Mientras padecemos el horror, cultivamos vida

Pese al clamor que se ha prolongado por más de dos décadas, nuestra Comunidad de Paz ha elevado súplicas a todos los rincones del país y del mundo en búsqueda de solidaridad y humanidad y ha logrado que se le exija a los gobiernos de turno parar la barbarie y desmontar el plan de exterminio al que somos sometidos constantemente, sin que a la fecha se haya implementado ninguna medida eficaz para poner fin al sufrimiento que hemos padecido durante ya tantos años. Mientras padecemos el horror, nosotros aquí seguimos aferrados al amor que le tenemos a la vida.   

Una vez más, nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación ética y moral de dejar constancia ante el país y el mundo, para que algún día se juzguen los atropellos perpetrados por los paramilitares, brazo criminal del Estado, que afectan a nuestra Comunidad y a la población civil de nuestro entorno geográfico y social. En esta ocasión dejamos constancia de estos hechos:

-          El martes 2 de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de un intento de abuso sexual, hace algunos días, contra dos niñas que oscilan entre 11 y 13 años, por parte del reconocido paramilitar que tiene el alias de “Samuel” en la vereda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó. A estas menores el paramilitar les ofreció sumas de dinero para someterlas. De igual forma vienen incentivando a otras menores con el propósito de abusar sexualmente de ellas.

-          A principios del mes de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de las amenazas de muerte, por parte de los paramilitares, contra un joven que vive en la zona, quien, además, había sido el encargado, por parte de los paramilitares, de la venta y comercialización de drogas en el centro poblado de San José. Las autoridades de Policía y del Ejército, al parecer en coordinación con el paramilitarismo, han venido utilizando a la población civil, específicamente a los jóvenes, para involucrarlos en este juego sucio y perverso y luego justificar sus muertes o sus desplazamientos de la región. Afortunadamente la familia de este joven gestionó oportunamente su protección y su traslado a otro sitio fuera de la zona, logrando así salvar su vida. 

-          El sábado 6 de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento, a través de un poblador de la zona, que, el anterior comandante de la Estación de Policía de San José, tenía una relación muy cercana con los paracos en el tema de drogas”. Y que “el nuevo comandante llegó, entró y siguió el hilo, la misma línea exactamente igual al anterior, pareciera que todo está ya cuadrado”. También afirmó“ya en las noches, cuando esta oscurito, uno ve a los policías que bajan de civil a las ollas (expendios de drogas) a comprar droga y vuelven a subir al comando”. Afirmó además que “la policía no se mete en ningún problema, todo se lo han dejado a los paramilitares para que controlen todo el orden público, y esto no se lo puede uno decir a nadie, toca quedarse uno calladito, porque si se lo dice a alguien y ese alguien a la policía o a los paracos, se mete uno en problemas.

 

-          Este mismo sábado 6 de febrero de 2021, una vez más un poblador de la zona  se acercó a nuestra Comunidad de Paz, para afirmarnos que, en el casco urbano de San José de Apartadó, se viene presentando una situación muy grave y lamentable y es permitir que los niños menores de 10 años compren drogas (alucinógenas) en horas de la noche para consumir, sin que nadie haga absolutamente nada para evitarlo, pese a que en San José de Apartadó existe una base militar y un bunker de la Policía Nacional.  

-          El martes 9 de febrero de 2021, en horas de la tarde, en las veredas La Unión, Buenos Aires y El Cuchillo, del corregimiento de San José de Apartadó, paramilitares que residen en dichas veredas convocaron para el día siguiente, miércoles 10 de febrero de 2021, a una reunión en el paraje las Claras, del mismo corregimiento, con la advertencia de que quien no participe, asume las consecuencias.

-          El miércoles 10 de febrero de 2021, en el paraje Las Claras, desde muy temprano hicieron presencia paramilitares, portando armas cortas y en trajes de civil. Hacia las 13:00 horas, en la escuela ubicada en dicho paraje de las Claras, que además está ubicado a pocos minutos del casco urbano de San José, donde está instalada una base militar y un bunker de la Policía Nacional, se llevó a cabo una reunión presidida por los paramilitares al mando de alias “Cristian”, ex militante de las FARC-EP por más de 20 años, según el propio alias Cristian. En dicha reunión, los paramilitares impusieron órdenes y reglas totalmente en contravía del proceder y costumbres del campesinado de la región, en lo que tiene que ver con la producción agrícola y comportamiento social, limitando a la población campesina el derecho que tienen sobre sus propiedades o tierras que han cultivado desde hace muchos años por sus abuelos y ancestros. De igual forma la imposición de “vacunas” (impuestos ilegales y extorsivos) para el corte y venta de madera; la prohibición total de cacería y pesca en la zona sin la autorización directa de ellos(los paramilitares). Allí también se manifestaron enérgicamente contra las denuncias que nuestra Comunidad de Paz viene realizando públicamente. Alias Cristian afirmó que tienen gente por todos lados, y que tienen a toda la población civil vigilada; o se someten a las normas, dijo, o se tienen que ir de la zona. La advertencia para los jóvenes y adolescentes es que todo niño mayor de 12 años debe participar en la junta, o pena de multa, o no puede estar en la vereda, afirmando, además, que no van a permitir que la guerrilla se tome el territorio nuevamente, que lo van a disputar a sangre y fuego y que quien tenga que morir pues que muera, ya que esta región representa grandes intereses económicos. Frente a estas amenazas, la población civil está muy asustada y hay mucha preocupación por las advertencias y amenazas que los paramilitares vienen haciendo.

-          El jueves 11 de febrero de 2021, en la vereda Bellavista, perteneciente también al corregimiento de San José, se realizó una reunión con la población civil campesina, por parte de los paramilitares que actúan libremente por estas regiones; los temas abordados fueron los mismos que se trataron en el paraje de Las Claras el día anterior, miércoles 10 de febrero de 2021.

-          Entre los días 16 al 20 de febrero de 2021, los paramilitares han circulado por las redes sociales en el corregimiento de San José, lanzando sus amenazas de muerte y exhibiendo una lista de personas para asesinar.

-          Se ha tenido conocimiento de que, en las otras veredas del corregimiento de San José, se realizaron reuniones de imposición del orden económico y social anunciado en días anteriores por los paramilitares, quienes actúan libre y abiertamente a lo largo del territorio del corregimiento de San José de Apartadó.

-          El viernes 26 de febrero de 2021, en la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó, se notó una fuerte presencia de un grupo de paramilitares con uniformes camuflados y portando armas largas. La presencia de este grupo paramilitar genera zozobra e intimidación a la población civil, por cuanto ya vienen realizando control y amenazando al campesinado, imponiendo determinados usos de la tierra y modelos de producción agrícola en sus parcelas que es el sustento de las familias campesinas.

