Asesinatos de líderes sociales alarma a HRW

A las voces que alertan sobre el incremento de agresiones a defensores de derechos humanos, se sumó ayer la ONG Human Rights Watch (HRW), que, además pidió al Gobierno nacional redoblar esfuerzos para protegerlos e investigar los homicidios ocurridos en el país y que según algunas organizaciones alcanza los 120 en los últimos 14 meses.


La Defensoría del Pueblo, la ONU, Somos Defensores, entre otras entidades, habían llamado la atención sobre lo que estaba ocurriendo en el país y coincidido en que muchos de estos asesinatos se han presentado en antiguas zonas de influencia de las Farc y que fueron dejadas tras el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales.


“El proceso de paz es una oportunidad invaluable de restablecer el estado de derecho en zonas asoladas desde hace tiempo por la violencia y los abusos”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Agregó que “sin embargo, es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia”.


Para documentar la solicitud, la ONG incluye casos puntuales de activistas asesinados en lo que va corrido de este año, como el de José Yimer Cartagena Usuga, cuyo cuerpo apuñalado fue hallado en Carepa, Antioquia, el 10 de enero. Cartagena era vicepresidente de una organización local de campesinos y miembro de la comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica, un movimiento político y social nacional de izquierda.


De la misma manera Feiver Cerón, presidente de un consejo comunitario local fue encontrado muerto en Mercaderes, Cauca, el 18 de febrero. Las investigaciones preliminares concluyeron que el cuerpo presentaba 11 heridas de bala, según señaló una organización local de derechos humanos.


Recordó HRW que “el 30 de enero Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas, dijo que, desde el 30 de noviembre de 2016, cuando el Congreso aprobó el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, 17 activistas habrían sido asesinados. Somos Defensores, una de las principales organizaciones de Colombia que denuncia abusos contra activistas, ha recibido información de que 25 líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil habrían sido asesinados desde el inicio de 2017 y ha confirmado que 20 eran efectivamente activistas de la sociedad civil. Somos Defensores todavía no ha confirmado si los otros cinco restantes eran activistas”.


Así mismo, a través de un comunicado la ONG con sede en Estados Unidos, indicó que “la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que, en 2016, fueron asesinados 60 defensores con un rol de liderazgo, lo cual representa un aumento significativo respecto de los 41 que documentó en 2015. Somos Defensores informó 80 asesinatos en 2016 y 63 en 2015. La mayoría de las víctimas no había sufrido amenazas y, por lo tanto, no contaba con protección”.


Ante este panorama, dijo el director de HRW para las Américas que “el único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”.


Recordó HRW que para Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se considera defensor de derechos a cualquier persona que, en forma individual o conjunta, intenta promover o proteger derechos, incluidos sociales o de los trabajadores. “Sin embargo, ambas organizaciones sólo informan sobre asesinatos de defensores que consideran que tienen un rol de liderazgo. Estas organizaciones no establecen si el homicidio se debió a la labor realizada por el activista, pues consideran que esa determinación corresponde a las autoridades colombianas”.


Entre los que se sospecha que han sido víctimas de abusos en 2016 se encuentra Henry Pérez, presidente de una organización comunitaria, cuya desaparición del municipio de Tibú, en el noreste del país, se denunció a fines de enero de 2016. “Pérez aún no ha sido hallado y su caso no ha sido resuelto. Su esposa ha recibido amenazas instándola a que deje de buscarlo, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP), una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realiza un seguimiento de las políticas de paz en Colombia”, indicó HRW.


Las zonas


De acuerdo con el informe de la ONG, numerosos abusos en contra de defensores han ocurrido en áreas donde las Farc solían tener presencia militar.


“A medida que las Farc se desmovilizan, los delitos y actividades de otros grupos armados se han intensificado en algunas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de tráfico de drogas y minería ilegal”, señaló.


Entre los municipios que solían tener presencia de las Farc y “en los cuales han ocurrido niveles altos de abusos en contra de activistas se encuentran Tumaco, en Nariño; El Tambo, en Cauca; y El Bagre, en Antioquia”.


Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los homicidios que denunciaron se produjeron en áreas donde antes hubo presencia militar de las Farc.
“El 3 de marzo, el Defensor del Pueblo de Colombia manifestó que el acceso por parte de otros grupos armados a territorios antes controlados por las Farc había expuesto a abusos a los activistas de derechos humanos”, recordó la ONG.


Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia indican que, aparentemente, la mayoría de los asesinatos habrían sido cometidos por grupos sucesores del paramilitarismo.


“Si bien la Fiscalía realizó importantes avances en 2016 y logró cuatro condenas en casos de activistas asesinados ese año, aún no ha habido imputaciones en la mayoría de los homicidios de defensores cometidos en 2015 y 2016”, indicó.
“El único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”, manifestó Vivanco.

 

Abril 25, 2017 - 02:15 AM

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El presidente Santos habla con una guerrillera durante su visita a una zona veredal.

 

Dos líderes sociales fueron baleados esta semana en Colombia, al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz.

 

Desde Medellín

 

Esta semana las muertes tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en Colombia no dieron tregua. Dos líderes sociales fueron baleados al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerrilla más antigua del continente. Y aunque los homicidios a manos de esa guerrilla cesaron provocando bajas en las estadísticas, va en aumento la violencia contra los pacifistas que lideran procesos campesinos, indígenas, de mujeres o afros, las poblaciones más vulneradas a lo largo de décadas conflicto armado interno y siglos de una violencia que no cesa aunque muestra cifras esperanzadoras y contradictorias a la vez.

Gracias al cese unilateral y luego bilateral al fuego entre gobierno y Farc, la tasa de homicidios de Colombia en 2016 fue la más baja registrada desde 1974. Sin embargo, aumentó el homicidio a líderes sociales en un 22%. Serían unos 12 mil asesinatos en todo Colombia el año pasado. Unos 130 a líderes, y 33 desde que comenzó la implementación de la paz, 1 de diciembre también llamado Día D.

En el tratado firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” máximo jefe de la Farc, se contemplan medidas de protección entre muchas una Comisión de Garantías para el ejercicio de la política desde todas las orillas del pensamiento sin temor al homicidio. Los casos que se sumaron esta semana, Gerson Acosta indígena del Cauca y Rubiela Sánchez en Antioquia, engrosan la lista dolorosa de quienes, sin armas, han resistido ciclos de violencia, expulsión de sus territorios, muerte de seres queridos y amenazas y hoy son alcanzados por las balas, sin protección del Estado. También el Acuerdo de Paz incluye la seguridad para los integrantes de Farc que salgan de cárceles y todos aquellos que están en zonas veredales y puntos de normalización (zonas de paz) y que próximamente regresarán a la vida civil. Ni lo uno ni lo otro se ha implementado y la Unidad para desarticular el paramilitarismo creada en la Fiscalía no muestra resultados después de que su primera directora, Alexandra Valencia, fuera despedida del cargo.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han venido alertando sobre los grandes riesgos que corre Colombia por la falta de cumplimiento del gobierno en la implementación del ya firmado y refrendado tratado de paz.”El incumplimiento del Gobierno en el contexto del diálogo social ha generado pérdida de confianza, credibilidad y oportunidades valiosas para el progreso”, dijo Tod Howlando de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia recientemente levantando polémica. En dichos incumplimientos está también la construcción de campamentos y adecuaciones de las zonas de paz que debieron estar listos el DÍA D y aún continúan a medias. También, las amnistías e indultos que se esperaban por más de mil para esta fecha habiendo logrado apenas casi un centenar, pues los jueces empezaron negando las amnistías, luego salieron a paro, y ahora el alto gobierno entrega certificaciones de que quienes serán excarcelados son guerrilleros de a poco.

