Durante la presentación del proyecto de la Cepal en la cancillería, Alicia Bárcena (cuarta de izquierda a derecha) estuvo acompañada por funcionarios de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Foto Yazmín Ortega Cortés

Con el objetivo de que para los pueblos centroamericanos del llamado Triángulo Norte y los estados del sur-sureste mexicano "la migración sea una opción y no una necesidad impuesta por las carencias", la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, presentó ayer en la cancillería el Plan de Desarrollo Integral, un conjunto de estrategias, políticas públicas y proyectos que contemplan el agravado desplazamiento de multitudes del sur hacia el norte no como un fenómeno coyuntural sino como una condición estructural.

En el diseño y para la ejecución de este plan, que fue descrito por Bárcena como "un marco de nuevo estilo", participan las 19 agencias de desarrollo de la Organización de Naciones Unidas y los cuatro gobiernos involucrados: Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Contempla 15 programas temáticos, 14 proyectos listos para ser aplicados y requerirá una inversión de 45 mil millones de pesos en cinco años. Está diseñado para beneficiar a 70 millones de personas en la región.

La idea de crear opciones para arraigar en sus tierras a las poblaciones que hoy migran empujadas por la necesidad, en lugar de muros para frenarlas, fue planteada por primera vez en un plan suscrito por los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador que asistieron a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre de 2018.

Los problemas estructurales de pobreza y desigualdad, de destrucción ambiental y vulnerabilidad frente a los desastres que existían entonces, que producían migraciones forzadas e inseguras, se han agravado sustancialmente en el contexto de la pandemia, reconoció la diplomática.

En el documento presentado por la Cepal se estima que las economías de los cuatros países tendrán un crecimiento negativo y un gran aumento de la pobreza en toda esta subregión. Además de los centroamericanos, se incluye a Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante esta realidad, la movilidad humana tiene "las más alta prioridad" en las agendas.

A pesar de la importancia del proyecto y de la presencia del cuerpo diplomático que asistió a su presentación, los países involucrados no enviaron representantes de alto nivel. Sólo por el gobierno de El Salvador asistió su vicepresidente Félix Ulloa. En representación del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, asistió su esposa Ana García. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo.

Según el documento del PDI, este plan se basa en cuatro pilares: el desarrollo económico, el bienestar social, la sustentabilidad, la atención al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre y la gestión integral del ciclo migratorio.

Cada gobierno eligió su conjunto de prioridades. En el caso de los ocho estados mexicanos, los proyectos que se atenderán son: el corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Todo lo que se haga quedará reflejado en un geoportal del PDI que permitirá ubicar en esta geografía mesoamericana cada uno de los proyectos, qué instituciones participan en ellos y cuáles son sus niveles de avance.

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Sábado, 18 Septiembre 2021 06:15

Ayuda en ruinas

Ayuda en ruinas

Cuando hace 11 años el terremoto pulverizó a Haití, junto con miles de casas –y más de 200 mil víctimas– cayó, como un castillo de naipes, todo el Estado haitiano. Literalmente. Todas las sedes de los ministerios –junto con el emblemático Palacio Presidencial– quedaron en ruinas, salvo una. Más allá de lo anecdótico, la verdad es que el mundo nunca estuvo interesado en que en Haití existiera un organismo estatal fuerte. Sólo un servil “centro colonial”.

Por eso desde hace décadas –ya cuando finalmente se aceptó la sola existencia de este país– se privilegiaba “la ayuda internacional” canalizada por fuera del Estado mediante el incontable número de organismos internacionales y oenegés. Así, éstas, al ir suplantando las funciones que correspondían al Estado, lo minaban aún más. Y cuando se le daba el dinero a los gobiernos “útiles” –para el “desarrollo”, para la “infraestructura”, etcétera– como el de Jean-Claude Baby Doc Duvalier (1971-1986) o los de los “neo-duvalieristas”, como Michel Sweet Micky Martelly (2011-2016) y el recientemente asesinado Jovenel The Banana Man Moïse (bit.ly/3CgTgEo), el mundo cerraba los ojos cuando éstos se forraban los bolsillos (bit.ly/3zdK7uj).

Cuando hablé hace unos años de esto con Alex Dupuy, el sociólogo haitiano, autor de un estudio denominado Haiti and the world economy, the fault of the Haitian underdevelopment, éste apuntaba a razones estructurales del subdesarrollo: “no es que ‘el mundo le haya dado la espalda al país’; todo lo contrario: la pobreza haitiana es consecuencia directa de los intereses de los imperios –Francia, Estados Unidos– y de los perversos vínculos con los mercados internacionales: desde la colonia hasta la desregulación neoliberal”. Durante esta última, iniciada por Baby Doc, se alentó p.ej. migración masiva del campo a las ciudades para proporcionarles a las maquiladoras mano de obra barata, la misma “solución” que fue ofrecida después del terremoto de 2010 (bit.ly/2XkaIsw).

Se forzó la privatización de casi todas las áreas de economía y esfera social, junto con la abolición de aranceles, algo que ató a Haití completamente a la importación de granos desde Estados Unidos. Cuando hacía falta –cuando al poder llegaba una fuerza que en ojos de los haitianos representaba el cambio, como Jean-Bertrande Aristide con su Fanmi Lavalas (1991 y 2004)–, el mundo literalmente sacudía al Estado haitiano. Venían los coups d’etat.

De hecho, la “oenegenización” de Haití fue diseñada antes como estrategia de asfixia y bullying, “para no darle chance a Aristide” (bit.ly/3nxOiiD). “Si sólo en décima parte el mundo estuviera tan eficiente en (re)construcción del Estado en Haití, como lo ha sido en su destrucción...”, decía Dupuy.

La prometida, tras 2010, por la “comunidad internacional” reconstrucción –ideada por Paul Collier, el “especialista en combate a la pobreza” e implementada por... Bill Clinton– que privilegió el modelo de la exportación por encima p.ej. de la reactivación del campo para garantizar la seguridad alimenticia, era en sí misma, una catástrofe.

Los esquemas de “ayuda” diseñadas desde una lógica neolocolonial marginalizaron a los haitianos. De cada 100 dólares que donó el gobierno estadunidense, 98.40 regresaron a Estados Unidos en forma de contratos o sueldos. “Tras el terremoto, Haití se convirtió en una ‘Republica de las oenegés’, dónde el inexistente Estado no tenía ninguna capacidad para responder a las necesidades de sus ciudadanos”, decía Dupuy. El argumento de la “corrupción” –para no financiar al gobierno–, tras el caso de Duvalier (cuando p.ej. el Fondo Monetario Internacional sabía que sus fondos acababan directamente en bolsillos de los tonton macoutes), –y luego Martelly o Moïse–, sonaba aún más hueco ante el escándalo que involucró a los empleados de Oxfam en una red de prostitución (bit.ly/2XkI62a).

Así que cuando el mes pasado, cuando todavía no bajó el polvo después del asesinato del presidente, otro terremoto golpeó al país –esta vez con “apenas”algo más de 2 mil víctimas (bit.ly/3kcZLlF)– nuevamente han sido expuestos todos los puntos ciegos del modelo dominante de “ayuda” (bit.ly/3960Ntn).

“Haití necesita ayuda, pero no de los oenegeros que no bajan de sus camionetas blancas” era una de las críticas más suaves (bit.ly/3CjdcGX).

A pesar de que ahora –como las veces pasadas– los haitianos han sido siempre los primeros en organizar y brindarla (bit.ly/3k9PkPM), el mundo, por más increíble que parezca, seguía ignorando la necesidad de articularse con organizaciones locales –viendo al país como un “desierto social”, cuando en realidad cuenta con riquísima experiencia de autorganización desde abajo– y mostrándose incapaz de abandonar el modelo de asistencia que prioriza las ganancias de los que la ofrecen.

La única vía –como bien apuntaban en este contexto unos activistas– es: i) parar “la pornografía del desastre”; ii) invertir en la capacidad de los haitianos; iii) apoyar las prioridades identificadas localmente; iv) enfocar los proyectos en los contrapartes locales y la relación con ellos; v) coordinar o notificar sus pasos a los oficiales locales y al ministerio correspondiente (bit.ly/3hvMz9J). El hecho de que su sede –como el propio Palacio Presidencial, el mejor ejemplo del fracaso de las promesas de hace 11 años– pueda continuar aún en ruinas, no es ninguna excusa para no hacerlo.

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¿Cuál es el verdadero significado de la política de “prosperidad común” en la China de Xi Jinping?

Xi Jinping, jefe de la burocracia de Pekín, ha encendido la señal de alarma llamando la atención de los factores de poder en China, y en el mundo. La prensa extranjera se apresuró a colorear sus últimas declaraciones en nombre de la estabilidad social y política: pidiendo la regulación de los altos salarios y patrocinando la noción de “prosperidad común” nacional. Los medios de comunicación estatales chinos informaron de que la Comisión Central de Asuntos Económicos y Financieros, presidida por Xi en el seno del Partido Comunista Chino, consagró en agosto la necesidad de “regular los ingresos excesivamente elevados y animar a los grupos y empresas de altos ingresos a devolver más a la sociedad”. En una de las sociedades más desiguales del planeta, cortesía del PCCh que ha capitaneado la restauración capitalista durante las últimas cuatro décadas y ha preservado su poder político en el Estado como administrador del “capitalismo con características chinas”, los temores aumentan. La orden es reducir gradualmente el abismo de beneficios materiales y económicos que separa a la burocracia dirigente de los cientos de millones de obreros, estudiantes y campesinos privados de los beneficios de su trabajo.

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del PCCh aclaró que, si bien el Partido había difundido entre los chinos la orden de “enriquecerse primero” en las primeras décadas del periodo de reforma y apertura de la era Deng Xiaoping, ahora daba prioridad a la “prosperidad común para todos”. “Hay un cambio en la forma en que el Partido Comunista Chino ve su legitimidad”, dijo Yu Jie, un investigador de Chatham House, un think-tank con sede en Londres. “Si el PCCh defiende el actual statu quo que es descaradamente injusto en su distribución de la riqueza y las oportunidades, la confianza de la gente de a pie se derrumbará”.

Xi, a punto de iniciar un tercer mandato en 2022, está preocupado por la creciente desigualdad en China, que se disparó con la crisis mundial de 2008 y ha aumentado con la pandemia. El curso de esa tendencia podría desestabilizar el país, en un momento en que Xi ha hecho propaganda de que ha completado una campaña para eliminar la pobreza absoluta. El impulso a la prosperidad compartida abarca, según el discurso oficial, políticas que van desde el freno a la evasión fiscal y la limitación de las horas que pueden trabajar los empleados del sector tecnológico hasta la prohibición de las clases particulares con fines lucrativos en materias escolares básicas y la limitación estricta del tiempo que los menores pueden dedicar a los videojuegos.

Estas medidas siguen la campaña llevada a cabo por el gobierno para disciplinar a algunas grandes empresas tecnológicas para que colaboren con el PCCh, como Alibaba de Jack Ma y Meituan de Wang Xing, y regular estrictamente la recolección de datos personales sensibles para la seguridad del Estado, como en el caso de Didi Chuxing y Caocao, empresas de viajes equivalentes a Uber. Empresas digitales como Tencent (propiedad de Ma Huateng, que al igual que Jack Ma es miembro del PCCh) y Pinduoduo también han sido puestas en el radar de la disciplina estatal. Los reguladores multaron a Alibaba con 2.800 millones de dólares como resultado de una investigación antimonopolio (después de haber prohibido la oferta pública inicial de Ant Group, su brazo financiero, en EE. UU.), y abrieron una investigación de ciberseguridad contra Didi, días después de su oferta pública inicial de 4.400 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York en EE. UU., que hizo que sus acciones se desplomaran. También siguen las represalias de algunos funcionarios de la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, que tuvieron relaciones promiscuas con Jack Ma, en particular el secretario del partido local, Zhou Jiangyong.

