Otra vez asesinan a un líder social cada día

El confinamiento decretado para combatir el Covid-19, se ha convertido en una trampa aprovechada por los narco paramilitares para amenazar y asesinar líderes sociales, ex combatientes y sus familiares; exterminio en que el Gobierno es responsable por acción y omisión.

En medio de la pandemia se recrudece el asesinato de los líderes sociales y los ex combatientes, en la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas; resulta paradójico que en las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos, lo que devela el contubernio de las Fuerzas Armadas (FFAA) con los paramilitares, con el fin de despojar territorios para entregárselo a las transnacionales.  

 

La Doctrina Militar afecta el orden constitucional

 

El 4 de junio 28 Eurodiputados dirigieron una carta al Presidente Duque, manifestando su preocupación por las políticas de defensa y la doctrina militar, porque acciones como los seguimientos ilegales “afectan gravemente el orden constitucional y democrático en el país y más en un contexto de altísima militarización de los territorios y en medio de una pandemia mundial” [1].

Los Eurodiputados afirman que la respuesta del Estado para la protección de líderes es insuficiente, además consideran que la Ministra del Interior al equiparar el asesinato de líderes con los robos de celulares, pone en duda la intención del Gobierno de prevenir este flagelo. 

En la carta dirigida a Duque instan al Gobierno acumplir el Acuerdo de Paz y resaltan que este es la prioridad en la relación con Colombia, además lesinquieta que los Fondos destinados para la Paz sean utilizados con otros fines. De igual forma recalcanen el desmantelamiento de los paramilitares como garantía para la protección de las comunidades

 

Ahora matan a los familiares de ex combatientes

 

La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca, denunció la masacre ocurrida en la vereda Quebrada del Medio en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinados Camilo Sucerquia de 15 años, Carlos Barrera de 17 años, ambos familiares de una ex combatiente y William Pérez conductor del bus [2].

Las organizaciones manifestaron que desde febrero vienen advirtiendo al Gobierno sobre los continuos desplazamientos forzados, las amenazas y los asesinatos perpetrados por sicarios paramilitares del Clan del Golfo en alianza con los militares en el Sur de Córdoba, Occidente del Nudo de Paramillo, los territorios del Cañón Inglés y el Cañón de la Quebrada del Medio, en cercanía al espacio de reincorporación ETCR Román Ruiz.

 

Regresan los Falsos Positivos Judiciales

 

El 11 de junio la Asociación de Juntas del Sarare (AJS) reveló nuevos Falsos Positivos Judiciales contra Ramón Contreras presidente de la AJS, Libardo Parra Pérez Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) Vereda La China, Alirio y Jorge Vera Mogollón líderes comunales de Cedeño, Johanny Vega Gualdrón en Samoré, Miguel Eduardo Jaime Valero de la vereda La Pista; capturados en zona rural de Toledo, Norte de Santander [3]. 

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), denunció Falsos Positivos Judiciales contra sus dirigentes en la región Centro Oriente; fueron capturados en Norte de Santander: Carlos Alberto Mogollón, Humberto Villamizar Calderón, Primitiva Becerra y Helena Villamizar Vera [4]. 

Las denuncias de Falsos Positivos Judiciales realizadas recientemente por ASONALCA y AJS forman parte del plan de criminalización al movimiento social que dio captura a Hermes Burgos y José Murillo Tobo en 2018 y 2019.

 

Perseguidos sin fin

 

Leyner Palacios integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, denunció que luego de presentar el documental ‘Bojayá Bajo Fuego’, él y su familia han sido objeto de constantes amenazas. 

Lidia Bueno Gañán, lideresa indígena y Presidenta departamental del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) seccional Quindío, recibió amenazas de muerte después de declarar en un medio de prensa regional, “que se debería tener en cuenta los líderes del Quindío para la terna que reemplazará provisionalmente al Alcalde de Manizales” José Manuel Ríos Morales suspendido por corrupción.

Édison León Pérez, Presidente de la Junta de Acción Comunal de San Juan Bosco en San Miguel, Putumayo; había denunciado varias amenazas de muerte y fue asesinado el 8 de junio en San Juan Bosco, zona controlada por paramilitares y de alta presencia Brigada XXVII.

Pierangelly Huguett Henríquez de 46 años abogada que defendía reclamantes de tierras; fue asesinada el 9 de junio en Ciénaga, Magdalena.

Edwin Tuirán, ex combatiente, fue asesinado el 8 de junio por narco paramilitares del Clan del Golfo en el corregimineto de Bijao en Juan José, Córdoba.

BaironEliécerGómez hijo de una ex combatiente, asesinado el 12 de junio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, Meta.  

Alberto Elías Mora Uribe, líder campesino de la vereda Buenavista de Ituango, fue secuestrado, torturado y asesinado el 11 de junio, según denuncia la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia. 

Leider Bernabé Campo Tamayo de 20 años, comunero del Resguardo Agua Negra de Morales, Cauca, fue secuestrado el 11 de junio del Puesto de Control de la Guardia Indígena en El Mesón, y luego apareció asesinado en el Playón del vecino Resguardo La Fortaleza. 

Jesús Antonio Rivera de 32 años, comunero indígena del Resguardo Huellas de Caloto, Cauca, fue asesinado el 13 de junio. La Guardia Indígena capturó a 7 sujetos armados responsables del crimen. 

Por Himelda Ascanio | 18/06/2020

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[1] Carta de 28 Eurodiputados al Presidente Iván Duque. Parlamento Europeo, 4-06-2020. 

[2] Denuncian masacre de 3 personas en Ituango. El Colombiano, 7-06-2020.

[3] Nueva captura de líderes comunitarios y sociales. Trochando Sin Fronteras, 11-06-2020.

[4] Judicializan y estigmatizan a líderes sociales. Asonalca, 12-06-2020.

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Viernes, 05 Junio 2020 06:37

El movimiento popular resiste al narco

El movimiento popular resiste al narco

En la delegación Iztapalapa (Ciudad de México) la Comunidad Habitacional Acapatzingo, donde viven 596 familias, viene siendo acosada por personas armadas que se autodefinen como "colombianos". Se trata de uno de los movimientos populares que desde hace décadas lucha por la vivienda, con ocho núcleos en la ciudad que pertenecen a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII).

Las agresiones e intimidaciones comenzaron a mediados de abril, esgrimiendo armas de fuego ante la guardia vecinal que controla el ingreso a la comunidad. “El viernes 22 de mayo –relatan referentes de la comunidad– dos sujetos que bajan de un coche le dicen a la guardia que en los próximos días vendrán a entregar sobres, como primer y último aviso, que contendrán sus demandas e instrucciones y que la comunidad tendría que acatarlas en un plazo máximo de 72 horas”.

Al día siguiente llegaron los sobres, pero la guardia en acuerdo con la comunidad, procedió a destruirlos sin conocer su contenido. "La asamblea por la tarde-noche de ese mismo día, decidió hacer frente a las amenazas reforzando las guardias en todos los turnos y tomando otras acciones en caso de que la comunidad fuera atacada", sigue el relato de los miembros del Consejo General de Representantes de la comunidad.

Entre las decisiones de la asamblea general, con más de 500 participantes, figura reforzar las guardias, resguardar incluso las azoteas, realizar rondines permanentes por las calles y andadores, reforzar los dos accesos principales de la comunidad además de aumentar la cantidad de personas que participan en la guardia rotativa y la realización de fogatas en diferentes puntos. "Las demás comunidades de la organización se encuentran alertas y preparadas para acudir y actuar en caso necesario", aseguran.

Hasta aquí, un breve resumen de los hechos. Creo que necesitamos debatir, en toda América Latina, los modos de enfrentar al narcotráfico, además de profundizar en su comprensión.