El lunes 08 de marzo de 2021, nuestra Comunidad de Paz hizo pública ante el país y el mundo una NUEVA RUPTURA CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, pues, una vez más ha evidenciado su distanciamiento radical del papel que le asigna la Constitución Nacional, mediante prácticas corruptas y en contravía de su misión. En efecto, la designación de personas para los cargos de Defensor Nacional y Defensor Regional de Urabá, el primero, en el Señor Carlos Camargo, como amigo incondicional del Presidente Duque, y el segundo en el Señor José Augusto Rendón, como abogado de los despojadores de tierra de comunidades campesinas y afrocolombianas y además enemigo declarado de la Ley de Tierras y de Víctimas, son nombramientos que dejan en claro una opción del gobierno por los opresores, por los despojadores y por los empresarios corruptos, al mismo tiempo que contraria a lo que la Constitución y las leyes establecen como objetivos misionales de la Defensoría del Pueblo. Queda claro que las víctimas no les importan sino solo la ambición de poder político y de acumulación de poderío económico en manos de élites opresoras, ligadas a  empresas y partidos políticos que se han destacado por su capacidad de despojo, desplazamiento, eliminación de comunidades de base y desconocimiento de derechos humanos fundamentales. Es de conocimiento público que estos dos personajes vienen de un pasado muy oscuro en el país, el cual los inhabilita radicalmente para ser defensores de las víctimas, papel esencial de la Defensoría. Nuestras rupturas anteriores se han fundado en nuestra triste experiencia de tener que acudir a una Defensoría que no nos garantiza nada y que, por el contrario, ha hecho todo lo posible, ya con acciones corruptas, ya con omisiones sistemáticas, para garantizarle a los empresarios y politiqueros corruptos el disfrute pleno de su capacidad de despojo, de robo de tierras, de desplazamientos forzados de comunidades enteras y de prácticas genocidas de exterminio de comunidades.

 La confabulación entre las fuerzas armadas y su brazo paramilitar, no puede sino sumar crímenes a crímenes contra la población civil, prácticas que no cambian y que muestran una desvergonzada e impúdica contumacia y complicidad de todas las instituciones; no vale dejar constancias en la Presidencia de la República, en todas las altas Cortes; la misma Defensoría del Pueblo ya fue corrompida hasta el fondo; nadie hace nada; el gobierno no le da ninguna respuesta pertinente a los organismos internacionales que reclaman. El desamparo es absoluto.

Pese a ello, nuestras convicciones inquebrantables e insobornables por la defensa de la vida nos llevan a seguir hoy más firmes que nunca, elevando nuestra voz a los cuatro vientos, afirmándonos en nuestros principios de vida y trabajo y de firmeza civil pacífica frente a nuestros propios verdugos, quienes jamás podrán apagar nuestra voz. Nuestro clamor queda en la historia y en la humanidad.

No retrocedemos y jamás renunciaremos a nuestra memoria de vida y comunidad.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

12 de marzo de 2021

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La “protección” pasa ahora a manos de los victimarios. La vida del corderito bajo el cuidado del lobo

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la obligación de dejar constancia ante el país y ante el mundo de nuevos niveles de degradación de la acción del Estado colombiano contra su propio pueblo.

El miércoles 3 de marzo de 2021 fuimos informados de la Resolución 298 emitida por el Defensor Nacional del Pueblo, Señor CARLOS CAMARGO, en la cual designa como Defensor Regional para la zona de Urabá al Señor JOSÉ AUGUSTO RENDÓN GARCÍA. Con asombro y espanto recibimos esa noticia, pues dicho personaje ha estado involucrado en episodios oscuros en relación con la restitución de tierras en la región de Urabá, ejerciendo como representante de victimarios y empresarios que se han adueñado de tierras pertenecientes a campesinos. No dudamos en calificar ese nombramiento como una grave afrenta a las víctimas, dado que sus antecedentes no lo acreditan de ninguna manera para defender los derechos de las víctimas, papel constitucional y esencial de un “defensor de pueblo”, sino para todo lo contrario, para pisotear los derechos de las víctimas y exponerlas a nuevas violencias.

El nombramiento en cuestión tiene una gravedad mayor para nuestra Comunidad de Paz, dado que en el Auto 693 de la Corte Constitucional, emitido el 12 de diciembre de 2017, la Corte le asigna numerosas y delicadas tareas a la Defensoría del Pueblo en relación con la órdenes que la Corte había dictado en el Auto 164 de 2012 y que eran concreciones de la Sentencia T-1025/07 de la misma Corte, tareas que la Defensoría no cumplió y sin embargo, en el artículo 12 de la parte resolutiva del Auto 693/17 la Corte decide: “DELEGAR en la Defensoría del Pueblo el seguimiento de las órdenes emitidas en esta providencia y, en general, de las órdenes impartidas en la sentencia T-1025 de 2007 que continúan pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en los numerales anteriores, respecto de las cuales la Corte Constitucional conservará la competencia para su verificación. Para tales efectos, la Defensoría del Pueblo remitirá a la Corte Constitucional informes semestrales sobre el resultado de su gestión”. Informes con los que la Defensoría nunca cumplió.


Nuestra Comunidad le hace un llamado apremiante a la Corte Constitucional para que le retire a  La Defensoría del Pueblo dicho encargo, el cual está imposibilitada éticamente para cumplir. Le solicita a la Corte que retome el seguimiento y revisión de todo lo incumplido o encuentre otra entidad con un nivel de credibilidad y legitimidad suficiente para cumplir dicho encargo.

En particular, nuestra Comunidad de Paz tuvo que enfrentar hasta hace pocos días al Señor Jorge Augusto Rendón, como abogado de la familia Jaramillo, la cual ha intrigado ante las instituciones encargadas de la restitución de tierras para que se desconozcan los  derechos legítimos de nuestra Comunidad sobre la finca La Roncona, en la cual hemos ejercido posesión pacífica por más de 23 años. El abogado Rendón García ha solicitado que se acepte como testigo (por supuesto falso testigo), a un reconocido paramilitar, como alias “SAMIR” (o Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien había sido comandante de una columna del Quinto Frente de las FARC-EP y posteriormente desertó y fue acogido en la Brigada XVII del Ejército en Carepa, Antioquia, en cuyas instalaciones fue domiciliado por muchos años en violación de numerosas normas legales y burlando la acción de la justicia, pues durante su militancia en las FARC ordenó el asesinato de muchos miembros de nuestra Comunidad de Paz y de  campesinos de nuestro entorno; posteriormente se supo que tenía un pacto secreto con el ejército para infiltrar a las FARC-EP y por ello eliminó tantas vidas de campesinos inocentes sin ser tocado por la justicia. En la Brigada participó en montajes, calumnias y estigmatizaciones a través de medios de información corruptos y criminales y de personajes de larga trayectoria criminal como Rito Alejo Del Río y Fernando Londoño Hoyos. No es extraño, entonces, que se le vincule como falso testigo en los procesos de despojo de tierras, como el que se está desarrollando contra nuestra Comunidad de Paz, habiendo sido citado como “testigo” a una audiencia que tendrá lugar a finales de abril de este año 2021.

Curiosamente el abogado Rendón García, en la última audiencia sobre el caso de la finca La Roncona, renunció a su papel de abogado en dicho caso y dejó a su esposa en su reemplazo; ahora queda claro que lo hizo para aceptar el cargo de defensor regional, en el cual jamás podrá actuar con la imparcialidad elemental que dicho cargo le exige.

Debido a dichos antecedentes y a la gravedad de la afrenta que su nombramiento significa para con las víctimas de Urabá, nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación de DECLARAR PÚBLICAMENTE, MEDIANTE ESTE DOCUMENTO, SU NUEVA RUPTURA CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, una institución que de manera tan atrevida viola sus propios principios constitucionales y legales y se afirma, sin pudor ninguno, como institución corrupta y parcializada en favor de los poderosos y en contra de las víctimas y de los sectores más vulnerables de la población. En el pasado, nuestra Comunidad tuvo que romper repetidas veces con la Defensoría, al igual que con las demás instituciones del Estado, por sus prácticas a todas luces corruptas y delictivas que en nada se compadecen con el perfil que la Constitución y las leyes les han trazado. Hoy el desconocimiento radical de ese perfil queda impúdicamente al desnudo ante el país y ante el mundo.

