El nuevo billete de 10 bolívares. Foto Ap

La inflación interanual es de mil 743% y el salario mínimo equivale a 2.5 dólares al mes

 Caracas. Venezuela empezó ayer con la tercera reconversión monetaria en 13 años, que elimina seis ceros a la moneda local, el bolívar, lo que simplifica las cuentas, pero no alivia la larga crisis económica del país sudamericano, y eleva la preocupación de la población ante el alza del dólar. Con la nueva reforma, empresas, comercios y bancos modifican sus sistemas contables que ya no aceptaban las enormes cifras producto de la hiperinflación.

"Nadie debe aumentar ningún producto, sencillamente se le quitaron seis ceros para mejorar el aspecto del comercio, facilitarlo, mejorar el aspecto sicológico de la recuperación económica", explicó el presidente Nicolás Maduro durante una alocución desde Caracas. Aseguró que las autoridades se encuentran desplegadas en los comercios del país para revisar y controlar que no se incrementen los precios.

Junto a la nueva medida, sale a la calle un nuevo cono monetario: una moneda de un bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100. La máxima denominación equivaldrá a unos 24 dólares, de acuerdo con las tasas del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con la antigua denominación, el dólar pasó de 4 millones 100 mil a 5 millones 250 mil bolívares. Con la reconversión se le restan seis ceros, es decir, el valor del dólar paralelo se ubicó en 5.25 bolívares. El mayor billete de la vieja familia, de un millón, apenas representa 25 centavos de dólar y ni siquiera alcanza para comprar un caramelo.

El cambio tiene como objetivo facilitar tanto las transacciones en efectivo como los cálculos contables en bolívares que ahora requieren hacer malabarismos con cadenas casi infinitas de ceros.

Muchos comercios habían adoptado la nueva expresión monetaria desde la mañana. Cafeterías ya daban los precios en nuevos bolívares. Un estacionamiento en el acomodado barrio de Chacao, no obstante, advertía a los usuarios que no estaba aceptando pagos en moneda nacional.

"Hice compras esta mañana sin problemas", explicó Josefina Galindo, empleada doméstica, pero criticó que "los nuevos precios estaban arriba de los viejos y con el precio en dólares", moneda preferida para cualquier transacción en medio de la erosión del bolívar.

En el país sudamericano, la inflación interanual es de mil 743 por ciento, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas, lo que ha golpeado el ingreso de las familias. Un salario mínimo apenas equivale a 2.5 dólares al mes.

El más reciente indicador del crecimiento de los precios divulgado por el Banco Central es de mayo, cuando la inflación se aceleró a 28.5 por ciento con respecto al mes anterior y cerró en 24.6. La variación interanual de los precios fue de 2 mil 719.4 por ciento, según cálculos de la agencia de noticias Reuters.

Antes de la reforma, anunciada en agosto por el Banco Central, se necesitaban 7 millones de bolívares para comprar una barra de pan en un país que fue considerado uno de los más ricos de Sudamérica gracias a su petróleo, y que ha visto caer su producto interno bruto 80 por ciento desde 2013, principalmente por la baja de su producción de crudo y de los precios del oro negro, pero también por la mala gestión y la crisis política.

El gobierno de Maduro en 2018 quitó cinco ceros a la moneda por los altos precios, proceso posterior a la reconversión del fallecido mandatario Hugo Chávez de 2008, en la que se restaron tres ceros al bolívar con la promesa de llegar a una inflación de un dígito, lo que no se logró.

Venezuela enfrenta una severa recesión que ha llevado a millones de venezolanos a emigrar. Maduro culpa de esta crisis económica, agravada por la pandemia de Covid-19, a las sanciones de Estados Unidos, pero analistas y críticos señalan que el colapso ha obedecido a un modelo de controles estatales.

Tras las sanciones, el gobierno flexibilizó las regulaciones permitiendo mayores transacciones en divisas, lo que diluiría aún más la relevancia del nuevo esquema.

El viernes muchos usaron sus divisas en efectivo por precaución para cancelar sus compras en supermercados, farmacias y en los negocios de ventas de útiles escolares y uniformes. Los sistemas de la banca, que fueron suspendidos por unas horas mientras se realizaba la rexpresión monetaria, estaban operativos desde temprana hora de la mañana.

Los bancos locales ya recibieron las denominaciones más bajas de la nueva familia de billetes, dijeron dos fuentes bancarias. Esas piezas coexistirán con las actuales de 500 mil y un millón de bolívares. Algunos cajeros automáticos comenzaron a dispensar los nuevos billetes.

Los bolívares en efectivo en Venezuela dejaron de emplearse en compras de rutina y tres cuartas partes del papel moneda que circula se usa en el pago de los pasajes en autobuses, según estimaciones del sector financiero.

El Banco Central colocará el lunes en la banca local unos 50 millones de dólares en efectivo que luego serían vendidos a privados, dijo una de las fuentes bancarias consultadas. La medida buscaría evitar una mayor depreciación del tipo de cambio y saltos en los precios.

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Foto de archivo: Un grupo de venezolanos camina por una calle con maletas y bolsos en San Cristóbal, estado Táchira (Foto: EFE/ Johnny Parra)

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021, coordinada por la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que en un 76,6% de los hogares del país caribeño los ingresos no cubren sus necesidades alimenticias

 

Tres de cada cuatro venezolanos viven en pobreza extrema en medio de una larga crisis económica complicada por los confinamientos por la pandemia de covid-19 y la escasez de combustible, según un estudio académico presentado este miércoles.

Un 76,6% de los hogares sufre pobreza extrema, ya que sus ingresos no cubren sus necesidades alimenticias, y un 94,5%, pobreza, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021, coordinada por la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

 “Llegamos a un techo de la pobreza”, mientras la pobreza extrema sí sigue escalando, dijo el sociólogo Luis Pedro España en la presentación en Caracas de la encuesta, que estima la población de Venezuela en 28,7 millones de habitantes después de que más de cinco millones emigraran desde 2014.

La pobreza en Venezuela, país que sufre una severa hiperinflación y su octavo año de recesión, aumentó desde 91,5% en el período 2019-2020 y la extrema desde 67,7 por ciento.

Las cifras de la encuesta distan de las ofrecidas por el régimen de Nicolás Maduro, quien aseguró, en su rendición de cuentas ante el Parlamento, que 17% de la población vivía en la pobreza en 2020 y solo 4%, en pobreza extrema.

El sociólogo Luis Pedro España explicó que el 5,5% de la población que se ubica por encima de la línea de pobreza ha podido “indexar” sus ingresos a la inflación y a la depreciación de la moneda local, el bolívar.

“Crisis de movilidad”

Hay una “crisis de movilidad” por las cuarentenas aplicadas en los últimos dos años y la falta de gasolina ante el colapso de la industria petrolera venezolana, lo que ha impactado en el número de trabajadores activos, subrayó España.

Solo el 50% de los venezolanos en edad de trabajar están activos según la encuesta, unos 7,6 millones. Las mujeres son las más perjudicadas, con apenas 32,9% de las trabajadoras en actividad.

“¿Por qué en Venezuela está dejando la gente de trabajar? Comienzan a ser más altos los costos de ir a trabajar que la remuneración que vas a recibir”, expresó el especialista.

El salario mínimo mensual, complementado por un bono de alimentación obligatorio, apenas sobrepasa el equivalente a dos dólares mensuales, insuficientes para cubrir, si quiera, el transporte. Este valor se ha debilitado tanto que ya ha dejado de ser referencia en el sector privado, donde el ingreso promedio es de unos 50 dólares, según estimaciones empresariales.

Ante el colapso, 86,5% de los hogares recibe ayudas gubernamentales y 20% remesas de familiares en el extranjero.

Sin embargo, la pandemia ha golpeado las remesas: 11% de los hogares que las tenía en 2020 ha dejado de percibirlas y un 22% ha visto que disminuyen en cantidad y frecuencia.

Exclusión educativa

“Nos llegó la pandemia en un país que ya vivía una semiparalización” por la recesión, destacó por su parte Anitza Freites, coordinadora del estudio, quien destacó el impacto de la crisis en la educación.

De los 11 millones de personas en edad estudiantil (3 a 24 años), solo 65% están inscritas en centros educativos de los distintos niveles escolares, una caída de 5% con respecto a 2020, apuntó Freitez.

La cifra entre los potenciales estudiantes universitarios (18 a 24 años) apenas llega a 17%.

El 90% de quienes estudian lo han hecho en los últimos meses a distancia por el covid-19, afectados por las fallas de servicios públicos como electricidad y conectividad, y 70% reportan necesidades de mejoras de acceso a internet.

Los responsables de la encuesta entrevistaron a 17.402 familias en 22 de los 24 estados de Venezuela entre febrero y abril.

29 de Septiembre de 2021

(Con información de AFP)

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Jueves, 30 Septiembre 2021 05:15

Putin sigue teniendo la sartén por el mango

Putin sigue teniendo la sartén por el mango

El descontento entre la población rusa va en aumento. En las últimas elecciones parlamentarias, el Partido Comunista creció en votos y obtuvo el segundo lugar, seguido por los liberales de Alexei Navalny. Pero aun con una leve caída, el poder de Putin sigue firme.

La estabilidad es un gran bien, el máximo, a juzgar por los líderes rusos. Es así que los resultados de las elecciones para el Parlamento de toda Rusia, la Duma Estatal, muestran un cierto equilibrio. No podían caber dudas de la victoria del partido «Rusia Unida» en los comicios. Aunque esta vez el triunfo fue por un porcentaje algo menor, probablemente será suficiente para lograr la mayoría en la legislatura.