Desde hace varios años sostengo que el negocio de las drogas es una forma más de acumulación por despojo y que las élites económicas del mundo se comportan cada vez más como narcotraficantes (https://bit.ly/2zYR6Pc). Además el narco es uno de los modos utilizados por la clase dominante para controlar y disciplinar a los movimientos populares.

Son los pueblos organizados los que pueden enfrentar y poner límites al narco, algo que los estados ni desean ni pueden hacer, en este periodo debacle y colapso de las instituciones del sistema.

En primer lugar, tenemos antecedentes de cómo una sólida organización popular ha conseguido detener el ingreso de fuerzas depredadoras a los territorios de los pueblos. Las rondas campesinas peruanas impidieron que los ladrones de ganado impusieran su ley a cientos de comunidades para, más adelante, ponerle límites a las multinacionales de la minería, frenando su actividad.

Algo similar puede decirse de la Guardia Indígena nasa del Cauca colombiano, capaz de recuperar comuneros secuestrados por grupos armados; del pueblo organizado de Cherán que expulsó a los talamontes y del EZLN que ha impedido que narcos y paramilitares impongan su ley en los territorios zapatistas.

El caso de las ciudades es, ciertamente, más complejo. Son el eslabón fuerte de la cadena de dominación del capitalismo, donde se asientan los poderes centrales del Estado y resultan el espacio más fácil de controlar para las instituciones armadas, legales o no. Sin embargo, la experiencia de la Comunidad Acapatzingo, conocida como La Polvorilla, puede darnos pistas sobre cómo encarar el desafío de los armados.

Lo decisivo es una sólida organización. En este barrio autoconstruido de unas 4 mil personas, cada familia pertenece a un sector donde funciona una brigada. Existen diversas comisiones, siendo en estos momentos las más importantes la de salud y la de vigilancia, siendo ocho comisiones en total, incluyendo educación y comunicación.

Las decisiones importantes las toma la asamblea general, pero funciona un Consejo General de Representantes con responsables de las 28 brigadas en que se divide el barrio, que se reúne cada semana. Para que la organización sea sólida, no alcanza con una asamblea trimestral o mensual, como suelen hacer las organizaciones populares más activas. Es necesaria una red de espacios que gestionen la vida cotidiana, desde salud y educación hasta deporte, cultura y mantenimiento.

En Acapatzingo han construido dos huertas, espacios de salud y de formación. Hasta los niños y las niñas están organizados y tienen sus propias actividades, incluyendo un boletín informativo. Durante la pandemia instalaron comedores en los ocho espacios habitados y extreman las medidas de protección con amplia participación comunitaria. El autogobierno colectivo es la clave para la formación de vínculos comunitarios, los únicos capaces de defender la autonomía territorial de los de abajo y, de ese modo, enfrentar al narcotráfico.

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Los pueblos originarios de América Latina en la era Covid-19

Las comunidades aborígenes del continente son castigadas por la pandemia del coronavirus, que es fortalecida por la falta de atención estatal.

“En esta pandemia, no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar; unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas”. La sencilla metáfora a la que apelaron en un comunicado siete organizaciones indígenas en el estado mexicano de Hidalgo ayuda a problematizar a qué sectores sociales afectará más el impacto del coronavirus. En América Latina, los pueblos originarios aparecen entre quienes van tirando manotazos en el agua, resistiendo al menosprecio de gobernantes y ninguneados en pantallas y micrófonos.

Nulas o insuficientes medidas focalizadas o protocolos especiales; carencia de servicios básicos (principalmente agua potable); enfermedades preexistentes vinculadas a la pobreza, y ausencia o lejanía de servicios de salud; complicaciones para la venta y compra de alimentos por el cierre de caminos y mercados; falta de documentación para acceder a programas sociales; poca difusión preventiva con enfoque intercultural y en lenguas indígenas. Un combo de problemáticas que dejan a gran parte de las comunidades originarias de la región en extrema vulnerabilidad. Si el panorama previo ya era de emergencia, la pandemia profundiza las desigualdades.

La conquista europea que arrasó con los pueblos que habitaban el continente no sólo tuvo la espada y la Biblia como armas principales. El factor epidemiológico fue clave: las enfermedades importadas (tifus, viruela, peste bubónica) ayudaron y mucho a diezmar a la población autóctona durante el mayor genocidio de la historia; de hecho, se dice que fue la viruela la que realmente destruyó al Imperio Azteca. Otras epidemias, como malaria, sarampión e influenza, también hicieron estragos en territorios indígenas a lo largo de la historia. Por eso, la irrupción del Covid-19 encendió las alarmas y multiplicó los reclamos de atención urgente. Su penetración en las comunidades sería trágica y le haría un gran favor a las trasnacionales extractivistas, siempre ávidas de tierras y bienes naturales.

La población indígena en Latinoamérica supera los 45 millones de personas, lo que representa el 8,3 por ciento de la región, siendo la zona de mayor densidad demográfica indígena del planeta. Se registran 826 pueblos indígenas distintos.En su informe anual de 2019, la CEPAL destacó que la pobreza de las y los indígenas es 26 por ciento mayor a la de las personas no indígenas.

Recientemente, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) exhortó a los gobiernos de la región a propiciar una reunión específica sobre el tema, y señaló que “ninguna de las fuentes de información globales o regionales incluye datos desagregados con relación a la población indígena”.

 

Perú: lavarse las manos con agua empetrolada

 

En la Amazonía peruana, los ríos se tiñeron de petróleo en las últimas décadas, multiplicando problemáticas y enfermedades. Cuatro federaciones indígenas del Departamento de Loreto alertaron sobre “las condiciones precarias en que nos ha encontrado la pandemia: un contexto de persistente contaminación petrolera que envenena el agua y los alimentos, focos de malaria o dengue, y la ausencia del Estado que a menudo implica días de viaje para asuntos básicos como llegar a un centro de salud”.

Las organizaciones reclaman medidas para evacuar a posibles afectados, e “información para difundir en las comunidades con claridad, seguridad, pertinencia y en idioma indígena”. El Perú tiene más de cuatro millones de personas que se identifican con una lengua diferente al castellano. Si bien algunos materiales de difusión fueron traducidos, aparece otro problema: muchas comunidades no cuentan con internet, electricidad o equipos electrónicos para trabajar con la plataforma educativa oficial “Aprendo en casa”. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a unas 1.800 comunidades nativas, acusó al gobierno de “desatención evidente y reiterada discriminación”, y denunció ante las Naciones Unidas “el peligro de etnocidio por la inacción del Estado peruano”.

En el Perú, donde ya se reportan tres indígenas infectados, se está dando otro fenómeno: el éxodo masivo de familias pobres que huyen de Lima a pie por el hambre y la falta de trabajo. Gran parte son indígenas que retornan con lo puesto a la sierra y a la selva.

 

Colombia: la pandemia de la violencia

 

La población indígena en Colombia -casi dos millones de habitantes, el 4,4 por ciento del total- tiene un gran desarrollo organizativo. La Organización Indígena de Colombia (ONIC) emitió por primera vez una alerta epidemiológica y activó un plan de contingencia, que incluye el bloqueo de caminos permitiendo sólo el paso de transportes de alimentos y productos básicos. Desde La Guajira hasta el Amazonas, la denominada “Guardia Indígena” impide el ingreso a los poblados de turistas e instituciones privadas. Las primeras en hacerlo fueron las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta que bloquearon el acceso al Parque Nacional Tayrona, uno de los principales atractivos turísticos. “La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”, explicó Ángel Jacanamejoy, dirigente de las Autoridades Tradicionales Indígenas.

