que Colombia es un estado pluricultural y multiétnico, el 16 de diciembre de 1991 se masacró a 21 indígenas Nasa en Caloto, Cauca, con el objetivo de despojarlos de sus tierras. El Colectivo presentó el caso ante la Cidh en diciembre de 1992, el Estado aceptó su responsabilidad y en 1995 se acordó una solución amistosa para reparar a la comunidad, para reconocerles sus tierras y para ponerle fin a la impunidad de los actores. 22 años después los compromisos esenciales siguen sin ser cumplidos y los dos oficiales de la Policía vinculados a la investigación penal no han sido condenados.


El paramilitarismo en consolidación


Con Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, a través de las cooperativas Convivir, con las que se legalizaba el paramilitarismo, se consolidó de la mano del general Rito Alejo del Río las Autodefensas de Córdoba y Urabá, lideradas por los hermanos Castaño. Con el apoyo de Víctor Carranza, las Fuerzas Armadas decidieron consolidar el proyecto paramilitar a nivel nacional y contribuyeron al traslado de las fuerzas mercenarias al sur del país. Así se van a consolidar las Autodefensas Unidas de Colombia, que al anuncio de su jefe Carlos Castaño de que “habrán muchos más Mapiripán”, masacraron, violaron, torturaron, descuartizaron, pasaron vivos por hornos crematorios o lanzaron a cocodrilos a decenas de miles de personas inermes a lo largo y ancho de Colombia.


Entre el 14 y el 20 de julio de 1997, Mapiripán, Meta, pasaría a la historia, por una masacre que implicó la movilización de tropas paramilitares y armamento en aviones que salieron de un aeropuerto militarizado, atravesaron el país, llegaron a otro aeropuerto militarizado y con apoyo de las Fuerzas Armadas, entrenadas por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos presentes en la zona, en la base militar de El Barrancón, perpetraron esta masacre y la de Caño Jabón entre otros muchos crímenes cometidos en esta región del país. El propio Carlos Castaño reivindicó que las víctimas habrían sido 49.


El Colectivo presentó el caso ante la Cidh el 6 de octubre de 1999, cuando el proceso había sido asumido por la justicia penal militar, caso 12.250, que será sentenciado por la CoIDH el 7 de marzo de 2005. El 15 de septiembre de 2005 la Corte emitió sentencia sobre el fondo del caso ordenando reparar a las víctimas y sancionar a todos los responsables de la masacre. En el proceso penal se ha logrado la sanción penal de altos oficiales de las FFAA, entre ellos el general Jaime Uscátegui condenado a 40 años. El Colectivo sigue insistiendo en la investigación y sanción penal de otros generales que fueron igualmente responsables tanto por acción como por omisión de estas masacres.


A finales de 2011, el Estado hizo pública la existencia de víctimas que habrían engañado al Colectivo, al Estado y a la CoIDH por la masacre de Mapiripán que habían sido reparadas, que se acompañó de una estrategia de difamación contra el Colectivo, con la intención de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos y para generar impunidad en relación con crímenes promovidos por agentes estatales. La información dada a conocer por el Estado que probaría que varias de las víctimas no lo serían de la masacre de Mapiripán, reposaba en entidades estatales desde antes de la sentencia de la CoIDH y desde 2008 con la desmovilización de las farc de uno de los presuntos desaparecidos. El Cajar, sin que haya mediado sentencia judicial, devolvió al Estado por razones éticas los recursos percibidos como porcentaje de lo que se pagó al núcleo familiar de los Contreras.


Más allá de la representación de víctimas de crímenes de carácter internacional, el Colectivo ha desarrollado acciones públicas para la protección de los derechos fundamentales, acudiendo a las acciones de tutela o acciones populares para proteger otros derechos como la salud, la educación, la igualdad, el debido proceso, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; demandando la inconstitucionalidad de normas que violentan los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado en la materia, hasta contribuir a la declaratoria de inconstitucionalidad del último intento de reelección de Uribe Vélez o el acuerdo para instalar bases militares del Ejército de Estados Unidos con libre tránsito por el territorio nacional, el espacio aéreo y marítimo de naves y de tropas extranjeras (Corte Constitucional, expediente 7964/D-7965, decisión de agosto de 2010).

 

El DAS

 

Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, éste entregó el DAS al paramilitarismo, nombrando a Jorge Noguera Cotes como director de la entidad, vinculado con Jorge 40 líder paramilitar de la Costa Norte y condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, proceso 32.000, sentencia de septiembre de 2011, por el homicidio del defensor de derechos humanos y profesor universitario Alfredo Correa de Andreis en proceso en que el Colectivo representó a la familia de la víctima.


De igual manera Álvaro Uribe Vélez, nombró como Subdirector del DAS a José Miguel Narváez, contra él actúa el Colectivo en 4 procesos penales: por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, por el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba y por la creación del G-3 grupo irregular que operaba al interior del DAS, dirigido por éste, con el propósito de perseguir y destruir a los críticos de Uribe Vélez, en particular los defensores de derechos humanos, los políticos de oposición, los periodistas independientes y, los magistrados que podrían oponerse a la reforma constitucional para garantizar la reelección.


El Das desarrolla la “Operación Transmilenio” cuyo objetivo inicial era la destrucción del Colectivo y de la Comisión Colombiana de Juristas. Según declaraciones de un líder paramilitar que involucra a José Miguel Narváez, éste habría ordenado dinamitar sus sedes. La operación se extiende a acciones de desprestigio, saboteo e intentos de judicialización de los defensores de derechos humanos.


El Colectivo fue víctima de una persecución sin precedentes dirigida desde el alto gobierno: interceptación de todas sus comunicaciones y la de sus familias, y contactos a nivel nacional e internacional, se infiltró a la organización, se amenazó de muerte a sus integrantes y sus familias, se atentó contra la vida de una de las abogadas, se persiguió en particular a las mujeres cabeza de familia, se logró que no se obtuviese recursos de la cooperación al desarrollo, se persiguió a sus miembros en sus desplazamientos al exterior, se les difamó ante terceros países para conseguir que les cancelarán sus visas, se hizo perfiles sicológicos de sus integrantes para identificar fortalezas y debilidades.

 

La “Operación Transmilenio” debió concluir con la “Operación Arauca”, sembrando propaganda del eln en la sede del Colectivo, se ordenó inventar una conversación entre el presidente del Cajar y un comandante del eln, que tras un allanamiento a las oficinas debería haber facilitado llevarles a prisión. La operación fracasó porque se descubrió oportunamente la propaganda subversiva y se advirtió a las autoridades.

 

El Colectivo representa a más de 30 víctimas nacionales e internacionales por la persecución criminal del Das en procesos en que han sido reconocidos como tales, tanto en la indagación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Uribe Vélez, como en la Corte Suprema de Justicia que juzga al ex Secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno y a la ex directora del Das María del Pilar Hurtado. Sigue actuando en las investigaciones penales y juicios que se adelantan contra el entorno de Uribe Vélez y los principales responsables en el Das de sus actividades criminales. Hasta el momento se han proferido 10 sentencias penales contra altos responsables del Das por concierto para delinquir y otros delitos.