Sobre la base de estos hechos, las especulaciones de supuestos “expertos” en la situación china han versado sobre lo que parece ser la voluntad del PCCh de “expropiar a la burguesía china”; otros, menos audaces pero igualmente incautos, utilizan unilateralmente el aspecto del "control" para exagerar los efectos de la regulación de los altos salarios empresariales. Sin embargo, la cuestión es bastante más compleja. China ha alcanzado en 2020 el rango de país con mayor número de multimillonarios del mundo: con 1.058 magnates del gran capital, supera incluso a Estados Unidos (que tiene 696). Los habitantes de la quinta parte de los hogares chinos disfrutan de una renta disponible más de diez veces superior a la de la quinta parte inferior, según las cifras oficiales. La renta disponible en las ciudades es dos veces y media mayor que en el campo. Y el 1 % más rico posee el 30,6 % de la riqueza de los hogares, según el banco Credit Suisse (frente al 31,4 % en Estados Unidos). Se trata de una de las sociedades más desiguales del mundo, sobre la que el propio Primer Ministro, Li Keqiang, admitió que en China todavía hay 600 millones de pobres que viven con apenas 1.000 renminbi al mes (154 dólares). La marca básica del riesgo a atacar está ahí, en el marco de las consecuencias de la crisis global. La retórica “social” que acompaña a los discursos oficiales pretende desactivar esta bomba de relojería en el gigante asiático.

Al mismo tiempo, el primer ministro aclaró que el plan de “prosperidad común” no significa un ataque a los capitalistas. Han Wenxiu, funcionario de la Comisión presidida por Xi, subrayó que el gobierno no quiere nada parecido a una persecución de los ricos en favor de los pobres, y que China debe protegerse del “riesgo de caer en el estado del bienestar” . El mismo Li Keqiang, jefe del Consejo de Estado, emitió una declaración oficial del gobierno chino en la que afirmaba que “seguiremos promoviendo un entorno empresarial orientado al mercado, en línea con los estándares mundiales, y el gobierno debe levantar todas las restricciones innecesarias a las entidades privadas para facilitar la competencia leal”, como “apoyar el empleo flexible a través de múltiples canales y el desarrollo de nuevas formas de empleo, exigiendo la eliminación de restricciones injustificadas”. La profundización de la precariedad y la flexibilidad laboral en China, lo que explica la restricción parcial, en el sector tecnológico, del régimen laboral servil 996 (trabajo de 9 a 21 horas, seis días a la semana –de hecho, el componente de represalia a Jack Ma, que había dicho que el modelo era una “bendición”, supera cualquier supuesta piedad laboral–. Estas declaraciones oficiales del gobierno chino desacreditan las precipitadas declaraciones de algunos “intelectuales”.   

La idea de “prosperidad común” no es nueva en China. Se remonta a milenios atrás, y fue apropiado por los líderes del PCCh tras la fundación de la República Popular en 1949 (fue utilizado por Mao Zedong en los años 50, y por Deng en los 80). En efecto, Xi citó una conocida frase de las Analectas de Confucio, que dice algo así como que a un líder sabio no le preocupa la pobreza, sino la desigualdad; no que su pueblo sea demasiado pequeño, sino que esté demasiado dividido. De hecho, la respuesta a la esencia de la razón que motiva este movimiento político en Pekín puede encontrarse mejor en Confucio que en los portavoces de la burocracia china: “donde hay satisfacción, no habrá revueltas”, decía el sabio. Sin necesidad de mucha sabiduría, miles de magnates en Estados Unidos anticiparon en 2019 el sentimiento que ahora inquieta a Xi. El multimillonario Alan Schwartz, de la firma de inversiones estadounidense Guggenheim, decía entonces, empapado de las luchas internacionales en América Latina y Oriente Medio, durante una reunión del Milken Institute que “Si miramos a la derecha y a la izquierda del espectro político, lo que estamos viendo es la llegada de la lucha de clases [...] A lo largo de los siglos, cuando las masas identifican que la élite tiene demasiada riqueza, sólo ha habido dos alternativas: una legislación para redistribuir la riqueza... o una revolución para redistribuir la pobreza”.

Como veremos, el plan de la burocracia china no se explica por una supuesta “voluntad socializadora” de Xi Jinping, sino por la necesidad de robustecer el mercado interno y la capacidad de consumo de la nueva clase media china, buscando generar un sector relativamente mejor remunerado de la clase trabajadora. Estratégicamente, se trata de preservar la fuerza del capitalismo ascendente chino y estabilizar los choques sociales en el marco de la disputa tecnológico-industrial con Estados Unidos en los marcos de la crisis global.

¿Por qué ahora?

El anuncio de las medidas coincidió con unos resultados económicos preocupantes en China, que vuelve a estar acechada por el regreso de la pandemia. En junio, uno de los indicadores más importantes de la actividad manufacturera de China registró una contracción por primera vez desde las primeras etapas de la pandemia. El índice de gestores de compras de la industria manufacturera Caixin, una encuesta independiente sobre la actividad manufacturera en China, alcanzó los 49,2 puntos en agosto, cayendo por debajo de la marca de 50 puntos que separa la medición mensual de la expansión y la contracción de la industria manufacturera por primera vez desde abril de 2020. Además, El producto interior bruto de China se expandió un 7,9 % en el trimestre abril-junio desde 2020, desbaratando las expectativas de un aumento del 8,1 %.

Pero las peores noticias provienen del consumo interno. El gasto de los consumidores en China se ha retrasado en gran medida con respecto a la recuperación económica general del país tras la pandemia, y esa lentitud se debe al menor crecimiento de los ingresos de los hogares. “Los datos sobre el estancamiento del consumo interno en China han dejado claro que es urgente aumentar los ingresos de la población y centrarse más en la equidad de la distribución”, dijo Wang Jun en el Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China, en Pekín.

Los organismos gubernamentales informaron en junio que las ventas minoristas de China volvieron a incumplir las expectativas. Las ventas al por menor aumentaron un 12,4 % en mayo con respecto a hace un año, menos que el aumento del 13,6 % previsto. Estos son vientos en contra para Pekín, ya que el gobierno chino espera promover su política de “doble circulación”, que pone mayor énfasis en el consumo como motor económico clave. Chang señaló que los salarios de los trabajadores inmigrantes tampoco se han recuperado, mostrando un crecimiento de sólo el 2,5 % en comparación con el 6,5 % anterior a la pandemia.

Estos indices fueron uno de los signos más claros de la pérdida de impulso de la economía china, que ahora se enfrenta a una menor demanda de exportaciones, a los altos precios de las materias primas y a la ralentización del sector inmobiliario. En este contexto se inscribe el plan de "prosperidad compartida" de Xi.

Li Keqiang, en el comunicado oficial del Consejo de Estado en 2020, había descifrado algunas coordenadas de la preocupación gubernamental, vinculadas a la importancia del consumo y de las pequeñas y medianas empresas en China: “Debemos ser creativos en el diseño y ejecución de nuestras políticas. Como he dicho antes, nuestras políticas, que son de gran envergadura, están diseñadas para proporcionar un alivio vital a las empresas y revitalizar el mercado, con especial atención a la estabilización del empleo y la garantía de los medios de vida de las personas. No se centran en grandes proyectos de infraestructuras. Esto se debe a que se han producido importantes cambios en la estructura económica de China, donde el consumo es ahora el principal motor del crecimiento, y las micro, pequeñas y medianas empresas proporcionan ahora más del 90 % de todos los puestos de trabajo en China. [...] Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la lucha contra el COVID-19 es que los esfuerzos de contención han tenido un efecto moderador sobre el consumo. Por tanto, las medidas en este sentido también forman parte de nuestra reforma orientada al mercado”. También confesó que el problema del desempleo es real para millones de trabajadores urbanos, y que el gobierno “lanzará programas para estimular al sector privado a colaborar en el fortalecimiento del consumo”, estipulando que unas 100 millones de personas están empleadas en nuevas formas de negocio e industria, y unos 200 millones trabajan en la economía de plataforma. Aquí está la clave de la cuestión. El plan de regulación de los altos salarios y de redistribución de la riqueza, con todas las exageraciones terminológicas propias de la burocracia, pretende aumentar la capacidad de consumo de la población, reducir el desempleo (mediante la flexibilización laboral también), aumentando parcialmente los salarios de ciertas categorías (rama tecnológica). Esto se haría con la contribución financiera de los grandes monopolios, sin perjuicio de su propiedad y capacidad de explotación del trabajo, debilitando a través de mecanismos estatales ciertas prácticas monopólicas que estrangulan el surgimiento de nuevas, pequeñas y medianas empresas, que juegan un papel crucial en la ocupación de la fuerza de trabajo y la búsqueda de la innovación.

Observando las exigencias que se plantean a los grandes conglomerados económicos, generan poca preocupación desde el punto de vista de la preservación de su propiedad. Como escribe Kevin Yao, los dirigentes chinos se han comprometido a utilizar los impuestos y la financiación “colaborativa” (de hecho, condicionada) en forma de donaciones; y cualquier observador agudo sabe que la caridad capitalista nunca ha sido un tema de pesadilla para la clase dominante. Tanto es así que la respuesta de los magnates prudentes ha sido alinearse detrás de la agenda de Pekín. Wang Xing, de Meituan, ha donado 2.300 millones de dólares a un fondo filantrópico que apoya la educación y la ciencia. Tencent anunció un fondo de 7.700 millones de dólares dedicado a la “prosperidad común”, que definió como el aumento de los ingresos familiares de los grupos de bajos ingresos, la ampliación de la cobertura sanitaria, el desarrollo económico rural y la educación de los estudiantes desfavorecidos. "Como empresa tecnológica china bendecida por la reforma y la apertura de China, Tencent siempre ha pensado en cómo ayudar al desarrollo social con sus propias tecnologías y su poder digital." Alibaba se ha comprometido a donar 15.500 millones de dólares a lo largo de cinco años, y Pinduoduo se ha comprometido a donar 1.500 millones de dólares a los agricultores a partir de sus ganancias futuras en el segundo trimestre.

Para tener una dimensión de lo que se trata, el compromiso de Alibaba equivale a sólo el 15 % del beneficio neto que la empresa obtendrá en 2025, basándose en los beneficios de 2020. Los multimillonarios en su conjunto, si son más disciplinados, no pueden quejarse de una intrusión agresiva en sus intereses privados. La propuesta de imposición se trata como una leyenda en los círculos gubernamentales chinos; en 2015 se aplicó un plan piloto en Shanghái y Chongqing, sin ningún resultado plausible. Así, la fiscalidad de las grandes fortunas se trata en China como en Occidente. El aumento salarial para determinadas categorías debería elevar el nivel medio de ingresos, según los planes oficiales, de la provincia oriental de Zhejiang, que no es una de las más pobres, pero que ahora sólo ocupa el sexto lugar entre las provincias con mayor PIB per cápita, según el censo de 2020. La ruptura con el modelo de trabajo 996, una demanda de sectores cada vez más amplios de jóvenes trabajadores, que suscitaba peligrosos conflictos sociales, se presentaba como un objetivo para la rama tecnológica, y no se generalizaría frente a los agotadores ritmos de trabajo del proletariado del campo que opera en las plantas de montaje.

Como dijo Li Keqiang, este proyecto está dentro de las reformas orientadas al mercado, no en contra. “Se seguirá mejorando el entorno de las empresas, se promoverá la reforma administrativa y se construirá un entorno empresarial orientado al mercado y basado en la ley. Se fomentará la creación de empresas por parte de distintos grupos y se mejorarán los sistemas y plataformas de servicios empresariales”, según el comunicado del Consejo de Estado de agosto de 2021 tras la reunión de la Comisión presidida por Xi.   