La ONIC confirmó la primera muerte por coronavirus, e informó que hay siete indígenas infectados y 90 bajo observación. También denunció que “la escasez de agua potable, alimentos e implementos de bioseguridad y el confinamiento por el conflicto armado agravan la situación”. Es que, más allá del Covid-19, el mayor peligro siguen siendo los grupos paramilitares. Durante el gobierno de Iván Duque, ya fueron asesinados 162 indígenas. Y el hostigamiento y las muertes no amainaron durante la cuarentena. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, relató: “En estas últimas semanas, se han venido registrando hostigamientos, sobre todo en el norte del Cauca. El genocidio contra los pueblos indígenas se ha convertido en la peor pandemia nuestra en estos últimos años”.

 

México: defensa zapatista

 

Con unas 16 millones de personas, México es el país con mayor población indígena de la región. En muchas zonas también se implementó el corte de accesos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró en alerta roja a sus comunidades y cerró sus centros organizativos, “considerando la falta de información veraz y oportuna así como la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza de la pandemia”. También colocó retenes y filtros sanitarios en el ingreso a sus comunidades, y activó una cuarentena preventiva para quienes regresaron a sus poblados. El EZLN exhortó además a “no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida y en defensa del territorio y la Madre Tierra”. El comunicado finaliza diciendo: “Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, hermanas y hermanos”.

Medidas similares tomó el Congreso Nacional Indígena (CNI). Carlos González, uno de sus dirigentes, coloca otro elemento importante: “En los pueblos indígenas los ancianos y las ancianas juegan un rol fundamental, vital, para la pervivencia de las comunidades y su reproducción. Es una preocupación muy seria”. González coincidió en remarcar la precariedad de las infraestructuras sanitarias, pero destacó que, como contraparte, los pueblos originarios “podrán generar una mejor defensa gracias a su propia vida comunitaria”. El CNI prevé que la peor situación para las y los indígenas será en las ciudades, por lo cual realiza colectas para apoyar a las familias urbanizadas.

 

Desde la Patagonia hasta el Río Bravo

 

Los mismos miedos, dilemas y exigencias se repiten por toda la geografía del continente.

En Bolivia, la Ley reconoce a 34 naciones y pueblos originarios. En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que contiene a 64 comunidades, denuncian la desatención del gobierno de facto, la falta de información, y el desabastecimiento de medicamentos y alimentos por la interrupción del comercio. El dirigente Pedro Moye aseguró que “al área rural no llegó ningún material de bioseguridad ni medicinas ni ningún protocolo que debamos seguir en caso de registrar algún contagio. Sólo se abocaron a capitales de provincia”. Y remarcó otra dificultad: “No hay ambulancias ni medios para sacar a un enfermo rápidamente a un hospital. Esa es la preocupación más grande”.

En Brasil, donde ya hay al menos tres indígenas fallecidos y 31 contagiados, sobrevuela el fantasma no tan lejano de la gripe A-H1N1, que provocó la muerte de cientos de indígenas, principalmente guaraníes. El temor al Covid-19 se potencia ya que un tercio de las muertes de indígenas en Brasil son por enfermedades respiratorias. El Foro Nacional Permanente en Defensa de la Amazonía exigió “un plan de contingencia que tenga en cuenta las especificidades de sus pueblos y sus formas de vida comunitarias, que sin duda facilitan la rápida propagación del virus”.

La otra gran amenaza se llama Jair Bolsonaro, que además de minimizar la pandemia e ir a contramano de todas las recomendaciones, dio carta blanca a la deforestación de la Amazonía y expulsó al contingente de médicos cubanos, lo que dejó a muchas comunidades sin atención sanitaria. Nice Gonçalves, periodista y activista indígena, señala: “En 2019 aumentó en 12 por ciento la mortalidad de niños por la retirada de los médicos cubanos y el desmantelamiento de la salud indígena”.

También es crítica la situación en Paraguay, donde indígenas realizan bloqueos de rutas. La organización Tierra Viva expresó: “Las estadísticas previas a la pandemia ya señalaban que el 65% de los indígenas se encuentran en situación de pobreza y más del 30 por ciento en pobreza extrema; a lo que se suma la situación actual de aislamiento que imposibilita salir a trabajar. La exclusión estructural se profundiza y el hambre golpea fuertemente a las comunidades del Chaco”.

El mundo que está pariendo la pandemia deja al desnudo el rostro del sistema y abre las puertas a los debates urgentes sobre la necesidad de un nuevo paradigma civilizatorio. Tal vez sea el momento oportuno para poner el foco en las filosofías de vida que pregonan los pueblos originarios, sintetizadas en conceptos como “sumak kawsay” o “buen vivir”.

5 mayo 2020

Publicado originalmente en Revista Cítrica

Tomado de La Tinta

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Martes, 31 Marzo 2020 06:53

Aniversario en medio de virus mortales

Aniversario en medio de virus mortales

El lunes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró los 23 años de proclamación pública de nuestro proceso. Nacimos en medio de un verdadero baño de sangre impulsado por el ejército nacional y su brazo paramilitar, no ciertamente con el deseo de luchar contra otros armados sino con el deseo de exterminar todo movimiento social que no se someta a sus políticas excluyentes. En nuestro caso, las armas oficiales se han propuesto eliminar a quien no quiera participar en un conflicto armado en el que, de acuerdo a la doctrina militar importada de grandes imperios, hay que involucrar a toda la población civil, activa o pasivamente. Hoy, 23 años después, existen testimonios de paramilitares arrepentidos que han declarado ante los tribunales que el Presidente Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era un nido de guerrilleros y por eso ellos se comprometieron a asesinar al mayor número de integrantes de nuestro proceso, pero años después descubrieron que todo era falso y que los habían obligado a matar a gente inocente y a cometer crímenes horrendos que los mantienen sumidos en remordimientos.

Nuestra celebración de los 23 años, dada la cuarentena de aislamiento que Colombia y el mundo están viviendo, fue más que todo virtual. 22 comunidades y organizaciones hermanas de nuestra Comunidad de Paz se conectaron por internet desde muchos países y pronunciaron hermosos mensajes de solidaridad y hermandad, enalteciendo el camino de resistencia y dignidad que nuestra Comunidad ha recorrido y en el cual ellos nos han acompañado con su respaldo moral.

Como la agresión y el crimen de Estado no cesa ni da tregua, hoy queremos dejar constancia de situaciones y hechos que nos atormentan:

  • ·El Sábado 21 de marzo de 2020,fueron convocadas en el poblado de Nuevo Antioquia, en jurisdicción de Turbo haciendo frontera con San José de Apartadó, delegaciones de las juntas de Acción Comunal, para pronunciarse, con un Sí o un No, sobre la explotación de una gigantesca mina de carbón existente en la zona, asumida por una empresa transnacional oriental, al parecer Coreana. Nos viene a la memoria el viaje del Presidente Santos a Corea del Sur en el año 2013, momento en el cual los medios comentaron que había ido a formalizar licencias de explotación de recursos mineros, especialmente del carbón. Es muy extraño que en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería sólo aparecen licencias en favor de las empresas nacionales Argos y Carbones del Golfo, pero los expertos en la materia hablan de una especie de terciarización empresarial, según la cual, las empresas nacionales ejercen una especie de “testaferrato” para encubrir a los capitales multinacionales. Inquieta profundamente el requerimiento de firmas de aprobación por parte de juntas comunales, en gran parte manipuladas por grupos paramilitares o por líderes clientelistas, pues todo muestra que no se está haciendo una CONSULTA POPULAR como la prevista en la Constitución y en las leyes, bajo control de la Registraduría, sino un remedo ilegal de consulta, controlado por intereses espurios e inconfesables, adicionado con ejercicios supremamente perversos de soborno, como ofrecerle a quienes voten por el “Sí”, camionetas, sueldos mensuales, viviendas en centros urbanos y otras prebendas e incluso la construcción de una represa en el Río Mulatos, que no servirá para solucionar los problemas de agua de las poblaciones locales sino para el desarrollo de la explotación carbonífera, altamente contaminante. Tal cúmulo de ilegalidades y perversiones sólo puede darse en un ámbito de control paramilitar y en un poblado de larguísima tradición paramilitar como es el poblado de Nuevo Antioquia.
  • ·El Sábado 14 de marzo de 2020un poblador de San José de Apartadó fue llamado por alias “Nicolás”, líder paramilitar del Clan del Golfo, quien se expresa a través del celular 312 4320960, exigiéndole contribuir con una vaca al financiamiento de las actividades paramilitares en la zona de San José. Como él se negó, le anunciaron que pronto vería sin vida junto a él a uno de sus familiares más cercanos.
  • ·El domingo 15 de marzo de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada sobre amenazas que están siendo proferidas contra la familia de AMADO TORRES, asesinado en la vereda La Miranda el 29 de febrero de este año (2020). Luego de su muerte violenta, los organismos competentes del Estado se negaron a ir a levantar su cadáver y su familia tuvo que transportarlo hasta el punto conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Se sabe que en el crimen participaron los paramilitares alias “Alfredo” y alias “René”, este último como mando regional. El control ejercido por la organización criminal sobre la finca de la víctima, obligó a su familia a desplazarse. Los rumores que llegaron luego al vecindario comenzaron a difundir la sentencia paramilitar de que “faltan otros dos miembros de la familia por morir”. Uno de los trabajadores de la víctima también ha estado en la mira de los criminales. A esto se suma la inactividad total de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, y peor aún, la actitud del Fiscal del caso de quedarse con el teléfono celular de uno de los hijos de la víctima, lo que se acomoda a la perversa tradición del poder judicial de Urabá: de investigar a las víctimas y nunca a los victimarios. Nadie se explica por qué no ha decomisado los celulares de los integrantes del grupo paramilitar responsable del crimen, ya que se trata de un grupo ampliamente conocido en toda la región.
  • ·El domingo 22 de marzo de 2020,habiéndose iniciado ya en todo el país el aislamiento personal para evitar el contagio del “Covid-19”, los mandos paramilitares de San José de Apartadó protagonizaron una jornada de consumo de alcohol, de droga, de desorden y de violencia en el caserío de La Unión. Los mandos paramilitares WILMER DE JESÚS ÚSUGA, alias “Jesusito”, alias “Ramiro” y alias “Samuel”, todos ex integrantes delas FARC -EP, fueron protagonistas. Ya desde el caserío de San José WILMER o “Jesusito” había amenazado de muerte a WILFER HIGUITA, poblador de la vereda La Unión quien en enero de 2009 sirvió de intermediario al Coronel Germán Rojas Díaz para someter a chantaje a un miembro de nuestra Comunidad, conminándolo a ayudarle a destruir la comunidad de Paz si no quería ser judicializado con falsos testigos; cuando WILFER huyó hacia La Unión, “Jesusito” lo siguió hasta allí y amenazó también a otros pobladores del caserío, mientras los otros mandos paramilitares, alias “Samuel” y alias “Ramiro” –hermanos entre sí- consumían públicamente marihuana. Nuestra Comunidad de Paz lamenta profundamente la degradación en que ha caído el poblado de La Unión, en otro tiempo escenario de resistencia heroica y de martirio de reconocidos líderes de nuestra Comunidad y de esfuerzos ejemplares de solidaridad y construcción de comunidad de muchos integrantes que observaron sagradamente los principios que han regido nuestra Comunidad.
  • ·El lunes 23 de marzo de 2020, hacia las 21:00 horas, quienes vigilaban la entrada a la Bodega de la Comunidad de Paz vieron llegar a dos personajes extraños en moto; uno de ellos se bajó y se internó en el potrero de en frente como fingiendo hacer necesidades biológicas para luego devolverse hacia el casco urbano de San José. Para los vigilantes ellos traerían otras intenciones que se vieron frustradas por la presencia de vigilantes.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz quiere expresar su gratitud a todas las personas y comunidades que nos han acompañado y fortalecido en nuestra resistencia y cuyos mensajes de estímulo fueron tan importantes para nosotros en aniversario 23° de nuestro proceso.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 30 de 2020

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Marco Rivadeneira, líder social asesinado en Colombia en medio de la pandemia.Onu Derechos Humanos

Dos líderes indígenas fueron asesinados en sus casas, donde se encontraban confinados cumpliendo el aislamiento obligatorio. La Fiscalía dice que homicidios redujeron el fin de semana

 

La violencia y el conflicto con grupos armados en Colombia no se ha detenido por el coronavirus y mientras la cuarentena reviste incomodidades para millones de personas, en algunas regiones del país significa más miedo y muerte. Miles de campesinos enfrentan una doble preocupación: la pandemia y las organizaciones armadas. Este lunes se evidenció ese riesgo cuando dos líderes indígenas del pueblo embera chamí en el Valle del Cauca fueron asesinados mientras cumplían el aislamiento obligatorio que se decretó en ese departamento del occidente del país. “A las 9:20 de la noche, Omar y Ernesto Guasiruma estaban en su vivienda en el corregimiento de Naranjal cuando llegaron dos sujetos y los sacaron de sus casas”, contó Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (ONIC). Otros dos defensores indígenas atacados de la misma forma se encuentran gravemente heridos.

Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina y, con la atención puesta en la emergencia humanitaria generada por el Covid-19, el peligro se incrementa en las comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 565 activistas sociales. En plena pandemia fue asesinado Marco Rivadeneira, líder reconocido de Putumayo, suroccidente del país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la pérdida y recordó que era un hombre con quien trabajaban en llave para proteger a otros líderes. “Nos estremece el homicidio”, aseguró el ente. La Unidad Nacional de Protección dijo en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus esquemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”, pero eso en la práctica, según denuncia Arias, ha significado que los líderes amenazados permanezcan en sus viviendas sin alguien que los cuide.

El confinamiento, que es novedad para millones de colombianos, es parte de la vida cotidiana de miles de campesinos. En 2019, de hecho, aumentó el confinamiento como práctica de los grupos armados. “Según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas”, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja en su balance de la crisis humanitaria.

El Gobierno ha declarado la cuarentena hasta el 13 de abril, pero en algunas zonas ya circulan panfletos que obligan a los campesinos a permanecer en sus casas so pena de ser asesinados. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó que declaraba un “toque de queda” con excepción de las personas enfermas y un “castigo revolucionario” a quienes teniendo Covid-19 no se autoaislaran. Lo mismo hicieron grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que declaran objetivo militar a quienes estén fuera de sus casas; y grupos paramilitares que aterrorizan a los civiles de las regiones más apartadas de las ciudades. La Fiscalía, sin embargo, reporta una disminución de la actividad delictiva del fin de semana del 21 al 23 de marzo. De acuerdo con sus cifras, hubo 49 homicidios en todo el país, es decir 100 menos que en el mismo periodo del 2019 y también se redujeron los hurtos.

Mientras los artefactos explosivos y minas antipersona siguen afectando a la población civil. Uno de los últimos casos conocidos es el de un adolescente de 16 años que resultó herido al pisar uno de esos explosivos en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. En Colombia cada día hay una nueva víctima por estos artefactos, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que “las operaciones militares no han parado ni han mermado” y que las fuerzas de seguridad están desplegadas para hacer cumplir la cuarentena. “Hay 39.000 policías en tareas de vigilancia, 1.000 puestos de control en supermercados. Más control fronterizo y caravanas de seguridad para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos”, dijo.