Sin embargo, ha habido cambios de matices. Los comunistas son claramente más fuertes. Los candidatos del Partido Comunista estaban representados de manera desproporcionada en la campaña en virtud del «voto inteligente» (votar por el opositor mejor posicionado sea del partido que fuere) impulsado por el disidente Alexei Navalny, actualmente encarcelado, gracias al cual pudieron reunir votos de protesta adicionales. Pero quizás haya sido más gravitante el hecho de que estaban en mejores condiciones que todos los demás para estar a la altura del descontento causado por la creciente desigualdad social, la alta inflación y la lenta evolución de los salarios. Además, este partido patriótico conservador y más bien tradicional había logrado recientemente reclutar a varios jóvenes talentos políticos con posiciones claramente más de izquierda, que crearon una cierta sensación de renovación del Partido Comunista. También hay un nuevo partido en la cámara baja de Rusia. El recién llegado al Parlamento Gente Nueva es uno de los partidos más nuevos que obtuvieron reconocimiento legal de manera muy veloz. Se cree, por lo tanto, que estos partidos fueron puestos en carrera por el propio Kremlin para absorber votos de protesta.

Sin embargo, no hay cambios importantes. Las elecciones para la Duma tampoco son elecciones que realmente puedan cambiar algo en las relaciones de poder en el país. El Parlamento es relativamente débil en la estructura institucional rusa. Incluso con una potencial mayoría de la oposición, el poder de acción del presidente no se vería sustancialmente comprometido. Sin embargo, desde el punto de vista del Kremlin, las elecciones parlamentarias cumplen una función gravitante: son un símbolo del nivel de apoyo popular al poder presidencial y, por lo tanto, le dan legitimidad a Putin.

Precisamente esta legitimidad es la que pretendía erosionar la campaña por el «voto inteligente» de Navalny. El referente opositor designó para cada distrito al candidato con más posibilidades de vencer al candidato del partido de Putin, Rusia Unida. De esta forma, la campaña eludió el problema de la siempre dividida oposición y creó una oportunidad para lograr un voto de protesta efectivo. Sin embargo, también encontraron apoyo los representantes de la oposición sistémica, es decir, de partidos que se presentan como opositores pero que, en momentos decisivos, acompañan con su voto al partido en el poder. Lo único decisivo en la campaña era entonces si un candidato debilitaría a Rusia Unida. Muchos de los que se ven a sí mismos como una oposición real y quieren ejercer el poder político critican esto. Como resultado de esta agudización, se pierde de vista que también hay candidatos de la oposición con una agenda propia, que quieren implementar prioritariamente proyectos concretos para sus respectivas regiones y están menos interesados en los grandes alineamientos políticos. También se pasa por alto el hecho de que hay miembros de la Duma que intervienen ante los problemas, promueven leyes y aclaran problemas mediante pedidos de informes. Si la elección se reduce a la pregunta «¿Está usted con el poder o contra el poder?», estos pequeños éxitos del trabajo político podrían dejar de existir.

Pero ¿tiene realmente motivos el Estado para sentir temor ante esta cuestión? Prácticamente no. Porque a pesar de la creciente insatisfacción con el oficialismo, una gran parte de la población sigue votando por Rusia Unida. Esto se debe, por un lado, a que una gran cantidad de personas son empleadas directamente por el Estado o por empresas ligadas al Estado, así como a que muchos dependen de prestaciones estatales tales como pensiones o subsidios. Por otro lado, estas son personas que quieren cualquier cosa excepto una repetición de los difíciles años 90. Prefieren votar por una estabilidad un poco deprimente antes que por un futuro incierto. Pero también hay votantes satisfechos con el statu quo. Lo que cuenta para ellos es que la economía se mantenga estable, que Rusia vuelva a ser una potencia mundial respetada y que Crimea se haya convertido en parte de Rusia. Aunque estas personas no tengan acaso un buen concepto del partido Rusia Unida, votan por él porque están a favor de un Estado fuerte y de la política del presidente.

A pesar de esta relativa seguridad, el Kremlin parecía muy preocupado por el resultado. En comparación con elecciones anteriores, mostró una actividad desproporcionada para lograr los resultados deseados. Una de las razones de su preocupación por las elecciones tiene que ver con la política exterior, que domina todos los campos políticos en Rusia. El modelo de política exterior rusa ve al país rodeado de enemigos que aprovechan cada punto débil para desestabilizarlo. Esta preocupación es expresada una y otra vez por los políticos. Es por eso que muchos defensores de esta versión ven las elecciones como una amenaza para la estabilidad. Teniendo en cuenta las denominadas «revoluciones de colores» durante las últimas décadas y los acontecimientos actuales en Bielorrusia, de lo que se trata, según esta lógica, es de no permitir ambigüedades o protestas que permitan la intromisión de potencias extranjeras. Por tanto, las elecciones deben ser claras.

Desde esta perspectiva se puede explicar la lucha sin cuartel contra la campaña del «voto inteligente» de Navalny. Existe un gran desinterés por la política entre la gran mayoría de la población. Activar a un grupo pequeño pero diligente contra las políticas del Kremlin es considerado, por lo tanto, un peligro para la estabilidad del país.

Lo arriesgado de este conflicto es que las elecciones se precipitan cada vez más a la pregunta «¿Estás con el Estado o contra el Estado?». El ya casi inexistente discurso político sobre contenidos alternativos se vuelve, así, completamente imposible. Mediante la creciente dinámica amigo-enemigo en las elecciones también aumenta la inestabilidad que tanto teme el Kremlin. El mejor antídoto sería un animado debate con la participación de la extremadamente diversa oposición.

 

Fuente: IPG

Traducción: Carlos Díaz Rocca

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El futuro gobierno alemán representará más de lo mismo

Los encuestadores alemanes pueden aparecer satisfechos. Las encuestas de intención de voto vaticinaron los resultados de la elección del pasado domingo con inusitada certeza. Toda una rareza en estos tiempos. Finalmente, el partido socialdemócrata (SPD), encabezado por Olaf Scholz, conquistó el primer lugarcon el 25,7 % de los votos, mientras que el partido demócrata cristiano (CDU), liderado por Armin Laschet, (foto) alcanzó el segundo lugar con el 24,1 % de los votos. En tercer y en cuarto lugar aparecieron el partido verde, con el 14,8 % de los votos, y el partido liberal (FDP), con el 11,5 % de los votos. 

Más allá de todo, los resultados del domingo representaron una catástrofe electoral para la CDU, la cual protagonizó su peor elección desde la posguerra. Por su parte, el SPD restableció parcialmente su caudal de votos tras haber alcanzado su mínimo histórico en la elección de 2017. Los verdes realizaron una muy buena elección, la mejor de su historia, y casi con seguridad participarán en el próximo gobierno. El partido ultraderechista (AFD) retrocedió del tercer al quinto lugar, pero su caudal de votos solo descendió levemente. Además, la AFD conquistó el primer lugar en Sajonia y Turingia, dos provincias del este fuertemente afectadas por la pobreza y la desigualdad.

Desde el anuncio de los resultados el domingo por la noche, las negociaciones entre los partidos para la formación del gobierno comenzaron a toda máquina. Por el momento, la “coalición semáforo” entre el SPD (rojo), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Scholz como canciller, aparece como la más probable. Sin embargo, la “coalición Jamaica” entre la CDU (negro), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Laschet como canciller, aún no aparece descartada del todo. Curiosamente, la negociación iniciada entre los verdes y los liberales, terceros y cuartos respectivamente, determinará al futuro canciller de Alemania.

En este contexto, ¿qué consecuencias generarán los resultados de la elección del domingo de cara al futuro? En Alemania el modelo de país no aparece en disputa. Las principales fuerzas políticas no presentan diferencias de fondo respecto a la orientación económica, política y social del país, sino que representan matices en el marco de un modelo de país impuesto por las clases dominantes. El hecho de que el candidato a canciller de la socialdemocracia participe en el gabinete de Merkel como ministro de Finanzas representa una muestra de la hegemonía del modelo de país imperante.

En este sentido el futuro gobierno, independientemente de su composición, estará caracterizado por la continuidad del rumbo neoliberal asumido por el gobierno de Merkel (CDU), como así también por el gobierno de su antecesor, Gerhard Schröder (SPD). Los matices aparecerán eventualmente en lo social, por iniciativa del SPD, y en lo medioambiental, por iniciativa de los verdes. En lo social, el SPD acometerá un aumento del salario mínimo, la flexibilización de los requisitos para la asistencia social y la expansión de las guarderías infantiles. En lo medioambiental, los verdes establecerán metas y plazos más estrictos para las emisiones de CO2, como así también un límite de velocidad de 130 km/h en las autopistas (actualmente sin velocidad máxima y por ende más contaminantes). 

Ninguna de estas reformas, evidentemente, determinará cambios de fondo en el modelo de país imperante en Alemania. Desafortunadamente, este modelo ya no representa como en el pasado una garantía de bienestar para las mayorías sino que, por el contrario, desde la irrupción del neoliberalismo en Alemania a finales de los años 1990s, genera una sociedad cada vez más desigual y menos incluyente. En este sentido el futuro gobierno alemán representará, más allá de su composición final, más de lo mismo.

29 de septiembre de 2021

Por Ezequiel Luis Bistoletti, profesor argentino en la Universidad Alice Salomon Berlin, en Alemania, y conductor del programa “Demoliendo mitos de la política”.

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Los déficits de diversidad de la economía y sus consecuencias

Aunque los economistas finalmente están abordando los desequilibrios raciales y de género de su profesión, la economía no será una disciplina verdaderamente global si no se produce una mayor representación de voces de fuera de América del Norte y Europa Occidental.

