Nieves Rico y Laura Pautassi en la marcha por el aborto de junio 2018 en Buenos Aires.

Laura Pautassi y Nieves Rico hablan sobre la agenda de los cuidados en América Latina

Las especialistas remarcan la necesidad de valorizar el trabajo invisible y no pago de las mujeres, que con la pandemia se hizo más visible. Y explican el

 

"No hay nada hay nada peor que referir a un orden dado como 'normal'", dice Laura Pautassi en el libro Feminismos, cuidados e institucionalidad. Homenaje a Nieves Rico. Una frase feminista en un libro feminista que homenajea en vida a Rico por haber sido la gran promotora de la agenda de los cuidados en América Latina. Tanto Pautassi como Rico se preguntan a qué normalidad pospandemia nos quieren hacer volver si está claro que para las mujeres la previa no era un lugar apacible sino uno plagado de violencias, desigualdades y discriminación. Para pensar la pandemia y una salida que incluya a todes, las expertas hablan de un concepto novedoso, “sindemia”, que permite dar cuenta de la complejidad de la crisis que disparó la covid-19, no solo a nivel sanitario sino económico y social.

El libro Feminismos, cuidados e institucionalidad. Homenaje a Nieves Rico se acaba de publicar por Fundación Medife Edita. Habla de la agenda de los cuidados (el trabajo invisible que en general hacen las mujeres en las casas, limpiando, cocinando, cuidando niños y ancianos, etc; y también el trabajo rentado dedicado a cuidar a otros), una agenda que el feminismo traía hace años pero con la pandemia se puso en evidencia. Rico es antropóloga y doctora en Sociología y fue una promotora central de la agenda de los cuidados, tanto desde su lugar en la División de Asuntos de Género como de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aportando a la promoción de los sistemas nacionales de cuidados en Uruguay y en Costa Rica y promoviendo los procesos en otros países de la región. Pautassi también es una referente en el impulso de los cuidados como un derecho humano. Es doctora en Sociología y Derecho Social e investigadora principal del Conicet e Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. Gioja. Fue consultora de organismos de Naciones Unidas donde trabajó cerca de Rico.

--Se ha dicho mucho sobre cómo la pandemia puso este tema en agenda. En esta vuelta a cierta normalidad, ¿se han logrado algún tipo de cambio o repetimos los mismos errores?

LP: --La pandemia mostró en una primera mirada que no se sabía lo que pasaba en el hogar con el enfoque de género. E inclusive visibilizándose, porque nadie puede decir a esta altura que no sabe lo que pasa adentro del hogar, no se avanzó en ninguna distribución sino al contrario. Entonces, la verdad que estamos peor, porque la concentración en un mismo espacio físico de trabajo productivo y reproductivo, o el trabajo remunerado y no remunerado, tensionó todavía más a los hogares, de hecho ocurrió un crecimiento de la violencia y sus múltiples manifestaciones. Sobre todo hay que destacar también que la pandemia generó muchísima violencia contra les niñes y adolescentes, ahí se ve un factor muy fuerte, sumado a las afectaciones que también hubo de la salud mental. Pero creo que lejos estamos de haberlo distribuido, ni hablo de la redistribución, y esto que es algo que venimos diciendo hace siglos, el problema es la desigualdad estructural. ¿Entonces de qué normalidad venimos hablando?

Ahora, si hay un aspecto interesante es que se habló de cuidados o sea, la estrategia comunicativa de cuidados fue muy interesante, probablemente no fuimos las feministas las que diseñamos las campañas pero hubo un tema muy interesante ahí de instalar el “cuidate”. Okey, ¿cómo se va a cuidar esa persona, qué herramientas hay para eso? Eso fue quizás lo que faltó.

--Ustedes hablan de sindemia, ¿qué implica este concepto?

NR: --Es muy importante entender que la pandemia se instala en América Latina en un escenario de desigualdades estructurales, entonces cuando empieza la pandemia, la expansión de este virus, pero sobre todo cuando empiezan las medidas que adoptan los distintos gobiernos, el distanciamiento, la cuarentena, los cierres de frontera, el lavarse las manos o comprar alcohol gel, mascarilla, junto con el “cuidate” y el “quedarse en casa” como consigna para superar esta situación, empezamos a ver que no le podíamos echar toda la culpa al virus de lo que estaba pasando con las mujeres, al interior de los hogares, con las trabajadoras domésticas que estaban perdiendo sus empleos y que no tenían apoyo estatal. Ahí tomamos un concepto que viene de la antropología médica y de la epidemiología crítica, que es un concepto muy nuevo, sindemia. Es un concepto que nos permite analizar la confluencia o la sinergia de riesgos y de amenazas, que producen que las personas y los individuos, en particular las mujeres, se vean afectados con una mayor vulnerabilidad, una mayor posibilidad de enfermarse, o una mayor posibilidad de que las restricciones asociadas a las medidas afecten su autonomía y sus derechos. Entonces traemos este concepto a las ciencias sociales, en particular para poder entender de mejor manera las consecuencias que las medidas políticas, sumadas a la crisis sanitaria, están teniendo sobre la población. Entonces nos permite comprender mejor qué les pasa a las mujeres que están en hogares en situación de pobreza. Por ejemplo, sabemos que América Latina es la región del mundo donde hay mayor mortalidad producto de la pandemia, asociada no al virus mismo sino a la sumatoria de otros riesgos y amenazas. Pero hay algo que también nos lleva a decir que no queremos una nueva normalidad, en la medida en que la normalidad era parte del problema; el pensar que vamos a volver a como estábamos antes, en particular para la problemática de cómo está organizado y distribuido el cuidado, para las mujeres no es una buena noticia. Porque como estábamos era parte de nuestro problema. Entonces también conceptualizar desde la sindemia nos permite entender mucho mejor los fenómenos, ver todas las variables que están actuando, darle una mirada interseccional o de cruce de clase, de pertenencia étnica, y al mismo tiempo ojalá nos permita hacer propuestas feministas y transformadoras para la pospandemia.

--¿Pueden adelantar algunas de esas propuestas?

LP: --Hay algunas propuestas bien interesantes que están elaborando los países, con algún apoyo en mayor o menor medida en otros casos, y también tenemos riesgos muy fuertes en el escenario pospandemia. Creo que el mayor riesgo lo tiene Uruguay en estos momentos, precisamente porque el cambio de gestión puso en tensión al sistema nacional de cuidados. O países como Brasil, con todo lo que está sucediendo, en donde ese avance se mezcla con los fundamentalismos religiosos que disputan políticas públicas, o el caso de México en donde se habla de rematernalizar los cuidados en las mujeres. Entonces tenemos esa situación, en el campo de los derechos humanos hablamos de la regresión, y esa regresividad en las políticas está prohibida.

Después tenemos otros escenarios que son mejores. En el caso de Argentina el cuidado entró directamente en la agenda, había algunas medidas antes y sobre todo la conformación con esta gestión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que puso el tema en agenda. También el Ministerio de Economía, por ejemplo, avanzó en que tenemos cálculos del aporte del trabajo no remunerado en el PBI, y esos cálculos en el aporte también muestran el escenario pandémico, cosa que es muy importante, porque nosotras veníamos diciendo que esa es la economía no monetaria, que en medio de la crisis traccionó la economía monetaria que estaba paralizada. Entonces por eso cuestionábamos tanto esos discursos de economía versus salud. Los derechos son interdependientes, no podemos poner esos dos derechos confrontados. Entonces de esa mano también se desplegó un proceso interesante en la Argentina, que es además de ponerlo en una agenda, empezar a debatirlo con parlamentos de cuidados, con producción de información que antes no teníamos, el compromiso de hacer una encuesta del uso del tiempo, el compromiso de que en el censo de población que se va a hacer en el próximo año esto exista, la instalación también de una Dirección nacional de cuidados, que eso es muy importante dentro de la institucionalidad, y también se convocó a una comisión de expertes para la creación de un proyecto de ley para un sistema nacional de cuidados que está en proceso, un proceso quizás de largo plazo. Hay también una mesa interinstitucional de cuidados previa a la pandemia, que no es una mesa de crisis y eso es algo que quiero destacar, me parece que una experiencia virtuosa es no ponerlo como crisis, sino como un momento en las crisis, y por eso el concepto de sindemia: es donde más se necesitan fortalecer proyectos y apuestas políticas.

Bogotá tiene un sistema distrital de cuidados que fortaleció fuertemente, en Chile está ahora en el debate constituyente y el derecho al cuidado es altamente factible que sea reconocido como un derecho. Entonces creo que ha habido, como siempre, luces y sombras, pero creo que estamos más en un camino de luces, por lo menos de instalar muy fuertemente a nivel social el tema.

--Más al nivel de las normas, ¿no?

LP: --No solo de las normas, el punto es ese, empezar con que las mujeres rompan con esa idea de la naturalización del cuidado, ahí me parece que hay un núcleo que tenemos que desandar fuertemente, que los varones empiecen a ejercer su responsabilidades y sus obligaciones en torno al cuidado. Una preocupación que compartimos con Nieves en este escenario sindémico de la crisis de los cuidados es que en la pospandemia ya cayó el empleo y los niveles de pobreza crecieron, y esto siempre afectó más a las mujeres y a los niñes, entonces en ese escenario pospandemia tenemos que fortalecer mucho más, pero también buscando un cambio cultural muy fuerte, cosa que las organizaciones sociales comunitarias en un deber virtuoso de solidaridad y sororidad lo han ejercido, y no hablo de virtuoso como de virtud sino que es un proceso que hay que apuntalar con políticas públicas.

--En su artículo usa una palabra interesante: la “elasticidad infinita” del trabajo de las mujeres...

LP: --Hace muchos años que venimos insistiendo con eso, hay una burocracia asistencial y un conjunto de políticas asentadas sobre ese concepto, en el cual las mujeres siempre van a bancar todo. Este es un punto muy fuerte para trabajar y en el cual la pandemia nos demostró que hay que terminar con las condicionalidades. Las familias sin tener conectividad hicieron lo imposible en los sectores vulnerables para garantizar que los chicos no salieran del sistema educativo. Lamentablemente se han salido del sistema educativo porque no se pudo garantizar, pero los hogares lo intentaron, ¿entonces qué me vienen a hablar de la condicionalidad? Como si para los sectores en condiciones de vulnerabilidad la educación no fuera un bien tan alto como para los sectores medios educados. Entonces ahí me parece que este es un momento para instalar también que esto tiene que salir de la agenda de las burocracias de las políticas sociales.

NR: --En este período ha quedado más claro que nunca la importancia de la economía no monetaria y es más, si la economía monetaria a partir de la pérdida del empleo, de la baja de la productividad y demás, ha decaído, evidentemente la economía no monetaria ha subido, y en el caso de Argentina el estudio que hizo el Ministerio de Economía lo muestra claramente: el aporte en relación al PIB del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado ha aumentado en este período. Entonces creo que si una mayor conciencia de la importancia de la economía no monetaria también llevaría a pensar en presupuestos públicos y priorización de políticas públicas dirigidos a reconocer y valorizar esa economía no monetaria; eso es un ámbito en el que hay que trabajar.

--Ejemplo de eso podría ser la medida de sumar un año por cada hijo a las mujeres que se jubilan y no llegan a cumplir los años de aportes ¿no?

NR: --Claro, ahora esa es una experiencia que existe en Chile hace unos siete años, existe en Costa Rica y en varios países de la región, en donde hay un reconocimiento para la jubilación de las mujeres de hijos vivos. También lo hay en algunos países en el caso de disolución del matrimonio, si la mujer no tuvo ingresos a partir del mercado laboral también hay un reconocimiento dentro de la distribución de los bienes. Pienso en que hay medidas que se tomaron en este tiempo que podrían prolongarse, que no sean solamente medidas de contención, y que nos hacen mirar las cosas de otra manera. Un ejemplo es la ley de teletrabajo en el caso de Argentina, donde estipula el derecho a la desconexión que es algo sumamente importante y el derecho al cuidado de aquellas personas que estuvieran haciendo teletrabajo. Son cosas que antes, aunque hubiese trabajo a distancia, no estaban contempladas, ni en Argentina ni en otros países había normativas o derechos laborales al respecto. Que se haya por ejemplo adoptado ahora en este momento es interesante no solamente para este momento sino la concepción transformadora de que el trabajador y la trabajadora tienen hijos y no son huérfanos.

--Con las licencias pasa algo parecido. Están pensadas para el momento del nacimiento de hijos e hijas, y después es como si esas personas no existieran más...

NR: --Sí, aparte el tipo demográfico aumentó la esperanza de vida y demás, es muy normal hoy que un trabajador o trabajadora de 40 o 50 años tenga sus progenitores vivos a los cuales tenga que cuidar, podríamos decir. También creo que la pandemia cuando se instala en otras desigualdades estructurales dejó en claro lo difícil de nuestros sistemas de salud, y no solamente en los aspectos de gestión sino también en lo que implica el empleo en el sector de salud, que es un empleo feminizado en donde los ingresos y salarios que tienen las trabajadoras en enfermería y limpieza son bajos cuando uno los compara con otros sectores instalados. Creo que la gran propuesta, y que no es nueva, nos lleva a pensar en políticas universales claramente, superar un poco la demanda focalizada y apuntar hacia políticas universales que puedan garantizar desde el Estado el ejercicio del derecho al cuidado, en este caso.

--¿Alguna otra propuesta?

NR: --La Confederación de sindicatos de trabajadoras domésticas asalariadas de América Latina puso ahora el lema “cuida a quienes te cuidan”, creo que también tenemos una deuda enorme con la formalización y los derechos y mejores remuneraciones, con las trabajadoras domésticas asalariadas, que están aumentando además en la región. Durante mucho tiempo había descendido y ahora es el gran nicho donde se insertan las mujeres, sobre todo las mujeres de menores recursos, con menores niveles de instrucción, etcétera. Ahí tenemos una deuda, como tenemos una deuda con las mujeres de los sistemas de salud, y una deuda al interior de los hogares, que creo que el tema es que no hay que pensar que las soluciones son arreglos particulares, no es que Pepito arregla con Juanita y Juanita negocia, sino que esto es como sociedad, buscar nuevos pactos, alianzas, y un nuevo pacto sexual en donde la vieja división sexual del trabajo esté puesta en entredicho.

novedoso concepto de la "sindemia".