El periódico oficialista Global Times, que responde a las estrictas directrices de Pekín, aseguró al capital extranjero que las medidas no supondrán ningún perjuicio para sus negocios. “Para las empresas extranjeras, independientemente de su origen y tamaño, deben respetar y cumplir las leyes y reglamentos de China y alinear activamente sus negocios con el desarrollo social y económico general de China si quieren operar y tener éxito en el mercado chino. Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas extranjeras vayan a ser un objetivo. Las medidas reguladoras se dirigen a las prácticas comerciales ilegales, no a ninguna empresa en particular, ya sea extranjera o nacional. Esta actitud debe ser acogida con satisfacción por las empresas, ya que así se promoverá un entorno de mercado mejor y más justo. Y lo que es más importante, para las empresas extranjeras que operan en China o que buscan oportunidades de negocio en el país, deben estar tranquilas porque, a pesar de los recientes cambios importantes y de las medidas reguladoras, las políticas de reforma y apertura de China, de larga data, no cambiarán”.

Aquí podemos resumir lo que es realmente el difuso plan del gobierno chino aclarando lo que no es en primer lugar. Como explica el periódico británico The Economist: “El PCCh ha aclarado lo que no implica la "prosperidad común”: no significa que todos acaben disfrutando de la misma prosperidad. Hay que animar a los empresarios que crean su propia riqueza, “trabajan duro con integridad y tienen el valor de crear sus propias empresas”. El giro igualitario tampoco será brusco. Debe llevarse a cabo “paso a paso” de forma “gradual”, reiteró la Comisión este mes”. Se trata de ajustes dentro de las reformas capitalistas en la economía china, no a costa de ella.

Qué fundamentos generales tiene la política de “prosperidad común”

Como hemos dicho, el plan sin contornos claros de "prosperidad común" está lejos de apuntar a pérdidas estratégicas para el capitalismo chino. Podemos resumir la estrategia del Partido Comunista Chino en cuatro puntos: 1) Disminuir la pronunciada desigualdad social en China para evitar explosiones sociales que socaven la estabilidad política en un momento delicado de conflicto entre Pekín y Washington; 2) ampliar la capacidad de consumo de la nueva clase media y el potencial mercado interno chino; 3) dividir las filas de los trabajadores registrando ciertos derechos salariales y laborales para un sector en detrimento de los demás; 4) disciplinar a ciertos grandes monopolios a los designios políticos del PCCh, para que no ahoguen la aparición de nuevos capitales en el campo de la innovación tecnológica (las start-ups), con el fin de desbloquear el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, responsables de la inmensa mayoría de los empleos en China, y hacerlos convivir con los mismos multimillonarios que conservarán su riqueza, sin las mismas facilidades monopolísticas anteriores (es decir, de determinar la rentabilidad de las pequeñas empresas en función de su fidelidad a sus plataformas, en el caso de Alibaba y Tencent).

Lo más importante para el gobierno es desarrollar su mercado interior, la verdadera columna vertebral de la economía china. Xi Jinping necesita consumidores capaces de enfrentarse a la caída de la economía mundial y a la fragilidad del comercio internacional, que impide a China mantener su ritmo de crecimiento centrado en el “esquema exportador”. Un esquema que, recordemos, mantenía una relación simbiótica con Estados Unidos que se ha visto especialmente reforzada desde que China entró en la OMC en 2001. Esta contradicción es la que impulsa a China hacia un complejo y tortuoso giro hacia el mercado interior, hacia una complicada y contradictoria política de liberalización del renminbi (la moneda china), así como hacia la necesidad de acelerar el cambio en el contenido de su producción y de competir más agresivamente por los espacios mundiales de acumulación de capital –o de exportación de capital– y las áreas de influencia. Entre ellas, la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y la Nueva Ruta de la Seda.

Esta situación implica el inicio de la crisis de complementariedad chino-estadounidense, por la que se exporta de China a Estados Unidos una producción masiva con un valor añadido relativamente bajo, lo que refuerza la balanza comercial china, mientras que China contribuye a sostener los crecientes déficits de Estados Unidos. La crisis económica de 2008 rompió esta simbiosis relativamente armoniosa, sin poner fin a la dependencia mutua de las economías, que sostienen el destino de la otra en un escenario mucho más complejo de choques y fisuras geopolíticas (como vemos en Afganistán, donde a la humillante derrota de Estados Unidos le sigue la alianza de China con los reaccionarios fundamentalistas talibanes para incluir el país en la Nueva Ruta de la Seda y la extracción de minerales preciosos para Pekín). China, que en décadas anteriores se había presentado como un motor clave del crecimiento de la inversión, empezó a perder ese papel a partir de 2013-14. Deja de poner a disposición del capital internacional amplias fuentes de plusvalía absoluta –garantizando una alta tasa de rentabilidad interna y externa– y se convierte gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta con una producción cada vez más competitiva con la de Estados Unidos.

El gigante asiático siente la necesidad de basar su crecimiento cada vez más en el mercado interno, con la producción de bienes de alto valor añadido, mediante la aparición de un poderoso sector de clase media, de cientos de millones de personas, capaz de mover la economía y mantenerla relativamente a salvo de los choques de la demanda externa, que hacen a China excesivamente vulnerable. Como dijo Trotsky en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el volumen de producción de la economía capitalista tiene numerosos componentes, y está vinculado no sólo al desarrollo relativo de las fuerzas productivas, sino que también está limitado por el poder adquisitivo de la población. Siendo la segunda economía del mundo, en términos de PBI per cápita China está muy por detrás de las potencias centrales (lo cual es comprensible por el exorbitante tamaño de la población, pero también por la continua pobreza relativa de los estratos mayoritarios). Es este problema el que busca ser atacado por la burocracia, no en nombre de la clase obrera, sino en nombre de la revigorización del capitalismo nativo.

Según The Economist, en China hay unos 400 millones de personas que pertenecen a la clase media (o estrato de renta media, como la denominaba el anterior gobierno de Hu Jintao) y que viven con unos ingresos de entre 100.000 y 500.000 yuanes (aproximadamente entre 15.000 y 77.000 dólares) para una familia de tres miembros o su equivalente. Eso ya constituye una cifra notable. El gobierno central ha anunciado que quiere duplicar esa cifra hasta los 800 millones de personas en aproximadamente una década, según el Centro de Investigación del Desarrollo, un grupo de expertos adscrito al Consejo de Estado de China. El camino está plagado de dificultades internas, que tienen que ver con la compleja transformación del modelo de crecimiento económico de China, durante muchas décadas vinculado a los bajos salarios y a una mano de obra intensiva con inversión estatal. Por no hablar de la lucha de clases, el factor decisivo: el aumento de las aspiraciones de las masas chinas podría convertirse en combustible para la conflagración social de una nueva generación que no tiene mucho apego político o emocional al PCC. Sin embargo, si la hipótesis se cumpliera, en mayor o menor medida, es innegable que tal logro situaría a China en otro nivel de competitividad.

El mismo Global Times reflexiona sobre los beneficios que supone para las grandes multinacionales capitalistas occidentales el aumento del mercado interno chino: “El poder adquisitivo de los consumidores chinos ya ha sido un importante motor para muchas empresas extranjeras, desde los fabricantes de automóviles en Alemania hasta los agricultores en Francia y los productores de soja en Estados Unidos. En 2020, en medio de una pandemia mundial, los consumidores chinos gastaron 39,2 billones de yuanes (6 billones de dólares) en bienes de consumo. China ya está preparada para superar a Estados Unidos como mayor mercado de consumo del mundo. Si el grupo de renta media de China se amplía y los ingresos de todos los residentes aumentan en el marco del plan de prosperidad común, el mercado chino será aún más irresistible para cualquier empresa de tamaño considerable”. El atractivo para el capital extranjero es evidente.

“Prosperidad común”... en el capitalismo, ¿o su superación en la lucha de clases?

La dialéctica del proceso que se opuso, en su forma, a ciertas tendencias de los monopolios chinos en los intereses políticos particulares de la burocracia de Pekín, también desvela su verdadero contenido. En la lucha por salvaguardar la estabilidad política del régimen bonapartista del PCCh, que depende estratégicamente del rápido ascenso capitalista al que también sirve de soporte, la burocracia de Xi Jinping se ha visto obligada a ir en contra de ciertos intereses inmediatos de una parte de la clase dominante. ¿Qué intereses inmediatos? La rentabilidad a corto plazo, que carece de proyección y está separada de la compleja situación económica, no sólo nacional sino internacional, en la que se encuentra China. El encuadramiento, dentro de ciertos límites, del impulso al enriquecimiento de los grandes monopolios, para ciertas ramas, puede llevarse adelante en beneficio de los intereses estratégicos del propio gran capital chino. En efecto, es con la ayuda del sector privado más poderoso que el gobierno chino quiere promover el fortalecimiento del mercado interno y el poder de consumo de las nuevas clases medias, lo que debería servir de base para el creciente poder de estos conglomerados económicos. La proyección internacional de China depende de la estabilidad social interna y, en primer lugar, de la asfixia de la lucha de clases, una amenaza real para la política burocrática del PCCh. Ésta es una primera dimensión del problema. A esto se añade una segunda dimensión, necesariamente interrelacionada: el choque entre la burocracia del PCC y ciertos sectores reticentes del gran capital, en el sector de los gigantes tecnológicos, que podría representar una amenaza para el control estatal de los aspectos más sensibles de la administración capitalista. El “contrato social” entre la burocracia bonapartista de Pekín y el gran capital chino, que se nutre de ella y se beneficia de su riqueza, depende del respeto de la clase dominante al poder político indiscutible del PCCh. Para preservar este contrato –que Xi ve como la colaboración del sector privado con el proyecto de “rejuvenecimiento nacional de China”– el gobierno ha tenido que frenar ciertas extrapolaciones, como las críticas de Jack Ma al "arcaico" sistema financiero estatal en nombre de la primacía de las fintechs (empresas digitales que prestan servicios financieros). Una vez que la simbiosis entre la riqueza y el poder se “armonice” bajo el mando del PCCh, no habría impedimentos para los negocios de siempre de esos mismos magnates que ahora se pliegan a las exigencias de Xi.

El principal efecto de la medida, al fin y al cabo, era el examen minucioso de la lealtad de los grandes monopolios al régimen encabezado por Xi, que les pedía lealtad empresarial a cambio de la garantía de sus enormes beneficios. De hecho, el presidente chino, unos meses antes, había tomado una de las medidas más antiobreras y proempresariales de la historia reciente de China, cuando autorizó al gobierno municipal de Shenzhen a permitir que los capitalistas locales redujeran el pago de las horas extras y ampliaran el plazo de pago de los salarios, que pueden retrasarse durante un tiempo más generoso. El objetivo es reducir los crecientes costes laborales y frenar el éxodo de las empresas a mercados más baratos del sudeste asiático. Una medida que apenas tiene en cuenta la “prosperidad común”, salvo ... de los propios empresarios. Es esencial comprender que en la medida en que los trabajadores traten de combatir la explotación de estos magnates chinos, se encontrarán con el muro del gobierno autoritario de Xi Jinping y la burocrática Federación China de Sindicatos. La lucha de clases es la única forma de enfrentarlos.