En los últimos días, varios pobladores del corregimiento de San José se han acercado a nuestra Comunidad de Paz para manifestar su preocupación y temor por las amenazas de los paramilitares en el uso y usufructo que los propietarios hacen de las tierras pertenecientes a sus abuelos y ancestros, pues los paramilitares han implantado un orden social y económico distinto a las costumbres y prácticas del campesinado del corregimiento, en una clara estrategia para generar presión y temor a las familias, quienes se están viendo obligadas a vender sus propiedades a CORPOURABÁ, ya que si no las pueden trabajar, la única solución es venderlas. Adelante van los paramilitares abonando el camino con sus amenazas, ocupaciones y agresiones, para que luego entren las empresas, la Alcaldía municipal y CORPOURABÁ a adueñarse fácilmente de sus propiedades. En ello han jugado un papel crucial abogados corruptos, como el Señor RENDÓN GARCÍA, ahora convertido, irónica y sarcásticamente, en “defensor” del pueblo Urabaense. ¡Hasta dónde ha llegado la perversión de este Estado!.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 8 de 2021

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Leyner Palacios, integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia, durante un encuentro en Ibarra, Ecuador. Comisión de la Verdad / EFE

La Comisión de la Verdad recoge y presenta testimonios del exilio para hacer un reconocimiento a los refugiados en zonas fronterizas

 

 “Si hay algo característico del exilio es el olvido brutal”. Contra ese diagnóstico trabaja la Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos de paz que sellaron a finales de 2016 el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC —ahora convertida en partido político— para dar reconocimiento a las víctimas de lo que hoy podría considerarse el conflicto armado más largo en términos del exilio. Carlos Beristain, español, es el único comisionado extranjero en las entidades que trabajan para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición. “Asumí esa responsabilidad de empezar un ejercicio de exploración en el mundo, de estrechar el contacto con las víctimas para animarlas a dar su palabra”, cuenta por teléfono desde España, a pocos días de su visita a la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Luego de tres años de mandato, la comisión debe emitir este año su esperado informe final.

En la ciudad de Ibarra se ha celebrado el segundo Encuentro por la Verdad para dar voz a los desplazados durante décadas. Ecuador es uno de los países que más colombianos ha acogido en todo el proceso y aún hoy, matiza Beristain, siguen atravesando esa frontera unas 400 personas al día. Más de 12.000 víctimas del conflicto colombiano han dado su testimonio. De ellas, 1.600 están en el exilio y de estas, 250 hablaron con la comisión sobre su experiencia como refugiados en Ecuador. Uno de los problemas, detecta el comisionado, es que pese a ser un exilio masivo, la invisibilidad ha convertido las tribulaciones de las víctimas en problemas de índole individual. “Las condiciones de marginalidad son mayores”, describe Beristain.

Habla de la necesidad de una respuesta regional, no país por país, para todos los desplazados del territorio colombiano, que no siempre encuentran una salida en recibir la condición de refugiado. “Debido a las dificultades para encontrar trabajo o a la falta de respuesta inmediata de una visa de refugio, hay quienes optaron por trasladarse bajo las condiciones de una visa Mercosur o de los acuerdos andinos para poder quedarse en el país”. Eso, razona, les ha dado “estabilidad para poder quedarse y trabajar en el país de acogida, pero no les da protección. Pueden tener un trabajo, pueden alquilar una casa. O sea, las cosas de la vida. Pero también les pueden echar del país”. Ahí es donde entra el registro ampliado de exiliados, que no solo incluye a quienes efectivamente tienen la condición de refugiado, sino a todos los desplazados fuera de las fronteras.

Las cifras que maneja la Comisión de la Verdad, con base en lo recogido por ACNUR, hablan de al menos 524.496 personas colombianas que solicitaron protección internacional en los cinco países con los que Colombia tiene frontera. Ecuador está a la cabeza, con 240.901 peticiones, y por eso ha sido sede de la segunda convocatoria de la comisión. Le siguen Venezuela, con 200.000; Panamá, con 68.000; Brasil, con 8.242; y Perú, con 7.353.

“El 85 o 90 % de los refugiados no quiere volver a Colombia, no ven condiciones para volver. Pero hay un 15 % de gente que quisiera volver. Se necesitan condiciones para ello. Porque el retorno no es ponerse de nuevo en la frontera con una maleta y volver a lo mismo. El retorno es, además, un nuevo desplazamiento”. Esto, aboga el comisionado, da cuenta de la necesidad de una política regional, un acuerdo regional, en un momento en que el conflicto colombiano se encuentra en un nuevo punto de inflexión. “O frena o este conflicto se reinicia otra vez. Aquí. Estamos ante un nuevo ciclo de diez o quince años más de guerra o, digamos, se toman en serio las recomendaciones”. Y el informe de la Comisión de la Verdad, apunta Beristain, recogerá pautas para que haya una transformación efectiva, lo que Colombia necesita para que ese reciclado del conflicto no se siga produciendo, con especial énfasis en las víctimas.

“Al colombiano se le ve como con sospecha”, denuncia, y recuerda una anécdota que le contó una mujer que buscó acogida en Chile en una de sus entrevistas para la visibilización de las víctimas. “¿Sabes lo que más me ha dolido? Lo que más me duele es una pregunta que me han hecho muchas veces: ¿qué he hecho yo para tener que irme de Colombia?”. Es lo que le compartió sobre su experiencia como desplazada y es lo que, según el comisionado, parte del trabajo de reconocimiento que aún debe hacerse a las víctimas por el contexto emocional que han enfrentado. “Hay mucho estereotipo que funciona como enemigo”.

Por Sara España

Guayaquil - 08 mar 2021 - 00:43 UTC

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Martes, 02 Marzo 2021 06:07

La ruta del sacrificio

La ruta del sacrificio

 

Como cada año, el 21 de febrero nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó convocó a sus amigos a darse cita en los sitios sagrados de memoria de nuestros mártires. Subimos varias cuestas en la Serranía de Abibe para llegar a aquel sitio, junto al río Mulatos, donde los defensores de este Estado criminal le arrancaron la vida cruelmente a nuestros líderes y a nuestros niños. Han pasado 16 años, pero para la justicia colombiana “no ha pasado nada”. Cuando abogados amigos hicieron el gran esfuerzo de llevar el caso a Casación en la Corte Suprema de Justicia y lograron la condena de los primeros 10 militares responsables de la masacre, los militares acudieron a la JEP y la JEP los puso en libertad inmediatamente y los vinculó a su proceso sin exigirles lo mínimo que tenía que exigirles: un mapa de la verdad que irían a confesar.

Pero mientras la “justicia” sigue en su ruta de degradación al servicio de la impunidad más desvergonzada, la memoria del pueblo se va fortaleciendo. Volvimos a escuchar las palabras de Luis Eduardo Guerra, uno de nuestros líderes históricos más claros; desde una grabación que se conservaba, él nos volvió a contar el proceso de surgimiento de la Comunidad de Paz como respuesta al cerco de violencia tan aterrador que vivíamos. Los poemas que el Profeta Isaías escribió hace miles de años para describir la espiritualidad y la pasión del Servidor Sufriente del Señor, nos sirvieron para recordar a Luis Eduardo y para darle gracias a Dios por su vida. En La Resbalosa recordamos la crueldad con que militares y paramilitares descuartizaron a nuestros niños y la canción de José Luis Perales: “que canten los niños”, acompañó nuestra memoria dolorosa de su sacrificio, como también otros poemas y canciones.

