Domingo, 02 Agosto 2020 18:30

Cuando el melodrama es nuestra historia

Personas en situación de calle en el centro de París. AFP, CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

A propósito del ciclo de conversatorios “El general Naranjo”: entre la ficción, la realidad y la falsedad histórica. Un debate necesario, realizado entre el 8 y 10 de julio, organizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la fundación Carlos Pizarro y el periódico desdeabajo, reaviva la pregunta por los usos políticos del pasado y las luchas por la memoria cuando estas transitan por los medios de comunicación.

 

Tal vez es en la última década que los colombianos acudimos a un cambio en las narrativas de las series de televisión, me refiero a cierto boom o fijación con las adaptaciones telenoveladas de personajes que se han instalado en la historia del país y que van desde los siniestros Pablo Escobar, Carlos Castaño o “Popeye”, pasando por artistas como Joe Arroyo y Rafael Orozco, hasta sujetos más caricaturizados en las versiones audiovisuales como Luis Eduardo Díaz, más conocido por “La gloria de Lucho”.

Resalta como una constante en la mayoría de estos relatos la fusión de la realidad con la ficción, que en primera medida puede explicarse desde la construcción narrativa del clásico melodrama latinoamericano (los amores imposibles, los conflictos de clase, la bondad de los menos favorecidos, la necesidad de un antagonista), pero que sin lugar a dudas genera cierto nivel de debate entre aquellos que son expuestos desde sus vínculos directos como familiares y allegados con los relatos y sus protagonistas; familiares y allegados que demandan la reivindicación del derecho a la verdad –que una sociedad como la nuestra requiere–, más cuando la historia no logra posicionarse como una prioridad en las políticas que delimitan los currículos escolares y, por tanto, no alcanza a cobrar su dimensión de producción de referentes simbólicos para la comprensión de lo que somos y de lo que nos ha sucedido como sociedad.

El debate se intensifica cuando aludimos a una representación ficcionada de un pasado violento claramente identificable en la historia reciente del país y que, aunque puede estar resuelto en los fallos judiciales y en los acercamientos a una verdad histórica, aún actúa como un elemento sensible e irreconciliable en términos de las disputas por la memoria que intentan posicionar una versión particular de ese pasado no resuelto. Es el caso de “El general Naranjo”, la serie producida en el 2019 por FOX Telecolombia y que el Canal Caracol acaba de presentar en la televisión nacional.

Basada en el libro “El general de las mil batallas” de Julio Sánchez Cristo, se anunció en Colombia bajo la promesa de ser “la historia contada desde el lado de los buenos”, una historia para acompañar las noches de los fervorosos televidentes de este canal, pero que terminó siendo una versión bastante cuestionable de la historia de la Colombia de las dos últimas décadas del siglo pasado y las que van de este, con una clara intención de posicionar en la opinión pública una representación particular del pasado reciente de la violencia política en el país, de sucesos como la toma del Palacio de Justicia en 1985, que en ese entramado de ficción y realidad confunde y tergiversa los hechos investigados y documentados en fallos judiciales, libros y otras producciones culturales sobre este acontecimiento, estableciendo una versión ya recurrente en informativos y series de televisión que relacionan la toma del Palacio con una alianza entre el entonces M-19 y el cartel de Medellín, caso que al parecer en el libro de Sánchez Cristo no se relata como en la novela.

La disputa por la memoria

Estamos ante un tema que no es menor. La memoria en América latina ha significado la posibilidad de conservar los proyectos políticos de una clase. La memoria también ha sido el mecanismo por el cual se mantienen vivos aquellos hombres y mujeres vinculados a las luchas populares, que hoy ya no están pero que se convierten en inspiradores de colectivos y organizaciones. En el Cono Sur las maneras como se nombran y se explican los procesos de violencia política establecen el campo de las luchas por la memoria de los diversos actores involucrados.

Cuando estas representaciones del pasado se ponen en público y logran cierto grado de prevalencia en la sociedad, no solo están manteniendo “algo” que vale la pena recordar, sino que como lo plantea Eugenia Alier (2010), se constituyen en pasados-presentes, en la medida que permiten la construcción de unas identidades, referentes de acción y objetos de las luchas memoriales en las calles, en los centros educativos, en los medios de comunicación; con la pretensión de convertirse en las versiones socialmente legitimadas y apropiadas por la mayoría. Pero estas memorias también son un proyecto de futuro, pues permiten plantear un horizonte posible a partir de ese reconocimiento de un pasado particular y la proyección de las transformaciones necesarias en la idea de la no repetición o de lo que “no nos puede volver a pasar”.

Es por eso que no puede reducirse esta interpretación de la historia de Colombia, planteada en el argumento de cada capítulo del “General Naranjo”, a un requerimiento de la narrativa propia de las series de televisión y, por tanto, pasar por alto cada una de las “imprecisiones” históricas allí contenidas, pues sus efectos no son de poca monta ni en el presente ni en el futuro de nuestro ser nacional.

Si el alcance de las luchas por la memoria está en la construcción del sentido, es necesario pensar qué es lo que hacemos con los pasados que construimos desde estas series, a qué grupos o personas les interesa volver hegemónica estas interpretaciones y cómo estas memorias, elaboradas desde la lógica del entretenimiento, contribuyen al afianzamiento de un modelo social a la medida de quienes detentan el poder.
Pero la memoria no solo tiene implicaciones analíticas, también es una demanda social, de ahí la importancia de su articulación con la verdad y la reparación (justicia). Las experiencias en Argentina, Chile y Uruguay nos muestran que es importante el reconocimiento público de las memorias y su validación social, por ser el punto de partida para el enjuiciamiento de quienes perpetraron los ciclos de violencia. En estos países surgieron comisiones de investigación, y aunque les ha costado muchos años han logrado avances en ese sentido.

La particularidad histórica de Colombia complejiza esta pretensión, pues tal como lo plantea el debate sobre estas series televisivas, estamos disputando las memorias al tiempo que se recrudecen los ejercicios de violencia política. De ahí los interrogantes: ¿Cómo disputar un pasado que no acaba de pasar?, ¿o un pasado que es presente y que limita la emergencia de todas las versiones y de todas las voces?

Finalmente, propongo una problematización de lo que implican estas memorias del entretenimiento con su inestable búsqueda entre el acontecimiento y la ficción; una realización que, a partir de sus tramas melodramáticas y esa interconexión con las memorias de la violencia, logra captar la atención de la audiencia en tanto que ocupan el mismo espacio público y son canalizadas por las pantallas sin el cuestionamiento de sus espectadores.

De otro lado, corresponde pensar la manera de vincular experiencias desde las organizaciones sociales que estén produciendo sus memorias en lógica de lucha con estos relatos de los medios convencionales, para disputar en el escenario de lo público con otras representaciones del pasado, a través de lenguajes que reconozcan los intereses y preferencias de las mayorías hoy cautivadas por “caines”, “naranjos” y “capos”.

 

Referencia:
Allier Montaño, E. (2010). Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay. Montevideo: Instituto de Investigaciones Sociales unam/Editorial Trilce.