Esta persecución contra el Colectivo se intensificó con ocasión del trabajo ante el sistema interamericano de derechos humanos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y los últimos años ante la Corte Penal Internacional. El Colectivo representa a centenares de víctimas de crímenes del paramilitarismo, de las Fuerzas Armadas, en particular de los mal llamados “falsos positivos” en que millares de personas humildes fueron ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como guerrilleros dados de baja en combate, por obtener prebendas tan insólitas como unos días de vacaciones, una remuneración extra o un ascenso en el escalafón militar.


Luego de tantos años de difamación y de persecución cabe preguntarse ¿quiénes son los terroristas, quiénes son los corruptos, quiénes son los traidores a la patria, quiénes son los cobardes, quiénes son los enemigos del Estado y de las Fuerzas Armadas, quiénes son los que hacen guerra contra su propio pueblo, guerra política, jurídica y sicológica contra la verdad, contra la justicia, contra la sociedad?.

 

El Colectivo reconoce a los millares de hombres y mujeres que han sacrificado su vida por una sociedad mejor, por una Colombia en paz, por una democracia digna de tal nombre, pero repudia el mal entendido espíritu de cuerpo en que los asesinos se cubren de un manto de complicidad institucional sobre la honestidad de quiénes cumplen con sus obligaciones constitucionales y legales.


 De esta semblanza institucional sobre 35 años de existencia de una organización integrada por hombres y mujeres que asumieron el riesgo de perder sus propias vidas por defender la vida, que integraron en sus estatutos la necesidad de ser vulnerables al amor social, que han tenido que vencer una y otra vez sobre el terror y el miedo, que han asumido un compromiso irredimible por la transformación social e institucional del país a favor de la justicia, de la paz y de la democracia, se puede agradecer su lucha porque en la misma nos sentimos dignificados como personas.

Publicado enEdición N°193
Medellín diez años después de la "Operación Orión"

 

El 2 de diciembre de 1993 el famoso y poderoso capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, cayó acribillado a balazos en el tejado de una casa del barrio de Los Olivos. La larga cacería del hombre que condujo a este desenlace fue llevada a cabo por una unidad militar de élite, «El bloque de Búsqueda», apoyado por los servicios secretos estadounidenses y un grupo de delincuentes –perseguidos por Pablo Escobar (los pepes)- comandados por los hermanos paramilitares Fidel, Vicente y Carlos Castaño, financiados a su vez, por... los narcotraficantes del cártel de Cali. Hay que señalar, para la pequeña historia, que la composición de ese curioso grupo fue aprobada en 1989 por el presidente de Estados Unidos George Bush (padre) con el nombre en clave de «Heavy Shadow».

 

Al margen de esta guerra a la cocaína, otra guerra atroz y aparentemente sin fin provocada por las desigualdades sociales sigue ensangrentando Colombia. Las guerrillas se infiltraron desde hace ya algunos años en los barrios populares de las grandes ciudades; a su vez los paramilitares pretendieron implantarse en Bogotá, Cali, Barrancabermeja, etc. Hasta ahora muy rural, el conflicto se está volviendo urbano.

 

Fue en Medellín en 1996 donde surgió el «Bloque Metro» de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) dirigido por «Doble Cero». Mucho después, en abril de 2012 un exjefe paraco (1), Pablo Hernán Sierra García, alias «Alberto Guerrero», afirmó ante la justicia que las ACCU fueron creadas por los ganaderos del departamento de Antioquia, entre ellos los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez (el cual, que mientras tanto pasó por la presidencia de la República, niega ferozmente esa acusación). Pero, en resumen, en ese final de década de 1990, todavía no habíamos llegado ahí. En el año 2000 en Medellín, bajo las órdenes de Carlos Castaño que federó al conjunto de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el «Bloque Metro» dejó su puesto al «Bloque Cacique Nutibara», dirigido con mano de hierro por Diego Fernández Murillo, alias «don Berna».

 

Al oeste de la ciudad, apenas a diez minutos en coche del Centro Administrativo La Alpujarra, donde están la Gobernación y el Ayuntamiento, se encuentra la Comuna 13, un sector deprimido compuesto por 22 barrios legales o informales (2). Aferrado a las laderas de una montaña escarpada, rayado de caminos, empinadas escaleras, callejones, callejuelas y rincones oscuros, este auténtico laberinto acoge a 200.000 habitantes originarios en su mayoría del Urabá antioqueño y chocoano –al norte del país-. Los pobres, víctimas de la exclusión social, arrojados a la economía sumergida pero con una gran capacidad de organización comunitaria y un firme sentido de sus reivindicaciones. De tal forma que la cohabitación con las milicias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sobre todo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el más presente en la zona, no da lugar a demasiadas fricciones.

 

A esos tradicionales protagonistas armados se añade, en la Comuna 13, un grupo independiente, los Comandos Armados del Pueblo (CAP), que no dependen de las FARC ni del ELN pero comparten con ellos la opinión de que hay que enfrentarse al Estado. «Esta milicia tuvo mucho éxito», se oye todavía en la actualidad, «porque estaba formada por personas del barrio, anteponía la labor política a la acción militar y se proclamaba sobre todo defensiva». «Sabiendo por otra parte», nos completan la información, «que las organizaciones comunitarias, artísticas, religiosas y otras, que manifestaban hacia ella cierta simpatía, se mantenían totalmente autónomas». Al principio esas milicias no inquietaron demasiado a las autoridades. Supliendo las carencias del Estado garantizaban la seguridad luchando contra las bandas de delincuentes, mejorando las viviendas, construyendo caminos, etc.

 

La situación cambió a principios de los años 2000. Medellín tenía en perspectiva importantes proyectos de desarrollo económico incompatibles con la resistencia y las vías alternativas de cualquier tipo.

 

En todos los barrios marginales a los que en los años 60 y 70 llegaron las familias expulsadas de los campos por la violencia o atraídas por el estallido industrial de la décima metrópoli del país, se crió una generación de adolescentes que se agruparon en bandas –las pandillas-. Fue en esas pandillas donde, en el apogeo de la guerra que libró contra el Estado, Pablo Escobar reclutó a sus sicarios. También los captaron los paramilitares, quienes, desde su intrusión, establecieron un control territorial, militar, económico y social absoluto sobre la ciudad. Excepto en la Comuna 13, que solo ocupaban parcialmente. El ejército de los CAP y de los guerrilleros de las FARC y el ELN, así como la resistencia civil de las organizaciones comunitarias se lo impidieron. Sin embargo e independientemente de la «lucha antisubversiva», los paracos codiciaban especialmente ese territorio: corredor montañoso estratégico, une el suroeste del departamento de Antioquia y el mar, en el golfo de Urabá, una configuración muy interesante para el tráfico de armas o la exportación de la cocaína...

 

El 29 de mayo de 2002, con el pretexto de pacificar la zona, una primera operación militar –la Operación Mariscal- reunió 900 hombres de la fuerza pública y se saldó con la muerte de nueve civiles (entre ellos cuatro niños), 37 heridos y 50 detenciones arbitrarias. La intrusión, sin embargo, sólo duró unas horas: la población salió con banderas blancas y al mismo tiempo la presencia de la prensa y de organizaciones de defensa de los derechos humanos ejercieron tal presión que el ejército tuvo que detener su intervención.