20 de septiembre de 2021

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"No, la educación por sí sola no resuelve la pobreza"

Entrevista a Cristina Groeger, por Mike Stivers

Durante más de un siglo, una de las ideas más persistentes en la política de EE UU ha sido que la educación es la mejor solución frente a la desigualdad. Pero no es persistente porque sea cierta, sino que lo es porque constituye un mito útil  para las élites políticas y económicas que custodian celosamente su dinero y su poder.

Desde mediados del siglo XIX, el número de niñas y niños que asisten a la escuela en EE UU ha aumentado de modo constante; la igualdad económica, no. Sin embargo, la idea de que la educación escolar es la mejor manera de reducir la pobreza y de reducir la distancia entre ricos y pobres casi ni se discute. En su nuevo libro, The Education Trap [La trampa de la educación], la historiadora Cristina Groeger aborda este mito sin rodeos.

Basándose en el caso concreto de Boston y aplicando la lupa a la situación de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Groeger examina la relación entre la escuela y la desigualdad en una época en que la educación pública se expandía con rapidez. En conjunto, la conclusión es clara: el crecimiento masivo de la educación pública no generó prosperidad económica generalizada. Las escuelas formaron a algunos trabajadores que consiguieron empleos bien pagados en la creciente burocracia empresarial. Sin embargo, al socavar las bases de los poderosos sindicatos de oficio y establecer un sistema de acreditación, las escuelas también consolidaron la estratificación social existente.

El libro de Groeger muestra la escabrosa historia de la educación como instrumento de lucha contra la pobreza. Tal vez lo más importante es que ayuda al personal enseñante y a la militancia sindical a pensar en las coas que realmente reducen la desigualdad: programas de gobierno universales y sindicatos fuertes. Mike Stivers, autor asiduo de Jacobin, ha hablado con Cristina Groeger, historiadora que enseña en la Lake Forest College, sobre su nuevo libro y lo que puede lograr o no la educación en una sociedad desigual.

Mike Stivers: La idea básica que abordas en el libro es la que dice que la educación es un instrumento político de lucha contra la pobreza. ¿Qué teoría subyace a esta idea?

Cristina Groeger: La visión de la educación como solución para la pobreza tiene una larga historia, que se remonta a Horace Mann, quien a mediados del siglo XIX califica la educación de la gran igualadora. Sin embargo, en los debates políticos más contemporáneos, el marco dominante es la teoría del capital humano, que proviene de la ciencia económica. Considera que la retribución en el mercado de trabajo refleja el grado de cualificación de una persona, que suele medirse en términos de educación y formación. El argumento de economistas como Claudia Goldin y Lawrence Katz es que en las últimas décadas el cambio tecnológico que favorece al personal altamente cualificado se ha acelerado y que el número de personas inscritas en la educación no ha mantenido el paso, por lo que el número de personas que pueden acceder a los empleos mejor pagados es limitado. Así, la solución para abordar la desigualdad social ahora pasa por incrementar el acceso a la educación.

Hay un montón de datos que demuestran que un alto nivel educativo no se traduce automáticamente en un salario más elevado. Pero la relación entre educación y desigualdad también es más compleja. En comparación con otros países, EE UU ha tenido durante mucho tiempo una de las tasas más altas de acceso a la educación del mundo, pero también tiene una de las tasas de desigualdad más elevadas. Esto constituye una paradoja si pensamos que la educación es la mejor vía para reducir la desigualdad.

Podemos hallar un temprano predecesor del modelo de capital humano en los reformadores progresistas de comienzos del siglo XX, que pensaban que el motivo por el que el personal subalterno percibe salarios bajos es la falta de cualificación. Así, si puedes formar a trabajadoras domésticas en escuelas de administración de tareas domésticas, no solo aumentarán sus salarios, sino que también se transformará la ocupación en algo más parecido a una profesión. El problema era que muchas trabajadoras domésticas y otros trabajadores poco cualificados no tenían tiempo para asistir a esas escuelas. Tampoco se tenían en cuenta los motivos por los que muchas personas afroamericanas permanecieron estancadas en empleos mal pagados: no se debía a que no estuvieran suficientemente cualificadas o a su bajo nivel educativo, sino al racismo imperante en el mercado de trabajo u otras clases de desigualdad que estructuran este mercado.

Mike Stivers: Tu libro comienza en la Gilded Age, cuando Boston y muchas otras grandes ciudades de EE UU decidieron invertir masivamente en la educación pública. ¿Por qué la expansión de la escuela pública se convirtió en el buque insignia de la reforma frente a otras opciones que había sobre el tapete?

Cristina Groeger: Había una amplia coalición de apoyo a la educación pública. Los reformadores progresistas pensaban que la educación era la mejor manera de sacar de la pobreza a la clase trabajadora menos cualificada y de integrar a la inmigración. Para las empresas, la educación pública era un medio atractivo para reducir sus costes de formación ‒podían descargarlos en el sistema escolar‒ y además reducía las presiones de que eran objeto para que mejoraran las condiciones de trabajo o aumentaran los salarios. Pero también sostengo que había un amplio apoyo por parte de la clase obrera a favor de la educación pública, especialmente de la que impartiera formación de cara al sector de oficinas, que crecía explosivamente: administrativos, secretarias, mecanógrafas, contables.

Este es el único sector en que el modelo de capital humano viene muy bien para describir la dinámica. Montones de estudiantes, en su mayoría mujeres blancas e inmigrantes de segunda generación, utilizaron las escuelas, especialmente los institutos públicos, para acceder a nuevos tipos de empleos de cuello blanco. Esta fue la base material de la ideología de la educación como instrumento de movilidad social, aunque solo describe a un conjunto específico de estudiantes que accedían a un sector de empleo específico en aquel periodo histórico.

Mike Stivers: Había gente de izquierda que decía que al preparar a la futura fuerza de trabajo, la escuela pública estaba subvencionando la formación para el empleo a las empresas privadas. La alternativa, señalan, sería que se formara a la mano de obra a expensas de las empresas, algo así como una formación práctica. Pero esto era exactamente lo que muchas empresas trataron de hacer a comienzos del siglo XX, mientras que los sindicatos de la época se oponían con uñas y dientes a ello. ¿Por qué?

Cristina Groeger: En aquel entonces casi no había sindicatos en el trabajo de oficina y básicamente ninguna oposición a la expansión de la formación. El sector profesional y el industrial ya eran otra historia. La fuerza de trabajo profesional estaba organizada en sindicatos de oficio y su fuerza se derivaba de su capacidad de controlar el acceso a determinados oficios a través del proceso de aprendizaje sindical. Las empresas que contrataban a profesionales pretendían eludir a los sindicatos y el proceso de aprendizaje, tanto porque regulaba los salarios que tenían que pagar a los y las aprendices como porque a las empresas no les gustan los sindicatos y querían socavar las bases de su poder.

La fuerza de trabajo profesional consiguió cerrar muchas escuelas de oficios privadas y alejar el plan de estudios de las cualificaciones profesionales específicas en la educación industrial pública. El sector de la construcción es todavía uno de los pocos oficios en que existe el aprendizaje sindical y esto se debe a que los sindicatos no cedieron el control de la formación a una entidad externa como el sistema escolar.

Mike Stivers: También señalas que no es cierto que las empresas impartieran la formación a título gratuito. Apareció toda una nueva categoría de escuelas privadas que impartían formación a título oneroso. Esto se parece a lo que ahora llamamos academias privadas con fines lucrativos.

Cristina Groeger: Sí, y esto también varía según el sector. Había algunas escuelas de oficios privadas, en muchos casos relacionadas con empresas. Sin embargo, el crecimiento real del sector con fines lucrativos a comienzos del siglo XX se dio en el trabajo de oficina, donde las escuelas podían ofrecer formación sin apenas oposición por parte de una fuerza de trabajo que no estaba organizada. Estas escuelas de formación profesional, o escuelas comerciales, acapararon una parte importante del panorama educativo hasta que fueron desplazadas los institutos públicos de enseñanza.

Mike Stivers: Cuando las escuelas públicas pasaron a impartir formación práctica, después de años de lucha entre sindicatos y empresas, los empresarios estaban más interesados en que esas escuelas enseñaran lectoescritura y aritmética básicas. Los empresarios no querían que las escuelas impartieran cualificaciones profesionales como, digamos, carpintería o mecánica. ¿Por qué?

Cristina Groeger: En el libro sostengo que podemos contemplar el ascenso de la producción masiva, especialmente alrededor de la primera guerra mundial, en parte como una estrategia encaminada a reducir el número de trabajadores profesionales en general y desplazar al conjunto de la fuerza de trabajo a nuevos tipos de trabajo en que tengan menos fuerza. Se trata también de trabajadores y trabajadoras que no cursan la mayor parte de su formación en el puesto de trabajo, sino en escuelas. Esto incluye a maquinistas inmigrantes que tienen nociones básicas de lectura, escritura y cálculo, que pueden adquirir en la escuela primaria, pero que por lo demás pueden formarse muy rápidamente en el puesto de trabajo.

Ahí está incluida la nueva fuerza de trabajo de cuello blanco, en su mayoría estudiantes que han obtenido el bachillerato y que nutren la burocracia que acompaña a las industrias de la gran producción masiva. Y las escuelan capacitan asimismo a un número muy reducido de administradores educados en la universidad e ingenieros superiores. Así vemos que las empresas pueden apoyarse en distintos tipos de escuelas para diferentes segmentos de su fuerza de trabajo, pero ya en las décadas de 1920 o 1930 se trata también de una fuerza de trabajo que en su gran mayoría no está sindicada y tiene menos poder que sus contrapartes en los tipos de trabajo profesional de antaño.

Mike Stivers: Así es. Señalas que este surgimiento de una clase supervisora ‒hablas mucho de ingenieros de alto nivel, altamente cualificados‒ está estrechamente relacionado con el taylorismo y la descualificación sistemática de la mano de obra.

Cristina Groeger: Podemos ver estas dos caras de la misma moneda. A medida que las empresas pasan a un modelo industrial de producción masiva, que depende del personal de montaje en la base y una nueva fuerza de trabajo de cuello rosa que está ampliamente feminizado, vemos un grupo masivo de trabajadores y trabajadoras que tienen muy poco poder y una nueva clase directiva en lo alto. Esta fuerza de trabajo es mucho más barata. A menudo, las mujeres que realizan estos trabajos cobran la mitad de lo que perciben los hombres, y se trata de una fuerza de trabajo que carece fundamentalmente de sindicatos, de fuerza organizada. Y a medida que se expande la fuerza de trabajo de cuello blanco, deja de ser un tipo de aprendizaje mercantil muy exclusivo y prestigioso a lo que ahora llamaríamos una categoría de cuello rosa.

Mike Stivers: También documentas que la mano de obra afroamericana alcanzaba algunos de los máximos niveles educativos, pero que aun así permanecía en los puestos más bajos de la escala salarial.

Cristinta Groeger: Sí, y no me esperaba descubrir esto, pero si comparamos el grado de matriculación de niños y niñas de clase obrera, las menores afroamericanas mostraban continuamente niveles superiores de escolarización que sus homólogas blancas nativas o inmigrantes. Sin embargo, siempre acababan en los puestos peor pagados. Este es el ejemplo más claro de la incapacidad de la teoría del capital humano para justificar la retribución en el mercado laboral. La gente afroamericana quedó casi completamente excluida del trabajo administrativo, pese a tener estudios secundarios.

Mike Stivers: Mucha gente piensa hoy en EE UU que un título universitario es un pasaporte a la riqueza y buenos ingresos, pero demuestras que históricamente la implantación de los títulos de bachillerato y universitarios cimentó la desigualdad en la misma medida en que la redujo. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

Cristina Groeger: A medida que se masifica la escuela secundaria en este periodo y que nuevas poblaciones ‒inmigrantes, mujeres‒ ocupan puestos de trabajo administrativo, vemos una fuerte reacción por parte de la elite económica y profesional bostoniana. Establecen relaciones con universidades privadas para convertir un título universitario en una importante credencial para los puestos de trabajo mejor pagados en la nueva economía empresarial, cuando en el siglo XIX la mayoría de propietarios y administradores de empresas no tenían ningún título universitario, tal vez ni siquiera el bachillerato. Podemos ver esto mismo también en otras profesiones de salarios elevados, como el desarrollo del derecho mercantil.

En el libro examino la correspondencia entre empresarios y consultores universitarios que ayudan a las personas licenciadas a encontrar un empleo. Es una buena fuente para comprender por qué las empresas prefieren a los titulados universitarios. Observo que parte de su conversación tiene que ver con la cualificación, o capital humano, pero que también tiene que ver con las preferencias de las empresas en materia de raza o clase u otras características personales. Esto significa que las universidades de elite son capaces de reproducir la elite tradicional en estos nuevos puestos empresariales, pero ahora las elites tienen una credencial meritocrática para legitimar sus posiciones en la economía.

Mike Stivers: A pesar de su escasa contribución a la reducción de la desigualdad, la idea de que la educación es un instrumento político para superarla sobrevive en todas partes. ¿Por qué es la educación un instrumento político tan atractivo para resolver problemas económicos?

Cristina Groeger: Creo que en parte se debe a que muchas de las personas que promueven la educación pueden imaginar que esta hace tantas cosas diferentes. Vemos lo mismo en el comienzo del siglo XX. Hay una gran coalición de apoyo, a menudo con intereses opuestos en otros terrenos, pero que se unen en torno a la idea de la educación. La idea también persiste porque no cuestiona a algunos de los sujetos más poderosos de la economía. No cuestiona la facultad de los empresarios de pagar el salario que quieran o de establecer las condiciones laborales que se les antoje. Es muy fácil hablar de nobles ideales y propósitos dentro del sistema educativo, pero lo que esta puede lograr tiene sus limitaciones. Y en muchos casos puede correr un tupido velo sobre desigualdades en el mercado de trabajo que desempeñan un papel mucho más importante en la configuración de las desigualdades que vimos a comienzos del siglo XX y que volvemos a ver hoy.

