Miércoles, 16 Mayo 2018 19:41

Un solo hueso

Retrato de Jaime Yesid en la casa de sus padres

En Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998, tuvo lugar otra de las masacres perpetradas por algunos de los trágicos protagonistas de ese eufemismo colombiano llamado conflicto armado. En esta ocasión, un grupo de paramilitares, con la connivencia de ejército y policía locales, incursionaron en esta población y llevaron a cabo otra de sus macabras acciones “de limpieza social”. El resultado que queda, al margen de las víctimas directas, son el dolor, la congoja y la incertidumbre de las familias y sus sobrevivientes.

Tras una incursión paramilitar en la capital de la región del Magdalena Medio, quedaron atrás siete personas muertas y veinticinco desaparecidas, de las que los asesinos dejaron como rastro un único hueso. O al menos eso es lo que se ha podido recuperar veinte años después de la matanza. Raro y doloroso, pero cierto. Como muchos de los hechos de un país donde la realidad de su historia supera, por desgracia con creces, el realismo mágico de sus narraciones.

De entre las personas asesinadas y desaparecidas, solamente una mujer que no quiso dejar solo a su hermano que era obligado a subir al camión en el que los sacaron del lugar. Ambos desaparecieron y nunca más se supo.


Tampoco tiene noticias de su hijo, dos décadas después de los hechos, don Jaime Peña. Al joven Jaime Yesid Peña Rodríguez se lo llevaron con apenas dieciséis años, pasando por la puerta de su casa sin que su padre se imaginara la tragedia. Cuando al rato salió a buscarle ya no lo encontró, lo habían cargado en una de las dos camionetas en las que se llevaron a veinticinco jóvenes inocentes.
Conocí la historia y al señor Peña a través de una de mis estudiantes de la maestría. Él me confesó, en una entrevista, que todavía le quedaban lágrimas, que le apesadumbraba la indolencia del Estado y que le servía de terapia conversar sobre aquello aunque le volviera un sufrimiento que nunca se había ido. Recordándolo, las palabras le fluían más y le ayudaban a seguir viviendo y a coger fuerzas para luchar por la dignidad de su hijo y de todas las personas desaparecidas y muertas en aquel ataque. No busca venganza ni condenas, quiere, como muchas otras familias de víctimas de la violencia en Colombia, que se sepa la verdad, que se haga justicia conforme al Derecho Internacional Humanitario, que se dé la reparación integral y que no se vuelva a repetir nunca.
Don Jaime vive resistiendo y persistiendo en la pelea y en la vida. Aquella noche de mayo de 1998, él estaba viendo un programa de televisión que se llamaba “Sábados felices”. Qué paradoja, aquel fin de semana a una parte de la población de Barrancabermeja les robaron la felicidad y la tranquilidad, les marcaron para siempre y les quitaron un pedazo importante de su existencia.

 En su búsqueda de una explicación sobre los hechos, aquella misma noche recorrió el barrio El Campín para encontrar a su hijo Yesid y al resto. Solamente recibió largas y palabras huecas, inoperancia y falta de compromiso y de acción por parte de las fuerzas de seguridad y de las instituciones públicas.


También le duele al señor Peña la doble moral con las víctimas, la falta de decisión política para dar solución a un problema tan grave y tan triste que mancha la historia de un país y una ciudadanía que buscan la paz mientras una parte de la clase política hace negocio con la continuación de la guerra.


Aquella noche de mayo los paramilitares pudieron entrar con toda tranquilidad en ese sector de Barrancabermeja porque tenían la connivencia del ejército y la policía. Después se supo que la única condición que las fuerzas del orden pusieron a los victimarios es que hicieran lo que fueran a hacer en media hora y sin dejar cadáveres en la población.


El Colectivo 16 de mayo, creado a raíz de los hechos y al que pertenece Jaime Peña, sigue luchando por la paz y la verdad. “Un colectivo que le apuesta a la conservación, enaltecimiento y reconstrucción de la memoria”. Dicen que es la memoria la que les “ayuda al esclarecimiento de la verdad de los hechos que nos convirtieron en víctimas, pero también a generar espacios y lenguajes desde las víctimas, a tender brazos de unidad y solidaridad.” No buscan una reparación económica, sino justicia y dignidad. Desde esa organización, según explica don Jaime, renunciaron a una indemnización de unos dieciocho o veinte millones que les ofrecían a plazos. Cree que la Ley 1448 de Víctimas ha sido positiva a pesar de haber echado a todas las personas damnificadas en el mismo saco.


Para él, la desaparición forzada hiere a toda la comunidad y a la sociedad en su conjunto. En su colectivo “no han tragado entero” con la Unidad de Víctimas porque les exigen declarar de nuevo y piensan que eso supone una revictimización. Tampoco está conforme con una sentencia del Tribunal Administrativo de Santander (departamento al que pertenece Barrancabermeja) que condenó a la Fuerza Pública, pero reconociendo como víctimas solamente a madres y esposas. El caso se elevó al Consejo de Estado.


El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente desde el 1 de julio de 2002, reconoce la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad y así lo recoge en su artículo 7.1. i) y lo define en el apartado 2.i) del mismo artículo como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”


Jaime Peña, como otras personas del Colectivo 16 de mayo y de otras asociaciones de víctimas, estuvo presente en los diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP. Ellos creen que su organización cumplió con su meta al “poner nuestro grano de arena para que la terminación del conflicto armado incluya el reconocimiento y realización de los derechos de las víctimas. Así demostramos nuestra opción por la paz con verdad, justicia y reparación integral.”


Ahora falta que el Estado cumpla. Aplauden la creación de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” (CEV) y la de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD); pero, después de todo este proceso, la pregunta que se sigue haciendo este padre, y muchas de las víctimas de esta guerra absurda, es ¿cuánta justicia se va a sacrificar en aras de la paz? Porque así los culpables pagaran cien años de cárcel, nadie les va a devolver a sus hijos.


Una parte llamativa de esta historia es que al señor Peña le llamó “el Panadero”, uno de los cabecillas de la masacre, para pedirle perdón. Él le respondió que le diera las coordenadas del lugar en que se encuentra el cuerpo de su hijo y de las demás personas desaparecidas. Está convencido de que si luchan pueden perder, pero si no lo hacen están perdidos, y reconoce que solamente descansará el día que le devuelvan los restos de su hijo, cuyo espíritu le da las fuerzas necesarias para seguir viviendo y luchando. Pero eso no cree que se llegue a dar nunca.


Mientras, él y su esposa, igual que hacen miles de personas en el país, mantienen viva la memoria por dignidad y contra el olvido. Porque la memoria es un instrumento de incidencia política en la búsqueda de la verdad y la justicia. Las familias de las víctimas siguen esperando conocer la verdad, que se imparta justicia y que se haga la necesaria reparación. Por eso don Jaime reconoce que es fundamental que “la historia que se cuente sea la vivida por las víctimas; pues esa será la verdad real de lo que ha pasado, y no la historia interpelada por los victimarios que, con sus argumentos querrán entrar a justificar sus crímenes.”


Para Jaime Peña, como también para una parte importante de la población colombiana, la paz no es solamente el silencio de los fusiles; es necesario acabar con la corrupción y con tanta inequidad social.


Pueden encontrar algo de la historia de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja en el libro “Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena Medio” (págs. 380 y ss.). Ese texto es un informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017) que recoge ciento veintiocho casos de desapariciones forzadas ocurridas entre 1970 y 2013 en diez de los municipios de ese territorio colombiano en las márgenes de uno de sus grandes ríos. Esas poblaciones pertenecen a cuatro departamentos de la región: en Antioquia, Yondó y Puerto Berrío; en Bolívar, san Pablo y Cantagallo; en Cesar, Aguachica, y en Santander, Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches, Sabana de Torres y san Vicente de Chucurrí.


El documento constituye el sexto trabajo del CNMH en su afán por dar a conocer los hechos y las víctimas del delito de desaparición forzada, una violación del derecho que tuvo que esperar hasta el año 2000 para ser tipificado con la Ley 589. En la sentencia C-317 de la Corte Constitucional del año 2002 se define dicho delito: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”.


Anteriormente, el CNMH publicó los informes: “Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia”, “Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)”, “Entre la incertidumbre y el dolor: impactos psicosociales de la desaparición forzada”, “Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas”, todos ellos en 2014, y “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia”, en 2016, en el que se informa que en los últimos cuarenta y cinco años de esta guerra sin sentido 60.630 personas han sido desaparecidas en Colombia.


En el discurso de presentación del informe “Nunca más”, elaborado en 1984 en Argentina por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el escritor Ernesto Sábato, presidente de ese organismo, señalaba que las personas víctimas de ese delito pasaban “a formar parte de una categoría fantasmal: los ´desaparecidos`”. Y afirmaba: “Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.”


El doctor Christian Salazar Volkman, en su intervención como representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recogida en el documento “La desaparición forzada” como presentación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, manifestó que es un delito que constituye “una de las violaciones de los derechos humanos más graves y terribles. Viola varios derechos, incluyendo el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a la tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante, y también viola o constituye una grave amenaza al derecho a la vida.”


En 2017, cuando se cumplieron diecinueve años de la masacre de Barrancabermeja, el Colectivo 16 de mayo hizo público un comunicado en el que declaraban: “Si queremos que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir, se tendrá que destapar todo lo que está detrás de esa línea oscura que trazó la política de enemigo interno, enseñada desde los cuarteles de Estados Unidos a nuestros militares, que hizo volver las armas de la república contra sus propios ciudadanos.”


Recordar los sucesos acaecidos en Barrancabermeja hace ahora veinte años debería contribuir a que la sociedad colombiana en su conjunto demande justicia y reclame que se conozcan las historias ocultadas. El Colectivo 16 de mayo cree que es inexcusable e importante recordar “Porque la impunidad se alimenta del olvido, el silencio y la indiferencia.”
Recuperar la memoria es un ejercicio necesario para salir del silencio y la apatía. Para resistir y, parafraseando a Mejía Vallejo, no extraviar los primeros recuerdos de tanto andar a solas y evitar morir porque nos hayan olvidado.


Espero que a don Jaime Peña y a su esposa les ayude a seguir existiendo, a mantener vivo el espíritu de Yesid y a continuar luchando para que algún día se conozca toda la verdad.
Por la dignidad de las víctimas y sus familias, nunca más contra nadie, nunca más desapariciones forzadas.