Al principio de su carrera, el economista Joseph E. Stiglitz pasó una larga estancia en Kenia, donde le llamaron la atención varias rarezas en el funcionamiento de la economía local. La aparcería era una de esas anomalías. Si se exigía a los agricultores que entregaran la mitad de su cosecha a los terratenientes, se preguntaba Stiglitz, ¿no supondría esto un sistema muy ineficiente, equivalente a un impuesto del 50% sobre la actividad del trabajador? ¿Por qué persiste este sistema?

La búsqueda de Stiglitz para resolver esta paradoja lo llevó a desarrollar sus teorías fundamentales sobre la información asimétrica, por las que más tarde recibiría el Premio Nobel de Economía. «El tiempo que pasé en Kenia», recuerda, «fue fundamental para el desarrollo de mis ideas sobre la economía de la información».

Del mismo modo, el economista Albert O. Hirschman estaba en Nigeria cuando observó un comportamiento que le pareció desconcertante. La compañía de ferrocarriles, durante mucho tiempo un monopolio público, había empezado a enfrentarse a la competencia de los camioneros privados. Pero en lugar de responder a esta presión abordando sus numerosas y evidentes ineficiencias, la empresa simplemente se deterioró aún más. La pérdida de consumidores, razonó Hirschman, había privado a la empresa estatal de una valiosa retroalimentación. Esta observación sobre el transporte ferroviario en Nigeria fue la semilla que dio lugar a su fenomenal e influyente libro Exit, Voice, and Loyalty [Salida, voz y lealtad]. (Hirschman también merecía plenamente un Premio Nobel, pero nunca lo obtuvo).

Estas historias atestiguan el valor de poder ver el mundo en toda su variedad. Las ciencias sociales se enriquecen cuando la sabiduría recibida se enfrenta a comportamientos o resultados «anómalos» en entornos desconocidos, y cuando se tiene plenamente en cuenta la diversidad de las circunstancias locales.

Esta observación debería ser incontestable. Sin embargo, no lo sabríamos por la forma en la que está organizada la disciplina económica. Las principales revistas de economía están pobladas predominantemente por autores con sede en un puñado de países ricos. Los guardianes de la profesión proceden de instituciones académicas y de investigación de esos mismos países. La ausencia de voces del resto del mundo no es meramente una inequidad; empobrece la disciplina.

Cuando recientemente asumí la presidencia de la Asociación Económica Internacional, busqué datos sobre la diversidad geográfica de los colaboradores de las publicaciones económicas, pero me encontré con que la información exhaustiva y sistemática era sorprendentemente escasas. Afortunadamente, los datos recogidos recientemente por Magda Fontana y Paolo Racca, de la Universidad de Turín, y Fabio Montobbio, de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, ofrecen unos primeros resultados sorprendentes.

Como sospechaba, sus datos muestran una extrema concentración geográfica de la autoría en las principales revistas económicas. Casi 90% de los autores de las ocho revistas más importantes se encuentran en Estados Unidos y Europa Occidental. Además, la situación parece similar con los miembros del consejo de redacción de estas publicaciones. Dado que estos países ricos solo representan alrededor de un tercio del PIB mundial, la extrema concentración no puede explicarse totalmente por la insuficiencia de recursos o la menor inversión en educación y formación en el resto del mundo, aunque estos factores seguramente deben desempeñar algún papel.

De hecho, algunos países que han hecho grandes progresos económicos en los últimos años siguen estando muy poco representados en las revistas de alto nivel. Asia oriental produce casi un tercio de la producción económica mundial, pero los economistas de la región aportan menos de 5% de los artículos de las principales revistas. Del mismo modo, los porcentajes de publicaciones de Asia meridional y el África subsahariana son ínfimos, y considerablemente inferiores al ya escaso peso de estas regiones en la economía mundial.

Más allá de los recursos y la formación, el acceso a las redes es clave en la generación y difusión del conocimiento. Que un trabajo de investigación se tome en serio depende fundamentalmente de que los autores hayan acudido a las escuelas adecuadas, conozcan a las personas adecuadas y viajen por el circuito de conferencias adecuado. En economía, las redes relevantes están basadas predominantemente en Norteamérica y Europa Occidental.

La objeción previsible en este caso es que muchos de los economistas más destacados de la actualidad proceden de los propios países en desarrollo. Es verdad que, en cierto modo, la economía se ha vuelto más internacional. El número de investigadores nacidos en el extranjero en los principales departamentos de economía y redes de investigación de Norteamérica y Europa Occidental ha aumentado. Como estudiante de Turquía que llegó por primera vez a Estados Unidos a los 18 años, no cabe duda de que me beneficié de estas redes.

Los investigadores de las economías avanzadas también han prestado más atención a los países en desarrollo, lo que refleja que la economía del desarrollo se ha convertido en un campo mucho más prominente dentro de la disciplina. En el programa de máster de economía del desarrollo que dirijo en la Universidad de Harvard, por ejemplo, solo una minoría de los profesores proceden de Estados Unidos. El resto son de Perú, Venezuela, Pakistán, India, Turquía, Sudáfrica y Camerún.

Pero ninguno de estos desarrollos positivos puede sustituir por completo el conocimiento y la percepción locales. Los economistas occidentales nacidos en el extranjero suelen estar absorbidos en un entorno intelectual dominado por los problemas y preocupaciones de los países ricos. La exposición del economista visitante a diversas realidades locales permanece limitada a la casualidad y la coincidencia, como en las historias sobre Stiglitz y Hirschman. Basta pensar en todas las ideas importantes que quedan sin descubrir porque los investigadores de la periferia académica carecen de un público receptivo.

La economía atraviesa actualmente un período de examen de conciencia con respecto a sus desequilibrios raciales y de género. Se están llevando a cabo muchas iniciativas nuevas en América del Norte y Europa Occidental para abordar estos problemas. Pero la diversidad geográfica permanece en gran parte ausente de la discusión. La economía no será una disciplina verdaderamente global hasta que también hayamos abordado este déficit.

Fuente: Project Syndicate 

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“Los evangélicos se volvieron una parte importantísima del mundo popular al que el progresismo busca interpelar”

Pablo Semán (Buenos Aires, 1964) viene escribiendo hace años sobre el crecimiento de los grupos evangélicos y pentecostales. Desde cuando para las capas medias urbanas argentinas este fenómeno se reducía a unos pastores que seguían un modelo “electrónico”, primero el del Club 700 y luego el de unos pastores con acento brasileño que, después de la medianoche, aparecerían en las pantallas de la televisión con sus programas de curación, mostrando iglesias llenas pero que parecían de otro país… Antropólogo dedicado a las religiones, Semán también vivió en Brasil, donde pudo ver de cerca el papel de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la que logró mayor proyección política en toda América Latina. 

Recientemente publicó Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina (Siglo XXI) y habló con CTXT sobre evangelismo y política en América Latina. Él mismo progresista, al final interpela: “¿Qué piensa hacer el progresismo con todo esto?” 

¿Hasta qué punto el crecimiento evangélico desafía la imagen establecida de una América Latina católica? 

En Centroamérica, por ejemplo, los evangélicos son una minoría muy considerable que a veces está por encima del 40% y en algún caso ya están por ser mayoría. La dinámica y el origen de la evangelización de los evangélicos en Centroamérica es diferente a América del Sur. Pero en América del Sur también hay países con porcentajes de evangélicos arriba del 25% y no veo un techo inmediato. Esto, sumado al hecho de que los evangélicos son mucho más practicantes que los católicos. Entonces, como militancia religiosa van a ser la mayoría. Pero además, sus proyectos de evangelización se centran en problemáticas y espacios importantes para el despliegue de la vida social donde el catolicismo se muestra ineficaz –enraizamiento entre los pobres, acciones frente a la violencia doméstica y las adicciones, despliegue en las cárceles, en grupos de pequeños empresarios e incluso, algo más lento, en las fuerzas de seguridad–. La imagen de una América Latina católica ya es insostenible. La quiebra de la imagen católica también se ve en la debilidad de la reivindicación de la imagen de la América Latina católica. 

Cuando hablamos de evangélicos estamos hablando básicamente de evangélicos pentecostales… 

Sí. En el mundo evangélico, los pentecostales introdujeron dos grandes modificaciones en toda la demografía evangélica del planeta. Por un lado, un elemento cuantitativo: fueron el grupo que más creció. Y por el otro, a su propio peso cuantitativo hay que agregarle un elemento cualitativo: su predominio cultural. Antes, “evangélico” era un término analítico para analizar los grupos surgidos de la Reforma pero no era la identidad de cada uno de esos grupos (luteranos, metodistas, menonitas, etc.). Hoy “evangélico” funciona como término transdenominacional que abarca como mínimo al 80% de los descendientes de la Reforma protestante, que se han avenido más o menos a los parámetros de “avivamiento” religioso desplegados por los pentecostales. No es descabellado pensar un avance hacia una identidad post-denominacional en la que los evangélicos de diferentes denominaciones se asuman simplemente como “cristianos” en una zona de disputa con la mayoría católica.

Muy esquemáticamente: ¿qué es ser evangélico/pentecostal y cuáles son sus atractivos respecto del catolicismo?

Hay dos rasgos que se complementan y crean un círculo virtuoso. Y los dos están inscriptos en una teología que también está disponible en el mundo católico y protestante, solo que los pentecostales la tomaron en serio y la desplegaron al máximo. El primero es la actualidad de los dones del espíritu santo, que reencanta a la religión porque permite activar genéricamente una noción de milagro y de posibilidad de milagro en la vida cotidiana. Y hay un segundo elemento que es la universalidad del sacerdocio. Que cualquier creyente no solo es, sino que debe ser, pastor. Y para ser pastor, ese creyente va a movilizar la actualidad de los dones del espíritu santo creando un dialecto a la medida de su metro cuadrado, de su propio entorno. Eso estira enormemente la presencia evangélica y al mismo tiempo la diversifica. Se puede dialectizar ese lenguaje para adaptarse al minuto a minuto de los cambios socioculturales, de manera mucho más eficiente que la lenta burocracia celestial del catolicismo.

