Miembros de milicias armadas afroamericanas marcharon con sus armas en Tulsa, Oklahoma, para conmemorar el aniversario 100 de la masacre contra la comunidad afroamericana de esa ciudad. Foto: Getty Images.

La notoria Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association, NRA) de Estados Unidos, un grupo que históricamente ha tenido formidable influencia para promover la venta, posesión y uso de armas y frenar los intentos de control de éstas, se encuentra actualmente en decadencia y enfrenta severos problemas legales que podrían imponerle su disolución.

Pero la compra, posesión y portación de armas de fuego en Estados Unidos tienen actualmente niveles récord y, en paralelo, otros grupos han surgido para promover, afirman, el ejercicio de la Segunda Enmienda entre poblaciones diferentes.

Es el caso, por ejemplo, de la Latin Rifle Association (LRA, que podría traducirse como Asociación del Rifle Latino) que, como comenta la televisora CBS News, fue constituida como autodefensa y para promover visiones de izquierda de propietarios latinos de armas de fuego.

Sus argumentos

“No creo que la defensa propia, que es fundamentalmente autonomía corporal, deba se ejercida exclusivamente por personas políticamente de derecha”, dijo P.B. Gómez, fundador de LRA de 23 años.

La LRA fue fundada en 2020 y se afirma cuenta ya con cientos de miembros en varias partes de Estados Unidos.

“Nuestros principales simpatizantes han sido izquierdistas, han sido socialistas, progresistas. Uno tiene que tener una desconfianza de la autoridad. La policía y el gobierno no estaban cuidándome, así que yo tuve que hacer las cosas por mi cuenta”, añadió Gómez a CBS News.

Gómez cuenta que la masacre provocada por un tirador en un Walmart de El Paso, Texas, lo impulsó a crear la LRA, ante el hecho de que un supremacista blanco haya específicamente atacado a latinos.

Así, la LRA promueve la posesión y portación de armas, y en la lógica de Gómez eso sería una forma de dar a latinos como él la capacidad de protegerse y lograr esa autonomía corporal en un contexto hostil. El ejercicio de la Segunda Enmienda, él considera, no es exclusivo de los anglosajones o de la derecha.

No es ciertamente un caso único. “Hemos visto un dramático incremento de grupos que apoyan el derecho a las armas para personas LGBTQ, personas de color y otros grupos de orientación de izquierda en los años recientes”, dijo a la CBS News el profesor de derecho constitucional de UCLA, Adam Winkler.

Con todo, Winkler señala que esos grupos aún son pocos y distanciados unos de otros.

También entre los afroamericanos

Otro caso es la Asociación Nacional Afroamericana de Armas (National African American Gun Association) que actualmente suma ya 30,000 miembros y ha crecido en los años recientes.

Casos de grupos afroamericanos que portan abiertamente armas no son nuevos, y se han dado casos de diversos cuños desde hace décadas. Van desde grupos históricos como los Black Panthers hasta otros de reciente creación como la Not Fucking Around Coalition, que ha organizado notorias marchas de personas afroamericanas fuertemente armadas.

Nick Bezzel, fundador del Elmer Geronimo Pratt Gun Club, también promueve la posesión y portación de armas entre los afroamericanos. Su organización fue bautizada en alusión a Elmer Geronimo Pratt, veterano del ejército y uno de los líderes de los Black Panthers a finales de los años 60 y principios de los 70 que pasó casi tres décadas en prisión tras una condena por asesinato que luego fue anulada.

“Todos tienen derecho a la autopreservación, sin importar quién sea… No promuevo la violencia, pero sí la autodefensa”, dijo Bezzel a CBS News.

El auge de organizaciones como las fundadas por Gómez y Bezzel se da en un contexto de severa polarización en Estados Unidos, y en el rudo contexto de masacres como la de El Paso o de la Iglesia Emanuel AME o del asesinato a manos de policías del afroamericano George Floyd.

Y, al parecer, ambos ven a las armas y al ejercicio irrestricto de la Segunda Enmienda como una forma de protegerse de ataques supremacistas y racistas ante una autoridad que no los protege.

