Cenda: Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en más de 220 millones de bolívares en mayo

19 de junio de 2018.- El precio de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) de mayo de 2018 se ubicó en 220.138.620 bolívares, lo que representa un incremento de Bs 119. 963.639 (119,8%) con respecto a abril, reportó el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda). Así lo reseñó "El Universal".


En una nota de prensa la organización indicó que la inflación anualizada entre mayo 2017 y mayo 2018 fue de 22.115%, y que se requieren 220 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica, referida a una familia de cinco miembros: 7.337.954,02 bolívares diarios (7.33 salarios mínimos diarios).


Todos los rubros subieron de precio


En el informe el Cenda explica que todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio: raíces, tubérculos y otros, 266,4%; frutas y hortalizas, 193,4%; pescados y mariscos, 126,8%; café, 125,0%; azúcar y sal, 119,7%; cereales y productos derivados, 108,6%; leche, quesos y huevos, 107,5%; carnes y sus preparados, 90,6%; salsa y mayonesa, 78,1%; granos, 69,0% y grasas y aceites, 59,8%.
Escasez


Según el instituto de análisis, al menos quince productos presentaron problemas de escasez: leche en polvo, atún enlatado, margarina, avena, azúcar, aceite de maíz, lentejas, arroz, harina de trigo, pastas alimenticias, harina de maíz, café, mayonesa, pan, queso amarillo: el 25,00% de los 60 productos que contiene la canasta.

Por: Agencias | Martes, 19/06/2018 06:26 PM

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El gran negocio de las cárceles de EE.UU.

La paga a los presos es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación Global Research. Si se niegan, los encierran en celdas de aislamiento. Analistas hablan de esclavitud en el siglo XXI o, cuanto menos, de explotación.

 La política penitenciaria de Estados Unidos es un engranaje clave de su sistema económico. Los detenidos trabajan para corporaciones que facturan sumas millonarias. Las cárceles ocupan el tercer lugar como dadoras de mano de obra. Solo son superadas por la General Motors y Wall Mart. Desde que muchas fueron privatizadas se transformaron en un redituable negocio. Albergan al 25 por ciento de los presos del mundo cuando la población de EE.UU apenas alcanza al 5 por ciento. La paga es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación Global Research. Analistas de estas estadísticas hablan de esclavitud en el siglo XXI o cuanto menos de explotación. Por eso el malhumor de los reclusos va en aumento. Proyectan una gran huelga para el 21 de agosto que ya tuvo antecedentes en lo que va de este año, como una en Luisiana. En ese estado del sur se levanta Angola, la prisión de máxima seguridad más grande del país. Se construyó en 1869 sobre 73 kilómetros cuadrados de una ex plantación de esclavos. Sus condiciones de vida, que incluyen los trabajos forzados, son la reproducción más exacta de la desigualdad carcelaria. La mayoría abrumadora de sus presos son negros.


Según el informe anual que difundió Human Rights Watch en 2017, hay 2,3 millones de detenidos en EE.UU. De esa cifra, 211 mil en cárceles federales y el resto en prisiones estaduales. Pero si se ampliara el universo a quienes están en libertad condicional o bajo alguna restricción de movimientos, habría 5 millones de personas más en cuarentena. Las cifras de presos en Estados Unidos superan con amplitud a las de China, Rusia y Brasil, que le siguen en orden y rondan entre los 600 y 700 mil cada uno. Comparadas las tasas de encarcelamiento, arrojan que por cada blanco hay cinco negros detenidos o dos hispanos en esa misma proporción. A expensas de esa población penitenciaria, un grupo de corporaciones muy conocidas hacen negocios que todavía están lejos de alcanzar su techo.


Un estudio del pequeño Partido Laborista Progresista - una escisión del PC de EE.UU- sostiene que “la contratación privada de prisioneros para el trabajo fomenta incentivos para encarcelar a la gente. Las prisiones dependen de este ingreso y los accionistas corporativos que lucran del trabajo de los prisioneros hacen lobby a favor de las sentencias más largas a fin de ampliar su fuerza laboral. El sistema se alimenta a sí mismo”. Más de un centenar de cárceles privadas se extienden por todo el territorio estadounidense. En varias se les cobra la estadía diaria a los presos como si vivieran en un hotel. En un artículo del 9 de noviembre de 2015, BBC Mundo describió lo que pasaba en el sistema penal de Ohio. Había reclusos que debían entre 20 y 35 mil dólares por entrar y salir de prisión después de cometer delitos menores. En general bajo los efectos de las drogas.