Durante años, el progresismo latinoamericano ignoró el crecimiento de los grupos evangélicos en el mundo popular (a excepción de sociólogos o antropólogos de la religión) y de pronto aparece como una especie de comodín analítico para explicar cualquier giro conservador o avance de la derecha… ¿Todos andan buscando evangélicos? 

Los progresistas pusieron a los evangélicos en una agenda negativa o de los enemigos pero sin ver el tamaño potencial. Y, al mismo tiempo, eso se articuló con la teoría católica progre de las sectas, de la denuncia de las sectas, y con la separación de la verdadera fe y la fe inauténtica. Hay ateos que se ponen en el rol de religiones y objetivamente coinciden con el camino ya trazado por el catolicismo hace 40 años. Y como el progresismo tiene un contacto social débil con el mundo popular, no fue viendo paso a paso cómo crecía. Yo publiqué ahora el libro Vivir la fe pero los datos sobre el 20% de evangélicos en el mundo popular son de 1995, no de 2020. Eso ya estaba ahí. La segunda cosa es que por ese contacto débil, sumado a las teorías conspirativas sobre el avance evangélico, no pudieron ver qué tipo de presencia constituía. Se actuaba como si eso fuera a dejar de existir. Hoy no solo  los evangélicos existen sino que existen cada vez más. Había muchos mecanismos renegatorios, en términos freudianos, de desconocimiento activo de la realidad para sostener certezas previas, para abordar este fenómeno. 

Además hoy hay un enfrentamiento más agudo entre evangélicos y progresistas porque el progresismo latinoamericano puso en el centro una agenda de género que, por otro lado, es bastante reciente. La verdad es que el matrimonio igualitario, igualdad de género y el aborto son bastante recientes en las izquierdas de la región, que además son en muchos casos izquierdas populistas. No es que no existieran núcleos militantes de larga tradición, pero no dominaban la agenda del progresismo, ni la del peronismo progresista en el caso argentino, ni eran el marcador decisivo de la identidad. El aborto muy pocos lo tenían como prioritario, la igualdad de género estaba pero tampoco se la militaba mucho y la diversidad sexogenérica a muchos les parecía una agenda sueca que sobraba. En 2015 hubo una performance post-porno en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la izquierda se opuso. Yo escribí para intervenir en esa polémica en favor de la performance pero mi posición  era disruptiva.

Por otro lado, en el mundo evangélico hubo una deriva relativamente inversa: los evangélicos en Argentina y en algunos países de América Latina en los 90 estaban delante del catolicismo en la agenda de igualdad de la mujer. Estaban a favor del preservativo y la Iglesia católica no, contenían y les daban a las mujeres un papel mucho más activo y central en la liturgia. No había un planteo ideológico de igualdad pero había una práctica relativa de igualdad. Había incluso facciones neopentecostales que se abrían a los temas del hedonismo sexual. En Brasil había, por ejemplo, una exmodelo evangélica que tenía una tienda de productos eróticos y aparecía en televisión. 

Respecto de la diversidad sexual, había una cosa muy interesante que era que evangélicos y disidentes sexuales tenían en común una experiencia que discutían que era la del rechazo. Incluso en la prensa evangélica salían entrevistas o diálogos entre un pastor y un disidente sexual. No era en un sentido de avanzar hacia la igualdad pero era darle un lugar bajo la premisa: “ellos son rechazados, nosotros también”. Todo eso, en estos últimos veinte años, fue desapareciendo. No tanto lo de la mujer, pero sí la apertura a elementos a la agenda de género que se intensificaron en la izquierda y desaparecieron en el mundo evangélico.

Esto demuestra que hay cuestiones históricamente constituidas e incluso contingentes. Hoy los evangélicos tienden a beneficiarse, y por eso hacen ese giro, de la reacción cristiana generalizada contra esa agenda progresista que incluye a los católicos. A veces la izquierda cree que el problema para la agenda de género son los evangélicos y no los cristianos en general, que capitalizan la imposibilidad de los católicos de poner la cara en estas cuestiones dada su trayectoria de abusos. Esta tensión se procesa de una manera diferente en los sectores populares. 

Cuando se piensa evangelismo y política se suele transferir el modelo brasileño a toda América Latina. Pero en verdad, en Brasil la iglesia exitosa fue la Iglesia Universal del Reino de Dios que para muchos evangélicos es la “menos evangélica” del subcontinente y si bien ahora es bolsonarista también fue muy pragmática en el pasado reciente. ¿Cómo pensar la articulación entre evangelismo y política?

En principio no hay un traslado inmediato de la identidad religiosa al campo político. En segundo lugar, cuando hay una activación política de una sensibilidad evangélica mayoritaria en favor de una opción política, eso ocurre siempre de una forma contingente, transitoria y variable. Mayoritariamente, los evangélicos votaron a Lula en Brasil y el Partido de los Trabajadores (PT) le dio dos veces las vicepresidencias de Lula a los evangélicos que también votaron a con Dilma Rousseff; en Perú hay un componente evangélico en la candidatura de Pedro Castillo (su mujer e hija son de la Iglesia del Nazareno y él se suma a menudo a las oraciones). En Centroamérica sí han apoyado más a la derecha pero esos proyectos conservadores se configuraron de manera tal que no todos los evangélicos los apoyan y hay católicos que los votan como reacción cristiana. Aparecen trasladando más “caudal religioso” del que en realidad trasladan. En el caso argentino, los evangélicos de sectores populares siguen votando al peronismo aunque viabilice agendas progresistas porque siguen dinámicas de voto de los sectores populares. Otros votan al macrismo por antiperonismo más que por conservadurismo o elementos religiosos. Y el crecimiento de una agenda de derecha es un fenómeno mucho más grande que el crecimiento evangélico. A la ultraderecha también se la vota contra “la catedral” (la religión, el atavismo y el estatismo) o con curiosos motivos neopaganos. 

Por otro lado, la Iglesia Universal es en efecto un caso verdaderamente excepcional en Brasil. No hay un partido político evangélico con tanta eficacia electoral como el Partido Republicano (que fundaron los pastores de esa iglesia) ni siquiera en sociedades con muchos más evangélicos que en Brasil. Y eso tiene que ver con la particularidad de la situación brasileña: un sistema de identidades políticas bastante débil, donde pesan mucho las novedades anticorrupción y el propio sistema electoral uninominal que permite maximizar minorías movilizadas. Y en tercer lugar, un sistema parlamentario hiperfragmentado donde los pequeños bloques consiguen una eficacia política sobredimensionada.

Lo que hizo la Iglesia Universal fue, más que movilizar el voto evangélico, armar una fuerte superestructura política que le permite subordinar a todas las otras tentativas de politización evangélica. De esa forma, por ejemplo, la Unión de las Asambleas de Dios termina a remolque de la Iglesia Universal en política, lo que nadie admitiría en la Unión de las Asambleas de Dios de ningún país de América Latina. Esa superestructura política tiene eficacia política propia, pero tampoco tanta si tenemos en cuenta que la Iglesia Universal finalmente llamó a votar a Bolsonaro pero quince días antes estaba negociando con Marina Silva, una evangélica de izquierda (ex ministra de Lula). Votaron a Bolsonaro porque los fieles estaban llamando a votar a Bolsonaro. Y los fieles estaban votando a Bolsonaro porque una parte importante de los sectores populares que habían sido lulistas se habían transformado en antilulistas por el tema de la corrupción.

Es posible que los pastores de la Iglesia Universal se sientan más cómodos con ese rumbo ultraderechista, pero no lo trabajaron tanto como se podría pensar. Y ahora ocurre al revés. Están viendo que muchos de sus fieles se están distanciando de Bolsonaro mientras los jerarcas de la iglesia tienen que defender intereses creados en el Estado. La dirigencia de la Iglesia Universal seguramente no tendrá opciones al golpismo. Pero los fieles no necesariamente acompañarán. 

Antes se pensaban siempre las identidades católica y evangélica en competencia, ahora vemos personajes como el propio Bolsonaro, también Castillo y otros, que mantienen cierta ambigüedad entre catolicismo y evangelismo. Por ejemplo Bolsonaro se fue a bautizar al río Jordán con un pastor pero se identifica católico… ¿Hay cambio ahí? 

Yo creo que los evangélicos están conscientes del rol que algunos de ellos llaman catalizador de una reacción cristiana antiprogresista. Esta involucra porcentualmente más a los evangélicos que a los católicos pero en números absolutos tal vez convoque a más católicos, pero bajo la centralidad evangélica. Esto ocurre por lo que pasa con los evangélicos pero también con los católicos. ¿Con qué cara los obispos católicos van a salir a defender a la familia, a los niños…? Entonces hay una suerte de pacto implícito en la cual el catolicismo le cede la iniciativa en eso y hay colaboración en la superestructura pero a la vez una convergencia de intereses en las bases católicas y evangélicas. Pero también hay que ver las prácticas. Hay mucha gente “en pecado” en las iglesias evangélicas y conviven con eso. 

¿Algo más que dejamos en el tintero?