Ese fue el caso de Luis Alberto Ortiz Cabezas conocido como Pepe, quien llevaba apenas un par de semanas en su casa, cuando llegaron hombres armados y le propiciaron tres disparos. El primer ex guerrillero de las Farc asesinado se encontraba en la localidad de Tumaco, Nariño, al Sur del país. El secretariado de las Farc mostró su preocupación, entre tanto la Fiscalía dijo que investigará con prioridad este homicidio y envió un equipo especial a ese territorio por siempre complejo en materia de Derechos Humanos y poblado principalmente por negros e indígenas.

Desde la zona de paz donde se ubican las Farc, se emitió un comunicado que cuestiona el accionar del Estado. “¿Qué están haciendo las autoridades, en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados, en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias que se constituyen en amenaza real para la ciudadanía y los guerrilleros y milicianos excarcelados, que no cuentan con protección alguna; pasando por alto que la protección de la ciudadanía y de los excarcelados es condición para garantizar una paz estable y duradera y en cuánto a la protección de nuestro tránsito a convertirnos en un partido político civil, se refiere?”

En Tumaco las últimas semanas han sido convulsionadas por las protestas de los campesinos cultivadores de coca que protestan en vías públicas reclamando que, a pesar de que firmaron un acuerdo derivado de los Diálogos de La Habana para sustituir voluntariamente la hoja de coca, el Ejército está erradicando forzosamente. Los abusos de la Policía han sido evidenciados en videos que circulan en la web donde muestran a los agentes disparando contra la población civil y hombres campesinos heridos por doquier.

La preocupación se extiende hasta Chocó y Urabá donde tropas paramilitares continúan avanzando a caseríos lejanos sin que la Fuerza Pública llegue a dichos lugares a actuar contra éstos. Así lo han denunciado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por su parte Amnistía Internacional generó alertas esta semana que termina haciendo eco de dichas denuncias y exhortando al presidente Juan Manuel Santos y la Fuerza Pública a cumplir su mandato de proteger a sus ciudadanos.

Según la Comisión Interclesial también en Buenaventura, Valle del Cauca, los “paras” están abiertamente ocupando los territorios dejados por Farc. “El viernes 21 de abril, a las 10:00 p.m. en el asentamiento indígena Woaunaan Phobor, Corregimiento de Córdoba, kilómetro 20 de la vía Buenaventura, Cali, cinco hombres presuntamente de la estructura paramilitar de los Urabeños con armas cortas, vestidos con prendas oscuras y linternas, ingresaron al caserío de la comunidad y hasta la madrugada merodearon al rededor de las viviendas”, dice la Comisión en comunicado público.

 

 

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Un Sistema Integral con sabor agridulce para las víctimas

 

 
Bogotá, 15 de marzo de 2017.

 

En último debate, la plenaria de Senado aprobó este lunes 13 de marzo el proyecto de Ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del cual hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvimos presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación de lo pactado entre el Gobierno y las Farc-Ep y se aprobara el SIVJRNR, instrumento fundamental para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En ese sentido, saludamos la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria.
Sin embargo, llamamos la atención sobrelas siguientes proposiciones realizadas por miembros de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno, que modificaron sustancialmente elementos del Acuerdo Final y afectaron de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.

Rechazamos que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares, más aún cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad. La proposición realizada por el senador Germán Varón Cotrino y aprobada por el Congreso establece que solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.

Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos. Sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera.

De igual forma, la proposición presentada por el Senador Roosvelt Rodríguez, ponente del Acto Legislativo, y aprobada también por el Congreso, transforma el Acuerdo Final en relación a la posibilidad que teníamos las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de presentar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, como insumo para que el Tribunal para la Paz citara a comparecer a los presuntos responsables. Ahora, los informes no serán suficientes, y alegando la necesidad de prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos, esta proposición equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales.

Así mismo, quedó en evidencia una vez más la presión del estamento militar sobre el poder civil. Las Fuerzas Militares han sido reiterativas en solicitar la modificación de lo acordado y debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modificó principios del Derecho Internacional, como lo dispuesto en el Artículo 28 del Estatuto de Roma, para lo cual creó una serie de requisitos que tendrán como consecuencia que sólo los soldados –como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes.

Finalmente, debemos destacar que los partidos que promovieron estas proposiciones son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) exigimos al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso.

La modificación unilateral del Acuerdo Final excede las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para su implementación y puede derivar en la declaración de inconstitucionalidad de estas normas, como ya sucedió con la Sentencia C-160 de 2017, que declaró inexequible el Decreto Ley 2204 de 2016, emitido por el Gobierno en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, en relación con la Agencia de Renovación del Territorio.

Las víctimas de crímenes de Estado continuaremos presentes en el Congreso haciendo veeduría a la implementación, respaldando los avances de este anhelo que compartimos con millones de colombianos y colombianas y preparándonos para incidir y exigir el cumplimiento de lo acordado y la satisfacción de nuestros derechos. Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique.

 

 

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© REUTERS/ Jose Miguel Gomez

 

Los siete mil combatientes de las FARC ya se encuentran en las 26 zonas designadas, donde entregarán las armas entre el 1 de marzo y el 1 de junio ante una misión de las Naciones Unidas. Para el mes de mayo las FARC realizarán un congreso para constituir un partido político legal con el que concurrirán a las elecciones.

 

Sin embargo el proceso de paz está siendo hostigado por una cadena interminable de asesinatos de dirigentes sociales. En 2015 fueron 105 asesinatos. En 2016 la cifra trepó a 116 muertos. Desde que el Congreso aprobó la paz el 1 de diciembre pasado, ya son 19 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados, entre ellos cinco mujeres. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo en cadena radial que los asesinatos de dirigentes sociales "no son sistemáticos" y que el paramilitarismo ya no existe en Colombia, ofreciendo garantías a los guerrilleros desmovilizados.

Héctor Mondragón, economista y asesor del movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes, considera que "para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierras". La historia del siglo XX está marcada a fuego por el latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra, a costa de la expropiación violenta de los campesinos.

"Los acaparadores de tierras han hecho su negocio con la guerra, no quieren por ningún motivo devolver lo que despojaron y quieren continuar el despojo. También les sirve la guerra a los que imponen grandes explotaciones mineras o petroleras o megaproyectos que lesionan gravemente el medio ambiente de los territorios, porque encuentran el pretexto y las condiciones precisas para asesinar a los líderes de las comunidades, lo cual hacen no solamente en Colombia sino en toda América latina y otras partes del mundo", sostiene Mondragón en referencia a las grandes multinacionales.

Este es el sector que se niega a aceptar la paz y que, en los hechos, está detrás de los más de 200 crímenes contra dirigentes y militantes sociales. El expresidente Álvaro Uribe actúa como el brazo político de las empresas mineras y petroleras, y de los terratenientes que se oponen a la paz. Entre sus objetivos figura neutralizar la 'consulta previa' a las comunidades indígenas y negras para la aprobación de proyectos extractivos, así como la economía campesina, familiar y comunitaria que los acuerdos de paz reconocen debe ser protegida.

Para este poderoso sector, las comunidades son un obstáculo a superar, así como cualquier tipo de asociación campesina, de la que recelan profundamente. Vale recordar que la guerra comenzó, hace más de medio siglo, como lucha por la tierra y que la guerrilla se inició como "autodefensas campesinas" contra las guardias privadas de los terratenientes, mucho antes de convertirse en un ejército guerrillero estructurado.