Mike Stivers: Mucha gente de izquierda rechaza que las escuelas sean simplemente un lugar de formación para el empleo, pero la preparación para el empleo sigue siendo también una parte esencial de la finalidad de la educación pública. ¿Cómo debería concebir el movimiento socialista la finalidad de la escuela en el siglo XXI?

Cristina Groeger: En la medida en que la educación es importante para acceder a un puesto de trabajo ‒y en el plano individual, por supuesto, la educación importa‒, no creo que debamos denigrar a los y las estudiantes que acuden a la educación por este motivo. Hay una tendencia a rechazar el carrerismo, o la profesionalización de la juventud estudiantil, lo que en mi opinión le echa la culpa por la economía a que se enfrentan. Si la izquierda desea liberar la educación para otros propósitos creativos o emancipatorios, primero hemos de crear una economía que asegure la subsistencia de todos y todas. Las demandas de gratuidad de la universidad y de universidades no endeudadas son buenas demandas socialistas, pero no son suficientes. Hemos visto cómo las elites pueden crear siempre nuevas barreras utilizando credenciales todavía más elevadas.

Esto me lleva al título del libro, La trampa de la educación. En todo el espectro político se contempla la escuela como la solución de tantos problemas sociales, pero poner el acento en las escuelas puede convenir a quienes gozan del mayor poder económico, porque echa la carga de la reforma sobre las espaldas del estudiantado, del profesorado, lejos de lo que es la causa real de la desigualdad: la falta de poder de la clase trabajadora en la economía y la política.

Las y los profesionales de la educación desempeñan un papel importante en la lucha por el poder de la clase trabajadora. Lo hemos visto en Chicago, donde vivo. Los sindicatos de enseñantes han luchado no solo por sus propias condiciones de trabajo, sino también por un amplio programa político y por inversiones públicas en sus estudiantes y sus comunidades. Y creo que como socialistas, si interpretamos el papel de la escuela en sentido amplio, deberíamos entender que estas campañas de organización también son formas realmente importantes de educación política. Deberíamos promoverlas tanto dentro como fuera de las escuelas.

Por Cristina Groeger | Mike Stivers

23 agosto 2021

14/04/2021

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“Págales más”: la respuesta de Joe Biden a los planteos de falta de mano de obra

Filosa contestación del presidente de Estados Unidos

"Págales más". Así respondió el presidente estadounidense Joe Biden (foto) ante las preguntas por la falta de mano de obra durante una conferencia de prensa donde el presidente anunció un plan de inversión masiva en infraestructura tras meses de negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.

“No los estoy criticando, realmente lo digo en serio. Me preguntan, ‘Bueno, ¿sabés qué? Los empleadores no encuentran trabajadores’ ” dijo el mandatario en referencia a las consultas que planteaban la falta de mano de obra. “Yo les dije, ‘Págales más’ ” afirmó Biden simulando un susurro. “Esto ahora es una moneda de cambio para los empleados”, agregó.

El plan se apoya en más de 1,2 billones de dólares de inversiones en ocho años (973.000 millones en los primeros cinco años), precisó la Casa Blanca. Unos 312.000 millones son para transportes, incluyendo rutas y aeropuertos, y 266.000 millones de dólares en otras infraestructuras como el servicio de agua potable o internet de mayor ancho de banda.

Si bien esto representa un gran paso adelante, este acuerdo no marca el final de las discusiones. "No tengo ninguna garantía" de conseguir los votos para aprobar este proyecto en el Senado, reconoció Biden, aunque se mostró optimista. "Ninguno de los dos partidos obtuvo lo que quería", destacó, al asegurar que es el precio de obtener un consenso.

Hacia fines de marzo Biden había propuesto invertir unos 2 billones de dólares en infraestructura durante ocho años, con el fin de crear "millones de puestos de trabajo" en Estados Unidos, para mantenerse al frente como economía mundial por delante de China y también para luchar contra cambio climático.

El principal acuerdo entre republicanos y demócratas se refiere al financiamiento de este amplio proyecto de infraestructura. Los republicanos rechazaban un alza de impuestos corporativos propuesto por Biden, mientras que la Casa Blanca rechazaba nuevos impuestos -como por ejemplo sobre la gasolina- a hogares que reciban menos de 400.000 dólares anuales.

El acuerdo finalmente preveé un plan para reforzar las inspecciones fiscales para reducir la evasión y redireccionar fondos desbloqueados en 2020 para luchar contra la pandemia que no fueron utilizados, entre otras medidas.

26 de junio de 2021

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Venezuela: estrategias para sobrevivir en el límite

Con salarios que a menudo están por debajo de los mínimos de supervivencia, la población venezolana depende en gran medida de los bonos, las bolsas de alimentos y otros programas sociales, además de diversas estrategias que transitan entre la legalidad y la ilegalidad. Pero, de la mano de la inmigración masiva, hoy una gran diferencia pasa por tener o no familiares en el exterior que envíen remesas.

 

Decir que en Venezuela existe una profunda crisis política, económica y social no constituye sorpresa alguna ni tiene un especial atractivo académico o político. La crisis lleva años abatiéndose sobre la población venezolana y salpicando hacia el resto del continente, y en general hacia muchos países del mundo, por la vía de las historias que llevan consigo quienes han decidido literalmente huir del país y refugiarse en otras latitudes, con la esperanza de encontrar afuera lo que sienten que les es negado en Venezuela. 

A pesar de ello, sigue siendo una asignatura pendiente para las ciencias sociales una explicación plausible acerca de cómo, en apenas 20 o 30 años, una nación que fue capaz de protagonizar una de las revueltas más duras contra el neoliberalismo, en los sucesos conocidos como el «Caracazo», asume hoy su condición de ruindad y una suerte que cualquiera podría considerar inmerecida, a medio camino entre el desespero y la resignación. Al menos en apariencia.

La principal dificultad que existe en Venezuela para analizar lo que acontece en cualquier ámbito de la vida pública es la extrema opacidad con que las entidades oficiales manejan la información. Ello incluye toda la esfera económica y, por supuesto, también la esfera social. Por ello, las posibilidades de construir una imagen lo más cercana posible a esa realidad tan cruda como la que se vive supone la necesidad de echar mano de una multiplicidad de fuentes, muy variadas, que incluyen la escasa información oficial que circula -mediante lecturas intersticiales, paralelas o superpuestas que puedan resultar indicativas de la situación-, y que deben ser complementadas con los cálculos y proyecciones que formulan investigadores o agencias especializadas y hasta referencias testimoniales de quienes viven y padecen la realidad cotidiana venezolana. Solo entonces podríamos tener una aproximación bastante razonable a lo que realmente ocurre. 

Como ya es costumbre en Venezuela, el pasado 1° de Mayo el gobierno de Nicolás Maduro anunció al país un incremento del salario mínimo mensual, que quedó fijado en siete millones de bolívares, así como un incremento del llamado bono de alimentación o «cestaticket», el cual fue fijado en tres millones de bolívares. Ese día el Banco Central de Venezuela fijaba el precio del dólar en 2.746.151,81 bolívares. Es decir, el anuncio gubernamental indicaba que el ingreso mínimo integral se ubica oficialmente en 3,64 dólares al mes (0,12 dólares diarios). Semejante nivel salarial mantiene a Venezuela como uno de los países con el salario mínimo más bajo del mundo. Como era de esperarse, el anuncio solo produjo decepción, frustración y una lluvia de críticas que expresaban el malestar existente en la sociedad venezolana respecto de la marcha de la economía y, particularmente, de los ingresos de los trabajadores. 

Como es sabido, el Banco Mundial considera pobre a toda persona cuyos ingresos estén por debajo de 1,90 dólares al día, o aproximadamente 57 dólares al mes. En ausencia de estadísticas oficiales que indiquen el valor de la canasta mínima alimentaria, solo nos queda utilizar los datos proporcionados por la única entidad que en Venezuela ofrece algún indicio creíble en esta materia. De acuerdo con un reporte del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), para el mes de marzo de 2021, la canasta mínima alimentaria tenía un costo aproximado de 230 dólares. Entidades privadas independientes han establecido en 55 dólares el ingreso promedio en Venezuela. 

Por supuesto, el gobierno es plenamente consciente de lo insuficiente que resulta el salario fijado, el cual puede alcanzar como mucho para adquirir un kilo de queso o un empaque de huevos. Por eso, implementó un conjunto de beneficios sociales y monetarios suministrados a la población de menores recursos como subsidio directo (en la forma de bonos), mediante una plataforma digital denominada Patria, que consiste en asignaciones monetarias que pueden alcanzar hasta unos 15 dólares mensuales en el mejor de los casos, además de una bolsa de alimentos suministrada a través de un programa social basado en los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP)

Estos programas son, sin duda, importantes, pero al no existir registro público verificable, no es posible saber cuántas personas están siendo realmente beneficiadas por ellos ni cuál es el impacto que tienen en la sociedad venezolana. Pero a juzgar por la situación social, es claro que distan mucho de constituir una verdadera solución al drama que vive el país. Ello sin mencionar que esos programas han sido denunciados como mecanismos de control social y manipulación político-electoral por quienes se oponen al régimen actual, y también se escuchan comentarios en este sentido en las redes sociales, las colas o las calles.

Un par de hechos recientes dejan ver con relativa rapidez y facilidad la magnitud y gravedad de la situación que se vive en Venezuela. Hace algunas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó su último Informe sobre perspectivas de la economía mundial, en el que Venezuela aparece como el país más pobre del continente, al menos en lo que respecta al producto per cápita. Más allá de la mencionada dificultad para acceder a datos, ya a mediados del año pasado, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2020, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostenía que la pobreza en Venezuela afectaba al menos a 94% de la población, y la pobreza extrema, a 67%. Estos datos contrastan radicalmente con una información suministrada por el presidente Maduro en enero de este año con motivo de la presentación de su Memoria y Cuenta 2020 ante la Asamblea Nacional. En su exposición, señaló que la pobreza general alcanzaba a 17% de la población, mientras que la extrema apenas a 4%.

Hace solo algunos días, se materializó un acuerdo entre el gobierno venezolano y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA-ONU) mediante el cual este último abastecerá de alimentos a 185.000 niños en edad escolar durante el presente año, cifra que deberá crecer hasta 1.500.000 en 2023. Respecto de este acuerdo, Maduro afirmó que venía siendo objeto de negociaciones desde hace varios años. Es de suponer que el soporte de información que hizo posible justificar el acuerdo con el PMA-ONU se basó en datos proporcionados por el propio gobierno.

Atrás quedó el tiempo en que Venezuela exhibía cifras de una economía relativamente próspera con un extraordinario impacto en cuanto a índices de desarrollo social o de desempeño de la economía. Hoy, en un país atravesado por la peor crisis de su historia republicana, que exhibe de manera persistente una hiperinflación de la cual no logra salir, azotado por una contracción económica igualmente persistente, y como el resto del mundo golpeado por la pandemia, los venezolanos literalmente sobreviven ensayando un sinfín de estrategias. 

No es el objeto de este artículo detallar ni analizar las causas de semejante catástrofe económica, social y humanitaria, en la que se mezclan una voraz corrupción estatal, un pésimo manejo por parte de las autoridades de la economía y en general, del Estado, y las consecuencias de un conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otro conjunto de países sobre la economía y algunos de los líderes gubernamentales. Nos proponemos radiografiar a vuelo rasante al menos una pequeña parte de la realidad de quienes sobreviven en el piso más bajo de la estructura socioeconómica del país.

Dicho esto, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿exactamente cómo es que logran vivir, o mejor dicho sobrevivir, en Venezuela aquellos cuyos ingresos no logran siquiera acercarse al precio de la cesta básica?

Remesas

Uno de los síntomas más emblemáticos de la crisis venezolana es el éxodo migratorio. Una significativa proporción de los venezolanos y venezolanas, acorralados por la crisis y frente a un futuro que luce sombrío e incierto, simplemente ha buscado otros horizontes, protagonizando uno de los flujos migratorios más intensos y significativos de los últimos años desde un país que no se encuentra en guerra, al menos no en una declarada. Esta migración, para 2020, alcanzaba aproximadamente unos 5,4 millones de personas, según ha registrado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una cifra altamente significativa para un país cuya población es de unos 30 millones de personas. Conscientes de la situación en la que quedan sus familiares, una buena cantidad de quienes partieron envía remesas. La diferencia entre una familia que literalmente pasa hambre y otra que no lo hace puede estar asociada a tener o no un familiar en el exterior que le envíe algún tipo de ayuda. No se cuenta con cifras oficiales sobre el monto global de divisas que ingresan en Venezuela por concepto de remesas, pero algunas estimaciones ubicaban esa cifra para 2019 en unos 3.500 millones de dólares y para 2020, en 1.600 millones, debido a una fuerte contracción a causa de la pandemia.