 

Elegido el 26 de mayo, Uribe asumió sus funciones en la Casa de Nariño –el palacio presidencial- el 7 de agosto. Inmediatamente ordenó «retomar» la Comuna 13 –una forma de inaugurar su dura política de «seguridad democrática»-. Tras una breve operación «Antorcha» (el 15 de agosto), la operación «Orión» lanzó sobre el barrio, el 16 de octubre, cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el batallón contraguerrillero del ejército, efectivos de la policía metropolitana y de la policía de Antioquia, con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad (la policía política, DAS). Más de 3.000 hombres lanzados en una operación de guerra total contra... la población.

 

En efecto, aunque en las primeras horas las milicias combatieron la envergadura de la ofensiva las obligó a replegarse. Eso no impidió que los helicópteros continuasen acribillando los tejados de las casas, las tanquetas (blindados ligeros) siguieron disparando de forma indiscriminada empujando a las calles una avalancha de habitantes desesperados. Durante cinco días de «pacificación», vestidos de camuflaje, la cara cubierta con pasamontañas negros, los «informadores» -entre ellos un tal Carlos Pesebre que lo confesaría- guiaron a los agentes de la fuerza pública que registraron las casas. Al final de los registros, que se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, se contaron 355 detenciones arbitrarias a las que se añadieron, según el balance oficial, 39 civiles heridos, siete desaparecidos y tres policías muertos.

 

La primera fase de la operación duró hasta el 20 de octubre. La Comuna estaba completamente aislada. Nadie tenía autorización para salir o entrar, únicamente la versión de la fuerza pública se filtró a los medios, «se trata de una operación militar legítima que, al perseguir a los grupos ilegales, ha devuelto la paz a la Comuna».

 

Una segunda fase podía comenzar: en la Comuna 13 sólo permanecían los efectivos del ejército, de la policía y... los paramilitares del «Bloque Cacique Nutibara» que ocupaban totalmente el territorio, lo que no habían podido hacer hasta ese momento. Desde entonces en esa zona, presentada como un «laboratorio de paz», es raro no encontrar cadáveres en las calles. Así fue, recurriendo a la práctica de las «desapariciones forzosas», como los paracos establecieron su control social en la Comuna hasta finales de 2003. «Denunciamos eso desde el principio», recuerda la abogada Adriana Arboleda, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, «nadie nos creía, nadie nos escuchó. Nos acusaban de ser el brazo jurídico de la guerrilla».

 

Diez años después sabemos un poco más sobre lo que deberíamos llamar un crimen de Estado. Los supervivientes, los familiares de las víctimas e incluso los exparamilitares han afirmado que muchos «desaparecidos» fueron enterrados en un lugar llamado «La Escombrera». Un vertedero 50% público y 50% privado que se extiende por 15 hectáreas en la zona alta de la Comuna 13, en el límite del barrio El Salao y con el municipio San Cristóbal. «Como Corporación Jurídica», continúa Adriana Arboleda, «hemos registrado 92 desapariciones. Nunca hubo tantas en una zona urbana en tan poco tiempo. Pero la cifra real es mucho más espantosa...»

 

En diciembre de 2002, dos meses después de la operación «Orión», por iniciativa del presidente Uribe se firmó el pacto de Ralito, primera etapa de la vuelta a la vida civil de los paramilitares que culminaría en julio de 2005 con la controvertida ley Justicia y Paz que les garantizaba una impunidad casi total. El primer grupo desmovilizado, el 25 de noviembre de 2003, incluso antes de la aprobación de la ley, fue precisamente el «Bloque Cacique Nutibara». Convertido en la época en el principal narcotraficante de la capital antioqueña, donde controlaba también otras actividades delictivas como secuestros y extorsiones, «Don Berna» fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico. Allí afirmó que los cadáveres de 300 víctimas, repartidos en un centenar de fosas comunes, se hallaban en «La Escombrera». También precisó que la operación «Orión» fue planificada y coordinada conjuntamente por los paramilitares y los miembros de la IV Brigada que mandaba entonces el general Mario Montoya –nombrado después comandante en jefe del ejército colombiano por Uribe- (3).

 

Ese pasado resurgió a finales de 2009 cuando, bajo presión de las familias de las víctimas y de las ONG que las apoyan, la alcaldía de Medellín firmó dos acuerdos –uno con antropólogos peruanos, guatemaltecos y argentinos y otro con la universidad de Antioquia- para tratar de esclarecer los hechos. Encargados de determinar la viabilidad de posibles exhumaciones, los antropólogos extranjeros, tras considerarlas imposibles, arrojaron la toalla rápidamente. «En efecto, en este tipo de procesos hay que saber cuántas personas se buscan, cómo se llaman y si es posible de dónde son», explica Andrea Romero en los locales de la sección antioqueña del Movimiento Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). «En este caso concreto, a falta de una investigación preliminar, no existían esas informaciones y se corría el riesgo de encontrarse con un montón de cadáveres imposibles de identificar que llevaría finalmente a una segunda desaparición».

 

Numerosos exparamilitares afirmaron que poseían esas informaciones. Pero se niegan a darlas. El «Bloque Cacique Nutibara» se desmovilizó antes de la ratificación de la ley Justicia y Paz, sus miembros no se beneficiaron de las garantías de impunidad de esa ley y por lo tanto corren el riesgo, si hablan, de ser perseguidos por la justicia.

 

Desde 2010 todo sigue igual. Escandalizadas por semejante inmovilidad, las víctimas y las ONG exigen imperiosamente el cierre inmediato de «La Escombrera». En ese vertedero de basura, de un espesor de 70 metros, todos los días se vierten más desechos, entre ellos numerosos productos químicos que pueden modificar los resultados de las potenciales investigaciones futuras cuya posibilidad se aleja cada día un poco más...

 

Edificios nuevos, geométricos, lujosas construcciones de vidrio y metal iluminadas por una profusión de carteles publicitarios... A finales de 2012 Medellín va bien. El ramillete habitual de políticos, con sus fórmulas prefabricadas, venden la ciudad como una metrópoli dinámica, un centro de negocios en la vanguardia del progreso, llena de turistas que pasean por la plaza Botero. Las tristes épocas del «cártel» y los paracos habrían pasado definitivamente.

 

En 2005 los paramilitares abandonaron la Comuna 13 en sus vehículos para desmovilizarse. Unos días después volvieron en los mismos vehículos, vestidos de civiles, para seguir controlando el barrio. Toda la ciudad ha vivido el mismo fenómeno –lo mismo que numerosas regiones del país donde ya actúan, con los mismos modos operativos que en el pasado, las «bandas criminales emergentes» (BACRIM)-. En el corazón de Medellín, en las calles peatonales, centros comerciales y espacios públicos, pululan guardias uniformados de compañías privadas de seguridad: la mayoría son paramilitares «reinsertados».

 

Cuando se extraditó a «Don Berna», en 2008, las compañías de transporte de algunos barrios organizaron un paro laboral inmovilizando sus autobuses –con el beneplácito de la alcaldía-. Y las violaciones de los derechos humanos continúan, «Ciertamente se puede observar que hubo una disminución de las agresiones entre 2004 y 2006: los paras querían legitimarse, demostrar que hacían bajar los índices de criminalidad», que volvieron a dispararse a partir de 2009. En parte también porque los lobos se devoran entre ellos.