A la vez que inauguramos la ermita junto al Río Mulatos, ya terminada con cúpula de color, con mural y con vitrales y rejas, construida en el sitio donde derramaron su sangre Luis Eduardo, Bellanira y el niño Deiner André, nos animamos a avanzar en la construcción de otra ermita en La Resbalosa, sobre las fosas que guardaron durante las primeras horas los restos despedazados de la familia de Alfonso y Sandra y sus niños y Alejandro. En medio de las dos fosas se levanta todavía el palo de cacao que sigue proclamando la resistencia de la vida en medio de la muerte.

Todos salimos fortalecidos con el ejemplo de esa primera generación que sostuvo la vida de nuestra Comunidad de Paz en medio de una persecución a muerte tan despiadada por parte del Estado colombiano. Ellos nos dijeron con sus mismas vidas que el proyecto comunitario en el cual estaban embarcados era más valioso que sus propias vidas.

Sabemos que muchos amigos nos acompañaron en esta peregrinación de memoria desde países y regiones muy remotas. Gracias por esa energía que supieron transmitirnos desde la distancia.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 01 de 2021

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Viernes, 12 Febrero 2021 06:43

Contrainsurgencia 4T

Contrainsurgencia 4T

Las estrategias contrainsurgentes son flexibles, se adaptan a cada tiempo y lugar, a cada sector de la población que deben combatir. Actúan con modos distintos en áreas urbanas y rurales, ante actores armados o pacíficos, despliegan en cada caso los dispositivos adecuados para cada situación.

Las estrategias contrainsurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina. Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven "aperturas democráticas" que se reducen a convocar elecciones.

La contrainsurgencia moderna tiene un sólo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo.

Estamos asistiendo a un despliegue feroz de la contrainsurgencia denominada "guerra de desgaste" en Chiapas, contra la comunidad Nuevo San Gregorio y la región Moisés Gandhi, en total seis comunidades autónomas zapatistas pertenecientes al municipio autónomo Lucio Cabañas del Caracol 10.

Esta guerra decidida bien arriba, se enfrenta a procesos organizativos pacíficos. En estos casos la contrainsurgencia no puede desplegar políticas como la "tierra arrasada" que se instauró en Guatemala contra los pueblos originarios de raíz maya, porque caería en la más completa deslegitimación.

Impedidos, por ahora, de arrasar comunidades a través de un genocidio, ensayan otras estrategias que persiguen exactamente el mismo objetivo, pero de manera lenta, sofocando pueblos para despojarlos y convertir sus bienes comunes en mercancías.

Desde abril de 2019 vienen atacando a las comunidades mencionadas, invadiendo y alambrando las tierras recuperadas por las bases de apoyo zapatistas, robando sus cultivos, materiales de trabajo y tiendas comunitarias. Disparan sus armas durante horas, a veces desde el amanecer hasta la noche, con agresiones físicas y verbales.

El 22 de agosto de 2020 integrantes de Orcao (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) incendiaron la bodega y la tienda comunitarias en el crucero de Cuxuljá, todo ello en el municipio oficial de Ocosingo. Han secuestrado comuneros y comuneras, los amenazan y torturan.

Como documentan las caravanas de solidaridad, integradas por 15 colectivos y acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), a las familias zapatistas se les está haciendo imposible cultivar sus tierras (https://bit.ly/2NiBaOo).

Esta misma semana la última caravana constató que los paramilitares armados ingresaron a las tierra comunitarias recuperadas para sacar el ganado y quemar su leña. Antes ya habían cercado escuelas, espacios de salud, fuentes de agua y tierras donde pasta el ganado.

Como puede observarse, se trata de microacciones contrainsurgentes que representan una guerra de altísima intensidad para las familias campesinas. Todo esto sucede con el apoyo de las fuerzas armadas, de los gobiernos estatal y federal que no han hecho nada para impedirlo.

Estamos ante una política consolidada para aislar, debilitar y ahogar toda resistencia. No se busca matar de un machetazo como en las masacres de la tierra arrasada del general Ríos Montt, sino con la exasperante gradualidad del goteo criminal, del hambre y la muerte por asfixia. Es una guerra mundial.

El 3 de febrero la comunidad de paz San José de Apartadó (Antioquia, Colombia), emitió un comunicado donde denuncia la complicidad estatal en los acosos, violaciones y asesinatos que suceden cada semana desde hace 23 años. El comunicado es testimonio de que estamos ante una estrategia global contra las y los diferentes (https://bit.ly/3a6T5R2).

Pese a ser un grupo de campesinos sin armas, los paramilitares asesinaron y desaparecieron más de 300 personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños por el delito de resistir la muerte, el desplazamiento y la lógica de la muerte (https://bit.ly/3rG63Li).

"No les bastó con la violencia directa", luego "impidieron el paso de alimentos para la comunidad", señala el documento sobre su historia. Con el desgaste hoy quedan 35 familias repartidas en veredas y 35 niños y niñas que asisten a la escuela comunitaria propia.

En todos los casos son varones armados contra niñas, niños y mujeres, que son la mayoría absoluta de las comunidades.

Debemos comprender el amplísimo abanico de la contrainsurgencia: desde bombardeos aéreos en Turquía, Siria y Palestina, hasta el implacable goteo cotidiano contra comunidades zapatistas, pasando por asesinatos masivos y desapariciones como en Ayotzinapa.

El capital aprendió que los asesinatos masivos generan amplias movilizaciones de repudio, pero mediante el goteo que promueve el terrorismo de Estado progresista, puede avanzar con menos obstáculos, ahogando en vida a las comunidades. Es hora de tomar la palabra para nombrar crímenes y criminales.

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Los alcances no imaginables ni sustentables de la mordaza

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, apoyándonos en nuestras convicciones insobornables, recurrimos al país y al mundo para compartirles lo que estamos viviendo y dejar constancias de ello. Lo hacemos porque durante varias décadas nuestras denuncias y clamores nunca han sido escuchados por las instituciones que tienen obligación de protegernos y porque los principios más esenciales de una democracia incluyen el derecho a la libre expresión y a la denuncia, como lo han declarado todos los órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que han tenido por misión definir los derechos fundamentales del ser humano.

En las últimas semanas hemos vivido y conocido lo siguiente:

  • El domingo 15 de noviembre de 2020en horas de la noche, según las informaciones a las que tuvimos acceso, se presentó una contienda en un establecimiento público del centro urbano de San José, protagonizada por paramilitares armados. Los policías que realizaron allí un allanamiento dijeron que allí había “armas de fogueo o tramadoras”, pero quienes estaban cerca reconocieron que eran armas de fuego utilizadas por los paramilitares y además afirmaron que la policía les había devuelto las armas a dos personas, conocidas como “DEINER” y “SEBASTIÁN”, reconocidos paramilitares de Nuevo Antioquia, corregimiento  del municipio de Turbo. En la contienda resultó herido un campesino. Lo más preocupante es escuchar cómo se incautan armas y muchas veces, como supuestamente en este caso, la policía se las devuelve a sus dueños y éstos no son capturados sino dejados en plena libertad, lo que reconfirma, una vez más, la cercanía y coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Según los mismos testigos, unos días después los paramilitares habrían buscado a las personas involucradas en la contienda de esa noche y les habrían entregado sumas de dinero (según se dice, de un millón de pesos) al parecer para que no dijeran nada de lo que había ocurrido allí esa noche.
  • El miércoles 18 de noviembre de 2020, en horas del día, abogados amigos nos hicieron llegar el texto de la Sentencia T-342/20 de la Corte Constitucional, en la cual se revisa la acción de tutela que la Brigada XVII había interpuesto contra nuestra Comunidad de Paz el 28 de septiembre de 2018, alegando que nuestras Constancias vulneraban su derecho al buen nombre. La Sala de Revisión de la Corte, compuesta por los magistrados ALEJANDRO LINARES, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO y LUIS GUILLERMO GUERRERO, éste último quien actuó como ponente y ya se retiró de la Corte, concluyó declarando que el derecho de los militares al buen nombre había sido vulnerado por nuestras denuncias, pues éstas “no tienen respaldo en decisiones judiciales condenatorias en firme”.  