Con todo, la proliferación de armas y la actividad de grupos que las poseen y portan abiertamente y en gran escala puede catalizar las tensiones, y algunos expertos cuestionan que esas expresiones, así sean de autodefensa y en reacción a presiones ominosas, pueden ser destructivas “del debate político y del tupo de comunicad que necesitamos para salir adelante en los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos”, señaló el profesor Winkler.

29 octubre 2021

(Tomado de Yahoo Noticias)

Publicado enInternacional
Sábado, 30 Octubre 2021 05:06

Abrir los canales, volver a ensoñar

Abrir los canales. Acacio Puig

 

 

Clavados en lo que se nos presenta como la única realidad posible, sólo parece haber opción entre el capitalismo desatado o el moderado. Esta alternativa nos aplasta porque a día de hoy la creatividad psíquica y colectiva está bloqueada

 

“Soñar es igual de serio que ver o morir o cualquier otra cosa en este temible y misterioso mundo” (Carlos Castaneda)

Un amigo psicoanalista me dice lo siguiente:

– Antes, en una situación de aburrimiento, uno podía fugarse activando la imaginación. En el metro, por ejemplo, recuerdo jugar a imaginar cómo sería la vida de la persona que tenía sentada enfrente a partir de algún detalle (gesto, vestimenta, rostro). Ahora, sacamos el móvil y empezamos a scrollear compulsivamente para matar el tiempo (muerto).

– Y bien, ¿cuál es el problema?

– Se tapona la imaginación. El scroll nos clava a la pantalla. Entre ella y nosotros, no pasa nada, no hay distancia, no pasa el aire. Por eso finalmente el cansancio, la sensación de vacío, el malestar. Ese taponamiento constante de la imaginación tiene que estar produciendo daños serios en la estructura profunda de lo humano: me refiero al inconsciente. Entre inconsciente y realidad, los canales se han cerrado.

¿Qué es la imaginación? El filósofo francés Cornelius Castoriadis, que era también psicoanalista, la define como un flujo permanente de imágenes, afectos e intenciones. En lo humano, ese flujo se independiza del hecho biológico, del instinto. La imaginación no es calco de la realidad, ni mera fantasía, sino la potencia que engendra nuevas formas de ver y de vivir.

Como analista, a la hora de explicar la enfermedad psíquica, Castoriadis dice: “Es justamente el bloqueo de la imaginación. Un constructo imaginario que está ahí y detiene todo lo demás: la mujer y el hombre, es eso y no otra cosa; lo que hay que hacer, es eso y no otra cosa”. Es decir, no enloquecemos por exceso de imaginación, sino por bloqueo y escasez. Coincide con el diagnóstico que hizo el escritor inglés G. K. Chesterton casi un siglo antes: “El loco lo ha perdido todo, menos la razón”. Cuando se secan las fuentes de la imaginación, sólo queda la razón instrumental, la razón clasificadora, la manía (locura) de ordenarlo todo según esquemas a priori.

¿Y si nos llevamos estas reflexiones al ámbito de la política? A partir de los trabajos de Mark Fisher, se habla hoy de “realismo capitalista”: el capitalismo –el mundo que construye– pasa como única realidad posible, sin distancia ni alteridad. ¿No es la imaginación precisamente la que abre esa distancia, produciendo nuevas premisas para la percepción, nuevos axiomas para el pensamiento, nuevos principios para la vida en común? Es el aire que hoy no pasa y echamos en falta.

El realismo capitalista se sostiene sobre nuestra “enfermedad”: el bloqueo de la imaginación instituyente, creadora. Somos incapaces de imaginar distinto, una sola realidad dicta lo que debe ser toda realidad posible, la creatividad psíquica y social está subordinada a un código único: producir para el mercado, consumir sus mercancías. Para transformar la realidad, hay que abrir los canales, liberar el flujo imaginativo de la codificación capitalista.

No se trata de moralizar nuestra relación con las pantallas. Se puede leer un libro en diagonal o se puede usar un móvil de modo activo. No sólo es cuestión de formas y formatos, sino también de usos y de prácticas. El desafío, en cualquier caso, es interrumpir los automatismos y espabilar la facultad de ensoñar. El sueño es la poesía de la imaginación, un estado de espontaneidad creadora, diurno o nocturno. La verdadera pesadilla no es el mal sueño, sino el no-sueño. El bloqueo de la imaginación.