Un riguroso trabajo de cuatro investigadores de la Universidad de los Andes —Leopoldo Fergusson, Pablo Querubin, Nelson Ruiz y Juan Vargas— titulado 'La verdadera maldición del ganador', muestra que entre 1997 y 2014 el triunfo electoral de fuerzas nuevas de izquierda a nivel local fue respondido con un aumento significativo de la violencia paramilitar en esas zonas. El trabajo fue divulgado semanas atrás y en base a estadísticas consigue mostrar las causas de fondo de la violencia contra la izquierda.

"Mostramos que la elección por un margen estrecho de partidos de izquierda, previamente excluidos del poder local en Colombia, produce un incremento en los ataques violentos de paramilitares, más que triplicando la media. Interpretamos este aumento de la violencia como una reacción de facto de las élites políticas y económicas tradicionales, que buscan compensar el incremento en el poder político de los grupos tradicionalmente marginados", puede leerse en la investigación.

Constatan además que otros tipos de violencia no cambian con el triunfo de la izquierda, y que los niveles de violencia "no se modifican con la victoria de partidos de derecha en elecciones estrechas". Por eso concluyen que la violencia paramilitar está ligada a la inclusión de partidos de izquierda antes marginalizados y que eso sucede porque las instituciones son débiles, lo que le da una gran desventaja a la izquierda en el terreno electoral.

El domingo 26 de febrero un referendo popular mostró la oposición campesina y ciudadana a las mega-obras que sólo benefician a las grandes empresas. Los habitantes del municipio Cabrera, en Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a las políticas que amenazan el páramo de Sumapaz, el más grande del planeta. Allí se planea construir una represa hidroeléctrica que, según los campesinos que necesitan el agua del río Sumapaz para sus cultivos, vulnera sus derechos como cultivadores.

Mil quinientos de los cuatro mil habitantes del municipio votaron en contra del proyecto. Cabrera es una población rural a poco más de cien kilómetros de Bogotá, una comunidad organizada con una tradición de lucha que se enfrenta ahora al consorcio italiano-español Emgesa-Enel-Endesa, que ya ha provocado daños en otras regiones del país.

El caso sirve como ejemplo de la potencia del campesinado colombiano y de las dificultades que tendrán los proyectos extractivos para imponerse en buena parte del país. En la medida que el presidente Juan Manuel Santos amarró el proceso de paz al desarrollo minero-energético del país, con la expectativa de cuantiosas inversiones multinacionales, los conflictos socio-ambientales están creciendo de modo exponencial.

A las dificultades inherentes a todo proceso de paz, se suman dos incertidumbres mayores. La primera es si la violencia paramilitar seguirá escalando o podrá ser revertida por la suma de iniciativas del Gobierno y de las organizaciones sociales. No será fácil desmontar aparatos que llevan décadas viviendo de la extorsión y el robo, aliados como están con los narcotraficantes.

La segunda es de carácter geopolítico, y consiste en las incertidumbres que genera la presidencia de Donald Trump, poco interesada en comprometerse con un proceso que —a los ojos de la Casa Blanca— no parece reportarle beneficios inmediatos.

 

 

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Implementación de la paz, Constitución y Poder constituyente

 

Como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá el pasado 24 de noviembre del 2016, entre el Estado y las Farc/EP, hace tránsito en el Congreso de la Republica un Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la actual Constitución política.

El trámite legislativo se da en los términos del llamado mecanismo fast track (procedimiento especial) fijado por el Acto Legislativo 01 del 2016 para todos los proyectos de ley y de reforma constitucional necesarios en la implementación de los consensos para terminar el conflicto armado nacional.

El Proyecto a que hacemos referencia dispone lo siguiente:

Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:

Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Artículo 2. El presente Acto legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

Como ocurre con los otros instrumentos que se tramitan en el ámbito legislativo relacionados con la paz, la norma a que hacemos referencia es objeto de una descalificación irracional por los sectores de la ultraderecha que se oponen a los cambios necesarios para terminar la violencia y el conflicto armado.

Pretenden que las viejas instituciones vinculadas con la exclusión política, el desconocimiento de la democracia, de la participación, la justicia y la equidad sigan intactas.

Tanto Medellín (http://bit.ly/2mvR71w) como Hernández (http://bit.ly/2mCVUxp ) quieren hacernos creer que el régimen constitucional originado en la Carta de 1991 es perfecto, omitiendo que a su amparo el paramilitarismo alcanzo niveles escalofriantes provocando los más terribles daños a la sociedad con masacres, desaparecidos y millones de desplazados.

Peor, la parapolítica y el autoritarismo violento uribista (2002-2010) no es ajeno a elementos institucionales derivados de tal cuerpo constitucional que poco hizo para extirpar el Estado contrainsurgente impuesto desde los años 60 por las doctrinas anticomunistas del enemigo interno.

Francamente es una ridiculez de Hernández decir que el Acuerdo de paz, por su extensión es inviable e incomprensible, olvidando el descomunal tamaño del texto de la Carta del 91 y las farragosas Sentencias que el redacto como Magistrado de la Corte Constitucional.

Lo que estos dos exponentes de la ultraderecha están reflejando es el pánico al poder constituyente de la resistencia agraira y popular encarnada en las Farc.

Por supuesto, los acuerdos de paz tienen un alto potencial constituyente que el proyecto de Acto legislativo en mención recoge y se despliega en las propias instituciones del Estado oligárquico.

El poder y la practica constituyente propia de la construcción de la paz suponen transformaciones de envergadura en toda la armazón institucional que se valió de la violencia para aplastar las luchas populares por la democracia y la justicia social.

Es lo que no quieren admitir los poderes de la oligarquía terrateniente, burocratica, militar y financiera.

El propio movimiento popular y democrático debe ser consciente de la práctica constituyente que se ha desatado con los diálogos y consensos de paz. Hay que actuar en consecuencia en tales términos.

Hay que potenciar esa práctica constituyente en todos los ámbitos.

Una manera de hacerlo es apoyarse en el trabajo teórico y militante de otras experiencias globales recientes.

En ese sentido resultan pertinentes para la acción política concreta los siguientes textos que pongo a consideración de los lectores y activistas comprometidos con la implementación de la paz. Esclarecen y permiten actuar en la dirección correcta.

Poder constituyente y crisis política.

 

 


Bruce Ackerman, We the People. Fundamentos del constitucionalismo estadounidense. En el siguiente enlace electrónico file:///C:/Users/inter/Downloads/WE-THE-PEOPLE-Vol-1-Bruce-Ackerman.pdf

Antonio Negri. El poder constituyente. En el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1Yw8Thv

Mario Tronti. Política, poder constituyente, clase, revolución. Ver pistas en los siguientes enlaces electrónicos file:///C:/Users/inter/Downloads/Mario%20Tronti,%20Nuestro%20operaismo,%20NLR%2073,%20January-February%202012.pdf

https://www.traficantes.net/libros/la-politica-contra-la-historia

Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra. Biocapitalismo, procesos de gobiernoy movimientos sociales. En el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2lrd8hj

Nota. Como con las amnistías y los armisticios de los años 50 y 60 del siglo XX, la oligarquía nos repite su viejo esquema de ir acribillando los líderes sociales, populares y de la resistencia agraria. La historia nos aconseja no bajar la guardia ni renunciar a las formas de lucha popular que incluyen la autodefensa y la resistencia guerrillera. Así ocurrió en el sur del Tolima, en el Huila, en el Cauca, en Arauca y en el Carare. A los campesinos y a las masas agrarias no les quedó otra alternativa que acudir a la acción armada para defenderse de los planes de exterminio de los gobiernos oligárquicos (De Rojas pinilla, La Junta de generales, Alberto Lleras y Valencia), el ejército, y sus nacientes grupos paramilitares de “limpios” liberales.