Quienes representaron a la Corte en esta ocasión, con una visión opuesta a la de los magistrados que en años pasados defendieron los derechos de nuestra Comunidad de Paz en las sentencias  T-249/03;  T-327/04; T-1025/07 y en los Autos 034/12; 164/12 y 693/17, también pasaron por alto reiteradas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el escrito que le dirigió a la misma Sala de Revisión el Relator de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, refiriéndose a esta tutela del ejército y en la cual afirma tajantemente que: “Un sistema democrático y plural requiere que los funcionarios públicos y su gestión estén expuestos a un alto nivel de control. Por lo tanto, las autoridades deben tener una mayor tolerancia frente a estas expresiones por más chocantes, desagradables o perturbadoras que sean y abstenerse de imponerle limitaciones y proteger a quienes las emiten”.

Pero un análisis más de fondo de esa sentencia deja en claro que la Sala de Revisión se apartó en muchos puntos de la jurisprudencia defendida durante muchos años por la misma Corte Constitucional, especialmente en su punto central que consiste en darle prevalencia alderecho al buen nombre de una institución sobre el “derecho a la libre expresión de las víctimas. Una larga y abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que el “buen nombre” (o “reputación”) es algo que se conquista con el buen comportamiento, ganándose el aprecio de la sociedad y no como algo ligado a un cargo o a decisiones judiciales o abstractas, por ello insiste en que el buen nombre no existe cuando no se da ese aprecio social construido con el comportamiento y por lo tanto es imposible defender un derecho a algo que no existe. Y en el caso de la Brigada XVII lo que sí existe es una larga y abundante cadena de quejas y condenas por violación de derechos humanos y comisión de crímenes contra la humanidad, registrada en las Cortes nacionales e internacionales (incluso en sentencias penales de la Corte Suprema de Justicia), donde aparece como crimen recurrente y permanente la estrecha relación con grupos paramilitares, todo lo cual hace más inexistente el “buen nombre”, y lo que no existe no se puede defender.

Esta sentencia desconoce y contradice también la larga jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la prevalencia del Derecho a la Libre Expresión y sobre las normas que rigen los casos muy limitados de tutelas contra particulares o que pretenden defender derechos de entes jurídicos o estatales. Al modificar sustancialmente los criterios de interpretación del concepto de “buen nombre” (negando su esencia de relación con el comportamiento, que produce aceptación en la sociedad) y separarse y contradecir las jurisprudencias de larga trayectoria sobre este y otros conceptos, refrendadas por la Corte en Pleno, esta Sala y esta Sentencia incurren en nulidad e invalidez. Si hubieran querido modificar los criterios de interpretación de todos estos conceptos, hubieran tenido que reunir a la Corte en Pleno y lograr su aprobación, lo cual no hicieron y por lo tanto sus decisiones son nulas. Nuestra Comunidad de Paz ya ha solicitado  que se declare su nulidad.

No podemos sino lamentar la degradación tan grande a que han ido llegando nuestras instituciones jurídicas, que ya no ofrecen ninguna credibilidad a las víctimas.

  •  El sábado 21 de noviembre de 2020, en horas de la noche, fue hallado muy mal herido el señor ELIÉCER MORALES en la carretera que de San José conduce a Apartadó, muy cerca del paraje conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Algunas versiones le atribuyeron los golpes a una caída de la mula en que se transportaba pero otras versiones hablan de un atentado contra su vida, el cual le causó la muerte pocos días después en el hospital.
  • El domingo 22 de noviembre de 2020en horas de la mañana, en la vereda La Unión falleció el campesino REINALDO AREIZA DAVID, al parecer por ingerir licor adulterado lo que se sumó a golpes graves ocasionados por varias caídas de la bestia. Reinaldo había sido integrante de nuestra Comunidad de Paz desde su fundación en 1997 y había ejercido un fuerte liderazgo, tanto como miembro del Consejo Interno como en el asentamiento de La Unión. En uno de nuestros momentos más dolorosos denunció con valentía, ante la Cámara de Representantes, la masacre de nuestros líderes y niños en las veredas Mulatos y Resbalosa el 21 de febrero de 2005; allí fue suciamente atacado y calumniado por el congresista ex militar Jaime A. Cabal y por varios generales de la cúpula militar. En enero de 2009 el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, lo contactó a través del paramilitar Wilfer Higuita para exigirle que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz, y si no aceptaba, sería sometido a un proceso penal con testigos falsos, ya fuera como líder guerrillero o como narcotraficante. Reinaldo se resistió al chantaje y lo denunció, lo que enardeció las furias de los militares y paramilitares quienes lo persiguieron en adelante, hasta llegar a quemarle su casa. Sus problemas lo llevaron a la adición al licor, lo que lo obligó a retirarse de la Comunidad por no poder cumplir con ese aspecto del Reglamento, sin que fueran suficientes los esfuerzos para que cambiara de vida. La Comunidad lamenta profundamente su muerte.  
  •  El lunes 23 de noviembre de 2020, en horas del día, nos llegaron informaciones de que en las veredas El Porvenir y Las Nieves, de San José de Apartadó, los paramilitares están exigiéndole a cada familia campesina una suma de (200.000) doscientos mil pesos para darles regalos navideños a los niños. Esta es una de las manifestaciones del dominio y control abusivo que los paramilitares quieren tener de toda la población civil, de su economía y de su vida común, bajo el chantaje de las armas.
  • El viernes 27 de noviembre de 2020en horas del día, en la vereda La Resbalosa, en el punto conocido como La Despabiladora, fue visto un grupo de paramilitares fuertemente armados y a poca distancia de ellos un helicóptero de la empresa EPM descargando postes y materiales eléctricos. Hay que recordar que estos paramilitares, en el año 2018, electrificaron parte de las veredas La Resbalosa, Naín, La Resbalosita, Baltazar, Alto Joaquín, entre otras, del departamento de Córdoba en límites con Antioquia. Ahora supuestamente la empresa EPM busca legalizar todas estas redes que los paramilitares colocaron con dineros que forzadamente les extrajeron a los campesinos de esas veredas.  
  • El sábado 28 de noviembre de 2020, en el punto conocido como La Máquina,  de la vereda Arenas Bajas, de San Jose de Apartadó, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas y al parecer estuvieron allí por varios días. 
  • En  la última semana de Noviembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares se estarían coordinando con la Fiscalía, supuestamente para obtener informaciones sobre quién va hasta allí a hacer denuncias en su contra y también para controlar más estrictamente a quienes buscan suministrar informaciones a nuestra Comunidad de Paz. Este escenario nos recuerda episodios de años anteriores en que muchas víctimas se acercaban a la Fiscalía a presentar denuncias o a realizar otras diligencias y luego era evidente que esa información aparecía en manos de los paramilitares quienes tomaban represalias por las denuncias o atentaban contra la vida de víctimas de montajes. Nos viene a la memoria lo sucedido, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2010, cuando fueron citados a la Fiscalía 4 jóvenes que ya habían sido procesados por las mismas acusaciones, violando la prohibición judicial de realizar dos o más procesos por los mismos cargos. La Defensoría se negó a acompañarlos y al salir de la Fiscalía, ya de noche, en el camino fueron atacados a bala por los paramilitares, quedando herido Alonso Valle y logrando escapar Jorge Luis Higuita y José Albeiro David. Otros vinculados al mismo proceso, como John Kennedy Higuita y Bernardo Ríos, fueron asesinados en los meses siguientes; a Alonso Valle no le quisieron sacar la bala en el hospital y él mismo tuvo que sacársela con un cuchillo. Todo indicaba coordinación entre Fiscalía, paramilitares, Defensoría y Hospital, para contribuir a la muerte de estos jóvenes, en cuyos procesos judiciales se cometieron numerosos delitos procesales.
  • En la primera semana de diciembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares están implementando nuevos planes de reclutamiento de miembros de su estructura con el atractivo de pagos más altos. Los paramilitares alias “RENÉ”, “JESUSITO” y “SAMUEL”, este último quien actuó como comandante en veredas de Córdoba y luego ha sido enviado a la zona de La Unión, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza, Arenas Bajas, Arenas Altas y veredas aledañas, estarían motivando mediante incentivos económicos a paramilitares desanimados por la muerte de sus comandantes, para que regresen a la acción. En el caso del paramilitar conocido como “RAMIRO”, presente en la vereda La Unión, quien es a la vez hermano del comandante “SAMUEL”, se sabe que estuvo presente el día en que dentro del operativo “AGAMENON 2” fue asesinado su comandante conocido como “PUEBLO” o “PUEBLITO” en una vereda del municipio de Mutatá, Antioquia, y según versiones, desde entonces se encontraba aislado. Por muchos esfuerzos que el gobierno haga por tapar el creciente desarrollo del paramilitarismo, su actividad criminal y su apoyo aquiescente por parte de la fuerza pública, le queda imposible “tapar el sol con las manos”,

