28/06/2022 Imagen que muestra a varias personas mirando el móvil.

Uno de cada cuatro encuestados por OCU antes de la pandemia tenía síntomas claros de dependencia. Si en 2019 los adultos miraban el móvil una media de 96 veces al día, hoy lo revisamos una media de 352 veces al día, casi cuatro veces más.

 

¿Te sentirías molesto si no pudieras buscar información o revisar los mensajes en tu móvil siempre que quieres? ¿Te asusta quedarte sin batería? ¿Se queja tu familia de que dedicas demasiado tiempo a la pantalla de tu teléfono? ¿No lo sueltas ni para ir al baño? Si has respondido que sí a todo, probablemente, pertenezcas a ese creciente porcentaje de población que está enganchado a su smartphone.

Nada menos que uno de cada cuatro encuestados por OCU antes de la pandemia tenía síntomas claros de dependencia. Según sus datos, en España, el índice medio de adicción era de 31,4, en una escala de 20 a 100. Con la llegada del confinamiento y la posterior superdigitalización de todos los ámbitos de nuestra vida (que parece que ha llegado para quedarse), la cosa no ha hecho más que empeorar.

Este 2022, un estudio estadounidense apunta que, si en 2019 los adultos miraban el móvil una media de 96 veces al día (durante un total de cinco horas diarias), hoy lo revisamos nada menos que una media de 352 veces al día, casi cuatro veces más. Para ser exactos, una vez cada tres minutos, de acuerdo con los investigadores. Aunque nos somos muy conscientes de ello y, cuando se nos pregunta, estimamos ese tiempo en la mitad, de acuerdo con un estudio de la Universidad Nottingham Trent (Reino Unido), publicado en la revista PloS One. Los datos en España son parecidos. Por ejemplo, el Informe Ditrendia: Mobile (2021) asegura que 7.6 millones de españoles se consideran "adictos" a los dispositivos móviles. Y el 61% admite que mirar el teléfono es lo primero y último que hace todos los días.

Más tontos e irritables

Si hablamos de jóvenes y adolescentes, la cifra empeora. Un informe de Common Sense Media señala que el 50% de los chavales estadounidenses es adicto a su smartphone. España no les va a la zaga: un estudio que Caritas dio a conocer el pasado mes de marzo revela que el 37% de los chicos menores de 20 años pasan más de seis horas diarias con el móvil. Es decir, la cuarta parte de un día con su noche. "Hemos asesinado todos o casi todos los momentos de espera que antes sazonaban nuestras vidas y nos proporcionaban espacios saludables para la reflexión, el descanso o la simple evasión tranquila", observa Sergio Legaz, autor del libro Sal de la máquina.

¿Las consecuencias? Irritabilidad, patrones de sueño trastocados, o disminución del rendimiento y la capacidad de atención y concentración son algunas de ellas. Por no hablar de los conflictos con la familia y la pareja, que no pueden competir con nuestro enganche. Vivimos la era del phubbing –de phone (teléfono, en inglés) y snubbing (despreciar, ignorar)– que sufren "todas aquellas personas que consideran que todo puede esperar... salvo lo que acontece en las pantallas de sus dispositivos táctiles", dice Legaz.

Además, es un mal hábito que entorpece nuestra carrera, ya sea como estudiantes o en el trabajo. Por ejemplo, un estudio de un equipo de psicólogos de la Universidad Estatal de Washington publicado a finales de 2021, "cuanto más se usa el teléfono durante el estudio, mayor es el impacto negativo en el aprendizaje". Otros expertos van más allá y aseguran que pasar tanto tiempo delante de nuestro apéndice digital nos está volviendo más tontos. Con el smartphone siempre en mano, "es mucho más difícil practicar el pensamiento contemplativo, reflexivo o introspectivo. De esa manera, es muy difícil convertir la información en recuerdos ricos y conectados, que es lo que nos hace inteligentes", opina Nicholas Carr, autor de The Glass Cage: How Computers are Changing Us.

Engachados por la dopamina

Como las drogas, el móvil activa como si fuera una verbena de feria el centro de recompensa del cerebro que, igual que pasaba con el perro de Paulov, suelta un chute de dopamina cada vez que recibimos una notificación, un nuevo Whatsapp o un Me gusta. O, incluso, cuando anticipamos que podríamos recibirlos y vamos a mirar la pantalla para comprobarlo. "Aunque todavía no está tipificado como trastorno en las clasificaciones homologadas de enfermedades mentales, tiene el mismo patrón que otras adicciones conductuales, como la compra compulsiva o el juego patológico".

Cumple los criterios de dependencia psicológica, entendida como anhelo irresistible de conectarse, con malhumor y otros rasgos de abstinencia, si no se puede llevar a cabo. Además, el afectado cada vez necesita dedicarle más tiempo para satisfacer esa ansiedad, experimenta distorsiones cognitivas (negación o minimización del problema) o conflicto con el entorno familiar, social o laboral", nos explica la doctora Dominica Díez Marcet, responsable de la Unidad de Juego Patológico y Otras Adicciones No Tóxicas de la División de Salud Mental de la Fundación Althaia, dentro de Xarxa Asistencial Universitaria de Manresa.

Síndrome de abstinencia

Como cualquier droga, también, privarse del móvil produce mono. Un experimento de la Universidad McMaster de Ontario, comprobó que quedarse sin el smartphone provocaba en los adictos participantes grandes dosis de miedo, angustia y estrés. Diez minutos de separación bastaban para que su cerebro empezara a liberar cortisol -hormona del estrés– y para que tuvieran palpitaciones y sudoración en las palmas de las manos.

Entonces, ¿dónde está la frontera entre ser adicto y ser usuario de un smartphone? "El límite entre efecto benigno del teléfono a potencialmente dañino aparecía después de dos horas diarias entre semana. Su empleo recreativo en el fin de semana tenía un límite más amplio, 4 horas y 17 minutos", concluía un equipo de psicólogos de la Universidad de Oxford, tras analizar esta cuestión en un grupo de 120.000 voluntarios.

¿Y tú? ¿Dónde está tu tope? Es hora de hacer balance y preguntarte si de verdad merece la pena perder tanto tiempo de vida mirando este rectángulo brillante lleno de anzuelos. ¿Qué te estás perdiendo mientras tienes los ojos clavados en él?

09/07/2022 21:09

Por Laura G. De Rivera@LauraGDeRivera

Publicado enCultura
Fuentes: Agencia de Noticias Biodiversidadla

Resulta oportuno reflexionar acerca de las implicancias que este debate tiene para la soberanía alimentaria y los derechos de las y los agricultores sobre las semillas.

Aprovechando el debate por la aprobación del trigo transgénico HB4 en Argentina, representantes de las empresas biotecnológicas y algunos funcionarios del gobierno nacional se manifestaron públicamente a favor de avanzar con la modificación de la Ley de semillas. Si bien no hay ningún proyecto concreto que hoy se esté discutiendo, resulta oportuno reflexionar acerca de las implicancias que este debate tiene para la soberanía alimentaria y los derechos de las y los agricultores sobre las semillas.

La importancia de las semillas

Las semillas constituyen el reservorio de la vida, al transmitir los caracteres que darán continuidad a la especie. Al mismo tiempo, interrelacionan aspectos biológicos, sociales, identitarios, culturales, espirituales y económicos. Históricamente fueron consideradas bienes comunes por las y los agricultores, ya que las mejoraron y las compartieron manteniendo el control de las mismas, lo que condujo a una gran diversidad.

A diferencia de otros insumos agrícolas, la semilla es un organismo vivo que puede reproducirse, y es por esto que ha sido difícil transformarla en una mercancía. Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear las barreras que suponen una producción asentada sobre procesos biológicos.

Primero, con la aparición de las semillas híbridas (N. del E.: semillas producto del entrecruzamiento de especies diferentes para mejorar sus rendimientos pero que no pueden reproducirse), masificadas en el marco de la Revolución Verde, que rompieron la identidad semilla-grano y, por lo tanto, significaron la separación de las y los agricultores de su capacidad de replantar y el comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. En Argentina, estas variedades siguen siendo muy utilizadas, sobre todo para la producción hortícola. 