 

Con «Don Berna» fuera del circuito su estructura mafiosa, la Oficina de Envigado, surgida en su origen de la red de sicarios creada por Pablo Escobar en la década de 1980, se ha disparado. Algunos miembros formaron un grupo nuevo –los Paisas-. Desde 2011 otra banda, los Urabeños, les disputan los barrios ofreciendo a cada jefe de pandilla, para comprar su lealtad, 35 millones de pesos (15.000 euros) y un arsenal raramente inferior a seis fusiles de asalto. El jefe de los Urabeños, Carlos Pesebre, uno de los principales informadores del ejército en la operación «Orión» ya tiene varios combos (4) a su servicio. En los períodos de tensión vinculados al reparto de las zonas todas esas personas se matan entre ellas hasta que se vuelve a establecer un clima de paz tensa (5).

 

Esas luchas de influencia responden a intereses muy concretos: control del tráfico y menudeo de droga, de la prostitución, de la explotación sexual de menores, de las extorsiones y del pequeño comercio –en muchos barrios, los combos llegan incluso a los negocios de arepas, huevos, pollo y leche, imponiendo a las tiendas sus propias mercancías y prohibiéndoles la venta de otros productos.

 

Sin embargo, aunque las dinámicas de esas estructuras paramilitares no son las mismas de hace diez años, una constante permanece: siguen amenazando abiertamente a las organizaciones comunitarias o culturales, a los comités de acción comunal, a los militantes y dirigentes sociales. ¿Con total impunidad? Quizá total no. Los combos han conseguido tanto poder que no respetan a la fuerza pública y no dudan en asesinar policías. En cambio el 8 de agosto de 2012 capturaron a Erickson Vargas Cardona, alias «Sebastián», último jefe conocido de la Oficina de Envigado. Es obvio que no se persigue a esos paramilitares como a los grupos guerrilleros. «Y hay que señalar que detrás de esos actores criminales están personas que tienen tanto poder –empresarios, políticos u hombres de negocios- que a pesar de las detenciones las estructuras no se desestabilizan».

 

Se observan, en efecto, dos fenómenos curiosos. Con sus centros comerciales, sus teatros, sus museos, su metro y sus complejos para convenciones, Medellín se enorgullece de haber acogido la Asamblea General de la organización de Estados Americanos (OEA) en 2008; la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2009; los Juegos Deportivos Sudamericanos en 2010; y quiere seguir siendo una metrópoli acogedora en la misma línea. «¡Durante esos períodos no hay un solo asesinato! ¿Cómo se explica esto? ¡Ningún enfrentamiento! Al día siguiente la violencia reaparece en todas las esquinas...». Algunos apuntan una respuesta: dando pruebas de una complacencia demostrada, el gobierno no duda en pactar secretamente con las estructuras criminales a cambio del control social de los barrios. «Además de que ciertos sectores del conglomerado económico antioqueño, propietarios del comercio e incluso de la ciudad, no tienen ningún interés en atacar la economía sumergida: es en sus bancos donde aterriza...».

 

Mientras en La Habana el gobierno y las FARC intentaban negociar el final del conflicto armado, en la propia Colombia el movimiento social resurgió con fuerza desde 2010, y sobre todo desde que el 23 de abril de 2012 la Marcha Patriótica (MP), una formación creada recientemente, reunió a 80.000 personas en la plaza de Bolívar, en Bogotá. Reclamando la paz «con justicia social» y reformas estructurales, empezando por la reforma agraria, tuvo un resultado todavía mejor el 12 de octubre en una manifestación nacional que reunió a 350.000 «indignados en la calle». No hubo que esperar mucho tiempo para que, ampliamente repetidos por los medios de comunicación, el ministro de Defensa, el general Juan Carlos Pinzón, y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, acusaran a la MP de estar financiada por los «terroristas» de las FARC. En un país donde la oposición, siempre pacífica, ha sido masacrada sistemáticamente, esas declaraciones provocan grandes dolores de cabeza.

 

En Medellín, en la Comuna 13, la situación se considera crítica. La guerra silenciosa de la mafia y sus bandas continúa. Porque a través de su acción cultural escapaba del orden paramilitar, el joven cantante de rap Elider Varela, «El Duke», fue asesinado el pasado 30 de octubre. El 9 de noviembre Robert Steven Barrera, de 17 años, miembro del grupo rapero «Alto Rango», sufrió la misma suerte. Un centenar de jóvenes pertenecientes a «Son Batá» y a la red de hip hop la Elite están amenazados. En el centro de la ciudad un militante de la Marcha Patriótica no puede contener una mueca: «Estamos en un país, una ciudad donde todos los días vemos hechos aterradores. Ya no matan a toda la comunidad, asesinan a una persona y con eso todo el mundo sabe lo que le puede pasar. El miedo reprime los sentimientos y las acciones, restringe la militancia política abierta. La lucha por el cambio continúa siendo peligrosa».

 

Notas:

(1) Paramilitar

(2) La Comuna 13 es una de las 16 comunas de Medellín de la que dependen, a su vez, cinco «corregimientos» (zonas rurales).

(3) El general Montoya dimitió en noviembre de 2008, cuando estalló el escándalo de los «falsos positivos» de civiles asesinados por los militares y presentados como guerrilleros muertos en combate.

(4) Tradicionalmente se da el nombre de «combo» a un grupo de amigos que se reúnen habitualmente en una zona de la calle, para diferenciarlo de la «banda» que tiene la característica de ser un grupo organizado de delincuentes.

(5) Medellín ha lamentado 2.186 homicidios en 2009; 1.651 en 2011; 1.064 en 2012 (de enero a finales de octubre). Semana, Bogotá, 12 de noviembre de 2012.

Fuente: http://www.medelu.org/A-Medellin-dix-ans-apres-l

 

Maurice Lemoine

Mémoire des Luttes

Traducido para Rebelión por Caty R.

 

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Miércoles, 22 Agosto 2012 07:22

Canta Santoyo y Uribe Capotea.

Canta Santoyo y Uribe Capotea.
El sistema penal nacional e internacional  está cada vez mas cerca de Uribe Velez, quien gobernó a Colombia por cerca de 8 años en representación de grupos sociales y políticos violentos y anti democráticos. Son interminables los episodios torcidos y las acciones ilegales en que esta comprometido éste personaje siniestro y sus más cercanos colaboradores, muchos de los cuales murieron en circunstancias extrañas o estan en las cárceles condenados a largas penas luego que la justicia confirmó su responsabilidad en graves delitos penales, especialmente por su asociación con grupos paramilitares y bandas del narcotráfico.
 

El caso más reciente es el del General Mauricio Santoyo, miembro destacado de la policía colombiana durante muchos años, siempre al lado de Uribe Velez en Antioquia y después como su Jefe de seguridad en la Casa de Nariño. Santoyo registra un periplo inescrupuloso  en Medellin, lugar en que como Jefe del Grupo Anti Secuestro (GAULA) desplegó una intenso espionaje mediante interceptaciones ilegales a los teléfonos de líderes de los derechos humanos que luego fueron desaparecidos por las autodefensas de "Don Berna". Igual es autor del exterminio de la familia Usuga, uno de cuyos miembros es parte de la guerrilla de las Farc en Uraba.

 
Desde sus altas posiciones policiales, Santoyo tejió una muy sólida alianza con la "Oficina de Envigado", estructura criminal del narcoparamilitarismo que convoca la delincuencia de Medellin y Antioquia. Allí hay pistoleros, narcos, paras, policías, generales del Ejercito, jueces, magistrados, senadores, representantes, empresarios, terratenientes, dueños de periódicos y hasta uno que otro prelado de la iglesia católica. Es una maquinaria de muerte vigente y actuante con poderosos tentáculos en varios frentes como el microtráfico, los juegos de azar, la exportación de drogas, el sicariato, la corrupción estatal y la organización política de los gamonales.