16MAY2018

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"En Colombia no vivimos, sobrevivimos con mucho miedo a ser asesinados"

Edilberto Daza y Silvia Berrocal, dos defensores de los derechos humanos en Colombia acogidos temporalmente en Catalunya, explican los peligros de denunciar los abusos en su país, critican la falta de protección por parte del Estado y denuncian el aumento de asesinatos de líderes comunales desde que las FARC dejaron las armas. "En Colombia no vivimos, sobrevivimos con mucho miedo", afirma

Madrid

“Desde el último día que estuve en Colombia hasta ahora he tenido una tranquilidad enorme. Sin ese miedo a que te puedan matar. Allí, en el día a día no se vive, se sobrevive con mucho miedo, es una zozobra enorme. No eres tú misma. Para salir de casa tienes que mirar a todos los sitios, tienes que identificar a cualquier persona que te cruzas. A veces sientes que te van a disparar por la espalda”. Silvia Irene Berrocal, colombiana de 62 años, lleva casi seis meses acogida temporalmente en España gracias al Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, gestionado por la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.


El programa es un paréntesis de seis meses en un día a día aterrador en el que los acogidos reciben formación y atención psicosocial ante de regresar de nuevo a su país de origen, donde su papel en la defensa de los derechos y en la denuncia pública de las violaciones muy a menudo les cuesta la vida. Los líderes comunitarios como Berrocal, miembro de la Fundación Forjando Futuros e impulsora de la Corporación de víctimas sobrevivientes del conflicto en Urabá-Visionando la Paz (COMUPAZ), siempre han sido un “objetivo militar” para los grupos insurgentes y paramilitares colombianos, pero la sangría no ha hecho más que crecer desde que uno de los actores armados, la guerrilla de la FARC, dejó la actividad armada. Razón por la que los colombianos son la tercera nacionalidad, por detrás de venezolanos y sirios, que más solicita asilo en España.


“Para el Estado colombiano la situación se ha tranquilizado. Ya no está en guerra con las FARC. Pero para nosotros la cosa se ha puesto bastante peor”, asegura Edilberto Daza, de 51 años, el otro líder comunitario acogido bajo el programa catalán este año. “En los 16 meses que lleva en marcha el proceso de paz ya han sido asesinados más de 225 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos. Además de 36 excombatientes de las FARC que entregaron las armas y familiares de ellos”, describe este líder campesino de los departamentos de Meta y Guaviare. Es dirigente de la Fundación DHOC y la Asociación Campesina de Medianos y Pequeños Productores del Río Cafre (AgroguejarCafre). A sus espaldas, 35 años de denuncia y defensa de los campesinos ante el robo de tierras por los “grandes terratenientes y sus paramilitares”.


No es una percepción suya. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha llamado la atención sobre el aumento de estos asesinatos selectivos. Desde 2016 hasta febrero de 2018, 282 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos han sido asesinados, según este organismo público. El programa Somos Defensores, que presenta anualmente el informe más detallado, documentó que en 2017 murieron de forma violenta 106 líderes sociales, “uno cada tres días”.


Entre los verdugos, siempre grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, la guerrilla del ELN, el propio Ejército nacional y los grupos disidentes de las FARC que no se desmovilizaron.


Víctimas también del Estado


Berrocal y Daza siguen vivos, pero amenazados de muerte. Y ambos se siente víctimas, además, de una Estado que apenas les ofrece protección y que ni siquiera se toma en serio su problema, afirman. “Dicen que ya no hay paramilitares en Colombia, que los defensores mueren por disputas personas o por líos de faldas”, asegura Berrocal, que también denuncia la permeabilidad de las instituciones del Estado que, supuestamente, deben garantizar su seguridad. “Cuando denunciamos abusos, crímenes o amenazas, ya sea a la Fiscalía, a la Policía o a la Defensoría del Pueblo, ellos saben quién denuncia y a quién se denuncia. La Justicia trabaja con ellos. Por eso asesinan a muchos, porque en cuanto se hace una denunciad, se informa a los paramilitares”, lamenta.


Berrocal es, en realidad, una “doble víctima”. Su hijo de 16 años fue uno de los 35 asesinados por un comando de las FARC en 1994. Aquella matanza se conoce como la masacre de La Chinita, un barrio obrero de San José de Apartadó (Antioquia) donde los guerrilleros dispararon indiscriminadamente durante una verbena popular. Su objetivo, al parecer, eran algunos exguerrilleros del Ejército Popular de Liberación, un grupo armado que se disolvió en 1991 y que se convirtió en objetivo de las FARC. “Pasé un tiempo de duelo, pero una no puede quedarse para siempre instalada en la pena. Tiene que hacer algo, por ella misma y por los que están su misma situación”, subraya.


Así comenzó a organizarse hasta que logró que el Gobierno declara ese barrio como barrio “sujeto de reparación colectiva”. Pero Berrocal no se quedó ahí. Ella quiere la paz en su país, y no tuvo reparos en abrazar en público a los asesinos de su hijo para conseguirlo. En 2016, participó en las negociaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC para lograr, en nombre de su organización, que la guerrilla reconociera el crimen, entonara el mea culpa y pidiera perdón a las víctimas. Lo consiguió, pero aquella foto del acto público entre los líderes de la guerrilla la colocó en el saco de quienes apoyan el proceso de paz, de quienes “apoyan a los terroristas, dice la ultraderecha”, critica. “Lo que hicimos fue un proceso de reconciliación para que dejaran de disparar muchos fusiles en Colombia. Y eso, a los paramilitares no les gustó porque ellos son los menos interesados en que haya paz. Me convirtieron en objetivo militar y recibo amenazas de muerte”, explica. Se las toma en serio porque ya ha visto morir a algunas compañeras de lucha. Su compañero Daza lo confirma. "Por apoyar el proceso de paz somos objetivos de los paramilitares, estamos amenazados de muertes".


El uribismo, tras los paramilitares


"El paramilitarismo ha vivido de la guerra y la guerra es un negocio que tiene que continuar para que siga en el poder la misma clase política”, asevera la defensora de Derechos Humanos. Lo mismo opina su compañero Daza, que apunta al expresidente Álvaro Uribe y a su sector político como “jefe de los paramilitares y del narcotráfico en Colombia”.
“Durante su gobierno, los grupos paramilitares se desmovilizaron, pero en realidad lo que hicieron fue legalizarlos porque siguen extorsionando, robando tierras a los campesinos y haciendo negocios del narcotráfico. El paramilitarismo es un brazo armado del Estado que hace el trabajo sucio de matar a los dirigentes comunales que reclaman sus tierras y sus derechos. Son sostenidos por el Estado para que cuiden de sus intereses”, relata.


Para Daza no es casualidad que Uribe sea el “mayor terrateniente” del país. “Él y su familia tienen más de 15.000 hectáreas solo en la región del Meta, tienen más de 100.000 hectáreas de cultivo de palma, tiene las mayores industrias de carne de cerdo del país y controla el negocio de la recogida y gestión de basuras, además de estar inmerso en numerosos procesos judiciales. Necesita que su gente siga en el poder para no acabar en la cárcel”, asevera.
El secuestro de Daza


La prueba de que el Estado y los paramilitares son, en muchas ocasiones, dos caras de la misma moneda la vio este dirigente campesino con sus propios ojos. “En 2005 mi organización apoyó un gran paro agrario ante el robo de tierras de cultivo por los paramilitares y los terratenientes en la región del Meta. Nos organizamos como colectivo, registramos la asociación y comenzamos a denunciar con nombre y apellidos quién estaba detrás de los saqueos, asesinatos de campesinos y violaciones de sus mujeres para que se fueran de las tierras. En 2007 fui secuestrado por un grupo paramilitar. Me iban a matar, pero la casualidad fue que encontraron mi carnet de acción comunal, así que me llevaron ante el comandante paramilitar para ver qué hacían conmigo”.


Ese comandante resultó ser un antiguo campesino que Daza conocía de años atrás. “Me reconoció y me dejó libre, pero antes me dijo que teníamos que hablar con su comandante. Cuando me llevó ante él resultó que su jefe era un teniente del Ejército colombiano”. Su confusión era enorme. “Estaban juntos. ¿A quién estábamos denunciando entonces, a los paramilitares o al Estado?”, se preguntaba. “Aquí nos toca trabajar coordinados”, asegura que le dijo el teniente. El consejo que le dio el jefe paramilitar fue claro. “O se marcha o es hombre muerto. Las órdenes son matarle. Yo te conocía, pero habrá otro comandante que no”, le apercibieron.


Fue entonces cuando le tocó desplazarse de su región natal. Ahora, como verificador de la implementación de los acuerdos de paz, ha vuelto a trabajar en las regiones, pero ya ha sufrido un intento de atentado y múltiples amenazadas. “Por SMS, por e-mail, por teléfono, por Whatapp. Así así todos los días”, relata.
Critican la falta de medidas de seguridad por parte del Estado, pero también que, "cuando son los mismos campesinos los que localizan y retienen a paramilitares armados, que han confesado que venían a matar campesinos, la justicia les deja libres a los pocos días". "No podemos confiar en nadie", afirma.


En pleno periodo electoral en Colombia, estos dos defensores de Derechos Humanos confían poco en que “un país tan corrupto y tramposo” pueda cambiar de la noche a la mañana. Sólo piden que su situación se conozca, que se sepa que en Colombia, los Derechos Humanos son vulnerados cada día y que la comunidad internacional sepa lo que ocurre. También albergan la esperanza de que el uribismo no gane las elecciones. “Lo único que tenemos es un proceso de paz. Falta mucho para que se cumpla del todo, pero es más que lo que había antes. Si Iván Duque sale presidente ya han avisado de que no van a seguir adelante con los acuerdos”, advierte Berrocal.

 

06/04/2018 20:21 Actualizado: 07/04/2018 06:30
jairo vargas
@JairoExtre

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¡Nos están matando! Que la paz no nos cueste la vida

La grave situación de violación de los derechos humanos, producto de la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, materializada, entre otros aspectos, con la persecución, hostigamiento y asesinato de líderes, lideresas y comunidades campesinas, afro e indígenas; así como con el silencio y la complicidad por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales ante la violación de los derechos humanos en municipios del norte y el bajo Cauca antioqueño, fue presentada el pasado 15 de marzo en la ciudad de Medellín por voceros de la Corporación Jurídica Libertad y de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos–CCEEU y el Nodo Antioquia 2017. Lo denunciado hace parte del informe: “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”.


De acuerdo con el informe, un 96 por ciento del departamento de Antioquia reporta presencia paramilitar, lo que significa que 121 de sus municipios sufren actualmente enfrentamientos entre grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas del 2017, en el departamento hay 1.642.778 víctimas, una cuarta parte del total de su población, lo que evidencia la fuerte consolidación del paramilitarismo en estas zonas, a pesar del proceso de desmovilización de estos grupos y de la firma del acuerdo de paz con las Farc. (Ver tabla 1)

 

“Se preguntarán por qué están estas siluetas enfrente de ustedes y por qué no pueden ver a los diferentes líderes sociales y defensores que vienen de los distintos territorios y municipios que hacen parte de esta zona del departamento, la razón, más que sencilla es dolorosa, y es que nos están matando” Con esta aclaración inició la presentación del informe, donde de manera simbólica hubo siluetas en nombre de aquellas y aquellos líderes asesinados desde 2016 y lo que va del 2018.