Carmen tiene 62 años. Vive sola. Su esposo murió hace años, arrollado por un vehículo cuando se dirigía a su trabajo como albañil. Como pudo, se las arregló para criar dos hijos que para entonces tenían 12 y 10 años. El mayor murió asesinado por delincuentes hace tres años. El menor, que ahora tiene 20 años, se fue a Trinidad en 2019. Carmen recibe una pensión de 1.800.000 bolívares y, dependiendo de su suerte, algunos bonos que le asigna el gobierno a través de la plataforma Patria. Una vez al mes, recibe su bolsa del CLAP, «cada vez con menos productos», según dice. Vive en una casa que ocupaba como cuidadora y que luego fue abandonada por sus dueños, quienes se marcharon del país intempestivamente. Sus ingresos, aun siendo una mujer sola, le resultan insuficientes. Sus tres hernias discales y otros «achaques de vieja» le impiden trabajar como solía hacerlo, pero se las arregla para elaborar algunos dulces y venderlos los fines de semana. Su hijo le envía unos 50 dólares por mes. Dice que con lo que reúne entre pensión, bonos y remesas, le resulta suficiente para vivir, aunque comparte una porción de lo que reúne con su propia madre, que vive en otra ciudad con una hermana. No obstante, reconoce que siempre está en el límite. No se permite lujo alguno, sus gastos se limitan a comprar comida y unas pocas medicinas. No paga servicios públicos aunque su casa posee servicio eléctrico y agua mediante conexiones ilegales. Hace mucho que no compra vestido o calzado. Su indumentaria lo confirma. La vivienda empieza a necesitar al menos pequeñas inversiones en mantenimiento, pero dice que no lo hará. «Mijo, si lo que me llega apenas me alcanza pa' medio vivir y darle a mi mamá», justifica.

Como Carmen, decenas de miles de personas y de familias venezolanas sobreviven gracias a los recursos que les envían familiares residenciados en el exterior. Algunos un poco más afortunados pueden llegar a recibir remesas significativamente mayores que ella. Fuera de toda duda, y al margen de la ausencia de cifras oficiales, puede decirse que la catástrofe humanitaria venezolana sería ostensiblemente peor de no ser por esta fuente de ingresos.

Bonos y bolsas CLAP

Como parte de una política asistencial, el gobierno de Maduro, mediante la mencionada plataforma Patria, hace entregas periódicas de recursos monetarios directamente a un número indeterminado de personas en el país. Los montos que se entregan mediante depósitos a cuentas bancarias de los beneficiarios son siempre un misterio, pues se desconocen los criterios que determinan las asignaciones (que varían de uno a otro beneficiario). A modo de conjetura y sobre la base de la opinión recogida entre distintas personas que son beneficiarias de este tipo de políticas, podríamos suponer que por la vía de los bonos, una persona podría estar percibiendo entre cinco y 15 dólares mensuales, pero sin la regularidad de un ingreso fijo. Los montos, además, pueden variar drásticamente de un mes al otro sin explicación alguna. También se sabe de personas que, aun estando registradas en la plataforma, jamás han recibido ingresos pese a estar en situaciones muy precarias.

La familia de Laura se compone de cuatro personas. Ella, de 44 años, está desempleada; su esposo, de 50 años, no tiene trabajo estable y sus dos hijas menores, de 11 y 8 años, estudian en una escuela pública. Viven en las afueras de Higuerote, un pueblo costero de vocación turística en el estado Miranda. Laura se define como opositora al gobierno, mientras que su esposo, aunque con muchas críticas y casi expresando cierta vergüenza, dice ser chavista. Tenían un pequeño restaurante junto con la madre de Laura en su mismo pueblo. El negocio se vino a pique cuando en 2017 la crisis económica, y sobre todo el desabastecimiento, liquidó prácticamente toda actividad económica sin margen para resistir. Desde entonces, Laura solo logra trabajar eventualmente en trabajos de limpieza en las villas vacacionales ubicadas en su zona de residencia, pertenecientes a cierto sector pudiente, casi todo residenciado en Caracas y compuesto hoy en día casi totalmente por personas vinculadas directa o indirectamente con el gobierno. Su esposo, a partir de la quiebra del restaurante, trabajó como empleado en un yate que pertenece a «un chivo del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela]», pero renunció hace algunos meses acusando un trato continuamente degradante y paga baja (100 dólares mensuales). Hoy en día «se rebusca» algún ingreso con la venta de guacucos, una pequeña almeja que extrae manualmente luego de una muy exigente faena a las orillas de la playa, y por lo cual puede llegar a percibir unos 25 dólares semanales; también ofrece sus servicios haciendo «lo que sea» en las urbanizaciones vacacionales de la zona. Con un gran dejo de amargura, Laura dice que soportan demasiadas limitaciones y penurias, pero no se atreve a marcharse del país, asustada por lo poco agraciada que ha resultado esa experiencia para algunas personas que conoce. El miedo a pasarla afuera peor de lo que la pasa en su país los inhibe de intentar esa alternativa, aunque no la descartan. A Laura casi siempre le llegan los bonos. A su esposo, nunca. Reciben la bolsa del CLAP, pero «prácticamente solo trae carbohidratos y en muy poca cantidad».

Oscar tiene 72 años. Vive solo, aspecto de su vida del cual no habla. Tiene una hija de 23 años, casada y con un hijo que vive en el mismo pueblo. Ella es bombera. Prácticamente no tienen comunicación. Oscar sufre de un cáncer de próstata de lento desarrollo y de una hernia inguinal que le impide moverse con cierta soltura. Toda su vida fue taxista, pero entre su situación de salud y el encarecimiento de los repuestos automotores, debió abandonar su oficio y vendió su vehículo al no poder repararlo y cambiarle los cauchos. Hoy en día vive casi exclusivamente de la pensión y los bonos que le entrega el gobierno a través de la plataforma Patria, de la bolsa del CLAP y de la ayuda que algunos vecinos le prestan regalándole algo de comer con cierta regularidad. Aunque su situación es objetivamente de penuria, no habla mal del gobierno. Con claros signos externos de desnutrición, de alguna manera está convencido de que su única posibilidad de supervivencia, o de ralentizar su final, está asociado a las ayudas que le da el gobierno, aun cuando ello no le alcanza para sus medicinas, y el sistema de salud público que debe atenderlo simplemente no lo hace por carecer de insumos. 

Sonia es una joven maestra de escuela que vive en Caracas. A pesar de provenir de una familia de muy modestos recursos, en la década de 1990 logró estudiar en la universidad y posteriormente realizar estudios de maestría. En su momento, consiguió adquirir un apartamento en una zona popular de Caracas y ayudar a su madre a adquirir el suyo. Hoy en día, soltera, con una hija de 12 años, entre salario y bonificaciones dice no llegar a redondear ni siquiera 20 dólares al mes. Su rostro no solo refleja una gran tristeza, sino sobre todo depresión. Aprovechando la cuarentena y que no tienen que asistir presencialmente a dar clases, desde hace un año deambula por las calles de Caracas con algunos termos de café ofreciéndolos como parte de su estrategia de supervivencia. Esta actividad le permite un ingreso extra de no menos del doble de lo que percibe por su trabajo. Decidió no cancelar servicios públicos, más por imposibilitada que como acto de rebeldía, pero dice que hasta su último día luchará contra la «dictadura de hambre» que es el gobierno de Maduro. 

Derrota en proceso

Ejemplos como los anteriores abundan en Venezuela. Prácticamente cada venezolano es no solo testigo sino protagonista de las más impensables estrategias de subsistencia ensayadas en el marco de esta terrible experiencia. Es la creatividad la que impulsa a un ser humano a no rendirse y a inventarse cada día nuevas formas de supervivencia. 

No siempre legales, no siempre bien vistas, no siempre suficientes ni siempre efectivas. Pero se trata de la lucha por ganar la carrera contra el hambre. Desde hurgar entre la basura de restaurantes y mercados y recuperar de allí lo que aún pueda ser comestible, hasta vender objetos de toda índole, incluidos los propios electrodomésticos del hogar. Desde rastrear en  el principal río de la ciudad capital, el Guaire, en busca de objetos que puedan ser vendidos, hasta habitar sobre losas en cementerios. Desde incorporarse a tareas totalmente ajenas a aquellos oficios o profesiones en las que fueron formados, hasta participar de actividades ilegales de diversa índole: tráfico de drogas, prostitución, contrabando, etc. Ensayando múltiples modalidades de trueque, reduciendo de tres a dos o a una comida al día; reduciendo a la vez la calidad, variedad y cantidad de alimentos que se consumen; eliminando drásticamente el disfrute de actividades recreativas y culturales; limitando la movilidad al mínimo necesario; limitando o eliminando los gastos en materia de calzado y vestido, e incluso medicina; optando por alternativas naturales de curación cuando las enfermedades atacan. Para quienes trabajan, la realidad es muy difícil; para quienes carecen de empleo, es simplemente dramática: según el Fondo Monetario Internacional, el desempleo en Venezuela se sitúa en 2020 en 58,3%, y sería el más alto del mundo. De nuevo, carecemos de cifras oficiales sobre este indicador. Incluso las diferencias podrían elevarse hasta quienes prestan servicios para el Estado y quienes lo hacen para el sector privado. Analistas económicos e investigadores dan cuenta de una notable diferencia en el salario que se paga en el sector privado respecto del que paga el sector público.

No es difícil advertir que esta lucha por la supervivencia no todos la ganan, y que aún dando batalla, muchos exhiben en su humanidad la prueba fehaciente de una derrota en proceso.

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Un vendedor atiende a los clientes de un mercado en Caracas, Venezuela.Leonardo Fernández / Getty Images

El alza de los precios, contenida durante la pandemia, se acelera por la reapertura comercial y los gastos del Gobierno en las ayudas de fin de año

En Venezuela se necesita más de un millón de bolívares para comprar un dólar. Y es la segunda vez en los últimos dos años. La hiperinflación terminó de devorar a la divisa local y el incendio en la precaria economía venezolana sigue activo. El preocupante indicador se sitúa entre las crisis inflacionarias más duraderas de la historia económica moderna, solo superada en la región por la que vivió Nicaragua entre 1986 y 1991. En noviembre se cumplieron tres años desde que el país petrolero comenzó a registrar, mes a mes, tasas de más del 50% de inflación que han traído detrás un catastrófico aumento de la pobreza.

Después de algunos meses de aparente desaceleración del alza de precios por la reducción del consumo, durante el confinamiento decretado por la pandemia de coronavirus, la inflación vuelve a tomar fuerza por la presión del gasto para el pago de bonificaciones especiales que el Gobierno de Nicolás Maduro suele ingresar a finales de año y de la campaña electoral para las cuestionadas elecciones parlamentarias de este domingo, en las que el chavismo se dispone a recuperar el control de la Asamblea Nacional. El indicador volvió a desbocarse en noviembre.

“El Gobierno se quedó sin ingresos, porque la industria petrolera está destruida, porque no está recaudando impuestos y no tiene acceso a los mercados internacionales. Cualquier iniciativa que tenga, tendrá que financiarla con dinero del Banco Central de Venezuela. No tiene fuentes legítimas de financiamiento y lo que le queda es emitir esa cantidad de dinero”, explica el economista Omar Zambrano de la firma Anova.

Ese rebote del alza de los precios se siente en la calle, donde la flexibilización de la cuarentena que ordenó Maduro por las fiestas navideñas no ha generado un aumento significativo del consumo. En la última semana de noviembre, el precio de los alimentos subió casi un 40%, según las mediciones de Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Con un salario mínimo mensual —que se aumentó al triple el mes pasado, hasta poco más de un dólar— solo se compra un kilo de arroz.

La subida vertiginosa del dólar es justo el quebradero de cabeza diario de los venezolanos, sobre todo de aquellos —una enorme mayoría— que percibe el salario en bolívares y tiene dificultad para acceder a la divisa estadounidense, cuya circulación no es oficial y no está pactada con Washington. Álvaro Muñoz es ingeniero informático y profesor universitario. A diario registra la depreciación de sus ingresos como docente con doctorados en el escalafón más alto de una universidad pública. Tiene claros los inmanejables ceros que lleva detrás el bolívar, con dos reconversiones en veinte años: la de Hugo Chávez en 2008, que quitó tres ceros a la moneda, y la de Maduro en agosto de 2018, en la que se restaron otros cinco. En las conversaciones cotidianas este diciembre se escucha a muchos decir que, en realidad, un dólar equivale a 100 billones de bolívares, con sus 14 ceros, si se le suman los ocho que se le han quitado en esas dos grandes devaluaciones. La abismal expresión numérica evidencia cuánto se ha empobrecido un país que a finales de los setenta fue una de las naciones más ricas de América Latina.

“Un profesor titular de dedicación exclusiva, del más alto nivel, gana 7,5 dólares mensuales. El sueldo de un docente que recién inicia su carrera es de cuatro dólares. De ayer para hoy el sueldo se me devaluó un 14% por el salto del dólar”, contaba hace unos días Muñoz. En tres años, la hiperinflación no solo ha rebanado su salario, también le hizo abandonar un segundo doctorado en España porque no podía seguir pagando la matrícula. El profesor, de 54 años, sobrevive en Barquisimeto, en el occidente del país, junto con su madre con las ayudas de una hermana que envía remesas desde Chile y la cosecha que le comparte otro hermano agricultor. “El sueldo no me alcanza para pagar el servicio de Internet. La última vez que compré zapatos fue hace cuatro años”. En noviembre de 2017, cuando la Asamblea Nacional señaló que el país había entrado en esta situación, su remuneración mensual equivalía a 62 dólares. En 2018 se redujo a 46 dólares, el año pasado eran solo 20 dólares y este 2020 no llega a 10.

La caída del poder adquisitivo de la moneda ha conllevado a otra pérdida aún más dramática: la del valor del trabajo y de la profesión. En términos prácticos, Muñoz lo explica así: una persona que hace delivery en bicicleta gana tres dólares por entrega, que es lo que un profesor puede conseguir en un mes. Para Zambrano el país inició una transición económica sin cambio político. “Se tomó la decisión política de dejar que la economía se reduzca a su mínima expresión, sin motores de producción, donde se ven ciertos movimientos y transacciones para vender productos finales que se importan directamente de un Costco [una gran superficie] hasta Caracas. Esa es una economía que deja muy poco al país y es solo la fracción de lo que fue”.

El economista señala que de ser un país petrolero el tamaño de la economía venezolana se parece más al de una isla del Caribe o un país centroamericano como Honduras. “Esto va a seguir sometiendo a gran parte de la población a condiciones socioeconómicas adversas y va seguir expulsando a la gente, porque no hay cama para tanta gente, no hay capacidad de absorber la masa laboral del país”.