 
Santoyo junto a otros altos oficiales de la policía, cuyos nombres conocerán los fiscales gringos próximamente, cultivaron y cultivan esta multinacional del crimen que da soporte a la violencia de las élites regionales contra sindicalistas y lideres populares de diverso orden. Baste saber que el ex parlamentario Gustavo Almario, político del Caqueta encarcelado en la Picota de Bogotá por su alianza con los paramilitares de Macaco, ha contratado los servicios de la Oficina de Envigado para eliminar a sus enemigos en el municipio de Florencia. O saber que la misma tiene el control absoluto sobre las redes políticas oficialistas en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle (Cartago), merced al manejo de las tiendas del microtráfico, un negocio en auge y prospero que abastece las finanzas de jefes políticos de la U, liberales, conservadores y otras facciones políticas enchufadas a las administraciones regionales y municipales.

 
Santoyo, un "prospero" ex general Santandereano, "audaz empresario" de la panela en Barbosa y "emprendedor exportador" en la globalización, como muchos otros oficiales militares enriquecidos con la corrupción oficial en el Plan Colombia, fue delatado en los Estados Unidos por sus antiguos compinches del paramilitarismo, quienes le relataron a fiscales y jueces como actuaban en asocio concupiscente.

 
Dicho y hecho. Santoyo fue pedido en extradición por los gringos, en principio resistió esperando una protección política excepcional. Finalmente se entregó a la DEA y ya en territorio americano se declaró inocente. Con los días sus abogados,  ante la contundencia de las pruebas que le darían una condena de 40 años, lo convencieron de aceptar los cargos criminales y asumió el compromiso de decir la verdad dando los nombres de otros militares y funcionarios comprometidos en distintos delitos de mucha gravedad.

 
Toda un a bomba en Colombia. Vamos para otro capitulo de la parapolítica. Esta vez con altos funcionarios del gobierno de Uribe Velez con procesos judiciales en los estrados americanos.
 

La "novedad" es que el ex presidente salió a capotear la tormenta afirmando su extrañeza e inocencia, igual que en otros casos donde es evidente su responsabilidad. Nadie lo cree, pues toda apunta a él como el artífice y autor material del Estado mafioso que imperó e impera en la sociedad colombiana, una de cuyas piezas fue Mauricio Santoyo, el asesino de lideres de derechos humanos que debe responder ante los jueces norteamericanos. Ojala una "mano peluda" no lo caye y se sepa cuanto antes toda la verdad que Uribe Velez intenta evadir con cortinas de humo y falsos debates.

 
Colombia se sacude el miedo y espera ver también al señor Uribe Velez respondiendo ante las autoridades judiciales nacionales e internacionales.
Publicado enInternacional
Ex jefe de seguridad de Uribe reconoce sus vínculos con paramilitares
El general retirado colombiano Mauricio Santoyo, quien se desempeñó como jefe de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe, se declaró este lunes culpable de apoyar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 
Santoyo se pronunció de esta forma ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, reseñó la agencia EFE.
 

La corte estadounidense informó que Santoyo afirmó que fue parte de una conspiración para proveer apoyo y recursos a las AUC, organización de ultraderecha responsable del asesinato de miles de campesinos en Colombia.

 
El general retirado fue acusado el pasado 24 de mayo por el Tribunal Federal por sus vínculos con el narcotráfico, por lo cual podría recibir una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de 15.
 

“Esta importante acusación responsabiliza a un individuo malhechor que abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y a los de los traficantes de drogas y terroristas”, expresó el fiscal del caso, Neil H. MacBride.

 
El funcionario indicó que luego de “una ardua labor y a la cooperación de la Administración de Control de Drogas y la Policía Nacional de Colombia, hemos sido capaces de llevar esta investigación y el enjuiciamiento a una conclusión exitosa”.
 

Santoyo admitió haber aceptado sobornos de miembros de las AUC a cambio de información sobre las operaciones en curso de aplicación de leyes y otros tipos de asistencia, que permitieron a ese grupo paramilitar cometer actos terroristas y facilitar su actividad en el narcotráfico.

 
También reconoció haber informado a los miembros del grupo de ultraderecha de las detenciones previstas por los cuerpos de seguridad, incluso de operaciones de la Dirección Antidrogas Estadounidense (DEA), así como de la realización de escuchas telefónicas no autorizadas, entre otras cosas.

 
Santoyo fue acusado sobre estos hechos por los tres jefes de las AUC extraditados a Estados Unidos: Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra y Carlos Mario Jiménez.

 
El hoy acusado se retiró de la Policía Nacional en 2009 y conoció a Uribe en 1995, cuando formaba parte de la unidad antisecuestro del cuerpo policial.

 
Después se desempeñó como custodio del ex mandatario en su primera campaña electoral y posteriormente durante el Gobierno entre 2002 y 2006.

 
El Gobierno de Uribe estuvo caracterizado por denuncias y procesos judiciales que se denominaron casos de parapolítica, por los estrechos vínculos entre los paramilitares y los funcionarios de su administración.
 

(Con información de AVN)

Publicado enColombia
Sábado, 12 Mayo 2012 05:52

Paras con Uribe y contra Chávez

Paras con Uribe y contra Chávez
El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, admitió ayer que apoyó con dinero y logística la reelección del ex presidente colombiano, Alvaro Uribe. Además, el paramilitar reveló que en el 2008 políticos y militares venezolanos pretendieron conformar un bloque de esa fuerza en Venezuela e intentar un golpe de Estado contra el presidente, Hugo Chávez.


En una entrevista telefónica a Caracol Radio, Mancuso confirmó que se reunió con Uribe, afirmó que aportó para la campaña electoral de 2006, en la que el entonces mandatario fue reelecto y precisó que le entregó dinero a Jairo Andrés Angarita –conocido como el comandante Andrés– para la contratación de la logística que implicaba el traslado de los votantes y la publicidad a favor de la reelección de Uribe.


Entrevistado por primera vez por un medio colombiano, el paramilitar mostró preocupación por su declaración subrayando la inexistencia de garantías ni seguridad jurídica para su familia y sus abogados. “Yo entiendo el interés que tiene toda la nación, pero comprendan que es bien complicado contarles teniendo en cuenta las condiciones de mi familia”, sostuvo y consideró que su extradición al estado norteamericano de Virginia –a donde fue extraditado y se encuentra preso desde el 2008 por cargos de narcotráfico– apuntó a silenciarlo.


“¿Cuál es el mensaje que se está enviando? ¿Que no quieren nuestra verdad? ¿Por qué esta discriminación? Una vez desmovilizados, el gobierno anterior se impuso silenciarnos. Esto no es un secreto, está a la vista de todos esa política gubernamental nefasta”, cuestionó y lamentó que el ex presidente haya golpeado el proceso de paz subrayando que las Autodefensas cumplieron los compromisos y se desmovilizaron.


Sobre la relación con las AUC de Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano, se abstuvo de hacer cualquier pronunciamiento por considerar que lo que diga será tenido en cuenta como una venganza. “No quiero referirme a estos temas, nuestra respuesta es considerada como una respuesta de venganza. Lo haría dentro de las diligencias judiciales”, manifestó.