A la presentación del informe asistieron cerca de 7 líderes sociales de diversas zonas del departamento, quienes detrás de las siluetas puestas en frente de los medios de comunicación, reclamaban las garantías que desde siempre el Estado ha negado, además de denunciar la omisión y las acciones cómplices que realiza con los grupos paramilitares.


De acuerdo con uno de los líderes “durante el 2018 se viene presentando desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas en el norte y el Bajo Cauca, específicamente en Cáceres, han tenido que dejar sus viviendas alrededor de 1.500 personas, además del fenómeno silencioso de desplazados en Tarazá, esto debido a los enfrentamientos constantes entre grupos paramilitares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparracos. Por su parte, en Ituango se registran más de 215 personas desplazadas durante el 2017 y lo que va corrido del 2018”.


La realidad es cada vez más difícil de ocultar, las alertas de riesgo no son suficientes y a la fecha van 338 indígenas desplazados, un desarraigo debido a la disputa entre las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de acuerdo con las intervenciones de los líderes. El control territorial y el confinamiento de la población, genera zozobra en horas de la noche en territorios como Ituango, El Aro, Santa Rita, La Granja, Tarazá, La Caucana, El Cinco, El Doce, Puerto Antioquia y Valdivia.


Puntualmente y según el comunicado leído por los líderes, “En los municipios de Tarazá y Valdivia, se registran de manera constante combates entre AGC y Caparracos, específicamente en el Cañón de Iglesia, La Caucana, El Doce, El Catorce y El Quince, estas estructuras paramilitares realizan patrullaje abierto y de acuerdno a las denuncias, se les puede ver uniformados y portando armas cortas y largas, esto sucede pese a que existe presencia de la fuerza pública en la zona, ejército y policía, es de reiterar que las extorsiones realizadas por grupos paramilitares se han incrementado en la zona de influencia de las AGC en especial, es así como hoy se está obligando a los campesinos a pagar por hectárea de tierra, litro de leche y locales comerciales, también los contratistas de obras están pagando a los paramilitares quienes en ocasiones han atentado contra trabajadores de empresas, que se niegan a pagar la extorsión”.


En todo el país, la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos corre riesgos, muestra de ello es la gran cifra de líderes asesinados en los dos últimos años, justo después de firmados los acuerdos de paz con las Farc. En el caso de Antioquia, durante el 2017 se presentaron 4 homicidios de líderes sociales, y en lo que va del 2018 se han presentado 11 ataques, entre ellos dos homicidios en Cáceres y Caucasia. La problemática es tan grave que el procurador Fernando Carrillo admitió el pasado 20 de marzo que el sistema de protección de líderes sociales es un fracaso y que se hace urgente tomar acciones para detener los asesinatos: “Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Exhorto a las autoridades locales y regionales a asumir sus compromisos en la defensa de la vida de los líderes sociales” (Ver imagen 2).

 

Cantidad de grupos paramilitares en los distintos municipios de Antioquia.

 

Los territorios más amenazados son aquellos donde las comunidades están organizadas exigiendo la implementación de los acuerdos de paz y la sustitución de cultivos; lamentablemente los líderes tienen presente que no pueden denunciar ante las autoridades, dado que no existe la confianza que asi los motive, por la complicidad que manejan estas con los grupos paramilitares, siendo su dignidad y su labor como defensores de los derechos humanos fundamentales más vulnerables; “pese a que ya lo habíamos advertido, que era inminente el riesgo de estos territorios por la alta presencia paramilitar y por la continuidad en eje entre las estructuras de los miembros de la fuerza pública y autoridades civiles, y los incumplimientos de los acuerdos de paz, y por la negativa del Gobierno de reconocer la sistematicidad contra las y los defensores, el Estado no ha mostrado una voluntad real por enfrentar todas las causas, por generar grandes dilaciones a los derechos humanos. Recalcamos que, en los recientes informes emitidos por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Antioquia, los cuales son de conocimiento del Gobierno Nacional, también se da cuenta de estas graves violaciones a los derechos humanos, que se encuentran en inminente riesgo, además, recomienda una serie de medidas de protección a las autoridades locales, departamentales y nacionales, para que se protejan a los habitantes de los territorios”.


Las exigencias presentadas por los líderes, a razón de la grave violación de sus derechos, así como los levantados por comunidades de donde provienen, fueron:


Que se brinden todas las garantías para proteger a las poblaciones
Que se cumplan o implementen los acuerdos de paz, entre ellos, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares.
Que se proteja a las y los defensores de derechos humanos
Que se investiguen y se sancionen a los agentes del Estado que podían tener nexos con los paramilitares, así como por conductas por acción u omisión conlleven a graves violaciones de los derechos humanos.
¡QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA!

 

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Miércoles, 28 Febrero 2018 06:29

El "socialicidio" colombiano

El "socialicidio" colombiano

La situación de derechos humanos que atraviesa Colombia es extraordinariamente preocupante. En lugar de abrir las puertas a la paz y la esperanza, el post-acuerdo con las FARC-EP aparece como un período plagado de incertidumbre y violencia. Mientras se hacen cuentas alegres sobre la reducción de muertes violentas de miembros de la Fuerza Pública, desde la vereda de las organizaciones y los movimientos populares y de izquierda, la realidad es aterradora. La guerra sucia continúa y va en aumento. Escasamente pasa un día sin que asesinen a un dirigente popular. Sólo en Enero del corriente año, 27 dirigentes sociales han sido asesinados, prácticamente uno por día. Huelga aclarar que el epicentro de esta guerra sucia se encuentra en el suroccidente colombiano, que es, a su vez, el escenario más álgido que ha tenido el conflicto social y armado en el país. Los mapas de una y otra violencia se sobreponen, revelando así el vínculo íntimo que les une. 

Todo esto ocurre bajo las narices de las fuerzas represivas del Estado, que tienen un despliegue en todo el territorio nacional sin precedentes. Esas fuerzas, tan efectivas para combatir los brotes de insurgencia, se muestran impotentes ante el avance del paramilitarismo y el sicariato. No es en realidad impotencia, sino falta de voluntad, pues la alianza perversa entre paramilitarismo y fuerza pública no ha sido desmantelada. Ni siquiera ha sido reconocida, pues el gobierno sigue negando lo evidente: que el paramilitarismo existe y se fortalece en todo el territorio nacional. Esto es como el alcoholismo. Si usted quiere superar su problema, primero debe reconocerlo. La negativa del Estado para reconocer el problema paramilitar es la prueba fehaciente de la falta de voluntad política para frenar esta masacre preventiva. Digo preventiva, porque la dirección con la que se está desarrollando esta matazón parece dirigida hacia evitar cualquier avance, por pequeño que este sea, de fuerzas políticas y sociales alternativas al bloque oligárquico en el poder. Dentro de este orden de ideas, el asesinato de dirigentes sociales y de defensores de derechos humanos es el elemento clave de este tipo de violencia de los poderosos contra quienes cuestionan su poder y sus privilegios.


Es hora de asumir este problema en su real magnitud y comenzar a pedir algo más que castigo para los responsables intelectuales y materiales de este auténtico genocidio en curso. Es hora de entender la gravedad particular de estos crímenes sistemáticos y exigir un tratamiento diferencial para este tipo de violencia. Aclaro, de antemano, que no soy un experto en derecho ni nada que se le parezca, pero creo que debemos comenzar a llamar las cosas por su nombre. Así como el asesinato sistemático de mujeres en el marco de relaciones de género asimétricas y desiguales ha sido llamado feminicidio, para resaltar el carácter particularmente grave de este tipo de violencia letal, es hora de que comencemos a hablar de socialicidio. Esto es, del asesinato sistemático de dirigentes sociales y de defensores de derechos humanos como una estrategia para evitar cualquier clase de cuestionamiento al orden social vigente.


Este tipo de crimen merece un tratamiento especial porque es particularmente grave y tiene un efecto multiplicador sobre la sociedad, creando apatía y terror. Eso lo saben bien las fuerzas siniestras que jalan del gatillo, que estigmatizan a las potenciales víctimas desde los medios y desde las instituciones del Estado, que facilitan esta masacre desde los organismos de inteligencia y desde los organismos represivos. Por eso lo aplican de manera tan entusiasta. Ellos saben que usted mata a un dirigente social y aterroriza a una comunidad entera de cientos, sino de miles de personas. El asesinato selectivo es tan eficaz como las masacres paramilitares de comienzos del milenio. Paraliza, silencia, amordaza, desmoviliza. Es por eso que este tipo de crímenes no pueden seguir siendo tratados de la misma manera que se trata un asesinato por una pelea de borrachos, o para utilizar al lenguaje oficial, como un mero lío de faldas. El asesinato de un dirigente social debe ser tratado con mucho mayor rigor, pues cada asesinato a un líder o a un defensor equivale a asesinar a cien personas. Es más, el problema es aún más grave que el cálculo cuantitativo: se trata, en realidad, de matar el tejido social a través del asesinato del dirigente.


Este castigo ejemplar debe ser aplicado no sólo a las fuerzas materiales detrás de esta sangría interminable: debe también aplicarse a los autores intelectuales y a las fuerzas que desde los medios de comunicación incitan a esta cultura de la violencia en contra de los contradictores del establecimiento. Es hora de coger al toro por las astas. Lo primero, es reconocer la excepcionalidad de esta ola de crímenes que sacude a Colombia y que, a falta de un mejor nombre, llamaría un socialicidio, pues estamos ante el intento de suprimir violentamente a un sector de la sociedad y todo el tejido social alrededor de éste, mediante la supresión letal de sus representantes visibles. Debemos sacudir la indiferencia y esa cultura en la cual se ha normalizado el asesinato de los nuestros. No estamos ante una serie de asesinatos y crímenes inconexos: estamos ante una masacre sistemática, de varias décadas, propiciada por un ambiente hostil en el que desde los medios se exacerba el odio y se normaliza la muerte. La gravedad de la situación amerita medidas igualmente excepcionales.

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De Daktari a Óscar Pérez: el uso de la carta paramilitar contra Venezuela

 

 

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia vivió un proceso de reconfiguración de su territorio debido al desplazamiento forzado de más de 2 millones de personas (en su mayoría de carácter rural/campesino) que produjo la ocupación y ofensiva militar del Plan Colombia y el paramilitarismo.

Lejos de resolver algo, aunque tampoco ese era el interés inicial, el negocio de la guerra se amplía al igual que sus mecanismos y canales de financiamiento, los que le dan existencia: narcotráfico, comercio de armas, criminalidad económica, etc.