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 13 de 2020

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Documentos desclasificados revelan que EE.UU. sospechaba hace más de 20 años de los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo

El secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, fue informado que era "casi seguro" de los nexos del expresidente colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 

Desde hace más de 20 años, el Gobierno estadounidense tuvo conocimiento sobre los presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con los grupos paramilitares, según documentos de las agencias de EE.UU. que fueron desclasificados por la organización sin fines de lucro Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés). 

En un documento desclasificado de 1997, el exlegislador Jorge Valencia Cardona contó a funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Colombia la cercanía que tenía Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Valencia narró sobre "la red de relaciones" de Uribe —quien en ese entonces era gobernador del departamento de Antioquia— con "terratenientes, paramilitares y guerrillas".

De acuerdo con la declaración de Valencia, Uribe Vélez tenía nexos con terratenientes del oriente antioqueño que pagaban a los paramilitares para ir "tras las guerrillas". 

El padre del expresidente colombiano, Alberto Uribe, fue asesinado en 1983 por presuntos miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Según consta en un cable dirigido al Departamento de Estado de EE.UU., Valencia contó que en una ocasión fue detenido con violencia por paramilitares, quienes amenazaron con matarlo si no admitía que había colaborado con grupos guerrilleros

Los grupos paramilitares no aceptaron el dinero que Valencia les ofreció, pero lo que aparentemente salvó su vida fueron unos documentos que llevaba en una maleta y que mostraban que conocía al entonces gobernador de Antioquia, Uribe. 

"Oh, tú conoces a 'El Viejo'", le dijeron sus captores, en referencia a un apodo que recibía Uribe. Después de este incidente, supuestamente los paramilitares dejaron de hostigar a Valencia

Trato con las AUC

Durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), el subsecretario de Defensa para asuntos de Seguridad Internacional, Peter Rodman, advirtió al secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, sobre los vínculos de Uribe cuando fue gobernador de Antioquia con el grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

"Es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares (AUC) mientras era gobernador de Antioquia", escribió Rodman en una nota dirigida a Rumsfeld en 2004. 

Sin embargo, Rodman le expresó a Rumsfeld que no conocía "informes que sugirieran que las drogas fueran parte del panorama".

El presunto vínculo de Uribe con las AUC ha sido también señalado por miembros del grupo paramilitar. El antiguo comandante del Bloque Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra, aseguró en septiembre de 2019 que las reuniones entre los excombatientes ilegales y el político ocurrieron en una finca propiedad del expresidente.  

"Todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político, él nos entregó el fusil y después nos lo quitó", dijo el excomandante Sierra. El exmandatario ha negado reiteradamente los nexos con los grupos paramilitares.  

Financiamiento del Cártel de Medellín

En otro cable de la Embajada de EE.UU. revelado por NSA, se hace referencia a una declaración de un conocido de Uribe, que aseguró que los hermanos Ochoa Vásquez, quienes fueron socios del narcotraficante Pablo Escobar, exlíder del Cártel de Medellín, habrían financiado la campaña del político conservador al Senado.  

Uribe se encuentra en prisión domiciliaria por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo investiga por fraude procesal y soborno a testigos. 

En 2012, Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente pedir a exparamilitares testificar en su contra a cambio de beneficios. Sin embargo, en 2018, la Corte archivó esta investigación contra Cepeda y abrió una nueva indagación, esta vez al propio exmandatario, por la presunta manipulación de testigos.

Cepeda mantuvo conversaciones con varios exparamilitares que le aseguraron que Uribe propició la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.

Publicado: 1 sep 2020 00:03 GMT

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Foto Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

La noticia despertó alegría en unos y tristeza y rabia en otros. A la 1:12 pm del martes 4 de agosto el expresidente y senador Álvaro Uribe informó por redes sociales de la decisión tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y que le impuso detención domiciliaria. Deberá responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Litigio judicial cuya contraparte recae en el senador Iván Cepeda. La disputa ante ambos congresistas, representantes de partidos opuestos, llegó a los tribunales en el 2012.

 

El origen del litigio

 

El proceso que los enfrenta comenzó cuando el otrora presidente denunció al congresista Cepeda por presunta manipulación de testigos. En aquel entonces el senador del Polo Democrático Alternativo preparaba una denuncia en el Senado contra el Uribe Vélez por vínculos con el paramilitarismo, por lo que entrevistó a diferentes líderes de grupos paramilitares desmovilizados y que cumplían condenas en centros penitenciarios.

En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra el senador Cepeda y abrió indagación al hoy senador del Centro Democrático quien es investigado por presuntamente haber intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha señalado de fundar el bloque Metro de las Autodefensas.

 

Rueda de prensa

 

Conocida la decisión del alto tribunal, el senador Iván Cepeda, acompañado de su apoderado, el jurista Reynaldo Villalba, citó a rueda de prensa para entregar su opinión sobre lo decidido. En la misma, transmitida a través de Contagio Radio, medio de comunicación alternativo, estas fueron las declaraciones entregadas:

 

Reynaldo Villalba:

 

“No he sido notificado aún, el propio Álvaro Uribe dio la noticia. La Corte Suprema de Justicia contaba con absoluta y sólidas pruebas y era lo que se esperaba ocurriera en estricto derecho. Es una transcendental noticia para la justicia. Quiero rescatar la independencia de la Corte Suprema de Justicia pese a la enorme presión a la que fue sujeta estos días, incluso desde el propio gobierno de Iván Duque y sus Ministros”.

 

Senador Iván Cepeda:

 

“Es una fecha sin lugar a dudas transcendental. Considero que la decisión de la Corte Suprema de Justicia nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. Al senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez le han colocado una medida de aseguramiento. No hay individuos que estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosos e influyentes que sean. Esa es una lección fundamental que hay que asumir con serenidad.