Un buen número de los multimillonarios señalados son miembros del Partido Comunista, o tienen una relación indirecta con él. Los "capitalistas rojos" pueblan los niveles dirigentes del Partido, en las distintas regiones y provincias, algunos de los cuales se convirtieron en propietarios en el proceso de restauración capitalista que les permitió hacerse con los bienes públicos, y otros que ascendieron a las filas del partido habiéndose incorporado ya a la empresa privada antes de pertenecer al Partido, que ahora sirve de puente ineludible para influir en el sistema político, como analiza Bruce Dickson en su Wealth Into Power: the Communist Party’s Embrace of China’s Private Sector. Elias Jabbour, uno de los exóticos especímenes que ofician de portavoces oficiosos de la burocracia china, imagina un poder político suspendido en el aire, y olvida que el gobierno que lleva a cabo estas reformas se fundamenta en la propiedad capitalista de los medios de producción (aunque un capitalismo sui generis, distinto del occidental, resultado de la apropiación de las conquistas sociales de la revolución de 1949). Además, agrava el papel de los multimillonarios “en la construcción del socialismo en China”: como “estamos lejos” del socialismo que defendía Marx, con el poder de los trabajadores sobre las fuerzas productivas, la expropiación del capital y la planificación racional de la economía y la vida, más vale ajustarse a un “socialismo” que “se acerca a eso”, y que en realidad es lo contrario de todo lo que el marxismo caracterizó como socialista: un país de multimillonarios, de esclavización salvaje de la clase obrera por parte de capitalistas nativos y extranjeros, y de una burocracia autocrática que ahoga cualquier tipo de libertad de pensamiento y opinión. A nadie se le puede negar el derecho a la ignorancia, y la tradición estalinista siempre ha salido a buscar sumisamente las supuestas “alas progresistas” de la burguesía; si en los años 1920 querían integrar al campesino rico (kulak) en el socialismo, ahora quieren integrar al multimillonario en la fantasía del socialismo que en realidad es el capitalismo salvaje. El nombre de Marx no tiene ninguna relación con la filosofía de los “pragmáticos”. El socialismo no tiene nada que ver con que la “Razón” (un poder suprahistórico por encima de las clases, como en la vieja filosofía de la Ilustración del siglo XVIII) comande un proceso de producción fundado en la propiedad privada. Para el fundador del socialismo científico, su premisa básica es la superación revolucionaria de la propiedad privada por parte de la clase obrera, y no la comunión con ella, por mucho que duela a los oídos pragmáticos del postulado ilustrado del estalinismo...

Un viejo general prusiano solía decir que un salto corto es más fácil de realizar que un gran salto, pero no por ello, cuando se trata de superar un abismo, se empieza saltando por el medio. Los cortesanos del mandarinato chino están en la categoría de esos empíricos que se lanzan a la nada.

Yendo al grano: la política del Partido Comunista Chino debe inscribirse en su marco global, el de una burocracia capitalista de Estado que busca participar en el reparto de los espacios de acumulación mundial, aún sin poder definir los destinos de otros países como Estados Unidos. Frente a los enfrentamientos geopolíticos reaccionarios que se preparan entre Pekín y Washington, lo decisivo serán los enfrentamientos en la lucha de clases. El modelo laboral 996 ya ha provocado el enfado de los trabajadores del sector tecnológico, y de una juventud que se opone ferozmente a la ideología neoliberal de Alibaba y los gigantes del comercio electrónico. Las huelgas y los conflictos laborales tienen lugar en algunas de las provincias más ricas, donde la industria y la construcción son fuertes: de las 1.082 protestas laborales registradas por China Labour Bulletin desde julio de 2020, 120 (11 %) tuvieron lugar en la provincia de Henan, seguida de Guangdong con 95 (8,6 %) y Shandong (7 %).

Las protestas contra los atrasos salariales en Xian y Pucheng, en la provincia de Shaanxi, o en Wuchuan y Guangzhou, en la provincia de Guangdong, se combinan con las protestas de los trabajadores inmigrantes en la provincia de Henan, que ha experimentado un importante cambio demográfico con un enorme salto en la “población flotante” (流动人口), predominantemente trabajadores rurales migrantes que viven y trabajan lejos de sus ciudades de origen (Henan tenía una población flotante de 21,2 millones en 2020, un 164 % más que en 2010). Esto es ilustrativo de las nuevas generaciones de trabajadores, que o bien no tienen su inscripción en el partido en el mismo lugar en el que trabajan o ni siquiera tienen relación con el PCCh, y pretenden ganar sus derechos contra la explotación patronal.

Son estos signos, en el marco de las dificultades económicas y la escasa recuperación industrial desde abril en China, los que encienden las señales de alarma de Xi. En esto nos basamos para vislumbrar las perspectivas de China, que puede aprovechar las disputas en la superestructura político-económica para emerger. Parafraseando lo que dijo Marx en 1850 en la Carta al Comité Central de la Liga de los Comunistas, también en China "para el proletariado no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de eliminar las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva".

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El crecimiento económico de China ha generado más multimillonarios que EE.UU.: ¿por qué Pekín comienza ahora su regulación?

800 millones de chinos han salido de la pobreza, sin embargo, todavía hay 600 millones viviendo con 150 dólares al mes.

El Partido Comunista Chino (PCC) está intentando reestructurar la sociedad del país mediante la regulación de los nuevos multimillonarios y la redistribución de la riqueza de forma más equitativa entre sus habitantes, lo que algunos expertos consideran es un plan de autolegitimación.

Durante la décima reunión del Comité Central de Finanzas de China, encabezada el 17 de agosto por el presidente chino Xi Jinping, se reiteró la necesidad de fortalecer en el país la regulación de los ingresos "excesivamente altos" y de alentar a los grupos y empresas de altos beneficios a "regresar más a la sociedad" para garantizar "la prosperidad común".

"La prosperidad común es la prosperidad de todo el pueblo. Es la vida tanto material como espiritual de las personas. No es la prosperidad de unos pocos, ni tampoco es un igualitarismo uniforme", defendió el líder chino. 

¿Funcionaría la "prosperidad común" en Occidente?

Algunos observadores argumentan que el objetivo de la "prosperidad común" es una misión sin precedentes que solo podría alcanzarse en China bajo el liderazgo del PCC, mientras que otros países occidentales, aunque generen cierto aumento del bienestar social de los trabajadores, están condenados al fracaso.

"La naturaleza del sistema capitalista de los países occidentales es la búsqueda de beneficios y, como resultado, la riqueza solo se concentra en las manos de los capitalistas que acumulan activos explotando a los trabajadores. Esta forma de gestionar los recursos sociales solo conducirá a ampliar la brecha de la riqueza", declaró Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin de China en Pekín, al Global Times.

Cong Yi, decano de la Escuela de Marxismo de la Universidad de Finanzas y Economía de Tianjin, indicó que cualquier país o región que supere la trampa de la renta media y entre en el 'ranking' de la renta media se enfrentará a la cuestión de la prosperidad común de su población, y no abordarla provocará graves contradicciones sociales que envenenarán el desarrollo económico.

En este sentido, "en EE.UU., su política de impuestos para los ricos no pudo arreglar la creciente brecha en un sentido fundamental, lo que significa que la sociedad estadounidense está acelerando sus divisiones", dijo Cong. "En China, podemos ver una serie de medidas marcadas por ajustes institucionales flexibles para abordar los problemas, lo que constituye nuestra mayor ventaja".

"Una oportunidad para presentarse como un gobierno con visión de futuro" 

Algunos expertos afirman que, para el PCC, detrás del objetivo de una mayor igualdad de ingresos hay una lógica de autopreservación: "El Gobierno chino es consciente de que tanto el público nacional como el internacional lo está observando", dijo Austin Strange, profesor asistente de política en la Universidad de Hong Kong. "Es una oportunidad para presentarse como un gobierno con visión de futuro que se preocupa por sus ciudadanos, incluidos los que están en la parte inferior de la distribución de la riqueza".

En los últimos años se ha producido una desaceleración general del estratosférico crecimiento económico del país, que había sido un "pilar crucial de la legitimidad política del Partido Comunista Chino", agregó Strange.

En China, más de 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1978, según el Banco Mundial, y más de la mitad de la población se considera de clase media. El año pasado había 1.058 multimillonarios viviendo en China, frente a los 696 de Estados Unidos, afirma Hurun.

Sin embargo, alrededor de 600 millones de personas, casi el doble de la población estadounidense, viven con el equivalente a unos 150 dólares al mes, según declaró el año pasado el primer ministro Li Keqiang.

Ryan Hass, investigador de la Brookings Institution de Washington, indicó que ahora que "la era del desarrollo económico vertiginoso ha terminado, los líderes chinos están cambiando su enfoque hacia la mejora de la calidad de vida como una nueva fuente de legitimidad en su desempeño".

Objetivos alcanzados 

Anteriormente, Pekín declaró que la pobreza extrema en el país había sido erradicada a finales del año pasado, lo que supuso un paso más para cumplir el objetivo del primer centenario del PCC, que era "construir una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos". 

Ahora, según el informe del comité, el gigante asiático sigue avanzando hacia la meta del segundo centenario, que es "convertir China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos", dijo Xi Jinping en julio en el marco de las celebraciones por los 100 años del partido.

Publicado: 7 sep 2021

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Las mayores fortunas subieron de 284 mil millones a 483 mil millones de dólares.. Imagen: AFP

Los mega ricos aumentaron su patrimonio en 200 mil millones de dólares

La tragedia de la covid aumentó la desigualdad en América latina. Ahora hay más empresarios con grandes fortunas y éstas crecieron un 70 por ciento.

 

La fortuna de los multimillonarios latinoamericanos creció un 70 por ciento durante 2020. En marzo del año pasado, cuando recién se empezaban a tomar medidas contra la covid en la región, integraban la lista 76 personas con un patrimonio de 284.000 millones de dólares. A un año y cuatro meses, ya hay 106 con fortunas acumuladas de 483.200 millones de dólares. 

Más de la mitad de los multimillonarios (66) tienen nacionalidad brasileña, aunque también hay 14 mexicanos, 9 chilenos, 6 peruanos, 5 argentinos, 5 colombianos y 1 venezolano. Solo 12 son mujeres.

La riqueza latinoamericana está concentrada en cuatro sectores: financiero, telecomunicaciones, medios digitales de pago y salud: “Estos son sectores intensivos en capital, que generan pocos puestos de trabajo”, explica Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas (PNUD) para América latina, que realizó un análisis de los datos que publica la Revista Forbes. 

Incluso entre los multimillonarios existen grandes disparidades. Mientras que el 40 por ciento tiene un patrimonio neto individual de entre 1 y 2 mil millones de dólares, los tres más ricos superan los 20 mil millones de dólares cada uno. El 80 por ciento del patrimonio lo acumulan los millonarios de México y Brasil.

La lista está encabezada por el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, que acumula una fortuna de 71.500 millones de dólares. Slim ocupa el número 15 del ranking mundial y es desde hace años quien concentra la mayor riqueza del continente. Le sigue el también mexicano Germán Larrea (Grupo México) que acumula un patrimonio de 26.100 millones de dólares. En tercer lugar se ubica la chilena Iris Fontbona que dirige la minera Antofagasta Plc y cuenta con una riqueza de 20.200 millones de dólares.

Los argentinos que integran el ranking son el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, con una fortuna de 6.200 millones de dólares. Con 3.400 millones de dólares, le sigue el empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, fundador de Pan American Energy. En tercer lugar se encuentra la familia Perez Companc, con 2.600 millones de dólares. Después aparece el dueño mayoritario de Laboratorios Roemmers, Alberto Roemmers, y por último Eduardo Eurnekian, con 1.400 millones de dólares.

El análisis lo realizaron técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes aseguran que la concentración de recursos en las manos de unos pocos es un problema que impacta en muchos frentes: “Cuando la concentración de recursos se traduce a una concentración del poder político, como muchas veces es el caso, puede provocar un círculo vicioso que perpetúa estos resultados y que distorsiona tanto las políticas como la asignación de recursos”, recuerdan.

Mientras las cuentas bancarias de los ricos suben, los pobres se empobrecen aún más: la Cepal afirmó que en 2020 la tasa de pobreza alcanzó al 33,7 por ciento de la población, y la de pobreza extrema al 12,5 por ciento, niveles que no se observaron en los últimos 12 y 20 años, respectivamente. En un contexto de encarecimiento de los productos básicos, este empeoramiento provocó, además, que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria se haya triplicado desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.

Gravar a los mas ricos

"Gravar a los más ricos podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover ganancias sociales y económicas generalizadas", recomienda el PNUD. Las recomendaciones de política tributaria para evitar la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres en la segunda región con más desigualdad del mundo suma cada vez más adherentes: el FMI, la Cepal, el Banco Mundial y la Ocde.

Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de San Pablo encontró que, en Brasil, una política de protección social de transferencias monetarias mensuales de 23 dólares al 30 por ciento más pobre de la sociedad, financiado con impuestos al 1 por ciento más rico, podría generar un impacto positivo del 2,4 por ciento sobre el PIB a través de efectos multiplicadores del consumo. Otro ejemplo más cercano en el país fue el resultado del aporte de las grandes fortunas.