 

 

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Torturas, violaciones y asesinatos el pan de cada dia

De nuevo, nuestra Comunidad de Paz deja constancia de los nuevos hechos ante el país y el mundo, al mismo tiempo que el Gobierno Colombiano se niega a aceptar la presencia paramilitar en nuestros territorios. En los últimos días en San José de Apartado los paramilitares asesinaron al joven Yhovani Valle Guerra, violan a una menor, torturan, amenazan, roban gallinas y alimentos de la canasta familias sustento de las familias campesinas, mientras el gobierno se complace desde sus instituciones en afirmar que paramilitares no hay, razón sustentada en la peor infamia que cobra vidas humanas:


• El sábado 28 de enero de 2017, en horas de la tarde, una comisión humanitaria integrada por miembros de nuestra Comunidad de Paz y acompañantes internacionales al momento que se trasladaban entre Mulato y San Josecito, fueron sorprendidos por un grupo de paramilitares acantonados en el filo de chontalito, al percatarse de la presencia internacional intentaron esconderse entre la manigua.


• El martes 31 de enero de 2017, un grupo de paramilitares que vienen haciendo presencia en la vereda Mulatos y la Resbalosa, han ingresado a varias viviendas de los campesinos, donde se han robado gallinas , ropas y los víveres de abarrote sustento de las familias campesinas.


• El miércoles 1 de febrero de 2017, hacia las 17:20 horas en la vereda Mulato en el paraje de el barro, una comisión humanitaria integrada por miembros de la Comunidad de Paz y acompañados por organizaciones internacionales al momento que se trasladaba a la vereda mulatos, fue sorprendida por un grupo de paramilitares acantonados en el sitio. El grupo paramilitar fueron sorprendidos encapuchados, camuflados, portando armas largas y con las insignias AGC.


• Este mismo miércoles 1 de febrero de 2017, hacia las 19:00 horas, un grupo de paramilitares irrumpió la Aldea de Paz ‘’Luis Eduardo Guerra’’, propiedad privada de la Comunidad. Los sujetos manifestaron que tienen orden para pasar por donde les de la hp gana. Después de varios minutos, los sujetos se retiraron al percatarse de la presencia internacional en el sitio. No sin antes advertir que a esos sapos hp miembros de la comunidad serán asesinados.


• El este mismo miércoles 1 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, tres sujetos motorizados y portando armas cortas, ingresaron al asentamiento de San Josecito, averiguando por el líder comunitario del lugar, al percatarse que no estaba, los sujetos se retiraron.


• El jueves 2 de febrero de 2017, hacia las 5;00 horas en la vereda Mulatos, un grupo de paramilitares ingreso a la vivienda del campesino de nombre Wilmar a quien amenazaron de muerte.


• Este mismo jueves 2 de febrero de 2017, hacia las 9:00 un contingente paramilitar incursiono en la Aldea de Paz en la vereda Mulato, allí mantuvieron a dos familias de nuestra comunidad retenidas por varios minutos a quienes amenazaron de muerte, anunciando que a los gringos no los van ha asesinar pero que a esa parranda de sapos de la comunidad si.
Nos negamos a renunciar a nuestros principios, nos afirmamos a permanecer en nuestros territorios, nos reusamos a abandonar nuestro proyecto de vida, no retrocederemos un centímetro, pese al riesgo de ser torturados o asesinados.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
febrero 2 de 2017

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Esconden la realidad y nos roban el futuro

Hace más de diez años el expresidente colombiano Alvaro Uribe negó la existencia del conflicto armado interno, y ahora el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, niega la existencia de ataques sistemáticos contra las personas defensoras de los Derechos Humanos y la existencia del paramilitarismo.


Alto número de víctimas.


El año pasado hubo al menos 85 personas defensoras de los Derechos Humanos asesinadas. La mitad eran campesinos-as, indígenas, negros-as que reclaman la devolución de las tierras que les robaron mediante el terror paramilitar; el resto eran líderes sindicales, comunitarios y ambientalistas opuestos a planes inversión de empresas multinacionales mineras y energéticas, impulsores-as de los diálogos de paz, militantes de los movimientos Marcha patriótica y Congreso de los Pueblos, personas que exigen justicia por los crímenes del paramilitarismo o de la fuerza pública, gentes que han denunciado actos de corrupción. Y pasa de 1.000 la cifra de defensores-as asesinadas durante los gobiernos de Uribe y de Juan Manuel Santos.


¿Qué pretenden con éstos crímenes? Algo muy grave: detener la democratización de Colombia, proteger intereses de terratenientes, empresarios y multinacionales beneficiarias del terror, romper el movimiento social que exige reforma agraria, cumplimiento de los Acuerdos con las FARC, diálogo con el ELN y el EPL, mantener la impunidad y la exclusión históricas.


La Oficina de la ONU en Colombia lo dijo con claridad hace un año “La labor de los defensores de Derechos Humanos es piedra angular para la democracia y la promoción de una paz equitativa y sostenible. Sin embargo, la violencia en su contra continúa y el Estado no logra garantizar plenamente el respeto y protección de sus derechos y labor...”. El Estado no quiere proteger a quienes defienden Derechos Humanos. Cada día hay más efectivos para la seguridad (¡medio millón de policías, soldados, escoltas, agentes secretos¡) que generan un gasto gigantesco, pero cada año hay más muertos y menos garantías para la defensa de los Derechos Humanos. Las Ongs señalaron hace un año que el 66% de estas agresiones son autoría de los grupos paramilitares. Pero para el Ministro encargado de la seguridad estos matones ¡no existen¡. Entonces, preguntan desde Justicia y Paz “¿Y si no son paramilitares, qué son?”


¿No hay sistematicidad?


Negar la sistematicidad de los ataques contra defensores-as de los Derechos Humanos es una estulticia mayor. No son como repiten desde hace décadas los jerarcas civiles o militares meros “hechos aislados”, ni “errores militares”, ni mucho menos simples coincidencias producto de la improvisación o del azar. Son el resultado de planes criminales que involucran en connivencia a agentes de la fuerza pública y a grupos paramilitares, junto con políticas que generan impunidad estructural y operaciones de ocultamiento mediático de estas realidades.


La gravedad de lo que ocurre no radica sólo en el alto número de víctimas, también y sobre todo en que constituyen delitos de lesa humanidad porque son parte de una persecución sistemática que implica una privación intencional de los derechos fundamentales, actos que caen en el ámbito de la Corte Penal Internacional pues no se ve diligencia en combatir a los paras ni de hacer justicia. La Fiscalía parece que sólo es hábil para encarcelar dirigentes sociales y para desviar investigaciones, como lo intentó en el caso del asesinato del sindicalista de Nestlé LUCIANO ROMERO, o en convertir en eterna la etapa de investigación previa, como en el caso de la desaparición y asesinato de CARLOS PEDRAZA SALCEDO hace dos años.


Las élites criollas quieren ocultar lo obvio: que son ataques sistemáticos y que no son nuevos. “ La violencia contra la UP ha sido caracterizada como sistemática, tanto por organismos nacionales como internacionales, dada la intención de atacar y eliminar a sus representantes, miembros e incluso simpatizantes. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a las ejecuciones de militantes de la UP como “sistemáticas”; el Defensor del Pueblo calificó a la violencia contra los dirigentes y militantes de ese partido como “exterminio sistematizado”; la Corte Constitucional de Colombia como “elimina ción progresiva”; la Comisión Interamericana como “asesinato masivo y sistemático”; la Procuraduría General de la Nación se refiere a “exterminio sistemático”, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como “exterminio”.