Luego, con el desarrollo de las semillas transgénicas, que significaron grandes cambios en el uso y la reproducción de semillas, habilitando nuevos mecanismos de acumulación y generando profundas consecuencias sociales y ambientales, como resultado del modelo de los agronegocios. Argentina las adoptó tempranamente, con la liberalización en 1996 de la soja Roundup Ready, resistente al glifosato. Durante los años siguientes, el modelo continuó su profundización. Todos los gobiernos, más allá de su signo político, impulsaron con entusiasmo los cultivos transgénicos, creando un modelo hegemónico basado en la agricultura biotecnológica. Al día de hoy, el país tiene 65 eventos transgénicos aprobados, sobre todo de soja, maíz y algodón. Y el recientemente aprobado trigo HB4, con tolerancia a la sequía y al glufosinato de amonio.

Las semillas se volvieron un punto de interés estratégico en el desarrollo de la agricultura global. Son el primer eslabón de la mayoría de las cadenas agroalimentarias. Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Actualmente, el mercado mundial de semillas es uno de los más concentrados. El 60% está en manos de tres empresas transnacionales: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.

Pero las semillas son también la base de la biodiversidad, y ésta se ha convertido en una riqueza estratégica a explotar y controlar. La preponderancia de la biotecnología y la posibilidad de manipular la información genética ha tornado al acervo genético de diversidad del planeta en uno de los elementos más codiciados por los laboratorios científicos. Las “tecnologías de la vida”, desarrolladas en los países del Norte, requieren del oro verde concentrado en los países del Sur.

¿Qué son las leyes de semillas?

Las leyes de semillas se implementaron en la mayoría de los países en los años sesenta, en el contexto de la Revolución Verde. Son reglamentaciones en torno a la regulación de la certificación, fiscalización y comercialización de semillas, es decir, qué materiales pueden venderse en el mercado y bajo qué condiciones. Según explica Ana Felicien, investigadora en agroecología y soberanía alimentaria en Venezuela, integrante del plan Pueblo a Pueblo y la Campaña Venezuela Libre de Transgénicos, “se crearon bajo el discurso de asegurar la calidad y la confianza a partir de reglas claras pero, en el fondo, su aparición tiene una importancia central para entender los procesos de mercantilización”. Así, bajo la aplicación estricta de estas leyes, que obligan a las y los agricultores a utilizar solo semillas certificadas, los métodos de selección previos a las sanciones de estas legislaciones comenzaron a ser ilegales.

Otra de las consecuencias fue la constitución de los sistemas formales de semillas, que se caracterizan por tener una organización vertical de la producción y distribución de las mismas. Para Felicien, “son los circuitos de semillas producidas ya no como parte de ecosistemas diversos, sino sólo como elementos de procesos agroindustriales que tienen, como eslabón central, a los centros de investigación tanto públicos como privados, y que desarrollan un conjunto de variedades en función de los intereses de las empresas”. Las y los agricultores pasaron de ser productores, reproductores y mejoradores de semillas, a ser simples usuarios. Y las semillas, “pasaron de ser elementos vivos, producto de la interacción sociedad-naturaleza, a ser consideradas meras innovaciones tecnológicas. Esto no es otra cosa que la cosificación de los bienes comunes”, agregó la investigadora.

Argentina tuvo una lógica de apropiación de semillas muy precoz y posee un sistema formal muy desarrollado. Fue pionera en América Latina, con la sanción en 1935 de la Ley de Granos y Elevadores N° 12.253 y, en 1973, de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, aún vigente. La legislación abarca la producción, certificación y comercialización de semillas. Pero también establece una forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales denominada “Derechos de Obtentor (DOV)”, que refieren al derecho que se le otorga a quien desarrolla alguna “mejora” a una semilla, para explotarla en exclusividad. Son válidos para todo tipo de semillas, a diferencia de las patentes, que son solo para las semillas transgénicas, en tanto protege la modificación genética. Para Felicien, “aunque jurídicamente ambos sistemas de propiedad intelectual son diferentes, protegen los conocimientos que, según su lógica, son patrimonio de los fitomejoradores, y son la base para el desarrollo de las semillas como una innovación tecnológica. Ambos comprenden a las semillas como un bien privado, y por lo tanto, apropiable”.

Asimismo, la Ley de semillas reconoce, en su artículo 27, que “no lesiona ese derecho quien reserva y siembra  semilla  para  uso  propio”. Esta  concepción  del  uso  propio entendido como un “derecho de los agricultores” se enmarca en tratados internacionales, de los que Argentina es signataria, como la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión de 1978 y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TIRFAA), conocido como Tratado de Semillas.

En los últimos años, en muchos países de la región las leyes de semillas y legislaciones de propiedad intelectual fueron modificadas (y muchas están aún en proceso de discusión) para adecuarlas a las nuevas directrices del comercio mundial de semillas, que busca entregar a un puñado de empresas el control de toda la cadena de la agricultura y la alimentación. “Estos procesos implementados en nuestra región, que es una de las más biodiversas del planeta y, al mismo tiempo, la que tiene mayor superficie con semillas transgénicas cultivadas, nos habla mucho de cómo se ha venido intensificando la apropiación de las semillas, la erosión de la agrobiodiversidad y la profundización de la región como exportadora de commodities”, explicó Felicien.

Argentina no es la excepción. Desde comienzos de este milenio existen intentos sistemáticos por modificar la Ley de Semillas. A finales de 2019, un dictamen para su modificación que había sido aprobado por el gobierno de Mauricio Macri pero sin el apoyo de ningún otro sector, perdió estado parlamentario. Al día de la fecha, la Ley de semillas vigente sigue siendo la de 1973 y el debate continúa abierto.

Todos los intentos por modificar la ley tuvieron como objetivo principal cercenar la práctica de las y los productores agrarios de guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. Desde los comienzos de la agricultura se proveían a sí mismos de las semillas para el año siguiente, práctica que fue luego reconfigurada en los términos de “derechos de los agricultores”. Pero las empresas comprendieron que podrían ganar mucho más dinero si además de cobrar por la compra de las semillas, lo hacen por la resiembra de las mismas; es decir, si cobran “regalías extendidas”.

Así, todos los intentos de modificación apuntan a reglamentar y restringir el “uso propio”, remarcando que sólo podrán hacer uso de este derecho los denominados “agricultores exceptuados”. Se trata de una concepción que entiende que el “uso propio” debe dejar de ser libre y gratuito, un “derecho de los agricultores”, para pasar a ser una mera “excepción” que tienen otros: los obtentores. Esto implica un cambio radical en la forma en la que se concibe la agricultura.

Según el informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) “Sembrar vientos. Soberanía alimentaria y patentes en debate parlamentario”, publicado en octubre de 2019, la discusión “se desarrolla en medio del referido contexto internacional de fuerte concentración de poderosas empresas y un universo de agricultores nacionales que no se constituye precisamente como un grupo homogéneo y fuertemente capitalizado, como a veces tiende a creerse”. De esta manera, destaca que “el actual estado de la industria semillera local e internacional deberían ser parte del marco de discusión parlamentaria; sin embargo, se soslaya esto en el tratamiento propuesto”.

La lucha por la defensa de las semillas

En la movilización global en defensa de las semillas ha sido central la “campaña por las semillas”, propuesta por La Vía Campesina desde el año 2003. En Argentina, si la modificación de la Ley de Semillas aún no pudo concretarse, fue debido a los activismos surgidos desde múltiples sectores de la sociedad, sobre todo organizaciones sociales, políticas y de la agricultura familiar, campesina e indígena; e, incluso, desde algunas posturas contradictorias al interior del Estado.