La frontera venezolana recibe los primeros impactos de un fenómeno con rasgos transnacionales y transfronterizos, sustentados por un Estado fallido que entregó su seguridad interna a Estados Unidos y determinado, principalmente, por la importancia que tiene para este último la cocaína que ahí se produce y exporta; una balanza que a su vez inclina a favor el aumento en la demanda de armas. El narcotráfico también tiene su geopolítica.

Ese proceso de conquista sui géneris cuyo resultado fue la depredación progresiva, también sui géneris, de la vida económica y social de la frontera, trajo consigo el afianzamiento de grupos armados que pasaron a controlar rutas de contrabando, venta de armas y narcotráfico. La empresa de la guerra en Colombia marca USA creció sobremanera y buscó en Venezuela instalar su filial, expansión que dio además un nuevo carácter a la clásica delincuencia organizada en Venezuela bajo una economía ilegal trazada a partir del narcotráfico, el contrabando, el sicariato... y a futuro, de la violencia política.

Tratándose de una empresa, entonces, era natural que la necesidad de un aparato de seguridad privado, en este caso el paramilitarismo, haya adquirido formas como brazo ejecutor del neoliberalismo, toda vez que disputa al Estado el control social sobre el territorio. Y eso aplica tanto para Colombia como para Siria.

Esta penetración configuró la importación progresiva de ese ejército privado en suelo local, pero también su forma de moldear una cultura de la violencia específica en Venezuela, plantándose como empresa más allá de lo meramente delictivo. Por el hecho de tener esa cualidad privada, es que grandes intereses políticos pueden echar mano y utilizarlo. Es cuestión de asumir el riesgo de dicha inversión.

El paramilitarismo no es un fenómeno venezolano, las bandas y referentes del crimen organizado no nacieron espontáneamente, sus formas de administración de castigo y control social sobre ciertos territorios tampoco lo aprendieron en Internet; es consecuencia de la geopolítica de la guerra de Estados Unidos a través de Colombia, de la cual también son víctimas los colombianos. Estar al lado del principal productor de cocaína del mundo y del principal mercado de armas de la región se dice fácil, precisamente en ese detalle está la razón de ser de que el paramilitarismo sea utilizado como herramienta política en Venezuela y que como fenómeno tenga las implicaciones que tiene.

No producto de la casualidad jefe político del paramiliarismo colombiano, en una reciente intercambio con periodistas, empatizara con las acciones de Pérez y llamara al Ejército a sublevarse contra el Gobierno.

 
Daktari, modus operandi y la vía armada


El hecho de la finca Daktari en su momento dio dimensión de hasta dónde se estaba dispuesto a llegar para sacar al chavismo del poder, de hasta dónde se habían corrido los límites. Fue un año donde el país se encontraba movilizado por la agenda del referendo revocatorio impulsada por el antichavismo, quien buscaba consolidar una victoria política luego del golpe/paro/sabotaje de meses anteriores.

Los hechos y sus vinculaciones políticas y empresariales son harto conocidas; más de 100 paramilitares contratados, y vinculados a agentes infiltrados dentro de la fuerzas de seguridad y empresarios, daban la medida de un modus operandi que se ha repetido inercialmente durante los últimos años: a medida que se pierden batallas políticas, recurren al plomo; a medida que se pierden las batallas callejeras (guarimbas), donde también apelan al plomo, recurren a los sicariatos y asesinatos políticos. Y para ello solo falta quien ponga la plata sobre la mesa y quien mueva los resortes (piense en la CIA), y quien desde la tribuna política y mediática sea cómplice en desvirtuar, negar o legitimar lo que de allí resulte.

Dependiendo de ese contexto más general es que adquiere visibilidad en qué momento se apela a células armadas (germen de los ejércitos privados) para intensificar la violencia callejera, o cuando, en circunstancias de reflujo, se emplea con fines selectivos como asesinatos políticos. Después del icónico hecho de la finca Daktari se han evidenciado las múltiples formas de aplicación de este instrumento, resaltando los periodos de guarimba como escuelas o centros de entrenamiento, donde también se intenta posicionar grupos armados (disfrazados de “manifestantes”, por supuesto) para escalar la confrontación.

Las guarimbas de 2017 describieron bastante bien que las molotvs y escudos hechos de latón eran herramientas de márketing que difuminaba -para la prensa mundial- el secuestro y control de urbanizaciones, el uso de francotiradores y de armas de fuego en confrontaciones y la intención probada de llevar a cabo asesinatos contra personas por ser o parecer chavistas.

Existe una intención manifiesta de tantear la vía armada, tanto por actores internos como externos: el reconocimiento internacional del escenario de confrontación de las guarimbas, partera de células como la de Óscar Pérez y Juan Caguaripano, vino por parte de Estados Unidos y la Unión Europea principalmente.

 

Células armadas y el caso Libia


Luego de cerrado el ciclo de violencia política y armada en Venezuela, se suscitaron tres ataques armados. Uno dirigido contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, mientras niños que estudian en esa institución se encontraban adentro) y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz desde un helicóptero donde se lanzaron granadas y ráfagas de disparos de alto calibre; y otros dos contra instancias de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Carabobo (Fuerte Paramacay) y el estado Miranda (Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB). El fin era obtener armas para preparar un golpe a futuro y ganar capacidades, pero también imponer en la opinión pública una supuesta superioridad en términos tácticos y militares, además de un clima de terror.

Con estos ataques dos células armadas (una de Óscar Pérez y otra del ex militar capturado Juan Caguaripano) pasaron a ser la nueva apuesta.

Una célula no es un fin en sí mismo, sirve como agrupamiento inicial de una estrategia superior dirigida a conformar un ejército paralelo: tras un proceso de infiltración y cooptación de fuerzas regulares para producir deserciones, se intenta darle forma y objetivo político. De esta manera ocurrió durante la “primavera árabe” que azotó Libia, donde los servicios de inteligencia de la OTAN lograron extraer oficiales del estamento militar para nutrir a los “rebeldes”, bajo un marco narrativo global que ubicaba como única ruta con sentido práctico la agenda armada para salir de Gadafi. ¿Les suena?

Pérez y Caguaripano eran evidencia de esa intención (global pero adaptada a cada terreno) de “resolver” los conflictos a plomo y de infiltrar fuerzas de seguridad para conformar el germen de un ejército privado. En Venezuela la visibilidad de esta intención es aún mayor cuando se mide el asedio psicológico al que están sometidas la FANB, los recurrentes llamado de la oposición a “ponerse del lado de la Constitución” (eufemismo para llamar a la insurrección) y las infiltraciones detectadas a tiempo.

En tal sentido el desmantelamiento de estas dos células altamente peligrosas no sólo iba dirigido a revertir cualquier acto de sabotaje o terrorismo a futuro, según el constituyentista Diosdado Cabello se preparaban para hacer estallar un carro-bomba en la embajada de Cuba, sino también neutralizar posibles operaciones dentro de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave en cuanto a la anticipación con respecto a los servicios de inteligencia extranjeros que pudieran estar operando para reeditar a un Pérez o a un Caguaripano que, nuevamente, intenten dirigir al país por los derroteros de la guerra.

 

Medios, políticos estadounidenses y legitimación del paramilitarismo con otro nombre


Un componente fundamental que posibilita la legitimación y empatía con grupos armados son los medios de propaganda privados. Bajo la imposición de un alias globalizado (los “rebeldes”), se ha justificado desde las grandes empresas de la comunicación el caos y la mercenarización de conflictos, como en Medio Oriente luego de la “primavera árabe”. Y “rebeldes” son, justamente, todas las células terroristas o grupos armados que “emerjan” en territorios con gobiernos que no están alineados a Estados Unidos.

Venezuela no escapa de este tratamiento, ya durante las últimas guarimbas habían adelantado un cuadro narrativo para representar como “enfrentamientos entre manifestantes pacíficos contra militares armados” lo que realmente eran episodios de ultraviolencia, cortes de vías, disparos de francotiradores y saqueos contra comercios.

Sin embargo el alias “rebelde”, una nomenclatura que signa un factor militar, se vio con claridad luego de que Óscar Pérez y su grupo cayeran abatidos en el enfrentamiento; medios internacionales y locales cartelizaron el tono y lo glorificaron como “el piloto que se rebeló contra Maduro”, apelando a las brechas de desinformación que dejó el operativo, y sobre todo, a las voces más extremas del espectro político (María Corina Machado, Diego Arria, Antonio Ledezma, etc.) que dieron un respaldo frontal a Pérez.

Si bien ese alias ya denota en sí la intención de correr los límites del relato en pro de legitimar células armadas, ubicando a Pérez en la misma coordenada simbólica de organizaciones terroristas en Medio Oriente, otro dato prefigura los apoyos externos con los que cuenta la opción bélica: Marco Rubio, Otto Reich, Roger Noriega e Ileana Ros defendieron a Óscar Pérez y respaldaron sus acciones.

No se trata de simples congresistas o voceros políticos de Estados Unidos, sino de un sector que luego del ascenso de la Administración Trump ha alcanzado importantes niveles de influencia para configurar el marco de las relaciones exteriores EEUU hacia Venezuela. Resaltan los casos de Otto Reich y Roger Noriega, ambos operadores de la guerra sucia en Centroamérica y vinculados estrechamente a los servicios de inteligencia estadounidenses, a los que Marco Rubio, en su posición de senador, les da un empujón para que su limitada voz se escuche. Caso que también aplica para Luis Almagro, que aprovechando la ola desde su cuenta Twitter compartió el apoyo dado por ONGs financiadas por el Departamento de Estado, como Human Rights Watch.

En este punto es necesario recalcar lo obvio: el próximo atentado que planeaba la célula de Pérez, o la de Caguaripano antes de su desmantelamiento, estaría legitimado por estos actores políticos del Congreso estadounidense, los cuales han demostrado influencia en delimitar la política exterior hacia Venezuela. Marco Rubio e Ileana Ros incluso tienen acceso a cajas negras presupuestarias con las cuales podrían, incluso, otorgar financiamiento para no detener el entusiasmo, un dato ya de por sí bastante peligroso.

Esa prueba es más que suficiente para poner en contexto el operativo contra la célula de Pérez, pero sobre todo, como el paramilitarismo está sobre la mesa de quienes han adquirido una influencia relativa en la Casa Blanca para moldear el qué hacer con Venezuela.

Durante estos días se ha intentado mostrar a Óscar Pérez como un caso aislado, cuando en realidad representa una continuidad (aún no lograda) en el marco de la agenda paramilitar contra Venezuela.

 

(Tomado de Misión Verdad)

 

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Sábado, 11 Noviembre 2017 07:19

Crean una comisión de verdad

Crean una comisión de verdad

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición tendrá un carácter extrajudicial, es decir, sus hallazgos y publicaciones no podrán vincular a procesos judiciales a sus implicados.

