Domingo, 28 Noviembre 2021 11:31

La segunda oleada progresista latinoamericana

En Caracollo, partidarios del gobierno boliviano participaron en la Marcha por la Patria el martes pasado. Foto Ap

El mundo está atravesando una transición política-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy se ve cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown de 2020 han erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial. Hoy, otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite; Green New Deal, proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc., son las nuevas ideas-fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero. Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980, aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia el espíritu social.

América Latina se adelantó a estas búsquedas mundiales hace más de una década. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a esta "primera oleada" de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que logró tasas de crecimiento económico entre 3 y 5 por ciento, superiores a las registradas en tiempos anteriores. Paralelamente, se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0.54 a 0.48, en la escala de Gini y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población que inclinó la balanza del poder social en favor del trabajo. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia, al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

Esta primera oleada progresista que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes.

La segunda oleada progresista

La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte, por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas.

El progresismo cambió la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las "clases medias", ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de "ingresos medios", la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., modificó no sólo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darle sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.

La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantarse los nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente, este tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado, sólo un revanchismo enfurecido de un "libre mercado" crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.

Ello dio pie a la segunda oleada progresista que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el "fin del ciclo progresista". La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos, sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas y su duración también.

En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que por su sola presencia habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido, no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente.

Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como el gran constructor de reformas. Ciertamente, el "gran encierro" mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.

Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden. Sin embargo, la ausencia de "relación carismática" de los nuevos líderes no es un defecto sino una cualidad del actual tiempo progresista, pues fue por esa virtud que fueron elegidos por sus agrupaciones políticas para postularse al gobierno y, también, por lo que lograron obtener la victoria electoral. En términos weberianos, es la manera específica en que se rutiniza el carisma, aunque la contraparte de ello será que ya no puedan monopolizar la representación de lo nacional-popular.

En tercer lugar, el nuevo progresismo forma ya parte del sistema de partidos de gobierno, en cuyo interior lucha por ser dirigente. Por tanto, no busca desplazar el viejo sistema político y construir uno nuevo como en la primera época, lo que entonces le permitió objetivamente enarbolar las banderas del cambio y de la transgresión por exterioridad al "sistema tradicional". Lo que ahora se proponen es estabilizarlo preservando su predominancia, lo que los lleva a una práctica moderada y agonista de la política.

En cuarto lugar, la nueva oleada progresista tiene al frente a unos opositores políticos cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Las derechas políticas han superado la derrota moral y política de la primera oleada progresista y, aprendiendo de sus errores, ocupan las calles, las redes y levantan banderas de cambio.

Han cobrado fuerza social mediante implosiones discursivas reguladas que las ha llevado a enroscarse en discursos antiindígena, antifeminista, antiigualitarista y anti-Estado. Abandonando la pretensión de valores universales, se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas. Ya no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y persuasión, sino de revancha contra los igualados y exclusión de quienes se considera son los culpables del desquiciamiento del viejo orden moral del mundo: los "populistas igualados", los "indígenas y cholos con poder", las mujeres "soliviantadas", los migrantes pobres, los comunistas redivivos…

Esta actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva, sino de representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales, con efecto en sectores populares. De una tolerancia y hasta simpatía hacia la igualdad hace 15 años atrás, la opinión pública construida en torno a las clases medias tradicionales ha ido girando hacia posiciones cada vez más intolerantes y antidemocráticas ancladas en el miedo. Las fronteras de lo decible públicamente han mutado y el soterrado desprecio por lo popular de años atrás ha sido sustituido por un desembozado racismo y anti-igualitarismo convertidos en valores públicos.

La melancolía por un antiguo orden social abandonado y el miedo a perder grandes o pequeños privilegios de clase o de casta ante la avalancha plebeya han arrojado a estas clases medias a abrazar salvacionismos político-religiosos que prometen restablecer la autoridad patriarcal en la familia, la inmutabilidad de las jerarquías de estirpe en la sociedad y el mando de la propiedad privada en la economía ante un mundo incierto que ha extraviado su destino. Es un tiempo de politización reaccionaria, fascistoide, de sectores tradicionales de la clase media

Y finalmente, en quinto lugar, el nuevo progresismo afronta no sólo las consecuencias sociales del "gran encierro" planetario que 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación.

Esto conlleva una situación paradojal de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina en tiempos de crisis económicas, médicas y sociales extraordinarias.

Pero, además, globalmente se está en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones.

Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario con clases medias rezando por "orden" a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos.

Pero, además, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular, de hegemonía cultural y movilización colectiva, hoy ausentes, sin los cuales es imposible imaginar triunfos políticos duraderos.

Por Álvaro Garcia Linera. Fragmentos del discurso pronunciado en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, al recibir el nombramiento de doctor honoris causa, el 5 de noviembre pasado.

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Paradójicamente a Joe Biden le conviene más el triunfo de la candidata hondureña Xiomara Castro, pese a su mayor afinidad con China. En la imagen, escena en una barbería de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, Honduras. Foto Afp

La trascendencia geopolítica de Honduras radica en su "anillo marítimo" –en las entrañas del mar Caribe: el soft belly (bajo vientre) de Estados Unidos, según el analista israelí-estadunidense del Pentágono, Robert Kaplan (https://bit.ly/3pc5rOa)– que comprende ocho (sic) fronteras náuticas: México, Belice, Cuba, Islas Caimán, Guatemala, Jamaica, Colombia y Nicaragua.

La otra frontera marítima de Honduras con El Salvador y Nicaragua (además de su frontera caribeña) es del lado del océano Pacífico, en el golfo de Fonseca, lo cual le concede su atributo singular de ser un país bioceánico.

Honduras forma parte del malhadado "triángulo norte" con Guatemala y El Salvador con sus propias definiciones geopolíticas ("Latinoamérica fracturada por su dilema ontológico entre Estados Unidos y China", https://bit.ly/3FTC75u). El búnker de la embajada de Estados Unidos de una manzana de superficie y su aparatosa nueva construcción de otras dos manzanas destacan en su capital Tegucigalpa.

Mas allá de que en la actualidad Honduras ostente su primer ingreso por las remesas (7 mil 150 millones de dólares, https://bit.ly/314ksJt) de los alrededor 1.3 millones de hondureños en Estados Unidos –de sus casi 10 millones de habitantes–, se podría aducir que Colombia y Honduras son los supremos bastiones militares de protección del mare nostrum caribeño de Estados Unidos bajo la férula del Comando Sur.

Colombia ostenta "nueve bases cuasi militares" de Estados Unidos (https://bit.ly/32IyW2x), mientras Honduras alberga la base aérea (sic) estadunidense de Soto Cano, también conocida como Palmerola (https://bit.ly/3p4BgIy), cuyo objetivo benigno es el poco exitoso combate al narcotráfico y cuyo verdadero designio es la protección del "bajo vientre" caribeño de Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China arremetió contra la "torcedura de brazo" de Estados Unidos que desea que "Honduras mantenga sus relaciones diplomáticas con Taiwán" cuando "ha advertido" a Tegucigalpa de "algunos de los riesgos" (sic) de acercarse a China (https://bit.ly/3DaS5qp).

La agencia británica Reuters comenta que "Estados Unidos y China se pelean (sic) sobre Honduras y la ponderación de sus lazos con Taiwán" (https://reut.rs/3D26QLQ). Hoy solamente quedan 15 países en el mundo que reconocen a la isla renegada de Taiwán, mientras China irrumpe triunfalmente en "Sudamérica" (https://bit.ly/3p05hJs).

Según Reuters, un triunfo de Xiomara Castro (XC) derivaría a suculentas inversiones de China. Impactó la sorprendente visita del polémico saliente presidente Juan Orlando Hernández (JOH) a Taiwán durante tres días, a dos semanas de la elección presidencial, donde es favorita por amplio margen de 17 por ciento (sic) en las encuestas. XC, esposa del ex presidente Manuel Zelaya (MZ) –depuesto por la dupla Obama/Biden y su secretaria de Estado Hillary Clinton–, bajo el pretexto de la anatemizada ayuda petrolera de Venezuela y su ALBA chavista.

Shannon Tiezzi, del portal nipón The Diplomat, comenta que Taiwán "está preocupado" porque la probable presidenta XC podría romper sus relaciones y alternar sus lazos diplomáticos con Pekín (https://bit.ly/3cS4d4T). Cabe señalar la visita, a una semana de la elección, por una "misión de alto nivel" de Estados Unidos (https://bit.ly/30Zi5YM).

¿Estará dispuesto Biden a aceptar el triunfo de XC cuando es conocida su animadversión al saliente presidente JOH, partidario de Trump y su política sinófoba a ultranza? Tampoco se puede soslayar que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, es también partidario del trumpismo, mientras el presidente palestino-salvadoreño Nayib Bukele se ha inclinado a favor de China, cuando colisiona con los intereses monetaristas de Estados Unidos debido a su adopción del bitcóin –no se diga la deslegitimización de la reciente elección presidencial en Nicaragua por Biden y su vilipendiado instrumento de la OEA–.

En medio de una vecinal ambientación hostil a los demócratas y más favorable al trumpismo, a Biden le conviene paradójicamente más el triunfo de XC, pese a su mayor afinidad con China. De paso, Biden podría resarcirse del golpe de Estado teledirigido contra el ex presidente MZ, esposo de XC.