El escritor William Burroughs fabula lo siguiente: “El lenguaje es un virus venido del espacio exterior, primero fue la escritura y luego la palabra hablada”. Es una fábula más fecunda que mil estudios científicos. Lo que señala Burroughs es que estamos programados a la hora de hablar: somos estaciones repetidoras de estereotipos, de memes y de memeces. Burroughs califica el lenguaje automatizado precisamente como no-sueño.

La “comunicación” es hoy el lenguaje dominante del no-sueño. No es tan inocente como aparenta: cuanto más transparente y sencilla, más tramposa. Sus palabras son órdenes, consignas, prejuicios, asociaciones que rebotan en nuestra cabeza: migrantes=problema, felicidad=consumo, etc. Los media, los políticos y el mercado hablan hoy en el lenguaje de la comunicación. No pretenden entablar ningún diálogo, sino seducirnos y convencernos: atraparnos. Nos quieren clavados a las pantallas,  viralizando compulsivamente sus mensajes, estúpidos y obedientes.

Los libros de Burroughs están llenos de propuestas para interrumpir los automatismos. Una de las más sugerentes es esta: el lenguaje que necesitamos es más jeroglífico que silábico. Esto es, un lenguaje que sugiere en lugar de fijar, que admite el silencio y la duda, que dibuja cosas concretas y no sólo abstracciones. Un lenguaje en el que podemos escucharnos al hablar, escucharnos al pensar. Lenguaje del sueño y no del hechizo.

Clavados en lo que se nos presenta como la única realidad posible, sólo parece haber opción entre el mal mayor y el mal menor, el capitalismo desatado o el capitalismo moderado. Dos opciones dentro de un mismo marco que se presenta como indiscutible. Esta alternativa nos aplasta porque a día de hoy la creatividad psíquica y colectiva está bloqueada, subordinada a la repetición compulsiva. Hay que abrir los canales, en uno mismo y en lo social. Interrumpir lo que tapona y satura. Volver a ensoñar.

–––––––

Referencias:

Cornelius Castoriadis, La insignificancia y la imaginación, Trotta (2002)

Mark Fisher, Realismo capitalista, Caja Negra (2016)

William Burroughs, El trabajo, Enclave (2014)

  1. K. Chesterton, Ortodoxia, Acantilado (2013)

Carlos Castaneda, Viaje a Ixtlán, FCE (2018)

29/10/2021

Publicado enCultura
El magnicidio de Jovenel Moïse ¿Un golpe dentro del golpe?

El brutal magnicidio del presidente Jovenel Moïse añade nuevos elementos a la crisis de Haití, tras años de intervención extranjera y un Estado que cada vez más es una maquinaria para el enriquecimiento de las camarillas en el poder. Hoy el país se enfrenta a la perspectiva de una permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida de su población, si no es capaz de aprovechar esta coyuntura para iniciar un proceso de reconstrucción.

La muerte de alguien, asesinado cruelmente en presencia de su esposa y sus hijos, tal como lo fue el presidente haitiano Jovenel Moïse en julio pasado, llama a un gesto de condena firme y unánime por parte de todos los demócratas del mundo. Es un drama que recuerda la crisis de 1867 en Haití, que terminó con el fusilamiento del presidente Sylvain Salnave en enero de 1870, y la crisis de 1915, cuando fue masacrado el presidente Vilbrun Guillaume Sam en víspera de la ocupación militar estadounidense que se inició en julio y duró 19 años. No quisiera referirme al asesinato del padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines, en octubre de 1806. Requeriría de una puesta en contexto más extensa, ya que es utilizado retóricamente en la actualidad por los defensores de la política del presidente Moïse, quienes buscan hacer temerariamente este paralelo.

El principal riesgo que trae aparejado el reciente magnicidio es que, con una Justicia inoperante, se refuerce la impunidad reinante, un mal permanente que padece la sociedad haitiana y que funciona como un obstáculo al imperio de la ley y del Estado de derecho. 

Existe así el riesgo de una doble impunidad: por una parte, quizás nunca se sabrá quiénes fueron los responsables de la muerte del mandatario; por la otra, ni Moïse ni sus cómplices responderán ya por los crímenes que han cometido, como lo reclamaban las organizaciones de derechos humanos, al igual que la oposición política, desde hace por lo menos tres años.