Un momento importante de la resistencia se dio con la conformación de la “Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas”, que destacó el rechazo a la propiedad intelectual en tanto “promueve la privatización y monopolización de nuestras semillas. Con estas regulaciones, las empresas transnacionales quieren apropiarse, incluso, de variedades ´descubiertas´, lo cual es un absurdo, porque toda variedad agrícola es obra humana. Así pretenden expropiar el trabajo ajeno y controlar las semillas campesinas”.

Carlos Vicente, quién fuera referente de la organización GRAIN y un gran luchador por el derecho de los y las campesinas a usar libremente las semillas, destacaba en 2019, durante una conferencia de prensa realizada en el marco de una jornada de protesta ante la aprobación del dictámen que intentaba avanzar en la modificación de la Ley de Semillas, que “lo único que han hecho es apropiarse de nuestras semillas y eso es apropiarse de nuestro derecho a la alimentación. Por eso sabemos que no lo vamos a permitir (…) Cuidando las semillas, multiplicándolas. Y luchando. Porque sin tierra, sin semillas y sin agua, no nos alimentamos. La soberanía alimentaria y las semillas como patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad, son banderas que no vamos a bajar nunca”.

Hace poco se reglamentó la Ley de “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” (Ley N° 27.118), una iniciativa gubernamental que tomó un reclamo histórico de las organizaciones campesinas y que reconoce y defiende las semillas nativas y criollas. 

Los derechos para cultivar, guardar, reproducir y usar semillas son un campo de batalla clave para determinar quién controla la alimentación y la agricultura. Lo que pase con ellas repercute directamente sobre los alimentos que consumimos, sobre sus precios y su calidad, pero también sobre la soberanía alimentaria y sobre quién decide qué se produce y qué se consume en el país.

Lo que está en juego es absolutamente vital. Se trata de un debate que va mucho más allá de una discusión legal o una disyuntiva técnico-productiva. En efecto, tiene que ver con discutir el modelo agrario y, por lo tanto, el proyecto de país.

Este artículo fue realizado con el apoyo de la Fundación New Field. 

Por Tamara Perelmuter Youngerman | 08/07/2022 para Agencia de Noticias Biodiversidadla

Publicado originalmente en Biodiversidad América Latina

Publicado enSociedad
Científico lanza un globo meteorológico con una sonda de ozono desde el Polo Sur, en marzo de 2021.Foto NOAA Laboratorio de Monitoreo Global

Aparece desde hace unas cuatro décadas en todas las estaciones del año // Es siete veces más grande que el antártico, que se abre cada primavera

 

Un "enorme" agujero de ozono que no se sospechaba que existiera fue identificado en la atmósfera del planeta en casi toda la región tropical.

Es una brecha que se hace durante todo el año en la capa de ozono, y es siete veces más grande que el agujero antártico más conocido que se abre cada primavera.

"La profundidad de este agujero de ozono tropical para todas las estaciones es comparable a la del conocido agujero de ozono de primavera sobre la Antártida. En el centro del agujero de ozono tropical o antártico más profundo, alrededor de 80 por ciento del valor normal de ozono se agota, mientras la reducción media anual del gas en la estratosfera inferior sobre los trópicos debido a la temperatura más fría es unas 1.6 veces mayor que en la Antártida y 7.7 que en el Ártico".

Qing-Bin Lu, científico de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, señaló que según su investigación, el agujero ha estado presente durante unos 40 años y cubre un área tan masiva que la mitad de la población mundial podría verse afectada.

En entrevista con el diario inglés The Independent, afirmó: "A diferencia del agujero de ozono antártico, que sólo aparece en la primavera, el tropical está en todas las estaciones desde los años 80. Podría ser un tema preocupante para el mundo, ya que puede ocasionar aumentos en la radiación ultravioleta (UV) a nivel del suelo y los riesgos asociados a cáncer de piel y cataratas, así como otros efectos negativos en la salud y los ecosistemas en las regiones tropicales. Estos hallazgos tienen un papel de gran alcance en la comprensión de los procesos atmosféricos fundamentales y el cambio climático global".

Agregó que hay "informes preliminares que muestran que los niveles de agotamiento del ozono en las regiones ecuatoriales ya están poniendo en peligro a grandes poblaciones, y la radiación UV asociada que llega a las regiones fue mucho mayor de lo esperado. Los trópicos constituyen la mitad de la superficie del planeta y en ellos vive aproximadamente la mitad de la población mundial. La existencia del agujero de ozono tropical es de gran preocupación mundial".

Desafíos

Sostuvo: "suena increíble que el gran agujero tropical no se descubriera antes. Pero existen algunos desafíos intrínsecos al lograr este hallazgo. Primero, no se esperaba que existiera ningún agujero de ozono tropical de la teoría fotoquímica dominante. En segundo lugar, a diferencia de los agujeros de ozono antárticos/árticos que aparecen principalmente en primavera, el tropical es esencialmente sin cambios a lo largo de las estaciones y, por tanto, es invisible en los datos originales observados".

Al igual que con el agujero de ozono antártico, se encuentra que el valor normal de ese gas se agota en alrededor de 80 por ciento en el centro del tropical, según la investigación. El nuevo trabajo también ha puesto de relieve las diferencias en las teorías prevalecientes sobre cómo se consume.

En el pasado, la presencia de clorofluorocarbonos (CFC) se consideraba la mayor causa de gasto de la capa de ozono. El Protocolo de Montreal de 1987, que los prohibió, ha visto una reducción importante en su uso.

Sin embargo, a pesar de la prohibición global, los agujeros de ozono más grandes, profundos y persistentes, sobre la Antártida, todavía se observaron a fines de la década de 2000 y en 2020 y 2021. "Esto fue algo inesperado de cualquiera de los modelos de fotoquímica-clima", explicó Lu.

Otra teoría sobre la reducción del ozono, conocida como reacción electrónica impulsada por rayos cósmicos (CRE), en la que éstos disminuyen ese gas en la atmósfera, fue propuesta por primera vez por Lu y sus colegas hace dos décadas.

Lu aseveró: "Los resultados observados indican fuertemente que tanto los agujeros de ozono antárticos como los tropicales deben surgir de un mecanismo físico idéntico, y que el de CRE ha estado acorde con los datos observados. Los CFC son, sin duda, los principales gases que agotan el ozono, pero los rayos cósmicos desempeñan un papel desencadenante importante en la causa de los agujeros polares y tropicales".

La investigación se publica en la revista AIP Advances.

Publicado enMedio Ambiente
Especuladores duplican valor del agua; debate sobre capitalizar derechos

A finales de 2018 se creó un instrumento asociado al precio del agua en California. Cuando dos años más tarde entró a cotizar en lLos mercados de futuros, el tema elevó un breve debate de qué tan ético es que las bolsas de Estados Unidos capitalicen un derecho humano. Desde entonces, el valor de ese índice se duplicó.

Con una cotización de 511.33 dólares al ser creado, en octubre de 2018, el Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) incluso se depreció en sus dos primeros años desde que fue creado. El 7 de diciembre de 2020, al entrar a cotizar en el CME Group –la bolsa de derivados financieros más grande del mundo— su valor era de 486.53 dólares.

Al entrar al mercado abierto, el índice –que representa el valor de 325 mil 851 galones de agua en California— se disparó 104.2 por ciento en menos de dos años. A la fecha el NQH2O se cotiza en 998.95 dólares.

Presentado como un tipo de cobertura para productores, sobre todo agrícolas, que requieren grandes cantidades de agua y están sujetos a la incertidumbre ambiental, el NQH2O en el CME Group no es para vender el líquido, sino contratos sobre su precio dentro de cierto plazo a futuro.

En el mercado de Chicago por lo general se comercializan productos derivados, instrumentos financieros en los que se establece un precio de compra y de venta para una transacción que se realizará en el futuro, explica Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico en Monex, al ser consultada sobre cómo operan los mercados de futuros.