Corrections Corporation of América (CCA) es la más vieja de las compañías que administra cárceles en EE.UU. Se creó en 1983. Según un artículo publicado el 9 de mayo de este año por el escritor cubano no vidente Miguel Angel García Alzugaray, tiene 66 prisiones, 91 mil detenidos y ganancias anuales de 1.700 millones de dólares. Geo, la otra corporación que sobresale junto a CCA, colecciona 65 penales, 65.700 detenidos y gana 1.600 millones de dólares por año. Ambas empresas aumentaron sus ingresos un 46% entre 2007 y 2014 según la misma fuente que publicó su texto bajo el título La ignominia de las cárceles estadounidenses.


CCA y Geo no son las únicas que hacen lucrativos negocios a expensas de los presos. Otras compañías tienen garantizado que los reclusos trabajen a tiempo completo. No pueden llegar tarde o faltar por problemas familiares. Y si la paga les resulta insuficiente y se niegan a cumplir con su labor, los encierran en celdas de aislamiento, según Global Research. Resulta obvio que carecen de protección sindical, no cobran horas extras, ni vacaciones, beneficios de salud o por la seguridad social. IBM, Motorola, Microsoft, Telecom y hasta la petrolera británica BP se valen de la mano de obra esclavizada. Fabrican gracias a ella distintos implementos de la industria en un amplio abanico de actividades.


Una de las grandes ganadoras de esta política es UNICOR (la ex Industrias de Prisiones Federales). Esta corporación contrata el trabajo en las cárceles. Tiene 110 fábricas en 79 penitenciarias. Es muy ilustrativo sobre el tema un trabajo del periodista Justin Rohrlich en World in Review. Señala que los presos producen a cambio de centavos la hora, “componentes para los aviones de combate F-15 de la McDonnell Douglas/Boeing, los F-16 de la General Dynamics/Lockheed Martin y los helicópteros Cobra de la Bell/Textron”. También fabrican “gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camuflaje, equipos de radio y comunicación, sistemas de iluminación y componentes para cañones antiaéreos de 30 mm a 300 mm, rastreadores de minas terrestres y equipos electro-ópticos para el telémetro láser del vehículo Bradley de combate”.


La trasnacional aeronáutica BAE Systems, el segundo mayor contratista militar del mundo, es uno de los principales clientes de UNICOR. De origen británico, pero con grandes negocios en EE.UU, uno de sus principales productos han sido los misiles Patriot. Las prisiones de Estados Unidos les reportan ganancias a este tipo de compañías por unos 30 mil millones de dólares anuales. Lo perverso del sistema es que estas operaciones comerciales se garantizan con la población carcelaria que cada estado les asegura a las empresas. En el caso de las prisiones privadas, deben alcanzar entre el 95 y el 100 por ciento de ocupación. Si eso no pasa, los gobiernos estaduales deben indemnizarlas.


Las cuotas de detenidos también alcanzan a los inmigrantes indocumentados o flojos de papeles. Por una norma del Congreso, el Departamento de Seguridad Interna está obligado desde 2009 a garantizar 34 mil personas por noche en los centros de internamiento de extranjeros. La disposición fue escrita en el presupuesto federal por el senador Robert Byrd, un demócrata de Virginia. Estuvo en el Congreso de Estados Unidos de manera ininterrumpida durante 51 años, entre 1959 y 2010, cuando murió.


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Lunes, 14 Mayo 2018 05:43

Re-insurrección

Re-insurrección

Medio siglo después resucita la Campaña de los Pobres contra la pobreza sistémica, el racismo y el militarismo, que encabezó Martin Luther King en 1968, cuando fue asesinado, nutriendo lo que ha sido en la era Trump la mayor expresión social de oposición contra un gobierno en la historia de Estados Unidos.

A lo largo de los pasados 15 meses de este régimen, las expresiones masivas de disidencia brotan en todas partes del país, incluso en algunas donde no ha existido ni se esperaba, algo parecido –o sea, que estaban dormidos– durante décadas. Pocos pronosticaban que parte del movimiento de los trabajadores resucitaría con decenas de miles de maestros en algunos de los estados más conservadores del país: Virginia Occidental, Oklahoma, Kentucky, Arizona; tampoco que estallara un movimiento nacional detonado por estudiantes de preparatoria en Florida, o un nuevo capítulo del movimiento de los derechos de las mujeres con la Marcha de las Mujeres y después del “#MeToo y el #TimesUp, todos los cuales acompañan expresiones de organización social y disidencia masiva que se han formado en los años recientes, aun antes de Trump, como Black Lives Matter, los Dreamers y otras fuerzas de defensa de inmigrantes, aí como el movimiento encabezado por indígenas en Standing Rock, entre otros.