Invitamos a todos los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad, es una decisión que ha producido un Tribunal. Es el comienzo de un proceso ante la eventualidad de un proceso de llamamiento a juicio, al cual, la contraparte tiene todas las herramientas, recursos y procedimientos que están para garantizar su derecho a la justicia. Debo señalar que este ha sido un proceso muy largo, recordar que comenzó el 23 de febrero de 2012. Es decir que cumplimos 8 años.

Este proceso tuvo 2 etapas donde el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Reynaldo Villalba por información que tuvimos con gravísimos hechos que estaban ocurriendo con relación a presunto soborno de testigos que influiría la actuación de la justicia. En este largo proceso la actuación de nosotros se ha limitado a ejercer la defensa.

Nosotros no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares u organizaciones criminales ante la Corte Suprema, quienes han recurrido a esos 22 testigos y han sido presentados ante la Corte ha sido la contraparte. Nosotros no hemos ocurrido a esos testigos, como se le ha hecho pensar a la opinión pública.

Así que hoy, estamos ante una decisión que ha sido objeto de una larga revisión. No se puede decir que la Corte haya tomado una decisión superficial, sin realizar un largo proceso de escucha de testigos y verificación de toda clase de pruebas. Hay abundante material probatorio que sustenta esta decisión. Y nosotros pues obviamente estamos listos para la nueva etapa. Sin ninguna clase de actitudes arrogantes o vengativas. Queremos mantener el llamado a la majestad de la justicia en este caso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos listos, desde el primer día, a acatar sus decisiones. Queremos entregar hoy simplemente un mensaje, si bien expresamos nuestra alegría, llamamos a la serenidad. Que no haya incitación ni conmociones en la opinión pública sino como demócratas y ciudadanos recordemos que existe una Constitución, un ordenamiento legal y que en ese ordenamiento legal los jueces de la República tienen la posibilidad de ejercer justicia para el bien de los colombianos.

Esa es nuestra declaración. Les pedimos ustedes comprendan no queremos entrar a hacer comentarios sino simplemente, con humildad y serenidad, entregar este mensaje”.

 

Memoria y futuro

 

Para nadie es un secreto que para un sector no despreciable de la sociedad colombiana el otrora presidente es el responsable de la creación y prolongación del paramilitarismo en Colombia. Es decir, sobre él recae la sospecha por miles de asesinatos, así como del desplazamiento y despojo de la tierra y otros bienes de millones de campesinos. Sospecha extendida a la autoría intelectual de los falsos positivos, así como de las acciones del otrora DAS, como otras sindicaciones que nunca han sido probadas. Para este sector lo decidido hoy por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es el inicio del derrumbe del poder de quien atizó el odio y la muerte en Colombia.

Es un odio contra alguien que ciertamente alimentó el odio y el dolor en el país, que cuenta en el otro extremo de la opinión nacional con un mayoritario sector social que ve en el mismo personaje a alguien que fue capaz de enfrentar la guerrilla y arrinconarla estratégicamente hasta llevarla a la negociación, proceso que recogió y finalizo Juan Manuel Santos. Para este segmanto de la sociedad colombiana el sentimiento es dispar, y con seguridad se preguntarán por qué está detenido su ídolo y no sufren igual circunstancia los otrora mandos de las Farc, por ejemplo.

Como se recordará, es ese sector mayoritario en Colombia, que evidencia disminución pero no hasta ser minoritario, el que derrotó el referendo por la paz, como el que eligió a Santos –quien presumía como continuador de su patrocinador–, y luego a Iván Duque.

Es de suponer, por tanto, que la detención del hoy Senador no significa su derrota, y que por el contrario, como el mismo acostumbra –se defiende atacando–, puede implicar una ofensiva en distintos planos. Las semanas que vienen permitirán conocer sus planes y proyecciones, para lo cual contará con el apoyo de buena parte del Estado colombiano, siempre simulando legalidad.

Como puede recordarse, un juicio que lo llevó a una condena temporal también recayó sobre el dictador Gustavo Rojas Pinilla (condenado en marzo de 1959), la que anulada en diciembre de 1966 le permitió lanzarse a la arena política y ser elegido Presidente en 1970, elección usurpada por una conspiración oligárquica que ungió a Misael Pastrana como el elegido.

Es evidente, entonces, la verdad no es solo jurídica, también existe la verdad política, así como la verdad social, y en esta es donde debe centrarse la atención. Sin comprender los factores por los cuales la mayoría de la sociedad colombiana ha apoyado a quien carga con gravísimas sindicaciones que harían sonrojar a mentores como Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, no será posible derrotarlo y sacarlo de la arena política.

Paralelo a ello, sus contarios tensionarán las cuerdas con otras tantas fibras de la institucionalidad nacional, friccionada, y en la cual personajes como el expresidente Juan Manuel Santos conserva reservas. Antípoda de Uribe, no ahorrará influencia ni esfuerzos por ver morder el polvo a su oponente. La alianza Cepeda-Santos es evidente.

Por ahora, luego de legalizar la captura en contra de Uribe Vélez y definir el lugar de reclusión, vendrá un proceso probatorio hasta el cierre de la investigación en el que la Sala de Instrucción decidirá si precluye el caso o llama a juicio al exmandatario. De esta manera, y por el tiempo que esto se tome, el país ahonda su polarización la que, seguramente, marcará de nuevo el proceso electoral del 2022 para elegir sustituto de Duque.

 

La formalidad

 

Álvaro Uribe Vélez escribió en su cuenta de twitter sobre el suceso: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.

Hasta ahora nada está decidido, las alegrías pueden ser efímeras, la disputa en curso ha quemado una etapa y vendrán otras. ¿Le sucederá a Uribe lo vivido por Gustavo Rojas Pinilla?

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Los camuflajes de la muerte en la verdadera pandemia

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige nuevamente al país y al mundo para compartirle los hechos que siguen revelando una política criminal del Estado colombiano y su tolerancia y connivencia con todos los procesos criminales que vienen del pasado.

La matanza de colombianos de a pie, inconformes y/o vulnerables, comenzó hace muchas décadas. La fuerza armada del Estado se consideró con licencia para matar durante mucho tiempo, apoyándose solamente en la calificación de las víctimas como enemigos del poder de turno. Con el paso del tiempo, los Estados Unidos le enseñaron   a los gobiernos colombianos, secretamente, a meter en la guerra a la población civil, no sólo como objetivo militar, que ya lo era en sus capas pobres e inconformes, sino también como combatientes, en forma de paramilitares o brazos armados clandestinos del Estado; esto ocurrió en 1962 con la misión a Colombia del General norteamericano  William Yarborough y sus directrices secretas, para que así el Estado no cargara con todo el peso del deterioro moral e ilegitimidad de su imagen y con una condena universal. Cuando el paramilitarismo comenzó a estar en la mira de algunos jueces, el Estado se empeñó en hacerlo desaparecer mediáticamente y acuñó el nombre de BACRIM o Bandas Criminales, llevando a la sociedad a creer que todo era problema de delincuencia común. Cuando los Acuerdos de Paz impidieron llamar guerrilleros a todas las víctimas de ejecuciones y desapariciones, la muerte de los líderes sociales y de los sectores inconformes o “desechables” comenzó a atribuirse a violencia intrafamiliar, a problemas de linderos entre vecinos, a picaduras de culebras o a peleas entre borrachos. En general, las falsas razones se han impuesto contra el conocimiento de poblaciones enteras que callan la verdad por temor al asesinato o al estigma.