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Domingo, 28 Noviembre 2021 05:42

El modelo de desarrollo chino está en crisis

 Un residente camina entre los edificios de apartamentos de la promoción inmobiliaria y turística Life in Venice de Evergrande en Qidong, provincia de Jiangsu, China. (Qilai Shen / Bloomberg vía Getty Images)

China vivió un largo período de crecimiento económico vinculado a la inversión inmobiliaria. Ese modelo está fracasando.

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La crisis que atraviesa la inmobiliaria china Evergrande tiene a la empresa en boca de todo el mundo. Los acreedores, inversores, contratistas, clientes y empleados de Evergrande, tanto dentro como fuera de China, están ansiosos por saber si el gobierno decidirá finalmente que la empresa es demasiado importante como para dejarla caer. De confirmarse el colapso de Evegrande, las repercusiones sobre el sistema financiero y la cadena de suministros de la construcción son impredecibles. Se sabe que el gobierno central de Pekín advirtió a los gobiernos locales que deben prepararse para los posibles efectos sociales y políticos de la crisis. 

Pero aun si la intervención del gobierno rescatara a Evergrande, el Estado chino enfrentaría nuevos dilemas. Evergrande es solo una de las muchas empresas inmobiliarias que enfrentan un posible default. La caída del precio de las viviendas en China está haciendo que la crisis se propague a otras inmobiliarias, como Kaisa. La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que es probable que la crisis china afecte la economía mundial.  

La crisis de Evergrande y del enorme sector inmobiliario del país es una manifestación de la crisis del modelo de desarrollo chino. Los límites del modelo son perceptibles en la multiplicación de las ciudades fantasma: se estima que los departamentos vacíos en China bastarían para alojar a toda la población de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido o Canadá. ¿Cómo pudo ese modelo sostener un crecimiento tan veloz durante tanto tiempo y por qué fracasó recién ahora? Para comprender la crisis actual, debemos comprender el vínculo entre la propiedad —y la inversión fija en general— y las otras partes de la economía mundial y china.

El fin del «China Boom»

Desde mediados de los años 1990 hasta 2008, el sector exportador de China logró plantearse como un motor de dinamismo y rentabilidad. Alimentado por la demanda global y dominado por empresas privadas y extranjeras, el sector exportador acumuló una cantidad descomunal de divisas, fundamento monetario de una generosa expansión del crédito por parte del sistema financiero controlado por el PCCh. El crecimiento de las reservas permitió que los bancos estatales chinos expandieran la liquidez de su moneda local sin las fugas de capitales ni los riesgos devaluatorios típicos de los experimentos de expansión de otros países en vías de desarrollo. La mayor parte de los nuevos créditos terminaron en manos de empresas con buenos contactos, que tendieron a invertir en activos fijos como infraestructura, bienes raíces, plantas siderúrgicas y plantas de carbón. 

Como dijo una vez Keynes, dos vías que hacen el mismo camino no son dos veces mejores que una. Una buena parte de esa inversión fija financiada con deuda fue infructuosa y redundante. Desde fines de los años 1990, los dirigentes del PCCh hicieron sonar la alarma del endeudamiento y de la sobrecapacidad. Una de las soluciones propuestas fue la liberalización financiera: si se habilitara la circulación de la liquidez en busca de tasas de interés más elevadas, las empresas ineficientes perderían el acceso al crédito que las mantenía a flote. Pero otras facciones de la élite del partido-Estado percibían a estos sectores infructuosos como potenciales vacas lecheras y cuasi feudos. La reforma nunca cobró impulso. 

El primer golpe al crecimiento chino fundado en las exportaciones llegó con la crisis financiera de 2008-2009. En respuesta al colapso de la demanda global, el gobierno chino implementó una política de estímulo monetario tan agresiva como exitosa. Todavía impulsada por la enorme ola de inversiones en activos fijos financiados con deuda, la economía salió con fuerza de la crisis. Pero con el motor de la exportación detenido, la expansión redoblada del crédito bancario-estatal para la inversión no fue equivalente a la expansión de divisas. El resultado fue una enorme burbuja de deuda. Entre 2008 y 2017, las deudas pendientes de China pasaron de representar el 148% del PIB a representar más del 250%. La pandemia de 2020 conllevó un nuevo aluvión de préstamos, que —según una estimación— empujó la proporción deuda-PIB por encima del 330%. Siguiendo una huella conocida, la mayor parte de esa deuda terminó en la financiación de nuevos departamentos, plantas de carbón, plantas siderúrgicas y proyectos de infraestructura. Con pocas personas capaces de consumir los productos, las nuevas inversiones solo generaron una sobrecapacidad infructuosa. Como muestra el Gráfico 1, después del rebote de 2009-2010, la rentabilidad de las empresas siguió cayendo en términos generales, tanto en el sector privado como en el estatal.

La caída de las ganancias sumó un nuevo problema a la sobrecapacidad financiada con deuda, pues las ganancias brindan el flujo de dinero que las empresas necesitan para pagar sus deudas y reembolsar a sus prestamistas. En China, el rendimiento decreciente de los activos creó una bomba de tiempo financiera: ¿Qué pasaría si empezaran los defaults? Los gestores económicos del PCCh no tenían espalda para implementar más políticas de estímulo a la inversión financiadas con deuda. Mientras tanto, el crecimiento del sector exportador todavía seguía por debajo de los niveles previos a 2008. En busca de un nuevo régimen de expansión, Pekín llamó a dejar atrás las inversiones fijas y a apuntalar el consumo doméstico privado. Efectivamente, el volumen de consumo privado creció a gran velocidad luego del ingreso del país a la OMC en 2001, pero nunca tomó ritmo suficiente como para alcanzar la expansión de la inversión (ver el Gráfico 2). El crecimiento insuficiente del consumo fue resultado de la creciente desigualdad. A lo largo del boom de las exportaciones, el ingreso promedio de las familias creció a un ritmo mucho más lento que la economía en general. Esto implica que la mayor parte de los nuevos ingresos generados por la economía terminó en manos del gobierno y de otras empresas, no en salarios y remuneraciones que pusieran dinero en los bolsillos de los empleados. En vez de incrementar el consumo, el plusvalor fue reinvertido en más inversión y más sobrecapacidad.

Incluso antes de 2008, circulaban muchas propuestas que apuntaban a un nuevo equilibrio. El aumento del consumo hubiera implicado nuevas fuentes de demanda final, capaces de absorber la sobrecapacidad y garantizar el incremento de las ventas de las empresas. Con todo, la distribución del ingreso necesaria para equilibrar la economía mediante el impulso del consumo privado es fácil de enunciar pero difícil de implementar, sobre todo cuando se tiene en cuenta el monopolio de poder de la élite del partido-Estado. 

Estos complejos problemas moldearon la siguiente etapa de la trayectoria china. En 2015-2016, la debacle financiera y la fuga de capitales forzaron una fuerte devaluación de la moneda. En 2016 el gobierno logró estabilizar la economía, pero solo a costa de un renovado control de capitales. El sistema bancario también inyectó nuevas rondas de crédito con el fin de mantener la rueda en movimiento. Un signo de la enorme fragilidad financiera del país fue que muchos de los préstamos se usaron para refinanciar la deuda existente y no para financiar nuevas inversiones o consumo. 

El estancamiento del sector manufacturero —revelado por Purchasing Manager Index (PMI), uno de los índices más importantes del sector— ilustra bien el impasse de la economía china. En el PMI, un valor por encima de 50 indica expansión y uno por debajo de 50 contracción. En el Gráfico 3 (abajo) el eje de la derecha muestra que, durante una década, el PMI rondó el 50 (nivel de estancamiento). El eje de la izquierda muestra el volumen de nuevos préstamos. Si comparamos los datos de nuevos préstamos con los del índice manufacturero, comprobamos la efectividad decreciente del estímulo crediticio. Desde el rebote de 2009-2010, el mero mantenimiento de la actividad económica conlleva inyecciones de dinero más grandes. Mientras que las olas de crédito, recurrentes y cada vez más cuantiosas, hacen crecer la deuda sin contribuir al dinamismo económico, las empresas se convierten en zombis adictos a los préstamos. 

Dos capitales

Desde fines de los años 1990, el problema de la sobrecapacidad financiada con deuda recibió distintas soluciones, entre ellas la liberalización de los mercados financieros y el incremento del consumo privado. Pero durante la última década de estancamiento, un nuevo tipo de equilibrio terminó definiendo la economía política china: «el Estado avanza, el sector privado retrocede» (guojin mintui). Aunque la idea suele plantearse en términos de distintas ideologías partidarias o estilos de dirección individual, la presión ejercida por el Estado sobre el sector privado y sobre las empresas extranjeras refleja condiciones económicas más generales. En un ambiente de bajo crecimiento, las empresas vinculadas al Estado crecen a costa de otros sectores. Su alianzas con los dirigentes del partido garantizan su capacidad de desarrollar la estrategia propuesta.