Los ataques de los paramilitares también son crímenes de lesa humanidad por sus dimensiones, sistematicidad y por la cantidad y calidad de las víctimas

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La prensa tapa

Sin apoyo de los medios masivos de comunicación no hubiera podido Alvaro Uribe involucrar a civiles como objetivo militar y lograr que sus asesinatos fueran visto con normalidad bajo el simplismo de instalar en la cabeza de la ciudadanía el “por algo sería.” Monopolios mediáticos como PRISA, Planeta, RCN, Caracol, han difundido por décadas la propaganda política y militar de exterminio que convirtió –hasta el sol de hoy- en objetivo militar a sindicalistas y defensores de Derechos Humanos previamente señalados de ser “sapos”, “terroristas”, “bandidos”, enemigos de la democracia, “guerrilleros de civil”, epítetos que se prodigaron incluso contra personas de Amnistía Internacional, de Cruz Roja internacional o de Human Rigths Watch.

La realidad paramilitar


La propaganda que afirma que “Colombia está en posconflicto” o que ya vive una etapa de paz, tampoco encaja con la realidad de la persecución actual y con la re-paramilitarización del país.


Colombia vive una fuerte re-paramilitarización y la insistencia de las autoridades en negarlo no tiene consistencia y dificulta su combate.


Los paramilitares mantienen una fuerte coordinación con la fuerza pública, como siempre. En sus amenazas tanto individuales como colectivas y en sus proclamas expresan su respaldo al gobierno y a las multinacionales, muestran una ideología contrainsurgente nítida; se declaran enemigos de todo movimiento social alternativo y de toda forma de protesta social, actúan cerca de las bases y de los controles militares en los que son protegidos, encubiertos.


Es t udios de hace un año del Centro de Memoria Histórica indicaban que en 339 municipios del país había paramilitares. En 119 de esos municipios estaba el Clan Úsuga, en 76 los Rastrojos y en 39 las Águilas Negras. Eso ha empeorado. Hay paras en el Chocó matando y desplazando comunidades esta semana. Y en Buenaventura donde hacen la misma faena troceando personas. Y en el Cauca, Bajo Atrato, Córdoba, Sucre, Bolívar, bajo Cauca, Magdalena Medio...


El gobierno dice estar comprometido en combatir el paramilitarismo, pero hay demasiadas pruebas de su accionar conjunto con el ejército, además hay muy pocos resultados que impliquen el desmonte de las estructuras políticas y económicas que los sostienen. En las comunidades campesinas donde las FARC fueron la autoridad hay mucho temor porque el poder sustituto son los paramilitares que avisan que llegaron para quedarse, como dijeron esta semana en Urabá y en Nariño.
Hay paramilitares en las narices del Ministro de Defensa, en Bogotá, en Soacha y en Zipaquirá desde finales del año pasado y este fin de semana las “Autodefensas Gaitanistas” regaron amenazas en diez barrios informando de que imponen toque de queda desde las diez de la noche, además fijan el plazo de un mes para que los dirigentes sociales se vayan de la ciudad.


Grandes regiones del país ocupadas por los paramilitares, allí ejercen el control social, económico, político y militar, amenazan, violan, asesinan, desplazan y desaparecen forzadamente a las personas que denuncian la corrupción y a opositores del modelo económico neoliberal y de los grandes proyectos de inversión.


La 12 Visita Asturiana encontró evidencias de su presencia y accionar hace un año: en zonas rurales de Tumaco en sitios como Chilví, Candelilla y Llorente paramilitares establecen retenes junto a los tanques del Ejército entre los kilómetros 93 y 105 de la vía a Tumaco-Pasto. En el Consejo Comunitario Rescate las Varas de Tumaco. En el departamento del Tolima en la Jabonera entre Ataco y Coyaima; en Mesa de Polen-Planadas; en la Vereda Maracaibo y en los municipios de Chaparral, Natagaima, Purificación, El Guamo, Saldaña, Prado. V estidos de policías los paras patrullan armados con fusil AK en camionetas de color blanco y negro por Mesa de Polen, Planadas, Ataco, Santiago Pérez, que son sitios en los que hay fuerza pública que los dejan pasar. En el Casanare en Matarratón y la finca El Porvenir hay paramilitares del grupo del extinto VÍCTOR CARRANZA que amenazan y hostigan al campesinado para despojarlo de sus tierras. En San José del Bubuy-Aguazul por la vía a Maní-Casanare “No hay garantías para el liderazgo comunitario, ni para los activistas de los Derechos Humanos, no hay libertad de expresión en nuestros territorios.”


Y no son sólo regiones alejadas. Hay ciudades bajo el control paramilitar como Cúcuta donde un defensor denunció “ Estamos manejados por paramilitares, la ciudad está en sus manos y muchos barrios donde ellos amenazas y matan. En Cúcuta con la Ley Zanahoria hay un toque de queda de hecho para los menores de edad ordenado por el alcalde y lo aplican los paramilitares y la policía. Los organismos de investigación y de la justicia son dirigidos por fichas del poder paramilitar, algunos organismos públicos de protección y control también. No hay armas para enfrentar el abuso de autoridad porque es muy peligroso denunciarlos, eso sólo empeora las cosas. Hay paramilitares en Villa del Rosario, puerto Santander, El Zulia. En septiembre los paramilitares lanzaron un panfleto amenazando a quienes defienden Derechos Humanos, a las mesas de víctimas, luego hubo otro panfleto amenazando con “limpieza social”; sicarios en moto hacen el control territorial y de la población. Los medios de comunicación encubren esta situación de ilegalidad, abusos y terror permanente. En la Universidad Francisco de Paula Santander la empresa VIPRICAR es un aparato para el control de los estudiantes a los que espían graban e intimidan, esa empresa es la mano derecha del paramilitarismo en la universidad pública en la que ya han asesinado y desaparecido estudiantes.”. “Los paramilitares están asesinando personas en barrios de Cúcuta: Belén, Antonia Santos, Motilones, Santo Domingo y otros barrios de la ciudad donde controlan a la población mediante el terror. En Puerto Santander masacran, igual en Aguaclara donde han matado personas delante de los niños en la cancha deportiva. La fuerza pública los deja hacer.” También en Arauca: “Los paramilitares de Arauca están en rearme evidente, se llevaron 19 jóvenes para entrenarlos. Hoy se llaman Urabeños y Águilas Negras, patrullan encapuchados y armados al lado de los puestos del ejército. Están en el corregimiento El Caracol, en la Vereda Feliciano, andan por Tame, y en el Casanare en Tauramena y Aguazul, en el Meta en Barranca de Upía.” “Aquí no hay paramilitares, hay tropas del ejército que actúan como paramilitares con los mismos nexos que el país ya conoce. En las zonas que controla el ejército se incrementa el paramilitarismo, eso no es coincidencia sino estrategia. Los paramilitares salen armados de los cuarteles y a ellos regresan de sus fechorías; el ejército niega que haya paramilitares, porque son ellos mismos. Frente a Caño Limón nadie puede demorarse en pasar porque el ejército le controla el tiempo a cada uno, pero aparecen pintadas a nombre de los paramilitares, las hace el mismo ejército.”