También resaltó que la ex directora del servicio secreto colombiano, María del Pilar Hurtado, tuvo relación con las Autodefensas y relató la visita de la ex senadora Piedad Córdoba, mediadora ante las FARC en las entregas unilaterales de rehenes que hizo la insurgencia en los últimos años. “La senadora nos ha visitado preocupada por el futuro de la paz del país y los obstáculos en su construcción. Hemos hecho algunos análisis de cuál sería el camino para que estos hechos no se repitan”, comentó. El ex jefe señaló que para el 2008 generales y políticos de Venezuela contactaron a Carlos Castaño, otro ex líder que desapareció, para conformar un bloque paramilitar en el país vecino.


“Llegaron unas personas interesadas en conformar autodefensas en Venezuela para darle un golpe de Estado al presidente Chávez, pero la intención no era matarlo”, confesó Mancuso, quien agregó que en esa región se querían formar, cansados del acoso de la guerrilla, y requerían instrucciones militares sobre cómo instaurar un nuevo orden con un golpe de Estado.


La denuncia de Mancuso y su repercusión provocó que el abogado de Alvaro Uribe anuncie que el ex presidente demandará al paramilitar por considerar que lo calumnió al atribuirle nexos y conspiraciones con la disuelta organización AUC. El jurista Jaime Granados, del equipo de defensa de Uribe, dijo que su cliente también solicitará a la Fiscalía General que excluya a Mancuso del programa de beneficios que le otorga la ley de justicia transicional que se aplica a los desmovilizados de las AUC. En respuesta a algunas de las aseveraciones, Granados declaró que Mancuso faltó a la verdad de manera grave al afirmar que se reunió con el ex mandatario colombiano y lo tildó de mentiroso. Asimismo, el letrado adelantó que pedirá al comité parlamentario que investigue de manera preliminar a Uribe por estos hechos y que se ordene recibir un interrogatorio formal de Mancuso para que reitere sus afirmaciones.
Publicado enColombia
Martes, 14 Febrero 2012 19:42

El “Tierno” sepulturero fugitivo

El “Tierno” sepulturero fugitivo
Estoy por creer que es cierto el dicho popular que nos enseña que  “el que la hace la paga”. Ahora anda huyendo de la justicia el excomisionado de paz del gobierno Uribe Vélez, el prófugo Luis Carlos Restrepo,  quien se inició en los laberintos del conflicto armado con un ensayo que tituló "La Sangre de Gaitán", publicado en Bogotá en el libro Saqueo de una Ilusión.
 
Allí, el contumaz Luis Carlos Restrepo, a quien solían apodar “el doctor ternura”,  afirma que: “La sangre de Gaitán se convirtió en una realidad concreta que anima a la venganza… Refundación civil que debe empezar por enterrar a los muertos, declarando saldada la deuda de sangre para intentar un nuevo pacto de convivencia… Cuando una cultura empieza a convertirse en campo de difuntos insepultos – que nos acechan con su hedor para que derramemos de nuevo sangre y saciemos sus anhelos de venganza – se hace imprescindible aclimatar la profesión de enterradores. Astutos maestros del olvido que nos ayuden a recuperar la fuerza y la inocencia en aquellos momentos en que el culto a los muertos – y a los poderes que los representan – torna irrespirable el ambiente para los vivos… Momento de declararnos insolidarios con la historia, de asumirnos como apátridas si la patria sigue reduciendo a la estupidez colectiva de aplastar la vida para que la sangre de mártires y caudillos continúe viva”.
 
Los paramilitares acogieron con entusiasmo esta propuesta en un panfleto donde amenazaban de muerte a mi familia y a mí, si no renunciaba a la dirección de la Casa-Museo Jorge Eliécer Gaitán, a la que prometían dinamitar.
 
Apoyando esta propuesta – y lo afirmo con documentación oficial en mano – el Presidente Uribe me destituyó del Instituto que llevaba el nombre de mi padre, creado para promover el eje de su lucha: la participación ciudadana. Liquidó el Instituto creado para proyectar el pensamiento del líder popular, anotando, en los considerandos del respectivo decreto, que los objetivos señalados a la entidad habían perdido su razón de ser.
 
Por conducto del Ministerio de Educación, para “justificar” ante el pueblo el cierre, me abrieron 44 demandas fiscales, penales y administrativas, a sabiendas de que eran falsas imputaciones, de las cuales fui absuelta, pero tuve que pagar la dura prueba de consagrar la totalidad de mi tiempo a defenderme por espacio de 7 años.
 
Ilegalmente me allanaron. Me confiscaron mi biblioteca forjada, libro a libro, desde 1952 hasta el año 2004. Igual hicieron con mis archivos personales y los de mi madre. Me confiscaron el buick que heredé de mi padre, pinturas, esculturas, precolombinos, muebles y enseres, habiéndosele entregado todos los bienes de los cuales fui despojada, a la Universidad Nacional.
 
El hoy tránsfuga de la justicia presionó con éxito a la Superintendencia de Notariado y Registro para que, mediante prevaricato, me usurparan mi casa natal, hoy convertida en macabro lugar inspirado por el espíritu del actual fugitivo, donde le destacan al visitante el traje ensangrentado de Gaitán, el revolver con que lo mataron y le repiten, una y otra vez, que el líder popular está muerto y definitivamente enterrado.
 
Mientras tanto,  el Monumento arquitectónico diseñado por Rogelio Salmona, en el pórtico de la que fuera la última morada de mi padre, como espacio de PARTICIPACIÓN POPULAR,  quedó en manos de las directivas de la Universidad Nacional, convirtiéndolo en depósito de sus muebles y enseres dados de baja, que ahora vende el Banco Popular…
 
Si Luis Carlos Restrepo pregonó con éxito, durante el mandato de Uribe Vélez, que había que sepultar la memoria colectiva que guarda el pueblo por su líder, a él, en cambio, pedimos no olvidarlo, por corrupto, vicioso y mentiroso, que se inventó la desmovilización de un supuesto frente de las FARC, cuya existencia negó el propio grupo guerrillero, protagonizando un truculento montaje público, cuyo nombre – inventado por el propio Luis Carlos Restrepo, según afirma la Fiscalía – fue el de FRENTE “CACICA GAITANA”!!!  ¿Acto fallido? ¿Obsesión con Gaitán? ¿Lapsus mental? Vaya uno a saber lo que corre por la mente de este hombre psicológicamente enfermo, que pretendió cometer memoricidio con el recuerdo de Gaitán, que fraguó la desmovilización del imaginado frente Cacica Gaitana y que, según cuentan sus coterráneos, aparentemente es hijo de un "chulavita" o "pájaro" (sicario) de La Violencia  del Eje Cafetero de Colombia, como parte integral del genocidio al Movimiento Gaitanista.
 
Sería coherente, dados sus antecedentes, que el “sepulturero” les hubiera sugerido a los paramilitares de Urabá el sacrílego nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que reparten hojas volantes donde amenazan con realizar un paro armado para impedir la reforma agraria planteada en la Ley 1448 de 2011, que tanto malestar les ha causado a los huérfanos del poder que fueron parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
 
Bogotá, febrero de 2012 
Publicado enColombia
Jueves, 21 Mayo 2009 11:22

¿Dónde está el Grupo de los Seis?