 

El General Naranjo: Entre la ficción, la realidada y la flalsedad histórica
julio 2020

Responsabilidad social en los medios de comunicación
(incluso en la ficción)
Julio 8 de 2020

Consecuencias, la distorsión de la memoria desde la televisión
Julio 9 de 2020

Narrativas, verades judiciales y verdad histórica
Julio 10 de 2020

 

Publicado enEdición Nº270
Las pandemias que no se combaten en América Latina

¿Hay vacuna para la pobreza? ¿Existe remedio para la evasión de capitales? ¿Se puede luchar contra el hambre? ¿Son viables una vivienda digna y una educación pública de calidad? Estas son algunas preguntas sobre las cuales reflexionar en medio de una hipersensibilización sobre las consecuencias humanas del Covid-19. Mientras los pobres mueren de enfermedades menos espectaculares, causas de la pobreza, y para las cuales hay cura como el sarampión o la difteria, la carrera por ver quién patenta primero la vacuna contra el Covid-19 concentra la atención mundial. No nos engañemos, a sus promotores les mueve la codicia. El beneficio económico. Detrás no hay causa humanitaria, interés por el bien común o preocupación social. Para saber de qué hablamos, baste señalar que mil 600 millones de personas, es decir, 22 por ciento de la población mundial, no reciben atención médica, sin olvidar los 115 millones, menores de cinco años, afectados por desnutrición crónica. A lo cual debemos sumar los 700 niños muertos diariamente por diarrea. Según Manos Unidas, organización nada proclive a la exageración, en 2020 se podría haber evitado la muerte de 5.4 millones menores de cinco años. Sin embargo, el hambre, la falta de condiciones higiénicas, la explotación infantil, el desempleo, la trata de mujeres no son considerados pandemia. Morir por esas causas es algo "natural". La necropolítica hace su aparición como forma de organización social del capitalismo. Achille Mbembe, teórico que acuñó el concepto, señala que el poder de la muerte y la política de la muerte, refleja "los diversos medios por los cuales, en nuestro mundo contemporáneo, las armas se despliegan con el fin de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones son sometidas a condiciones que le confieren el estatus de muertos vivientes".

La pandemia del Covid-19, y de todas las demás, evidencia la condición de muertes vivientes en las calles de Quito, Lima, Santiago, Bogotá, Río de Janeiro o Sao Paulo. Los cadáveres abandonados en las calles, producto de una desarticulación del sistema sanitario, convertido en negocio para las empresas de capital riesgo, atentan contra la dignidad humana. Los gobiernos que han privatizado la salud, quebrado el sistema sanitario, desprotegiendo a sus ciudadanos, son responsables. Aplican la necropolítica como arma de guerra. Y lo seguirán haciendo con o sin vacuna contra el Covid-19. Así ocurre con otras enfermedades donde el tratamiento es propiedad de una empresa. La pobreza, desnutrición o falta de higiene no son negocio. A las farmacéuticas les tiene sin cuidado su erradicación. No realizan investigación básica, sólo aplicada y con fines de rentabilidad. En este caso, hablamos de beneficios estratosféricos, que engrosarán la fortuna de empresarios, especuladores y consejos de administración. De esta pandemia unos pocos saldrán con los bolsillos llenos. La economía de mercado se encargará de ello. Con sólo pensar en la posibilidad de vender 2 mil millones de dosis para restablecer el equilibrio entre el virus y la inmunidad de rebaño, las ganancias serán obscenas. Siempre ha sido igual. Basta ver el tratamiento contra la hepatitis C. Su costo aproximado es de 1.5 euros y la dosis se vende por alrededor mil euros. Otro tanto ocurre con la vacuna contra la meningitis, del laboratorio británico GlaxoSmithKline, cuya inversión en I+D fue de 300 millones de euros. En tres años de comercialización (2015-2018) han obtenido beneficios por mil 200 millones. ¿Y para el tratamiento de Covid-19?, mientras no existe una vacuna, el Remdesivir es un paliativo que reduce el tiempo de recuperación, en otros términos, libera antes una cama de hospital. Su costo de producción, según los especialistas, no supera los cinco euros, la empresa lo vende en2 mil euros. A la hora de promover una investigación de cualquier enfermedad, la medida se realiza en términos de costo-beneficio.

Médicos Sin Fronteras, en un estudio de 2018, señaló que una vacuna o medicamento, en un país pobre cuesta 68 veces más que en uno desarrollado. No se discute la necesidad de encontrar una vacuna contra el Covid-19. Pero su distribución y venta no está pensada para toda la población. Los millones de ciudadanos que han soportado el confinamiento bajo el hambre, recurren a las ollas comunes, la solidaridad de clase y la resistencia para hacer frente a la pandemia. La crisis humanitaria no está en Venezuela, está en países donde el hambre, la evasión de impuestos, la pobreza, la desigualdad y la explotación se han cronificado, son pandemia y no interesa combatirlas.

Publicado enSociedad
¿Donaciones o lavado de imagen? Columna censurada 
El pasado martes 21 de julio nos enteramos que esta columna que sería difundida en el espacio de opinión del portal informativo Pulzo.com no fue publicada y se nos informó que nuestras columnas entrarían en un periodo de p  rueba por abordar "temas políticos" y no de derechos humanos. A continuación la damos a conocer, y en breve ampliaremos los detalles de este preocupante hecho de censura.
 

Las afectaciones a los derechos humanos en tiempos de pandemia han sido poco discutidas, a pesar de su importancia. La privatización de la salud pública y la desatención de la población por parte de gobiernos negacionistas, han afectado el derecho a la salud de millones de personas. Al manejo de la pandemia efectuado por los gobiernos de Brasil y Estados Unidos solo le cabe un adjetivo: catastrófico. A lo anterior, se suman las consecuencias de las medidas que procuran contener el virus. Las medidas de cuarentena, aunadas a la incertidumbre en la economía mundial, generan un riesgo de grave retroceso en los derechos sociales. Hoy millares de personas sufren inseguridad para garantizar alimentación, trabajo y vivienda.

En ese contexto, las donaciones se convierten en un elemento de solidaridad social para la crisis y la incertidumbre. Frente a Estados desmantelados por las reformas neoliberales y ante la negativa de implementar una renta básica, o un ingreso mínimo de emergencia para la población, la solidaridad ciudadana activa nuevas redes de afecto y cuidado compartido. En estos tiempos de pandemia, las donaciones han sido una práctica que ha aliviado necesidades y tejido apoyo mutuo.

Sin embargo, hoy tenemos buenas razones para mirar ciertas donaciones con sospecha. A nuestro juicio, algunos donativos no cumplen con el objetivo de ayudar, incluso pueden agravar los problemas que ya estamos viviendo o pueden ser resultado de una agenda que no es precisamente humanitaria.

El pasado 2 de julio la empresa transnacional Nestlé hizo entrega de desayunos en Bogotá y Medellín, que incluían comestibles ultraprocesados. Dicha donación tuvo un amplio despliegue publicitario en las redes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Algo similar ocurrió a finales de abril, con la entrega de 11 mil bebidas azucaradas y 16 mil comestibles de paquete por Pepsi Co; entrega que fue inicialmente publicitada en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero posteriormente tales publicaciones fueron borradas.

En una carta enviada a la alcaldía de Bogotá por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, expresamos que “organismos como UNICEF hoy recomiendan no aceptar donaciones de productos con altos contenidos de grasas saturadas, azúcar o sal por considerarlos ‘comestibles no saludables’. Las donaciones en especie de las empresas de bebidas y alimentos son aceptables cuando contienen únicamente alimentos saludables, preferiblemente producidos por productores locales. Productos como dulces, papas de paquete, embutidos, ‘comida chatarra”, o bebidas azucaradas como las gaseosas, no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud –OMS- sobre dietas saludables, por lo que entre otras medidas se ha buscado que dichos productos contengan sellos frontales de advertencia, y su promoción puede afectar el consumo de alimentos locales”.

Tales recomendaciones tienen mayor relevancia en este momento, pues la evidencia científica señala que el consumo excesivo de comida chatarra genera enfermedades no transmisibles, como la diabetes o la hipertensión, y que las personas que padecen tales enfermedades hoy son más propensas a enfermar de gravedad en caso de verse infectadas por el Covid 19. Por tales razones, en países como Uruguay el Ministerio de Desarrollo Social estableció un Protocolo para la evaluación de donaciones de alimentos que busca evitar, precisamente, las donaciones de comida chatarra e incentivar las donaciones de alimentos reales, nutritivos, producidos por campesinos locales.

La carta también señala una preocupación por la publicidad realizada con recursos públicos de estas donaciones: “A nuestro juicio, las instituciones públicas deben abstenerse de participar en ejercicios de ‘marketing asociado a causas’, en programas de donación impulsados por compañías que produzcan comestibles no saludables, y deben evitar a toda costa convertir las donaciones en oportunidades para que las marcas que donan hagan publicidad, o para que desarrollen estrategias de lavado de imagen”.