La realidad del paramilitarismo es una seria amenaza para los procesos de terminación del conflicto armado, para la reconciliación y para el desarrollo por vías democráticas del conflicto social en auge. Ocultar la realidad del paramilitarismo y el exterminio sistemático de quienes defienden los Derechos Humanos y negar la persecución a muerte contra las comunidades organizadas nos roba el futuro, pues sin defensores-as y sin organizaciones sociales de base no es posible alcanzar la paz con justicia social.

Publicado enColombia
Viernes, 01 Julio 2016 07:53

Paz sin paramilitarismo (IV)

Paz sin paramilitarismo (IV)

En la protección de los militantes de las Farc que harán su movilización política hay que partir de la presunción constitucional y legal del riesgo y la amenaza de los grupos paramilitares que siguen muy activos.

Erradicar el paramilitarismo demanda una estrategia y un plan integral dada la amplitud de dicha maquinaria de muerte y violencia.

El paramilitarismo como gestión de la violencia de las elites dominantes para someter al pueblo, fue implantado por las misiones militares norteamericanas desde finales de la década de los 40 del siglo XX.

Los oficiales gringos aplicaron en Colombia y en el Ejercito toda la experiencia acumulada en China donde asesoraron al General liberal ChiangKaiSheK y al Kuomintang en su guerra de exterminio de los campesinos que apoyaban a Mao TseTung en su lucha revolucionaria contra los invasores japoneses; la experiencia acumulada en el exterminio de los comunistas de Tailandia, donde se generalizaron las masacres, torturas y desapariciones para eliminar al partico comunista en los años 60; y la experiencia de la guerra de Corea, donde participaron soldados colombianos al servicio del imperialismo.

Ese modelo se implanto acá desde los años 60 por los gobiernos del Frente Nacional, específicamente el de Carlos Lleras Restrepo, y se expandió en los años noventa merced a los dineros de la mafia de las drogas que canalizo recursos para armar los ejércitos anticomunistas de las autodefensas de Carlos Castaño, con el apoyo de reconocidos políticos como Álvaro Uribe Vélez empeñado en el despojo de las tierras de los campesinos para expandir el latifundio que promovía su padre en Antioquia y Córdoba.

Veamos hoy otro componente del acuerdo logrado en La Mesa de La Habana para erradicar el paramilitarismo y sus tentáculos sociales e institucionales.

Me refiero al Plan estratégico de seguridad de los combatientes guerrilleros que se movilizaran políticamente cuando se llegue a un acuerdo definitivo.

Plan estratégico de seguridad y protección de las Farc.

Los lineamientos y criterios del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el nuevo partido o político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, derivada de su situación de riesgo.

Dicho Plan estará conformado por todas las medidas integrales que contiene el acuerdo, entre ellas las medidas de tipo inmaterial, colectivas o políticas destinadas a prevenir y generar un ambiente de confianza, y otras de carácter material que se definirán en los protocolos de seguridad y protección, así como también todas aquellas que la Mesa Técnica amplíe para su ejecución.

Componentes del Protocolo de Seguridad.

El Protocolo de seguridad y protección estará conformado por los siguientes componentes:

Programas y esquemas de prevención, seguridad y protección; Personal del Cuerpo de Seguridad y Protección- Selección y Formación-; Logística y alistamiento del Cuerpo de Seguridad y Protección –dotación y recursos financieros-, junto con programas de análisis de riesgo y coordinación entre los elementos del Sistema de Seguridad.

Las medidas que se apliquen a la población objeto de este acuerdo se implementarán en concordancia con los contenidos de este acuerdo incluidos en el punto 3.4.7.3 y los protocolos de desarrollo, los cuales deberán ejecutarse de forma oportuna y eficaz.

El protocolo de protección contemplará los medios de transporte que sean requeridos de acuerdo a las necesidades de desplazamiento de las personas protegidas.

En concordancia con las decisiones que tome la Mesa Técnica estarán previstos los apoyos de reubicación temporal, medios de comunicación, atención psicosocial, y todos aquellos que sean necesarios para garantizar la protección efectiva de la población objeto de este acuerdo.

El Estado garantizará, atendiendo las definiciones de la Mesa Técnica, todas las medidas de protección necesarias para la seguridad integral de las sedes e instalaciones del nuevo partido o movimiento político en que se transformen las FARC-EP y de los domicilios de las personas objeto de protección contempladas en este acuerdo, de conformidad con el nivel de riesgo.

Los esquemas de prevención, seguridad y protección, en lo que concierne a alistamientos, logística, intendencia, movilidad, derechos laborales del personal y demás requerimientos para su óptimo funcionamiento y sostenibilidad, serán definidos por la Mesa Técnica, atendiendo criterios de confiabilidad y cumplimiento que en este campo brinden los operadores al nuevo movimiento o partido político en que se transformen las FARC-EP.

El Protocolo de Seguridad y Protección, será elaborado por parte de la Mesa Técnica y aprobado por la Mesa de Negociación antes de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Cuerpo de Seguridad y Protección.

El Gobierno Nacional creará un Cuerpo de Seguridad y Protección, conforme a lo establecido en este acuerdo, en su conformación de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, el cual tendrá enlace directo y coordinación con la Policía Nacional que a su vez designará enlaces para cada esquema de seguridad y protección, a nivel nacional, departamental y municipal según el esquema operativo establecido.

Los esquemas deberán contar con toda la logística para su operación, equipo e intendencia requerida y necesaria para la protección de las personas protegidas. El Gobierno Nacional garantizará que los esquemas de protección estén dotados de las armas más adecuadas y pertinentes para asegurar la integridad de la población objeto de este acuerdo, con base en los niveles de riesgo establecidos por la Mesa Técnica.

La seguridad y protección tendrá por objeto las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo al nivel de riesgo.

Con el propósito de avanzar hacia la construcción de un modelo profesional y técnico del cuerpo de seguridad y protección, la Mesa Técnica, hará las propuestas al Gobierno Nacional, cuyo seguimiento y gestión adelantará el Delegado Presidencial, incluyendo un sistema de formación y entrenamiento, de vinculación laboral y de seguridad social. El sistema incluirá programas formativos en aspectos relacionados con la protección de las mujeres y de los riesgos específicos que ellas enfrentan.

El protocolo de seguridad y protección determinará el sistema operativo y conformación de los esquemas de protección —que observarán un enfoque de género— a los cuales estarán integrados los enlaces del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, y los enlaces de la Policía Nacional. Contendrá los criterios y lineamientos del plan estratégico de seguridad y protección.

El Gobierno Nacional hará las asignaciones presupuestales necesarias para la implementación integral del sistema las cuales deberán garantizarse para un periodo mínimo de cinco años en su etapa inicial.

Para el caso de integrantes de la Policía Nacional que participen en el Cuerpo de Seguridad y Protección, se aplicará un riguroso modelo de revisión de antecedentes penales y disciplinarios y se realizarán los estudios de seguridad incluyendo pruebas de credibilidad y confianza, entre otros.

Las y los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección dependerán de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. La modalidad de vinculación se podrá realizar a través de contratación laboral directa como servidores/as públicos, o contratos temporales de prestación de servicios o incorporación del personal a través de operadores de seguridad debidamente autorizados y que brinden las mayores garantías de confiabilidad a las personas debidamente protegidas. El Gobierno Nacional, realizará los ajustes necesarios a objeto de ampliar la planta de personal de la UNP, si así fuere necesario.

El Cuerpo de Seguridad y Protección contará para el entrenamiento y especialización de todos/as sus integrantes con programas de formación en Seguridad debidamente acreditados.

 

Se podrán establecer convenios de asesoría y formación con organismos e instituciones nacionales o internacionales expertos en la materia.