"A medida que la pandemia continúa en la región, esta ejerce una presión cada vez mayor sobre nuestros sistemas fiscales y expone las grietas existentes en nuestras redes de seguridad social. Ahora debemos reinventar un nuevo camino a seguir, uno que sea más equitativo y sostenible que aquel en el que nos encontrábamos antes" , explican desde el PNUD que aseguran que “necesitamos sistemas de salud y seguridad social universales, evitar que las empresas digitales se lleven todas las rentas y poner impuestos no solo a los flujos sino también a la riqueza acumulada. Pero la pregunta es cómo, porque donde se está intentando se ve que no es tan sencillo”.

20 de julio de 2021

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Una ola de disturbios y saqueos jaquea a Sudáfrica

Al menos 72 muertos se contabilizan en seis días de estallido

Los incidentes se iniciaron tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel por desacato a la justicia. El hecho alimentó el malestar social frente a la pobreza, el desempleo y el impacto del coronavirus.

 

La oleada de disturbios y saqueos masivos que sufre Sudáfrica desde la semana pasada, con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática del país, acumula ya 72 muertos. Los incidentes continuaban el miércoles en algunos puntos de Sudáfrica a pesar de las intervenciones de la policía y el ejército, que intentan hallar a los instigadores. La escasez de alimentos y combustible empezó a amenazar a la nación africana tras el sexto día de una ola de violencia que tuvo su inicio tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. Ese hecho alimentó el malestar de la sociedad frente a los elevados niveles de pobreza y desempleo, y la gestión gubernamental de la pandemia de covid-19.

Saqueos, incendios y justicia por mano propia

De acuerdo al último balance oficial difundido por la policía, el total de víctimas fatales por los disturbios y saqueos ocurridos desde el pasado viernes asciende a 72, mientras que los detenidos ya son 1.234. El miércoles, aunque más reducidos que en jornadas previas, todavía se registraban incidentes en algunos puntos de las dos regiones más afectadas por la ola de violencia, que son la oriental provincia de KwaZulu-Natal y la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. 

La policía, completamente desbordada, tuvo que recibir el apoyo de 2.500 efectivos del Ejército y el miércoles, tras seis jornadas de escalada de la violencia, esa presencia se dobló hasta 5.000 soldados. Además la fuerza de seguridad indicó que están investigando cada una de las muertes, en principio relacionadas con las estampidas producto de los saqueos, pero también por explosiones, incendios y disparos.

"Estamos apretando el acelerador para que lo que ha pasado no vaya a más en términos de destrucción", prometió el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, en declaraciones a los medios durante una visita a un centro comercial devastado en el distrito de Mamelodi, a las afueras de Pretoria. El alto funcionario sostuvo la hipótesis de que "el crimen organizado podría estar escondiéndose detrás del hambre y los problemas sociales de la comunidad".

Cele, quien en los últimos días fue objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para prever y manejar la ola de vandalismo, advirtió también que los numerosos afectados por los incidentes no deben reaccionar aplicando justicia por mano propia. En ese sentido, en el distrito de Vosloorus, al sureste de Johannesburgo, se investiga la muerte de un adolescente que habría sido asesinado por choferes de taxis informales tras ser sorprendido intentando robar un negocio.

El principal centro comercial de la región fue devastado y parcialmente incendiado, y varios cadáveres fueron hallados en el lugar. "Nos pasamos la vida sirviendo a la comunidad y mira qué sacamos a cambio. Me rompe el corazón", decía abatido Mike de Freitas, de 45 años y dueño de una carnicería que había ido a verificar los daños. En la provincia de KwaZulu-Natal, los campos de caña de azúcar fueron quemados y el ganado robado. "La gente ha saqueado las tiendas y, ahora que no tienen comida, atacarán las granjas", lamentó el director de la organización agrícola AgriSA Van der Rheede.

En la ciudad costera de Durban las tomas aéreas mostraron a cientos de personas saqueando grandes tiendas comerciales. Una mujer fue vista tirando a su bebé desde el segundo piso de un edificio para salvarlo de un incendio, luego de que los negocios del piso de abajo fueran quemados. Transeúntes pudieron recibir al bebé sano y salvo. "Todo lo que podía hacer era confiar en completos desconocidos", dijo la joven de 26 años Naledi Manyoni en diálogo con la BBC, y contó que tanto ella como su hija Melokuhle se encuentran bien.

Los extensos daños materiales aún no fueron cuantificados y se teme que en los próximos días haya problemas de suministro de alimentos y de combustible, por lo que el miércoles muchos sudafricanos hacían cola desde primera hora en supermercados y en estaciones de servicio. Además la violencia obligó a interrumpir, por ejemplo, los servicios médicos para el tratamiento de condiciones de salud crónicas, como diabetes, tuberculosis y VIH, y la aplicación de vacunas contra la covid-19.

Según el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, los incidentes son de una magnitud nunca vista en democracia, solo comparables con la convulsa transición que Sudáfrica vivió a principios de los años noventa tras el final del sistema segregacionista del apartheid. "El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como pueblo", lamentó el lunes Ramaphosa en un mensaje a la nación.

De protestas pro-Zuma al malestar general

Jacob Zuma, de 79 años, fue un luchador contra el apartheid que pasó 10 años preso en la cárcel de Isla Robben, cerca de Ciudad del Cabo. En la Sudáfrica democrática llegó a ser vicepresidente y luego presidente, antes de ser depuesto por el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) en 2018 al proliferar una serie de escándalos de corrupción. Aún así, Zuma mantiene su popularidad entre muchos sudafricanos pobres, especialmente entre militantes de base del CNA que lo ven como un defensor de los marginados.

Los incidentes empezaron el viernes pasado en KwaZulu-Natal, cuna del expresidente, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por una de las causas de corrupción que lo salpican. Aunque Zuma se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, había estado insistiendo previamente en que era víctima de una persecución político-judicial y que la pena de prisión sería para él una "sentencia de muerte".

En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar caminos como muestra de apoyo. En los días siguientes las protestas se extendieron por KwaZulu-Natal y se replicaron en otras regiones. Para el fin de semana se habían transformado ya en una caótica oleada de disturbios, que más que con motivos políticos enlazan con problemas sociales preexistentes como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el descontento por la gestión de la pandemia.

15 de julio de 2021

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 Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Perú Pedro Castillo, se congregan para el cierre de su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 6 de junio, en la plaza Dos de Mayo, en Lima. — Stringer / EFE

Castillo ha encauzado la ira popular contra un aparato estatal pervertido por el abandono del interior, la corrupción sistemática y el modelo económico de libre mercado, que durante décadas ha dominado Perú y no ha sido capaz de sepultar sus enormes desigualdades.

 

Sin traje ni corbata, con sombrero "chotano" y un discurso descentralizado, Pedro Castillo encarna los valores humildes y campesinos de la zona andina del Perú, donde el candidato presidencial es aupado por maestros y agricultores, que ven en él una figura cercana y ajena a las élites limeñas.

"(Castillo) es pobre como nosotros, es una persona campesina. Él ha sufrido y ha vivido en carne propia como nosotros ahora estamos viviendo, trabajando con el sudor de nuestra frente", resumió a Efe la agricultora y vendedora de frutas Marcelina Condor. 

"Y cuando gane nos va a apoyar", agregó la joven desde el mercado municipal de Chota, capital de la humilde provincia homónima del norte de los Andes peruanos, perteneciente a la región de Cajamarca. 

Hijo de campesinos analfabetos, Castillo ha encauzado la ira popular contra un aparato estatal pervertido por el abandono del interior, la corrupción sistemática y el modelo económico de libre mercado, que durante décadas ha dominado Perú y no ha sido capaz de sepultar sus enormes desigualdades. 

Con una ligera ventaja en las encuestas frente a la derechista Keiko Fujimori, su rival en las elecciones del domingo, el candidato de Perú Libre -el "partido del lápiz"- tiene su bastión en el mal llamado "Perú profundo", ensalzado por el voto izquierdista pero conservador social de una población rural y pobre, relegada durante décadas por las élites capitalinas. 

La voz rural andina 

Como rondero, agricultor, maestro de escuela rural y sindicalista, Castillo ha logrado captar votantes fervientes entre los sectores más representativos de la sierra peruana, principalmente el magisterio rural y las rondas campesinas. 

Desde el distrito cajamarquino de Tacabamba, de donde es oriundo el candidato, el maestro Tomás Rolando aseguró a Efe que el postulante izquierdista es "el verdadero cambio que necesita la zona rural", sobre todo en materia de educación, salud y agricultura. 

"(Los maestros rurales) vivimos lamentablemente desabastecidos en todos los sentidos y la esperanza en el profesor Pedro está centrada en que él ha vivido nuestras experiencias de sacrificio y esfuerzo para trabajar en las zonas más alejadas", manifestó Rolando, quien antes de la pandemia se levantaba a las 3.00 de la madrugada todos los días para evitar llegar tarde a la escuela. 

El respaldo al paisano también es abrumador entre los campesinos de la región de Cajamarca, muchos de ellos ronderos, para quienes Castillo resulta una figura familiar, que luce como ellos el típico sombrero de paja y ala grande y acude a votar montado en una yegua. 

Y, claro, lo ven lejos de los enjuagues de la lógica centralista que encarna la hija y heredera política del expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000), quien creció rodeada de guardaespaldas en el palacio presidencial. 

"Somos hinchas del lápiz porque queremos para la agricultura, pues esa la Keiko para la agricultura no ofrece nada", espetó a Efe el rondero Segundo, mientras labraba la tierra, sin soltar la pala de madera que sujetaban sus callosas manos. 

Le faltó tiempo para añadir, insatisfecho: "Somos del lápiz porque del otro (Fuerza Popular) no tenemos que ver ná". 

El rechazo a un modelo 

Para el sociólogo Pedro Sánchez, ese voto a Castillo revela a todas luces "el fracaso rotundo" de la reforma estructural que había iniciado el Perú en 2002 con el proceso de regionalización, impulsado durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) para superar el excesivo centralismo de Lima.

El maestro representa "ese reclamo de las provincias, del interior", que rechaza "un modelo que todavía no ha llegado homogéneamente a todos los sectores del país", resumió a Efe el docente principal de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

En el mismo sentido se expresó el profesor de educación primaria Wilson Carranza, un vecino de Tacabamba convencido de que el Perú está "a un paso de consolidar la lucha del pueblo que ha venido año tras año organizándose, saliendo a las calles y reclamando sus derechos".  

"En nuestro Estado, lamentablemente, el poder ha estado solamente en un grupo, y eso ha llevado a que la clase trabajadora despierte y alce su voz", sostuvo a Efe Carranza, quien no pudo dejar de mencionar la gran huelga de profesores que lideró Castillo en 2017 y lo puso en el candelero mediático. 

Así, el apoyo sin fisuras detrás del candidato es también un altavoz del descontento de las clases populares al ver que los sistemas económico y político vigentes no han sabido resolver las enormes brechas sociales ni los han sacado de la pobreza. 

Arraigado antifujimorismo 

Tampoco serán pocos los que apostarán de mala gana por el maestro tan solo para evitar que Fujimori logre alcanzar el sillón presidencial. 

Para militantes "antifujimoristas", como la comerciante María Medina, los anticuerpos que genera la "trinidad" del padre, hija y espíritu constitucional de 1993 no les dejan otra opción que votar por el "nuevo". 

"Ya no queremos a gente corrupta y Pedro no tiene ninguna caída todavía", aseveró a Efe la mujer, en alusión a la acusación de más de 30 años de prisión que afronta la candidata de Fuerza Popular por presunto lavado de dinero.

Chota. 04/06/2021 17:25

Carla Samon Ros / EFE

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Colombia: un mes de paro y un futuro incierto

No es extraño que la juventud colombiana –cada vez más afectada por la desocupación y la pobreza– sea uno de los sectores más activos en las protestas. Sin embargo, está poco representada en las negociaciones. La estrategia del gobierno, que apuesta a una mezcla de represión y diálogo, ha venido contribuyendo a la erosión de la credibilidad de las instituciones, mientras los actores políticos comienzan a mirar hacia las elecciones presidenciales del próximo año.