Al cierre de 2020, Venezuela tendrá una economía un 67,6% menor a la de 1999, según cálculos de la firma Ecoanalítica, una inflación del 6.500% y una tasa de desempleo del 54%, de acuerdo con las proyecciones de octubre del Fondo Monetario Internacional. Las ganancias del boom petrolero que hubo entre 2006 y 2012 se disolvieron totalmente a partir de la recesión que se vive desde 2013, cuando Maduro llegó al poder tras la muerte de Chávez y las crisis política y económica pisaron el acelerador.

¿Dolarización?

Hace unas semanas, la agencia Bloomberg reveló que el Gobierno estaba evaluando con un grupo de bancos privados la posibilidad de formalizar la dolarización que existe de facto, impulsada por la hiperinflación que lleva a la gente a deshacerse del bolívar. Hoy, los billetes de bolívares solo circulan en los autobuses del transporte público. El dólar es la moneda corriente en la Venezuela de 2020, luego de pasar 15 años con un férreo control cambiario durante el cual estaba prohibido comprar divisas. “La dolarización que hay ahora es incipiente y está limitada a ciertos círculos. Pero no hay un sistema financiero en dólares, ni contratos en dólares. Eso limita la capacidad que pudiera tener de hacer crecer la economía y frenar la hiperinflación del bolívar”, apunta Zambrano.

Cuando el episodio hiperinflacionario comenzó, los economistas estaban divididos sobre la dolarización como una vía de escape. Ahora, después de no haber hecho nada para contener la depreciación de la moneda venezolana, parece no haber otra opción. “El repudio al bolívar es total”, dice Zambrano. Implementarla, sin embargo, es un proceso cuesta arriba para un Gobierno prácticamente quebrado, sin fuente de ingresos en dólares y que tiene una enorme carga de empleados públicos y jubilados —una abultada nómina que aún con la migración forzada podría rondar los cinco millones de personas— a los que habría que llevar sus remuneraciones a dólares.

Esto permitiría reducir la brecha social que se ha creado entre quienes perciben ingresos en dólares y quienes no, lo que han exigido diversos gremios en protestas durante los últimos meses, pero que luce inviable para la economía de Maduro. Como parte del dramático sistema de distorsiones y controles que han llevado al foso al país, en los últimos días el Gobierno también ha dado señales contradictorias sobre el avance hacia una dolarización y un viraje hacia más libertades económicas, anunciando un nuevo impuesto a las transacciones en divisas, en un intento desesperado de resucitar el bolívar.

 

Caracas - 02 Dec 2020 - 18:07 COT

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En la imagen, un hombre sostiene una botella de aceite y una bolsa de tomates mientras permanece sentado en una esquina de Caracas. Fotografía: EFE/ Miguel Gutiérrez

Reproducimos extractos de una crónica del periodista Gonzalo Domínguez Loeda (Efe), que le marca el pulso en las calles de Caracas a los ritmos acelerados de los precios en medio de una hiperinflación, cuando el salario mínimo es menos de un dólar mensual y el hambre continúa golpeando en el país.

 

 Hay que pararse y releer para poder imaginar la dimensión de algunas cifras: en Venezuela, la inflación de los alimentos durante la cuarentena alcanzó el 671,8 %. La traducción a las calles es pobreza y desnutrición, un drama cotidiano que marca y atenaza más que nunca.

Ir al mercado es sinónimo de llevarse una sorpresa. Si un ciudadano va dos veces en la misma semana, los productos de la cesta básica tendrán precios distintos. (…) Hoy, el precio del dólar ronda los 450.000 bolívares soberanos pero ya ni la divisa estadounidense amortigua el golpe, incluso quienes perciben salarios o remesas en la moneda de EEUU pierden capacidad adquisitiva día a día, una realidad que todavía nadie mide con precisión pero que se percibe de forma constante en las calles.

Subidas y más subidas

"El café, 2,5 millones el kilo; hace un par de meses lo pagaba a 1,2 millones", asegura a Efe Johnny Torres.

"El aceite de soya, que es el que más utiliza la gente aquí, tenía un costo aproximado de 300.000 y ya va sobre 640.000 en menos de tres meses", agrega Juan Latre.

La queja llega incluso al producto más básico de la dieta venezolana, la harina para las arepas porque "hoy, el kilo vale sobre 460.000", es decir, 60.000 bolívares más que el salario mínimo que perciben la mayoría de los venezolanos.

Con Latre coincide Yusbey Medina: "Antes pagaba una harina en 230 y ahora una harina en 460, un dólar". La inflación es tan galopante que los venezolanos han dejado de contar ceros y le quitan, en su día a día, tres a una moneda a la que ya le han amputado ocho las reconversiones.

"Los huevos van por 680.000; antes pagaba por medio cartón 300.000 y hoy medio cartón 680.000, es una barbaridad", agrega.

"La leche en polvo de un kilo costaba un millón y pico y ahora está casi en cuatro millones", se queja Tibisay Vadillo.

El último en sumarse a la retahíla de reclamos es Hermes Ayala, quien, en el mercado del sector popular del Cementerio, explica a Efe que "todo ha subido en menos de 3 meses un 400-500 %".

"Hace dos o tres meses comprabas un kilo de carne en 200.000 bolívares, hoy cuesta de 1,6 a 2 millones", asegura.

Un porcentaje desolador

Los datos de la empresa Econanalítica coinciden con los de los vecinos de Caracas. Su última estimación indica que, desde que comenzó la cuarentena en Venezuela, en marzo pasado, los precios de los bienes y servicios han subido un 461,4 %. En el caso de los alimentos, el alza es de 671,8 %. Hay que pararse y repetírselo despacio 6-7-1 coma 8 por ciento.

Con esos datos sobre la mesa, Hermes explica que un hogar venezolano, para adquirir la cesta básica, "necesita cerca de 240-250 dólares mensuales" y subraya: "Para lo básico".

Se necesitan, por tanto, casi 300 veces el salario mínimo para llenar la nevera con "lo básico".

"Y si tú te ganas un dólar al mes, oye qué estamos haciendo", se pregunta.

Por eso, explica este vecino del Cementerio, la gente vive de las ayudas que le mandan sus familiares que se han ido a trabajar fuera, cerca de 5,5 millones de personas, según la ONU, que son "los que envían dinero para medio poder vivir bien".

¿Y si uno no tiene parientes fuera? "Terrible, terrible, el límite de pobreza, se pudiera decir", responde Hermes con el rostro ensombrecido y agrega: "Por eso ves gente comiendo en la basura".

Ni un capricho para la nieta

Tibisay Vadillo, que se queja del precio de la leche en polvo, tiene una nieta, y, como toda abuela, se desvive por poder darle un capricho, un dulce, o sea, ser lo que, en cualquier lugar, del mundo se llama "ser una abuela".

Sin embargo, la crisis venezolana roba a sus ciudadanos incluso esos momentos de la infancia, una chupeta, el clásico caramelo infantil, le cuesta hoy 70.000 bolívares "y eso regateando, buscando precios".

"Estoy yendo (a comprar) porque el (día) 27, cumple años mi nieta, quiero hacerle una gelatina pero estoy viendo los precios porque de verdad...", afirma.

Esos puntos suspensivos que deja Tibisay en el centro de Caracas, donde confluyen muchos ciudadanos de la capital en busca de un precio mejor o un producto que la escasez no permite hallar en cualquier lugar, resumen el abatimiento en la vida de los venezolanos.

Hoy ya no queda sino rastro de aquel desabastecimiento que llenó Venezuela de filas para comprar, pero se ha instalado algo acaso mucho peor, la imposibilidad de comprar productos básicos.

Martes 20 de octubre | 14:30

Los supermercados se llenan pero los estómagos siguen vacíos (…)

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El Gobierno de México sube por segunda vez en menos de un año el salario mínimo

La medida supone el mayor incremento a las compensaciones en más de 40 años en un entorno económico marcado por la parálisis en el primer año de López Obrador

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a dar un importante impulso al salario mínimo. Este lunes se ha anunciado un incremento del 20% a las compensaciones que entrará en vigor en 2020. Se trata del segundo anuncio de subida que hace el Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en menos de un año. A finales de 2018, el presidente anunció, poco después de asumir el cargo, un incremento del 16%. Unos 3.44 millones de trabajadores mexicanos se verán beneficiados por lo que es el mayor incremento al mínimo en más de 40 años.

Con el aumento, el salario mínimo pasará de 102.68 pesos a 123.22 pesos diarios, unos 6.5 dólares. El incremento es menos pronunciado, del 5%, en la frontera, donde el monto subirá de 176.72 pesos diarios a 185.56 (9.7 dólares). La zona fronteriza ya había visto subir al doble el mínimo en cuanto López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018. “Es una buena noticia, lo cierto es que no pensaba que se iba a lograr esto en un año de Gobierno”, admitió en Palacio Nacional el mandatario tras anunciarse el acuerdo entre los trabajadores y la patronal.

La actualización que el Gobierno del Morena hace del salario mínimo es el más importante en 44 años. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo este viernes que la muy esperada subida de diciembre pasado no impactó las variables macros que muchos vaticinaban. “En lo que va de 2019 la inflación no solo no se ha disparado, sino que ha sido de las más bajas en los últimos cuatro años”, presumió la ministra. El aumento del mínimo tampoco tuvo efecto sobre la creación formal de empleos, pues se han generado 724.000 puestos de trabajo formales. Muchos de ellos, no obstante, dependen de los programas de apoyos y becas creados desde la secretaría de Trabajo, como Jóvenes construyendo el futuro.

La patronal también estuvo presente en el anuncio de la medida. “Tenemos un sentido de consenso. Es a través del salario donde demostramos claramente nuestra responsabilidad social”, dijo Carlos Lomelí Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial. El empresario se comprometió, a nombre de las organizaciones reunidas, a que las familias reciban un salario de al menos 6.500 pesos mensuales (343 dólares). Esta cantidad representaría el piso de la línea mínima de bienestar dibujada por el Coneval, la institución que mide la pobreza en México. Salazar calcula que dos millones de familias están por llegar a esa marca próximamente. En México hay 52.4 millones de pobres, según cifras oficiales.

La medida pretende poner freno a una precipitada caída, superior al 70%, del poder adquisitivo. López Obrador ha reconocido que eso tardará aún. “Va a llevar tiempo, siendo realistas, porque esto no se resuelve por decreto”, añadió el presidente.

El anuncio es una buena noticia en un entorno económico marcado por la parálisis en el primer año de la Administración de López Obrador. El Banco de México, recientemente, modificó a la baja la cifra de crecimiento para 2019 y lo ubicó en un rango que va de 0,2% hasta territorio negativo. El Gobierno se ha mostrado optimista con la idea de que el nuevo tratado comercial para América del Norte, el T-MEC, y un ambicioso plan de infraestructura sean los motores para sacar la economía mexicana del atolladero.

Por LUIS PABLO BEAUREGARD

México 16 DIC 2019 - 23:33 COT

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El malestar por la reforma de las pensiones desborda Francia

En torno a un millón de personas se manifiestan en la mayor movilización sindical en el mandato de Emmanuel Macron. Los transportes ferroviarios y de metro quedan prácticamente paralizados.

Vagones y estaciones de tren casi desiertas, mientras que las manifestaciones se llenaban de gente. La huelga del 5 de diciembre desbordó las calles en Francia. Después de años de impotencia ante la ofensiva neoliberal, los sindicatos franceses impulsaron este jueves la movilización social más importante tras el inicio del mandato de Emmanuel Macron. Un año después de la revuelta de los chalecos amarillos, la indignación por la reforma de las pensiones toma ahora el relevo del malestar.

Entre 1,5 millones de personas, según la CGT, uno de los principales sindicatos franceses, y 806.000, según el Ministerio del Interior, se manifestaron este jueves en las más de 250 acciones de protesta en Francia. Estas tuvieron un seguimiento más que notable en grandes ciudades como París, donde se congregaron entre 250.000 manifestantes, según los sindicatos, o 65.000, según la delegación del gobierno. Pero también hubo un seguimiento masivo en localidades medianas y pequeñas, como Perpiñán, Caen o Saint-Nazaire (noroeste), donde protestaron al menos 9.000 personas en cada una de ellas. En varias localidades alcanzaron cifras que no se habían registrado desde 2010 con las protestas contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy.

Además del elevado número de manifestantes, el éxito de la huelga quedó reflejado en que se paralizaron sectores claves de la economía y la sociedad, como los transportes ferroviarios y metropolitanos o las escuelas e institutos. Solo circularon uno de cada diez trenes en el conjunto de Francia. El tráfico en once líneas de metro en París quedó completamente interrumpido. A través de asambleas, los trabajadores de la compañía ferroviaria SNCF o de los transportes metropolitanos decidieron alargar la huelga hasta el lunes.

Agentes ferroviarios, maestras, abogados, artistas, enfermeras, estudiantes, periodistas de Radio France (grupo estatal de radio)... Podríamos dedicar solo un párrafo para enumerar a todos los sectores implicados. En la manifestación de París, destacaban los perfiles diversos de manifestantes, que llevaban chalecos amarillos, chalecos rojos de la CGT, naranjas en el caso de los empleados de la SNCF o batas blancas en el personal sanitario. “Esta huelga expresa un malestar que va más allá de la reforma de las pensiones, se trata básicamente de la lucha de clases”, afirma el politólogo Thomas Guénolé, autor del libro Antisocial. Según este analista, comprometido en la lucha contra la austeridad, “como ya sucedió con los chalecos amarillos, esta movilización se caracteriza por haber sido impulsada desde abajo”.

 “Hace nueve meses que protestamos y no nos han hecho caso”, lamenta la enfermera Yasmina Kettal, del Colectivo inter-urgencias, la punta de lanza de las numerosas movilizaciones que se produjeron en los últimos meses en el sector sanitario francés. “Nos hemos implicado en este huelga porque queremos que coagulen los distintos movimientos”, añade Kettal, sobre la necesidad de que converjan las diversas oposiciones, sobre todo en sectores de la función pública, a las políticas de Macron. Una unión que se ha visto propiciada por la reforma de las pensiones, una medida clave en el proyecto neoliberal del macronismo.