La Mesa Técnica establecerá los criterios sobre los contenidos para la formación y adiestramiento. Las y los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección, serán seleccionados, entrenados y capacitados en academias o instituciones nacionales o internacionales, para lo cual el Gobierno Nacional otorgará todas las garantías y condiciones necesarias.

Presunción constitucional y legal del riesgo: Las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, tendrán presunción de riesgo extraordinario de acuerdo a criterios razonables presentados por sus representantes ante la Mesa Técnica. El nuevo movimiento político tendrá presunción de riesgo extraordinario. El Gobierno Nacional impulsará las medidas normativas necesarias para que tal presunción se convierta en legal.

Medidas de atención psicosocial: Se tomarán todas las medidas para proveer de herramientas en materia de atención psicosocial de carácter individual o colectivo y con enfoque de género, a aquellos destinatarios/as del programa de protección que hayan resultado afectados/as en razón de cualquier agresión a la vida e integridad física.

Ejecución del Programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización.

En concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Participación Política se pondrá en marcha, a la firma del Acuerdo Final, el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que deberá diseñar y ejecutar el Programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, con la participación de las entidades territoriales. Lo anterior sin perjuicio de las medidas inmediatas que se deban adoptar.

Medidas en materia de autoprotección.

Se iniciará un proceso de formación en materia de autoprotección para la seguridad orientado a las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, para lo cual el Gobierno Nacional proveerá al nuevo movimiento político de las herramientas y recursos suficientes para hacer efectivo tal propósito.

Se trata de todo un plan y dispositivo institucional que debe ser implementado con el concurso de las Farc y sus líderes nacionales, regionales y locales para prevenir la infiltración sicarial.

 

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Publicado enColombia
Miércoles, 29 Junio 2016 08:08

Paz sin paramilitarismo (II)

Paz sin paramilitarismo (II)

La construcción de una paz estable y duradera demanda la materialización de los acuerdos de paz para erradicar y extirpar el paramilitarismo.


Hay que proceder a la conformación inmediata de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


A raíz de los trascendentales avances de las conversaciones de paz entre el gobierno del señor Santos y las Farc, el país y su campo político viven una innegable apertura democrática que adquiere las dimensiones de una democracia ampliada favorable para las libertades políticas, la conciencia, la identidad y organización de las masas populares.

Parte de esa dinámica son los acuerdos firmados el 23 de junio del año en curso entre las delegaciones concurrentes sobre el delicado tema de la seguridad de los combatientes revolucionarios en tránsito a la movilización política desde las 23 zonas de ubicación y los 8 campamentos correspondientes, e igualmente para los movimientos sociales y populares duramente golpeados por las fuerzas oscuras de la violencia paramilitar que sigue vigente como un instrumento de los señores de la guerra: terratenientes, generales, gamonales y empresarios.

 

La erradicación del paramilitarismo es un desafío central en la construcción de la paz

 

En esta columna queremos aproximarnos a otros de los dispositivos acordados en la Mesa de La Habana y que se convierte en columna central de la nueva institucionalidad para actuar a fondo contra la violencia ilegal de estos paramilitares que registran una asombrosa capacidad de mutación. Tanto que el Fiscal encargado, Perdomo, ha dicho que los mismos no existen, aunque le confiere a las bandas criminales o Gao el mismo comportamiento de las autodefensas exterminadoras de la oposición democrática y popular.

Veamos en concreto este nuevo instrumento acordado en los diálogos de paz.

Se trata de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

En el marco del fin del conflicto y con el fin de asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que representen la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, el Gobierno Nacional impulsará las medidas necesarias para la creación y puesta en marcha, en el marco de la jurisdicción ordinaria, de una Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del punto 5.1.2 del Acuerdo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Dicha Unidad se mantendrá durante el tiempo necesario para concluir su mandato.

Su mandato y misión será la investigación, persecución y acusación de las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

La Unidad Especial, a través del cumplimiento de sus funciones en la Jurisdicción ordinaria, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la medida en que aportará al fortalecimiento de la justicia y al desmantelamiento de las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, garantizará a su vez la no repetición del fenómeno paramilitar, prevendrá la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, y aportará así a la construcción de una paz estable y duradera.

 

Esta Unidad Especial de Investigación tendrá las siguientes características:

 

  • - Se creará por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz. Será parte de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación. La Unidad decidirá lo necesario para su funcionamiento y la conformación de sus grupos de trabajo e investigación, promoviendo en estos espacios la participación efectiva de las mujeres. Tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación, llevarlas a la práctica y para emprender actuaciones ante cualquier jurisdicción.
  • - El Director/a de la Unidad será el responsable de la toma de decisiones respecto de cualquier función o competencia de la Unidad, pudiendo delegar dichas responsabilidades, en todo o en parte, en otros servidores/as públicos adscritos a la misma.
  • - La Unidad investigará, acumulará casos en lo que sea de su competencia, y de ser procedente presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la de Justicia y Paz, siempre que no haya vencido el plazo legal para las postulaciones. La Unidad podrá solicitar ante el órgano competente la acumulación, en el juzgado de mayor instancia, de las competencias judiciales por todos los delitos cometidos por la organización criminal, dentro de la respectiva jurisdicción.
  • - La Unidad realizará sus funciones sin sustituir las ordinarias de la Fiscalía General de la Nación ante la jurisdicción de Justicia y Paz ni ante la jurisdicción ordinaria.
  • - Su Director/a deberá ser jurista, satisfacer criterios de idoneidad técnica y transparencia y deberá tener experiencia en el campo de las investigaciones penales y haber demostrado resultados en la lucha contra el crimen organizado, y será designado/a por un período de 6 años. Al Director/a de la Unidad le será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios/as de la Fiscalía General de la Nación. En ningún caso el Director/a de la Unidad podrá ser destituido/a del cargo por faltas que no sean consideradas gravísimas conforme al régimen disciplinario vigente. Los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Director/a de la Unidad serán conocidos en única instancia por la Comisión Nacional Disciplinaria.
  • - Esta Unidad desplegará su capacidad de investigación con un enfoque territorial, diferencial y de género, para enfrentar la amenaza, con énfasis en zonas donde confluyen variables que ponen en peligro las comunidades y la construcción de la paz, priorizando la investigación de estructuras de crimen organizado que se encuentren dentro de su competencia.
  • - Contará con una unidad especial de Policía Judicial conformada por funcionarios/asespecializados/as de la Fiscalía y la Policía Judicial de la Policía Nacional, experto/as en distintas materias, que deberán tener conocimiento del desarrollo y la consolidación de las organizaciones de crimen organizado, incluyendo conocimiento del fenómeno paramilitar y de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Se buscará que dichos funcionarios/as tengan conocimiento en violencia y justicia de género. El Director/a ostentará el mando funcional de los funcionarios/as del CTI adscritos a su Unidad, y el mando funcional de los demás funcionarios/as de la Policía Judicial adscritos a la misma.
  • - Los servidores/as públicos que la integren serán elegidos/as por el Director/a de la Unidad, aplicando mecanismos especiales de selección, incorporación y seguimiento al desempeño de sus funcionarios/as, priorizando altos estándares de transparencia, efectividad y conocimiento en la aplicación del enfoque de género en el ejercicio público.
  • - Esta Unidad tendrá como base de funcionamiento la articulación de un enfoque investigativo multidimensional que se ocupe de toda la cadena criminal de las organizaciones y conductas objeto de su mandato, incluyendo las conductas criminales que afecten a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
  • - Esta Unidad aplicará metodologías de análisis de contexto, considerando la experiencia judicial acumulada en los últimos años, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar nuevas metodologías de análisis, incluyendo la perspectiva de género.
  • - Para garantizar su desempeño con altos estándares de eficiencia, se dispondrá de recursos y presupuesto suficientes para su funcionamiento. La financiación para el funcionamiento de la Unidad provendrá del Presupuesto General de la Nación y de la cooperación internacional. La partida que el Gobierno colombiano aporte a estos efectos será de obligatoria inclusión en el presupuesto anual de la Fiscalía General de la Nación que será sometido a la aprobación del Congreso y de destinación específica para la Unidad. Los recursos se ejecutarán según el plan que establezca su Director/a, sin perjuicio de los controles establecidos legalmente. La Unidad podrá solicitar fondos extraordinarios al Estado o a la cooperación internacional y en este último caso podrá negociar y recibir fondos internacionales para su funcionamiento. La Unidad podrá celebrar cualquier convenio o acuerdo de cooperación internacional para fortalecer el cumplimiento de su mandato.
  • - La Unidad de Investigación, compartirá periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un informe sobre los avances y resultados.
  • - La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gobierno Nacional, a petición de la Unidad, solicitará a la Unión Europea el envío de una misión temporal de acompañamiento para fortalecer las capacidades de lucha contra el crimen organizado de la Unidad y asegurar la adopción de las mejores prácticas internacionales, sin perjuicio de la cooperación internacional adicional que pueda requerir la Unidad a través de la Fiscalía General de la Nación.
  • - Tendrá acceso a toda la información judicial disponible que requiera para sus investigaciones, incluyendo la información que repose o que haya sido trasladada a otras unidades de la Fiscalía, especialmente la Unidad de Justicia y Paz. Podrá utilizar los mecanismos de acceso a documentos y fuentes de información previstos para la Jurisdicción Especial para la Paz (numeral 69 del Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz).
  • - La Unidad garantizará la reserva legal en el cumplimiento de sus funciones y tomará las medidas necesarias para proteger a los testigos y víctimas que así lo requieran.