Detalla que al vencimiento del contrato se debe respetar el precio pactado, lo que muestran estos índices es la expectativa de cuál será el precio en ese plazo. No obstante, estos mercados se usan con dos fines. Uno es de cobertura, para reducir la incertidumbre, pero hay otro tipo de usuarios, los especuladores, que al final sí pueden distorsionar los precios del mercado real.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, refiere que casi ningún futuro cierra la operación en la fecha pactada. Con el fin de evitar riesgos, algunos inversionistas lo cierran antes, una vez que vieron que ya ganaron o redujeron sus pérdidas, dado que si el precio llega a ir muy por arriba del precio en el contrato pueden quebrar.

Un ejemplo de la participación de especuladores en mercados de sectores donde no tienen un beneficio directo fue lo ocurrido en abril de 2020, a inicios de la pandemia de coronavirus, cuando los futuros de petróleo se cotizaron con valores negativos para el precio del barril y muchos de los compradores no tenían dónde almacenar el hidrocarburo, incluso pagaron para que se lo llevaran (https://bit.ly/3ui3anI).

Más allá de los mercados de futuros, en la Bolsa Mexicana de Valores se puede invertir en el mercado del agua, que de acuerdo con Global Water Intelligence tendrá un valor de 914 mil 900 millones de dólares en 2023, proyección que anticipa un crecimiento de 18.8 por ciento en cinco años.

La bolsa mexicana reporta que se puede invertir en empresas internacionales de tratamiento, almacenamiento e innovación del agua a través de Exchange Traded Funds (ETF), los cuales son portafolios asociados a un sector y que están compuestos por porciones de activos de diversas compañías, lo cual los hace más baratos (https://bit.ly/3ygwg82).

Pero más allá de los procesos alrededor del tratamiento o su almacenamiento, al entrar el NQH2O al mercado de futuros, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua, Pedro Arrojo Agudo, condenó la cotización de futuros del líquido dado que, advirtió, invitaría al comercio especulativo.

Mientras una parte de los mercados financieros especula con su precio, 2 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, muestran informes de Naciones Unidas.

Publicado enInternacional
 Foto: Nicolas Pousthomis / Subcoop

El máximo tribunal norteamericano ordenó que Bayer-Monsanto pague una condena de 25 millones de dólares a un ciudadano que contrajo linfoma no-Hodgking por el uso habitual del herbicida Roundup. A pesar del fallo, el órgano de control ambiental estadounidense mantiene la aprobación del uso de glifosato. En Argentina hay 44 eventos transgénicos aprobados resistentes al agrotóxico.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último recurso de Bayer-Monsanto, sin necesidad de revisión, y dio sentencia definitiva al emblemático caso de Edwin Hardeman, ciudadano norteamericano demandó a la empresa farmacéutica alemana por contraer linfoma no-Hodgkin a partir del uso habitual de Roundup, herbicida a base de glifosato. La condena indemnizatoria por 25 millones de dólares sienta jurisprudencia para otras 30.000 denuncias presentadas en el Poder Judicial norteamericano contra el agrotóxico estrella del modelo transgénico. 

En Argentina —donde se estima la tasa de uso de agrotóxicos más alta del mundo—, existen fallos similares como el caso de la docente Estela Lemes. Tanto en Estados Unidos como en la Argentina, los organismos de control estatal siguen sosteniendo la habilitación comercial del agrotóxico, a pesar de las pruebas científicas sobre su impacto en la salud y el ambiente. 

El Ministerio de Agricultura autorizó en la Argentina 44 eventos transgénicos resistentes al glifosato. El primero fue la soja de la empresa Nidera, en marzo de 1996. El último es un maíz transgénico resistente a glifosato, dicamba y glufosinato de amonio —agrotóxico que generó debate por la aprobación del trigo transgénico HB4— de nada menos que Monsanto Argentina S.R.L. Monsanto cuenta con la última aprobación de un evento transgénico en el país, emitida por resolución en noviembre de 2021.

Las demandas contra Bayer-Monsanto comenzaron a multiplicarse en los tribunales norteamericanos en 2015, cuando la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida y el cáncer. Y lo categorizó como “posiblemente cancerígeno para los seres humanos”. 

Hardeman, a quien la Corte Suprema le dio la razón este martes, vio la noticia de la IARC en su casa, cuando estaba atravesando las sesiones de quimioterapia por linfoma no-Hodgkin —tipo de cáncer que ataque el sistema linfático—, que le fue diagnosticado ese mismo año. La causa del hombre de 70 años —que usó el herbicida durante 26 años en su jardín— y otras cientos fueron tramitadas por el juez Vince Chhabria del Tribunal de San Francisco.

La de Hardeman fue elegida como la causa testigo y la investigación destapó los denominados Monsanto Papers, una serie de documentos internos —desclasificados por orden del juez de San Francisco— en los que se observa cómo era el modus operandi de la empresa para aprobar el uso del herbicida en las agencias de control estatales con estudios hechos por la propia Monsanto y cómo se organizaba el lobby ante los gobiernos y la propia IARC.  

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos —de mayoría conservadora—,  Bayer-Monsanto dijo “discrepar” con la decisión judicial y anunció contar con un fondo especial de 16.100 millones de dólares para seguir enfrentando el “riesgo legal” de la comercialización del agrotóxico de Monsanto (empresa que el grupo alemán compró por 63 mil millones de dólares en 2018). 

La empresa dispuso 11.600 millones en el inicio de los juicios y, en julio de 2021, anunció un incremento de esos fondos en 4.500 millones ante la posibilidad de que se rechazara su intento de un acuerdo colectivo por las demandas presentes y futuras. En su informe anual de marzo pasado, Bayer-Monsanto informó que resolvió unos 107.000 casos de un total de 138.000 demandas. 

En el comunicado del martes 21, replicado en las agencias Reuters y AFP,  la farmacéutica sostuvo “no admitir ningún fallo ni responsabilidad” y anunció que continuará vendiendo sus productos Roundup por ser “una herramienta valiosa para una producción agrícola eficaz en el mundo”. El argumento más relevante de la empresa es que no debería estar siendo juzgada por un herbicida que mantiene la aprobación de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos. “Espero que este sea un cambio significativo en la historia de Monsanto”, se había ilusionado Hardeman en una entrevista con The Guardian en 2019, tras el fallo de primera instancia. 

El glifosato y la complicidad de los Estados

La aprobación vigente del Rondup por parte del EPA también comienza a ser cuestionada. En la previa del fallo de la Corte Suprema, el viernes pasado, el Tribunal de Apelación del 9º Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, hizo lugar el reclamo de varios grupos de defensa del medio ambiente, de trabajadores agrícolas y de la seguridad alimentaria que denuncian que la EPA no consideró adecuadamente si el glifosato provoca cáncer y amenaza a especies en peligro de extinción, por lo que exigió que examine de nuevo si el ingrediente activo glifosato plantea riesgos irrazonables para los seres humanos y el ambiente. 

El glifosato, base del herbicida patentado por Monsanto en 1974, fue clasificado como “posible cancerígeno” por la OMS en 2015 basándose en una amplia prueba científica de que es cancerígeno para los animales. “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”, sostuvo la OMS al recategorizar al herbicida y su vínculo con el cáncer. 

Gran parte de la prueba científica acumulada está presente en el informe Antología Toxicológica del Glifosato +1000, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos, que reúne 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Entre ellos, más de 200 trabajos científicos son de universidad públicas de la Argentina. 

La antología recoge informes que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. También investigaciones que lo asocian a mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. Y, por último, su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.

En el caso de Argentina, la creciente documentación de estudios científicos y casos relevados por los pueblos fumigados frente a la falta de control estatal sobre los agrotóxicos comenzó a generar luchas ciudadanas para conseguir ordenanzas municipales que alejen el uso de agrotóxicos de cascos urbanos, escuelas rurales y espejos de agua y demandas judiciales. Entre 2003 y 2019, se lograron al menos 28 fallos judiciales que prohíben o limitan las fumigaciones con agrotóxicos en ocho provincias. 