La amenaza de una bajada de las pensiones

El joven dirigente quiere transformar el actual modelo de 42 regímenes de cotización en un único sistema por puntos. Una medida revestida con un barniz de igualdad con la promesa de que “un euro cotizado dará los mismos derechos a todo el mundo”. Sin embargo, con su entrada en vigor, prevista para 2025, los futuros pensionistas percibirán una jubilación entre un 15% y un 23% más baja que la de sus conciudadanos que se jubilen ahora a los 64 años con el mismo perfil profesional, salario y años cotizados, según el colectivo ciudadano RéformedesRetraites (Reforma de las Pensiones).

Si esta medida se ve culminada, las pensiones se calcularán a partir de los puntos obtenidos a lo largo de la carrera profesional. Es decir, dejará de hacerse en función de los seis últimos meses en el caso de los funcionarios o los mejores 25 años en los asalariados del privado. Este proyecto de ley también se ve marcado por la voluntad del gobierno de mantener “el equilibrio presupuestario”. Lo que significa limitar en el 13,8% del PIB el gasto público destinado a las prestaciones de jubilación. Una política, que unida al envejecimiento de la población, favorece una reducción de las pensiones.

Aunque el ejecutivo centrista empezó a negociar esta reforma con los sindicatos en el otoño de 2017, este proyecto de ley aún no ha sido ni presentado oficialmente. Sus directrices son, sin embargo, de sobras conocidas, tras las informaciones transmitidas por el ejecutivo, en concreto el informe publicado en verano por Jean-Paul Delevoye, el ministro encargado de esta medida. El primer ministro Édouard Philippe anunciará “a mediados de la semana que viene la arquitectura general de la reforma”, indicó este jueves la ministra de la Transición Ecológica, Elisabeth Borne. Unos anuncios que reflejarán si Macron se mantiene férreo o hace concesiones, como la posibilidad, comentada en la prensa francesa, de que la reforma solo se aplique para las generaciones nacidas después de 1975.

¿Una repetición de la huelga de 1995?

“Tras esta movilización tan fuerte, me parece que el gobierno tendrá que modificar su borrador”, se felicita Jean-François Pacton, de 74 años. Según este histórico militante sindical de la CGT, “hacía años que no veía tenta gente en una protesta en París. Sin duda, es la manifestación sindical más importante desde el inicio del mandato de Macron”. Como recuerda Pacton, “el actual sistema de pensiones francés por repartición —en el que las cotizaciones de los salarios medios y más altos contribuyen para que los más modestos dispongan de unas pensiones justas y decentes— es una de las conquistas sociales de la postguerra después de 1945”. Un escollo ante el que ha chocado ahora la ofensiva neoliberal de Macron.

“Los chalecos amarillos fueron el motor de la contestación y un año después ha llegado el momento de que el pueblo termine de despertar. Estas protestas representan un buen inicio”, presume Jerôme E., de 51 años, un cerrajero de París, que se presenta como militante sindical y de los chalecos amarillos. En medio de la manifestación en la capital francesa en la que resultaba difícil desplazarse por la abundante cantidad de gente, recordaba que “el año pasado no entendí el motivo por el que las direcciones sindicales se pusieron de perfil ante la revuelta de los chalecos amarillos, pero esta vez se han visto obligados por la fuerte movilización de las bases sindicales a convocar la huelga del 5 de diciembre”.

Según Guénolé, las protestas que empezaron este jueves “mantienen algunas similitudes con la huelga de diciembre de 1995”. Entonces, una sucesión de movilizaciones y bloqueos en sectores estratégicos de la economía forzaron al entonces primer ministro, el conservador Alain Juppé, a que renunciara a modificar el sistema de pensiones. ¿El mismo guión volverá a repetirse veinticuatro años después? “No nos encontramos en la misma situación que en 1995. Entonces, los sindicatos era mucho más fuertes y lograron sacar a dos millones de personas en la calle. Ahora la gente es mucho más individualista y prefiere ir a trabajar en patinete eléctrico”, lamenta Pacton.

Pese a las dos últimas décadas de hegemonía neoliberal, los malestares en Francia han convergido en una importante movilización sindical. Un despertar popular que pone contra las cuerdas la reforma de las pensiones.

 

05/12/2019 22:04 Actualizado: 05/12/2019 22:04

ENRIC BONET

 @EnricQuart

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Crítica a Thomas Piketty: ¿incremento de desigualdades o de explotación?

El aumento de las desigualdades de renta y de propiedad ha sido tan grande en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado que ha llamado la atención de los mayores fórums y medios de comunicación en tales países, así como en las instituciones internacionales. En realidad, el tema de las “desigualdades” se ha convertido casi en un tema de moda. Desde el Foro de Davos (el Vaticano del pensamiento neoliberal) hasta el Foro Social Mundial, todos hablan del tema de desigualdades.

Pero lo que es interesante (y diría yo también intrigante) es que apenas se habla de otro término (o concepto) que está claramente relacionado con el tema de desigualdades. Y me refiero al término (y concepto) de explotación, raramente citado y todavía menos analizado, por ser considerado demasiado polémico. Los datos, sin embargo, muestran que es casi imposible entender la enorme evolución de las desigualdades hoy en el mundo capitalista desarrollado sin hablar de explotación.

Qué es explotación

En realidad, el concepto explotación es muy fácil de definir: A explota a B cuando A vive mejor a costa de que B viva peor. Y A y B pueden ser clases sociales, géneros, razas, naciones o ambientes. Me explico: cuando a un trabajador se le paga menos de lo que contribuye con su producto o servicio a fin de que su empleador (el empresario) pueda aumentar más sus beneficios, hablamos de explotación de clase. Cuando una pareja (hombre y mujer) que viven juntos y trabajan los dos, llegan a casa al mismo tiempo y la mujer se va directamente a la cocina a preparar la cena para los dos mientras el marido se sienta para ver la televisión, hablamos de explotación de género. Cuando a un ciudadano negro se le paga menos que a un blanco por hacer el mismo trabajo, entonces indicamos que hay explotación de raza. Cuando un Estado–nación impone a otro más pobre las condiciones del comercio internacional que le favorecen, a costa de los intereses de esa nación pobre, hay explotación de nación. Y cuando la compañía Volkswagen era consciente del daño causado por sus automóviles, contaminando más de lo legalmente permitido, beneficiándose a costa de dañar la salud de la población, había un caso de explotación del medioambiente por parte de dicha empresa, a costa de la salud de la población.

El crecimiento de las desigualdades de clase causado por un aumento de la explotación

Pues bien, una de las desigualdades más acentuadas y que han aumentado más sustancialmente desde los años ochenta del pasado siglo han sido las desigualdades por clase social, y ello se debe al aumento de la explotación de clase, que explica en gran medida la evolución de estas desigualdades de clase, las cuales, a su vez, afectan a otros tipos de desigualdades (como las desigualdades de género originadas por otros tipos de explotación, como mostraré más adelante). La explotación de clase centra la dinámica de las sociedades capitalistas hasta tal punto que no se puede entender ni la génesis ni el desarrollo de la Gran Depresión o de la Gran Recesión en el mundo capitalista desarrollado sin analizar la evolución de tal explotación. Incluso un economista keynesiano como Paul Krugman ha reconocido últimamente esta realidad, señalando que el economista que explicó mejor la evolución de los ciclos económicos fue Michal Kalecki (que influenció a Keynes), que puso la explotación de clase y el conflicto generado por tal explotación en el centro de su análisis. Thomas Piketty, en su último libro Capital e ideología así también lo reconoce, aludiendo a la famosa cita de Karl Marx: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.

 

La explotación de clase durante la Gran Recesión

 

Esta observación aplica claramente a España (incluyendo Catalunya), uno de los países de la UE con mayores desigualdades por clase social. Las rentas del trabajo han ido disminuyendo en España (incluyendo Catalunya), mientras que las rentas del capital han ido aumentando, siendo el ascenso de estas últimas a costa del descenso de las primeras. En España (incluyendo Catalunya) el conflicto de banderas (la borbónica por un lado y la estelada independentista por el otro) durante los años de la Gran Recesión ha ocultado esta realidad.  La enorme crisis de legitimidad del Estado se basa precisamente en esta realidad.

Uno de los elementos de estabilidad del sistema capitalista, que era la ideología de la meritocracia (que asumía que el mérito era el motor que definía la jerarquía social), ha perdido toda su credibilidad y capacidad cohesionadora, pues pocos se la creen. Y ahí está el problema para la reproducción del régimen político actual. Esta realidad muestra el poder de las ideologías en la configuración de las desigualdades, como concluye, con razón, Piketty en el libro anteriormente citado, Capital e ideología. Ahora bien, el gran error de Piketty es que concede excesiva autonomía a las ideologías, sin apercibirse de que las que él cita han sido creadas y promovidas para satisfacer los intereses de las clases que las originan. Piketty reconoce que Karl Marx llevaba razón (cuando ponía la lucha de clases en el centro de la explicación), pero añade inmediatamente después que hoy la lucha no es entre clases, sino entre ideologías. Por lo visto, Piketty no se da cuenta de que, como acabo de decir, las ideologías son sostenidas y promovidas como instrumentos del poder de clase. La meritocracia era una ideología promovida por los que estaban en la cúspide del poder, para justificar su derecho a dominar. Y el neoliberalismo ha sido la ideología de la clase capitalista dominante, como bien muestran los datos sobre la evolución de las rentas y su enorme concentración, lo cual ha ocurrido a costa de la clase trabajadora, cuyo nivel de vida ha ido empeorando. La evidencia de ello es clara y contundente (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

Naturalmente que tales ideologías (de clase) no son las únicas, pues cada tipo de explotación genera diferentes ideologías. La explotación de género se sostiene gracias a la existencia de ideologías que reproducen tal explotación. Pero todas ellas están también influenciadas por las ideologías encaminadas a reproducir el dominio de clase. Hay muchos ejemplos de ello. Como ha escrito Rosalind Gill en su libro Cultura y subjetividad en tiempos neoliberales y posfeministas, el neoliberalismo (la ideología de la clase capitalista) influenció la expansión del erotismo en la moda femenina, a fin de empoderar a la mujer para competir en el mundo dominado por el hombre en términos que reproducían también el dominio del machismo, que veía a la mujer como objeto de deseo del hombre. Lo que la mujer (liberal) creía que era la libre expresión de su voluntad era, en realidad, la reafirmación de su opresión, presentándola como objeto de deseo.

Una situación semejante se da en las ideologías basadas en la explotación de raza (y de clase). El racismo ha jugado un papel clave en desempoderar al mundo del trabajo, dividiéndolo por raza. Es de sobras conocido que el racismo juega un papel clave en la desunión de la clase trabajadora., causa de que sea ampliamente promovido por la clase dominante. Como bien dijo Martin Luther King una semana antes de ser asesinado, “la lucha central en EEUU que afecta a todas las demás es la lucha de clases”. Lo dicho anteriormente no es, como algunos estarán tentados de pensar, reduccionismo de clase, sino intentar recuperar y resaltar la importancia de la clase social como variable de poder en el análisis de la realidad, y no solo a nivel económico, algo que raramente se hace no solo en los medios, sino también en los análisis académicos.

La explotación requiere dominio, hegemonía y represión por parte de los explotadores

Y estas ideologías se sustentan a base también de una enorme represión. Basta ver qué está ocurriendo en varios países de Latinoamérica hoy. De ahí que considere enormemente ingenua la observación que hace Piketty en su crítica a Marx. Dice Piketty: “A diferencia de la lucha de clases, la lucha de ideologías está basada en el conocimiento y las experiencias compartidas, en el respeto al otro, en la deliberación y en la democracia.” Tengo que admitir que tuve que leer este párrafo dos veces. Mis muchos años de experiencia y conocimiento de la realidad en los varios países en los que he vivido y he trabajado muestran que no es así. Piketty idealiza el sistema democrático. La prueba de ello es que el siglo XXI se está caracterizando por las enormes agitaciones sociales frente a las consecuencias de la aplicación de las políticas de clase impuestas por los grupos dominantes.

Hoy, la gran mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte están experimentando una enorme crisis de legitimidad de sus Estados, resultado en gran parte de la aplicación de las políticas públicas neoliberales impuestas por los partidos gobernantes, incluidos los partidos socialdemócratas cuyo compromiso y aplicación de políticas públicas del mismo signo han generado su enorme colapso e incluso desaparición, como ha sido el caso del partido socialista en Francia, país donde reside Thomas Piketty. El surgimiento de la ultraderecha en Europa y el gobierno de ultraderecha que gobierna EEUU son un indicador de tal crisis. Me parece incoherente que a la luz de estas realidades, Piketty concluya que los sistemas políticos actuales responden a la idealizada versión que caracteriza su definición de ellos. Hoy estamos viendo el fin de una etapa en la que el poder de las clases dominantes ha alcanzado un nivel tal que la propia supervivencia de los sistemas democráticos está en juego. La escasa atención que Piketty presta al contexto político del fenómeno económico (que es casi característica de los estudios económicos actuales) empobrece su análisis, pues hace poco creíble que las propuestas que hace puedan considerarse como factibles sin que exista un cambio más sustancial de lo que él considera.

Respecto a sus propuestas, admito reservas en cuanto al hecho de que la solución pase por gravar a las rentas superiores y a la clase de propietarios del capital y que se distribuya la renta a cada uno de los ciudadanos. Ya he expresado mis reservas en cuanto a priorizar una renta universal a costa de un cambio más significativo, que es utilizar los fondos adquiridos mediante la grabación del capital y de las rentas superiores para crear una sociedad en la que cada uno contribuya según sus habilidades y los recursos se distribuyan según sus necesidades. Habiendo dicho esto, no quiero desalentar al lector a que lea el libro de Thomas Piketty, que como siempre tiene información de gran interés.

NOVIEMBRE 28, 2019

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Publicado enPolítica
Imagen: AFP

El mandatario Piñera habla de guerra y a la vez de plan de reconstrucción. Mientras tanto, miles de personas inundan las calles con sus reclamos.