Vale la pena recordar que una empresa como Nestlé, una de las compañías transnacionales más grandes del mundo, ha sido acusada de vulnerar derechos humanos en varias ocasiones. En 1977 fue duramente cuestionada por impulsar una agresiva campaña publicitaria para vender sustitutos de leche materna en regiones del sur global que no contaban con agua potable; a la postre, la irrupción de estos productos generó un desestimulo a la lactancia materna, así como el desmejoramiento de la nutrición de los niños y niñas, e incluso un aumento de los fallecimientos infantiles. Esta compañía también es una de las mayores distribuidoras de agua embotellada del mundo, mientras varios de sus ejecutivos han afirmado que el agua no es un derecho humano. No es una casualidad que se opongan al derecho al agua, pues la compañía ha sido acusada en varias ocasiones de acaparamiento de ese bien común, así como de fomentar la violencia antisindical en Colombia. Sobre el asesinato de Luciano Romero, trabajador de esa compañía y dirigente sindical, aún hay mucho por aclarar.

Insistamos en que “recurrir a personal del Distrito, usar las redes sociales de sus entidades o emplear los canales públicos de prensa para favorecer campañas de lavado de imagen de empresas privadas genera un claro conflicto de interés que los servidores públicos deben evitar, en cualquier caso, en aras de garantizar transparencia y defensa de lo público”.

Finalmente, recordamos las palabras del periodista español Antonio Maestre, quien expreso que “una donación si se hace pública ya no es donación, solo marketing”. En algunos casos tales donaciones ya no son marketing, sino una clara campaña de lavado de imagen. Campañas que, por cierto, pueden ser muy funcionales a la hora de bloquear políticas de salud pública que buscan prevenir enfermedades, salvar vidas y proteger derechos.

 

Por Soraya Gutiérrez Argüello, Vicepresidenta Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

 

Publicado enColombia
Grafiti en la Comuna 13.- QUERALT CASTILLO

La Comuna 13, en Medellín, se abre camino a través del hip-hop, los grafitis y el arte popular. Las calles angostas donde se escondían antaño los sicarios de Pablo Escobar se han convertido ahora en una exposición al aire libre.

 

Estefany Riosco sonríe y pregunta a todo el que pasa si quiere un choricito. Lleva una camisa muy colorida estampada, un delantal de flores y un turbante rojo anudado a la cabeza. Aparenta más edad de la que en realidad tiene. 36 años y seis hijos, de 20,18,14,11,16 y el bebé, de 4 años. Hoy, ninguno de ellos la acompaña en el puesto, pero se ha traído a un sobrinito que, paciente, espera que su tía termine la jornada para poder volver a casa.

Llegó a la 13 cuando tenía ocho años, procedente del Chocó, un departamento colombiano en la zona del Pacífico y tan pronto la Comuna empezó a levantar cabeza, montó un puesto de chorizos, en el que también vende "obleas, solteritas, cerveza, agua, arepitas, arepitas con queso. Todo, vendo de todo". No resulta difícil arrancarle una sonrisa y a primera vista parece una mujer de pocas palabras. Pocas y concisas, sin embargo: "Aquí vivimos mucha violencia y gracias a Dios ya todo está calmadito".

Escuchar las historias que se esconden tras las calles empinadas, serpenteantes y angostas de la Comuna 13, en Medellín, capital antioqueña y "Ciudad de la eterna primavera" –ahora también conocida por ser el lugar de nacimiento de J. Balvin–, es escuchar historias de balaceras, desaparecidos, menores armados, muertes y narcotráfico. Es hablar de luchas de poder, de sicarios de Pablo Escobar y de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Convertida en uno de los epicentros de la violencia durante los años ochenta y noventa, esta Comuna lucha ahora por quitarse el estigma de encima.

Violencia y Operación Orión, los estigmas de la 13

Nació la Comuna 13 como lo hicieron las dieciséis restantes en Medellín: a causa de la migración del campo a la ciudad de personas que escapaban de la violencia de las FARC, el ELN y las operaciones paramilitares y del Estado. Personas que llegaron, muchas procedentes del Urabá antioqueño, con lo puesto a una urbe que parecía prometerles una vida más tranquila. No fue así. La pobreza en los ochenta y los noventa supuso el caldo de cultivo perfecto para que la 13 se convirtiese en la cuna de los sicarios de Escobar. La ecuación parecía fácil: dinero y ascenso social a cambio de vasallaje. Pero nunca nada es tan sencillo: las guerras entre facciones se cobraron miles de vidas y los desaparecidos aún se cuentan por decenas. La muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, no hizo nada más que empeorar las cosas: las luchas por el control de los diferentes barrios se saldaron con unos niveles de violencia incluso peores que durante la época Escobar y la 13 entró en una espiral a la que pocos le veían salida.

"Empezaron a surgir las redes del microtráfico, personas que controlaban el tema del narcotráfico en el ámbito local, de la ciudad y en los barrios. Empezaron a dar guerra: los de la FARC empezaron a dominar unas partes, los el ELN otras. En realidad, había cuatro o cinco grupos de guerrillas. A inicios de los dos mil, esas bandas empezaron a disputarse los territorios. Había fronteras invisibles y quien pasaba esas fronteras era asesinado. La guerra explotó", explica Jesús David Sáenz, técnico de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI).

En 2002, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, decidió atajar la situación a la brava. Entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 se llevó a cabo en la 13 la intervención militar urbana más grande de la historia de Colombia, la Operación Orión. El número de muertos baila según a quién se le pregunte: 80 ciudadanos heridos, 17 homicidios a manos de policía y ejército, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. Sobre las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas del estado con la colaboración de grupos paramilitares poco se sabe aún. A pesar de la Operación Orión y otras tantas que se sucedieron, lo cierto es que "entre el año 2000 y el 2012 el Estado no tuvo apenas control sobre esas zonas", reconoce Sáenz.

Escaleras y 'grafitours'

Los grupos de turistas empiezan a amontonarse a eso del mediodía, móvil en mano. Desde hace unos años la Comuna 13 se ha convertido en un spot instagrameable de primer orden gracias a las decenas de grafitis que adornan aquellas calles serpenteantes donde antes corría la sangre. Las escaleras mecánicas, inauguradas en 2011, han transformado el barrio de Las Independencias, uno de los 19 que conforman la Comuna y se han convertido en un referente de urbanismo social. "Las escaleras para la paz" son un proyecto novedoso que, ciertamente, ha hecho disminuir el nivel de violencia en el barrio, ha atraído a turistas y ha mejorado notablemente la vida de sus residentes, ya que la accesibilidad les ha permitido tener una vida un poco más cómoda. De hecho, el sistema teleférico en la ciudad, la segunda más grande de Colombia, construido en 2004, ha permitido, en los últimos años, unir diferentes comunas periféricas, hasta el momento prácticamente inaccesibles, con el centro de la ciudad, hecho que ha mejorado la calidad de vida de la gente.

Las escaleras se enmarcan dentro del programa de Proyectos Urbanos Integrales (PUI), que son intervenciones en el espacio público que tienen un impacto zonal, gracias a su enfoque destinado a solucionar problemas de movilidad, centralidad, encuentro, medio ambiente, espacios públicos recreativos y deportivos. Formaron parte del Plan de Desarrollo 2008- 2011 para mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad. "Éramos una ciudad que a causa de la violencia estaba cerrada al mundo, no venía nadie a Medellín porque les daba temor. La Comuna 13 es una victoria sobre lo que fue el pasado de la violencia y toda la época oscura de Medellín", dice Sandra Milena Ospina D’Alleman, subdirectora de Posicionamiento de la ACI.

Además de las escaleras, la inversión en cultura también ha sido un elemento clave en el lavado de cara de la 13. Los numerosos grafitis que adornan las calles de la Comuna se han convertido en un reclamo turístico importante y los grupos de turistas que reservan grafitours se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos años. John Alexander Serna es conocido como Chota 13 (El Chota) y es uno de los artistas locales más reconocidos. Nacido y criado en la 13, empezó a pintar grafitis a los 16. "Queríamos recuperar los espacios y que a través del color cobrasen vida, así como recuperar la memoria. Los muros cuentan cosas y detrás de ellos hay una serie de personajes. Cuentan quiénes son (...) Los que más me inspira para pintar es la resistencia de la gente". Además de grafitis, El Chota pinta en acrílico sobre lienzo y monta exposiciones.