A nivel global, según la ONG Sustainable Pulse, existen más de una veintena de países que limitan su uso. Italia lo prohibió en áreas públicas y en rociados de precosecha; Francia lo retiró de los espacios verdes. Bélgica, República Checa, Dinamarca, Portugal y los Países Bajos también pusieron barreras. 

También hay restricciones adicionales en Asia (Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein y Qatar), África (Malawi, Togo) y en Latinoamérica (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Bermudas, San Vicente y las Granadinas). El último caso en la región es el de México, que prohibió el uso de glifosato y maíz transgénico para 2024. El glifosato también está prohibido en distintas zonas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia y Suiza.

Por | 27/06/2022


Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/glifosato-la-corte-suprema-de-estados-unidos-confirmo-la-condena-contra-monsanto/

Publicado enMedio Ambiente
Satoshi Matsuoka señaló que la tecnología de infraestructura de la información acelera la solución de los problemas. Foto cortesía del especialista

Los efectos en la salud, alimentos, ambiente o por desastres naturales en México, como en otros países, se pueden prevenir o mitigar con simulaciones de inteligencia artificial (IA) y de alto rendimiento, lo que sólo se alcanzaría a realizar, hasta ahora, con la supercomputadora Fugaku, una de las más rápidas del mundo, creada por el Centro de Ciencias de la Computación Riken –el centro de supercómputo más grande de Japón– y la compañía Fujitsu.

Satoshi Matsuoka, científico informático y director de ese centro, en entrevista con La Jornada destacó que de esta forma Fugaku contribuye en la consolidación de la Sociedad 5.0, proyecto de reordenamiento social basado en superinteligencia, como una tecnología de infraestructura de la información que acelera la solución de los problemas con simulaciones, mientras avanza en el desarrollo de las tecnologías de la IA, y la distribución y el procesamiento datos.

"Tenemos que hacer dos tipos de simulaciones, una es a través de IA, y otra es la tradicional, con fórmulas de física. Ambas deberían hacerse y las supercomputadoras tienen que procesarlas rápidamente para la obtención de resultados puntuales", explicó.

Fugaku contribuye en más de 30 proyectos planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas relacionados con medicina, salud y farmacéutica; reducción de desastres naturales, como terremotos; atención al calentamiento global; operación del sector energético renovable, incluida la neutralización del carbono; sector manufacturero, y la solución de problemas de materiales punteros, incluidos la construcción naval o mega edificios, entre otros puntos.

Análisis de propagación del covid-19

Planeada en 2014 y plenamente operativa en 2021, esta supercomputadora destaca por sus investigaciones en torno al covid-19 en pleno auge de la pandemia.

"Algunos dicen que otras supercomputadoras más pequeñas o las computadoras personales de alto rendimiento podrían obtener el mismo resultado, pero no es así, porque para simular la propagación del virus, por ejemplo, se necesitan hacer los análisis y computación de innumerables situaciones: cómo estaría una sala de karaoke, en la oficina, en la escuela, dentro de un avión o en un taxi".

Matsuoka aseguró que otras supercomputadoras, incluso las que están entre los cinco primeros lugares del mundo, no podrían hacer estos cómputos, "aun demorando un año o más".

Fugaku mantuvo este año el primer puesto durante cinco periodos consecutivos en las clasificaciones de computadoras de alto rendimiento High-Performance Conjugate Gradient, que aprueba el rendimiento para los métodos informáticos aplicados en la realidad, y en Graph500 Breadth-First Search, que evalúa los sistemas de rendimiento analítico de gráficos.

En los resultados, dados a conocer en la Conferencia de Computación de Alto Rendimiento, obtuvo el segundo lugar en la clasificación TOP500, que evalúa a las 500 supercomputadoras con mayor rendimiento del mundo, y en HPL-AI, que califica el rendimiento de las unidades aritméticas de precisión simple y mediana en IA.

En junio de 2020 y noviembre de 2021, Fugaku obtuvo el primer lugar en los cuatro ejercicios. Se espera la segunda actualización de estas clasificaciones de 2022, principalmente en TOP500.

"Creo que esta supercomputadora también puede contribuir en recursos científicos de primera clase en el mundo, a la prevención de desastres o salvación de vidas humana de México", consideró Matsuoka. Señaló que el país es sísmico, con problemas de huracanes y contaminación ambiental.

En sus aportaciones a la Sociedad 5.0, Fugaku busca consolidar una ciudad inteligente virtualizada, que incluye sensores, terminales y redes de la Internet de las cosas, así como detalles específicos de entornos y climas, ante las dificultades de simulaciones experimentales sobre terrenos reales o a escala.

"Si lo deseamos, una urbe como la Ciudad de México podríamos meterla en el espacio cibernético totalmente entera y podemos hacer la simulación de, por ejemplo, en el caso de la contaminación atmosférica o un terremoto", para "entender las causas del fenómeno e impedir daños a la sociedad".

Matsuoka señaló que Fugaku tiene cientos de proyectos; está abierta de forma internacional, por lo que la comunidad científica mexicana también puede ser usuaria.

¿Es necesario o no cambiar el sistema de salud en Colombia?

Como parte de los debates dado en el país en el marco de la actual campaña electoral, está el de si el sistema de salud imperante se debe mantener o debe ser transformado. No es un debate reciente, pero sin duda se ha reactivado.

En general pueden identificarse tres posturas que están presentes en la campaña electoral: una, que considera que el sistema de salud instaurado con la Ley 100 es un gran logro, por lo cual se debe mantener y profundizar. Otra, que considera que el sistema de salud actual tiene logros con problemas y limitaciones, que deben ser resueltos, para mejorar por la misma senda. Y la tercera, que considera que el sistema de salud arrastra una crisis estructural, por lo cual debe ser cambiado de fondo, a través de un proceso de transición paulatina.

Las tres posiciones frente al sistema de salud


La postura de elogiar y sostener el sistema, ha sido impulsada por los sectores y partidos tradicionales y por el conjunto de gobiernos que han transcurrido desde su instauración. En lo que respecta a la actual campaña electoral quien sostuvo principalmente esta propuesta fue el candidato Federico Gutiérrez, como representantes de estos sectores que implantaron y se han beneficiado de un sistema insertado en una dinámica de mercado, que ha centrado su acción en la atención individual a la enfermedad, constituida en fuente de lucro para los actores de mercado involucrados en el sistema.

De otro lado, los programas propuestos por Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, sostienen que lo que hay que hacer es mejorar el actual sistema, sin cambiarlo, en especial impulsando un modelo de atención territorial de tipo salud familiar y comunitario articulado al modelo de aseguramiento, asunto que con las experiencias ya vividas en el país, es imposible dado que el aseguramiento no es territorializado y en su acción no tiene en cuenta cuál es el contexto territorial en el que viven y trabajan las personas, que contienen las determinaciones que definen sus condiciones de salud o enfermedad.

Y, por último, los sectores progresistas, hoy representado en el programa del Pacto Histórico, sostienen la necesidad de establecer un proceso paulatino que lleve al cambio de fondo del sistema, lo que implica, entre otras propuestas, que la intermediación financiera del aseguramiento, que realizan las EPS, desaparezca.

En este sentido, se da un campo de contienda política por la orientación del sistema de salud, donde intervienen diferentes actores gubernamentales, parlamentarios, políticos, gremiales, sociales y académicos, bien defendiendo lo que existe o bien cuestionándolo y proponiendo alternativas de fondo.


El Ministro de Salud defendiendo el modelo de Ley 100


Uno de los defensores del sistema en los últimos años ha sido el actual ministro de salud Fernando Ruíz. En una columna reciente que publicó en el diario El Tiempo sostuvo que “La diferencia fundamental del sistema colombiano con el chileno es la solidaridad social y poblacional. El nuestro se diseñó con una financiación solidaria desde los más ricos a los más pobres, integración completa hospitalaria y acceso no restringido a los colombianos a los hospitales privados”*.