Yo me pregunto qué piensa hacer el progresismo con todo esto. Los evangélicos se volvieron una parte importantísima del mundo popular al que el progresismo busca interpelar. ¿Va a haber zonas de cooperación? ¿Esas zonas de cooperación son posibles? En las organizaciones populares argentinas conviven evangélicos, católicos y progresistas. Incluso verdes (pro legalización del aborto) y celestes (“pro vida”) sin llamarse asesinas o antiderechos. Plantean sus agendas sin confrontar todo el tiempo. Hay mujeres evangélicas militando agendas progresistas en el plano económico y mujeres de sectores populares abrazando una agenda feminista a su modo, con un lenguaje propio. Ahora bien, por ejemplo, ¿no hay una convergencia cuando grupos de mujeres van a rezar en solidaridad con una mujer agredida por su pareja a su casa y rompen el círculo de agresiones?, ¿qué se genera ahí?, ¿hay o no sororidad? Claramente intervienen sobre una situación de violencia para pararla. Y así. Hay que salir del círculo de reactividad y mala sociología. No es fácil, no es lo soñado para el progresismo, pero dividir a los sectores populares es peor.

24/09/2021

Publicado enSociedad
"Esta es nuestra casa" o "Fuera especuladores". Pintadas contra la especulación en la ciudad. Álvaro Minguito

El resultado del referéndum llevado a cabo este domingo es claro; su aplicación, no tanto. El nuevo gobierno de la capital dominado por los socialdemócratas se echaría atrás, según las previsiones.

 

El referéndum en la capital alemana sobre la expropiación de viviendas a grandes tenedores que posean más de 3.000 viviendas ha obtenido el respaldo del 56% de los participantes en dicha consulta. A ésta estaban llamados todos los ciudadanos residentes en la capital con la nacionalidad alemana, unos 2,47 millones de personas. De ellos, debían votar al menos 600.000 en la consulta y la mayoría de ellos hacerlo a favor. Cerca de un millón de berlineses votó el domingo a favor de la propuesta, impulsada por organizaciones de activistas y respaldada por Die Linke.

Con la aprobación de la propuesta, la pelota pasa al tejado del nuevo Senado de Berlín, que debería elaborar una ley para desarrollarlo, aunque no es vinculante. Los organizadores, la plataforma “Deutsche Wohnen & Co enteignen” (Expropiar a Deutsche Wohnen y cia., en español) explicaba el domingo por la noche en palabras de su portavoz Joanna Kusiak que “desatender la petición del referéndum sería un escándalo político”, al tiempo que constató que la organización de cientos de activistas para llevarlo a cabo podría ser más duradera: “Somos miles de personas activas. Nos hemos enfrentado a los poderosos y hemos ganado. No vamos a desaparecer tan pronto”.

La ley que debe desarrollar el nuevo Senado afectaría a unas 240.000 viviendas de la capital, es decir, las viviendas que posean grandes inmobiliarias que posean más de 3.000 pisos, afectando a una decena de empresas del sector. En las últimas elecciones de 2017, los berlineses votaron a favor de mantener el aeropuerto de Tegel, pero éste fue cerrado por el gobierno berlinés. Lo mismo podría ocurrir con la nueva consulta.

En el nuevo parlamento berlinés el partido socialdemócrata (SPD) sigue siendo la primera fuerza, con un 21% de los votos, seguido muy de cerca por el partido verde (Die Grüne) con casi 19%. La tercera fuerza es la conservadora CDU con el 18,1% de los votos y cuartos quedó La Izquierda (Die Linke) con un 14%. Los ultras de Alternativa por Alemania (AfD) consiguen un 8% y los ultracapitalistas del FDP obtuvieron el 7%. El gobierno será, de este modo, de nuevo un tripartido, que hasta ahora estaba formado por una coalición progresista de SPD, Grüne y Linke. Si este gobierno sigue y qué hará con el referéndum va a depender en buena medida de Franziska Giffey.

La hasta ahora Ministra de Familia en el gobierno de Merkel ha salvado el trasero al SPD en la capital con su popularidad, pero su conservadurismo es bien conocido. Ya durante la campaña electoral, Giffey ha asegurado que para mantener la coalición actual la cuestión de las expropiaciones podría ser decisiva. Giffey está en contra de reencaminar la propiedad de las viviendas al ayuntamiento, mientras que Die Grüne y Die Linke están a favor del contenido del referéndum. A nadie extrañaría que los socialdemócratas se aliasen con la derecha para frenar las medidas más a la izquierda de la actual coalición, que congeló los alquileres, además de establecer los comedores y las extraescolares, las guarderías y el transporte escolar gratuitos para todos los berlineses.

Ese será el primer escollo, que a día de hoy parece insalvable. El segundo sería el paso por la comprobación de la legalidad de una norma de estas características en el marco constitucional alemán. Aquí podría fallar la norma según un estudio encargado por una asociación cercana a la industria y publicado esta semana. Según éste, dejar fuera de la categoría de “grandes tenedores” a las cooperativas de arrendatarios, que en su mayoría poseen más de 3.000 viviendas, sería inconstitucional por no garantizar la igualdad ante la ley. También se asegura en dicho informe que Berlín no tendría competencias en la materia y que la medida entraría en colisión con el freno de la deuda constitucional.

27 sep 2021 08:29

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Sábado, 25 Septiembre 2021 06:50

Misión cumplida

Misión cumplida

La Oficina de la Presidencia, donde se diseñan y operan las políticas del Krem-lin, hizo posible que el oficialista Rusia Unida, que no supera 30 por ciento de popularidad incluso en las encuestas encargadas por las autoridades, cuente de nuevo con mayoría calificada de dos tercios de los diputados –24 escaños más de los 300 requeridos– en la renovada composición de la Duma.

De este modo, la cámara baja del Parlamento federal volverá a ser, según la definió Boris Gryzlov cuando era su presidente, "un sitio donde no se debate" o, si se prefiere, "una desbocada máquina para aprobar leyes", elaboradas por y para el Ejecutivo, como la denominan los opositores.

Para lograrlo, se prohibió la participación de los críticos del Kremlin, tildados de "extremistas", "militantes de organizaciones indeseables", "agentes extranjeros" y otras etiquetas que cierran las puertas a cualquier cargo de elección popular; se dispersó el voto de castigo al incluir en las boletas a otros 13 partidos que son parte del sistema y desempeñan un papel subordinado, y se facilitó el ajuste de resultados, sobre todo en el interior del país y mediante la votación por Internet en Moscú y otras cuatro regiones, al dividir los escaños por listas de partido y distritos de votación directa, dando estos últimos al oficialismo el doble de diputados.

Tras retener casi un día los resultados de la votación electrónica, en Moscú no ganó ningún candidato, ya no de oposición sino de un partido diferente al oficialista, cuando de acuerdo con las boletas depositadas en las urnas iban arrasando en 13 de sus 15 distritos.

La votación por Internet confirmó que se puede obligar a los trabajadores de los sectores público y paraestatal a inscribirse sin votar o a revelar cómo lo hicieron y cambiar su sufragio (hubo 300 mil casos) y hasta añadir los apoyos de quienes en realidad no votaron.

Los operadores políticos del Kremlin cumplieron la misión de garantizar a la élite gobernante cinco años más de tranquilidad, reprimida la más mínima expresión de inconformidad. Y lo más importante de cara al futuro, de nuevo tienen mayoría calificada en la Duma por si otra vez hay que modificar la Constitución, en caso de que el presidente Vladimir Putin, en 2024, no quiera ser relegido y tampoco soltar las riendas del poder.

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La democracia en la era de la inteligencia artificial

En vista de la creciente expansión de la inteligencia artificial en las sociedades modernas, resulta necesario discutir cómo puede servir para mantener y fortalecer el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, en lugar de contribuir a su debilitamiento. Eso dependerá en gran medida de las formas de regulación elegidas.

 

Así como debe hacerse una clara diferenciación entre internet como tal, una estructura tecnológica que conecta personas e información, y lo que sucede en internet, también debe hacerse una diferenciación entre el potencial teóricamente positivo de la inteligencia artificial y los usos para los cuales se la desarrolla actualmente. Por lo tanto, un análisis diferenciado debe ir más allá de una mera enumeración de las ventajas de la internet gratuita o los beneficios teóricos de la inteligencia artificial y tener en cuenta los efectos reales de las nuevas tecnologías digitales y modelos de negocio en el área de internet e inteligencia artificial.

Por tanto, la influencia de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial no solo se limita a la tecnología subyacente, sino que también atraviesa el ámbito social. Es por ello que la concentración de poder tecnológico, económico y político en manos de los «cinco temibles» (Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft), que ocupan el centro de la escena del desarrollo y uso comercial de la inteligencia artificial, tiene una especial importancia en este contexto.

Ambición de poder

Las megacorporaciones digitales no solo son capaces de ejercer una influencia política y social masiva, tienen también los recursos financieros para comprar nuevos desarrollos y startups en el campo de la inteligencia artificial y en todas las demás áreas relevantes para su modelo de negocio, y eso es exactamente lo que hacen. Su pretensión de concentrar poderío y controlar pone en desventaja al cuarto poder: el periodismo clásico, que es tan importante para la democracia. Su selectivo negocio de publicidad priva al periodismo de su sustento. Es cierto que no son la única razón de la muerte de los periódicos y del retroceso del periodismo clásico tanto en Europa como en Estados Unidos, pero son uno de los principales factores. Si bien es posible que algunas de sus investigaciones fundamentales sobre inteligencia artificial sean de acceso público, el trabajo mucho más elaborado sobre aplicaciones comerciales de inteligencia artificial se realiza en secreto. Los presupuestos en esta área superan con creces la inversión pública de muchos países. Esta acumulación de poder en manos de unos pocos debe ser observada de modo abarcativo: incluye el poder del dinero, el poder sobre la infraestructura democrática y el discurso público, el poder sobre los individuos a través de la elaboración de perfiles precisos y la supremacía en el campo de la inteligencia artificial. Los gigantes de internet han tenido logros sin precedentes como empresas: buena parte de su producción no está regulada, son dominantes en su mercado y son las empresas más rentables en la bolsa de valores. Tienen una inmensa influencia en la formación de opinión y en la política, al tiempo que han conservado su popularidad entre el público.