Un asesinato misterioso

Empecemos por el acontecimiento que conmovió al mundo entero y dejó en estado de shock a la sociedad haitiana: Moïse fue asesinado el 7 de julio de manera sorpresiva y rocambolesca, en una operación que a la vez parece muy bien planificada y absolutamente descabellada. He aquí algunos elementos que atraen la atención de todos los observadores: (a) sus guardias de seguridad no dispararon ni una bala; (b) la policía haitiana habría resuelto este caso en menos de 12 horas, un récord sospechoso considerando que, hasta la fecha, no había podido resolver ni una sola investigación sobre los numerosos asesinatos cometidos en el país; entre ellos, el del presidente de la Orden de Abogados, el insigne Monferrier Dorval; (c) el comando de los asesinos, compuesto esencialmente por ex-militares colombianos, no habría previsto un plan b de escape y todos se dejaron arrestar sin defenderse.

El primer ministro ad interim Claude Joseph, destituido dos días antes del magnicidio y reemplazado por el neurocirujano Ariel Henry, aparece frente a las cámaras y con una calma sorprendente declara tener todo bajo control y decreta el estado de sitio por dos semanas. Asimismo, pide ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas (onu). En estas circunstancias, la Oficina Integrada de la Naciones Unidas en Haití (binuh, por sus siglas en francés), a través de su representante, Helen La Lime, le ofrece su apoyo. Días después, Henry, que había sido nombrado pero no había asumido su cargo al momento del asesinato, es sorpresivamente reconocido como jefe de gobierno legítimo por los representantes del así llamado «Core Group», integrado por los embajadores de eeuu, Canadá, Alemania, Francia y Brasil y los representantes del secretario general de la onu y de la Organización de Estados Americanos (oea) en Haití. 

El primer ministro destituido, que acababa de insultar a Henry en una reunión, finalmente acepta y reconoce su autoridad. Se forma así un gobierno de continuidad con casi todos los ministros del gabinete de Moïse y del Partido de las Cabezas Calvas (phtk, por sus siglas en creole).

Por su parte, la esposa del presidente, Martine Moïse, gravemente herida y evacuada hacia eeuu el mismo día del asesinato para ser atendida, reaparece una semana después, con un brazo enyesado, protegida por el fbi, y se proclama heredera política de su difunto marido, héroe y mártir, en un discurso muy elocuente durante el funeral. En realidad, ella es la testigo clave de este asunto. A pesar de eso, vuelve a eeuu el 28 de julio sin haber sido interrogada por la Justicia haitiana y declara al New York Times el 30 de julio que será candidata a la Presidencia. Sus intervenciones públicas confunden más aún las pistas.

Notemos que, en un caso tan crítico como este, hasta ahora no ha sido nombrado un juez instructor y es la Policía Nacional la que lleva las riendas de la investigación de manera desordenada, con la ayuda del fbi, de Interpol y de la Administración de Control de Drogas (dea, por sus siglas en inglés). Hay que considerar que la Policía también ha sido señalada entre los sospechosos. Los jueces que podrían llevar adelante el caso denuncian las numerosas amenazas anónimas que reciben y ninguna de las normativas haitianas para asegurar la justicia está siendo respetada. 

Mientras tanto, el Departamento de Estado de eeuu nombró a Daniel Lewis Foote, un diplomático de carrera con larga experiencia en países en crisis, para trabajar con las autoridades haitianas con el objetivo de intentar garantizar elecciones libres y estabilidad en el país. Foote viene también acompañado de la zanahoria: la ayuda humanitaria.

A estas alturas, tres cuestiones parecen evidentes: (a) el misterio sigue a pesar de la presencia de la Interpol y del fbi; (b) es la comunidad internacional, o sea las grandes potencias occidentales, quien decide; (c) pareciera que se trata de un complot transnacional con implicados de diferentes nacionalidades: colombianos, estadounidenses, venezolanos, ecuatorianos, dominicanos y haitianos del círculo muy cercano al presidente asesinado, entre ellos Joseph Badio, ex-funcionario del Ministerio de Justicia, así como un pastor protestante, supuestamente médico, residente en Florida (Emmanuel Sanon), y una jueza de la Corte de Casación (Windelle Coq Thélot).