Según lo anotado, el ministro sueña, en tanto la realidad es otra, en tanto los principales dineros que sostienen la incorporación de los sectores populares al aseguramiento (régimen subsidiado) no provienen de los sectores ricos, sino de los sectores laborales del país; que no ha existido una integración completa hospitalaria en tanto no hay realmente redes de servicios de salud en el país y se ha dado el fenómeno de integración vertical, en donde las EPS contratan con su propia red de servicios de salud (convertidas en privadas a pesar de ser construidas con recursos públicos) y el acceso, como lo ha padecido la población y como se revela con el gran cumulo de tutelas en salud interpuestas durante estas décadas, es deficiente, en tanto no es lo mismo estar asegurado que tener acceso real a la atención. Es decir, estamos ante una universalidad no real, porque aunque el 99.3% de la población está afiliada, como lo dice Ruíz en su columna, no igual porcentaje realmente accede a los servicios de salud cuando los necesita, con la oportunidad y calidad que lo demanda.


En esas circunstancias, la salida que le ven a los problemas originados con las EPS es liquidar a las que tienen problemas, vía recorrida con reiteración en los últimos años y que deja a la población afiliada en un limbo de atención al ser trasladadas a la fuerza a otra EPS, y a los hospitales que les adeudan pagos perjudicados porque al declararse en quiebra no cubren sus acreencias. Pero lo que se ve acá, claramente, no es que quieran acabar con las EPS sino generar un oligopolio de ellas, para el manejo de todo el negocio en unas pocas manos.

Dice Ruíz: “A nuestras EPS se asignó la función de prevenir y manejar la enfermedad para asegurar la curación y las enfermedades crónicas, asegurar la menor acumulación de riesgo, secuelas y muerte. Esto se llama prevención secundaria y es parte de la función de gestión del riesgo de las EPS, con efectos no solo sobre los pacientes, sino en la reducción del gasto en salud, contribuyendo al equilibrio del sistema”.

Sueña y no despierta. Precisamente esto es lo que no han hecho las EPS, ni lo van a hacer, porque su lógica está centrada en el costo-beneficio y rápidamente se dieron cuenta que acumulan capital generando barreras de acceso a los servicios y no reconociendo a las IPS el pago por lo que hacen. Se pretende que gestionen el riesgo individual, pero realmente este rol no lo van a cumplir estas empresas. La realidad, además, es que este tipo necesidades no pueden ser vistas como un asunto individual, sino que requieren ser abordadas colectivamente, desde la mirada de la determinación social de la salud, que demanda intervenir los asuntos de cómo vive y trabaja la gente, para producir realmente salud, asunto que no hacen las EPS.

Cambio real, no aparente

Los problemas que tiene el sistema de salud no se logran resolver tratando de hacer juiciosas a las EPS con su labor de prevención o desarrollando un modelo de atención en los territorios articulado al aseguramiento, como en el caso del denominado modelo Mais o Maite, que no logró tal propósito.

Por lo cual, hay que responder la pregunta, categóricamente, ¿se requiere, si o no, cambiar el sistema de salud que tiene Colombia.


Y la respuesta es contundente: se requiere un giro total, que coloque en el centro la salud y la vida y no exclusivamente la atención a la enfermedad. Es decir, se trata de estructurar un sistema de salud, que, articulado a una acción intersectorial, interdisciplinaria, con una alta y real participación comunitaria y con profesionales y trabajadores/as del sector salud con formas laborales estables y dignas, impulse procesos territoriales que incidan sobre las causas fundamentales que producen las enfermedades y que, de manera preventiva y predictiva, identifique los problemas para resolverlos de forma oportuna y con calidad y que avance en la constitución de modos de vida que sean productores de salud para la población.

Como lo cuenta Ruiz en su columna, existe la experiencia de Chile que ha decidido eliminar la intermediación financiera que tienen las aseguradoras en su sistema, a través de la vía de la reforma constitucional. Este ejemplo cercano para Colombia, revela que es viable y necesaria la eliminación de estas estructuras, que para financiar y avanzar en la prestación de los servicios de salud no se necesita una figura que esté entre el Estado y los servicios de salud, esa puede ser una relación directa y adecuadamente fiscalizada por el propio Estado y fundamentalmente, por las comunidades.

Ahora, debe ser claro, que el proceso de eliminación de las EPS demanda un mediano plazo, no es un asunto posible de la noche a la mañana.

Pero lo más clave de este debate, es que la sociedad debe entender que los problemas de enfermedad que vive, se resuelven mucho más allá del sistema de salud, mucho más allá de los hospitales, mucho más allá de la labor médica, mucho más allá de la tecnología médica y de los medicamentos, principalmente mejorando las condiciones en que vive y trabaja la gente, lo que consume, las condiciones de saneamiento básico, las condiciones de su entorno ambiental, sus niveles de educación y de participación.

Y sin duda, muchas de las graves condiciones de enfermedad de grupos poblacionales, producto de las grandes desigualdades e injusticias presentes en el país, requieren atención pronta y de calidad, asunto que se puede lograr impulsando una real estrategia de atención primaria en salud (APS), contando con equipos de salud interdisciplinarios directamente en los territorios barriales, escolares, campesinos, laborales, afros, indígenas, entre otros.

En este sentido, el reto que tiene Colombia de frente, y la forma como debe entender el debate, para poderlo sacar de los estrechos límites a que lo llevan quienes manejan la salud en el país, como es claro en el artículo del Ministro de Salud, es que acá se requiere una propuesta amplia que ubique claramente cómo es que el sistema de salud se debe articular a un amplio sistema del cuidado de la vida, en su visión más amplia, que demanda la articulación a un amplio sistema de protecciones sociales.

* Ruíz Gómez, Fernando. ¿Tienen futuro las EPS? De ellas depende... Recuperado de https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernando-ruiz-gomez/columna-de-fernando-ruiz-gomez-tienen-futuro-las-eps-674214

 

Para adquirir suscripción

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enColombia
Descubren red cerebral vinculada a las adicciones

Logran hallazgo por medio de un estudio de personas que dejaron el cigarrillo de forma abrupta tras sufrir daños en el cerebro

 

Mediante la técnica conocida como mapeo de redes de lesiones, investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard cartografiaron una red cerebral vinculada a las adicciones a través del estudio de fumadores que dejaron abruptamente el cigarrillo tras sufrir daños de este tipo.

Los expertos captaron la remisión de la adicción en circuitos cerebrales completos en lugar de regiones específicas, apuntando a nuevos objetivos para el tratamiento. Las afecciones humanas conducen a un circuito cerebral que podría ser el punto para tratar las adicciones.

Sus resultados se publicaron en Nature Medicine.

En opinión de Juho Joutsa, uno de los autores del estudio y neurólogo de la universidad finlandesa de Turku, "la red identificada proporciona un objetivo que puede ser probado para los intentos de terapia".

Los tratamientos de neuromodulación, como la estimulación cerebral profunda y magnética transcraneal, así como la ecografía guiada por resonancia magnética, permiten ir directamente a los circuitos del cerebro y mejorar los síntomas de maneras que tal vez no sean posibles con medicamentos. Pero conocer la ubicación del objetivo es fundamental, según dicta un boletín emitido por la institución.

En una investigación anterior, especialistas usaron el mapeo de la red de lesiones para examinar a los pacientes cuyos temblores esenciales estaban resueltos, confirmando los logros del tratamiento con estimulación cerebral profunda.

Los autores del estudio se propusieron aplicar el mismo enfoque a la remisión de la dependencia. "Aunque sabemos mucho sobre los mecanismos neurobiológicos de la adicción, las opciones de tratamiento aún son muy limitadas. Nuestros hallazgos con el temblor esencial hicieron que nos dieramos cuenta del potencial de este enfoque para localizar los circuitos cerebrales claves que median en la mejora de los síntomas", agregó Joutsa, miembro del Centro de Cerebro y Mente y Neurociencias Clínicas, de Turku.