La capacidad de maniobra del sector estatal descansa sobre la singular forma de propiedad china, específicamente sobre el hecho de que el Estado sigue siendo el terrateniente universal. Durante los años 1950, el PCCh abolió la propiedad privada y sentó las bases del partido-Estado, representante autodesignado del pueblo y dueño único de toda la propiedad. A pesar de las importantes reformas económicas implementadas a partir de 1978, el partido-Estado nunca modificó la propiedad estatal del suelo ni su estatuto de forma privilegiada de la propiedad. El Estado promovió el desarrollo de una economía privada garantizando a los emprendedores individuales derechos de uso de los bienes raíces por tiempo limitado. Es decir que el uso tiene fecha de caducidad y el Estado conserva el poder de establecer los términos de una renovación o de cancelar el contrato en cualquier momento. Así comenzó la reforma de mercado de fines de los años 1970, cuando el Estado instituyó el sistema fundado en la responsabilidad del usuario (arrendó derechos de uso a las familias campesinas sin perder la propiedad de la tierra). A mediados de los años 1980, las ciudades empezaron a implementar una mercantilización similar del derecho de uso del suelo bajo propiedad estatal, que comenzó con la reforma de Shanghái. Estas reformas, que culminaron en los años 1990, generaron las condiciones de desarrollo de las inmobiliarias del tipo Evergrande sin subvertir la propiedad estatal del suelo. 

Además de la propiedad de la tierra, Pekín nunca abandonó el carácter dominante de las empresas estatales en los sectores clave. La reforma de las empresas estatales de los años 1990 no fue exactamente una «privatización». Muchos gigantes estatales fueron reestructurados siguiendo el modelo de las empresas transnacionales de Occidente, orientadas hacia la generación de ganancias, y abandonaron casi todas sus funciones sociales, como la provisión de vivienda y salud para sus empleados. Pero muchas de las empresas más grandes permanecieron bajo control del gobierno central o de los gobiernos locales a través de la propiedad estatal directa o de la participación estatal mayoritaria en los paquetes accionarios de las empresas públicas. La cantidad de empresas chinas que figuraban en el listado de Global Fortune 500 pasó de 10 en el año 2000 a 124 en 2020. De esas 124 empresas, 91 son empresas estatales. Los activos industriales totales del Estado duplican los activos privados y ocupan un rol predominante en sectores como finanzas, energía, automóviles, telecomunicaciones y minería. 

Por lo tanto, durante el largo boom de las exportaciones, la economía política china fue impulsada por el intercambio en un mercado orientado hacia la generación de ganancias y fundado en los derechos temporarios sobre la propiedad otorgados por el Estado a ciertos individuos y emprendedores. Con el tiempo, muchos inversores empezaron a pensar que la propiedad estatal era una formalidad y suponían que la renovación del derecho de uso sería rutinaria y ritual. Mientras la economía china se mantuvo en ascenso, con altas tasas de rendimiento, los empresarios no tuvieron ningún problema en conservar su riqueza y su propiedad en China y la preocupación sobre la seguridad de sus finanzas no surcó sus cabezas. Pero cuando las tasas de crecimiento empezaron a caer, los inversores volvieron a prestar atención a la naturaleza transitoria de su propiedad, determinada por la vigencia del Artículo 6 de la Constitución china («el Estado ratifica el sistema económico básico en el que la propiedad pública es dominante») y del Artículo 7 («la propiedad estatal […] es la fuerza principal de la economía nacional. El Estado garantiza la consolidación y el crecimiento de la economía estatal».

La presión sobre los negocios privados y extranjeros se hizo evidente a partir de 2008. Cuando la recesión mundial congeló el crecimiento económico, Hun Jintao promulgó una nueva ley antimonopolios, aplicada mucho más enfáticamente en el caso de las empresas privadas y extranjeras que en el caso de las empresas estatales. No cabe duda de que, durante el conflicto entre las distintas élites nacionales, la etiqueta «anticorrupción» sirvió para purgar del partido a muchos individuos que poseían empresas. Pero rara vez la ley antimonopolios puso en cuestión a las empresas estatales, aun cuando el sector alberga monopolios fundamentales, como el de las telecomunicaciones y la energía. A la inversa, la campaña anticorrupción normalizó la confiscación de la riqueza individual. La combinación de la inseguridad de los individuos más ricos y emprendedores, la caída de la rentabilidad en una economía que se ralentiza y las expectativas de una fuerte devaluación del renminbi desató la ola de fuga de capitales que culminó con el alboroto financiero del verano de 2015, al que nos referimos antes. Aunque el reforzamiento del control de capitales contuvo la fuga, las empresas y los individuos ricos de China renovaron sus deseos de sacar su riqueza del país y llevarla a jurisdicciones que protegieran mejor la propiedad privada. 

Cuando Xi Jinping llegó al poder en 2012, muchos analistas supusieron que el mandatario embarcaría al país en un proceso de liberalización económica. Durante las primeras etapas del reinado de Xi, los medios estatales promovieron el mensaje con un debate sobre la desregulación financiera y la «reforma del costado de la oferta», que, como dijo el New York Times en 2016, «suena menos a Marx y a Mao que a Reagan y a Thatcher». Pero las expectativas de que Xi fuera un hombre promercado del estilo de Deng Xiaoping no tardaron en evaporarse. La fuerza de los grupos de interés mejor establecidos en el partido-Estado dejó poco margen a Xi como para que hiciera otra cosa más que apoyar la continuidad de la expansión de las empresas de propiedad estatal o vinculadas al estado a expensas de las empresas privadas y extranjeras. 

Aunque el giro estatista es previo a Xi, el mandatario propició una aceleración significativa del proceso. Este año Xi presentó el programa «prosperidad común». La consigna fue de la mano de medidas severas contra las empresas privadas. Entre esas medidas represivas, cabe mencionar el bloqueo de última hora de una oferta pública de venta (IPO) en el extranjero de Ant Group (el brazo fintech de Alibaba); la imposición de una pesada multa antimonopolio sobre Alibaba; las fuertes restricciones sobre la capacidad de las empresas tecnológicas de recolectar datos y proveer servicios; la prohibición de las tutorías escolares con fines de lucro y la habilitación para que las empresas estatales pasen a hacerse cargo de ciertos activos fundamentales de las empresas tecnológicas privadas. 

Evergrande y el futuro del capitalismo chino

En 2016, una editorial estatal de Pekín empezó a vender una versión en chino simplificado de mi libro The China Boom. En esa edición, la expresión «capitalismo en China» fue traducida sistemáticamente como «socialismo de mercado con características chinas». Es la autodescripción oficial estricta del sistema de partido-Estado chino, cuyas publicaciones oficiales nunca utilizan los términos «capitalismo» ni «capitalismo chino» para caracterizar el sistema económico del país. Algunos intelectuales de izquierda occidentales, como David Harvey, empezaron a especular con que Xi estaría conduciendo a China de vuelta al camino socialista abandonado luego de la muerte de Mao. La idea de un giro maoísta anticapitalista también está presente en publicaciones como The Wall Street Journal y The Washington Post

Por más extendida que esté, la idea de que China está apartándose del capitalismo es inadecuada. Después de cuatro décadas de reformas, la economía china todavía no alcanzó el modelo capitalista neoliberal bosquejado (y defendido) por la literatura sobre las «transiciones de mercado». Pero el sistema chino —definido por la mercantilización plena de los medios de vida, el predominio del imperativo de las ganancias en todas las actividades económicas, la propiedad estatal del suelo, que se suma a la protección débil de todas las otras formas de propiedad privada, y el carácter predominante de las empresas estatales— probablemente responde mejor a la categoría de capitalismo de Estado o capitalismo de partido-Estado. La Rusia de Putin brinda a Xi un ejemplo de régimen autocrático capaz de soportar las recesiones económicas después de haber bloqueado, contenido o exterminado a todos los oligarcas con bases de poder independientes. Pekín quiere restringir la acumulación de capital privado para dejar más espacio a la acumulación de capital estatal. El proyecto también implica castigar la resistencia de base contra la acumulación, como demuestra la reciente detención de activistas sindicales, investigadores especializados en derechos laborales e intelectuales marxistas. 

Junto al comercio electrónico y las redes sociales, el sector inmobiliario es una de las áreas de influencia más importantes del capital privado. ¿Qué consecuencias tendrá el pánico generado por Evergrande en la transformación de este sector esencial, que genera cerca del 25% del producto chino y sostiene una burbuja de activos cuyo valor cuadruplica el PIB del país? Tal vez sea una oportunidad para que el partido-Estado chino fortalezca la promoción del sector estatal contra sus rivales. La crisis de Evergrande se desató cuando el Estado intentó castigar a las inmobiliarias mediante la restricción del acceso al crédito de los bancos estatales. Se suponía que estas medidas forzarían el desapalancamiento de las empresas endeudadas. Algunos medios dicen que el gobierno chino está evaluando la posibilidad de disolver y reestructurar Evergrande como un conjunto de empresas estatales. En ese caso, la crisis de Evergrande terminaría siendo una oportunidad para que el partido nacionalizara una de las empresas inmobiliarias más grandes de la economía nacional, reafirmando la propiedad estatal sobre el suelo. Esta tendencia es consistente con el reciente ataque del Estado a las empresas privadas más grandes, que podría terminar con la decisión de convertirlas en empresas bajo propiedad o control estatal. Si disolviera empresas como Evergrande, el Estado sería capaz de separar las actividades más rentables (como la unidad que gestiona las viviendas existentes) y poner fin a todas las operaciones insalvables. Pero aun en el caso de que el Estado decidiera nacionalizar los activos, estos terminarían en manos de desarrollistas estatales que siguen trabajando con fines de lucro.