 

Ya se conocen los integrantes de la Comisión de la Verdad que, como parte de lo pactado en el Acuerdo de Paz negociado en La Habana, entrará en funcionamiento el año próximo. Se trata de cinco mujeres y seis hombres diversos que tendrán la labor de investigar y presentar a la sociedad la verdad sobre el conflicto colombiano con el objetivo de comprender, reparar y avanzar en la construcción de paz que defiende un amplio sector de la sociedad colombiana, pese a los contradictores de derecha, sector empresarial y grupos ilegales que no están interesados en pasar la página de la guerra.


La Comisión Para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición tendrá un carácter extrajudicial, es decir, sus hallazgos y publicaciones no podrán vincular a procesos judiciales a sus implicados. Sin embargo, la esperanza en la utilidad de su entrada en funcionamiento va más allá de poner a cualquiera tras las rejas sino que se cifra en conocer, al fin, las verdades sobre las causas, orígenes, víctimas y responsables de la larga guerra en Colombia. Su función, según el Acuerdo de Paz que avanza en una atropellada implementación en el Congreso, será contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación promoviendo el reconocimiento de las víctimas.


Por eso, entre sus 11 integrantes se encuentran personas que han acompañado de cerca las comunidades afectadas por el conflicto como el escritor Alfredo Molano, la gestora cultural Lucía González Duque, y María Patricia Tobón Yagarí, indígena y víctima. Quien presidirá será el sacerdote católico Francisco De Roux a quien han empezado a llamar el apóstol de la paz por su compromiso con la reconciliación. Además, un militar hace parte del grupo: el mayor del Ejército Carlos Guillermo Ospina Galvis. Ospina fue director de la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado desde 2013.


También una periodista, Marta Cecilia Ruiz, asesora de la Revista Semana, fue elegida para integrante este organismo histórico que saldará una deuda pendiente en Colombia. Los abogados e investigados también hacen parte del grupo seleccionado por el Comité de Escogencia: Saúl Alonso Franco Agudelo, Carlos Marrín Beristain, Alejandra Miller Restrepo, María Ángela Salazar Murillo, y Alejandro Valencia Villa.


Para Soraya Bayuelo, lideresa de la región Montes de María donde paras, guerrillas y Estado aporrearon por décadas a los más inocentes, “este es un grupo excepcional, fueron escogidos con mucho acierto; todos tienen una capacidad de comprensión, ética y reconocimiento, y además algunos se destacan por su acompañamiento directo a nosotros las víctimas en nuestros momentos más difíciles”. Bayuela dice que es importante que los comisionados tengan un oído muy grande y el corazón abierto para desarrollar tan loable labor.


“El Padre Francisco, por ejemplo, es un hombre admirable y excepcional. Lucía González de seguro hará un aporte grandísimo con su mirada desde la cultura... Nosotros las víctimas nos sentimos representados en ellos y rechazamos a sectores de la política que desde el Congreso han señalado que esta escogencia va en contra de nosotros”, asegura la mujer a PáginaI12. “Me parece una falta de respeto la polémica que quieren generar, es una ofensa contra nosotros que hablen a nombre de las víctimas”, asegura.


“Estará bueno que en Colombia nos dejemos de distractores y nos centremos en la esencia, en que el proceso de paz que siga adelante, y que conozcamos la verdad”, agrega Soraya con júbilo porque, pese a que existen bastantes informes del conflicto y producciones de memoria en el país, esta será la primera Comisión de la Verdad en el país. También el Comité de Escogencia entregó al Fiscal General la terna de nombres para la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, otro órgano contemplado en el Acuerdo de Paz. Se trata de Nubia Stella Chávez, Geisa Larrota Peña y Martha Janeth Mancera.


Esta Unidad también derivada del acuerdo de paz será responsable de investigar a los “responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo a las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

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Corrupción: Punta de lanza en el juego de tronos colombiano

Si hay un tema que ha dado de que hablar durante todo el año, ese es la corrupción. Nada parece mostrar de manera más explícita el carácter y la degradación interna de nuestro sistema político.

 

Nuestro sistema político está en plena conmoción producto de las filtraciones de la DEA sobre corrupción. A partir de éstas la sociedad colombiana ve a los “probos hombres de la patria” en el lodazal del cual nunca han podido salir. Podredumbre, manipulación, lucha de poderes, que como en la serie “Juego de tronos”, tiene dos grandes caballitos de batalla: la multinacional brasileña Odebretch y el exfiscal anti corrupción Luis Gustavo Moreno. ¿Qué detalles hay detrás de esta lucha por el trono colombiano? Veamos:

 

La corrupción del fiscal anticorrupción

 

Del anonimato al desprestigio. Esta es la triste parábola vivida por Luis Gustavo Moreno, flamante fiscal anticorrupción, pero en realidad operador de sobornos y manipulaciones para extraviar procesos de paramilitarismo y similares.

 

Su develamiento público ocurrió el 27 de junio, cuando Alejandro Lyons exgobernador de Córdoba, en colaboración con la DEA, presenta pruebas de un soborno por 10.000 dólares que pagaría a Moreno y su socio Leonardo Pinilla, para truncar procesos judiciales surtidos en su contra. Sorpresa, la denuncia no paró allí, detrás de ellos, como el mago que saca tela de un sombrero, fueron saliendo los nombres de una veintena de implicados, entre ellos políticos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Carcomida la sal, ahora todo puede pensarse de la ética de los funcionarios públicos en Colombia.

 

Pegado del corrupto jefe de la anticorrupción, salió a la luz Musa Besaile, el barón electoral del santismo, primerísimo en el partido de la U, hombre de confianza del jefe de Estado, quien le maneja clientelas en la Costa Atlántica, así como los hilos en la Comisión cuarta del Congreso (responsable de tramitar la reforma tributaria, el Plan de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y las estampillas que son tan codiciadas por los alcaldes). Como barón electoral, son sus más de 130 mil votos logrados en las más recientes elecciones al Congreso, beneficiario de una gran cuota burocrática en distintas entidades oficiales. En la marquilla que trae el pantalón de Besaile puede verse su exclusiva marca: 2 mil millones de pesos, pagados para frenar un proceso que en su contra llevaba la Corte por parapolítica.

 

Como barítono, así empezó a cantar el implicado, y en sus notas se alcanzó a escuchar que los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, le extorsionaron, vía el exfiscal Moreno, con la amenaza de una orden de captura. “Justicia” patrimonial, como siempre, para que los ricos funjan como “intachables”. Que no quede duda: Ladrones, ¡los que roban celulares! Corruptos, los ¡policías de tránsito!.

 

El trapo sucio sigue saliendo, del sombrero del mago, a la luz del auditorio Colombia, y otro jefe político deja ver su rostro, es el exsenador cordobés Julio Manzur Abdalá –sindicado igualmente por jugar un papel importante en la creación de los paramilitares–. Como su compadre de región, también está dispuesto a contar cómo fue extorsionado por la “justicia”.

 

Con diversidad de conjuros y pases mágicos el mago logra que el trapo, sucio, siga saliendo, ahorra agarra una parte del mismo, lo extiende como pantalla de televisión y allí se alcanza a ver, como en teatro negro, que toda esta trama corrupta, de ser cierta, es un modus operandi para extorsionar y “lavar” a diversidad de implicados en casos de gran revuelo, sobre todo en temas relacionados con paramilitarismo.

 

El mago recoge la tela y ahora extiende un nuevo pedazo del cual viene agarrada la exsenadora de la U Piedad Zucardi, interrogada hace pocas semanas sobre si había pagado para que le anularan evidencias dentro del proceso abierto en su contra, 6 años atrás, por nexos con paras.

 

En el auditorio hay conmoción, los murmullos crecen, unos y otros, desprevenidos, gente del común, se miran y se preguntan ¿pero qué pasa? Pero su pregunta no logra respuesta, el mago sigue metiendo la mano en su sombrero y jalando la tela, y con ella, bien agarrada, se ve a la laexrepresentante a la Cámara Zulema Jatin, también investigada por sobornos y paras. Ella, como Zucardi, fichas clave en apoyar las iniciativas del Ejecutivo en la Comisión tercera (hacienda y crédito público). Ahora patalea el senador barranquillero Álvaro Ashton, investigado por parapolítica y por el desangre de la Dirección de Estupefacientes, quien lleva días sin aparecerse por el Congreso.

 

El mago abre los ojos, como sorprendido por la extensión de su tela y la profundidad de su sombrero; no es para menos, pues ahora alcanza a verse colgada de la tela a la expresidenta del Congreso y actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien hace 5 años tiene una investigación preliminar por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Uno tras otro, ahora puede verse a Hernán Andrade, exsenador del Partido Conservador investigado desde hace nueve años por la recepción de 250 millones de pesos de manos del cerebro del desfalco a Cajanal –Armando Cabrera Polanco– apenas dos días antes de las elecciones para el Congreso en 2006. También Luis Alfredo Ramos, expresidente del Congreso, exgobernador de Antioquia y una de las personalidades que el centro democrático estaba perfilando para las campañas presidenciales de 2018, también acusado por paramilitarismo y por pagar sobornos a Moreno.

 

Barones electorales de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical, agiles negociantes de la confianza pública, usurpadores de lo común, artífices de los negocios de la empresa privada en el Congreso –de las privatizaciones–, allí hay de todo, como en piñata de rico. Unos y otros, a su vez, son la explicación de que el mayormente perjudicado con estos conjuros de aprendiz de hechicería es Juan Manuel Santos, que con pasmosa tranquilidad anuncia, en alusión radiotelevisada, que su gobierno lucha de manera denodada, como ningún otro lo ha hecho, contra la corrupción ¡?!

 

Magistrados

 

Con clientes garantizados, pero que paguen bien. Como se ha dicho, tres son los magistrados, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia salpicados por corrupción: Francisco Ricaurte (quien aspira a ser magistrado del Tribunal de Paz), Camilo Tarquino, perteneciente a la Sala Laboral, y José Leonidas Bustos, de la Sala de Casación Penal –el “papá” de Luis Gustavo Moreno –según puede escucharse de su propia voz en audio filtrado por la DEA–, su profesor universitario y, al parecer, su mayor socio en la rama judicial para truncar los procesos en la Corte.

 

De lo monitoreado por la DEA entre Luis Gustavo Moreno y Alejandro Lyons, cuando este último pedía garantías de que su caso saliera bien en la Sala Penal de la Corte, le respondieron que “eso ya lo habían hecho en el pasado, que era una estrategia probada. Que con el concurso de los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino habían arreglado los procesos contra los congresistas Musa Besaile, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos”. Con ellos hablaron de una suma importante de dinero, cercana a los 2.000 millones de pesos.

 

Según El Tiempo, en la grabación hablan incluso de una “tarifa” en la Corte, de entre 1.000 y 3.000 millones de pesos por caso. Sobre Andrade, dijeron que habría pagado para que saliera a su favor el proceso por el escándalo de Cajanal, en el cual Moreno fue su abogado.