Parapolítica, desplazados, ‘falsos positivos’, amenazas, desaparecidos, asesinato de testigos claves para la Fiscalía, espionaje telefónico y seguimiento a los jueces y la oposición. Esto y mucho más ocurre en Colombia. La ‘seguridad democrática’ ofreció tranquilidad y lo que ha traído es muerte, alienación, militarización y concentración del poder en cabeza del Ejecutivo. Los hechos lo confirman. En el presente informe especial (del cual hacen parate, además: “Llegan a 50 mil las denuncias de personas desaparecidas”, “Falsedad de toda falsedad”, “Desplazados, crece el drama”, “Noche de pesadillas”, “Francisco Villarba, un testigo que sabía demasiado”) se puede constatar que las “cifras del dolor” se multiplican en nuestro país; que la impunidad es garantía para que el poder económico acreciente su concentración, en forma ascendente, en pocas manos; que progresivamente se marchita, aún más, la soberanía nacional, y que muchos más sectores sociales vean postergado el momento de la justicia y la felicidad.

La parapolítica no cesa, y en el alto gobierno lo saben y actúan para neutralizar sus efectos. Así se hizo evidente al conocer la opinión pública que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido escuchados por innumerables minutos (en algunos casos hasta más de 2.000), además de ser auscultados y seguidos en sus cuentas bancarias y otras actuaciones de su vida privada.

Los espías encargados de esta labor de intercepción y seguimiento son los mismos agentes públicos, pagados sus salarios con los impuestos de todos los connacionales. Una labor y una decisión que se desprenden desde el Gobierno, y que en sus explicaciones ante el país quieren hacer aparecer como otra actuación y decisión individual de algún funcionario descarriado. ¿Para qué quisiera un funcionario tal información? ¿Cómo éste puede decidir un procedimiento tras semejante información, y operativizar tal cantidad de trabajo, por demás especializado?

Tras un desliz. Espionaje para detallar cada uno de los movimientos de los investigadores de la parapolítica, buscando una pista para chantajearlos y romper los procesos en marcha. La acción no puede ser más desesperada y menos demostrativa del carácter del régimen político que tras siete años de gobierno interrumpido de Álvaro Uribe ha cuajado en Colombia.

¿A qué le temen quienes ordenaron este procedimiento que recuerda las actuaciones más comunes de regímenes de ingrata recordación en otras coordenadas del globo? Conociéndose que del DAS mismo han salido innumerables datos y órdenes para asesinar disidentes políticos, al igual que para facilitar la actuación de conocidos paramilitares, es legítimo preguntar: ¿Cómo circulan las órdenes dentro de este organismo de la policía política para que aquéllas lleguen, circulen y sean ejecutadas? Si la actuación cotidiana del Departamento Administrativo de ‘Seguridad’ está cada vez más relacionada con operaciones para preservar el régimen incubado, ¿sí serán suficientes las medidas tomadas hasta ahora para su ‘depuración’?

No sólo a los magistrados

Pero los seguimientos, grabación de conversaciones, inspección de la vida privada y otras perlas no sólo afecta a los altos jueces de la República. También se sabe que hay políticos, periodistas, sindicalistas y otros en las innumerables listas de los agentes de inteligencia: todo un control que ya se sabe en qué termina cuando el poder así lo decide; todo un control que otrora los jefes paramilitares descargaron en cabeza del famoso “Grupo de los Seis”. ¿Aún actúa? ¿Quiénes lo integran?

Pero ahora también se sabe que incluso activistas sociales, investigadores universitarios, profesores, sindicalistas de base, en fin, medio país, están en las listas por sospechosos, indeseables, ‘terroristas’, ‘comunistas’, inconformes, todos ellos en la mira por considerarse que tarde o temprano levantarán la voz, harán sentir su inconformidad, en fin… son de aquellos que es mejor ‘neutralizar’ a tiempo, antes que multipliquen su indisposición cuestionando el presente o simplemente pregunten más de la cuenta.

Si usted cree que pudiera estar en esta lista, haga una simple prueba: reemplace los tres primeros dígitos de su celular por 015, 016, 017, 018, 019, 020. Al marcar, de acuerdo con la voz que le conteste, sabrá si sus conversaciones han sido escuchadas, quién sabe desde hace cuánto, por el DAS, el Goes, la Policía… Cuelgue.

Si la llamada no es respondida por ninguno de éstos, descanse o preocúpese aún más, pues pueden existir otros muchos números y otros muchos organismos no conocidos que lo espían y lo tienen en la mira. ¿En qué país vivimos? ¿hacia dónde va el país? ¿a dónde llegó el país?

Lista de espanto


El listado de los investigados, llamados a descargos, encarcelados, condenados, mencionados, de los implicados en la investigación conocida como parapolítica, no deja de crecer. Las amenazas en contra de los investigadores no han parado, pese a intorpecer su labor y lograr la renuncia de algunos de ellos.

La reciente detención de la senadora Zulema Jattin, otra integrante del partido en el gobierno –la U–, y del Representante liberal por el departamento de Caldas, Jairo Alberto Llanos Gómez, recuerda que la conspiración para hacerse con el poder por parte de una alianza armada de ultraderecha, apoyada por políticos de diferente nivel, además de grandes y medianas empresas nacionales, militares, multinacionales, y otros actores de la vida nacional e internacional, no es una simple suposición ni un rumor sin fundamento.

El país está enterado de las maniobras pensadas y operativizadas desde las oficinas de los prohombres de la patria para evitar que la investigación siga su curso o logre sus propósitos: renuncia al cargo de senador o representante a la Cámara para evitar la investigación de la Corte y pasar a manos de la Fiscalía, fuga del país, creación de una doble instancia para que juzgue a los políticos, quitar la potestad a la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación, etcétera.

Acción y reacción, lucha de contrarios. Así avanza este proceso que aún descarga en manos de
los jefes paramilitares, extradic-tados o no, la remota esperanza de testimonios efectivos que vincule en la investigación en curso a funcionarios del alto gobierno hasta ahora intocables. ¿Inspiradores, miembros, del Grupo de los Seis?