 

Competencia

 

La Unidad Especial:

Perseguirá judicialmente las conductas y a las organizaciones objeto de su mandato.

Investigará las respectivas responsabilidades penales de los integrantes de estas organizaciones y remitirá la información obtenida sobre autores/as, instigadores/as, organizadores/as y financiadores/as de estas estructuras a la autoridad competente a efectos de apertura de juicio o de investigación por otro órgano que resultara competente.

Asumirá las investigaciones en los supuestos en los que se hayan producido compulsas de copias en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción de Justicia y Paz para que se investigue la responsabilidad penal de aquellas personas que integraron redes de apoyo de organizaciones criminales incluidas en este acuerdo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo.

Implementará planes metodológicos de investigación especializados respecto a los más graves hechos de victimización que las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo ejecuten contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

Asumirá las investigaciones sobre los vínculos entre organizaciones criminales incluidas en su mandato, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y funcionarios/as del Estado.

De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios/as públicos, continuará conduciendo la investigación penal, y adicionalmente, dará traslado a la Procuraduría General de la Nación o a la Contraloría General de la República, con el fin de que se inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.

De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios/as públicos, la Unidad solicitará ante las autoridades judiciales competentes la imposición de penas accesorias como la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, entre otras.

Velará porque no existan normas que, directa o indirectamente, permitan o promuevan la existencia de estructuras paramilitares o sucesoras de estas, informando sobre lo anterior a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se adopten las medidas pertinentes.

Podrá informar periódicamente a la opinión pública nacional e internacional acerca de los avances y obstáculos en el cumplimiento de su misión.

Coordinará con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz el intercambio de información sobre lo que sea de su competencia.

 

Cuerpo elite de la Policía

 

Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Las y los integrantes que conformen el Cuerpo Élite, serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad.

Garantías básicas para el ejercicio de la función de fiscal, jueces y otros servidores/as públicos.

Los servidores/as públicos con responsabilidades en las actividades de investigación, análisis, judicialización, entre otras, dirigidas a combatir las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo, se les garantizarán las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad evitando cualquier perturbación, o amenaza a sus funciones y brindando las respectivas garantías de seguridad.

La construcción de la paz demanda que todo este aparato institucional de acción ofensiva contra el paramilitarismo se materialice pies esas organizaciones están muy activas destruyendo las posibilidades regionales de la convivencia, la paz y la democracia ampliada.

 

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Paz sin paramilitarismo (I), martes 28 de junio de 2016

Publicado enColombia
Martes, 28 Junio 2016 14:22

Paz sin paramilitarismo (I)

Entre la delegación del gobierno del señor Santos y los representantes de las Farc se ha tejido un documento clave para combatir el paramilitarismo y rodear de garantías a los combatientes revolucionarios de la insurgencia que harán su tránsitoa la movilización política legal. De su construcción se han encargado Oscar Naranjo, Policía del gobierno y Pablo Catatumbo, plenipotenciario de la guerrilla.


Se trata de un muy sólido instrumento político para ejecutar la estrategia de erradicación del paramilitarismo como fenómeno violento que acompaña el Estado oligárquico colombiano desde finales de la segunda guerra mundial y con ocasión de la participación de soldados colombianos en la infame guerra contra el pueblo de Corea.


El paramilitarismo fue implantado por los asesores gringos de las Fuerzas Armadas Colombianas en plena Guerra fría, como parte de la ofensiva anticomunista y contrainsurgente de los gobiernos norteamericanos.


Dicho material se refiere a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


Dada su trascendencia y sus alcances iniciales es conveniente verlo en detalle. Analizarlo y compartirlo directamente con las comunidades agrarias y populares para exigir su estricta aplicación en las localidades y regiones donde pulula esta perversa organización criminal de paramilitarismo que además de ser una agencia es una cultura y una patología de las elites dominantes.


Quiero abordar en este primer artículo el aspecto de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones delincuenciales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, que en adelante se conocerá como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.


En cumplimiento de lo acordado en el punto 2.1.2.1 relacionado con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, literal d, (http://bit.ly/298kHFA) que trata sobre la implementación de laComisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el Desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que el Gobierno creará y pondrá en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto:


El diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.


El seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección se realizará en la Instancia de Alto Nivel que se incluye en el 3.4.7.1.1 de este acuerdo.


La Comisión la preside el Presidente de la Republica.


La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será presidida por el Presidente de la República, estará conformada por el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz-, Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, dos (2) representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, dos (2) voceros en representación de las plataformas de derechos humanos y paz, y podrá invitar representantes de los partidos y movimientos políticos. La comisión podrá invitar organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en experto/as sobre la temática cuando lo estime conveniente. La Comisión se conformará antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres.


Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, la mesa de conversaciones definirá dos experto/as independientes para integrarla.


El enfoque de su trabajo


El trabajo de la Comisión estará enfocado a:


a) La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será la instancia para el diseño, el seguimiento, la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del Plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles objeto de este acuerdo;
b) Formulará y evaluará el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
c) Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
d) Coordinará con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal;
e) Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo;
f) Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y hará seguimiento del contenido de dichos informes;
g) Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo; entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.
h) Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin deidentificar aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
i) Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos;
j) Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra lasorganizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
k) Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones queparticipen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz- ( http://bit.ly/227tOL3 );
l) Realizará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
m) Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formulará propuestas tendientes a actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo.
n) Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este acuerdo, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores. Dichas medidas nunca significaránreconocimiento político.
o) Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión.
Se trata, pues, de un importante dispositivo institucional que ojala se eche a rodar desde ya para desactivar esta potente máquina de muerte y exterminio en las regiones.


Armenia, 27 de junio 2016.

 

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