 

La cortina de humo del fiscal Martínez

 

No obstante, en esta maraña de corrupción hay un personaje que no ha sonado lo suficiente, el fiscal Néstor Humberto Martínez; curiosa cuestión, al ser un personaje central en el escenario de la gran política colombiana.

 

Según el portal las 2Orillas, existen pruebas de que Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas, le recomendó la hoja de vida de Moreno a Néstor Humberto Martínez para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. El único que rechistó al respecto fue el senador Jorge Enrique Robledo quien cuestionó la negligencia del Fiscal con Luis Gustavo Moreno. Según Robledo, las explicaciones dadas por Martínez sobre el caso son “amañadas”, también cuestiona el hecho de que Martínez no responda cómo, por quién y por qué Moreno llegó a ese cargo, sabiendo que su hoja de vida ya era bastante cuestionable1.

 

Pero, más allá del Senador del Polo, nadie más se alarma, cosa extraña. Néstor Humberto Martínez es cercano al Uribismo y es cuota política de Germán Vargas Lleras, fue asesor del multimillonario banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht. Antes de ser fiscal, Néstor Humberto aseguró no tener impedimentos para ejercer el cargo, pero cuando se demostró que había firmado documentos como asesor de Odebrecht –en la adición de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de concesión de la Ruta del Sol II–, se declaró impedido.

 

Luces grises lo enfocan Néstor Humberto aparece en los llamados “Papeles de Panamá” o sociedades offshore en paraísos fiscales, al igual que su excliente Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht a través de una de las compañías del grupo Aval, Estudios y Proyectos del Sol (Episol); al igual que su jefe político Germán Vargas Lleras; y el patrocinador de las campañas políticas de Cambio Radical, Alberto Ríos.

 

Desde su nombramiento como Fiscal General de la Nación (septiembre de 2016), Néstor Humberto Martínez ha dedicado buena parte de su acción a lanzar cortinas de humo, al parecer buscando encubrir a sus exclientes y tratando de facilitarle un salvavidas a sus amigos, quienes podrían ser investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como hemos dicho, Gustavo Moreno era el intermediario para pagar sobornos al expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, lo que no se dice es que Bustos es amigo de Martínez, pues fue sostenido y defendido por él, como quedó evidenciado el año pasado en el debate de equilibrio de poderes, cuando Martínez fue ministro de la presidencia2.

 

Tomar cartas en el asunto

 

A esta altura del espectáculo circense, ¿quién investiga a quién? La solución planteada por el presidente Santos (el mismo que propuso y creó los cupos indicativos3, con los cuales logró su poder electoral Musa y el ‘Noño” en Córdoba) es crear un Tribunal de Aforados4, para reemplazar la desdentada Comisión de Acusaciones (en su larga existencia solo a logrado sacar adelante un proceso, el del exmagistrado Jorge Pretelt).

 

Como es obvio, construir otro tribunal no impide ni su manipulación ni su compra. El verdadero centro del asunto radica en la naturaleza del poder en que se asientan las instituciones y el mismo carácter de clase que representan, en lo que pretenden ocultar al exonerar de su ligazón con la parapolítica a diversidad de personajes del alto gobierno y del capital privado, en la lógica de la ganancia privada que impera por sobre la del bien común y por sobre la misma democracia (así sea la formal que tanto defienden, que es la que marca las reglas del juego de tronos). Pero el verdadero centro del asunto también radica en los intereses a los que son funcionales estas acusaciones, así como en las dinámicas que reproducen: el metabolismo social de la acumulación desaforada de capital, y en la superficie: magistrados, senadores y altos funcionarios, con sueldos 36 veces mayores al de la gran mayoría de colombianos, pese a lo cual quieren acumular más. Su apetito no tiene límite. Así quieren que sea su poder.

 

Adicional a esto, existe algo inquietante que hasta ahora no está plenamente aclarado; en los más sonados casos por corrupción que ahora pasman a las mayorías nacionales –Odebrecht y el exfiscal anticorrupción–, corresponde al Departamento de justicia de los Estados Unidos y su DEA (Agencia dedicada a seguir casos de narcotráfico y lavado de activos)el aporte de la mayor cantidad de evidencias para los procesos judiciales, cuyos afectado –en la mayoría de casos–, son las fichas estratégicas del santismo en departamentos de la Costa Atlántica, en comisiones claves del Senado y en la rama del poder judicial. ¿Qué pretenden con ello los gringos? ¿Desestabilizar el tablero nacional para la campaña electoral de 2018? ¿Por qué desestabilizar los partidos de lado y lado? ¿Cómo incide esto en el cumplimiento de los procesos de paz? ¿Por qué un país, que dice ser soberano, renuncia al control y dominio de su rama judicial?

 

Como en Juego de tronos, en otro capítulo habrá luz sobre el escenario.

 

1 http://www.semana.com/nacion/articulo/senador-cuestiona-al-fiscal-nombramiento-de-gustavo-moreno/531479
2 https://www.youtube.com/watch?v=37LzTzP7498
3 Los cupos indicativos son unos cupos presupuestales que los ministerios de Hacienda y del Interior negocian con los congresistas, supuestamente para lograr que las necesidades de sus representados sean suplidas y ayudarle al gobierno central a focalizar las inversiones. En realidad se hace para lograr que les aprueben las reformas legislativas.
4 El aforamiento es una situación jurídica según la cual determinadas personas por el cargo que ocupan no son juzgadas por los tribunales de primera instancia sino por los tribunales superiores, la idea con el tribunal es sencilla, que los magistrados tengan un organismo superior que los investigue y juzgue.

 

Referencias:

http://lasillavacia.com/historia/asi-sabe-la-mermelada-de-nono-elias-46813
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-confesion-de-musa-besaile-que-prueba-la-corrupcion-en-la-corte-suprema-125096
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504186729_703576.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504186729_703576.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504187484_351017.html
http://caracol.com.co/tag/caso_bustos_ricaurte_tarquino/a/
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/politicos-en-investigacion-por-posibles-pagos-al-exfiscal-gustavo-moreno-126454

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Corrupción: Punta de lanza en el juego de tronos colombiano

Si hay un tema que ha dado de que hablar durante todo el año, ese es la corrupción. Nada parece mostrar de manera más explícita el carácter y la degradación interna de nuestro sistema político.

 

Nuestro sistema político está en plena conmoción producto de las filtraciones de la DEA sobre corrupción. A partir de éstas la sociedad colombiana ve a los “probos hombres de la patria” en el lodazal del cual nunca han podido salir. Podredumbre, manipulación, lucha de poderes, que como en la serie “Juego de tronos”, tiene dos grandes caballitos de batalla: la multinacional brasileña Odebretch y el exfiscal anti corrupción Luis Gustavo Moreno. ¿Qué detalles hay detrás de esta lucha por el trono colombiano? Veamos:

 

La corrupción del fiscal anticorrupción

 

Del anonimato al desprestigio. Esta es la triste parábola vivida por Luis Gustavo Moreno, flamante fiscal anticorrupción, pero en realidad operador de sobornos y manipulaciones para extraviar procesos de paramilitarismo y similares.

 

Su develamiento público ocurrió el 27 de junio, cuando Alejandro Lyons exgobernador de Córdoba, en colaboración con la DEA, presenta pruebas de un soborno por 10.000 dólares que pagaría a Moreno y su socio Leonardo Pinilla, para truncar procesos judiciales surtidos en su contra. Sorpresa, la denuncia no paró allí, detrás de ellos, como el mago que saca tela de un sombrero, fueron saliendo los nombres de una veintena de implicados, entre ellos políticos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Carcomida la sal, ahora todo puede pensarse de la ética de los funcionarios públicos en Colombia.

 

Pegado del corrupto jefe de la anticorrupción, salió a la luz Musa Besaile, el barón electoral del santismo, primerísimo en el partido de la U, hombre de confianza del jefe de Estado, quien le maneja clientelas en la Costa Atlántica, así como los hilos en la Comisión cuarta del Congreso (responsable de tramitar la reforma tributaria, el Plan de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y las estampillas que son tan codiciadas por los alcaldes). Como barón electoral, son sus más de 130 mil votos logrados en las más recientes elecciones al Congreso, beneficiario de una gran cuota burocrática en distintas entidades oficiales. En la marquilla que trae el pantalón de Besaile puede verse su exclusiva marca: 2 mil millones de pesos, pagados para frenar un proceso que en su contra llevaba la Corte por parapolítica.

 

Como barítono, así empezó a cantar el implicado, y en sus notas se alcanzó a escuchar que los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, le extorsionaron, vía el exfiscal Moreno, con la amenaza de una orden de captura. “Justicia” patrimonial, como siempre, para que los ricos funjan como “intachables”. Que no quede duda: Ladrones, ¡los que roban celulares! Corruptos, los ¡policías de tránsito!.

 

El trapo sucio sigue saliendo, del sombrero del mago, a la luz del auditorio Colombia, y otro jefe político deja ver su rostro, es el exsenador cordobés Julio Manzur Abdalá –sindicado igualmente por jugar un papel importante en la creación de los paramilitares–. Como su compadre de región, también está dispuesto a contar cómo fue extorsionado por la “justicia”.

 

Con diversidad de conjuros y pases mágicos el mago logra que el trapo, sucio, siga saliendo, ahorra agarra una parte del mismo, lo extiende como pantalla de televisión y allí se alcanza a ver, como en teatro negro, que toda esta trama corrupta, de ser cierta, es un modus operandi para extorsionar y “lavar” a diversidad de implicados en casos de gran revuelo, sobre todo en temas relacionados con paramilitarismo.

 

El mago recoge la tela y ahora extiende un nuevo pedazo del cual viene agarrada la exsenadora de la U Piedad Zucardi, interrogada hace pocas semanas sobre si había pagado para que le anularan evidencias dentro del proceso abierto en su contra, 6 años atrás, por nexos con paras.

 

En el auditorio hay conmoción, los murmullos crecen, unos y otros, desprevenidos, gente del común, se miran y se preguntan ¿pero qué pasa? Pero su pregunta no logra respuesta, el mago sigue metiendo la mano en su sombrero y jalando la tela, y con ella, bien agarrada, se ve a la laexrepresentante a la Cámara Zulema Jatin, también investigada por sobornos y paras. Ella, como Zucardi, fichas clave en apoyar las iniciativas del Ejecutivo en la Comisión tercera (hacienda y crédito público). Ahora patalea el senador barranquillero Álvaro Ashton, investigado por parapolítica y por el desangre de la Dirección de Estupefacientes, quien lleva días sin aparecerse por el Congreso.