Como sucedió en momentos previos de la crisis, Pekín está haciendo algunos gestos que apuntan a la necesidad de encontrar un nuevo modelo de desarrollo. Bajo la rúbrica «prosperidad común» y el llamamiento a la redistribución de la riqueza, Xi vinculó el ataque contra el sector privado a la necesidad de solucionar la desigualdad y hasta de incrementar el consumo doméstico. Hasta ahora, existe poca evidencia de que una nueva ronda de redistribución implicará algo más que el desplazamiento de recursos y poder del sector privado hacia las empresas estatales, menos rentables pero igualmente orientadas hacia la generación de ganancias. Aquellos que esperan que Xi reviva el socialismo —un sistema político y económico en el que la vida de las personas está por encima de las ganancias, las inversiones y el crecimiento— están condenados a la decepción.

* Publicado originalmente en inglés en Phenomenal World (12/11/2021) *

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Domingo, 28 Noviembre 2021 05:35

Paranoia y nuevas ultraderechas

Paranoia y nuevas ultraderechas

En las distintas lecturas de Nietzsche y Heidegger que anticipan, después de la denominada muerte de Dios, el nihilismo actual, se puede apreciar una de las claves del llamado neoliberalismo contemporáneo. Nihilismo en este caso es que los valores fundantes de la modernidad (verdad, democracia, igualdad, justicia, etcétera) han perdido sus referencias y su sentido. Se han tornado intercambiables, multiplicando su significación hasta lograr un vaciamiento de su sentido original. No se trata de que no haya valores, sino de que ninguno valga por sí mismo nada.

La muerte de Dios implica la desaparición de la verdad y su suplantación por las habladurías y la incesante avidez de novedades que, aunque tomen la apariencia de "valores", pueden ser absolutamente contradictorios según los intereses en juego y sin que ello tenga alguna consecuencia. Se puede defender a ultranza la Libertad y a su vez la moral tradicional y la misoginia más rancia; se puede defender la Patria frente a los extranjeros y a la vez realizar todas las maniobras para vender la soberanía al capital financiero. 

Esta anticipación profética de Nietzsche y Heidegger puede ser vinculada a los estudios freudolacanianos sobre las psicosis paranoica. Es más, a mi juicio, permiten una lectura más profunda del nihilismo acontecido. 

Según Lacan, en la personalidad paranoica existe una certeza previa a cualquier verdad e inmune a cualquier demostración argumental: el Otro, el que maneja los hilos, nos engaña, juega con nosotros como si fuéramos marionetas, nos quiere arrebatar un tesoro sagrado que está en nuestro interior y por tanto se debe fundar un nuevo orden que vuelva a poner las cosas en su sitio.

En el nihilismo de la paranoia hay una increencia constitutiva en el Otro, al que se le otorga de un modo imaginario un poder omnímodo. Este Otro "engañador" puede ser figurado y representado por el comunismo, Venezuela, los extranjeros, las vacunas, el populismo, líderes o mujeres de gran personalidad política, etcétera. De este modo, los puntos de anclaje que sostenían a la verdad y su fragilidad inherente son sustituidos por certezas resentidas. 

Como anticipó Nietzsche, en la corriente actual del mundo existe un gran caudal social de odio. Y de pulsión de muerte, tal como supo dilucidar Freud. El siglo XXI demuestra que no hay neurosis social y sí psicosis social. 

Las certezas delirantes del negacionismo que vuelven a poner al Occidente central en el abismo constituyen un testimonio logrado de esta cuestión. Más allá de las distintas hibridaciones que configuran a la agenda de las ultraderechas actuales, el elemento común que encontramos en las mismas, es que la Democracia es un escondite para los intrusos del mal que responden a un Otro sin reglas, y que por tanto hay que destruir.

Es el verdadero éxito de la operación paranoica, legitimar su odio desmedido y obsceno con imputaciones y denuncias permanentes a un supuesto Otro sin Ley.

Dicho de otro modo, en la paranoia hay una inversión especular, su odio querellante es la respuesta hostil a un Otro que nos amenaza. Un Otro inventado por la propia estructura paranoica. Por ello las Memorias de un psicópata de Daniel Paul Schreber leídas por Freud, pudieron ser pensadas como una prefiguración de la ideología del nacionalsocialismo.

A su vez, como ya lo demuestra la pandemia, los polos negacionistas de clara vocación paranoica constituyen una nueva superficie de inscripción para el devenir ultraderechista.

28 de noviembre de 2021

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Sábado, 27 Noviembre 2021 06:31

Dividir para ganar

Circuito de votación en Caracas durante las elecciones del 21 de noviembre / Afp, Federico Parra

Venezuela: el chavismo gana, pero se debilita

 

 
26 noviembre, 2021

Parece haber quedado en el pasado el desconocimiento a los resultados, la patada a la mesa y las arbitrariedades de último minuto. Por primera vez en años hubo una participación activa de misiones de observación internacionales, junto a la presencia de un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo a la misión de la Unión Europea, en estos comicios «mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores». Además de un cumplimiento cabal del protocolo, se divulgó el mismo día de la elección el primer boletín con resultados preliminares. En fin, un avance importante en materia de normalización política.

El evento produjo, al mismo tiempo, un nuevo mapa político que parece abiertamente favorable a la coalición oficialista, con victorias en al menos 18 gobernaciones de las 23 en disputa (la oposición ganó en tres y hay dos cuyo resultado sigue en suspenso al escribirse este artículo, por lo cerrado de la votación). Cualquier observador inocente podría considerar que la derrota opositora es evidente y que el chavismo volvió a arrasar. Esta es, no obstante, una verdad que puede relativizarse.

La oposición moderada logró lo que quería: ubicarse en el tablero institucional y prepararse para un escenario superior: las presidenciales de 2024. Con la oposición más radical ya alejada (y derrotada en el escenario militar que había escogido), los moderados lograron obtener condiciones mínimas que, de mantenerse, podrían poner en grave riesgo la continuidad chavista en la presidencia. Los resultados confirman esta tendencia: a escala nacional, las diferentes candidaturas de la oposición obtuvieron en total más de 700 mil votos, casi 10 puntos porcentuales por encima del chavismo. En más de diez gobernaciones, la división o dispersión del voto opositor fue definitoria para el triunfo del oficialismo.

A nivel municipal, además, la oferta electoral opositora, que en 2013 había ganado 76 alcaldías y en 2017 apenas 26, estaría triunfando ahora en más de 117 de ellas (de un total de 335), lo que es un récord propio en elecciones locales. Muchas de estas alcaldías pertenecían a la «zona de confort» del chavismo, donde solía ganar sin problemas.

Más que una oposición fuerte, lo que podemos ver es un chavismo que continúa en proceso de desafiliación: ya perdió alrededor de 500 mil votos en relación con una de sus votaciones históricas más bajas, las parlamentarias de 2020, en las que sacó cerca de 4.300.000 votos (recordemos que, en las presidenciales de 2013, el oficialismo había obtenido casi 7.600.000 votos; cuando su derrota en las parlamentarias de 2015, 5.600.000 votos, y en las regionales de 2017, unos 5.800.000). La abstención el domingo alcanzó el 58 por ciento del padrón electoral. Además, hay más de 4 millones de venezolanos que no pueden votar por encontrarse en el exterior y que, de hacerlo, es de esperar que no sería por el chavismo.

En las últimas regionales, el partido de Nicolás Maduro alcanzó más del 50 por ciento de los votos en unas 17 gobernaciones; en 2021, solo lo logró en tres de ellas. En aquella oportunidad tuvo más del 60 por ciento de los apoyos en unas cuatro gobernaciones; en 2021, en ninguna. Este 21 de noviembre perdió o quedó a punto de perder en los estados que históricamente fueron los más chavistas del país: Apure, Barinas, La Guaira y Cojedes.

El oficialismo ha intentado crear una narrativa pos-Chávez, no solo en su apuesta a una política económica heterodoxa y aperturista, por no decir neoliberal y dolarizada (véase «¿Estabilización o desmantelamiento?», Brecha, 13-III-20), sino también en la esfera retórica y electoral, donde la figura, simbología e ideas del expresidente y fundador del partido oficial han sido desplazadas bajo un nuevo relato que intenta llegar a nuevos electores. Parece obvio que este intento ha contribuido a –o no ha alcanzado para detener– la erosión de su nicho de votantes más sólido.

HÁNDICAP OPOSITOR

El problema con esta visión optimista del desempeño de la oposición es que, de las alcaldías en las que ganó, 59 corresponden a la Mesa de la Unidad Democrática (la oposición institucional, por decirlo de alguna manera) y 58 a agrupaciones disidentes con las que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no pudo llegar a acuerdos. Aquí se le presenta a la oposición institucional un nuevo dilema, que ya no es si participar o no en los comicios, sino el de buscar la unidad con sectores a los que ha considerado «alacranes» o «entreguistas» al gobierno.

Los opositores radicales han dejado en claro que quieren eliminar a esa oposición disidente tanto o más que al propio chavismo, pues la consideran traidora por participar en eventos electorales donde ellos llamaron a la abstención. El caso es que esa disidencia ha conseguido prácticamente la misma cantidad que la que consiguió la oposición nucleada en la MUD.