Una de las causas de muerte entre jóvenes en EU

En Estados Unidos, los trastornos por uso de sustancias son una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Los tratamientos como la estimulación cerebral profunda son prometedores para ayudar a las personas a superar la adicción. El nuevo trabajo aumenta el conocimiento obtenido de los pacientes que no son adictos a la nicotina después de sufrir una lesión cerebral, como un derrame.

Los investigadores estudiaron a 129 pacientes que fumaban a diario y que sufrieron una lesión cerebral. Más de la mitad siguió con el cigarrillo después de la afección y una cuarta parte lo dejó inmediatamente sin dificultad.

Las lesiones asociadas a la remisión se ubican en varias zonas del cerebro, pero estarían vinculadas a la "red de remisión de la adicción", indicaron.

Hallaron que una lesión que llevaría a una persona a renunciar a una adicción probablemente afectaría a partes del cerebro como el córtex cingulado anterior dorsal, el córtex prefrontal lateral y el córtex insular, pero no al córtex prefrontal medial.

Análisis anteriores habían mostrado que las lesiones en la corteza insular reducían la adicción, pero no tomaron en cuenta otras partes del cerebro, identificadas en este nuevo estudio. Para confirmar los resultados, examinaron a 186 pacientes con daños en ese órgano que se habían sometido a una evaluación del riesgo vinculado al alcohol. Hallaron que las lesiones de la red cerebral relacionadas con la adicción que descubrieron en los fumadores también reducían el riesgo de alcoholismo, "lo que sugiere una red compartida de adicción a través de estas sustancias".

"Al mirar más allá de las regiones cerebrales individuales y, en cambio, en el circuito cerebral, hemos encontrado objetivos para la remisión de la dependencia y estamos ansiosos por probarlos a través de ensayos clínicos", agregó Michael D. Fox, profesor asociado de neurología en el Hospital Brigham y Mujeres, donde se ubica la escuela de medicina de Harvard. "En última instancia, nuestro objetivo es dar pasos más grandes a fin de mejorar las terapias existentes para la adicción y abrir la puerta a la remisión", precisó.

(Con información de agencias)

¿Es necesario o no cambiar el sistema de salud en Colombia?

Como parte de los debates dado en el país en el marco de la actual campaña electoral, está el de si el sistema de salud imperante se debe mantener o debe ser transformado. No es un debate reciente, pero sin duda se ha reactivado.

En general pueden identificarse tres posturas que están presentes en la campaña electoral: una, que considera que el sistema de salud instaurado con la Ley 100 es un gran logro, por lo cual se debe mantener y profundizar. Otra, que considera que el sistema de salud actual tiene logros con problemas y limitaciones, que deben ser resueltos, para mejorar por la misma senda. Y la tercera, que considera que el sistema de salud arrastra una crisis estructural, por lo cual debe ser cambiado de fondo, a través de un proceso de transición paulatina.

Las tres posiciones frente al sistema de salud


La postura de elogiar y sostener el sistema, ha sido impulsada por los sectores y partidos tradicionales y por el conjunto de gobiernos que han transcurrido desde su instauración. En lo que respecta a la actual campaña electoral quien sostuvo principalmente esta propuesta fue el candidato Federico Gutiérrez, como representantes de estos sectores que implantaron y se han beneficiado de un sistema insertado en una dinámica de mercado, que ha centrado su acción en la atención individual a la enfermedad, constituida en fuente de lucro para los actores de mercado involucrados en el sistema.

De otro lado, los programas propuestos por Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, sostienen que lo que hay que hacer es mejorar el actual sistema, sin cambiarlo, en especial impulsando un modelo de atención territorial de tipo salud familiar y comunitario articulado al modelo de aseguramiento, asunto que con las experiencias ya vividas en el país, es imposible dado que el aseguramiento no es territorializado y en su acción no tiene en cuenta cuál es el contexto territorial en el que viven y trabajan las personas, que contienen las determinaciones que definen sus condiciones de salud o enfermedad.

Y, por último, los sectores progresistas, hoy representado en el programa del Pacto Histórico, sostienen la necesidad de establecer un proceso paulatino que lleve al cambio de fondo del sistema, lo que implica, entre otras propuestas, que la intermediación financiera del aseguramiento, que realizan las EPS, desaparezca.

En este sentido, se da un campo de contienda política por la orientación del sistema de salud, donde intervienen diferentes actores gubernamentales, parlamentarios, políticos, gremiales, sociales y académicos, bien defendiendo lo que existe o bien cuestionándolo y proponiendo alternativas de fondo.


El Ministro de Salud defendiendo el modelo de Ley 100


Uno de los defensores del sistema en los últimos años ha sido el actual ministro de salud Fernando Ruíz. En una columna reciente que publicó en el diario El Tiempo sostuvo que “La diferencia fundamental del sistema colombiano con el chileno es la solidaridad social y poblacional. El nuestro se diseñó con una financiación solidaria desde los más ricos a los más pobres, integración completa hospitalaria y acceso no restringido a los colombianos a los hospitales privados”*.

Según lo anotado, el ministro sueña, en tanto la realidad es otra, en tanto los principales dineros que sostienen la incorporación de los sectores populares al aseguramiento (régimen subsidiado) no provienen de los sectores ricos, sino de los sectores laborales del país; que no ha existido una integración completa hospitalaria en tanto no hay realmente redes de servicios de salud en el país y se ha dado el fenómeno de integración vertical, en donde las EPS contratan con su propia red de servicios de salud (convertidas en privadas a pesar de ser construidas con recursos públicos) y el acceso, como lo ha padecido la población y como se revela con el gran cumulo de tutelas en salud interpuestas durante estas décadas, es deficiente, en tanto no es lo mismo estar asegurado que tener acceso real a la atención. Es decir, estamos ante una universalidad no real, porque aunque el 99.3% de la población está afiliada, como lo dice Ruíz en su columna, no igual porcentaje realmente accede a los servicios de salud cuando los necesita, con la oportunidad y calidad que lo demanda.


En esas circunstancias, la salida que le ven a los problemas originados con las EPS es liquidar a las que tienen problemas, vía recorrida con reiteración en los últimos años y que deja a la población afiliada en un limbo de atención al ser trasladadas a la fuerza a otra EPS, y a los hospitales que les adeudan pagos perjudicados porque al declararse en quiebra no cubren sus acreencias. Pero lo que se ve acá, claramente, no es que quieran acabar con las EPS sino generar un oligopolio de ellas, para el manejo de todo el negocio en unas pocas manos.

Dice Ruíz: “A nuestras EPS se asignó la función de prevenir y manejar la enfermedad para asegurar la curación y las enfermedades crónicas, asegurar la menor acumulación de riesgo, secuelas y muerte. Esto se llama prevención secundaria y es parte de la función de gestión del riesgo de las EPS, con efectos no solo sobre los pacientes, sino en la reducción del gasto en salud, contribuyendo al equilibrio del sistema”.

Sueña y no despierta. Precisamente esto es lo que no han hecho las EPS, ni lo van a hacer, porque su lógica está centrada en el costo-beneficio y rápidamente se dieron cuenta que acumulan capital generando barreras de acceso a los servicios y no reconociendo a las IPS el pago por lo que hacen. Se pretende que gestionen el riesgo individual, pero realmente este rol no lo van a cumplir estas empresas. La realidad, además, es que este tipo necesidades no pueden ser vistas como un asunto individual, sino que requieren ser abordadas colectivamente, desde la mirada de la determinación social de la salud, que demanda intervenir los asuntos de cómo vive y trabaja la gente, para producir realmente salud, asunto que no hacen las EPS.

Cambio real, no aparente

Los problemas que tiene el sistema de salud no se logran resolver tratando de hacer juiciosas a las EPS con su labor de prevención o desarrollando un modelo de atención en los territorios articulado al aseguramiento, como en el caso del denominado modelo Mais o Maite, que no logró tal propósito.

Por lo cual, hay que responder la pregunta, categóricamente, ¿se requiere, si o no, cambiar el sistema de salud que tiene Colombia.