 

El mago abre los ojos, como sorprendido por la extensión de su tela y la profundidad de su sombrero; no es para menos, pues ahora alcanza a verse colgada de la tela a la expresidenta del Congreso y actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien hace 5 años tiene una investigación preliminar por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Uno tras otro, ahora puede verse a Hernán Andrade, exsenador del Partido Conservador investigado desde hace nueve años por la recepción de 250 millones de pesos de manos del cerebro del desfalco a Cajanal –Armando Cabrera Polanco– apenas dos días antes de las elecciones para el Congreso en 2006. También Luis Alfredo Ramos, expresidente del Congreso, exgobernador de Antioquia y una de las personalidades que el centro democrático estaba perfilando para las campañas presidenciales de 2018, también acusado por paramilitarismo y por pagar sobornos a Moreno.

 

Barones electorales de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical, agiles negociantes de la confianza pública, usurpadores de lo común, artífices de los negocios de la empresa privada en el Congreso –de las privatizaciones–, allí hay de todo, como en piñata de rico. Unos y otros, a su vez, son la explicación de que el mayormente perjudicado con estos conjuros de aprendiz de hechicería es Juan Manuel Santos, que con pasmosa tranquilidad anuncia, en alusión radiotelevisada, que su gobierno lucha de manera denodada, como ningún otro lo ha hecho, contra la corrupción ¡?!

 

Magistrados

 

Con clientes garantizados, pero que paguen bien. Como se ha dicho, tres son los magistrados, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia salpicados por corrupción: Francisco Ricaurte (quien aspira a ser magistrado del Tribunal de Paz), Camilo Tarquino, perteneciente a la Sala Laboral, y José Leonidas Bustos, de la Sala de Casación Penal –el “papá” de Luis Gustavo Moreno –según puede escucharse de su propia voz en audio filtrado por la DEA–, su profesor universitario y, al parecer, su mayor socio en la rama judicial para truncar los procesos en la Corte.

 

De lo monitoreado por la DEA entre Luis Gustavo Moreno y Alejandro Lyons, cuando este último pedía garantías de que su caso saliera bien en la Sala Penal de la Corte, le respondieron que “eso ya lo habían hecho en el pasado, que era una estrategia probada. Que con el concurso de los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino habían arreglado los procesos contra los congresistas Musa Besaile, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos”. Con ellos hablaron de una suma importante de dinero, cercana a los 2.000 millones de pesos.

 

Según El Tiempo, en la grabación hablan incluso de una “tarifa” en la Corte, de entre 1.000 y 3.000 millones de pesos por caso. Sobre Andrade, dijeron que habría pagado para que saliera a su favor el proceso por el escándalo de Cajanal, en el cual Moreno fue su abogado.

 

La cortina de humo del fiscal Martínez

 

No obstante, en esta maraña de corrupción hay un personaje que no ha sonado lo suficiente, el fiscal Néstor Humberto Martínez; curiosa cuestión, al ser un personaje central en el escenario de la gran política colombiana.

 

Según el portal las 2Orillas, existen pruebas de que Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas, le recomendó la hoja de vida de Moreno a Néstor Humberto Martínez para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. El único que rechistó al respecto fue el senador Jorge Enrique Robledo quien cuestionó la negligencia del Fiscal con Luis Gustavo Moreno. Según Robledo, las explicaciones dadas por Martínez sobre el caso son “amañadas”, también cuestiona el hecho de que Martínez no responda cómo, por quién y por qué Moreno llegó a ese cargo, sabiendo que su hoja de vida ya era bastante cuestionable1.

 

Pero, más allá del Senador del Polo, nadie más se alarma, cosa extraña. Néstor Humberto Martínez es cercano al Uribismo y es cuota política de Germán Vargas Lleras, fue asesor del multimillonario banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht. Antes de ser fiscal, Néstor Humberto aseguró no tener impedimentos para ejercer el cargo, pero cuando se demostró que había firmado documentos como asesor de Odebrecht –en la adición de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de concesión de la Ruta del Sol II–, se declaró impedido.

 

Luces grises lo enfocan Néstor Humberto aparece en los llamados “Papeles de Panamá” o sociedades offshore en paraísos fiscales, al igual que su excliente Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht a través de una de las compañías del grupo Aval, Estudios y Proyectos del Sol (Episol); al igual que su jefe político Germán Vargas Lleras; y el patrocinador de las campañas políticas de Cambio Radical, Alberto Ríos.

 

Desde su nombramiento como Fiscal General de la Nación (septiembre de 2016), Néstor Humberto Martínez ha dedicado buena parte de su acción a lanzar cortinas de humo, al parecer buscando encubrir a sus exclientes y tratando de facilitarle un salvavidas a sus amigos, quienes podrían ser investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como hemos dicho, Gustavo Moreno era el intermediario para pagar sobornos al expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, lo que no se dice es que Bustos es amigo de Martínez, pues fue sostenido y defendido por él, como quedó evidenciado el año pasado en el debate de equilibrio de poderes, cuando Martínez fue ministro de la presidencia2.

 

Tomar cartas en el asunto

 

A esta altura del espectáculo circense, ¿quién investiga a quién? La solución planteada por el presidente Santos (el mismo que propuso y creó los cupos indicativos3, con los cuales logró su poder electoral Musa y el ‘Noño” en Córdoba) es crear un Tribunal de Aforados4, para reemplazar la desdentada Comisión de Acusaciones (en su larga existencia solo a logrado sacar adelante un proceso, el del exmagistrado Jorge Pretelt).

 

Como es obvio, construir otro tribunal no impide ni su manipulación ni su compra. El verdadero centro del asunto radica en la naturaleza del poder en que se asientan las instituciones y el mismo carácter de clase que representan, en lo que pretenden ocultar al exonerar de su ligazón con la parapolítica a diversidad de personajes del alto gobierno y del capital privado, en la lógica de la ganancia privada que impera por sobre la del bien común y por sobre la misma democracia (así sea la formal que tanto defienden, que es la que marca las reglas del juego de tronos). Pero el verdadero centro del asunto también radica en los intereses a los que son funcionales estas acusaciones, así como en las dinámicas que reproducen: el metabolismo social de la acumulación desaforada de capital, y en la superficie: magistrados, senadores y altos funcionarios, con sueldos 36 veces mayores al de la gran mayoría de colombianos, pese a lo cual quieren acumular más. Su apetito no tiene límite. Así quieren que sea su poder.

 

Adicional a esto, existe algo inquietante que hasta ahora no está plenamente aclarado; en los más sonados casos por corrupción que ahora pasman a las mayorías nacionales –Odebrecht y el exfiscal anticorrupción–, corresponde al Departamento de justicia de los Estados Unidos y su DEA (Agencia dedicada a seguir casos de narcotráfico y lavado de activos)el aporte de la mayor cantidad de evidencias para los procesos judiciales, cuyos afectado –en la mayoría de casos–, son las fichas estratégicas del santismo en departamentos de la Costa Atlántica, en comisiones claves del Senado y en la rama del poder judicial. ¿Qué pretenden con ello los gringos? ¿Desestabilizar el tablero nacional para la campaña electoral de 2018? ¿Por qué desestabilizar los partidos de lado y lado? ¿Cómo incide esto en el cumplimiento de los procesos de paz? ¿Por qué un país, que dice ser soberano, renuncia al control y dominio de su rama judicial?

 

Como en Juego de tronos, en otro capítulo habrá luz sobre el escenario.

 

1 http://www.semana.com/nacion/articulo/senador-cuestiona-al-fiscal-nombramiento-de-gustavo-moreno/531479
2 https://www.youtube.com/watch?v=37LzTzP7498
3 Los cupos indicativos son unos cupos presupuestales que los ministerios de Hacienda y del Interior negocian con los congresistas, supuestamente para lograr que las necesidades de sus representados sean suplidas y ayudarle al gobierno central a focalizar las inversiones. En realidad se hace para lograr que les aprueben las reformas legislativas.
4 El aforamiento es una situación jurídica según la cual determinadas personas por el cargo que ocupan no son juzgadas por los tribunales de primera instancia sino por los tribunales superiores, la idea con el tribunal es sencilla, que los magistrados tengan un organismo superior que los investigue y juzgue.

 

Referencias:

http://lasillavacia.com/historia/asi-sabe-la-mermelada-de-nono-elias-46813
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-confesion-de-musa-besaile-que-prueba-la-corrupcion-en-la-corte-suprema-125096
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504186729_703576.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504186729_703576.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504187484_351017.html
http://caracol.com.co/tag/caso_bustos_ricaurte_tarquino/a/
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/politicos-en-investigacion-por-posibles-pagos-al-exfiscal-gustavo-moreno-126454

Publicado enEdición Nº239
Colombia. Asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia: la impunidad crece

Cerca del 90% de los crímenes contra líderes comunitarios y dirigentes campesinos e índigenas quedan sin resolver.



Durante los primeros seis meses de este año se produjeron 52 asesinatos de líderes comunitarios, dirigentes de asociaciones campesinas e indígenas en Colombia. El último sucedió hace pocos días en el municipio de El Carmen, en la región de Norte de Santander y la víctima fue Ezequiel Rangel, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo. Unos días antes fue asesinado en Piamonte (Cauca) el líder comunal de Marcha Patriótica, Fernando Asprilla.


Según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo y el programa gubernamental Somos Defensores, desde enero de 2016 han sido asesinados 190 líderes sociales en Colombia. Las mismas fuentes denuncian que entre enero y junio de este año, 335 defensores de Derechos Humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida y se produjeron 225 amenazas.


Algunas de estas amenazas, realizadas casi siempre por "bandas criminales" (como se llama ahora en Colombia a los nuevos paramilitares) para imponer su ley sobre los territorios abandonados por la desmovilizada guerrilla de las FARC, incluyen "toques de queda" y la prohibición de sustituir los cultivos de coca y adoptan formas despiadadas. Como la que el sociólogo Alfredo Molano conoció hace pocos días en Bocas de Satinga cuando, en la calle principal, apareció el cadáver de una niña de cuatro años violada y destripada. En el pueblo corrió la voz de que los paras darán el mismo destino a todo el que incumpla sus órdenes.


La violencia contra líderes sociales se ha incrementado en Colombia desde la desmovilización de la guerrilla de las FARC en los 242 municipios en los que tenía presencia. Aunque el Ministerio de Defensa y la Fiscalía general señalan que no hay "sistematicidad" en los crímenes contra líderes sociales (el Gobierno pretende eludir así la responsabilidad del Estado ante instancias internacionales), la propia Defensoría del Pueblo y prestigiosas organizaciones como Dejusticia sostienen lo contrario. Los "blancos" de estas acciones criminales están claros: Juntas de Acción Comunal, organizaciones de Víctimas que reclaman la restitución de sus tierras, pueblos indígenas y movimientos contrarios a la minería, la izquierda política, Marcha Patriótica y Congreso de los pueblos.