En el chavismo la preocupación va en un sentido parecido. Beneficiarse de una abstención que inmovilizaba a la oposición ya no le funciona como antes, porque la falta de asistencia a las urnas ha comenzado a afectarle seriamente a él mismo y no resulta suficiente para debilitar completamente a sus rivales. Es de la división opositora de la que depende ahora para alcanzar el triunfo y es hacia allí a donde dirigirá sus acciones. De momento, quedan tres años de descanso electoral y no será hasta 2024 que las presidenciales se presenten en el horizonte. Hasta entonces, cada bando deberá implementar su propia estrategia para derrotar al adversario: a punta de votos o de tácticas divisionistas.

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Sábado, 27 Noviembre 2021 05:28

Netflix y la batalla ideológica

Netflix y la batalla ideológica

Consumir historias sutilmente ideologizadas, como las de las series, de forma inconsciente y constante, hace que interioricemos determinados pensamientos e ideas, e incluso que lleguemos a concebirlas como propias

 

Imagínate que llegas a casa después de un día de trabajo, universidad o simplemente de haber estado con tus amigos. Llegas, enciendes el ordenador o el televisor y abres Netflix. Después de estar un buen rato buscando una serie, quizás más tiempo que lo que dura un capítulo, decides poner un documental sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial.

En él, se exponen los errores del expresidente de Reino Unido [qué errores], Arthur Neville Chamberlain, y cómo llevó a que Alemania pudiera aumentar su influencia en Occidente. De repente, tu percepción sobre quién fue culpable de algunos hechos que acontecieron a estos errores cambia totalmente. ¿Por qué actuó de esa manera? ¿cómo se creyó las mentiras de Hitler? ¿por qué no renunció antes? etc. Tu percepción sobre el papel de Reino Unido en la guerra cambia por completo. Días más tarde, y sin saber muy bien por qué, decides investigar sobre el director del documental: Alejandro Bernard. Buscando en sus redes sociales, hay algo que te da mala espina y comienzas a indagar sobre su vida. Entonces, leyendo unos cuantos artículos, encuentras que parte de ese documental está financiado directamente por el Gobierno de un país en concreto, el cual es rival ideológico y económico con Reino Unido. De pronto, caes en la cuenta de lo que ha pasado.

Este ejemplo ficticio solo ilustra una guerra que se da cada día, cada hora y a cada segundo en nuestras vidas: la batalla ideológica. En resumidas cuentas, podríamos decir que la batalla ideológica es una constante por el pensamiento, donde las armas son los relatos y el objetivo es tu mente. Al igual que en el ejemplo del documental, esta batalla se da en casi la totalidad de nuestra vida: series, redes sociales, personajes influyentes, etc. Pero donde más se da esta batalla es, sin duda, en la política e su sentido más clásico.

En política, se lleva años realizando campañas ideológicas a través de los relatos; de hecho, en mi opinión, la política es esencialmente una batalla de relatos con el fin de construir realidades materiales. Porque, a fin de cuentas, si algo lo cree todo el mundo es más fácil que otros lo puedan llevar a cabo. Estas batallas pueden llegar a ser más o menos perceptibles. Todos estaremos de acuerdo, en que en el periodo de la Guerra Fría se enfrentaban dos modelos: el comunismo y el capitalismo. Propaganda, discursos e intromisión de mensajes en las líneas enemigas (y sobre todo en las propias), son las principales armas para esta batalla.

Pero no todas estas batallas se dan a la luz. De hecho, nuestra rutina está plagada de mensajes y relatos con el fin de cambiar nuestras percepciones. Ya sea qué marca compro, qué opino de la nueva medida del gobierno, o qué votaré el día de mañana.

Las formas de consumo ideológico se han ido transformando a lo largo de los años. Hollywood, por ejemplo, fue concebido como parte de la maquinaria ideológica de Occidente, con una efectividad innegable, moldeando el pensamiento y la visión de: qué fue, qué es y qué será el mundo. De hecho, plataformas como Netflix o HBO, parecen haber tomado su legado adaptándose a las nuevas formas de “entretenimiento” (audiovisuales). Es por eso que, muchos actores políticos, ya intentan acaparar el mercado del relato con el fin de construir no solamente una visión nacional, sino también internacional.

Higher Ground Productions, una productora estadounidense creada en 2018, ha firmado varios contratos para producir tanto series y películas como documentales exclusivos para Netflix. Lo curioso es que, esta productora, pertenece al ex presidente Barack Obama y a la ex primera dama, Michelle Obama; y es que, si hay alguien que haya entendido a la perfección cómo funciona la batalla ideológica son los Obama. A través de la firma de tres películas, cuatro series y varios documentales, no sólo buscan entretener a la audiencia de esa plataforma. Para Obama esto supone un paso más, no solamente para llevar su mensaje a nivel nacional, ligado a los intereses de su partido, sino también para construir una narrativa de alcance internacional. Recordemos que, actualmente, la plataforma cuenta con más de 208 millones de abonados, con el alcance y la influencia que esto supone. Y es que, en palabras de Ted Sarandos, director de contenido de Netflix: “Higher Ground están construyendo una compañía centrada en contar historias que ejemplifiquen sus valores”.

Además de la intervenciones directas de perfiles políticos, podemos observar como incluso las series denominadas “progres” o “anti establishment”, sucumben también a intereses partidistas. Es el caso de Broad City, una serie en la que dos estadunidenses veinteañeras viven aventuras relacionadas con sexo, drogas y alcohol. En uno de sus capítulos (3x05) no dudaron en hacer aparecer y dar publicidad electoral a la entonces candidata Hilary Clinton. Una intervención duramente criticada por los fans de la serie y una muestra más del interés que suscita el poder narrativo del audiovisual actual.

Pero si hay una narrativa que colma la mayoría de los productos de “entretenimiento”, esa es sin duda alguna la narrativa neoliberal. Historias de éxito, donde lo único que importa e influye parece ser el individuo. “O pisas o te pisan”, “la moral no te llega a ningún lado” o “si fracasas será por tu culpa'', son algunos de los mantras que se repiten una y otra vez. Se mitifica a personajes como Pablo Escobar en Narcos, a Frank Underwood en House of Cards o a Heisenberg en Breaking Bad. Estos son algunos de los muchos ejemplos de personajes manipuladores, egoístas y ruines que solo buscan su propio beneficio y son endiosados por los fans de las series. Una narrativa individualista y amoral que trata de centrar la visión y la comprensión de los hechos en el individuo.

Recordemos que el discurso político, en todas sus variantes, no se centra solo en los intereses construidos, sino que se emplea como herramienta para construir nuevos intereses, donde estos últimos siempre están guiados por la ideología. El entretenimiento se convierte en una batalla por el sentido y la percepción. “Siembra vientos y recogerás tempestades'', decía la Biblia, y es que, el poder constructor de realidades puede llegar a ser peligroso. Consumir historias sutilmente ideologizadas, como las de las series, de forma inconsciente y constante, hace que interioricemos determinados pensamientos e ideas, e incluso que lleguemos a concebirlas como propias, aún yendo en contra de nuestros principios o intereses.

Y aunque los medios para difundir el relato cambien, los instrumentos ideológicos se adaptan: desde Netflix y HBO hasta Facebook e Instagram, desde Twitter a los memes. Una batalla política, ideológica y de lucha por las percepciones que, por lo visto, resulta ser infinita. Y, al igual que en nuestra historia sobre Netflix, la observaremos y seremos víctimas de esta lucha desde la comodidad del sofá de nuestra casa.

26 nov 2021

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El escritor Abdulrazak Gurnah en agosto de 2017 en le Festival de Edimburgo.Simone Padovani (Getty Images)

Una nueva traducción de ‘Paraíso’, la cuarta novela del premio Nobel de 2021 en la que reconstruyó el crisol cultural de Tanzania a principios del siglo XX, inaugura el desembarco en las librerías del laureado, y apenas conocido, autor

 

Poco más de un mes después de recibir la llamada de la Academia Sueca para informarle de que le había sido concedido el premio Nobel de Literatura de 2021, el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah (Zanzíbar, 1948) se conectaba el pasado lunes por videollamada desde Barbados. Aunque mantiene su residencia habitual en Reino Unido, en el condado de Kent, en cuya universidad se doctoró y dio clase durante cerca de tres décadas, viaja con frecuencia a las Antillas desde hace años, puesto que su esposa tiene familia allí.

Escueto y cortés, viste una camisa de hilo blanco y habla desde una habitación de madera pintada del mismo color que ofrece pocas pistas. Ya tiene listo el discurso de aceptación del Nobel, que no recogerá en Estocolmo sino en la Embajada de Suecia en Londres. La organización ha optado por mantener la precaución pandémica y dispersar las celebraciones según el país de residencia de los premiados. Gurnah despacha el asunto afirmando que sus palabras en la ceremonia “no darán grandes sorpresas” y sin querer adelantar las ideas o temas que abordará en esa clase magistral.