 

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible". Con esas palabras, el presidente de Chile, Sebastián Piñera intentó calmar a la ciudadanía la noche del domingo, cuando las manifestaciones y cacerolazos, daban paso a los saqueos, asaltos, vandalismo y destrucción perpetrados por turbas dispuestas a todo. La desafortunada frase del mandatario se sumó a una seguidilla de desaciertos comunicacionales de sus ministros que en vez de calmar los ánimos, han incendiado más la pradera a niveles no vistos desde la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Pero estamos en 2019 y los tiempos han cambiado, al menos eso estima la gente que ha hecho caso omiso a los toque de queda y las medidas de excepción decretadas para Santiago y las principales ciudades del país, manteniéndose en las calles protestando de manera pacífica algunos y otros delinquiendo. 

"Que se vayan los milicos" y "¡Chile despertó!", gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.

Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros.  Para este miércoles llamaron a una huelga general 

"Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

En este escenario revuelto, donde se mezclan lo que reclaman con razón como los jubilados, los enfermos que no tienen cama en un hospital, los jóvenes que ven que no les alcanza para estudiar, los que no tienen como llegar a fin de mes o a los que los pesos no les da para pagar un subte de más de un dólar, con otros que aprovechan el caos para producir algunos saqueos. Fue un militar el que puso algo de cordura la mañana del lunes.

El Jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, se desmarcó temprano de Piñera: “soy un hombre feliz y la verdad, no estoy en guerra con nadie". Con ello puso paños fríos a la situación y dio un positivo balance sobre el funcionamiento de Santiago, la capital del país durante el inicio de la jornada luego que a las seis de la mañana se levantara el toque de queda. Tras sobrevolar la ciudad, el militar aseguró que “estamos muy conformes con lo que hemos visto. Ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma, en paz, lo que nos tiene por supuesto muy tranquilos, pero al mismo tiempo muy alertas para solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar algunos desadaptados…tenemos todas las fuerzas necesarias para prever cualquier situación de riesgo o algún desmán que pudieran producir durante la mañana”.

Luego, a eso de las 4 de la tarde, el militar reculó justo cuando se anunció que Piñera hablaría más tarde y las manifestaciones recrudecían.

“No corresponde especular sobre una frase que yo dije hoy en la mañana. En mis palabras nunca hubo una doble intención”, dijo leyendo un comunicado al tiempo que aseguró entender “perfectamente” su cargo y “la autoridad máxima que representa el Presidente”. También anunció un nuevo toque de queda dado que las movilizaciones en Santiago y en varias ciudades del país no se aplacaron con la presencia de los militares en las calles.

Desde que comenzaron las movilizaciones a fines de la semana pasada, primero con la subida del valor del subte y las evasiones masivas espontáneas que esa medida ocasionó, los cacerolazos y posteriores desmanes, mucha gente , asustada y cansada de ver como se destruía su entorno, decidió armarse y cuidar sus pertenencias y las instalaciones privadas. En ese escenario, Iturriaga pidió a la población que “no se defienda por sí misma. Nosotros somos los responsables de dar esa protección y estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos los rincones de la ciudad”, esto a pesar que sostuvo que los 8.700 uniformados desplegados en las calles “son insuficientes para toda la Región Metropolitana. Siempre van a producirse actos vandálicos a los cuales vamos a llegar seguramente con mayor lentitud, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para darle tranquilidad a la población”.

Por la noche, Piñera se refirió nuevamente a la crisis que se vive en el país y anunció que este martes se reunirá con presidentes de partidos políticos de todos los sectores. "Esperamos mañana analizar nuestras ideas y las que nos propongan tanto nuestros partidos, como los de la oposición. Estamos trabajando en un plan de reconstrucción", señaló el mandatario.

Junto a ello, sostuvo que “a veces he hablado duro… lo hago porque me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia provoca". Además anunció un cambio de ministros y una agenda rápida para salir del caos actual.

“Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas, para poder potenciar la mejoría de las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de esperas, mejorar la calidad en la atención de salud y también implementar un seguro catastrófico para controlar lo que significa el gasto de medicamentos”, agregó Piñera sin dar mayores detalles de estas acciones.

En paralelo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, pidió retomar el diálogo para una nueva constitución y que el mundo político se haga cargo “del dolor profundo de la sociedad chilena”.

En ese sentido se refirió a las anteriores declaraciones belicosas de Piñera: “No es el camino. Es el momento que vuelva la sensatez a La Moneda, que gobierne y creo que la expresión del Presidente fue lo más lejano a eso, a gobernar”, sostuvo Quintana. Agregó que “lo que tenemos hoy son hechos de violencia, actos vandálicos, sin ninguna duda. Y eso hay que condenarlo enérgicamente”. Asimismo, el líder del Senado aseguró que “aquí hay una acumulación de un conjunto de desatenciones, de decisiones del mundo político probablemente erradas, seguramente por décadas. En esto tenemos que ser justos, no podemos achacarle toda la responsabilidad a este gobierno”.

Finalmente, consultado por las voces que piden la renuncia de Piñera, Quintana se desmarcó, asegurando que “este país decidió al Presidente Piñera para gobernar”.

Otra personalidad que opinó fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien exhortó al gobierno de Piñera a trabajar con todos los sectores que ayuden a calmar la situación que enfrenta el país, por las protestas que se han desarrollado en la última semana.

 La exmandataria instó a llevar las protestas de manera pacífica, después de que se reportara la muerte de 11 personas durante el fin de semana.

“Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, dijo.

Y agregó que “es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”.

Junto a ello, sostuvo que “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”.

Desde La Moneda, la ministra de Gobierno, Cecilia Pérez, realizó una vocería donde abordó las distintas manifestaciones sociales que se han desarrollado en el país durante los últimos días.

En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que ningún ministro ha presentado su renuncia al presidente Piñera.

“No ha puesto ningún ministro su cargo a disposición del presidente, porque lo que nos corresponde como colaboradores de él, es estar trabajando en nuestros lugares, dado lo que estamos viviendo”, indicó.

Consultada por la evaluación y la autocrítica del gobierno respecto a lo que vive el país, Pérez aseguró que “críticas, autocríticas, nos hacemos todos los días…Y esa es una diferencia de actitud. Eso significa que cada día podríamos hacerlo mejor”, indicó.

La secretaria de Estado, en la misma línea del presidente y del ministro del Interior Andrés Chadwick responsabilizó a “grupos organizados” detrás de algunos hechos de violencia que han afectado la capital.

Para entender la génesis de la situación en Chile, lo primero es descartar de plano que el estallido social -que ya ha costado la vida a 11 personas, la destrucción y saqueo de cientos de supermercados y negocios y la pérdida de millones de dólares en daños a la infraestructura- se deba solo al alza del pasaje del metro. Un análisis del El Mercurio, el diario de derecha más influyente del país lo explica así: "En un escenario en que las instituciones políticas, judiciales, militares y religiosas están cuestionadas, surge luego de las protestas un vandalismo que ataca bienes de uso común. Mientras tanto, se mantiene la fragmentación política, sin consenso ante la forma de combatir a la violencia". 

En la última encuesta de Paz Ciudadana dada a conocer hace pocos días, Carabineros había alcanzado su nota más baja desde 2011. Hace tan solo cinco meses, otra encuesta (UDD) mostraba que el 81% de los chilenos cree que las instituciones están en crisis y revelaba una baja evaluación de autoridades políticas, del Poder Judicial y las fiscalías, del sector empresarial, de las instituciones armadas, de Carabineros y de las iglesias. Y quizás esto último es, según distintos sectores, un rasgo que en ocasiones anteriores era clave. En episodios de crisis social, la Iglesia Católica tenía una voz preponderante y asumía un rol de garante ante las demandas de polos en conflicto. Hoy, pese a sus llamados a la paz, no es un actor central. 

Mientras el Gobierno y el Parlamento intentan controlar la crisis con medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte público, y las Fuerzas Armadas y Carabineros buscan poner orden ante los saqueos, no parece haber una mirada transversal sobre cómo abordar la crisis y qué reformas son las que se deben priorizar.

“El caso del metro es paradigmático. Si bien la evasión se inició luego del alza de la tarifa de ese medio de transporte, lo que vino después, con la quema de las estaciones y la destrucción de sus instalaciones, ha significado no solo una pérdida millonaria para la Región Metropolitana: se ha traducido en que una especie de baluarte del progreso de Santiago, que se ha ido extendiendo por distintas comunas en los últimos años, quede prácticamente inservible y deje a miles de chilenos sin uno de sus medios de transporte esenciales para la vida en la ciudad. Esa "herida", que será difícil de recuperar, ha significado que vecinos comiencen a reaccionar en defensa de los sectores afectados, saliendo a las calles y limpiando sectores que han sido gravemente dañados.

Por otro lado, los disturbios que se registraron en Chile el fin de semana, dañan la imagen de estabilidad del país, indicó The Economist.

“Las prácticas que sustentan la prosperidad no son populares”, indicó la publicación británica en un reportaje en que destacó también que los hechos han sacudido el modelo económico.

“La violencia ha impactado a muchos chilenos. Su país es uno de los más prósperos y pacíficos de América del Sur. Ahora ha sufrido el tipo de agitación que ocurrió recientemente en Ecuador, un país mucho más pobre, cuando su gobierno aumentó los precios del combustible para cumplir con los términos de un acuerdo con el FMI (también cedió)”, indicó.

The Economist señala que los chilenos “no solo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo. En 2017, los ingresos del decil más rico fue 39,1 veces más alto que el del decil más pobre, de acuerdo con una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social.

“Piñera hasta ahora ha fallado en generar una empuje económico notable, una de sus principales promesas de campaña. El crecimiento anual fue de solo 1,9% en el segundo trimestre de 2019. Sin una mayoría en el congreso. Piñera ha sido lento en lograr reformas de pensiones y tributarias, haciendo que el gobierno se vea como ineficiente”, subraya The economist.

El medio británico recuerda que pronto Chile debe ser sede de la cumbre Apec y de la COP25, para lo cual Chile “se mostraba como un bastión de estabilidad en América del Sur. Piñera no tiene mucho tiempo para convencer a los dignatarios que esto sigue siendo cierto”.

Como corolario del día, el derechista alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, solicitó al gobierno un “gabinete de unidad con otras fuerzas políticas”, para enfrentar la situación que hoy se vive en el país tras las masivas protestas por derechos sociales.

En Canal 13, el edil hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera a realizar cambios en los ministerios. “El gabinete actual, cuando salgamos de esta crisis, tiene que poner a disposición sus cargos”, dijo.

“Frente a una situación extrema, como la que estamos viviendo hoy día -el país es otro-, (necesitamos) medidas extremas”, añadió.

Hasta anoche se encontraban en toque de queda la región Metropolitana, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Vallenar, La Serena y Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

 


 

Multitudinaria movilización en el centro de Santiago

 

Chile: masiva protesta de los estudiantes y huelga general

 

Por, Página12

La medida de fuerza se cumple este lunes en medio de las protestas por el aumento del subte. Fue convocada por más de veinte organizaciones luego de que los estudiantes llamaran a movilizarse.

Miles de manifestantes comenzaron a concentrarse este mediodía en las plazas de Santiago en el marco de la huelga general convocada por organizaciones sociales y sindicatos para apoyar el reclamo de los estudiantes en contra del aumento del boleto del metro. "Que se vayan los milicos" y "¡Chile despertó!", gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.

La nueva huelga general fue convocada después de un fin de semana de manifestaciones violentas y con la ciudad completamente militarizada. Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros. La cifra de víctimas fatales se elevó a diez el domingo por la noche tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados en el incendio de un supermercado de productos industriales.

El segundo toque de queda ordenado por el presidente Sebastián Piñera terminó este lunes a las 9 de la mañana, con un enorme despliegue policial y militar en las calles de la ciudad. El metro de Santiago abrió parcialmente una de sus líneas luego de estar totalmente paralizado desde el viernes cuando comenzaron las protestas por la suba del pasaje.

Si bien desde el Gobierno anunciaron que además de la Línea 1 del metro, que recorre de este a oeste la capital chilena, se dispondrían micros municipales e interurbanos para satisfacer la demanda de transporte, las organizaciones sociales convocaron a una huelga general enfatizando que el llamado es no ir a trabajar para poder “luchar y marchar junto a los jóvenes”.

“Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Anoche Piñera había dicho que su gobierno estaba "en guerra contra un enemigo poderoso", razón por la cual el mandatario decretó el estado de emergencia en la ciudad de Santiago y otras nueve regiones del país. Por la presión social el presidente tuvo que dar marcha atrás con el aumento de la tarifa del metro que subió de los 800 pesos a los 830 (1,7 dólares).

 

La convocatoria a la huelga general

 

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a la movilización de este lunes para exigir “transporte público digno y de calidad” y expresar “que no aceptaremos más abusos”. Los jóvenes, reunidos tanto en la Confederación como en otras entidades estudiantiles, y con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales, llamaron a “copar y evadir” nuevamente las estaciones de metro.

Pese a que el disparador de las protestas fue la suba del boleto del metro, el estallido social desencadenó el repudio generalizado contra las políticas económicas del gobierno de Piñera. “Gran parte de nuestras familias deben vivir con el ingreso mínimo”, sostuvieron los estudiantes ante la nueva convocatoria, quienes remarcaron a su vez la grave situación de los jubilados con “pensiones indignas” otorgadas bajo el sistema de AFP.

 “Se hace difícil para nuestras familias soportar alzas injustificadas en el sistema de transporte, el cual no otorga condiciones dignas al viajar hacinados, posee pésima conectividad especialmente en zonas rurales y zonas extremas del país, no existe una frecuencia coherente con la demanda y entrega pésimas condiciones laborales”, afirmaron los estudiantes.

La convocatoria a la huelga de este lunes también remarca que en los últimos años movilizarse por el territorio nacional “se ha vuelto cada vez más caro producto de las constantes alzas en los peajes” en las rutas que son concesionadas y “amasan grandes fortunas con este robo amparado por los gobiernos”.