La cultura predominante de Silicon Valley sigue la «ideología californiana». Sus raíces se remontan al movimiento juvenil de la década de 1960. Parte de las metas de este movimiento era liberarse del dominio político de Washington y del dominio tecnológico de ibm, la empresa de tecnología líder en ese entonces. En esencia, había un gran anhelo de libertad personal y de capacidad individual para actuar como efecto de la descentralización. El desarrollo de la primera computadora personal (pc) y el multipremiado spot publicitario de la Apple Macintosh realizado por el reconocido director Ridley Scott, en el que una joven se libera del «Gran Hermano» («Y verás por qué 1984 no será como 1984»), son una expresión de esta búsqueda de libertad individual y autorrealización, lejos de los imperativos sociales y de la dependencia del Estado. En su famosa «Declaración de independencia del ciberespacio», John Perry Barlow, activista estadounidense por los derechos civiles y compositor de la banda de rock Grateful Dead, rechazó cualquier regulación legal de internet. Alegaba que las formas tradicionales de gobierno, que –diríamos– pueden existir únicamente sobre la base de la ley y el orden, «no tienen soberanía donde nosotros (los actores del ciberespacio) nos reunimos». No fue casualidad que esta declaración se hiciera pública en 1996 en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

La lucha contra las leyes

Esta idea también fue retomada en el discurso jurídico. David R. Johnson y David G. Post, jurisconsultos especializados en espacio digital, afirmaron que si los usuarios quieren establecer reglas en internet y estas no dañan a los no usuarios, entonces «la ley del mundo físico debería ser revocada en favor de esta forma de autorregulación». Pero no fue solo la «ideología californiana» lo que alentó el desacato de la ley. La enseñanza de innovaciones disruptivas, muy difundida en las escuelas de negocios, condujo en algún momento a una comprensión de la ley como algo disruptivo. Esta lucha de las empresas tecnológicas y los activistas contra las nuevas leyes, que siguen poniendo la tecnología por encima de la democracia, continúa hasta el día de hoy.

Por ejemplo, Google insistió en que solo se le aplique la ley de California, ya que las búsquedas hechas desde Europa son respondidas desde los servidores californianos. Es más, se argumentó que los resultados de las búsquedas no deberían clasificarse como «tratamiento de datos». La fundamentación: Google no es responsable de los resultados, ya que son producto del algoritmo automatizado y no pueden ser controlados por la empresa. Aquí es donde se hacen evidentes la cosmovisión de la empresa y la manera de concebir el Estado de derecho: en primer lugar, la automatización en forma de algoritmo como servicio protege a la empresa mediadora de cualquier responsabilidad legal. Visto así, el sueño de John Perry Barlow se haría realidad: en la era digital, la tecnología tendría prioridad sobre la jurisprudencia. En segundo lugar, si existiera cualquier forma de vínculo legal, este solo podría existir en relación con un orden global, presumiblemente dominado por la ley estadounidense y administrado por jueces estadounidenses. Este escenario sería ideal para Google. Los costos se reducirían considerablemente, incluso si la empresa operara en diferentes jurisdicciones. Esto estaría totalmente en línea con la idea de construir una única estructura global de internet que no esté dividida en diferentes jurisdicciones o fragmentada por normas nacionales y que sea muy difícil de atacar legalmente para ciudadanos no estadounidenses.

En este contexto, la reacción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tjue), generalmente entendida como el «retorno de la ley», fue positiva: el Tribunal respondió al argumento de Google manteniéndose en los límites de la cuestión jurídica planteada, pero sin perder de vista las implicaciones más amplias de esta cuestión. Al final, los reclamos de Google fueron rechazados y así se protegieron los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, sobre la base de la larga tradición europea de protección de la privacidad y protección de datos.

Se puede especular sobre si el argumento de Google de no querer asumir la responsabilidad de los resultados del algoritmo de búsqueda fue usado previendo negar toda responsabilidad por los productos de la futura inteligencia artificial autónoma. En cualquier caso, la respuesta del tjue en este caso fue clara. El presidente ejecutivo de Google se pronuncia actualmente en contra de una regulación general de la inteligencia artificial. Alega que tal regulación obstaculizaría la innovación y que solo puede concebirse una regulación específica de la inteligencia artificial por sectores. Lo que olvida es que se presentó el mismo patrón argumentativo contra el Reglamento General de Protección de Datos de la ue. Pero en vano, y con razón. Porque una normativa puramente sectorial deja sin regular demasiadas aplicaciones de la inteligencia artificial de uso general y, en su complejidad, abruma tanto a quien legisla como a la ciudadanía. Primero necesitamos fundamentos horizontales y generales. Luego se podrán agregar especificaciones por sector.

Cuestiones éticas

Cuando se pone todo esto en contexto, hay un denominador común claro: el intento de evitar responsabilidades, tanto en la legislación como en la jurisprudencia. Y todo surge de un pequeño grupo de empresas que tienen en sus manos un poder sin precedentes. El debate sobre las cuestiones éticas de la inteligencia artificial ya ha expuesto los innumerables desafíos en el ámbito de los derechos fundamentales y el Estado de derecho en este contexto. Es evidente que la inteligencia artificial no puede servir al bien público sin reglas claras. El potencial de la inteligencia artificial obliga a no correr los mismos riesgos que cuando se introdujo internet, que en su momento provocó un vacío legal. Las posibilidades de esta nueva tecnología son tan inmensas que pueden causar estragos y daños irreversibles a la sociedad. Pero mientras que hoy la inteligencia artificial es desarrollada por empresas gigantescas con presupuestos de miles de millones, están regresando los ingenuos argumentos con los que se causó mucho daño en las fases tempranas de internet.

También está claro que los numerosos conflictos de intereses entre empresas y público en relación con la inteligencia artificial no pueden resolverse mediante códigos de ética laxos ni autorregulación. Pero eso no significa que las empresas no deban contribuir a la discusión sobre los desafíos éticos y legales. Muchas de las personas que trabajan para estas empresas tienen las mejores intenciones y pueden hacer importantes aportes al debate. También se puede observar una cierta diferenciación en las actitudes hacia la legislación, según sea el modelo de negocio. Microsoft, que gana mucho dinero por servicios al gobierno y la administración pública, se posiciona de manera más constructiva frente al Estado de derecho y la democracia que otras empresas.

En vista de los enormes presupuestos con los que las megacorporaciones están presentes en muchos ámbitos de la ciencia, la sociedad civil y la opinión pública, es importante que todos quienes participan de la gran discusión sobre la regulación de internet y las nuevas tecnologías ofrezcan información clara sobre relaciones laborales, financiamiento u otras transferencias de servicios y expongan de manera abierta los conflictos de intereses.

Resulta sorprendente hasta qué punto los defensores de una legislación sobre inteligencia artificial estuvieron inicialmente a la defensiva, a pesar de que existe una larga historia de regulaciones legales en el ámbito de la tecnología. Todo arquitecto debe, en el curso de sus estudios universitarios, familiarizarse con las normas de construcción para salvaguardar el interés público, por ejemplo, en la construcción de edificios a prueba de derrumbes. Cada automóvil debe superar varias pruebas para garantizar la seguridad vial. La introducción de los cinturones de seguridad obligatorios, muy resistidos por la industria automotriz y los clubes automovilísticos, finalmente redujo a la mitad la cantidad de muertes en carreteras. Una y otra vez, la sociedad ha visto que, ante la aparición de nuevas tecnologías, es la regulación legal y no la desregulación lo que beneficia al interés público.

Los estímulos para reflexionar sobre la inteligencia artificial no solo han demostrado la multitud de exigencias que las nuevas tecnologías imponen a la legislación, la democracia y los derechos individuales. También han dado lugar a algunos catálogos de reglas éticas en esta área. Por ejemplo, Alan Winfield, profesor de Ética Robótica en la Universidad de Bristol, enumera diez códigos de conducta relacionados con la inteligencia artificial. Las últimas contribuciones a esta lista son la declaración del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial Fiable del 18 de abril de 2019 y el informe de la Comisión Alemana de Ética de Datos, presentado el 23 de octubre de 2019. Por tanto, no faltan propuestas sobre principios éticos en el tratamiento de la inteligencia artificial.

Un interrogante es si, después de la experiencia con una internet libre de todo marco legal, nuestra democracia debe volver a exponerse al riesgo de una tecnología omnipresente y decisiva, que puede tener efectos negativos sustanciales si no se la regula. A diferencia de internet, la inteligencia artificial no es producto de unos pocos académicos e idealistas, sino de las poderosísimas empresas de internet que la controlan. Mientras tanto, algunos representantes de estas empresas han llegado recientemente a la misma conclusión y han pedido una legislación sobre inteligencia artificial. También la canciller alemana Angela Merkel ha pedido, durante la conferencia del g-7 en Japón, una regulación legal de la inteligencia artificial, tal como lo es el Reglamento General de Protección de Datos (rgpd). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo, a modo de orientación, que la Comisión Europea presentaría una propuesta para regular la inteligencia artificial dentro de los 100 días posteriores a su asunción, ocurrida el 1o de noviembre de 20191.Todos los argumentos que ahora se utilizan en contra de una ley de inteligencia artificial fueron expuestos antes de 1995, cuando se introdujo la primera directiva de protección de datos personales en la ue. Luego se lo volvió a hacer durante las negociaciones sobre el rgpd en los años 2012 a 2016. Ninguno de los argumentos pudo convencer a los legisladores, y con razón. La afirmación de que la ley no puede seguir el veloz ritmo de desarrollo de la tecnología o los modelos comerciales ha sido refutada por la legislación europea tecnológicamente neutra2. El rgpd es un ejemplo de legislación moderna y tecnológicamente neutra, cuyo significado y relevancia evolucionan a la par del progreso tecnológico, incluida la inteligencia artificial.