Autor de una decena de novelas, Gurnah no figuraba en las quinielas del Nobel. Según contó, recibió la llamada del comité sueco con genuina sorpresa, pero lo cierto es que su nombre ya había aparecido en la lista de nominados de dos de los galardones más reputados en lengua inglesa: el premio Booker y el Whitebread. Fue en 1994, gracias a su cuarto libro de ficción, Paraíso, que se reedita en diciembre en español con una nueva traducción en el sello Salamandra. “Fue la novela que me permitió llegar a muchos y nuevos lectores. El proceso de nominación del Booker en aquel momento no era tan largo como ahora, era algo más fresco y emocionante, o por lo menos lo fue para mí”, recuerda. Hacía tiempo que había dejado Tanzania, en 1968, cuando el sultanato de Zanzíbar fue violentamente derrocado, y se había formado en Reino Unido. Tras pasar un par de años dando clase en Nigeria, regresó a la Universidad de Kent, empezó a escribir novelas y ya nunca se marchó.

Había empezado esa novela mucho tiempo atrás y lo primero que había escrito fue precisamente la escena con la que se cierra la historia. “Así arrancó Paraíso, pero luego estuve escribiendo otras cosas, trabajando en otros asuntos. Aquello se quedó en mi cuaderno seis o siete años sin que hiciera nada con ello, aunque claramente lo tenía en la cabeza. Quería escribir sobre la Primera Guerra Mundial en el oeste de África. El tiempo pasaba y empecé a preguntarme cómo se llegó a ese momento en que los alemanes empezaron a reclutar soldados allí”, recuerda.

En un viaje en solitario bastante largo por varios países de la zona se impregnó del paisaje y de otros relatos que escuchó en aquellos lugares. Y así fue acercándose a “otra dimensión” sobre el lugar y su historia, sobre esa costa de Tanzania y el archipiélago de Zanzíbar. Todo aquello desembocó de forma tangencial en uno de los temas centrales del conjunto de la obra de Gurnah: el colonialismo. “El primer encuentro con los colonos europeos es otro de los asuntos sobre los que empecé a reflexionar. Vi a mi padre muy mayor poco antes de que muriera y pensé que él debía de ser un niño cuando eso ocurrió. Aquello me llevó a tratar de imaginar cómo eran las cosas antes de que se produjera ese encuentro, antes de que llegaran estos extraños y dijeran que ellos se ponían al frente de todo”, explica, y añade que con frecuencia su escritura va tomando forma a lo largo de mucho tiempo, y siguiendo distintos vericuetos de manera que el principio puede acabar siendo el final.

Esa extensa geografía de ideas acaba por permear en la trama y el terreno que recorre Paraíso. En la novela, el niño protagonista queda en manos de un rico mercader por las deudas de su padre y, tras pasar unos años trabajando en dos colmados, se suma a una gran expedición comercial, a una mítica caravana. Hay referencias a una montaña nevada, a un lago que logran cruzar en un solo día y a unas majestuosas cataratas, pero no hay nombres, ni mapas. “Escribí asumiendo que quien lo leyera conocería el terreno y reconocería el Kilimanjaro o el lago Tanganica. Y de hecho es posible ver la ruta que siguen, pero al no ponerle nombre se abre de alguna manera la posibilidad de que sea más mítico, y que lo narrado pueda suceder en otro lugar. El lector puede imaginar sin tener que estar sujeto a un sitio específico”, argumenta.

Sin duda, uno de los mapas más variados de cuantos describe en su novela Gurnah es el humano, con su rica descripción de la mezcla de personajes de religiones y razas distintas, desde árabes a sijs, que habitaban esa parte del mundo a principios del siglo XX y competían entre sí antes de la llegada de los poderes europeos. “Había distintas sociedades y culturas que estaban en contacto sin que hubiera una autoridad central o algo similar. Eran grupos que no creo que sea correcto llamar naciones. Entre ellos vivían en una negociación permanente, tanto cultural como lingüística. No había una cultura dominante”, afirma. “Esta gente eran mercaderes que comerciaban entre sí y se declaraban la guerra o lo que fuera”. La descripción del crisol de culturas que pueblan la novela de Gurnah escapa cualquier simplificación o idealización del pasado precolonial. La violencia y la crueldad asoman sin reparo y sin necesidad de que llegara el colonialismo europeo. “Las simplificaciones del pasado y del presente deben ser contestadas”, sostiene.

Aquellas personas hablaban distintas lenguas, aunque el protagonista, Yusuf, se hace entender en suajili, un idioma cuya génesis, explica Gurnah, es muy similar al criollo y que además es su lengua materna, aunque él siempre ha escrito sus libros en inglés. “En parte porque es un idioma que siempre se me dio bien, incluso en la escuela frente a otros compañeros. Pero quizá lo más determinante es que yo no pensaba en escribir hasta que llegué a Inglaterra, e incluso entonces tardé un tiempo en aceptar que eso era lo que quería hacer. Y a lo largo de ese periodo ya vivía en Reino Unido y estudiaba literatura y leía en inglés. Porque había muchas cosas malas, pero una de las mejores es cuánto había para leer, cuantos libros tenía a mi disposición en las bibliotecas”, expone. “La lectura y la escritura van juntas, siempre lo he pensado. Es un ingrediente tan fundamental para los escritores como las experiencias vitales, es lo que te da contexto y ofrece relieve al trabajo, lo que te permite entender el campo en el que te desarrollas. Así que cuando empecé la cuestión de en qué idioma hacerlo no se me pasó por la cabeza, lo hice en el mismo en el que leía”. ¿Ha cambiado su perspectiva sobre esto con el paso del tiempo? “Como les ocurre a los atletas, a veces uno no puede elegir la prueba en la que competir. Te puede gustar mucho el salto de altura, pero no ser tan bueno como en los maratones. Algo así ocurre con mi escritura, no fue del todo una elección. ¿Lo haría hoy de otra forma? No, porque me gusta escribir en inglés y disfruto haciéndolo”.

La literatura poscolonial ha sido su campo de investigación desde los años ochenta, y en su obra de ficción juega un papel central, tal y como destacó el jurado del Nobel. En Paraíso, un personaje habla de cómo se escribirá la historia y cómo los colonizadores les harán leer esa versión como si fuera “la palabra sagrada”. ¿Siente Gurnah que literatura poscolonial es un término adecuado? “Lo primero es que eso ni siquiera existía cuando yo estudiaba mi posgrado”, apunta. El estudio de las distintas literaturas se planteaba entonces desde un prisma geográfico y cada zona contaba con expertos que defendían su terreno. “¿Quién eres tú para hablar de literatura del Caribe o literatura africana? Esa era la actitud hasta que un grupo de teóricos del poscolonialismo como Edward Said, Gayatri Spivak y Homi K. Bhabha empezaron a aplicar ciertos modelos para identificar algunas experiencias comunes y lanzaron las primeras flechas. Fue eso lo que permitió agrupar a escritores de distintos lugares y alejarse de las autoridades regionales. No fue hasta mediados de la década de 1990 cuando empezamos a dar una asignatura de literatura poscolonial y ocurrió porque era algo útil, no el fin de todo”, relata. “Hoy la discusión sobre el término literatura poscolonial no me preocupa. Lo veo como una expresión provisional que nos permite juntar distintos textos para su estudio. Es útil en el plano académico, pero no creo que lo sea como fórmula para describir la literatura fuera de ese campo”, matiza, y prosigue diciendo que si alguien le describe como escritor poscolonial él estaría de acuerdo, aunque eso dice poco sobre la escritura en sí. “La escuela poscolonial no debe ser tirada por la borda porque vale para algunas cosas, especialmente para enseñar y escribir crítica. Pero esa utilidad no creo que le sirva al autor; es para quien estudia su obra, no para el creador. Cuando me preguntan si soy un escritor británico o africano o zanzibarí, pues no lo sé, soy todo eso, ¿pero eso sirve de algo? A los lectores les puede dar un poco de contexto, supongo, pero después hay que leer los libros para llegar al escritor”.

Sobre el éxito de la lectura poscolonial en el campo académico, Gurnah tiene una visión positiva por su enorme diversidad y alcance. “Los especialistas del siglo XVIII, los medievalistas o los estudiosos de la danza moderna están interesados en ello. Las mentes se han abierto con esta idea del colonialismo y sus consecuencias, algo que está relacionado con cualquier aspecto de la cultura, tanto europea como de los lugares colonizados. Esa conciencia ha surgido y ha aumentado la conexión con el mundo no europeo. Los estudios poscoloniales han puesto en cuestión cosas tan obvias como los mismos escritos sobre colonialismo. Y es una disciplina que va en muchas direcciones, que estudia relaciones que se remontan a muchos siglos atrás y que permite comprenderlas mejor”.

La coincidencia este año de varios escritores de origen africano en el palmarés de importantes galardones literarios (el Nobel, el Booker, el Goncourt, el Camões y el Neustadt) ha dado pie a que algunos se refieran a un fenómeno. ¿Cuál es su postura? “Han ganado no por ser de origen africano, sino porque su escritura lo merecía. Que estos premios hayan sido otorgados a esos escritores es bueno, el año pasado no fue así. No es que mundialmente se haya decidido que hay que galardonar a africanos, es la escritura la que ha sido premiada”, sostiene. Esa literatura ¿siempre ha estado ahí y hasta ahora no se le ha prestado atención? ¿Es esta una edad oro? “Hay muchos escritores a quienes no se les presta atención y hay muchos jóvenes, y algunos que no lo son tanto, que están destacando. Y habrá muchos más. Puede ser que haya un cierto tipo de corriente, pero no estoy seguro de que la concesión de los premios signifique que hay una conciencia por parte de los lectores… Insisto, es la escritura lo que se premia, no la percepción de los lectores, aunque eso tenga algo que ver. Lo que he leído sobre este asunto son titulares que sugieren que este es el año de África, y comprendo que los periodistas tienen que tratar de agrupar y resumir, pero esto lo que hace es disminuir el logro de cada uno de los escritores premiados. Y la historia se presenta como un fenómeno cultural más que literario”.