Por últimos, la Confech repudió la represión y el uso de la fuerza “desmedida” ejercida durante el fin de semana por los carabineros, que tiraron gases lacrimógenos dentro de las estaciones del metro. Los estudiantes se sumaron también al reclamo de los trabajadores del metro que piden estatizar el servicio y retirar a los Carabineros de las estaciones. 

 


 

A un metro de la insurrección

 

Gabriel Morales

Carcaj

 

Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero -le repito- a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante (Buenaventura Durruti)

El capitalismo ha dejado caer su máscara democrática. El paraíso neoliberal chileno se desgarra y saca sus garras ante la revuelta popular, que viene desde los subterráneos del Metro de Santiago, salió a la superficie y se expandió arrasándolo todo. Son los estallidos de la insubordinación popular que ha venido gestándose desde hace años de forma subterránea, alimentada en el diario descontento, haciendo eco de la reciente revuelta ecuatoriana, y encontrando hace tan solo unos días atrás su propia chispa en el alza de los pasajes del Metro.  

Fueron solo 30 pesos de aumento, pero es la violencia del sistema entero, con toda su injusticia y desigualdad, lo que está representado en el alza. “No es por 30 pesos, es por 30 años”, dicen las pancartas.

 ¿Y quiénes podían haber iniciado esta revuelta sino lxs estudiantes, que han sido precisamente los sujetos más criminalizados en estos últimos meses? En junio el Gobierno había mandado a militarizar los liceos, y los estudiantes salieron ahora a las estaciones del Metro y centraron sus acciones en la repentina alza de los pasajes. Mediante una efectiva acción directa y colectiva, saltando o pasando por debajo de los torniquetes del Metro, lxs estudiantes abrieron las puertas de la rebeldía e invitaron al resto de la gente a pasar sin pagar, a esos casi tres millones de esclavos convertidos en usuarios que viven buena parte de sus vidas hacinados en los túneles subterráneos de la ciudad, y endeudándose por eso. ¿Cómo no hacer caso al llamado a evadir?

“¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!” fue una de las consignas que acompañaron las evasiones masivas, descubriendo lo que en el fondo ya intuíamos: que en cada carga de la Bip le inyectábamos plata a gran parte del circuito capitalista cuyos edificios arden esta noche, como los bancos y AFP.

Esto sucede porque el sistema del Metro está intensamente interconectado, pero no sólo con la superficie vial y el sistema de transporte superficial, sino también con la red financiera que vehicula gran parte de los capitales públicos y privados hacia las fortunas de las pocas familias dueñas de Chile y de nuestras vidas; los dueños de las empresas para las cuales trabajamos, las cadenas que fabrican los productos que consumimos y los mismos supermercados que nos los venden, los medios de comunicación que ocupamos, los equipos de fútbol que seguimos, las universidades donde elegimos estudiar y las AFP que nos roban gran parte de nuestros sueldos. ¿Cómo no evadir, entonces, cómo no destruir los validadores, las estaciones? Esa es la pregunta que ya no nos dejará de asaltar jamás.

La acción colectiva ha demostrado su eficacia y su potencia. Consiguió rápidamente interrumpir el flujo continuo del transporte público hasta lograr su paralización total, sin banderas ni consignas partidistas. Frente a esto, la represión policial ha sido desde un comienzo desmedida: hemos visto repetidamente durante la semana a los pacos pegándole lumazos a lxs estudiantes, disparando balines a los cuerpos de lxs manifestantes, y tirando bombas lacrimógenas directamente a los rostros de nuestrxs compañerxs, sin importarles la presencia de niñxs o ancianxs.

La protesta no tardó en emerger a la superficie, a las calles, para interrumpir el orden de la ciudad y traer a la luz consigo todos los casos de abusos sistemáticos que antes nos parecían aislados -las miserables pensiones, los aumentos en las cuentas de luz e implementación de medidores inteligentes, el robo del agua, la discusión por la reducción de la jornada laboral y la flexibilización del trabajo, el progresivo aumento de los arriendos, etc.-.

Mientras tanto, la prensa oficial sólo muestra el caos y difunde una sensación de pánico generalizado. Se repiten imágenes de los supermercados, farmacias, buses y estaciones del Metro en llamas, sin mostrar los múltiples videos de los enormes abusos policiales cometidos. Pero el pueblo, cansado de la opresión, de la represión y la injusticia, está librando una lucha ya no contra el alza, sino contra todo lo que significa la precarización de las vidas, y está consiguiendo abrir una herida en el centro del sistema de la cual difícilmente éste podrá recuperarse. La normalidad se encuentra felizmente quebrada.

Felizmente, digo, porque lo que nos parecía más grave hasta ahora no era solo que este mundo se estuviera cayendo a pedazos, que las deudas nos acogotaran todos los meses para tratar de satisfacer nuestras necesidades básicas, o que hasta la comunidad científica estuviese de acuerdo en que el planeta será inhabitable en tres décadas, mientras el extractivismo no descansa un segundo. Lo que nos parecía en verdad más grave era que, ante toda la evidencia del desastre, pudiésemos seguir viviendo nuestras vidas como si nada ocurriese: yendo, como siempre, de nuestra casa al trabajo, al liceo, universidad o instituto, y de vuelta a la casa otra vez como si nada. Después de los últimos días ya no podremos decir lo mismo. Algo se ha removido en nosotrxs. Y todxs quienes albergamos un mundo nuevo en el corazón sentimos que algo ha comenzado a agitarse.

La ministra secretaria general de Gobierno llamó ayer a “normalizar la ciudad”, pero la ciudad se ha transformado hace rato en un campo de batalla, y ha sido bloqueada por el pueblo en sus principales canales de transporte y comunicación. Los flujos normales han sido completamente paralizados. El llamado del Gobierno es a recuperar lo antes posible la normalidad, limpiar las calles, asegurar las tiendas, rehabilitar los semáforos y reestablecer la normal circulación de trabajadores y mercancías. Pero si de algo podemos estar seguros es de que la normalidad ya no es posible.

Lo único que ahora existe, en cambio, es la violencia desmedida y desnuda que la normalidad camufla: la brutal represión policial y militar, las balas y bombas lanzadas sobre la gente, los cobardes asesinatos de nuestrxs compañerxs, así como la inmensa brecha entre ricos y pobres, la miseria silenciada, la evasión legal y sin sanción de los dueños de Chile, los derechos sociales privatizados desde la dictadura.

Desde el viernes la red del Metro se encuentra destruida. Ayer, Vecinxs de muchas comunas de la ciudad comenzaron a ocupar las plazas, saliendo a reunirse en medio del enorme despliegue policial, solo para manifestarse y compartir su descontento. Se levantaron barricadas en la mayoría de las comunas de Santiago, en la mayoría de las ciudades de Chile.

Ayer 19 de octubre se ha decretado Estado de Emergencia, un arma del gobierno empresarial para tratar de silenciar el permanente estado de emergencia en el que vivimos. Piñera llama al diálogo, mientras declara Estado de Emergencia y llama a los militares a las calles. ¿Qué tipo de diálogo es posible en esas circunstancias? Al menos ninguno que nos favorezca.

Salen los pacos y milicos, los verdaderos delincuentes que han robado miles de millones de pesos, a reestablecer el orden público. La razón dictatorial está desnuda en el centro de la querida democracia. Luego, en la tarde, el general Javier Iturriaga decreta toque de queda (que no había sido implementado desde 1987). En la noche, la locomoción sigue paralizada y la gente continúa en las calles. En un gesto de hospitalidad, lxs compañerxs por todas partes ofrecen sus casas para alojar a quienes lo necesiten.

Miles de personas en todo el país decidimos no retroceder, no volvernos a nuestras casas, y preferimos quedarnos en la calle bailando, caceroleando, gritando, haciendo bulla, resistiendo a las balas y gases lacrimógenos. Los milicos pasean armados por las calles, golpeándonos y disparándonos, paseando con sus tanques, helicópteros, fusiles y todo el aparataje que poseen para defender los privilegios de la oligarquía.

Se pensaba que la presencia de los militares en las calles el día de ayer iba a tener un efecto disuasivo en el pueblo. Creían que nos íbamos a retirar a nuestras casas en silencio, pero no: ver a los milicos en nuestros barrios ha reactivado el dolor de nuestra memoria histórica. Así que desafiamos el toque de queda, protestamos y nos rebelamos contra la militarización de los espacios públicos. Resistimos a la verdadera violencia ejercida en nuestros territorios.

El Gobierno, en tanto, responde igual que siempre, reprimiendo a la vez que evadiendo el problema, reduciendo las protestas a un asunto de seguridad pública, acusándonos a lxs manifestantes de ser “delincuentes”. Pero precisamente ese, que era uno de los significantes que había triunfado en Chile en las últimas décadas, ahora se encuentra vacío y ha caído en el descrédito. Y la gran cantidad de casos de corrupción de las altas esferas del poder -Soquimich, Penta, Pacogate, milicogate, etc.- ha acelerado esa caída. ¿Qué sentido tiene tratar de delincuente a alguien que rompe un sensor bip, mientras los grandes delincuentes siguen evadiendo millonarios impuestos, sobornando jueces y quedando libres de condena? ¿Qué sentido tiene criminalizar la evasión mientras el presidente es el campeón nacional de la evasión fiscal y del no pago de contribuciones?

Durante estos días de intensas movilizaciones, el poder no ha hecho más que intentar por todos los medios criminalizar el comportamiento de los manifestantes, pero la lógica de la revuelta es ciega para el poder; no tiene rostro, no tiene líder, ni bandera, ni partido. La insurrección popular esta vez no tiene planificación global, sino que responde a una multitud de acciones espontáneas, desplegándose y coordinándose en la acción. Y ahora tenemos a nuestro favor, además de diversas experiencias de organización en pequeños colectivos, una opinión pública cada vez más favorable a las demandas sociales.

Ahí es donde el relato del poder se queda corto. No es capaz de explicar ni entender lo que está sucediendo. Insiste en tratar las manifestaciones como hechos delictuales aislados, en criminalizar a las personas que protestan, evaden, cacerolean, levantan barricadas o destruyen sus preciados símbolos de estatus.

Aunque los títeres del gobierno y los medios intenten desplazar el debate, sabemos que el problema no tiene que ver con la violencia, o al menos no en los términos en que ellos lo quieren plantear.

Por supuesto que usamos y seguiremos usando la violencia, pero nuestra violencia es mayoritariamente contra la propiedad, contra los símbolos de la división y la injusticia social, y contra aquellos policías que nos reprimen. En cambio, la violencia política y económica, la violencia policial y militar es contra nuestrxs cuerpos y contra nuestras vidas. A la violencia contra la propiedad en Chile se le responde con balas asesinas.

Nuestra violencia, al contrario de la suya, no busca la muerte, pero busca sin embargo algo mucho peor para ellos: la total decapitación del poder. Lo que ellos llaman violencia es en realidad la acción directa que muestra la fragilidad de los propios símbolos de su poder. En nuestra ética, las vidas no tienen el mismo valor que las cosas. Las primeras hay que defenderlas, las segundas, en cambio, no nos importa destruirlas. No nos asustan las ruinas.

Por eso, los saqueos que han ocurrido y los que vendrán son insignificantes ante el saqueo sistemático y la devastación capitalista de la tierra, los cuerpos, los servicios básicos y las relaciones humanas. Y son insignificantes, sobre todo, ante el asesinato de nuestrxs compañerxs a manos de milicos armados en este monstruoso instante en el que escribo, con todo el peso de la noche encima.

Chile está en llamas. Arden estaciones del metro y peajes de las carreteras, arden buses del Transantiago, cajeros automáticos, bancos y supermercados. Se registran múltiples ataques a estaciones de policía y edificios del gobierno. Hay vidrios quebrados, humo y ceniza por todo el país.

¿Cómo es posible que unas simples manifestaciones estudiantiles en el metro hayan generado la interrupción total del transporte, primero, y luego la respuesta policial más brutal, dejando en un par de días al desnudo la dictadura encubierta en la que vivimos?

Esto sólo se entiende en el contexto de un país donde los derechos sociales han sido secuestrados por empresas privadas y entregados a un mercado que depende en última instancia de que todxs paguen su pasaje, su arriendo o hipoteca, sus deudas y matrículas. Las evasiones de los estudiantes fueron ejemplares en ese sentido, porque invitaban a todos los usuarios a no pagar. Y la fuerza de ese ejemplo es lo que más teme el poder.

Esta noche se derrumbó la legitimidad del capitalismo chileno. Y como dijo alguna vez Durruti, cuando los ricos ven que el poder se les escapa de las manos, recurren al fascismo para proteger sus privilegios. Ahora los milicos están en las calles repartiendo balas a destajo. ¿Cuántos muertos contaremos al amanecer?

Desde el 2011 hasta ahora, no estábamos durmiendo. Nos hemos reunido, hemos conversado, intercambiado experiencias de lucha y resistencia, hemos ido fortaleciéndonos en nuestras propias organizaciones, territoriales, feministas, ecológicas y antiextractivistas, de la economía popular y solidaria, de la disidencia sexual o desde la pedagogía crítica, hemos articulado distintas luchas, y hemos mejorado exponencialmente nuestra capacidad de acción. Nuestro instinto de desobediencia ha crecido igualmente. Hemos aprendido a ocupar mejor las redes sociales para agilizar nuestra comunicación, y a desconfiar de ellas como dispositivos policiales. Somos mucho más rápidxs y estamos mejor organizadxs, somos más solidarixs y más desobedientes que antes.

Nos convoca y nos une ahora la lucha por el bien común y la vida en sus múltiples manifestaciones, así como la resistencia ante la dictadura implacable del capital. Sabemos que las soluciones a nuestros problemas no vendrán de parte del Estado ni de la elite empresarial. El mundo nuevo lo construiremos nosotrxs, y lo celebraremos bailando, pensando y combatiendo colectivamente.

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