En este orden de ideas, podríamos preguntarnos si no se trataría de un golpe de Estado dentro del mismo golpe de Estado que Moïse ya había llevado a cabo el pasado 7 de febrero de este año, cuando decidió quedarse en el poder más allá de la fecha prevista por la Constitución y la ley electoral haitiana. Por otra parte, muchos observadores se preguntan también qué papel han podido jugar los servicios secretos extranjeros en este drama.

Circulan en la prensa y en las redes sociales las más fantasiosas y múltiples versiones sobre los hechos y los responsables, lo que vuelve todavía más turbias las investigaciones. 

Los antecedentes

En efecto, las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en 2020 para permitir que el presidente entregara el poder el 7 de febrero de 2021 no se realizaron como lo establecen el decreto electoral publicado en el periódico oficial Le Moniteur del 2 de marzo de 2015 y la Constitución vigente de 1987. Moïse trató de justificarlo señalando que había tardado un año en asumir, en medio de la controversia electoral tras su elección de 2016. De esta manera, buscaba imponer ilegalmente una nueva Constitución y realizar elecciones generales con un consejo electoral también ilegal, que les permitirían a él y a sus aliados entregarle el poder a un candidato de su partido, el phtk.

Vayamos un poco más atrás. Veamos la política del presidente asesinado y el clima que reinaba durante los últimos años de su mandato hasta la fecha de su brutal desaparición. 

Es importante remarcar que, según las interpretaciones de numerosos y calificados juristas y constitucionalistas haitianos y extranjeros, el mandato de Moïse había culminado el 7 de febrero de 2021. El Consejo Superior del Poder Judicial había declarado el fin de su mandato y en respuesta a ello, el presidente mandó destituir arbitrariamente a tres de sus jueces inamovibles.

Entre sus esfuerzos para destruir todas las instituciones del Estado, en noviembre de 2020 el presidente emitió un decreto que reducía el poder de la Corte Superior de Cuentas, institución clave en el control de los gastos del Estado. Además, en lo que respecta al Senado, el mismo presidente había interpretado que, según la Constitución haitiana aún vigente de 1987 y la Ley Electoral, el mandato de una tercera parte del cuerpo había llegado a término el 13 de enero de 2020. Pero aun así, Moïse aplicó una vara diferente para sí mismo, hizo caso omiso de la prohibición constitucional de prolongar su mandato por cualquier motivo que fuera y se otorgó un año más hasta el 7 de febrero de 2022. La oposición, la sociedad civil y los grupos de derechos humanos calificaron su intento de permanecer en el poder como un golpe de Estado. Desde 2020, empezó a gobernar mediante tuits y decretos presidenciales, de los que llegó a dictar más de 40 sin control parlamentario. Por otro lado, el Poder Judicial también se había tornado inoperante por diversas razones. Y era así como el presidente Moïse, con plenos poderes, dejaba entrever su proyecto de instaurar en Haití una nueva dictadura, tal como lo denunciaba desde hace tiempo la oposición. Tomó una serie de iniciativas ilegales y operativas que demostraban con claridad sus intenciones. 

En este sentido, en noviembre de 2017, Moïse resucitó el ejército disuelto por el ex-presidente Jean-Bertrand Aristide en 1995. El nuevo cuerpo carecía de los recursos necesarios y fue montado de manera muy precaria y precipitada. Viendo que esto no le garantizaba el apoyo militar que necesitaba para llevar a cabo sus iniciativas políticas, empezó a fomentar la formación de bandas armadas, que lograron constituirse a través del territorio nacional como verdaderos feudos. A veces desfilaban por las calles de la capital, Puerto Príncipe, con armas pesadas, sin intervención alguna de las autoridades. Por otra parte, se creó un cuerpo de policía civil forestal y costera, encargado de proteger algunas regiones ecológicas (áreas protegidas), el cual se transformó luego en una verdadera milicia al servicio de los objetivos del gobierno. Esto hace recordar los tiempos de los muy famosos Tonton Macoutes, la milicia política de la dictadura de Duvalier en los años 60 y 70. 

Los grupos de derechos humanos Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (rnddh), Je Klere (Ojos Abiertos) y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (cardh) reportan que entre el 15 de septiembre y principios de octubre de 2019 las bandas armadas masacraron a 17 personas y dejaron 200 heridos, entre ellos mujeres, niños y hasta bebés, en un solo barrio de la capital, La Saline, con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Justicia, lo que amplificó la política del terror ya existente. Gran parte de los manifestantes callejeros en contra del gobierno provenían de estos barrios populares y el poder quiso escarmentarlos. Estas masacres se volvieron recurrentes hasta poco antes del magnicidio.