Según el investigador de esta organización de juristas, Mauricio García Villegas, "el 60% del territorio colombiano, donde viven seis millones de personas, no tiene Estado consolidado". Coincide con este análisis el propio Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret: "Los paramilitares copan los espacios del territorio de los que se han ido retirando las FARC, para controlar las economías ilegales. Allí se encuentran expuestos a graves riesgos los líderes sociales, debido en gran medida al estigma que sufren por su defensa de la paz, el territorio y el medio ambiente, entre otras causas".


Precisamente en el campo del medio ambiente, Colombia es, según la ONG inglesa Global Witners, el segundo país más peligroso para los ecologistas, después de Brasil. El pasado año, según esta fuente, fueron asesinados 37 líderes ecologistas colombianos.


La situación de vulnerabilidad de los defensores de Derechos Humanos es tan grave que, al tiempo que el ministro del Interior reconoce que aumentaron los índices de violencia en las zonas abandonadas por las FARC, y admite que "falta acción [del Estado] y que hay que hacer presencia efectiva", el presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar la creación de un cuerpo de élite de la Policía Nacional formado por 1.000 hombres destinado a proteger a los líderes sociales, con sistemas especiales de "alertas tempranas" coordinados con el Ejército y la defensoría del Pueblo en las zonas más críticas del país.


El diario El Espectador editorializaba en fecha reciente sobre el exterminio de defensores de Derechos en Colombia: "La actitud de las autoridades, a veces partícipes de las agresiones e incapaces de combatir la impunidad, es lamentable".


Según un estudio que acaba de dar a conocer el programa Somos Defensores (Crímenes contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, la impunidad

contraataca), de los asesinatos de líderes sociales documentados entre 2009 y 2016, en el 87% de los casos la justicia no ha hecho nada, ni siquiera identificar a los homicidas

 

08/09/2017 19:16 Actualizado: 09/09/2017 08:00

Publicado enColombia
Viernes, 28 Abril 2017 15:32

Quien financió debe pagar

Con la materialización del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, mientras la Justicia Transicional de Paz avanza, la preocupación de quienes promovieron la guerra crece. Décadas atrás suministraron recursos, equipos e información a paramilitares, hoy aparecen vinculados. Justifican su proceder diciendo que fueron víctimas de extorsión a lo que es un crimen conexo a los crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir agravado. Pero, ¿será que la Fiscalía bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez tomará la función acusadora para evitar que perviva la impunidad?

 

Con antecedentes en los años 70 del siglo XX, el paramilitarismo logra consolidarse en la década de los ochenta como actor armado con poder y presencia regional. Por aquellos años –además de accionar de manera militar– se presentan como actores políticos en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá y Puerto Berrio. Urabá también está en su mira, para extender su dominio hacia Córdoba. Corrían los años 80 e inicio de los 90. Luego extienden su presencia a nivel nacional a través de la táctica de “tierra arrasada”.

 

Tanto en sus orígenes, como en medio de su anclaje territorial, logran su avance con la financiación voluntaria de terratenientes, comerciantes, políticos, industriales. Maridaje que unos y otros pretenden ocultar ahora, cuando intentan limpiar su pasado.

 

El listado

 

El escándalo nacional fue inmediato. Sucedió el año pasado, cuando el grupo de investigación “Estado, conflicto y paz” de la Universidad Javeriana dio a conocer la compilación del listado de las empresas que financiaron el paramilitarismo; listado estructurado a partir de las versiones suministradas por desmovilizados ante el Tribunal de Justicia y Paz. Al hacerse público el informe los empresarios no hicieron esperar su cuestionamiento, evidenciando su preocupación por lo que calificaron como “cacería de brujas”. Protesta reforzada, incluso, con el apoyo y defensa pública del exvicepresidente y hoy candidato presidencial. Pero para el Tribunal de Justicia y Paz en Medellín, es evidente que en Córdoba existió tal respaldo económico.

 

En el listado figuran 120 empresas y multinacionales, con más de 1.200 empresarios señalados, pertenecientes a los sectores de comercio, transporte, petróleo, electricidad, agroindustria, industria, agricultura y turismo; empresarios localizados en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Urabá, Santander, Meta, Vichada, Chocó, Tolima, Bolívar, Nariño y Magdalena. Empresas vinculadas a esta financiación, como Postobón, que según el excomandante paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra tienen responsabilidad en el acto denunciado, por lo que solicitó a la Fiscalía investigar. Otro caso, en Norte de Santander, relaciona a la Central Termoeléctrica de Tasajero –Termotasajero–, por la entrega a estas bandas criminales de 300 millones en mensualidades de cinco millones, así como 45.000 cartuchos para AK-47, fusiles M-16 y FAL. Uno más en la lista es Jorge Gnecco Cerchar, quien a mediados de los 90 era contrabandista de la multinacional del carbón Drummond, en el sector transporte de las minas del Cesar a Ciénaga Magdalena, y quien fuera amigo de Vicente Castaño.

 

Aparecen también implicados: el canal RCN televisión, por presentar a Carlos Castaño Gil como líder de la lucha contra la subversión. El terrateniente Carlos Lacouture Dangond, que como empresario bananero presionaba al sindicato Sintrainagro a través del Frente William Rivas del Bloque Norte; la Federación Nacional de Ganaderos, relacionada con Salvatore Mancuso y el Bloque Catatumbo. Otros vinculados con reconocimiento nacional: el expresidente de Avianca Edgar Lenis Garrido, las centrales eléctricas de Norte de Santander, Ecopetrol, el difunto Victor Carranza, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Maderas del Darién, Cementos Diamante, Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Coltejer, Codensa, Cementos Argos, entre otros.

 

En el plan para combatir a la insurgencia se montó un rentable negocio para la represión, apropiación y despojo de tierra. Los recursos para mantener esos ejércitos de terror salían del cobro del gramaje a narcos, de cuotas fijas para las Convivir promovidas por Álvaro Uribe y procedentes de pagos realizados por todo aquel que ejerciera actividad económica, pero también de recursos aportados voluntariamente por parte de ganaderos, mineros, transportadores, comerciantes, arroceros, dueños de casa de cambio y demás empresarios.

 

La acusación

 

Un equipo de la Fiscalía 128, delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado solicitó, ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que la financiación de grupos paramilitares sea considerada como concierto para delinquir agravado y un delito de lesa humanidad, dado que Colombia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional donde son delitos imprescriptibles e imputables al individuo que los comete. Sin embargo, nuestro país no ha suscrito la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, lo que prolonga la real posibilidad de que la impunidad perviva.

 

Partamos del hecho de que la estructura paramilitar cometió genocidio, desplazamiento forzado, desaparición, tortura, homicidio, terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y financiación o administración de recursos para el terrorismo, un delito conexo a los anteriores y que contribuyó para el ataque de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil.

 

Urabá, el caso puntual

 

Este territorio, estratégico para el tráfico de armas, insumos químicos y drogas, comprende los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, e incluye el Valle del Sinú y el Rio Atrato; allí su población ha vivido en turbulencia constante y en permanente conflicto. Con la desmovilización del Epl, la violencia no mermó. La existencia de disidencias guerrilleras, los atentados a desmovilizados por parte del Quinto Frente de las Farc y el surgimiento de cinco grupos paramilitares –“Comandos Populares”– contando en sus filas con exmilitantes del Epl, prolongó y multiplicó allí el conflicto armado.

 

Factores que recrudecieron aún más el conflicto. En la región el propio Fidel Castaño aportó dotación, y con sus hermanos prepararon a siete mil hombres bajo el mando de alias “Doble cero”. También Yair Klein entrenó a escuadrones paramilitares en las fincas bananeras, tales como Honduras, La Negra, Punta de Coquitos del corregimiento de La Nueva Colonia, en el municipio de Turbo.

 

Según el sistema de información de Justicia y Paz, entre 1995-2004 el grupo paramilitar Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá cometió los siguientes crímenes:

 

Es allí donde Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro bonito”, se convertiría en el hombre fuerte de los hermanos Castaño. Empresario bananero, vio en esta circunstancia la oportunidad de lucrase con el despojo de tierras, para lo cual conformó el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, obteniendo entre los años 1996–2004 apoyo como Convivir.

 

Como empresario con asiento en Urabá sabía cuánto cobrar. Tras una reunión consentida con empresarios y comerciantes estos aceptaron de manera voluntaria entregar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, así como cancelar entre 8.000 a 12.000 pesos por cada hectárea vigilada. Periodo de violencia desenfrenada contra dirigentes y activistas sindicales. Por ejemplo, entre los años 1991–2007 Sintrainagro registró 590 asesinatos entre sus afiliados.

 

Con la llegada de los Castaño, que ya tenían negocios en narcotráfico y esmeraldas, el proyecto paramilitar toma más forma en Urabá. Conforman el grupo paramilitar Los Tangueros en 1988, y convocan a los empresario para las primeras masacres en las fincas Honduras y La Negra, del sector de Punta Coquitos, corregimiento Nueva Colonia, ocultando su operatividad a través de la Asociación Convivir Papagayo, la cual entre 1998-2003 recibió más de siete mil millones de pesos; la misma organización que después de su “desmovilización” se convierte en la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, a través de la cual recibirían otros 600 millones más. Fueron cerca de 194 empresarios los que entre los años 2001–2004 aportaron más de mil seiscientos millones de pesos.

 

Un caso sonado entre estos empresarios fue el de Banadex, Filial de Chiquita Brands, que incluso llevaba la contabilidad de lo que entregaban y por lo cual una Corte Federal de la justicia norteamericana le impuso en 1997 una multa de US$2.5 millones de dólares. Empresa que también permitió que a la terminal de carga del puerto de Urabá llegaran 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65. Una vez más se confirma que las Convivir fueron el motor del paramilitarismo, con 414 grupos en 24 departamentos, y con cerca de 120.000 personas vinculadas.

 

¿Impunidad?

 

Avanzar en esta investigación no será fácil, pues algunas empresas fueron adquiridas por otras, lo que dificulta la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, Chiquita Brands se fusionó con la empresa irlandesa Fyftes; Coltejer fue comprada en un 60 por ciento por Kaltex, textilera mexicana; Cadenalco fue comprada por Almacenes Éxito; Termotasajero comprada por inversionistas extranjeros; Cementos Diamante comprado por Cemex México.

 

De igual manera, la impunidad toma forma por la demora en los procesos judiciales, un ejemplo de lo cual es el ganadero Rubé-n Darío Obando, implicado directamente con las Convivir, por lo cual tiene cinco investigaciones en la Fiscalía sin que ninguna avance. Otra joya es la que protagoniza Disney Rolando Negrete Polo, quien creó un grupo armado pese a lo cual recibió por parte del Consejo de Estado una millonaria indemnización por una incursión de la guerrilla.

 

Como se ve, mucha tela por cortar. ¿Se sabrá algún día la verdad? Con la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez la respuesta está en veremos.

Publicado enEdición Nº234