Gurnah cuenta que está trabajando en un nuevo libro y se despide amable y apresurado.

26 nov 2021 - 03:15 CET

Por, Andrea Aguilar

Es periodista cultural. Licenciada en Historia y Políticas por la Universidad de Kent, fue becada por el Graduate School of Journalism de la Universidad de Columbia en Nueva York. Su trabajo, con un foco especial en el mundo literario, también ha aparecido en revistas como The Paris Review o The Reading Room Journal.

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Viernes, 26 Noviembre 2021 05:58

El voto de la Colombia inconforme

El voto de la Colombia inconforme

La definición de las candidaturas para la próxima elección presidencial de 2022 marca la nueva escena política colombiana: una derecha uribista que apuesta a las mismas recetas, un centro político que se hace fuerte en los sectores medios metropolitanos y una izquierda que apuesta a un proyecto de transformación más radical. El eco de las protestas sociales de 2021 resulta clave para entender lo que sucede en el país.

«La historia la escriben los vencedores y la narran los vencidos», afirmó hace algo más de dos décadas el escritor argentino Ricardo Piglia. La frase, perteneciente a su novela Respiración Artificial, hace eje en la forma en la que el conjunto de sectores subalternos, excluidos y vencidos por el Estado, apuestan a construir narrativas alternativas y paralelas a las oficiales. El Pacto Histórico, la coalición colombiana de partidos y movimientos de izquierda liderados por el candidato presidencial Gustavo Petro, recoge parte de ese acervo y esas luchas apostando a que, en 2022, se consiga traducirlas en una victoria en los comicios presidenciales.

Aunque la apuesta del Pacto Histórico es, sin dudas, interesante, su problema estriba en que la estrategia es pensada en una clave puramente electoral. En tal sentido, resulta difícil que, en un corto plazo, la propuesta de Petro logre articular un imaginario nacional-popular hegemónico que le dispute al establishment el sentido común de la sociedad. En tal punto, es necesario resaltar que muchos de los electores que ahora se identifican con el Pacto Histórico y con la candidatura de Petro impugnan el pasado y se sienten defraudados con las promesas de los anteriores gobiernos, pero no necesariamente apuestan a una narrativa  alternativa. Y es que muchos de quienes podrían optar por Petro apostaron en el pasado por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Esto no resulta ilógico: los comerciantes y los pequeños empresarios lograron, durante esos gobiernos, beneficios económicos tangibles a partir de la bonanza de los commodities, que jalonaron el crecimiento sostenido del PIB nacional durante una década. Por lo tanto, la impugnación que muchos de ellos hacen ahora del pasado no necesariamente implica una ruptura radical con el orden existente. La ruptura es coyuntural.

El apoyo a Petro dista mucho de ser un apoyo puramente de izquierda. Aunque logró 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018 defendiendo una agenda «antiuribista» y a favor de la paz, sus nuevos electores están constituidos por un amplio sector de opinión que votó con el uribismo en el plebiscito de 2016 y que apostó por Iván Duque en 2018. Dicho conglomerado está conformado por millones de defraudados con el eslogan «seguridad democrática y confianza inversionista», defendido históricamente por Uribe. Parte de la ciudadanía percibe que la promesa de «prosperidad económica» del proyecto uribista fue incumplida y que, por tanto, ese ciclo de gobierno debe llegar a su fin.

A pesar de que el núcleo duro de votantes del Proyecto Histórico procede de nuevos y antiguos votantes de la izquierda, no deja de ser paradójico que la mayoría de sus electores se encuentre más a la derecha que los militantes y candidatos de la coalición. Esto se vincula directamente con el sentido común que domina en Colombia, con su historia de violencia acumulada y la posición antinacionalista de la clase política tradicional. De ahí la importancia para el Pacto Histórico de las formas, los nuevos símbolos, la manera de dirigirse a esta ciudadanía despolitizada, atomizada, e influenciada por esa lógica del «sálvese quien pueda» que ha dominado a Colombia desde el auge del narcotráfico en la década de 1980. Como bien lo expresó Fernando Dorado, «el verdadero problema es clarificar qué imaginario estamos construyendo para enamorar a las mayorías de la sociedad y cómo nos va leyendo la gente del común».

Sin lugar a dudas, el fenómeno de esta alianza suprapartidista y nacional-popular desborda a la izquierda misma sin socavar sus principios y sus luchas históricas. Reconocer al Pacto Histórico como una nueva versión de agrupamientos de izquierda tradicional es repetir los errores de los momentos de mayor ascenso de la Unión Patriótica (1985-1996), del Frente Social y Político (1997-2002) y del Polo Democrático (2005-2015).

Pacto Histórico: trampas y desafíos

Es innegable que el país vive un auge democrático que recoge el acumulado de luchas sociales de la última década: el paro agrario de 2013, la firma del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, las movilizaciones ciudadanas de 2019 y el gran paro nacional de 2021. No es redundante volver a repetir que el Pacto Histórico alberga una simbología que va mucho más allá de los ejes discursivos de la izquierda. Es más, frente a la deriva antidemocrática de los ocho años del gobierno de Uribe, ha venido creciendo un movimiento supraideológico que busca radicalizar la democracia destituyendo del poder al uribismo.

Gran parte de ese «antiuribismo» lo conforma electoralmente un nicho de opinión que se autodenomina de «centro», el cuál votó por Sergio Fajardo y Humberto de la Calle en 2018. Dicha corriente de centro podría definirse como un «reformismo liberal de nuevo tipo» que ha emergido con fuerza ante la inminente crisis de liderazgo de toda la derecha tradicional desprestigiada. Este sector, que apela a la meritocracia y a la tecnocracia, fue bastión principal del gobierno de Santos durante sus ocho años en el poder.

Este bloque político está conformado por el Partido Verde y las demás agrupaciones que conforman la denominada Coalición de la Esperanza: los liberales disidentes de En Marcha —encabezados por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera—, el Nuevo Liberalismo de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Dignidad de Jorge Enrique Robledo, y Compromiso Ciudadano del ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo.

El «centro» ha ganado en las últimas dos décadas incidencia ante la creciente polarización y agudización de las contradicciones resultantes del proceso de paz y la supremacía política del uribismo. El centro se sitúa como una opción «decente», antirradical, que defiende el statu quo, los derechos individuales, las instituciones y la lucha contra la corrupción. Este último punto permitió que una de sus referentes, la actual alcaldesa de Bogotá Claudia López, liderara una consulta nacional con más de 11 millones de votos que le permitieron la visibilidad y credibilidad suficientes para ganar en la capital de Colombia. Este bloque, con amplia sintonía con los intereses y anhelos de la clase media de las ciudades principales e intermedias del país, encuentra en la apatía ciudadana y la antipolítica factores de adherencia a su proyecto. El «centro», liderado por el Partido Alianza Verde en 2019, fue el gran ganador de las elecciones regionales de ese año al lograr las alcaldías de Bogotá, Cali, Manizales, Cúcuta, Florencia y Popayán, así como la Gobernación de Boyacá.

Aunque a ambos sectores los une la regeneración democrática representada por la defensa de la Constitución de 1991 y la salvaguarda de los derechos humanos, la diferencia de fondo entre la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico radica en la impugnación continua de este último al modelo económico y social que ha regido a Colombia durante las últimas cuatro décadas. Ese modelo se expresa en la mercantilización de los derechos sociales y colectivos, la firma de múltiples tratados de libre comercio que han desequilibrado desfavorablemente la balanza comercial nacional y en la privatización gradual del Estado, con la cual la Coalición de la Esperanza está parcialmente de acuerdo.

Lo que más temen los sectores moderados y radicales del establishment, ligados a los sectores que contribuyeron a mercantilizar la salud, la educación, la vivienda, y los servicios públicos, es que aparezca un agente público eficiente que desprivatice, gestione exitosamente y logre buenos resultados. También temen que el Pacto Histórico, más allá de sus veleidades internas y las contradicciones de Petro, logre movilizar a millones de personas empobrecidas con necesidades más reales e inmediatas que las de la clase media.

Yezid Arteta caracterizó correctamente esa frontera material y de clase que divide a ambas coaliciones. «La gente del medio no tiene estos problemas. Razón para no comprender a los de abajo. Se duchan con abundante agua caliente, desayunan frutas y cereales, trabajan con el computador desde casa y solo salen a la calle para llevar al perro a cagar. Convencer, organizar y movilizar a los pobres tiene más valor político y moral que sumergirse en una polémica sobre una fotografía en la que aparece Petro con un charlatán de iglesia».

Pacto Histórico, posneoliberalismo y transición democrática

La impugnación continua al fracaso de tres décadas del capitalismo neoliberal deslinda radicalmente la agenda del Proyecto Histórico de los demás proyectos políticos en disputa por la Presidencia de la República. Indudablemente, la ruptura del Proyecto Histórico con el consenso entre las elites por la continuidad de este modelo establece en el mapa político un único límite entre un «nosotros» popular y cotidiano, antepuesto a un «ellos» representado por los sectores de poder que siempre han controlado el país. La apuesta del Proyecto Histórico es la de producir un consenso posneoliberal.