a




Publicado enEdición 146

Para conocer otra óptica sobre el tema, Juan Carlos Pérez Salazar de la BBC conversó con el padre Javier Giraldo, quien esta semana estuvo en Londres para hablar sobre el tema de derechos humanos en Colombia en un encuentro auspiciado por parlamentarios ingleses. *¿Cuáles son los temas más preocupantes en derechos humanos en Colombia en estos momentos?* Yo diría que son dos temas. Uno es las modalidades más comunes de represión en estos momentos, que ya no son tanto las grandes masacres, la cantidad de asesinatos o desapariciones -aunque todo esto continúa en varias regiones- sino la el fenómeno de las detenciones masivas. Es otra modalidad de reprimir, destruir, aterrorizar a las organizaciones de base, los movimientos sociales, los mismos grupos de derechos humanos. Tal vez lo más preocupante es el avance del paramilitarismo. Aunque desde noviembre del año 2002 se está en diálogo con ellos, un diálogo muy extraño porque es con un actor que no es propiamente de oposición, sino que ha estado muy ligado al Estado. Sin embargo uno ve que, a medida que avanza ese diálogo, avanza también un control paramilitar en muchas regiones del país. A mí me impresiono mucho cómo el 26 de diciembre, en mucho medios masivos se lanzó una gran alarma sobre la "paramilitarización" del país. Me daba la impresión de que incluso la clase política tradicional empezaba a descubrir que había una especie de fenómeno que se le había salido de las manos. Una especie de monstruo al cual habían ayudado a crear y se les fue de las manos y empezaba a aterrorizarlos también a ellos. *Evidentemente para usted ese fenómeno de la "paramilitarización" de Colombia no es algo nuevo.* No, no. Esto es muy viejo, incluso más de lo que uno se imagina, porque se ha vendido mucho la idea de que el paramilitarismo nace en los años 80, como una reacción de sectores adinerados frente a la guerrilla. <>Cuando uno investiga un poco y descubre documentos ve que esto es mucho más antiguo y que la estrategia paramilitar como estrategia de Estado viene de mucho más atrás. Salvatore Mancuso (der.) y Ernesto Báez, comandantes paramilitares. Los paramilitares anuncian una desmovilización de tres mil hombres para este año. <>Yo he encontrado documentos que muestran que en el año 62 una misión militar de Estados Unidos le impuso a los gobiernos colombianos la estrategia paramilitar. Y justamente en un momento en que no había guerrilla. En el año 62 ya las guerrillas liberales estaban extinguidas, incluso la gente que había entregado las armas estaba muerta. Y todavía no existían las guerrillas marxistas. En un momento de esos se crea una estrategia paramilitar, que según estos documentos tiene como objetivo combatir y destruir a los simpatizantes del comunismo. Uno ve que en unos momentos identifican con el comunismo los sindicatos, las marchas campesinas. En un momento dado también la Teología de la Liberación. En otro los grupos defensores de los derechos humanos. Es una política que viene desde muy lejos como estrategia militar y que uno ve que eso no se ha revertido, sino por el contrario, ha ido asumiendo diversas formas de desarrollo, progresivas siempre. *Usted decía que el proceso de paz que se adelanta con los paramilitares es un poco extraño, pero, ¿no hay que reconocer que son un actor real ymuy fuerte en el conflicto colombiano?* Yo no creo que sea un actor independiente del Estado. He seguido mucho las estructuras paramilitares que se han creado en las diversas regiones de Colombia y siempre he llegado a la conclusión de que no son independientes. Es un actor que funciona con el Estado. Y funciona amparado en el poder del Estado. *Muchas veces se han denunciado esos vínculos entre el ejército y los paramilitares, pero ¿realmente puede hablarse de una vinculación orgánica? ¿O sólo hay vínculos a nivel de ciertos mando medios, como alguna vez creo que lo reconoció el propio Carlos Castaño?* Puede que haya cierta independencia en algunas estructuras, pero como fenómeno global no creo que haya alguna independencia. *¿No es preferible hacer esta clase de negociaciones para que estos actores que han estado ocultos, emerjan y el país se de cuenta realmente quienes son, donde están? Qué vínculos tienen, por ejemplo, con el congreso -ellos mismos dijeron haber elegido un porcentaje del Congreso-... ¿No es preferible que den ese salto hacia una vida pública y, si es posible, política?* Pues si esto fuera un proceso de desmovilización, yo creo que a pesar de todas la incoherencias -que en algunos artículos las he llamado "el diálogo consigo mismo"- sería positivo. Positivo en el sentido de que se desmoviliza una fuerza armada muy poderosa. Pero lo que uno ve desde que comienza formalmente este proceso de negociación y "desmovilización", es que eso no tiene ningún carácter de desmovilización. Si uno lee los documentos, sigue todos los procedimientos, se ve que en lugar de ser una desmovilización, creo que es un paso a tomar mayor control de las áreas en que estaban actuando y del Estado. *Usted definitivamente no cree en este proceso de paz con los paramilitares.* Yo creo que no es proceso de paz. *¿Y tampoco cree que pueda reformarse en algún momento? ¿Que pueda involucrarse más a las víctimas -como se ha estado pidiendo-, que pueda haber una comisión de la verdad, que pueda haber alguna forma de confesión, perdón y reconciliación?* En primer lugar un proceso de paz siempre se hace con enemigos, no con los amigos y colaboradores. Si esto tuviera algún efecto sobre la justicia, las víctimas, la reparación... pues tendría por lo menos algo de positivo. Pero cuando uno ve las propuestas que se han hecho en el mismo congreso, la ley de alternatividad penal, o como ahora la llaman de justicia y reparación, la experiencia misma nos muestra que de allí no va a salir ninguna justicia, ninguna verdad y ninguna reparación. Por ejemplo, en esto de la verdad, del esclarecimiento de los crímenes y la reparación a la víctimas y sus familias... Uno ve que la gran mayoría de los paramilitares, como una táctica institucional, digamos, nunca han utilizado su propio nombre, siempre han utilizado un alias. Y por lo tanto las hojas de vida de estos delincuentes están limpias en los organismos de seguridad del estado. Así se comprobó en la primera "desmovilización" del Bloque Cacique Nutibara. Cuando un grupo grande de fiscales se fue a donde estaban concentrados a examinar sus antecedentes penales, exceptuando muy pocos, no tenían ningún antecedentes. O sea que aunque se diga públicamente que la justicia los va a investigar o se va a esclarecer, yo no creo en eso porque no hay condiciones. *Pasando a otro tema, ¿cómo es la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia? Ha habido una relación "tensa" entre ellos y el gobierno actual.* Sí. Este gobierno ha empleado términos muy duros, muy ofensivos contra las organizaciones de derechos humanos. Yo creo que, dentro del lenguaje del gobierno es como coherente eso. Él tiene una práctica y una política que va en contravía de todo esto. Creo que solamente con la mediación de organismos internacionales -como el mismo embajador de EE.UU., la oficina del Alto Comisionado de la ONU- se ha logrado limar un poco eso. Se han hecho algunas reuniones con el objetivo de que haya una especie de reconciliación. Algo se ha logrado en el sentido de evitar muchos más insultos públicos y estigmatizaciones. Pero me parece que la actitud fundamental del gobierno siendo muy hostil a los grupos de derechos humanos. *¿Por qué esa visión que se tiene Colombia con los defensores de los derechos humanos de que son muy duros con los paramilitares y el Estado y poco con la guerrilla?* Yo creo que hay varias razones. Los medios masivos y los organismos del gobierno, con mucha frecuencia atribuyen cosas a la guerrilla que no son de la guerrilla. Yo tengo muchas experiencias concretas que en las primeras declaraciones del vicepresidente, de un ministro, inmediatamente, sin ninguna investigación, sin ningún elemento de juicio lo atribuyen a la guerrilla. Y ahí se han cometido muchos errores. En segundo lugar, me parece que, por lo menos algunas organizaciones de derechos humanos son concientes de que no se le puede dar el mismo tratamiento a los actores armados de diverso tipo, aunque esta sea una presión muy fuerte -nacional e internacional- pero que un actor tiene siempre todo el apoyo de los medios masivos de comunicación y el otro no tiene nada. <>Entonces uno no puede jugar con los mismos medios de denuncia cuando la situación es de tanta desigualdad. <> Hay organizaciones que prefieren, cuando por ejemplo la guerrilla comete una atrocidad, confrontarla directamente, ir a buscar a algún delegado y decirle. <>Pero no hacer el juego con los medios de comunicación que siempre están dando todos los espacios posibles para este tipo de denuncias pero ocultando toda la otra cara. <>Entonces hay un desequilibrio enorme. Fuente, noviembre 23 de 2004 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4028000/4028321.stm

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