Bogotá - 26 mar 2020 - 16:24 COT

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El testaferro que desató una tormenta política en Colombia

La investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña de Iván Duque tiene al actual mandatario y al expresidente Álvaro Uribe contra las cuerdas

Un teléfono intervenido, una llamada y una presunta compra de votos en medio de la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Son los ingredientes que han desatado una tormenta política que azota al Gobierno del presidente Iván Duque, que ganó esas elecciones en segunda vuelta. Detrás de este caso, que la Fiscalía ya está investigando, hay un narcotraficante, fallecido el año pasado, y sus presuntos vínculos con el uribismo, el ala más radical de la derecha colombiana agrupada en torno al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Todo empezó con una investigación periodística que dio a conocer la transcripción de una llamada en la que José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe y una mujer hablaban de presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. Hernández, que fue asesinado en un atraco en Brasil, era un narcotraficante que usaba como fachada negocios minoristas y la ganadería. Por entonces, estaba siendo investigado por un homicidio. En el marco de esas pesquisas, una de esas conversaciones sobre corrupción electoral quedó registrada.

El ñeñevirus, como también ha sido llamado en el país andino en referencia al coronavirus, hizo temblar los cimientos del partido que sostiene al Gobierno, el Centro Democrático, que llevó a Duque a la presidencia. El mandatario ha rechazado las acusaciones y se ha desmarcado de su relación con Hernández. Sin embargo, decenas de fotografías en eventos de la campaña publicadas por el propio narcotraficante en sus redes sociales muestran que los supuestos vínculos vienen de tiempo atrás. La prensa local, de hecho, llegó a publicar una parte del álbum privado del Ñeñe, donde aparece fotografiado junto al hoy presidente y a Uribe, entre otros políticos. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Y agregó: “Nunca supe que había investigaciones contra él y, si las hay, que las autoridades esclarezcan y rápido”.

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ganó en junio de 2018 las elecciones en segunda vuelta frente al izquierdista Gustavo Petro con un discurso centrado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El año pasado, el mandatario incluso llegó a apoyar —a diferencia de su mentor, Álvaro Uribe— una consulta contra la corrupción impulsada por la Alianza Verde y la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Además, el político adoptó un estilo de gobierno que evita el tradicional intercambio de favores entre formaciones políticas y el clientelismo, conocido como ‘mermelada’. Lo ocurrido demuestra que la relación con el expresidente Álvaro Uribe, que lleva décadas en política y tiene el control de las redes de poder, contradice el discurso público del mandatario. Y eso sucede en una etapa en la que la sociedad colombiana, que ha dejado atrás la guerra con las FARC aunque todavía convive con el problema de la violencia, busca renovarse y tiene cada vez menos tolerancia hacia la corrupción.

Primer paso

El escándalo ha ido creciendo poco a poco a medida que aparecen pruebas que muestran como el difunto narcotraficante se movía con soltura en círculos de poder. Una de ellas es que Hernández se trasladaba en aeronaves del Ejército. Las fuerzas militares emitieron un comunicado en el que admitieron este hecho, aunque se escudaron en que “para la fecha el señor Hernández era conocido como empresario del sector ganadero y miembro de una familia tradicional del Cesar (norte de Colombia)”. Se trata del mismo argumento al que recurrió el expresidente Uribe, que, cuando Hernández fue asesinado en Brasil, expresó su lamento a través de Twitter. “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera”, escribió.

Uribe, en cualquier caso, tuvo que reconocer que la mujer con la que habla Hernández en esa conversación intervenida era María Claudia Daza, una integrante de su equipo en el Senado. Poco después de que el expresidente admitiera el hecho, ella renunció y salió del país. Mientras tanto, los periodistas que destaparon el caso, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, denunciaron ser víctimas de espionaje y seguimientos.

Ante estas circunstancias, en las que aún hay muchas dudas que despejar, la justicia ya ha dado el primer paso. La Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, que es amigo personal de Duque, decidió abrir una investigación preliminar y envió copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral. El objetivo, de momento, es que estos organismos, “según sus competencias, indaguen sobre el contenido de varias interceptaciones hechas a un número telefónico vinculado a la investigación”.

La Procuraduría también abrió una investigación a propósito de los desplazamientos de Hernández en aeronaves de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Duque, sobre quien arrecian las acusaciones de la oposición, acaba de volver de una gira internacional por Nueva York y México y trata de centrar la agenda en otros asuntos urgentes. Su Gobierno tiene que afrontar la emergencia del coronavirus y cabe esperar que en los próximos días toda la atención pública se concentre en esa crisis.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 11 mar 2020 - 22:50COT

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Atacan a Sara Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia

La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de la Asociación de Profesores (Asoproudea), fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñelamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.

Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el sospechoso del ataque fue capturado, e identificado como un “niño de 13 años habitante de calle, entra por su balcón, a hurtar y la hiere”. Después actualizó la información comentando que Medicina Legal identificó al sospechoso y confirmó que no era menor edad y fue llevado a la URI para ser interrogado. 

En declaraciones anteriores, y ante la situación que vive la Universidad de Antioquia, y que requieren de espacios de diálogo permanente con todos los claustros que integran la misma, el Alcalde optó por la confrontación, atizando la inestabilidad que sobrelleva la Universidad y estimulando –sin que sea su propósito pero sí su resultado– la actuación de estructuras paramilitares que desde años atrás han pretendido el ataque de toda voz crítica en el centro de estudios. Como es obvio, en su labor, docentes y estudiantes tienen la obligación de opinar y actuar en pro del buen funcionamiento de su Universidad, así como del país todo, y ello debe hacerse en espacios plurales, sin señalamientos ni, mucho menos, uso de la violencia.

Winston Gallego, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, una organización no gubernamental de Derechos Humanos y representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en entrevista con El Espectador dijo "El ataque nos preocupa y más aún que la Alcaldía siga manteniendo la estigmatización de la comunidad estudiantil. Creemos que es urgente y necesario que el alcalde haga un pronunciamiento de respaldo a los líderes sociales y a la comunidad de universitarios donde reivindique su labor"

A la actitud del Alcalde de la ciudad, se suma la reciente declaración de la Ministra del Interior, Alicia Arango, quien expresó: "Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD. HH”.

¿Quién está detrás de estos ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos y líderes sociales? El Estado lo niega, pero todos los arroyos se dirigen hacia el río madre.

Felipe Martínez en el artículo –“Ríos de sangre inundan el país”– publicado en desdeabajo el pasado 6 de junio, identificó lo siguiente:

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) Ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) Fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad)”.

El ataque contra la docente Sara Fernández tiene todos los síntomas de un atentado contra su vida, disfrazado de intento de robo. Como en los demás casos de ataques contra líderes sociales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que la impunidad no prime.

 

Lea el artículo de Felipe Martínez en extenso aquí:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html

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Población Civil bajo múltiples manipulaciones

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Como en todos estos 23 años de resistencia civil, nuestra Comuidad de Paz sigue expresando sus preocupaciones sobre la continuidad de la violencia en el territorio de su entorno y dejando constancias sobre las agresiones que atentan contra sus derechos y su dignidad. Es un hecho que el paramilitarismo sigue presente y con dominio progresivo de la región, gracias a la tolerancia y complicidad de las instituciones. Ahora los paramilitares han implantado un plan de reclutamiento, tanto de personas adultas como de menores de edad, en el corregimiento de San José y sus veredas. Los reclutados están siendo llevados a los municipios de Chigorodó, Mutatá (corregimiento La Fortuna) y otros lugares del Urabá Antioqueño y del Chocó, para recibir entrenamiento militar, según lo relatan los pobladores.