Nunca antes tantos han marchado, participado en manifestaciones y mítines y otras expresiones de repudio y protesta. Según la organizadora social y autora LA Kaufman, quien publicó en The Guardian que entre 10 y 15 millones han marchado y participado en mítines desde la toma de protesta de Trump (90 por ciento han sido antiTrump), "más gente en términos absolutos que jamás ha protestado antes en Estados Unidos", y tal vez hasta un porcentaje de la población más alto aun que las masivas movilizaciones contra la guerra en Vietnam a finales de los años 60.

Más aún, estas expresiones disidentes no sólo se limitan a unas cuantas marchas nacionales, sino en acciones en todas partes del país. Por ejemplo, en la Marcha de las Mujeres del 21 de enero de 2017, hubo movilizaciones en 650 comunidades, además de la nacional en Washington. En la Marcha por Nuestras Vidas, impulsada por los estudiantes de preparatoria contra las armas, se organizaron actos en más de 750 lugares.

Jane McAlevey, organizadora sindical y analista de movimientos laborales, señala que los maestros en los pasados tres meses "han convertido al país entero en su aula. No han presionado sólo por una mejor paga y mejores condiciones de trabajo, sino que también han montado un reto directo a décadas de recortes de impuestos para empresas, ayudándonos a entender qué significa la austeridad. Y al promover una serie de propuestas políticas para redistribuir la riqueza del 1 por ciento para regresarlo a la clase trabajadora y media, nos han enseñado cómo puede ser derrotada la austeridad".

La Campaña de los Pobres (Poor Peoples Campaign) busca reiniciar la iniciativa más radical de King, quien afirmó que “los males del racismo, explotación económica y militarismo están enlazados (…) no puedes deshacerte de uno sin deshacerte de los otros”. Hoy día, para enfrentar una realidad nacional con casi 41 millones de personas viviendo en la pobreza (la mayoría blancos), un total de 140 millones que están en la pobreza o apenas sobreviviendo con lo que ganan (incluidos maestros en varios estados), con un país que dedica más de tres veces en catidad de recusos al gasto militar que a programas sociales, y con un índice de desigualad económica extrema sin precedente en casi un siglo, con mayor racismo expresado en nuevas leyes, en el encarcelamiento masivo y en violencia policiaca, entre otras cosas, concluyen que se requiere de una coalición de "fusión moral" entre razas, generaciones, género y geografía para lanzar un nuevo “movimiento moral amplio y profundo a escala nacional –enraizado en el liderazgo de la gente pobre y reflejando las grandes enseñanzas morales– para unir al país desde abajo hacia arriba”.

El extraordinario reverendo William Barber y su colega, la reverenda Liz Theoharis, han promovido nuevas coaliciones por todo el país durante los dos años recientes para llevar a cabo la campaña que se inicia este lunes con actos simultáneos en unos 40 estados, seguido de acciones sobre diversos temas de una "agenda moral" durante los próximos 40 días. Barber afirma: "debemos tener disidencia moral, resistencia moral y visión moral en este momento".

"Nuestro movimiento es un llamado nacional por la recuperación moral", afirma Barber, señalando que "confrontaremos de manera no violenta a nuestro gobierno y sus políticas, y rehusaremos abandonar nuestro derecho constitucional a protestar". Varios sindicatos y organizaciones nacionales ya declararon su apoyo, pero Barber insiste que las bases locales serán las que encabecen este esfuerzo.

El reverendo Jesse Jackson, en 1968, un joven asistente de King, estuvo entre los que insistieron en continuar la Campaña de los Pobres después del asesinato de su líder, el 11 de mayo de 1968, cuatro semanas después de la tragedia en Memphis, llegaron miles de todo el país –afroestadunidenses y blancos pobres, indígenas, jornaleros mexicano-estadunidenses y más– donde establecieron un pueblo de tiendas de campaña que llamaron Ciudad de la Resurrección sobre el parque central, frente al Capitolio en Washington –una "coalición de la conciencia"– con la demanda de poner fin a la guerra en Vietnam y empezar a atender las necesidades sociales en casa. Jackson declara que ahora la nueva Campaña de los Pobres está llegando "justo a tiempo", ya que todo por lo que se ha luchado durante medio siglo está bajo ataque, desde derechos civiles hasta derechos laborales, salud, educación y medio ambiente; "y yo orgullosamente me sumaré (...) Nunca he guardado mis zapatos de marcha".

Esto no es, insisten, un intento de resurrección del pasado. Tal vez esta campaña, junto con los otros movimientos que han brotado en estos tiempos, podrán lograr algo más parecido a una re-insurrección contra las fuerzas oscuras, con sus largas raíces históricas, que han ocupado el poder en este país.