Mira la gentrificación de reojo: "Hemos pensado en los peligros de que la Comuna se haga popular, pero mientras sea la comunidad la que se lleve los beneficios, todo estará bien. Lo más duro sería que el café del barrio fuera arrasado por Starbucks. Si vienen empresas externas a quitarnos lo que hemos construido, esto se pondrá complicado", asegura.

***
Ese del tatuaje es Kase O. ¿Tan famoso es aquí?
Es mi maestro.

El Rapza tiene 23 años y prepara su actuación en un callejón. En estos días actúa en un bar por el que se suceden los turistas, la gran mayoría gringos, en busca de un frapuccinos y jugos de frutas exóticas para aminorar el calor. Tatuado hasta la médula, destaca, entre todos los tatuajes, uno de Kase O en el antebrazo. El zaragozano, máximo exponente del hip-hop en España, estuvo un tiempo viviendo en Medallo, mientras preparaba su último disco, El Círculo. "Hay un antes y un después en mi vida, desde que lo conocí. Estuvo viviendo en una finca, en las afueras de Medellín. Lo conocí en un evento en un teatro. Cuando lo vi, no lo reconocí porque tenía mucha barba. Me lo presentaron y cantamos juntos. Lo seguía desde hace tiempo".

No miente, el Rapza. En Tutorial, uno de los temas de El Círculo, Kase O canta: "¡Basta ya de Farsa, el Rapza viven en la 13 y sin ir de gangsta te da lecciones de humildad! Y no solo él, hay procesos en Colombia que te erizan la piel. Paz para Henry y su escuelita, en una vista aprendes más de hip-hop que con el puto Bambaataa. Es más, paz para que los que se ocupan de esos que nadie se acuerda, ellos tienen mi respeto, no artistillas de mierda".

En el documental que muestra el paso de Kase O por Medellín también aparece el Rapza. "Lo que más me inspira es el rap y los raperos malos, la guerra, la corrupción, la maldad de los humanos, son cosas que se salen de mi conocimiento, mi comprensión y tengo que manifestarme ante esto. Aquel día te di una chapa bastante seria, co. Te quería abrir la cabeza. Jugar y no caer siempre en la caja. Esta es la primera que has hecho con este concepto", le dice el zaragozano al colombiano. El Rapza canta mientras Ibarra escucha, asiente y sonríe.

Dice que tiene pendiente ir a España. Nacido y criado en la 13, su vida ha dado un giro radical, "antes nunca hubiésemos podido estar aquí hablando tú y yo. Imposible". La guerra entre pandillas le arrebató parte de la familia. "Llevo toda la vida rapeando. En la guerra asesinaron a miembros de mi familia, así que me fui un tiempo del barrio, pero volví". Ahora es uno de los raperos más prominentes de la escena hiphopera de la Comuna.

La sombra de la gentrificación amenaza

El aumento del turismo en la 13, sin embargo, mantiene vigilantes a sus residentes. La gentrificación es una amenaza real y los comuneros ya empiezan a sentir como acecha. "¡Ah sí, el arriendo, los servicios, todo es costosito! Ya como esto cogió un poquito de valor, pues ya la gente se aprovecha, cosa que no me parece", asegura Estefany, la del puesto de choricitos, preguntada por los alquileres. Ella no paga nada por tener el puestecito y cada día lo monta y lo desmonta. "Mira, vivo en esa casa azul que está ahí con ropita", señala. El tejado es de uralita. La vendedora espera que sus hijos puedan tener un futuro más cierto que el suyo: "La idea es que estudien y no pasen el trabajo que paso yo; que lleguen a ser alguien en la vida y sigan adelante, porque usted sabe que para que se acabe la pobreza, tenemos que estudiar. Estudiando es como se acaba la pobreza".

Alejandra tiene 25 años y un puesto de pulseras y abalorios (desde hace un año y medio), a unos metros del puesto de Estefany. Es clara con el proceso que se vive en la 13. "El arriendo por acá es supremamente costoso. Esto es a causa del turismo, y la gente, que se toma atribuciones que no debe por eso. El aumento del turismo en la zona ha afectado a alguna gente y ha favorecido a otra, como a mí", reconoce.

La popularización de la 13 también ha favorecido a La Crew, un grupo de b-boys que baila para recoger unas monedas y que nació a partir de unos proyectos participativos que se llevaron a cabo en la Comuna 13. "Se dieron unas clases durante un mes y cuando terminaron todos nos quedamos un poco huérfanos. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos? Y aquí estamos, representando a la Comuna 13". El que habla es Scooby, uno de los integrantes del grupo. La Crew empieza sus actuaciones a las 9:30 de la mañana y suele terminar sobre las 18:00. También actúa en teatros, actos privados y escuelas. Scooby reconoce cómo la inversión por parte del Ayuntamiento en proyectos participativos y de fomento de la cultura, ha conseguido darle una vuelta a la Comuna: "El cambio ha sido muy grande y la cultura aquí es importante porque aleja a las personas de pensar en algo malo. Ya sea a través de los grafitis o la música o el baile, te alejas de lo malo. La Crew ha salvado a varios compañeros", dice. A pesar de su corta edad, tan sólo tiene 20 años, Scooby sabe bien de qué habla.

Si bien la vida en la 13 ha cambiado considerablemente, El Chota reconoce que "aún hay pelados en las esquinas que forman parte de las bancrín [bandas criminales]" y el problema de la violencia no está del todo resuelto. Los grafitours se suceden y los turistas sonríen mientras posan al lado de grafitis realmente espectaculares. Cuando lleguen al hotel, subirán la foto a Instagram. La mayoría, sin embargo, visita la 13 en grupo y apenas se encuentran turistas que vayan por libre. El estigma continúa y a la 13 aún le queda camino para quitárselo de encima, pero parece que, gracias al baile, la pintura, el hip-hop y otros procesos culturales, los jóvenes cada vez tienen unos referentes más sanos. Ahora faltará que Starbucks pase de largo.

 

19/07/2020 08:33

Por Queralt Castillo Cerezuela

@qc_Cerezuela

Publicado enColombia
La ONU advierte de que el covid-19 acelerará la transferencia del poder económico y político a las élites ricas

El relator de pobreza de la ONU denuncia la autocomplacencia de las instituciones internacionales en la lucha contra la desigualdad.“El mundo se encuentra en una encrucijada existencial que involucra una pandemia, una profunda crisis económica, cambio climático devastador, desigualdad extrema y un movimiento que desafía la prevalencia del racismo en muchos países”, con estas palabras el relator saliente de extrema pobreza de la ONU, Philip Alston, enmarca su informe El lamentable estado de la erradicación de la pobreza.

Alston, que durante los próximos días presenta en Ginebra sus conclusiones y su informe sobre España, habla de la negligencia de longa data en el abordaje de la pobreza por parte de Gobiernos, economistas y defensores de los derechos humanos. Y subraya la “escandalosa falta de ambición” para erradicar la pobreza.

Para Alston, la autocomplacencia de las instituciones internacionales, especialmente acentuada por las fórmulas del Banco Mundial para medir la disminución de la pobreza, han dado lugar a una década perdida, ya antes del covid-19, en la lucha contra la desigualdad. El resultado neto, sugiere Alston, es que la reducción de la pobreza nominal solo se debe a la disminución de las carencias materiales en un único país: China.

Se proyecta que la pandemia sume 70 millones de personas a las cifras actuales de extrema pobreza. Más de 250 millones de personas están en riesgo de hambre aguda, señala el informe.

Para Alston, la respuesta, lejos de atajar el problema, lo está exacerbando, ya que los gobiernos continúan invirtiendo dinero en prácticas represivas y sistemas de prisiones, “al tiempo que priva a las comunidades pobres de los derechos básicos, como la atención médica decente, vivienda y educación”.