Y la respuesta es contundente: se requiere un giro total, que coloque en el centro la salud y la vida y no exclusivamente la atención a la enfermedad. Es decir, se trata de estructurar un sistema de salud, que, articulado a una acción intersectorial, interdisciplinaria, con una alta y real participación comunitaria y con profesionales y trabajadores/as del sector salud con formas laborales estables y dignas, impulse procesos territoriales que incidan sobre las causas fundamentales que producen las enfermedades y que, de manera preventiva y predictiva, identifique los problemas para resolverlos de forma oportuna y con calidad y que avance en la constitución de modos de vida que sean productores de salud para la población.

Como lo cuenta Ruiz en su columna, existe la experiencia de Chile que ha decidido eliminar la intermediación financiera que tienen las aseguradoras en su sistema, a través de la vía de la reforma constitucional. Este ejemplo cercano para Colombia, revela que es viable y necesaria la eliminación de estas estructuras, que para financiar y avanzar en la prestación de los servicios de salud no se necesita una figura que esté entre el Estado y los servicios de salud, esa puede ser una relación directa y adecuadamente fiscalizada por el propio Estado y fundamentalmente, por las comunidades.

Ahora, debe ser claro, que el proceso de eliminación de las EPS demanda un mediano plazo, no es un asunto posible de la noche a la mañana.

Pero lo más clave de este debate, es que la sociedad debe entender que los problemas de enfermedad que vive, se resuelven mucho más allá del sistema de salud, mucho más allá de los hospitales, mucho más allá de la labor médica, mucho más allá de la tecnología médica y de los medicamentos, principalmente mejorando las condiciones en que vive y trabaja la gente, lo que consume, las condiciones de saneamiento básico, las condiciones de su entorno ambiental, sus niveles de educación y de participación.

Y sin duda, muchas de las graves condiciones de enfermedad de grupos poblacionales, producto de las grandes desigualdades e injusticias presentes en el país, requieren atención pronta y de calidad, asunto que se puede lograr impulsando una real estrategia de atención primaria en salud (APS), contando con equipos de salud interdisciplinarios directamente en los territorios barriales, escolares, campesinos, laborales, afros, indígenas, entre otros.

En este sentido, el reto que tiene Colombia de frente, y la forma como debe entender el debate, para poderlo sacar de los estrechos límites a que lo llevan quienes manejan la salud en el país, como es claro en el artículo del Ministro de Salud, es que acá se requiere una propuesta amplia que ubique claramente cómo es que el sistema de salud se debe articular a un amplio sistema del cuidado de la vida, en su visión más amplia, que demanda la articulación a un amplio sistema de protecciones sociales.

* Ruíz Gómez, Fernando. ¿Tienen futuro las EPS? De ellas depende... Recuperado de https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernando-ruiz-gomez/columna-de-fernando-ruiz-gomez-tienen-futuro-las-eps-674214

 

Para adquirir suscripción

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enEdición Nº292
Sábado, 04 Junio 2022 06:41

¿Pan transgénico? No, gracias

¿Pan transgénico? No, gracias

Este 12 de mayo el gobierno argentino aprobó finalmente la siembra de trigo transgénico, pese a la muy amplia oposición de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores, oposición que también comparten centenares de científicas y científicos y diversos comercializadores y procesadores de trigo.

Un tema de fondo es que el trigo es un elemento esencial de la alimentación cotidiana de la población en Argentina y que a diferencia de los otros granos transgénicos comercializados a gran escala, cuyo destino principal son forrajes industriales, en este caso se trata de un cereal destinado principal y directamente a la alimentación humana.

No es un tema sólo nacional. Sea en harinas, panes, pastas, galletas y mucho más, el trigo es un componente frecuente de la alimentación en todo el mundo y Argentina es un exportador de trigo a muchos países, incluido México. La siembra significará contaminación a variedades de trigo no transgénico, por tanto tampoco se trata de un tema sólo para quienes opten por plantarlo, tendrá impactos negativos mucho más allá. Un amplio colectivo de redes y organizaciones sociales y científicas sintetizó los problemas de esta aprobación y los fundamentos de su rechazo en la campaña colectiva "¡Con nuestro pan NO!", abierta a adhesiones (https://tinyurl.com/24ed67xv).

El trigo aprobado (HB4 o IND- ØØ412-7) se presenta como tolerante a la sequía y al veneno glufosinato de amonio, clasificado aún más tóxico que el glifosato. Esto como una especie de respaldo ante el hecho de que más de 40 especies de plantas invasoras se han hecho resistentes al glifosato, debido al uso intensivo de agrotóxicos en las grandes extensiones de cultivos transgénicos.

Esta característica, junto al hecho de que es un cultivo de invierno (lo cual aumenta las estaciones de siembra de transgénicos), que se planta en grandes áreas y en monocultivo, significa que su siembra aumentará exponencialmente la cantidad de tóxicos que permanecen como residuos en alimentos, que contaminan agua y suelos, pero también y en primera línea, que intoxican a las poblaciones aledañas. Argentina es un ejemplo sobrecogedor de la enorme cantidad de víctimas de todas las edades por enfermedades graves y muertes causadas por la fumigación aérea de agrotóxicos, principalmente en cultivos transgénicos de soya y maíz.

Con base en esa pesada experiencia, las asambleas y organizaciones del Encuentro de Pueblos Fumigados de Buenos Aires rechazaron rotundamente la liberación de un nuevo cultivo transgénico vinculado a potentes tóxicos, porque consideran contribuye a un modelo de producción agrícola criminal. "Por el asesinato deliberado de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestras comunidades, sostenemos que no hay posibilidad de convivencia con el sistema de transgénicos, monocultivos y agrotóxicos" declararon (Agencia Tierra Viva, https://tinyurl.com/bdhvdm5r).

El trigo HB4 fue desarrollado por investigadores argentinos en colaboración con la empresa trasnacional Bioceres (a la que dieron la licencia de comercialización) de la cual son accionistas los grandes agroempresarios argentinos Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, junto a Syngenta y Bayer-Monsanto, entre otras trasnacionales de agrotóxicos y transgénicos.

Las científicas y científicos que integran el Colectivo Trigo Limpio declararon que el trigo transgénico HB4 expande y consolida un modelo agrícola centrado en la ganancia, "con prácticas que han incrementado la concentración de la riqueza, la exclusión de las poblaciones rurales y pueblos originarios, así como el deterioro de la salud humana y del ambiente" (https://tinyurl.com/4fw5raax).

El colectivo publicó en 2021 una carta abierta al gobierno argentino suscrita por mil 400 científicas y científicos, explicando los impactos que tiene el trigo transgénico (https://tinyurl.com/y5jdc8st).

Además de todos los problemas mencionados, el trigo transgénico mostró un pésimo rendimiento en las pruebas experimentales (un tercio menos que el trigo convencional) y no es necesario en ningún escenario, porque sobran variedades mejores y más aptas. (https://tinyurl.com/2pcr22n6).

La supuesta resistencia a la sequía, que demostró ser marginal en comparación en la siembra experimental tampoco está asegurada, ya que como explica el Colectivo Trigo Limpio, esto no depende de un gen e interactúa en el proceso de crecimiento con muchos otros genes y factores ambientales, por lo que se comporta diferente según el medio y otros factores.

Es mucho más relevante un buen manejo agronómico que las características genéticas introducidas. Además, el modelo que sostiene este tipo de cultivo exacerba las sequías y empobrece los suelos, empeorando lo que afirma iría a atender.

Pese a ello, parecería que en esta pésima decisión jugó la presión de los empresarios de agronegocios en un momento de alza especulativa del precio del trigo. Aumento que no se debe principalmente a la guerra en Ucrania, sino a la especulación de las grandes empresas trasnacionales de comercio de cereales (https://tinyurl.com/yc45f63f).

Desde donde estemos, es fundamental oponernos a esta nueva escalada tóxica sobre nuestra alimentación y sobre la naturaleza. Se puede firmar en apoyo aquí : https://tinyurl.com/24ed67xv.

 Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

Publicado enSociedad