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Lunes, 19 Marzo 2018 06:50

En la calle

En la calle

En España los pensionados se han volcado por millares a las calles de muchas ciudades para reclamar la reposición del valor de sus ingresos. Muchos de ellos reciben un ajuste anual de 0.25 por ciento en términos nominales, lo que hace que sus ingresos alcancen cada vez menos para subsistir.

Salieron a la calle literalmente para no quedarse en la calle. Han tomado al gobierno de bajada, en un momento en que enfrenta serios problemas políticos y una brusca reducción en la preferencia de los electores, según distintas encuestas.

El asunto de las pensiones rebasa, ciertamente, el actual problema español. Con distintas formas, concierne a la población de muchos países. No en todos hay sistemas de cobertura universal para quienes alcanzan la edad de jubilación.

Este es un caso típico de política pública que exige una consideración específica del tiempo y la incertidumbre que eso entraña. Las medidas que se toman hoy tendrán un impacto dentro de varios años, con mayores presiones económicas y sociales; pero inevitablemente ese tiempo llega.

La evidencia general es que el envejecimiento de la población, la menor tasa de crecimiento del producto, la poca generación de empleos remunerativos que permitan cotizar mientras se trabaja y la precariedad de los salarios, apuntan todos a un entorno de mayor conflicto en materia de pensiones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que para la generación a la que se llama de los millennials, que entran a la fuerza de trabajo, la expectativa es que las pensiones públicas no proveerán una red de seguridad como para las generaciones anteriores. Así que tienen que complementar el ingreso destinado al retiro. Esta es la diferencia entre el ahorro forzoso y el voluntario.

Esta consideración ha quedado ya clara para los trabajadores mexicanos que se jubilarán con la reforma de 1997 aplicada al sistema de pensiones. Ésta lo sacó de la bolsa que concentraba el gobierno y que se hizo inviable por muchas razones, incluyendo las non sanctas, y lo pasó a otro de cuentas individuales que administran las Afores. La expectativa de jubilación es ahora bastante pobre para la gran mayoría de la gente.

Esta es una especie de Trampa-22, una situación que entraña la paradoja en la que un individuo tiene que complementar su ingreso futuro para el retiro, cuando el salario actual es insuficiente o de plano no existe.

El caso, entonces, es que en el rango de las personas ya jubiladas las pensiones no alcanzan y, en el otro extremo, el de los jóvenes en edad de trabajar, los ingresos tampoco son suficientes para complementar una pensión esperable.

Esta es una verdadera pinza que representa una fuerte presión social en un entorno en el que la cantidad de empleo es insuficiente y los ingresos que se reciben también. Y cuando, además, hay un proceso de envejecimiento de la población que agrava el conflicto.

El tru tru del FMI plantea que la tasa de personas que trabaja debe aumentar y, además, tienen que elevarse las sumas cotizadas para las pensiones. Esto no puede conseguirse si no se crea más empleo y con ingresos suficientes, algo que estructuralmente hoy no ocurre. Pero incluso esto no llevaría una pensión que repusiera el salario que se obtenía mientras se trabajaba.

Las pensiones son transferencias para soportar los ingresos de los adultos mayores, y tienen una cobertura distinta entre los que las reciben. Son un ingreso que en muchos casos contribuye a contener la pobreza de quienes se retiran del trabajo.

Las pensiones se han convertido en un componente significativo de las cuentas fiscales. En las economías avanzadas representaban 4 por ciento del producto inerno bruto en 1970 y en 2015 habían llegado a 9 por ciento y sigue creciendo.

Ante este costo en aumento y para contener el crecimiento de los pensionados se propone elevar la edad de retiro, lo que no es malo en principio, y restringir las reglas de elegibilidad; también se han de ajustar los beneficios. Esto último es parte de lo que se conoce como la generosidad del sistema de pensiones. Un criterio bastante maleable, hasta casi un eufemismo, en un entorno en que las políticas de bienestar no son las más populares. La tendencia parece ir en la dirección de sálvese quien pueda.

Desde hace más de 30 años en España el gasto por las pensiones representa alrededor de 35 por ciento del ingreso por habitante (el promedio), esta es la tasa de reposición y el FMI proyecta que hacia 2060 alcance sólo 20 por ciento.

El escenario, otra vez, apunta a que para superar ese reducido monto de apenas una quinta parte del ingreso promedio esperable, los trabajadores jóvenes habrán de alargar su vida laboral. Quienes empiecen a retirarse en 2050 y pospongan el tiempo de trabajo cinco años, podrían estrechar sólo la mitad de la brecha del ingreso con respecto a los que están hoy ya pensionados. Y todo esto supone que la situación política y social podrá sostenerse sin conflictos exacerbados, que la gente aceptará esas condiciones. Hoy los pensionados españoles no lo hacen.

 

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