“Si se hubieran establecido suelos de protección social, los cientos de millones de personas que han quedado sin atención médica, alimentos y vivienda adecuados, y la seguridad básica se habrían salvado de algunas de las peores consecuencias”, explica Alston en su informe. En cambio, lo que denomina “las presiones interminables para promover la consolidación fiscal”, es decir, el control de déficit, deuda y las rebajas de impuestos para los más pudientes, han llevado a los sistemas de protección social “más cerca de los modelos del siglo XIX en lugar de las aspiraciones de finales del siglo XX”, explica el ya exrelator de la ONU. 

Cuando eso se combina con “la próxima generación de políticas de austeridad posteriores a Covid-19, la transferencia dramática del poder económico y político a las élites ricas que ha caracterizado los últimos cuarenta años se acelerará, momento en el cual el alcance y la profundidad de la pobreza global serán incluso más políticamente insostenibles y explosivos”, concluye Alston.

8 julio 2020

Publicado enEconomía
Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

 

Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.

Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados. 

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).

¿Por qué demandamos todo el sistema tributario? 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto. 

Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.

El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria

A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que: 

  1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresosmedidos a través del índice de Gini.
  2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.

Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.

Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.

El sistema tributario colombiano no es equitativo

El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que  se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.

La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.

El sistema tributario colombiano no es eficiente

El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.

En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.

Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.

La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente

La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.

Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.

Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.

¿Quienes firman la demanda?

Vivian Newman

Rodrigo Uprimny

Luis Jorge Garay

Jorge Enrique Espitia

Clara Leonor Ramírez

Leopoldo Fergusson

María Margarita Zuleta

Salomón Kalmanovitz

Víctor Javier Saavedra

María Fernanda Valdés

Amaranto Daniels

Carlos Julio Salgado

Consuelo Corredor

Jorge Iván González

Juan Camilo Cárdenas

Valentina Rozo Ángel

Fernando Barberi Gómez

Astrid Martínez Ortíz

Catalina Botero

Mauricio García Villegas

Esteban Hoyos Ceballos

Andrés Abel Rodríguez

Magdalena Correa Henao

Maryluz Barragán

Mauricio Albarracín

Alejandro  Rodríguez Llach

Alejandro Jiménez

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Por: Dejusticia | Mayo 27, 2020

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Mayo 2020 06:16

Sueños aprisionados

Fotografía (propia) de la obra de Tetsuya Ishida

Amanece, y se vislumbra en Madrid una capital ávida por retomar las calles. Camino por las inmediaciones de su palacio real, símbolo de la violenta desigualdad social, y me encuentro con un bellísimo balcón, rebelde él, que escandaliza el decoro del tradicional barrio monárquico al desplegar una bandera republicana y extender una sábana blanca que reivindica: “Sanidad pública; no se vende, no se recorta. Se defiende”.

Hago una fotografía del balcón combativo y doy la espalda a la insignia real para adentrarme por una callejuela en cuyas esquinas, decoradas con rostros indígenas, se lee: “La Amazonía no se vende”. Calle abajo un puesto de flores colorea mi vista y entre la travesía de la primavera y la calle fe, un hombre pedalea en bicicleta paseando entre sus brazos un generoso ramo de flores, rojas todas ellas. Cada pétalo parece bailar aquella melodía que le dedicó George Moustaki a la revolución al describirla como una “hermosa flor del mes de mayo o fruta salvaje”.

Huele a café, a pan y dulces recién horneados que corretean por el vecindario y cosquillean el apetito de los clientes que esperan su turno. Eso sí, cada pequeño local está revestido de algún ingenioso truco (velas, incienso o música) que ameniza la tediosa fila del estado de alarma. No muy lejos despereza mis oídos el cumpleaños feliz que algunos vecinos le silban a una mujer en honor al día en el que nació.

El cronómetro marca el fin del paseo, es hora de retomar el confinamiento y revisar las noticias:

La pobreza y la discriminación se agudizan durante la pandemia, la ultraderecha hace ruido, la Amazonía para algunos sí está en venta, las flores reposan sobre las tumbas de los líderes sociales asesinados en Colombia, EE.UU sigue avivando su grito de guerra, Israel decide rematar al pueblo Palestino, los indígenas de Brasil, Ecuador y Bolivia sufren el abandono del Estado, la mayoría de la gente no cumple los años feliz y según los expertos, sufriremos una condena económica perpetua por lo que no habrá mañana con el que soñar.

Apago el televisor, internet, y me quedo mirando el blanco sin futuro de la pared. Trazo sobre ella las palabras que hiló Amin Maalouf en Los jardines de la luz: “Cuando el mundo haya abandonado a los sabios, los sabios lo abandonarán. Entonces el mundo se quedará solo y sufrirá por su soledad”.
Y así estamos, sufriendo las consecuencias de una pandemia que evidencia la dramática situación a la que ha llegado una sociedad rendida a los pies del neoliberalismo; abandonada y manoseada por la dinámica de políticas antisociales que anteponen las armas a los libros, la economía a la salud y el desprecio a la humanidad.

En este contexto, es un derroche de cinismo que los partidos políticos más neoliberales abanderen el fin del confinamiento en nombre de la “libertad”. ¿De qué libertad hablamos en un sistema redireccionado constantemente por los intereses de las élites y poderosos lobbies en detrimento de las necesidades primarias de la mayoría? ¿Qué poder de elección tiene más de la mitad de la población mundial que vive confinada eternamente en las redes de un neoliberalismo que ataca su dignidad y les impide realizarse como individuos?

Basta echar la vista unos meses atrás de la pandemia: los trayectos en metro durante la hora punta; cuerpos aplastados los unos contra los otros, ese cúmulo de miradas agotadas, ojos ciegos apuntando al suelo o al infinito, hundidos por el cansancio y aburrimiento. Todos en masa, formando un bloque hasta oír el silbato de la parada para salir en desbandada emprendiendo una obligada carrera a la competitividad, con un reloj casi tatuado en el pecho que nos vigila hasta el alma para fichar a tiempo. Y a fin de mes, unos pocos billetes en la cuenta con los que pagar un cubículo sin luz natural, la hipoteca para que el banco no embargue la casa, el agua, la luz, la compra, el teléfono, algo de ropa… No parece que tantas idas y venidas a través del túnel hayan sido prometedoras, sobre todo si añadimos que el gran porcentaje de la población realiza un trabajo que nada tiene que ver con lo que hubiera querido soñar, y eso, si trabaja.

Son muchas las voces que alertan sobre si este es el modelo económico que se pretende recuperar en la postpandemia, un sistema que como apuntaba Vicent Navarro: “se rige por unas leyes del mercado que priorizan sistemáticamente a aquellos individuos y sectores de la población que tienen mayor capacidad adquisitiva, a costa de todos los demás” (La falsa dicotomía entre mantener la salud o salvar la economía en Público).


Es recursivo recordar aquello que Albert Camus reflexionaba en el mito de un Sísifo condenado a empujar eternamente una desmesurada piedra hasta la cima de la montaña para una vez allí dejarla caer. “No hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”: escribió Camus. Por supuesto, siempre que seamos conscientes de ello, hecho que no suele cumplirse ya que como explicó Byung-Chul Han en Psicopolítica: “quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema”.

Y ese es el gran logro de las nuevas técnicas de control y poder que nos embelesan con una falsa identidad de libertad donde el neoliberalismo se presenta como el edén; un paraíso de agua dulce, dátiles y palmeras bajo las cuales descansar en un mar de oro.

Un timo que destroza vidas, y donde al hombre se le etiqueta y pesa como si fuera un animal, en una balanza conforme a su nivel de rendimiento y utilidad; tal como revelan las imágenes del artista japonés Tetsuya Ishida al reflejar la opresión, soledad y cosificación de los individuos atrapados por un sistema que antepone el capital a la humanidad.

A este paso, las flores serán de plástico, el pan horneado exclusivamente por multinacionales, los cumpleaños felices solo se cantarán en inglés y las banderas de los balcones, como las paredes de las calles, estarán uniformadas conforme a la conducta de los colegios de pago.