En el último año, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema en Colombia. En 2020, 42,5% de la población vivió en condiciones de pobreza, lo que indica un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del 2019 (35,7%). Hoy, en total, son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales (aproximadamente 88 dólares)  y 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos (aproximadamente 39 dólares). Las estimaciones sugieren que se ha retrocedido al menos una década de lucha contra la pobreza en el país.

Fueron las grandes ciudades las que más sufrieron los efectos de la pandemia y de las políticas de confinamiento. En Bogotá, por ejemplo, el número de personas que viven en condición de pobreza es de 3,3 millones; le sigue Antioquia (cuya capital es la segunda ciudad más importante del país, Medellín) con un total de 2,32 millones, Valle del Cauca (su capital es la tercera más importante del país, Cali) con 1,67 millones, Bolívar (1,71 millones), Córdoba (1,092 millones) y Atlántico (1,04 millones).

Dos de los sectores más afectados por la crisis en Colombia son las mujeres y los jóvenes. 46,7% de las mujeres en Colombia hoy vive en situación de pobreza, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de 40,1. Según el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), «la brecha de género aumentó durante la pandemia y esto necesariamente golpea la incidencia de pobreza en aquellos hogares donde la mujer es cabeza de hogar». La situación de los jóvenes también se precarizó: la tasa de ocupación para el total de personas entre 14 y 28 años fue de 42%, con una disminución del 1,6% comparado con el trimestre enero-marzo de 2020 (43,6%). El desempleo joven fue 23,9%, con un un aumento de 3,4% frente al trimestre enero-marzo de 2020 (20,5%). 

Esto último explica por qué los jóvenes han sido los protagonistas de la movilización social en Colombia, que se reactivó contra la reforma tributaria en abril pasado y prosiguió con otras reivindicaciones como el rechazo a la reforma sanitaria del gobierno. En las protestas del 2019 se habían organizado para llamar la atención sobre una situación que la pandemia solo contribuyó a empeorar. No solo estaban viendo sus expectativas de trabajo reducidas, sino que adicionalmente, sus posibilidades de obtener educación superior estaban decreciendo. Las universidades públicas no contaban con suficiente inversión estatal para ampliar sus cupos y el ingreso a universidades privadas los estaba dejando altamente endeudados. Para colmo, la pandemia no solo contribuyó a expulsar a los jóvenes del mercado laboral sino también del sistema educativo: en el 2020 un total de 243.801 estudiantes desertaron del sistema escolar oficial y no oficial, lo que corresponde al 2,7 %.

Si se ponen todos estos datos juntos es fácil entender por qué los barrios más pobres de las grandes ciudades han sido aquellos donde la movilización se ha tornado más multitudinaria. Se trata de una situación mala que ha empeorado ostensiblemente gracias a la pandemia. En muchos casos, además, estos son lugares en los que operan grupos ilegales (ya sean disidencias de la guerrilla, grupos dedicados al microtráfico o a otras formas de criminalidad) y que ven en estos jóvenes posibilidades de reclutamiento. Estos barrios recibieron y siguen recibiendo familias víctimas del desplazamiento forzado que lo abandonan todo para buscar protección en el anonimato que les brindan las ciudades grandes. Los jóvenes pertenecientes a estas familias sufren de un desarraigo que solo termina de acentuarse gracias a la falta de oportunidades laborales y de educación. 

Por si todo lo anterior fuera poco, su relación diaria con la policía puede ser definida como una de tensión constante en la que el asedio, la detención ilegal y los abusos son el pan de todos los días. Lo que ya era un problema endémico solo empeoró durante la pandemia en virtud de los poderes adicionales que se le entregaron a la fuerza pública para hacer que el confinamiento y las medidas de bioseguridad se cumplieran. Mientras estos jóvenes y sus familias no hacían sino empobrecerse encerrados y sin posibilidad alguna de que esta difícil situación cambiara en el futuro más inmediato, en la calle la policía era cada vez más poderosa y más dueña del espacio público. Así las cosas, cuando la desesperada situación económica no se pudo contener más, el choque entre la frustración de estos jóvenes y la fuerza policial fue de una brutalidad sin precedentes en el pasado reciente colombiano.

Hay un problema adicional que dificulta aún más la situación y sus posibilidades de solución. La ciudadanía colombiana ha venido desarrollando una creciente desconfianza ante las instituciones estatales y ante los partidos políticos. En 2004, según el Observatorio de la Democracia, la satisfacción con la operación de las instituciones era de un 57,7% y hoy es de solo 18,2%. La falta de credibilidad de las instituciones estatales está acompañada, además, por una caída en la confianza frente a los medios de comunicación e incluso frente a las mismas organizaciones sociales.

Así las cosas, la única forma en la que muchos creen que se puede tratar de obtener respuestas frente a sus demandas es a través de la protesta. Han perdido la fe en que una respuesta adecuada se pueda lograr a través de la democracia representativa. La consecuencia inmediata es que los canales de comunicación entre el gobierno y la gente que protesta en las calles están taponados y truncados. Todos insisten en que la única salida a la actual situación, después de un mes de paro, es la negociación. Pero no es una tarea fácil identificar a los interlocutores. Si bien hay un Comité del Paro con quien el gobierno está intentado dialogar, la queja constante de quienes protestan es que los miembros del comité no los representan. Y no es un capricho. Para dar solo un ejemplo: la única persona joven allí representada es una activista del movimiento estudiantil universitario y ello contrasta con el hecho de que muchos de los jóvenes que protestan están saliendo del sistema escolar y tienen remotas posibilidades de ingresar a la universidad.

El gobierno, mientras tanto, ha preferido apostar con más vehemencia a una estrategia de orden público para tratar de contener la movilización. Constantemente criminaliza la protesta, hace un énfasis desproporcionado en el daño material que produce el paro, se presenta como víctima de intereses electorales y, haciendo uso de todas estas estratagemas, solo contribuye a restarle agencia y voz a quienes protestan. Si a eso se le suma su complicidad y nula actitud crítica frente al abuso policial, es fácil deducir que es el gobierno mismo quien ha contribuido a que el paro se prolongue y la protesta se haga cada vez más masiva.

La inmensa debilidad de la administración Duque, a quien ni siquiera su propio partido acompañó a sacar adelante la propuesta de reforma tributaria que desencadenó las manifestaciones, es el principal obstáculo para salir del atolladero. No tiene capacidad de convocatoria para liderar un diálogo de concertación alrededor de las medidas que es necesario adoptar y, por tanto, su única salida es muy poca zanahoria y grandes dosis de garrote en las calles. El garrote produce más escenarios de posibilidad para la violencia policial y la reacción de la comunidad internacional ante las violaciones a los derechos humanos lo hacen ver acorralado. Al punto que en una decisión sin precedentes, el gobierno nacional ha rechazado el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una visita in loco que les permita evaluar la situación de derechos humanos en el país después de un mes de paro. Y luego señaló que sí, pero «no por ahora».

Lo más dramático es que cada día que pasa es un día que se pierde en el proceso de adoptar e implementar medidas de emergencia para ayudar a paliar la desesperación económica de tantas familias empobrecidas. Cada día que pasa, la estrategia del gobierno contribuye a minar más la confianza de la gente en las maltrechas instituciones colombianas. Los organismos de control que deberían velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos han sido cooptados por el gobierno y perdido toda su capacidad de constituirse en entes de vigilancia del comportamiento del gobierno y de la fuerza pública.

La clase política, por su parte, parece sumida en un sueño profundo provocado por los intereses electorales ya activados con miras a las votaciones del año entrante. La izquierda partidista, siempre protagonista de las reivindicaciones sociales, ahora es cautelosa porque quiere evitar que la acusen del caos y los desmanes de la protesta. La derecha hábilmente espera al acecho porque sabe que una protesta degradada y desgastada es su mejor oportunidad para re-encauchar el discurso anti-«castrochavista» y el poder de la mano dura. Y, finalmente, el centro político ha tomado la decisión de iniciar su desvertebramiento justo en esta coyuntura. Las posibles salidas lucen remotas y el liderazgo político colombiano parece a la baja, ya con pocas dosis de imaginación

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Salud mental, determinantes sociales y protección social

La pandemia de Covid19 ha hecho aflorar a primera línea de la agenda política y social la necesidad de cuidar la salud mental de la población. Las clases sociales y los determinantes y condicionantes impactan de forma clara en la salud de las personas. Cómo hacerle frente requiere de una acción coordinada, donde la Renta Básica Universal puede tener un protagonismo central.

Las consecuencias de la crisis de la Covidien-19 en la salud mental de la población están siendo claras y reales. La relación entre pandemia y salud mental es evidente y el sufrimiento psíquico por el confinamiento es manifiesto. ¿Pero afecta a todos por igual? ¿Como repercute quedarse sin empleo o sin ingresos en la salud mental? ¿Cómo afecta la incertidumbre económica en la salud mental? ¿Qué son los determinantes de la salud? ¿Hay alguna manera de poder protegernos ante esta inseguridad económica?

Abordaremos algunos conceptos entorno a la salud mental (algunos de ellos polémicos y equívocos) para clarificar y reducir algunas confusiones, antes de explorar una medida como la Renta Básica universal que supondría una protección social a lo largo de la vida para toda la población, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud (1).

¿Qué es la salud mental?

La definición más seguida por la comunidad científica sobre qué entendemos como salud mental, es la que propone la OMS -definición que podemos encontrar en su página web.

La describe como «un estado de bienestar completo, en el que el individuo es capaz de desarrollar plenamente sus capacidades, superar las tensiones de la vida, trabajar de manera productiva y provechosa y contribuir con sus aportaciones a la comunidad». Aunque esta definición pueda pecar de ambiciosa, tiene la virtud de abarcar y capturar todo lo que puede ser un concepto tan difícil de definir, y tan amplio, como el de salud mental. Ahora bien, según esto podríamos inferir que la salud mental de nuestras sociedades en este momento tendría muchos déficits, teniendo en cuenta que una parte importante de la sociedad ha quedado excluida de la posibilidad de trabajar de manera productiva y provechosa, y sin poder contribuir con sus aportaciones a la comunidad. Y aquellos o aquellas que lo pueden hacer, también sería conveniente saber en qué condiciones desarrollan su trabajo, pues como veremos más adelante trabajar en según qué condiciones perjudica o empeora la salud (2).

Si bien la salud mental es un componente fundamental, y es más que la ausencia de la enfermedad mental clínicamente definida, hay un debate considerable sobre qué constituyen los elementos necesarios para hablar de salud mental positiva o del bienestar emocional. Sin embargo, la salud mental es un elemento fundamental de resiliencia, de capacidades y adaptación positiva para hacer frente a la adversidad y desarrollar las capacidades y los potenciales humanos (3).

Actualmente, conocemos que los problemas de salud mental, según la OMS, tienen un 25% de prevalencia en la población. Es decir, una de cada cuatro personas se verá afectada a lo largo de su vida por una problemática de salud mental. Unos problemas que desde hace un tiempo tienden a aumentar.

Los Trastornos mentales

El trastorno mental es otro concepto complicado, cambiante, heterogéneo y difícil de definir. Allen Frances (1942), uno de los autores principales que confeccionó lo que se conoce como «la biblia» de la psiquiatría, el llamado DSM [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders] -el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría- es bastante claro cuando considera que “he revisado docenas de definiciones de trastorno mental -y yo mismo he escrito una por el DSM-IV pero no he encontrado ninguna que sea mínimamente útil para determinar qué condiciones deberían considerarse trastornos mentales, y cuáles no, o para decidir quién está enfermo y quién no”(4).

La definición de trastorno mental del filósofo Jerome Wakefield, tiene un sentido bastante preciso: “un trastorno mental existe cuando algún sistema psicológico interno no funciona tal como está diseñado para esta función, y esta disfunción está definida como inapropiada en un contexto particular” (5).