En Ecuador, Uruguay, Argentina y el mismo Brasil, la llegada de gobiernos posneoliberales de carácter progresista permitió que estos países renegociaran la deuda externa con los organismos multilaterales. Esta decisión política facilitó el cambio de prioridades presupuestales, lo que se tradujo en bienestar y aumento de calidad de vida para millones de personas. De lograrse dicho viraje político en Colombia, se podría avanzar en la disminución de los índices de pobreza, en la reducción de las tasas de desempleo, en el aumento del gasto en educación, salud y vivienda pública, en la generación de infraestructura para el desarrollo y en un mejor marco de competitividad para el país.

Es necesario precisar, sin embargo, que parte de la financiación de la política social de los gobiernos posneoliberales fue posible debido al boom de los precios de los commodities (petróleo, gas, minerales) entre 2005 y 2013. La caída varios de estos  precios, sumada crisis de la pandemia de covid-19, revirtió los avances de este periodo de prosperidad social. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la emergencia sanitaria hizo retroceder diez años esas conquistas sociales.

En suma, las condiciones objetivas marcadas por el flujo ascendente de una década de descontento y movilización social nacional (2011-2021), el desgaste sufrido por los gobiernos regionales elegidos en 2019 y liderados por la Coalición de la Esperanza, la emergencia sanitaria, el descrédito de la política tradicional, el declive del proyecto político hegemónico en Colombia encabezado por Álvaro Uribe (2002-2022) y el agotamiento del modelo neoliberal en el país, plantean un escenario único que podría acabar en una eventual victoria del Pacto Histórico en los comicios generales de 2022 y dar al traste con aquella célebre frase que Humberto De la Calle hizo popular durante el proceso de paz con las FARC: «El modelo económico no es materia de discusión en La Habana»

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Integrantes de un colectivo feminista participan en una protesta en la Ciudad de México. 2 de noviembre de 2020Toya Sarno Jordan / Reuters

Informes de Naciones Unidas y la de CEPAL, en el marco del Día internacional contra la violencia de género, muestran que hubo más de 4.000 feminicidios en 2020 y que el hogar sigue siendo un lugar inseguro para ellas.

Los datos no son alentadores. La violencia machista sigue gozando de buena salud en América Latina y el Caribe, a pesar de que hoy hay más visibilidad del problema, presión de los colectivos feministas y mayor respuesta estatal, en comparación a los años anteriores.

El feminicidio, reconocido como la "forma más letal y extrema de la violencia de género", sigue afectando a más de 4.000 mujeres en la región, según los datos recopilados en 2020, aunque muestran una ligera disminución si se equiparan a las cifras registradas en 2019.

El más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lanzado en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alerta sobre la necesidad de implementar políticas efectivas para erradicar los feminicidios y el resto de las violencias que padecen las mujeres y niñas, mientras que la ONU ya califica esta realidad como una "pandemia en la sombras". ¿Cuáles son los datos más alarmantes?

1. 4.091 feminicidios

De acuerdo al informe de la Cepal, en 2020 hubo un total de 4.091 feminicidios tipificados en 26 países de la región: 17 en América Latina y 9 en el Caribe. Sin embargo, el organismo destaca que uno de los problemas que tienen esos datos es que "no hay una metodología común para este delito".

Aunque hay una disminución de 10,6 % en la cifra de asesinatos de mujeres por razones de género, si se compara con 2019, cuando se produjeron 4.576 casos, los números demuestran que esa forma de violencia sigue afectando a miles de mujeres cada año. 

Honduras, con 4,7 casos por cada 100.000 mujeres, encabeza la lista de feminicidios en América Latina en 2020, seguido por República Dominicana (2,1) y El Salvador (2,1), aunque esas tres naciones reportaron una disminución de este delito con respecto al año anterior. Lo mismo ocurrió en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.

2. Mujeres entre 30 y 44 años: las principales víctimas

Los datos que maneja la Cepal revelan que las mujeres de entre 30 y 44 años conformaron el tramo de edad con mayores víctimas de feminicidio, al registrar 344 casos el año pasado.

Del mismo modo, las adolescentes y mujeres adultas jóvenes, entre los 15 y 29 años, integran el segundo rango etéreo con más víctimas, con 355 casos en 2020; mientras que al menos 40 niñas y menores de 15 fueron asesinadas por razones de género en ese mismo período.

3. 357 niños y niñas sin sus madres o cuidadoras

Además de la violencia letal contra las mujeres, el estudio de la Cepal también contempla a las otras víctimas de los feminicidios: los niños, adolescentes y otros dependientes que quedan sin el amparo de sus cuidadoras.

Según el conteo, al menos 357 niños, niñas y adolescentes padecieron las secuelas de esta violencia en estos países de América Latina: Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay.

4. 11 % de mujeres víctimas de violencia sexual

En América Latina y el Caribe, al menos 11 % de las mujeres y adolescentes mayores de 15 años han sido víctimas de violencia sexual al menos una vez en sus vidas, lo que representa el doble del promedio mundial, detalla la Organización Mundial de la Salud (OMS).

5. 1 de cada 2 mujeres, víctimas de violencia durante la pandemia

El más reciente informe de ONU Mujeres, titulado 'Midiendo la pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el covid-19', detesta que al menos una de cada dos mujeres "habían experimentado alguna forma de violencia desde el inicio de la pandemia".

El estudio, realizado con base en encuestas de 13 países, detalla que las mujeres que denunciaron ser víctimas de estas violencias tenían "1,3 veces más probabilidades de presentar un aumento del estrés mental y emocional que las mujeres que no lo hicieron".

6. 1 de cada 4 mujeres se siente menos segura en su hogar

Los datos que maneja ONU Mujeres también evidenciaron que al menos una de cada cuatro mujeres dijo sentirse "menos segura" en su propio hogar y que los conflictos dentro de su propia casa se incrementaron desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

El maltrato físico (21 %) fue una de las razones más esgrimidas por las mujeres, mientras que otras comunicaron haber sido víctimas de daños por parte de otros miembros de la familia (21 %). Un 19 % reportó que otras mujeres en su hogar sufrían malos tratos. 

7. 40% de las mujeres se sienten más inseguras en la calle

Además de la inseguridad en su propio lugar de residencia, el temor a la violencia en las calles es una constante para las mujeres, ya que al menos 40 % de las encuestadas afirmó que se sentía menos segura al pasear solas por la noche.

"Cerca de tres de cada cinco mujeres también piensan que el acoso sexual en espacios públicos ha empeorado durante la covid-19", precisa ONU Mujeres.

En esa línea, la directora ejecutiva de ese organismo, Sima Bahous, ha destacado que la violencia contra las mujeres "es una crisis mundial existente" que se expande a la par de otras coyunturas y conflictos, y que contribuye a que "vivan con sensación de peligro, incluso en sus propios hogares, vecindarios o comunidades".

Esa situación, ya preocupante en sí misma, se agravó durante la crisis sanitaria del covid-19 debido a las medidas de confinamientos y aislamiento social que se implementaron, dando paso "a una segunda pandemia de violencia en la sombra contra mujeres y niñas, ya que a menudo se encontraban confinadas junto con sus maltratadores".

Publicado: 25 nov 2021

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Legisladores peruanos presentan pedido de destitución contra presidente Castillo

Un grupo de legisladores peruanos presentó un pedido de vacancia (destitución) contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por una supuesta incapacidad moral permanente para ejercer el cargo.

"Los congresistas de la República que suscriben (...) proponemos la siguiente moción de orden del día por la cual formulamos pedido de vacancia del señor José Pedro Castillo Terrones en el cargo de presidente de la República por la causal de permanente incapacidad moral", se indica en el documento dirigido a la Mesa Directiva del parlamento y que se filtró en medios locales.

Días atrás, la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País (derecha), anunció un pedido de destitución contra el mandatario; sin embargo, para presentarlo formalmente se requerían las firmas de al menos 26 representantes, según el reglamento del Congreso.

El pedido presentado es apoyado por 28 congresistas de las bancadas derechistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, partido liderado por quien fuera la contendiente de Castillo en las últimas elecciones, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En el documento se indica, citando al fallecido legislador Enrique Chirinos Soto, que "la incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo, no tiene nada que ver con asuntos de Gobierno y Estado, que no son asuntos secretos sino públicos", alegando que el presidente busca "beneficio propio o de amigos por el cargo que ocupa".

En días anteriores, legisladores derechistas han manifestado diversas razones para pedir la destitución por incapacidad moral del presidente que llegó al cargo por el partido Perú Libre (izquierda) y que asumió el poder el 28 de julio pasado.

Estas razones van desde el anuncio del cierre de minas en el sur del país, el haber sostenido presuntas reuniones secretas en la sede del Ejecutivo, hasta la supuesta injerencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), en la política local.

La presentación de este pedido sería un primer paso para una eventual destitución de Castillo, pues se requiere el voto a favor de 52 congresistas para admitirlo a debate en el pleno, y luego 87 votos para aprobarlo y que se haga efectiva la salida del jefe de Estado.

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