Recuerdo un dibujo que cayó en mis manos en la década de los 90 en Bogotá. En él unos niños de la calle estaban siendo apaleados por agentes uniformados y posteriormente subidos a un camión. La “limpieza social”, la violencia premeditada e inhumana, la crueldad y desamparo, lo llevan padeciendo décadas de una u otra manera los de siempre: aquellos a quienes esa balanza neoliberal inclina hacia el abandono y desprotección… hacia la nada, como aquel vehículo cargado de niños que se perdió en el olvido y penumbra de la oscuridad de aquella desangelada madrugada.

Quizás sea hora de desalambrar los sueños aprisionados y como diría Julio Anguita, una de las voces de la sabiduría: “cuestionarse lo que hay”. Si como explicaba, la rebeldía es “un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego de querer cambiar”, reclamar un mundo que defienda la dignidad e igualdad de oportunidades para todos y todas -sin distinción- es un acto, fundamentalmente, moral.

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“La desigualdad de la propiedad crea una enorme desigualdad de oportunidades en la vida”

Thomas Piketty (Clichy, Francia, 1971) propone un pago estatal para todos los ciudadanos, la modificación de la estructura de la riqueza para cambiar el poder de negociación de los actores, discute las consecuencias políticas de la desigualdad. En esta entrevista, el economista expone los puntos más salientes de un posible programa de izquierdas para salir del actual atolladero histórico.

 

Uno de los principales argumentos de su libro Capital e ideología es que “la desigualdad es una ideología”. La desigualdad no es un proceso natural, sino que se funda en decisiones políticas. ¿Cómo llegó a esa conclusión?

 

En mi libro, el término “ideología” no tiene una connotación negativa. Todas las sociedades necesitan la ideología para justificar su nivel de desigualdad o una determinada visión de lo que es bueno para ellas. No existe ninguna sociedad en la historia donde los ricos digan “somos ricos, ustedes son pobres, fin del asunto”. No funcionaría. La sociedad se derrumbaría inmediatamente.

Los grupos dominantes siempre necesitan inventar narrativas más sofisticadas que dicen “somos más ricos que ustedes, pero en realidad eso es bueno para la organización de la sociedad en su conjunto, porque les traemos orden y estabilidad”, “les brindamos una guía espiritual”, en el caso del clero o del Antiguo Régimen, o “aportamos más innovación, productividad y crecimiento”. Por supuesto, estos argumentos no siempre resultan del todo convincentes. A veces son claramente interesados. Guardan algo de hipocresía, pero al menos este tipo de discurso tiene algo de verosimilitud. Si fueran completamente falsos, no funcionarían.

En el libro, investigo la historia de lo que llamo regímenes de desigualdad, que son sistemas de justificación de distintos niveles de desigualdad. Lo que demuestro es que en realidad hay un aprendizaje de la justicia. Hay una cierta reducción de la desigualdad a largo plazo. Hemos aprendido a organizar la igualdad a través del acceso más igualitario a la educación y de un sistema impositivo más progresivo, por dar algunos ejemplos.

Pero este progreso y el conflicto ideológico continuarán. En la práctica, el cambio histórico proviene de las ideas e ideologías en pugna y no solo del conflicto de clases. Existe esta vieja concepción marxista de que la posición de clase determina por completo nuestra visión del mundo, nuestra ideología y el sistema económico que deseamos, aunque en verdad es mucho más complejo que eso, porque para una posición de clase dada existen distintas formas de organizar el sistema de las relaciones de propiedad, el sistema educativo y el régimen impositivo. Existe cierta autonomía en la evolución de la ideología y de las ideas.

 

Aun así, en las democracias el pueblo decide colectivamente a través del voto vivir en ese tipo de sociedades desiguales. ¿Por qué?

 

En primer lugar, es difícil determinar el nivel exacto de igualdad o desigualdad. La desigualdad no siempre es mala. La gente puede tener objetivos muy diferentes en su vida. Algunos valoran mucho el éxito material, mientras que otros tienen otro tipo de metas. Alcanzar el nivel adecuado de igualdad no es algo sencillo.

Cuando digo que los factores determinantes de la desigualdad son ideológicos y políticos no quiero decir que deban desaparecer y que mañana tengamos una igualdad completa. Me parece que encontrar el equilibrio adecuado entre las instituciones es una tarea muy complicada para las sociedades pese a que, insisto, en el largo plazo la desigualdad se ha reducido un poco. Creo que deberíamos tener un acceso más igualitario a la propiedad y a la educación y que deberíamos continuar en esa dirección.

Hemos aprendido que la historia es un proceso no lineal. Con el tiempo avanzamos hacia una mayor igualdad y esto es lo que también ha creado una mayor prosperidad económica en el siglo XX. Sin embargo, también ha habido reveses. Por ejemplo, el colapso del comunismo produjo una desilusión sobre la posibilidad de establecer un sistema económico alternativo al capitalismo, y esto explica en gran medida el aumento de la desigualdad desde finales de la década de 1980.

Pero hoy día, 30 años más tarde, comenzamos a darnos cuenta de que tal vez hemos ido demasiado lejos en aquella dirección. Entonces, comenzamos a repensar cómo cambiar el sistema económico. El nuevo desafío introducido por el cambio climático y la crisis medioambiental también ha puesto el foco en la necesidad de cambiar el sistema económico. Se trata de un complejo proceso en el que las sociedades intentan aprender de sus experiencias.

A veces se olvidan del pasado lejano, reaccionan de manera exagerada y avanzan demasiado lejos en una dirección. Pero me parece que si ponemos la experiencia histórica sobre la mesa –y ese es el objetivo del libro– podemos entender mejor las lecciones y experiencias positivas del pasado.

 

Usted dice que la desigualdad deriva en nacionalismos y populismos. En Alemania y en otros países, los partidos de derecha están en alza. ¿Por qué la derecha suele tener más éxito que la izquierda?

 

La izquierda no se ha esforzado por proponer alternativas. Después de la caída del comunismo, la izquierda ha atravesado un largo periodo de desilusión y desánimo que no le ha permitido presentar alternativas para modificar el sistema económico. El Partido Socialista en Francia o el Partido Socialdemócrata en Alemania no han intentado realmente cambiar las reglas del juego en Europa tanto como debieran haberlo hecho.

En algún momento aceptaron la idea de que el libre flujo de capital, la libre circulación de bienes y servicios y la competencia por los mercados entre países eran suficientes para lograr la prosperidad y que todos nos beneficiemos de ella. Pero, en cambio, lo que hemos visto es que esto ha beneficiado principalmente a los sectores con un elevado capital humano y financiero y a los grupos económicos con mayor movilidad. Los sectores bajos y medios se sintieron abandonados.

También hubo partidos nacionalistas y xenófobos que propusieron un mensaje muy simple: vamos a protegerlos con las fronteras del Estado-nación, vamos a expulsar a los migrantes, vamos a proteger su identidad como europeos blancos, etc. Por supuesto, al final esto no va a funcionar. No se reducirá la desigualdad ni se resolverá el problema del calentamiento global. Pero dado que no existe un discurso alternativo, una gran parte del electorado se desplazó hacia estos partidos.

Aun así, una gran parte incluso más grande del electorado decidió quedarse en casa. Simplemente no votan, no debemos olvidar eso. Si los grupos socioeconómicos más bajos demostraran entusiasmo por Marine Le Pen o por Alternativa por Alemania, la tasa de participación ascendería a 90%. Eso no es lo que está ocurriendo. Tenemos un nivel muy reducido de participación, especialmente entre los grupos socioeconómicos más bajos, los cuales están a la espera de una plataforma política o una propuesta concreta que realmente pueda cambiar sus vidas.

 

Usted propone un pago estatal único (“herencia para todos”) de 120.000 euros para todos los ciudadanos cuando alcancen la edad de 25 años. ¿Qué se conseguiría con eso?

 

En primer lugar, este sistema de “herencia para todos” sería un paso más de un sistema de acceso universal a bienes y servicios públicos fundamentales, incluidos la educación, la salud, las pensiones y un ingreso ciudadano. El objetivo no es reemplazar estos beneficios, sino sumar esta herramienta a las ya existentes. ¿Para qué serviría?