Resulta importante destacar estos dos elementos: «disfunciones internas» y «socialmente inapropiada». Así, por ejemplo, no podemos establecer la existencia de un trastorno mental sólo por la consideración de un comportamiento social -o político- como inapropiado, como ha sido el caso en determinados regímenes políticos a lo largo de la historia.

Estas realidades reflejan la combinación entre las disfunciones internas -de carácter universal- y los valores del contexto social y cultural. Por ejemplo, no entrarían en la categoría de trastornos mentales las respuestas psicológicas a las consecuencias de condiciones sociales, producto del estrés intenso de perder un empleo o de quedarse sin vivienda por un desahucio.

En el ámbito de la salud mental uno de los aspectos más problemáticos, controvertidos y fuente de disputas es el del diagnóstico. A estas alturas no se ha podido demostrar que las entidades patológicas que se describen en estos manuales se corresponden con una verdadera patología clínica delimitada o enfermedad (6).

A lo largo de la historia nos encontramos con problemas de abusos y de aplicación de categorías psiquiátricas que no se corresponden, con lo que supone para estas personas de poder sufrir los efectos perjudiciales de un diagnóstico psiquiátrico y que lo pueden arrastrar durante muchos años, con todo el estigma que conlleva. Entre estos efectos, junto con la pérdida de la libertad personal y tratamientos psiquiátricos determinados, existe la posibilidad de quedar «etiquetado» para siempre y sufrir desventajas sociales y legales, desde la pérdida de un puesto de trabajo hasta la declaración de incapacidad civil.

Otro aspecto a destacar es que bajo la presión de la industria farmacéutica ha ido aumentando el número de diagnósticos a medida que van pasando los años: en el DSM-I, en 1952, había 106 diagnósticos, en el III ya eran 265, en el DSM-IV del 2000, casi 400. en el DSM-V ya se supera esta cifra con creces. Si en 1880 sólo había 8 categorías de enfermedad mental, el aumento hasta ahora ha sido muy considerable y cualquier persona puede tener alguna probabilidad de padecer un trastorno psiquiátrico, difuminando la diferencia entre la normalidad y la patología (7).

Los determinantes sociales y las desigualdades en salud

Los determinantes sociales, más allá de los condicionantes biológicos y psicológicos que nadie discute, afectan a nuestra biología y nuestra salud. Para determinantes sociales entendemos, siguiendo lo que la OMS señaló en la Comisión sobre determinantes sociales en salud que se creó en 2005, tres componentes principales: 1) el contexto socioeconómico y político; 2) los determinantes estructurales y la posición socioeconómica; y 3) los factores intermediarios -más cercanos.

El contexto socioeconómico y político se refiere a los factores que afectan de forma importante a la estructura social y la distribución de poder y recursos en una sociedad. Se incluyen el gobierno en un sentido amplio: la tradición política, la transparencia, la corrupción, el poder de los sindicatos ... y los actores económicos y sociales existentes como los bancos y las grandes corporaciones, entre otros. Estos factores determinan las políticas macroeconómicas como son las políticas fiscales, las políticas que regulan el mercado de trabajo, las políticas del estado del bienestar -sanidad, enseñanza, servicios sociales, protección social. Estos factores estructurales tendrían que ver con las acciones y prioridades de los respectivos gobiernos, las empresas y las diversas fuerzas sociales y políticas, los sindicatos y otras fuerzas que tengan que ver con la toma de las decisiones políticas (8).

La Comisión de la OMS aportó mucha evidencia científica y demostró cómo, en comparación con los individuos que tienen más riqueza, poder y educación, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son las que tienen los peores perfiles de exposición a factores biológicos, conductuales y servicios sanitarios, lo que se manifiesta en un peor estado de salud.

Entre los factores sociales, la Comisión destaca las malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, el no disponer de una vivienda digna y bien acondicionada, no disponer de agua potable y la falta de protección social y de servicios sociales.

Por lo tanto, el origen de las desigualdades en salud deriva del conjunto de determinantes sociales, económicos y políticos. Es lo que la Comisión llamó «las causas de las causas» de la enfermedad y la desigualdad. En definitiva, la desigual distribución en el poder económico y social entre países y entre clases, condiciona las políticas sociales y económicas, y que a la vez repercuten en la salud de las personas (9).

Dos autores que han investigado mucho sobre las desigualdades como son Richard Wilkinson (1943) y Kate Pickett (1965) consideran que los seres humanos somos muy sensibles a la desigualdad y esta «se mete bajo la piel» (10).

Sabemos que la desigualdad es uno de los mayores determinantes de la salud de las poblaciones, en especial de la salud mental. A mayor desigualdad hay una mayor prevalencia de problemas de salud mental. y la desigualdad de ingresos aparece como un factor decisivo para determinar la salud mental de una sociedad.

Salud mental e insuficiencia de ingresos

Los ingresos económicos están directamente asociados con el nivel de salud. Hay una relación directa entre ingresos y bienestar emocional que se da en todas las sociedades.

Sabemos que la pobreza impide a las personas el acceso a una vida digna, a la educación, al transporte y otros factores vitales para la plena participación en la sociedad. Ser excluido de la vida social y recibir un tratamiento de inferioridad causa peor salud y genera mayores riesgos de sufrir una muerte prematura. Asimismo, la pobreza impide las funciones cognitivas, evitando dedicarlas a otros ámbitos y tareas que no sea estrictamente la supervivencia diaria (11).

Las personas desempleadas, las minorías étnicas, la gente trabajadora inmigrante, las personas con discapacidad, las refugiadas y las personas sin hogar están más expuestas a la pobreza y, por tanto, a sufrir problemas de salud importantes. Es sabido que las personas que viven en la calle tienen el índice más elevado de muerte prematura y una esperanza de vida 26 años inferior a la media de la población (12).

Más concretamente en cuanto a la salud mental, también hay suficiente evidencia de que el estrés que produce vivir en la pobreza es particularmente perjudicial para las madres durante el embarazo, los bebés, los niños y niñas y la gente mayor (13).

Desde el inicio de la pandemia del Covidien-19 estamos viviendo tiempos de incertidumbre, y el miedo al futuro y la ausencia de perspectivas para los próximos años está generando un aumento de problemas de salud mental que diversas investigaciones están poniendo de manifiesto. La gente que tiene más inestabilidad e inseguridad laboral presenta más síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión y el insomnio (14).

Sin seguridad económica en la vida de las personas, éstas no pueden actuar racionalmente o no se puede esperar que lo hagan (15). Si los mercados de trabajo desde hace años son lugares inseguros donde hay empleos inestables, las entradas y salidas intermitentes de los trabajos son frecuentes, entonces las incertidumbres económicas considerables y los malestares psicológicos pasan factura a la salud mental cuando los ingresos o salarios peligran; por tanto, hay que emprender medidas para garantizar unos ingresos para toda la ciudadanía para, entre muchas razones, proteger la salud de la ciudadanía.

Políticas de protección social y salud mental

Aplicar políticas de protección social a lo largo de la vida es una de las recomendaciones del informe de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS (16). Entre otras recomendaciones que se hacen en este informe cabe destacar la que hace referencia a la protección social a lo largo de la vida, concretamente:

  1. Aplicar políticas de protección social universal de amplio alcance o mejorar las existentes para que toda la población disfrute de un nivel de ingresos suficiente y pueda tener una vida sana.
  1. Conseguir que los sistemas de protección social incluyan a quienes suelen estar excluidos: personas en situación de precariedad laboral, en particular quien trabaja en el sector no estructurado, el servicio doméstico o la asistencia a otras personas.

Cuando hablamos de protección social a lo largo de la vida, una medida como la Renta Básica universal (RB) aparece por tanto como una herramienta para garantizar la existencia material de la ciudadanía y también para prevenir y proteger la salud mental.

La RB es un ingreso pagado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien conviva (17).

Seguridad económica y salud mental

La RB es una de las propuestas que durante los últimos 35 años han sido estudiadas y en algunos lugares también experimentadas y analizadas con unos resultados generalmente bastante positivos. Una RB universal e incondicional, a diferencia de las prestaciones condicionadas y sujetas a una contribución, características del actual sistema de prestaciones, sería otorgada a toda persona independientemente de su condición social y económica.

Una RB podría constituir una respuesta robusta y racional a la falta de protección social que actualmente sufren millones de personas debido a la situación creada por la pandemia de Covid19, así como contribuir a prevenir y mejorar los problemas de inestabilidad psicológica y de salud mental que aqueja a una parte muy considerable y creciente de la población.

Como se ha comentado anteriormente, sufrir una posición de inestabilidad por la dependencia económica de otros o de inseguridad por una contratación precaria, por miedo a ser despedido, no tener ingresos si no se trabaja ... todas estas situaciones son agentes muy estresantes y pueden ser causa de problemas considerables de salud mental, como están mostrando diferentes estimaciones en los últimos tiempos (18).

La importancia de tener unos ingresos económicos regulares o una seguridad económica para la salud mental se ha puesto de manifiesto en diversos estudios, simulaciones y experimentos que se han realizado alrededor de una RB. Estos estudios realizados en lugares tan diversos como Barcelona, California, Canadá, Finlandia, India, Irán, Kenia, Namibia, Utrecht ... han mostrado mayoritariamente que la salud mental y la tranquilidad psicológica han salido beneficiadas (19).

Estos estudios y experiencias nos pueden orientar mucho mejor por donde tenemos que buscar soluciones más estables y de larga duración a los problemas de salud mental derivados de la falta de ingresos y de protección social.

RB: seguridad económica y salud mental

A partir de los estudios realizados, se puede concluir que la seguridad económica que puede proporcionar una RB podría reducir considerablemente el estrés que actualmente sufren determinados sectores de la población como las personas desempleadas, las trabajadoras con contratos precarios, las trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, la población inmigrante de países empobrecidos, la gente que realiza excesos de jornada o tienen dos o más trabajos para llegar a fin de mes ... en definitiva, personas que tienen unas condiciones laborales que impactan en la salud mental de la población.

La pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de una RB supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. La RB puede ser, por tanto, un buen factor de protección para la salud mental. En una situación de grave crisis derivada de la pandemia de Covidien-19, donde el paro se ha disparado, con la perspectiva de que sea de forma prolongada, y donde está creciendo la pobreza relativa y absoluta, el acceso a una RB cobra mayor importancia social. Más aún con las dificultades actuales de conseguir empleos estables y dignos. Lo que se constata como transitorio e inestable es la ocupación misma -y especialmente el empleo de calidad. Como ya es sabido, el aumento de trabajadores que pese a tener un empleo son pobres es una realidad creciente en nuestras sociedades y supone ya más de un 12% de la población trabajadora (20).

Una de las consecuencias más señaladas de la RB sería la gran mitigación de la pobreza. Incluso permitiría de manera realista plantear su efectiva erradicación si la RB superara el umbral de la pobreza. No sólo posibilitaría sacar millones de personas de esta situación, sino que construiría un soporte de protección, al ser preventiva y no paliativa, al percibirla exante y no a posteriori de caer en la pobreza.

Reducir la dependencia material y mejorar la salud

Es de suponer, también, que los sectores más castigados en el mercado laboral en épocas de crisis, por las condiciones de precariedad del empleo, con empleos poco gratificantes y con bajos salarios como es el caso de buena parte de la juventud, de inmigrantes pobres, de muchas mujeres, de personas con discapacidades, de mayores de 45 años que buscan trabajo, por citar sólo algunos sectores, podrían tener con la RB un colchón económico más estable, aumentando su capacidad de decisión de continuar o no en un trabajo que está perjudicando su salud.

Tener garantizada una RB de unos 700-800 euros mensuales -el umbral de pobreza de Catalunya- y que sea compatible con otras fuentes de ingresos facilitaría que muchas personas que actualmente cobran algún tipo de subsidio -no compatible con el trabajo remunerado- pudieran entrar en el mercado de trabajo sin temor a perder la RB, a diferencia de las prestaciones condicionadas existentes que provocan en muchos casos la llamada «trampa de la pobreza» y que se da cuando una persona perceptora de un subsidio condicionado no tiene incentivos a buscar un empleo y realizar un trabajo remunerado, ya que implica la pérdida total o parcial del subsidio.