Lo más preocupante es la inutilidad de la presencia del ejército y de la policía en san José de Apartadó. Desde 2005 están allí, en una gran base militar y un costoso búnker policial, violando el Derecho Humanitario y las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben que se ubiquen en medio de la población civil y a escasos metros de los colegios. Además  están conviviendo con los paramilitares y permiten que estos realicen trabajos de reclutamiento, cobros de impuestos ilegales y permanentes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz. Ya en las últimas semanas se ha sabido que los reconocidos paramilitares  alias “RENÉ” y alias “El BURRO” se la pasan en San José acompañados de hombres armados que les prestan seguridad para que ellos puedan realizar los trabajos de reclutamiento y de extorsión, la mayoría de la veces en medio de la presencia militar y policial.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

  • El domingo 19 de enero de 2020, en horas del día, según pobladores de San José, el paramilitar conocido en la zona como “RENÉ”, quien ha asumido la comandancia de dicho grupo armado ilegal en el corregimiento de San José y sus veredas, llegó hasta un establecimiento público junto al paraje El Puente del centro urbano de San José de Apartadó, con varios hombres armados con armas cortas, lugar en el cual   hay presencia permanente de fuerza pública. Al parecer “RENÉ” esta allí coordinando la extorsión a los comerciantes.
  • El sábado 25 de enero de 2020, en horas del día, se conocieron fuertes amenazas de muerte por parte de los paramilitares que hacen presencia en las veredas Mulatos, La Resbalosa, La Hoz y Rodoxali, de San José de Apartadó, contra Hugo Molina, miembro de nuestra Comunidad de Paz. Según los paramilitares, lo amenazan por no ceder en la entrega de títulos de propiedad de una finca que fue expropiada por los mismos paramilitares a la familia Molina, la cual residen en la zona de Rodoxalí, donde se encuentra la dicha propiedad.
  • En la semana del 20 al 26 de enero 2020, un paramilitar conocido como “EL BURRO”, al parecer comandante encargado del reclutamiento forzado de jóvenes menores de edad en la zona de San José de Apartadó, para luego llevárselos a Chigorodó y al Chocó a entrenamiento militar, con el fin de escoltar y proteger a comandantes que antes fueron integrantes de las FARC-EP y ahora se desempeñan como comandantes paramilitares, conocidos como alias “LEÓN” o “LA FIERA” y alias “SOPA”. Otros comandantes paramilitares, también ex integrantes de las FARC-EP, presentes en la zona y conocidos como alias “EL BURRO”  y alias “RENÉ”, habían enviado a alias “RAMIRO”, paramilitar instalado en la vereda la Union de san José, y a otros jóvenes, al parecer reclutados en otras zonas, para escoltar a sus mandos, y según informaciones del mismo “Ramiro”,  ya varios de ellos han sido asesinados. Alias “EL BURRO” estuvo durante toda esa semana y semanas anteriores transitando en motocicleta desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, y al mismo tiempo espiando nuestra Comunidad de Paz durante sus pasos por los alrededores de nuestro asentamiento central.
  • El lunes 27 de enero de 2020  nuestra Comunidad de Paz fue informada de un nuevo plan de invasión a nuestra finca La Roncona, propiedad que nuestra Comunidad de Paz posee pacíficamente desde hace 22 años, para lo cual tiene evidentes derechos de posesión y que ahora se encuentra bajo un litigio jurídico interpuesto por la familia Jaramillo, la cual había enajenado ese predio hace muchos años. Según las informaciones recibidas, la invasión la está impulsando el mismo nuevo Alcalde de Apartadó, Felipe Cañizalez, quien está invitando a los actuales invasores de una finca de la Alcaldía de Apartadó, comprada por dicha Alcaldía en el casco urbano de San José en el período más intenso del conflicto armado, para que invadan más bien el predio de nuestra Comunidad de Paz, para lo cual, se dice, ha concertado ya con la familia Jaramillo, familia que había vendido ese predio hace más de 20 años. Todo muestra que el Alcalde quiere evadir sus responsabilidades de buscar terrenos para familias que no poseen tierra y recurrir a la perversa estrategia de invadir predios poseídos legalmente por nuestra Comunidad de Paz hace más de 22 años.
  • Este mismo lunes 27 de  enero de 2020, el señor Elkin Ortiz, poblador que vive en San José, en la finca de la Alcaldia de Apartadó, volvió a incursionar en nuestra finca La Roncona para dañar cercas y cultivos, como lo había hecho en otras ocasiones impulsado por los mismos paramilitares y ha manifestado que ahora se tomará el lugar, lo que hace sospechar que se encuentra integrado al supuesto plan que tiene la Alcaldía de Apartadó, en cabeza del Alcalde Felipe Cañizalez, de invadir nuestro predio para ubicar allí a los invasores de dicha finca de la Alcaldía.
  • El martes 28 de enero del 2020, en horas de la mañana, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendría la Junta de Acción Comunal de la vereda la Unión de destruir el monumento que nuestra Comunidad de Paz construyó en memoria de los 6 miembros de nuestra Comunidad asesinados el 8 de julio del 2000 por militares de la Brigada XVII en conjunto con paramilitares. Dicho monumento fue construido en el mismo sitio del holocausto, convertido desde entonces en lugar sagrado de la memoria ensangrentada de nuestra Comunidad y en acuerdo con los familiares de las víctimas masacradas allí. No entendemos por qué la Junta de Acción Comunal se ensaña ahora contra nuestra memoria sagrada. Se dice que la Junta Comunal, en lugar de salvaguardar la memoria de las víctimas, quiere acoger la oferta de la Alcaldía de Apartadó que al parecer ha ofrecido construir allí una placa polideportiva, con el propósito, difícil de ocultar, de borrar la memoria de nuestras víctimas. Según se nos informó, la Junta está buscando la asesoría de la Policía y de la Defensoría del Pueblo en el proceso de destrucción del monumento. 
  • El miércoles 29 de enero de 2020, a las 5: 50 horas de la tarde,  un grupo de 5 militares uniformados y con armas largas, de la base militar de San José de Apartadó, incursionaron en las entradas de nuestro asentamiento de San Josesito de Apartadó, trayendo con ellos a una persona mayor, de nombre  Jaime Montoya, quien supuestamente venía por un dinero que había solicitado y que en días anteriores había estado pidiendo, alegando que nuestra Comunidad tenía mucho dinero. Todo muestra que los paramilitares lo indujeron a ello encontrando así un pretexto para incursionar en nuestro predio junto con la fuerza pública y que los mismos militares se valieron de una persona mayor para penetrar en nuestros predios privados en búsqueda de informaciones y ubicación de las viviendas de las familias de nuestra Comunidad de Paz.
  • El domingo 2 de febrero de 2020, A las 18:00 horas, de nuevo el señor Elkin Ortiz ingresó a nuestra propiedad privada de la finca La Roncona, esta vez en compañía de un ex combatiente de las FARC-EP, quien también vive en el casco urbano de San José, al parecer impulsados por los paramilitares, causando más destrozos en cercas y cultivos.
  • El lunes 3 de febrero de 2020, en horas del día, la Junta de Acción Comunal de la vereda Mulatos Medio envió a dos arrieros con ocho mulas que llevaron cargas de arena y las depositaron en nuestro asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, desconociendo la posesión que nuestra Comunidad de Paz ha mantenido legalmente por 15 años en ese sitio sagrado, donde fue masacrado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia en 2005. El hecho de descargar allí esa arena está revelando que existe un plan de invasión violenta de nuestro predio, dirigido por fuerzas que van más allá de una junta comunal, pero que curiosamente coincide con otros planes de MEMORICIDIO, como el que se está destapando en la vereda La Unión, como plan perverso de borrar la memoria de las víctimas, para lo cual instituciones oficiales están asesorando a grupos de población civil en esos planes inconfesables..
  • El martes 4 de febrero de 2020en horas del día, de nuevo la Junta de Acción Comunal de la vereda Mulatos Medio, volvió a descargar viajes de arena en nuestro asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, completando ya 19 cargas depositadas en un predio que no les pertenece.