Si uno tiene una buena educación, una buena salud, un buen empleo y un buen salario, pero necesita destinar la mitad de su salario a pagar un alquiler a los hijos de propietarios que reciben ingresos por alquileres durante toda su vida, creo que hay un problema. La desigualdad de la propiedad crea una enorme desigualdad de oportunidades en la vida. Algunos tienen que alquilar toda su vida. Otros reciben rentas durante toda su vida. Algunos pueden crear empresas o recibir una herencia de la empresa familiar. Otros nunca llegan a tener empresas porque no tienen siquiera un mínimo de capital inicial para empezar. Más que nada, es importante darse cuenta de que la distribución de la riqueza se ha mantenido muy concentrada en pocas manos en nuestra sociedad.

La mitad de los alemanes tiene menos del 3% de la riqueza total del país y, de hecho, la distribución empeoró desde la reunificación de Alemania. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer? ¿Qué proponemos para cambiarlo? Esperar que llegue el crecimiento económico y el acceso a la educación sin hacer nada no es una opción. Eso es lo que hemos estado haciendo durante un siglo y la mitad inferior de la escala de distribución de los ingresos todavía no posee nada.

Cambiar la estructura de la riqueza en la sociedad implica cambiar la estructura del poder de negociación. Quienes no tienen riqueza están en una posición de negociación muy débil. Se necesita encontrar un empleo para pagar el alquiler y las cuentas cada mes, y se debe aceptar lo que se ofrece. Es muy distinto tener 100.000 o 200.000 euros en lugar de 0 o 10.000. La gente que tiene millones tal vez no se da cuenta, pero para aquellos que no tienen nada o que a veces solo tienen deudas, significa una gran diferencia.

 

En su país natal, Francia, el impuesto al carbono derivó en la protesta de los chalecos amarillos. ¿Cuál fue en este caso el error de cálculo político?

 

Para que los impuestos sobre el carbono sean aceptables, deben ir acompañados de la justicia tributaria y fiscal. En Francia, el impuesto al carbono solía ser bien aceptado y se aumentaba año tras año. El problema es que el gobierno de Emmanuel Macron utilizó los ingresos fiscales del impuesto sobre el carbono para hacer un enorme recorte de impuestos para el 1% más rico de Francia, suprimiendo el impuesto sobre la riqueza y la tributación progresiva sobre las rentas del capital, los intereses y los dividendos.

Esto enervó a la gente porque se le dijo que la medida era para la lucha contra el cambio climático pero, de hecho, fue solo para hacer un recorte impositivo a aquellos que financiaron su campaña política. Así es como se destruye la idea de los impuestos sobre el carbono. Uno debe ser muy cuidadoso en Alemania porque también puede haber muchos sentimientos negativos, especialmente en los grupos socioeconómicos más bajos. Para que un impuesto al carbono funcione, tiene que incluir los costos sociales y debe ser aceptado por el conjunto de la sociedad.

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Por Thomas Piketty es director de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, profesor en la Paris School of Economics y codirector de la World Inequality Database. Es autor de los libros El capital en el siglo XXI y de Capital e Ideología.

Este artículo se publicó anteriormente en Nueva Sociedad

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Coronavirus en Perú: el modelo entró en terapia intensiva 

La pandemia desnudó un programa  neoliberal que se jactaba de exitoso por sus buenas cifras macroeconómico

 

Desde Lima. El Perú fue el primer país de la región en decretar una cuarentena total a nivel nacional, el 16 de marzo, pero se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, con más casos de contagio de covid-19. Son 88.541 contagios reportados y 2.523 fallecidos. En el último día hubo 4.046 casos nuevos, la jornada anterior habían sido 3.891, y 131 fallecidos, el día anterior fueron 125 las muertes. Optimista, el presidente Martín Vizcarra ha señalado esta semana que “ya se ha llegado a la meseta de contagios, ahora comenzará un lento descenso, necesitamos persistir en el esfuerzo”. La afirmación ha desatado un encendido debate. El ministro de Agricultura y once congresistas están entre los infectados.

El gobierno reaccionó rápido al decretar una temprana cuarentena cuando los casos eran 71 y no había un solo fallecido, pero en un país con 70 por ciento de informalidad, muchos que viven del día a día, y un Estado poco eficiente, incapaz de hacer llegar oportunamente las ayudas -en dinero y alimentos- dispuestas para la población más vulnerable, hacer cumplir una rigurosa cuarentena ha sido complicado.

Precarios y desordenados mercados populares donde compradores y comerciantes con un alto índice de contagio detectado se aglomeran y que recién ocho semanas después de estar en cuarentena se intentan ordenar, largas filas en los bancos para cobrar los bonos repartidos desorganizadamente por el gobierno y el transporte público, se han convertido en los principales espacios de transmisión del virus durante esta larga cuarenta.

El coronavirus se inició en los barrios limeños de clase media y alta con personas llegadas de Europa -el primer caso se presentó el 6 de marzo- pero ahora, a través de estos tres focos de contagio, se extiende en los barrios populares, donde millones viven hacinados en precarias viviendas, muchas sin agua. Un ambiente propicio para la expansión del virus.

“Una primera razón por la cual el Perú tiene más casos de coronavirus registrados que la mayoría de países de la región es porque es el país de la región que más pruebas para detectar el virus está haciendo (se han hecho más de 630 mil pruebas), y a más pruebas más casos detectados, cifras más reales, menos subregistro”, le declaró a Página/12 el médico Eduardo Gotuzzo, miembro de un equipo de expertos que asesora al gobierno.

El doctor Gotuzzo hace un balance de la cuarentena: “En un inicio tuvimos problemas para detectar y aislar los primeros casos y la enfermedad se diseminó. La vigilancia epidemiológica en ese inicio no fue la mejor. Eso se ha superado. Un grave error ha sido poner un toque de queda muy temprano (a partir de las seis de la tarde y desde el lunes pasado corrido a las ocho de la noche), lo que redujo el tiempo de atención en bancos y mercados, generando más aglomeraciones que propagan el virus. La cuarentena ha servido para reducir los contagios, sin cuarentena serían muchos más, y se ha aprovechado este tiempo para mejorar el precario sistema de salud”.

Mejorar el deficiente sistema de salud, descuidado y desfinanciado a pesar de las últimas dos décadas de importante crecimiento económico, es una carrera contra el tiempo y el avance del virus. Se está al límite. Y en algunas regiones del país ya ha colapsado, con pacientes que mueren en los pasillos de los hospitales esperando ser atendidos. Personal de salud protesta exigiendo equipos de protección.

El lunes pasado se volvió a prorrogar la cuarentena por otras dos semanas, pero esta vez con una apertura parcial de algunas actividades económicas, como la minería, construcción, industria textil, servicio de restaurantes por delivery. Con esta apertura volverían al trabajo 1,4 millones de personas y la actividad económica, reducida a un 44 por ciento con la cuarentena, debe subir a un 70 por ciento. Hay temor sobre el impacto de esta apertura en la propagación de la covid – 19.

El gobierno ha destinado unos 30 mil millones de dólares (el 14 por ciento del PIB) para responder a la emergencia por la pandemia y sus efectos. Se ha creado un bono equivalente a 220 dólares para 6,8 millones de familias -75 por ciento del total de familias del país- pero hasta ahora se ha repartido menos del 40 por ciento de ese bono, se ha postergado el pago de impuestos, para las empresas se están dando préstamos avalados por el Estado con intereses entre uno y dos por ciento y hay subsidios parciales a los pagos de planillas. Pero a pesar de estas ayudas, las empresas han dado hasta ahora licencias sin paga a más de 200 mil trabajadores.