Falacia y afirmaciones

La afirmación de que el derecho no es lo suficientemente preciso para regular tecnologías complejas y que una ley que no se adentre absolutamente en los detalles de un código preciso y fácil de usar no puede ser una buena ley constituye otra falacia por parte de los programadores. Por definición, el proceso democrático de elaboración de leyes es un acuerdo. El rgpd se negoció, durante el procedimiento parlamentario, sobre la base de casi 4.000 sugerencias individuales de mejora.

Las leyes (generalmente) las hacen personas razonables y, en caso de un conflicto legal, las interpretan jueces razonables. Este proceso abierto de elaboración de leyes y su posterior interpretación le confiere a la ley flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Las leyes no tienen que reescribirse una y otra vez como los códigos de programación, que deben ser revisados constantemente desde la versión 1.0 en adelante.

Para decirlo claramente: exigir que una ley sea tan precisa o tan rápidamente actualizable como un código de programación es antidemocrático. Esta exigencia ignora tanto el principio de deliberación y acuerdo en una democracia como el tiempo requerido para el debido proceso.

Por cierto, los grupos de presión no tuvieron ningún problema en evaluar los diversos anteproyectos del rgpd de manera completamente contradictoria: por un lado, como demasiado imprecisos para crear seguridad jurídica y, por el otro, como demasiado detallistas y no suficientemente abiertos y flexibles. Estas críticas encontradas prueban que se deber evitar la ley a toda costa recurriendo al descrédito. La afirmación de que la ley es demasiado inflexible para seguir el ritmo de los desarrollos tecnológicos es básicamente una forma más elegante de parafrasear lo que los neoliberales siempre han dicho: no queremos ninguna obligación legal, porque entonces se nos podrían atribuir responsabilidades legales.

Por lo demás, quienes abogan por una ética de la inteligencia artificial afirman lo mismo. El mundo de los negocios no tiene problemas con los códigos éticos, ya que estos carecen de legitimación democrática y no pueden ser impuestos por fuerza de ley. Pero esta es precisamente la principal ventaja del derecho sobre la ética: con la verosímil amenaza de sanciones anima a los desarrolladores a trabajar en pos del interés público.

Toda tecnología tiene que convivir con la realidad de que la ley le marque límites. Es hora de que Silicon Valley y la industria digital de internet acepten esta necesidad democrática. En un momento en que internet y la inteligencia artificial lo atraviesan todo, la falta de regulación de estas tecnologías claves podría significar el fin de la democracia. Las reglas éticas pueden ser una etapa preliminar y una ayuda orientadora en el camino hacia la legislación y pueden proporcionar contenido para leyes posteriores. Pero no pueden reemplazar la ley, carecen de la legitimidad democrática y la naturaleza vinculante con que los gobiernos y los tribunales pueden hacer cumplir las leyes.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y Brad Smith, presidente de Microsoft, han pedido recientemente en textos programáticos una legislación. Pero cuando esto se concreta, las empresas vuelven a lanzar la máquina de lobby contra una legislación eficaz para salvaguardar los datos y la privacidad. Esto se pudo observar hace muy poco en eeuu, tanto en California como en el estado de Washington, donde Microsoft tiene su sede. Además del derecho, también habrá espacio para una ética que vaya más allá de lo que exige la ley: las normas éticas internas de las empresas son buenas si son coherentes con la legislación del país en cuestión y si van más allá, por ejemplo, en lo que respecta al interés público.

Muchas de las cosas buenas que quieren hacer las empresas de Silicon Valley son bienvenidas. Pero esto no puede eximirlas de actuar dentro de la ley y el orden y respetando el proceso democrático. También está completamente claro que el rgpd debe aplicarse siempre que la inteligencia artificial trabaje con datos personales. El rgpd contiene derechos importantes para los consumidores sobre cómo se pueden usar sus datos, y estas reglas también influirán en el diseño de una inteligencia artificial. Los principios de protección de datos del rgpd son una guía importante para la inteligencia artificial, al igual que los límites al tratamiento automatizado de datos y los derechos a la información de los afectados. También está cobrando importancia, en lo que respecta a la inteligencia artificial, la evaluación de las consecuencias del tratamiento de datos personales para las personas afectadas, necesaria en determinadas condiciones. En este aspecto, no se necesita ninguna legislación nueva. Sin embargo, los principios del rgpd con respecto a la inteligencia artificial también deben aplicarse al tratamiento mediante inteligencia artificial de datos que no son personales.

En el discurso democrático, no obstante, es igualmente importante saber si el interlocutor es una persona o una máquina. Si las máquinas participan en el discurso político sin ser identificadas como tales, o si se hacen pasar por personas impunemente, puede producirse una grave distorsión del discurso, lo cual sería insostenible para una democracia. Hasta ahora, ninguna ley nos garantiza que seremos informados si quien entabla un diálogo con nosotros en un contexto político es una máquina.

Sin embargo, un discurso político transparente entre personas es la clave de la democracia. El «principio de materialidad» estipula que se debe, por ley, dejar claro si quien está hablando es una máquina o una persona. Las máquinas no identificadas y, más aún, las máquinas disfrazadas de personas deben ser sancionadas. Quienes controlan la infraestructura del discurso político deben asumir la responsabilidad de establecer una transparencia total. Se necesitan nuevas leyes para ello.

Pero podemos ser optimistas en cuanto a que las regulaciones detalladas de la ue para la lucha contra la discriminación y la protección del consumidor también se aplicarán en el campo de la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta esto, es necesario considerar algunos principios básicos de la legislación sobre la inteligencia artificial.

Si bien en Europa la ponderación parlamentaria de la tecnología basada en el principio de responsabilidad de Hans Jonas es ya una rutina y considera que la evaluación del impacto es un elemento clave del principio de precaución, esto no es así en eeuu. Allí, la Oficina de Evaluación de Tecnología (ota, por sus siglas en inglés) se cerró durante el gobierno de Ronald Reagan, una victoria temprana para el movimiento anticiencia. Hillary Clinton anunció en su campaña electoral de 2016 que quería reabrir este órgano o uno similar.

Evaluación de impacto en tres niveles

En Europa, sin embargo, siguen vigentes el principio y el método de evaluación de los efectos a corto y largo plazo de las nuevas tecnologías y el consiguiente asesoramiento político. La Red de Evaluación de Tecnología Parlamentaria Europea (epta, por sus siglas en inglés) reúne los métodos y las evaluaciones de impacto para los parlamentos europeos en una base de datos común. Para fortalecer la confianza en la tecnología en la era de la inteligencia artificial, en tiempos en que la tecnología gana cada vez más terreno en todas las áreas de nuestras vidas, es necesaria una evaluación de impacto en tres niveles.

Primero, como se ha descripto, una evaluación parlamentaria de impacto en el nivel político y legislativo. El objetivo en este caso es averiguar qué áreas afectará una nueva tecnología y qué debe hacer el Poder Legislativo para que sea preservado el interés público. Idealmente, esta evaluación de impacto debería tener lugar antes de que se utilicen tecnologías de alto riesgo. El poder de decisión con respecto a las consecuencias que han sido examinadas en una evaluación de impacto hecha por expertos debe estar en manos del gobierno o del Poder Legislativo, lo que en el nivel de la ue sería área de responsabilidad de la Comisión y el Consejo, así como del Parlamento a modo de colegislativo.

El segundo nivel se refiere a los desarrolladores y usuarios de nuevas tecnologías. Sería importante que se introdujera en relación con la inteligencia artificial una obligación legal para las empresas de realizar una evaluación de impacto de sus productos. Tal obligación legal ya existe para datos personales que se utilizan en procesos automatizados de toma de decisiones. Esto debería extenderse a todos los ámbitos de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Al menos si la inteligencia artificial tiene potencial para ser utilizada en el ámbito del ejercicio público del poder, es decir, en el ámbito democrático y político o en el ámbito de los servicios de interés general, independientemente de si se tratan datos personales o no.

Las evaluaciones de impacto en el nivel de desarrollador y usuario favorecerían la comprensión pública de la inteligencia artificial allí donde actualmente sigue faltando transparencia y conocimiento sobre los efectos. Las evaluaciones también ayudarían a que los directores ejecutivos y desarrolladores admitan el poder que realmente ejercen mediante sus productos. Así podría desarrollarse en la industria tecnológica una nueva cultura de responsabilidad por la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales.

Los estándares para ese tipo de evaluaciones de impacto antes de la difusión de la inteligencia artificial deberían establecerse en una ley redactada en términos generales, de manera similar a la obligación de realizar una evaluación de impacto en el rgpd. El Estado debe controlar el cumplimiento y debe haber sanciones severas en caso de incumplimiento. Si la inteligencia artificial va a ser utilizada por el Estado o se va a difundir ampliamente en la sociedad, la evaluación de impacto debería ser publicada. Si la tecnología es de alto riesgo, el gobierno debe realizar sus propios análisis y elaborar un plan para minimizar riesgos. Sin diferenciar entre sector público y privado, la resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre normas de derecho civil sobre robótica (2015/2103/inl) representa el plan mejor desarrollado hasta la fecha para manejar la inteligencia artificial. Contiene certificaciones ex ante y el marco legal para la investigación, el desarrollo y el uso.

En el tercer nivel, a las personas debería asistirlas el derecho legal de estar informadas sobre la funcionalidad exacta de la inteligencia artificial que están utilizando. ¿Qué lógicas sigue? ¿Cómo afecta su uso los propios intereses o los intereses de terceros? Esta obligación de proporcionar información también debería existir aunque no se estén procesando datos personales. En este caso, ya existe la obligación legal en el rgpd.