Tampoco favorecería el pequeño fraude fiscal que se genera por el hecho de cobrar un subsidio junto con un empleo en negro o sumergido, para complementar unos subsidios condicionales de unos importes muy escasos.

La incertidumbre de tener garantizada la propia subsistencia, como se ha comentado anteriormente, es un factor que impacta en la salud mental; asimismo las personas que ya sufren de problemas mentales podrían tener una cierta tranquilidad psicológica con una RB, sabiendo que su subsistencia no dependerá de una alteración o variación en su estado psicológico y que esto pueda suponer perder el trabajo (21). En plena crisis económica derivada de la Covidien-19, esta situación de incertidumbre se ha agudizado considerablemente.

También se han realizado estimaciones de los gastos económicos que se podrían ahorrar con una RB, a pesar de que es difícil cuantificar; pero una parte de estos costes es muy probable que se redujeran sobre todo con respecto a determinados tipos de trastornos-ansiedad, de ánimo… (22). La OMS hizo un informe hace unos años en el que se cuantificó los costes sociales por causas atribuidas a problemas de salud mental en Europa, y se estimaba entre un 3% y un 4% del PIB de un país; por tanto, la mejora de la salud mental tiene efectos también positivos en las economías de los estados (23).

Si la renta básica fuera universal podrían desaparecer algunas pensiones y prestaciones con cuantías insuficientes y miserables y que van asociadas a unos requisitos estigmatizantes; las cuales, al mismo tiempo, están descoordinadas y con diferentes criterios entre sí, aumentando la complejidad administrativa y burocrática de la protección social, hecha a buen seguro para limitar el acceso de la gente a pesar de su derecho, produciéndose el efecto conocido para non-take-up (24).

En cambio, las relaciones asistenciales entre usuarios y profesionales de los servicios sociales deberían estar más orientadas a tratar determinados problemas y ayudar a las personas vulnerables a ser más independientes y capaces, no tanto a dedicar esfuerzos a tener que controlar y fiscalizar sus pensiones o prestaciones insuficientes por imperativo de la administración o de forma arbitraria.

En diciembre de 2016 la prestigiosa revista British Medical Journal publicó un artículo sobre los efectos específicos que una RB podría tener en la salud en comparación a las tradicionales políticas de protección social focalizadas y condicionadas para las personas más vulnerables, y  destacaba dos ventajas: la RB, al concederse a todo el mundo y no sólo a las personas que pueden demostrar que son pobres, se acabaría percibiendo por la población como un seguro general contra la pobreza, factor que daría una gran tranquilidad psicológica: saber que siempre tendrás derechos a unos ingresos si la vida te va mal. La segunda razón deriva de su incondicionalidad: no sólo libera tiempo para los trámites burocráticos -que sabemos que son muchos como podemos ver a diario con los requerimientos para acceder al Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya- para demostrar que efectivamente eres pobre, con lo que supone de estigma social y sus efectos psicológicos comprobados y que no son nada positivos. La RB posibilitaría negociar en el mercado laboral con mejores garantías para rechazar empleos que pueden ser perjudiciales para la salud.

Como podemos ver, pues, hay muchas razones para pensar que una RB sería una buena medida para mejorar y proteger la salud mental de la ciudadanía, y también para reducir las desigualdades sociales en un mundo donde la incertidumbre económica está provocando estragos entre la población.

Fuente: este artículo salió publicado originalmente en catalán en la revista Eines n. 40 de la Fundació Irla (accesible en: https://irla.cat/publicacions/40-salut-i-justicia-social/)

Notas:

  1. OMS: “Subsanar las desigualdades en una generación” ¿Cómo?” Disponible en: www.who.int
  2. Raventós, S. “Crisis, salud mental y renta básica”. En Casassas, David; Raventós, Daniel (eds.) La Renta Básica en la era de las grandes desigualdades. Barcelona: Montesinos, 2010.
  3. Sobre este aspecto hay que ser cuidadosos y no caer en determinadas versiones sobre el voluntarismo acientífico del llamado “pensamiento positivo” que en años de crisis económica se ha querido vender de diferentes maneras: “oportunidad de crecimiento”, “la crisis es una oportunidad”, “tu eres el que decides”, o “tener pensamientos positivos cambia la realidad” son expresiones muy utilizadas por esta visión complaciente del mundo en que vivimos. Una crítica muy recomendable al “pensamiento positivo” es Ehrenreich, B. Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo. Turner: Madrid, 2012.
  4. Frances, Allen. ¿Somos todos enfermos mentales? Barcelona: Ariel, 2016.
  5. Horwitz, Alan. Creating mental Illness. Chicago: the University of Chicago Press, 2002
  6. Ramos, Josep. Ética y salud mental. Barcelona: Herder, 2018.
  7. Frances, Allen. Op.cit.
  8. BENACH, Joan; BORRELL, Carmen. “Los determinantes sociales de la salud”. A FERNÁNDEZ, Anaïs (eds.). El precio de la salud. Intereses, clase y modelo sanitario. Barcelona: Espacio Fábrica, 2014.
  9. Benach, Joan. La salud es política. Barcelona: Icaria,2020
  10. Wilkinson, Richard; Pickett, Kate. Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Madrid: Turner Noema. 2009
  11. Mani, Anandi (et al.). “Poverty impedes cognitive function”. A Science, núm. 341, 2013.
  12. Alexandre, Albert. “L’esperança de vida de les persones sense llar a Barcelona se sitúa 26 anys per sota de la Mitjana”. A La Directa, 31 de octubre de 2019. Disponible en: www.directa.cat
  13. Las condiciones de vida que se producen durante el desarrollo del niño o la niña que supone padecer estas privaciones y estos ambientes estresantes pueden tener consecuencias en la vida adulta. Ver Noble, “Los efectos de pobreza sobre el desarrollo cerebral en la infancia” en Sinpermiso.info de 8 de octubre del 2015. Disponible en www.sinpermiso.info
  14. Raventós, Daniel. La Renta Básica, ¿Por qué y para qué? Madrid: Los libros de la Catarata, 2021.
  15. Standing, Guy. La renta básica. Un derecho para todos y para siempre. Barcelona: Pasado y Presente
  16. OMS, op.cit
  17. Esta es la definición que hace la Red Renta Básica www.redrentabasica.org
  18. Wilkinson, Richard; Pickett, Kate. Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing, 2019.
  19. Raventós, D. op.cit.
  20. La tasa de riesgo de pobreza en el empleo se mantiene casi tres puntos por encima de la media de la Unión Europea (12,1% en Cataluña vs 9,4% UE) Ver ECAS, “Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social”.
  21. Ver en Raventós, S. Op.cit.
  22. Que según algún estudio los trastornos de ansiedad y del ánimo tienen un coste de más de 20.000 millones de euros anuales. Por ejemplo, ver: Parés-badell (et al.), “Costo of disorders of the brain in Spain”. A Plos One de 18 de agosto del 2014. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
  23. OMS. Libro verde de la salud mental en Europa. Ginebra: OMS, 2005.
  24. Como se pone de manifiesto en el documento EUROFOUND, Access to social benefits: reducing non-take-up; Luxemburg: Publication Office of the European Union, 2015. Disponible en www.eurofound.europa.eu Donde el estigma, la falta de información y la complejidad para acceder a las prestaciones suponen importantes barreras para la gente.

Por Sergi Raventós

es Doctor en Sociología y Trabajador Social en una Fundación de Salud Mental de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica.

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Un vendedor ambulante de fruta, la semana pasada en Yakarta (Indonesia).BAY ISMOYO / AFP

El Banco Mundial avisa de la correlación entre economía sumergida, bajo desarrollo y niveles elevados de pobreza y de desigualdad

Que el manto de la informalidad sobre el mundo en desarrollo es enorme se sabe desde hace décadas, pero cuantificarlo es una tarea titánica que solo se aborda de cuando en cuando. El Banco Mundial lo ha hecho este martes en una extensísima investigación de más de 300 páginas que concluye que el sector informal supone cerca de la tercera parte del PIB y más del 70% del empleo total de los países emergentes y en desarrollo, un epígrafe bajo el que está incluida toda África y la mayor parte de Asia y América Latina, así como algunas naciones de Europa del Este.

En su primer monográfico sobre informalidad, el propio organismo con sede en Washington califica el dato de “sorprendente” por lo elevado que es. Y recuerda que el hecho de tener una fracción tan importante de la economía en zona de sombra, fuera del rango de acción de los propios Estados —que no pueden recaudar ni regular todo aquello que escapa de su control—, está altamente correlacionado con un desarrollo más bajo, así como con altos niveles de pobreza y de desigualdad y con una —lógica— peor gobernanza.

Freno para la recuperación poscovid

Con la economía aún sufriendo las penalidades de la pandemia, el Banco Mundial alerta de que la informalidad “probablemente frenará” la recuperación de los países que exhiben unas tasas mayores. El motivo: al tener una parte tan sustancial de la actividad fuera del campo visual de las autoridades, la capacidad de recaudación cae y, con ella, el margen de maniobra de los Estados para poner en marcha políticas contracíclicas. Según sus datos, en los países en desarrollo que tienen una tasa de informalidad mayor que la media del bloque los ingresos públicos rondaron el 20% del PIB. Esa cifra es entre cinco y 12 puntos inferior a la de sus pares, y está a años luz del alrededor del 50% de recaudación fiscal de los países más desarrollados del mundo, como los escandinavos.

Pero no solo la potencia de fuego de la política fiscal se ve mermada: los técnicos del ente también subrayan que la precariedad del sistema financiero, directamente aparejada a la informalidad, inhibe los esfuerzos de la política monetaria, el otro gran cortafuegos disponible contra el derrumbe de una economía cuando pintan bastos.

Rezago de los colectivos más afectados

“Los trabajadores informales son, sobre todo, mujeres y jóvenes poco calificados que en medio de una crisis como la de la covid-19 a menudo quedan rezagados y tienen un acceso limitado a las redes de seguridad social cuando pierden el empleo o sufren graves pérdidas de ingresos”, subraya Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial.

Esa necesidad de ir al trabajo ha complicado aún más la lucha contra la pandemia, que ha contribuido a agravar en muchos países: ante la imposibilidad de desempeñarse desde casa, millones de empleados de diversos sectores (desde vendedores ambulantes hasta repartidores por cuenta propia o transportistas y conductores no registrados) se han visto abocados a seguir con su rutina ajenos a la pandemia para poder llevar algo de sustento a casa. Las rentas básicas temporales puestas en marcha por varios Gobiernos —muchos de ellos en América Latina— han ayudado a mitigar este problema, pero se han demostrado insuficientes en amplias capas de la población, que también son las que más han sufrido el azote del virus.

Mejora reciente, aunque demasiado lenta

El bloque emergente, que suma el 90% del empleo, está lejos de ser monolítico; más bien al contrario, es un abanico de realidades muy distintas entre sí. También en lo tocante a la informalidad. Los niveles más altos de economía en la sombra están en África subsahariana, con cerca del 36%, frente al 22% de Oriente Medio y el Norte de África, donde se contabilizan los niveles más bajos del bloque.

La informalidad no es un destino esculpido en piedra. Así lo demuestran las tres últimas décadas, en las que esta variable se redujo en cerca de siete puntos porcentuales en los países emergentes, hasta el actual 32% del PIB. Un descenso reseñable, aunque demasiado lento dados los todavía muy elevados niveles de economía sumergida, que los economistas del multilateral achacan “parcialmente” a las reformas aplicadas por los Gobiernos para aumentar el atractivo del sector formal a ojos de los trabajadores o para reducir el coste del tránsito de uno a otro. Aún queda un largo camino por recorrer.

Por Ignacio Fariza

Madrid - 11 may 2021 - 16:30 CEST

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