Diversos expertos indican que este año la caída del PIB sería mayor a 10 por ciento, después de haber crecido 2,2 por ciento en 2019 y tener antes de la pandemia una proyección de 4 por ciento de alza para este año. Según Cepal, la pobreza en el Perú subiría de 20,2 por ciento a entre 23,3 y 25,2 por ciento. Esto significa entre 950 mil y 1,6 millones de nuevos pobres. Hay otro 32 por ciento que está fuera de la línea de pobreza monetaria (que es de un ingreso mensual de unos 400 dólares para una familia de cuatro miembros), pero en condición de vulnerabilidad. Analistas estiman que entre 700 mil y 1,3 millones perderían su empleo este año.

Ante a la propuesta para crear un impuesto a la riqueza, que gatilló las presiones en contra de los grupos de poder, el presidente Vizcarra señaló que en este momento de crisis “es necesaria la solidaridad de quienes tienen más”, pero su ministra de Economía, María Antonieta Alva, una joven economista de 35 años salida de la tecnocracia neoliberal, ha marcado distancias con la propuesta.

“El costo económico de esta crisis para el país será grandísimo y estimo que tardaremos por lo menos dos años en recuperarnos. Después de la pandemia tendremos una economía más concentrada, más oligopólica, porque en estos días el gobierno ha suspendido la entrada en vigencia de una ley antimonopolio”, le señaló a este diario el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos y columnista del diario La República.

“Esta pandemia está revelando que en el Perú con la Constitución de 1993 (dada por el régimen autoritario de Alberto Fujimori) que redujo al Estado a un rol subsidiario de lo privado, lo que hemos tenido es una modernización de escaparate, con algunas instituciones estatales útiles para el modelo neoliberal que se han desarrollado, pero lo que tiene que ver con el bienestar de la población, como la salud, la educación o el transporte público, no se ha desarrollado. No hay una base industrial diversificada, por eso tenemos una alta informalidad laboral. Esta pandemia ha puesto en evidencia que el modelo neoliberal que tenemos hace agua”, reflexiona Campodónico.

El coronavirus ha desnudado dramáticamente las profundas desigualdades y exclusiones de un modelo que se jactaba de exitoso por sus buenas cifras macroeconómicos, pero que escondía sus pésimas cifras sociales. 

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La pobreza golpeará a la mitad de la humanidad

Las proyecciones estadísticas más pesimistas van quedándose cortas ante la dimensión de la crisis. Desempleo, desinformación y pobreza aparecen como algunas de las piezas de un rompecabezas todavía no armado, pero con efectos directos y colaterales devastadores. La mitad de los empleos en la escala mundial se ven amenazados

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El «privilegio» del empleo

 

En el mundo, 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados por las medidas de confinamiento y de contención. La mayoría trabaja en los sectores más afectados o en pequeñas unidades económicas más vulnerables a las crisis, según un informe publicado el 7 de mayo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estos incluyen a los trabajadores en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultores que abastecen los mercados urbanos. Las mujeres se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destaca el informe.

Por otra parte, la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del COVID-19 significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, “corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, señalaba la OIT en su 3er documento analítico de fines de abril.

Entre su primer informe sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo publicado el 18 de marzo pasado y las estimaciones actualizadas difundidas a fines de abril la OIT cambió su punto de referencia. Ya no se trata de comparar la actual crisis con el terremoto financiero del 2008, sino con los estragos resultantes de la Segunda Guerra Mundial.

El 81% de la fuerza de trabajo – más de 2.700 millones de trabajadoras y trabajadores- padecía desempleo total o parcial a fines de abril. Y de continuar esta tendencia, en el segundo semestre del año en curso la reducción del empleo golpeará a 305 millones de trabajadoras y trabajadores a tiempo completo, teniendo como referencia una jornada laboral de 48 horas semanales.

En el estudio actualizado de la OIT (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang–es/index.htm) la alarma suena con respecto a los trabajadores de la economía informal, que representan en su totalidad, unos 2.000 millones de personas, la mayoría en países emergentes y en desarrollo de ingreso bajo y mediano.  Con el agravante que, en general, carecen de protección básica, de cobertura de seguridad social, de atención médica y, en caso de enfermedad, de sustitución de ingresos.

La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadora-es de la economía informal – el sector más vulnerable-, de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo de 3.300 millones de personas a escala planetaria. Las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados por la crisis, determinan esta dramática situación.

India, con 400 millones de trabajadores informales, Nigeria, Brasil, Indonesia, Pakistán y Vietnam, se encuentran entre las naciones que por concentración demográfica más sufrirán el impacto. Sin embargo, regiones enteras, como Centroamérica, o la América andina, dependen en gran medida de las actividades informales. Las que tienen, también, una fuerte incidencia en las concentraciones urbanas latinoamericanas, desde Buenos Aires hasta la Ciudad de México, pasando por Bogotá, Caracas, Lima o La Paz.

La pandemia desinformativa

Beber alcohol fuerte, comer gran cantidad de ajo, bañarse con agua casi hirviente, ingerir medicamentos caseros… Miles de informaciones falsas sobre el COVID-19 explotan en internet, en las redes sociales y en las plataformas de comunicación.

«La información falsa y poco fiable pone en riesgo muchas vidas”, señala la Organización Mundial de la Salud. Con los Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 2019-nCoV, (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters) intentó salir al cruce de creencias, desinformaciones o métodos “caseros”, que se presentan como eficaces para contrarrestar el virus. Con el agravante, además, de que detrás de muchas desinformaciones se expande el comercio creciente de medicamentos falsificados o adulterados.

Ya en la segunda quincena de marzo la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que nuclea a 600.000 trabajadores del sector había advertido sobre la necesidad que “periodistas y medios informen sobre hechos y con fuentes fiables, sin especulación alguna…” Y convocaba a autoridades públicas e instituciones médicas a suministrar “información puntual y transparente”. Fue la misma FIP quien en la segunda semana de abril condenó los ataques sistemáticos del presidente brasilero Jair Bolsonaro a periodistas de su país. Un estudio al que hace referencia la central sindical mundial con sede en Bruselas contabiliza más de 140 ataques de este tipo, en los últimos tres meses, en torno a la cobertura informativa de la pandemia.

Futuro dramático

Si la explosión desbocada del desempleo y la problemática de la desinformación acompañan la nueva coyuntura pandémica mundial el tema de la deuda externa se convierte en agenda crucial de países y regiones.

No solo la antigua, acumulada y pendiente. Sino también la nueva, que muchos Estados contraerán para hacer frente a la crisis de sobrevivencia. Fue uno de los temas cruciales, por ejemplo, del debate interno de la misma Unión Europea durante las últimas semanas y aún pendiente de resolución.

Un grupo de 60 organismos y agencias de las Naciones Unidas, llamaron el pasado 10 de abril a los gobiernos a abordar la actual recesión y su repercusión en las naciones más empobrecidas del planeta. Según las instituciones onusianas miles de millones de personas viven en países al borde del colapso económico debido a la combinación explosiva de los “problemas financieros impulsados por la pandemia del COVID-19, pesadas obligaciones de deuda y un descenso de la ayuda oficial al desarrollo”, subraya el documento del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo.

Actores de primer orden de la sociedad civil internacional subrayan, también, el riesgo de que a causa de la pandemia más de 500 millones de personas, adicionalmente, caigan en la pobreza.  Así lo señala Oxfam internacional en su último informe Elijamos dignidad, no indigencia (https://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia), que fue difundido en abril pasado.

La magnitud de esta crisis, según la ONG internacional, excede toda proyección racional. “Podría suponer un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza y de hasta 30 años en algunas regiones como África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África. Más de la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia”.

Oxfam exige a los organismos internacionales (incluidos al FMI y al Banco Mundial que tuvieron su reunión de primavera el tercer fin de semana de abril) “cancelar inmediatamente el pago de la deuda en 2020 y alentar a otros acreedores que hagan los mismo…” Y recomienda “… acordar la inmediata inyección de dinero en los países de desarrollo para ayudarles a rescatar a las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Pronósticos, estadísticas, proyecciones, cada día peores, cada semana más dramática. En solo algo más de cuatro meses, la Tierra parece ser otro planeta y la humanidad no termina de agotar su capacidad de asombro.

Por Sergio Ferrari desde la ONU, Ginebra, Suiza

09/05/2020

Publicado enEconomía