En este contexto, debe rechazarse la exigencia de los gigantes tecnológicos de mantener en secreto los modos de funcionamiento y los procesos de toma de decisiones de la inteligencia artificial. Ya existen numerosos proyectos de investigación sobre la explicabilidad de la inteligencia artificial. Y aunque existe al menos la obligación legal de proporcionar información cuando están involucrados actores estatales, la realidad es que las empresas mantienen mayormente en secreto los modos en que funciona su inteligencia artificial y las autoridades públicas no pueden cumplir con su obligación de proporcionar información si quieren utilizar esta tecnología.

Por todas estas razones, necesitamos una profunda evaluación de impacto de la inteligencia artificial en los tres niveles mencionados para seguir adelante con el diálogo entre tecnología y democracia. Esto es crucial en un momento en que la inteligencia artificial se está volviendo omnipresente e influye cada vez más en nuestras vidas. Si del debate público resulta una nueva conciencia de la responsabilidad por la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho, entonces la inteligencia artificial se habrá ganado una buena cuota de confianza y aceptación en la sociedad.

  • 1.

En 2021 se presentó un proyecto para avanzar en la regulación. Ver Marimar Jiménez: «La ue establece líneas rojas a la inteligencia artificial. ¿Por qué, cuáles son, a quién afectan?», suplemento «Cinco días» en El País, 22/4/2021 [N. del E.].

  • 2.

El principio de neutralidad tecnológica sostiene que el Estado no ha de imponer preferencias a favor o en contra de una determinada tecnología [N. del E.].


Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 294, Julio - Agosto 2021, ISSN: 0251-3552

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El Salvador: en un año Nayib Bukele copó los tres poderes

En lo que va del año, Nayib Bukele tomó una serie de medidas que alarmaron a las organizaciones sociales salvadoreñas y provocaron un protesta masiva la semana pasada. Desde la reforma de la carrera judicial que implicaría la expulsión automática de un tercio de los casi 700 jueces de todo el país y la destitución de jueces para imponer magistrados afines al mandatario, hasta la decisión de no avanzar en proyectos de ley que podían significar la ampliación de derechos para las mujeres y la comunidad LGBTIQ en el país centroamericano, el avance sobre las instituciones del mandatario salvadoreño no parece tener límites.

Bicentenario salvadoreño

El año del bicentenario de la independencia centroamericana tuvo entre sus primeras marcas el triunfo del partido de Bukele, Nuevas Ideas, que consiguió una mayoría en la Asamblea Legislativa. La primera moción del congreso de mayoría oficialista resolvió la destitución de cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron sustituidos por magistrados cercanos al mandatario.

Para Saúl Baños, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el avance contra el modelo democrático comenzó en 2020 cuando Bukele buscaba la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para equipar a las fuerzas de seguridad. “Lo que ocurrió el nueve de febrero de 2020 cuando el presidente de la república y miembros del ejército y la policía irrumpieron en el palacio legislativo. Un intento de golpe prácticamente y no hubo sanción”, afirmó Baños a Página/12.

En 2021, con el triunfo electoral del partido Nuevas Ideas, el mandatario volvió a avanzar. “En la primera sesión plenario, un sábado, inusual, nos sorprendió a toda la población ya que con dispensa de trámite la primera moción fue la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional. Los depusieron del cargo de manera inconstitucional y nombraron a los sustitutos”, explicó el experto. El paso siguiente fue la destitución del fiscal general y el nombramiento inmediato de un sustituto. “Con esa acción se hizo de buena parte del poder y con eso trastocó el régimen republicano”, subrayó.

Concentración de poderes

“Tienen el ejecutivo y la asamblea legislativa, que fue resultado de una elección pero que terminó cooptando la sala constitucional”, puntualizó Baños, quien también se refirió a las decisiones que tomó el congreso. “Van en retroceso de lo poco que se ha avanzado. Por ejemplo,aprobaron la ley Alabi, que da amparo de impunidad para que no se investiguen las compras estatales de 2020. Son decisiones que impiden que la ciudadanía solicite y conozca cómo se manejan los fondos públicos. La ley de bitcoin, (primer país delmundo que oficializa una criptomoneda) fue aprobada de manera inconsulta, sin discusión legislativa, en un madrugón”, recordó. Mientras que los nuevos magistrados le dieron luz verde a Bukele para que pueda aspirar a un nuevo mandato en 2024, a pesar de que la constitución salvadoreña prohibe expresamente las reelecciones presidenciales sucesivas.

“Tenían que transcurrir dos mandatos (10 años), pero con esa resolución de la sala impuesta permite la relección del presidente. Faltan dos años para que termine esta administración, pero la sala ya autorizó al presidente para que se pueda reelegir ignorando la jurisprudencia constitucional”, señaló Baños.

Reforma a la carrera judicial

Otra de las decisiones que preocupa a las organizaciones sociales fue la reforma de la ley de la carrera judicial, que según Baños también se introdujo con dispensa de trámite y sin deliberación. La semana pasada Bukele, de 40 años,  promulgó la ley que pasa a retiro a un tercio de los jueces y una normativa similar para los fiscales. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso -de mayoría oficialista- el pasado 31 de agosto.

“Se establece que por esa reforma todos los jueces y juezas que tengan 60 años o más o que cumplieron 30 años de servicio deberán ser reemplazados”, explicó. Entre los jueces que deberán dejar su cargo a partir del 25 de septiembre, cuando entra en vigencia la reforma, está el juez Jorge Guzmán que investiga la matanza de El Mozote en 1981. En 2020 Guzmán pidió a la Fiscalía investigar y determinar si Bukele cometió algún delito en el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército. En los documentos el juez buscaba información sobre el operativo militar que derivó en la famosa masacre.

 “Hacer una reforma a la ley de la carrera judicial de esa manera no persigue hacer un proceso de depuración. Porqué únicamente a los jueces que tienen 60 años de edad, ahí se están yendo jueces con una experiencia enorme. Los propósitos son otros”, afirmó Baños. Los diputados de Nuevas Ideas habían promovido la reforma asegurando que la medida busca depurar el sistema judicial y combatir la corrupción. Pero en el texto no están mencionadas las presuntas prácticas de corrupción.

 “La corrupción es un argumento que les sirve. Pero hay un mecanismo para hacerlo, un debido proceso. Acá no se respetó lo que establece la Constitución. Distintas organizaciones como la que represento venimos planteando la necesaria depuración del sistema judicial, tanto altas cortes como jueces de primera instancia, pero se debe seguir respetando las normas para facultar el proceso”, indicó Baños.

Retroceso en derechos

Por otro lado, el presidente salvadoreño decidió eliminar la inclusión de la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia del proyecto de reforma constitucional de su gobierno. "He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia", escribió el mandatario en sus redes sociales.

El país centroamericano cuenta con una de las legislaciones más restrictivas al prohibir totalmente la interrupción del embarazo incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer. En este sentido, Morena Herrara, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico, rechazó la decisión del mandatario salvadoreño. “Nosotras lamentamos la posición que ha expresado el presidente porque está negando los derechos de las mujeres y no advierte las consecuencias de una legislación draconiano y de unas políticas públicas que están condenando a niñas y a mujeres”, dijo en diálogo con Página/12. “Nosotras tenemos una visión de que las cosas no están cerradas, que este gobierno actúa por conveniencia política, por imagen en medios de comunicación y en redes sociales. Seguimos reivindicando la responsabilidad que tienen de garantizar la salud y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, así como los derechos de las personas que se identifican desde las disidencias sexo genéricas”, agregó.

Para Herrera es fundamental por un lado mantener vivas las demandas y aumentar la presión social y por otro lado la necesidad de que escuchen a la comunidad internacional. En este sentido explicó que en este momento hay dos demandas en el sistema interamericano de derechos humanos, una es la de una campesina llamada Manuela, condenada a 30añosdeprisión por abortar. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso se conocerá en los próximos meses. La otra causa se conoce como Beatriz vs El Salvador.

En el caso de Manuela está enfocada en la violación de derechos por la criminalización de mujeres que viven en situación de pobreza y que fueron acusadas de aborto y luego condenadas por homicidio agravado. Es un proceso que tiene relación con el contexto de penalización absoluta del aborto, pero no es específico sobre aborto. En el caso de Beatriz sí es una demanda específica sobre aborto y ahí pensamos que el carácter de obligado cumplimiento de las sentencias de la corte jugará un papel en las políticas y legislación de El Salvador”, afirmó Herrera, quien también reivindicó la necesidad de restablecer la institucionalidad democrática, de la separación de poderes.

“Vemos un panorama difícil en El Salvador, pero esta es la realidad en la que vivimos y en la que necesitamos construir alternativas. No es la primera vez que se cierran espacios y consideramos que no nos queda otro camino que continuar luchando, incidiendo y transformando la realidad, convenciendo a la población de la importancia de estos derechos”.

Protesta

El pasado 15 de septiembre entre 5000 y 8000 manifestantes salieron a las calles de San Salvador para intentar poner un freno a los abusos de poder en la primera protesta masiva del mandato de Bukele. "Más allá de la cantidad de gente," escribió el corrresponsal de El País de España.  "Bukele fue derrotado en dos escenarios en los que hasta ahora no tenía rival: la calle y las redes. La convocatoria se convirtió en tendencia desde el día anterior y terminó con el silencio después de varios meses de polémicas reformas que han suscitado el rechazo dentro y fuera del país; desde Estados Unidos, que lo comparó con Hugo Chávez, a Naciones Unidas, que pidió respeto a la independencia judicial."

La respuesta Bukele no se hizo esperar. Primero cambió la descripción de su cuenta de Twitter, autodefiniéndose como "dictador de El Salvador" y horas más tarde subió la apuesta: pasó a llamarse “el dictador más cool del mundo mundial”.

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