Es claro que los paramilitares están utilizando  a la población civil para agredir a nuestra Comunidad de Paz, ya sea para dañar nuestras cercas y cultivos, como en el caso de nuestro predio La Roncona, ya  para penetrar en nuestros predios y buscar informaciones, como en el caso de la manipulación del Sr. Montoya por militares y paramilitares, ya para invitar a invadirnos, como lo está haciendo el Alcalde de Apartadó, ya para planear la destrucción de nuestros espacios sagrados y borrar la memoria de nuestras víctimas, como en los casos de las juntas comunales de La Unión y de Mulatos Medio. El paramilitarismo tiene todo el control sin ser molestados por nadie así lo han manifestado los mismos paramilitares, se la pasan organizando planes para amenazar a integrantes de nuestra Comunidad y para controlar y extorsionar a todo nuestro entorno campesino con impuestos ilegales y todo tipo de amenazas y extorsiones. Ya no saben cómo más agredirnos. Lastimosamente la fuerza pública se está prestando para todo eso o al menos para tolerar todos esos planes mediante las políticas de “oídos sordos” y “brazos caídos” y todas las demás formas de complicidad activa y pasiva.

El próximo 21 de febrero será la conmemoración de los 15 años de la masacre de Mulatos y La Resbalosa, hechos que aún siguen en la impunidad, pues los culpables siguen siendo exonerados de manera escandalosa. En efecto, el 30 de diciembre de 2019, la Magistrada CLAUDIA ROCÍO SALDAÑA, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, emitió la Resolución 008169, en la cual suspende órdenes de captura y deja en libertad a 3 de los victimarios ya condenados por la Corte Suprema en Casación, y les otorga el privilegio de acogerse a los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- a los 10 militares que ya habían sido condenados por la horrenda masacre, pasando por encima de la misma Ley Estatutaria de la JEP, pues dichos victimarios no habían cumplido el requisito más elemental de comprometerse con la JEP a revelar la verdad sobre el horrendo crimen. La JEP asume así una política de impunidad abierta y desafiante, no solo por violación de su mismo Estatuto legal sino por vincular al procedimiento de justicia transicional privilegiada a quienes perpetraron crímenes de barbarie sin ninguna relación con el conflicto armado, pues sólo con argumentos muy absurdos o con manipulaciones en exceso perversas, podrían alegar que miembros de nuestra Comunidad de Paz, conformada precisamente para no participar en el conflicto armado ni colaborar con ninguno de sus actores, y sus mismos niños inocentes, participaban en alguna fuerza beligerante. Por encima, pues, del derecho, aun en sus versiones más arbitrarias, y en contra de toda racionalidad, la JEP se sitúa en contravía de toda justicia y de toda ética. Nuestra comunidad de paz siempre estará al lado de una verdadera justicia que brinde un verdadero alivio moral a quienes hemos sufrido en carne propia el flagelo de la guerra y del terrorismo de Estado y no una justicia que encubra a los autores intelectuales de la barbarie y premie a los responsables del horror y además les brinde mecanismos que los exonere de  toda culpa.

Sólo nos queda agradecer nuevamente de corazón a todas aquellas personas y organizaciones que han creído en nuestra resistencia, y nos han acompañado físicamente, moralmente  y políticamente, desde el país y el mundo. Hoy los invitamos a no desfallecer porque su apoyo desde la distancia nos fortalece y nos llena de valor para seguir adelante.

Comunidad de Paz de San José de  Apartadó

5 de febrero de 2020

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Matanza de líderes, la peor crisis humanitaria

 

“La mayor tragedia humanitaria de Colombia es la violencia contra líderes sociales, que se ha traducido en centenares de asesinatos en los últimos tres años”: Rodrigo Uprimny.

 

Según el Consejero mayor de la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el fin del Gobierno Santos fueron asesinados 66 líderes indígenas; desde el inicio del Gobierno Duque hasta hoy han sido asesinados 134 [1].

Por su parte el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que en el 2019 han asesinado 234 líderes y defensores, 167 corresponden a indígenas, negros, campesinos y ambientalistas, dedicados a defender el territorio y la implementación de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno, y 176 excombatientes y 42 familiares; 20 intentos de asesinato y 13 desapariciones forzadas [2].

El informe elaborado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” [3], muestra que entre 2012 y julio de 2019 han sido criminalizados 249 líderes, 74 por ciento de estas judicializaciones son por rechazar el impacto ambiental de las empresas extractoras de recursos naturales.

Para el CSPP la judicialización y estigmatización de defensores y líderes sociales obedece al favorecimiento que le da el Estado a las empresas nacionales y trasnacionales; este Informe registra que 117 empresas tienen 365 convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, ¿Es posible ser imparcial en estas condiciones?

Los Departamentos que más convenios tienen con las empresas son Antioquia 60, Meta 34, Casanare 30, Santander 29, Cesar 28 y Putumayo 25; Departamentos donde están el 35,7 por ciento de los Títulos Mineros que existen en el país y el 46 por ciento de las zonas donde se realiza exploración y explotación de pozos petroleros, a su vez en estas zonas se registra el 58 por ciento de judicializaciones a defensores y líderes sociales.

Otro acuerdo que no se cumplirá

Colombia es el segundo país más peligro para los defensores ambientales , según informe de Global Witness en 2018, con 83 asesinatos; más de la mitad del total reportado por la ONG que registró 164 asesinatos en todo el mundo [4].

Iván Duque firmó el 12 de diciembre el Acuerdo Escazú, en el que hacen parte 21 países de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito es proteger los protocolos para la protección ambiental y especialmente de los líderes que velan por el territorio.

El Acuerdo Escazú se enfoca en que los defensores tengan acceso a la información de proyectos que involucran el medio ambiente; sin embargo, el Gobierno guarda silencio frente a proyectos como la protección del páramo Santurbán y la ejecución de proyectos pilotos de fracking.

El día de los DDHH, represión y matanza

Jimmy Alberto Pacué de 24 años, comunero indígena del resguardo de Jambaló. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que fue asesinado el 8 de diciembre en Caloto, mientras se desplazaba con su esposa y su hijo recién nacido.

El 10 de diciembre en Bogotá entre la Universidad Nacional y el Centro de Memoria, 17 personas entre ellos personal de la Primera Línea, fueron golpeadas y reprimidas con disparos de gases por parte del ESMAD; igualmente agentes de la fuerza pública secuestraron en carros particulares a María Fernanda Pérez y Harold Rodríguez, el joven fue brutalmente agredido y la joven fue liberada por la presión solidaria de la ciudadanía.

Heriberto Úsuga , campesino reclamante de tierras; el 12 de diciembre fue atacado por sicarios del Clan del Golfo, quienes le disparando cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento de Macondo en Turbo, Antioquia.

Luis Carlos Hernández Santiago de 42 años, representante de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y excandidato al Concejo de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de diciembre cuando se dirigía a la vereda Los Ranchos.

Humberto Londoño , coordinador del Comité de Conciliación en la vereda El Socorro, en el área de Cañón de Iglesias, hacía parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); fue asesinado el 6 de diciembre en la vía que comunica a Tarazá con la vereda La Caucana.

Manuel Antonio González Vuelvas, ex combatiente de las FARC que hacía parte de un proyecto ganadero colectivo y residía en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Román Ruiz; fue asesinado el 13 de diciembre en la vía de Ituango a la vereda Santa Lucía.

Notas:

[1] El derecho a defender derechos. Rodrigo Uprimny. El Espectador, 15-12-2019.

[2] https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1205833102158958592?s=20

[3] [CSPP Informe: Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. 2019 https://bit.ly/2RT3Qha

[4] https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licenc

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Colombia, Cauca. Se atiza el fuego de guerra contra los pueblos indígenas

Un desangre sin límite a la vista y con propósitos claramente establecidos. En la tarde del pasado martes 29 de octubre, cinco indígenas nasa fueron acribillados mientras realizaban actividades de control territorial en el resguardo de Tacueyó. Un día antes, en otra región del norte del Cauca (Corinto), en circunstancias que aún no están del todo claras, fue asesinado Flower Jair Trompeta, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto; de acuerdo a la denuncia de la comunidad, fue interceptado por integrantes del Ejército y horas después su cadáver apareció en la vereda La laguna. Ese mismo 28 de octubre, en el municipio de Curillo (departamento de Caquetá), otro excombatiente de las Farc, Wilson Parra Lozada, el objeto de la acción de sicarios.