Las muertes violentas perpetradas por el paramilitarismo, el cual continúa controlando nuestra zona de San José de Apartadó, han buscado últimamente formas de camuflaje que desafían el saber del campesinado del entorno. En el caserío de San José, fue palpable el silencio que rodeó la ejecución del joven Rafael Antonio Guerra el pasado 12 de mayo, en el paraje Caño Seco de la vereda Alto Bonito. Según el comentario que circula entre los pobladores de San José, la familia tuvo que camuflar el crimen bajo la versión de una “muerte por picadura de culebra”, para que se permitiera pasar el ataúd por el centro urbano. La última ejecución, ocurrida el pasado domingo 7 de junio, está siendo leída por muchos pobladores como efecto de “las borracheras dominicales” o de “peleas entre colegas” o conflictos entre los mismos paramilitares. Los medios no hablan de diligencias judiciales en estos casos ni se refieren al contexto de completo control de la zona por las estructuras paramilitares. Los medios locales y regionales, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, han ayudado siempre a difundir versiones de camuflaje que favorecen los intereses del sector político dominante, intereses que a veces se proyectan en la necesidad de eliminar a sus mismos servidores paramilitares, cuando éstos se sienten cansados o decepcionados en su misión asesina y manifiestan deseos de abandonar las filas criminales, o se enfrentan entre los mismos paramilitares por los recursos que incluyen el mercado de drogas alucinógenas. Versiones de las últimas muertes apuntan en algunas de estas direcciones.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos:

·         El domingo 10 de mayo de 2020 los paramilitares permitieron y promovieron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Unión, con gran consumo de licor, desconociendo las normas de control de la pandemia.

·         El sábado 16 de mayo de 2020, nuevamente los paramilitares autorizaron e impulsaron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Resbalosa, con abundante consumo de licor.

·         El jueves 4 de junio de 2020 fue visto nuevamente en la finca del Señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, un grupo de paramilitares armados con armas largas y uniformados. Ya varias veces antes nuestra Comunidad había sorprendido, fotografiado y filmado a los miembros de ese grupo paramilitar en el mismo sitio y los miembros del Senado de la República pudieron examinar los videos, pero eso no ha traído ninguna medida de represión o contención, menos de enjuiciamiento y sanción, a esa estructura paramilitar. En varias ocasiones, posteriormente, se les ha sorprendido en la misma finca, armados y uniformados, sin que ninguna institución haya hecho absolutamente nada para investigarlos y enjuiciarlos.

·         El viernes 5 de junio de 2020, tuvo lugar una convocatoria de paramilitares en la vereda Playa Larga. En dicha reunión, a la cual acudieron al menos 50 paramilitares, se insistió en la necesidad de controlar más fuertemente a la  población de la zona cercana a San José, donde hay personas que deben ser eliminadas.

·         El sábado 6 de junio de 2020 unidades de la Brigada XVII del ejército llegaron a la vereda La Unión e ingresaron a un establecimiento público donde consumieron licor. Cuando su mando fue interrogado por pobladores de La Unión para que explicara por qué el ejército no combate a los paramilitares, respondió que no los combatían porque después, cuando ellos estuvieran de licencia, los podrían atacar. Dicho oficial afirmó que asumiría el mando de la base de San José a partir del 15 de junio.

·         El domingo 7 de Junio de 2020, hacia las 20:00 horas, en la vereda La Victoria de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares asesinó al joven JESÚS ALBERTO MUÑOZ YEPEZ, de 35 años, apodado “El Tato”, residente del e barrio Policarpa de Apartadó, e hirió a una joven llamada Leidy quien lo acompañaba y estaba embarazada y es prima del jovenYeminson Borja Jaramillo, asesinado el 7 de  julio de 2019 en la vereda aledaña de La Balsa, por paramilitares que controlan esa ruta y someten a la población civil a sus órdenes mediante amenazas y ejecuciones. Varias versiones circulan sobre los móviles de este crimen, incluyendo la que presenta a la víctima como activo del paramilitarismo que se encontraba en retirada, mereciendo por ello la pena de muerte. El silencio permisivo y cómplice de las autoridades, acompañado por el silencio temeroso de la población del entorno, configura el mecanismo monstruoso de la total impunidad reinante.

·         El viernes 12 de junio de 2020, los paramilitares convocaron a las juntas de acción comunal en la vereda Mulatos Medio, en el recinto de la escuela recién construida en el lindero de la Aldea de Paz de nuestra Comunidad. En dicha reunión participó un líder político paramilitar, quien impartió normas a los pobladores. Ya nuestra Comunidad había presentido que esa construcción, motivada en ofertas del gobierno, iba a servir para eventos políticos y para fiestas y consumo de licor, todo como sabotaje a los principios de nuestra Comunidad de Paz, fuera de utilizar los espacios de nuestra aldea para sus reuniones.

·         El domingo 14 de junio de 2020, la junta comunal de la vereda Arenas Altas organizó en la escuela veredal, que es terreno de nuestra Comunidad de Paz, una fiesta con consumo de licor, violando todas las normas de aislamiento vigentes, derivando en riñas y heridos. Uno de los paramilitares organizadores fue John Edinson Góez, alias “El Pollo”.

·          El miércoles 17 de junio de 2020, A partir de los controles de seguridad que realiza la población civil de San José de Apartadó en la vereda La Balsa para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) se está organizando desde allí el cómo restringir la libre movilidad de nuestra Comunidad, supuestamente con el decir que los extranjeros van a entrar y a traer el virus, por lo que ya se comenta que: allí están ingresando gente de otros lugares violando la cuarentena Nacional y este es un caso que debe pasar a las autoridades porque si llega a haber un enfermo por el virus es culpa de la Comunidad de Paz. Como Comunidad de Paz rechazamos dichas acusaciones pues no es responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz evitar que se infecte la población, más cuando toda la gente de la zona está bajando al casco urbano diariamente sin ninguna medida de protección. Son el mismo paramilitarismo y la fuerza pública los que están llevando el riesgo de contagiar a la población porque son los que más patrullan la región, además frecuentan lugares públicos de San José y sus veredas a tomar licor y ahora se quiere responsabilizar a nuestra Comunidad como culpable, cuando somos los únicos en la zona que mejor hemos manejado una cuarentena autónoma, por lo que no será nuestra responsabilidad ni la de nuestros acompañantes nacionales e internacionales; si llegase  haber un contagio con el virus covid-19 en la zona, la responsabilidad es de las mismas autoridades competentes por que no se ha tomado una verdadera medida necesaria de precaución para garantizar que cada día no hayan más contagiados  en la Región de Urabá, la misma fuerza pública es la que más tiene contagiados en Urabá, además está  la libre movilidad del paramilitarismo que le ha permitido ejercer mayor control sobre la población civil, pues se están transitando por carreteras y caminos desde la Región de Urabá hasta el chocó y otros lugares del país sin restricción  alguna.   

En las diversas veredas del corregimiento de San José nuestra Comunidad de Paz sigue comprobando la presencia de estructuras de control paramilitar de la población a través de personas o familias espías denominadas “puntos”, los cuales informan permanentemente a los jefes paramilitares de la zona sobre los movimientos y pensamientos de los pobladores, mientras, los mandos “paras” se movilizan libremente por el territorio portando armas y a través de los “puntos” imparten normas a los pobladores, los convocan a reuniones y les cobran impuestos ilegales, amenazándolos de muerte si no se muestran sumisos a sus órdenes y a su dominio. Ninguna institución del Estado ha demostrado controlar esa estructura criminal, la cual está detrás de las amenazas de muerte y de las ejecuciones, hoy camufladas bajo causas ficticias.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo siguen nuestro proceso y nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 22 de 2020

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Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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