El país está de luto permanente por el asesinato de los líderes y lideresas sociales. Octubre cierra como un nuevo mes de sangre pues, como espejo de los meses pasados, fueron varias las vidas de liderazgos sociales que apagaron de manera violenta las fuerzas del poder, a saber: el líder y dirigente indígena del pueblo Embera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, a quien le arrebataron la vida la noche del 17 de octubre cuando se dirigía por la vía que conecta a Calarcá con el Resguardo Indígena Dachi Agore; de la misma manera el excombatiente fariano Alexander Parra, ultimado el pasado 24 de octubre al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas, en el departamento del Meta.

Son asesinatos que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece el país. Atentados violentos contra objetivos claramente establecidos producto de lo cual, y si se toma para ello el momento de la firma el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Santos, ya suman 169 los excombatientes que han sido objeto de la acción homicida que procura romper en su totalidad el Acuerdo en cuestión. Violencia y atentados también enfocados en la humanidad de los indígenas, los que de acuerdo al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, registran 125 integrantes de sus pueblos asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia.

La guerra contra los indígenas del norte del Cauca

No es nuevo, la guerra en el Cauca continua en creciente. Son múltiples las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, donde ponen precio a las cabezas de líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Amenazas que con el paso del tiempo se van concretando, pues vale recordar que el primer día del mes de agosto fue asesinado en el resguardo de Huellas-Caloto el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue; y de la misma manera caían el 10 de agosto los guardias del resguardo de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio*.

Según las organizaciones indígenas, los hechos ocurridos el 29 de octubre se presentaron mientras las autoridades se encontraban realizando labores de control territorial en el sector de la Luz, jurisdicción del resguardo de Tacueyó, por donde miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc se movilizaban en dos camionetas. Según el testimonio indígena, cuando quienes ocupaban tales automotores fueron detenidos y oponiéndose a tal procedimiento, abrieron fuego, acabando con la vida de los guardias indígenas: Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, así como de la autoridad tradicional o “Ne’h Wesx” Cristina Taquinas Bautista del resguardo de Tacueyó. En el ataque también resultaron heridos de gravedad la autoridad Crescencio Peteche y los guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.

Durante este episodio, una ambulancia de la Misión Médica que trasladaba a los heridos, también fue blanco de los disparos.

Como presión, dentro de esta disputa por el control territorial, momentos después de la masacre que enluta al pueblo nasa, otro grupo de gente armada se desplazó desde el sector conocido como el Boquerón de manera amenazante, hostigando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos auxiliando a los heridos; ante tales sucesos la organización sostuvo: “repudiamos el actuar cobarde de este grupo de las disidencias de las Farc, camufladas como paramilitares o como Cartel de Sinaloa al servicio del narcotráfico”**.

Afianzando el control territorial

Ante el ataque armado, las comunidades se declararon en estado de emergencia y convocaron para el día 30 de octubre una asamblea extraordinaria de carácter permanente en el polideportivo del Resguardo indígena de Tacueyó, donde participaron comunidades y autoridades de Tacueyó, Toribio, San Francisco, y Jambaló, entre otras zonas.

La asamblea sesionó en comisiones bajo la pregunta: ¿qué hacer frente a los hechos ocurridos como comunidad? A partir de ello la comunidad reflexionó sobre las estrategias y el tratamiento desplegado en este tipo de casos, destacando que detener a quienes desarmonizan el territorio, quitarles las armas y realizar la justicia propia, no está cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué hacer, por tanto? La reflexión los llevó a las causas estructurales del problema, hasta identificar un punto nodal del mismo: los cultivos de coca y marihuana para uso comercial, así como la presencia de personas ajenas a la comunidad que llegan a arrendar y a utilizar el territorio para las economías ilícitas. Para remediar esta situación empiezan a proyectar acciones.

De la misma manera se ratificó el mandato de la organización y comunidades con respecto a no aceptar actores armados legales o ilegales dentro de los territorios, dejando clara la posición contra el gobierno de Duque y su propuesta de militarización de las zonas con el envío de 2.500 militares a la región que trabajen en conjunto con la Guardia Indígena, pues vale la pena recordar que el ejercicio de control territorial de estas guardias es autónomo y no cuenta con el apoyo ni coordinación con Fiscalía, Policía o Ejército.

Por el contrario, las propuestas de las comunidades van más allá de la militarización y tocan temas puntuales y de fondo como planes de sustitución y financiación de proyectos productivos, al mismo tiempo que ven con urgencia el tema del fortalecimiento organizativo y de acompañamiento de las comunidades al ejercicio de control territorial que llevan adelante la Guardia Indígena y las Autoridades de los resguardos.

Aunque en los próximos días se seguirá en asamblea permanente, y se tiene proyectado realizar una gran minga de control territorial, lo primero por acometer pasa por el acompañamiento a las familias de las víctimas y la siembra de los Guardias y la Gobernadora que recién había sido nombrada en su cargo el 21 de junio del presente año.

Una situación que refleja la crisis del país

La situación del norte del Cauca es crítica. El 31 de octubre se supo de una nueva masacre en zona rural del municipio de Corinto, en donde encontraron a cuatro personas asesinadas con impacto de bala; de acuerdo con versiones de la comunidad, los cuerpos tenían signos de tortura y degollamiento. Al mismo tiempo, en Caloto fue encontrado otra persona asesinada. Las víctimas aún no han sido identificadas. 

Esta realidad que padece esta región, como muchas otras del país, tiene que ver, entre otros, con el megaproyecto del narcotráfico, el mismo que genera disputas por el control de tierras, rutas y plantaciones, lo que se traduce en la consolidación de poderes que manejan economías en miles de millones y se mueven sin ningún problema bajo las narices del Estado colombiano, pues no se puede negar que la presencia militar en el sur del país es alta y sin embargo no son obstáculo para que los actores de este poder cumplan con sus cometidos.  Como es evidente, el narcotráfico es útil para la atomización social, para la ruptura de tejidos sociales, para el control violento de territorios, para limitar la acción social alternativa. El narcotráfico es un claro enemigo de otro modelo de sociedad, uno distinto al imperante.

Una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. Es evidente que lo que hay detrás de estos asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas, responde a un plan de despojo de tierras para los negocios económicos de toda índole, pues no se puede negar que de lograr el desplazamiento de comunidades enteras a ciudades o pueblos intermedios eso ayudaría a la entrada y consolidación de la industria del narcotráfico, así como de otras multinacionales, unas y otras con los ojos puestos en estas tierras donde podrán explotar diferentes recursos naturales y ejercer un control territorial que les permita satisfacer sus propósitos.  Política de exterminio que es de carácter global, pues si miramos otras geografías encontraremos el mismo fenómeno de asesinato permanente y selectivo contra pueblos que habitan en la ruralidad.

Colombia es un país envuelto en un luto permanente, luto que se impondrá y seguirá ampliándose si no encontramos espacios de articulación real entre organizaciones sociales y habitantes del país nacional, espacios que evidentemente deben trazar caminos propios, de mediano y largo plazo, a través de los cuales logren configurar otros referentes de vida y otras formas para administrarlas, todo lo cual no es posible realizar si el centro y referencia es el poder gubernamental imperante desde dos siglos atrás. Un reto mayúsculo que demanda imaginación, instalación de espacios para el diálogo común, la puesta en marcha de experiencias concertadas para otra economía posible y con ello, para otra democracia necesaria y factible. Hay que romper el luto, dando espacio a la vida, y ésta depende de la calidad de nuestros sueños y de nuestra audacia para hacerla realidad.

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