Algunos de los miembros de estas bandas armadas secuestran, a diestra y siniestra, alegando que están obligados a hacerlo porque el gobierno no les pagó lo prometido. Estas bandas asesinan a personas de todo origen y condición social. El 29 de junio de 2021, dispararon y mataron a 11 personas, entre ellas, al periodista Diego Charles y a la activista Marie Antoinette Duclaire. Duclaire era una joven militante feminista que había participado en la organización de las marchas contra Moïse y había estado en el grupo que entregó a la binuh una petición de la sociedad civil por el cese del apoyo a Moïse a principios de este año. Había recibido ya amenazas de muerte por sus posiciones.

El presidente politizó más que nunca a la Policía, que ya había perdido cualquier operatividad en la lucha contra la inseguridad por no contar con el equipo ni el armamento necesarios para combatir a las bandas armadas, estas sí muy bien equipadas con armas de guerra y municiones a granel. Además, intentó crear una serie de dispositivos legales para asegurar su poder en el futuro. En este sentido, contra todas las normas democráticas, Moïse emitió un decreto que instituía una policía secreta omnipotente, la Agencia Nacional de Inteligencia (ani), base de un claro Estado dictatorial. Apenas instalado en su cargo, el nuevo primer ministro Henry trató de eliminarla, pero el secretario general del Consejo de Ministros, Renald Luberice, el mismo del difunto presidente, se opuso firmemente. Se espera aún la reacción de Henry a este acto de insubordinación. 

Asimismo, Moïse creó un Consejo Electoral Provisional por fuera de las normativas legales, encargado de organizar el referéndum para cambiar la Constitución de 1987, las elecciones legislativas que no se habían realizado en 2020 y las presidenciales en septiembre de 2021. Creó también una comisión, con miembros designados por él, encargada de redactar la nueva Constitución. Es necesario destacar que la Constitución enmendada de 1987, sobre la cual se juramentó Moïse, prohíbe explícitamente cualquier tipo de referéndum, por ser esta una de las armas que usó el régimen duvalierista para crear la Presidencia vitalicia y luego la vitalicia hereditaria. Hay que tener en cuenta que la Constitución actual especifica cuáles son los mecanismos para su modificación.

Moïse pretendía hacer un referéndum sumario, diseñado a su gusto y medida, para aprobar la redacción de una nueva Constitución con personas designadas por él, algo que nada tiene que ver con los procesos de referéndums democráticos y trasparentes que se han realizado, por ejemplo, en países como Chile para cambiar la Carta Magna. En la nueva Constitución se preveía eliminar el Senado y la figura del primer ministro y otorgar plenos poderes al presidente, entre otras cosas. 

En torno de Moïse, a pesar de que le gustaba referirse a sí mismo como jefe supremo (después de Dios) que lo «sabía todo» y tenía poder de decisión sobre todo, se creó una camarilla de intelectuales que armaron con él un discurso ideológico con todos los elementos de la filosofía fascista. Junto con la exaltación de la figura del presidente como «superhombre» y la eliminación de los demás poderes, se empezó a machacar sobre la figura de unos oligarcas «enemigos del pueblo», recordando a François Duvalier y su lucha contra los mulatos, o a Benito Mussolini con su lucha contra la plutocracia. Intentaban así crearse una base social a partir de un muy peligroso discurso de odio, llamando a una solidaridad basada en el color de piel, ya que Moïse era negro como la gran mayoría de la población. Sin embargo, su gobierno se instaló y pudo conquistar el poder gracias al apoyo de esos mismos «oligarcas» u hombres de negocios de piel más clara a los que siguió dándoles ventajas económicas hasta el final. Esta táctica ha sido recurrente en diferentes periodos de la historia haitiana.

El miedo a la justicia

Una de las grandes preocupaciones de Moïse era la posibilidad de tener que responder a la Justicia. Había sido acusado de crímenes económicos y de sangre por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de grupos que se habían constituido en parte civil frente a los tribunales. Uno de los eslóganes presentes en todas las manifestaciones era «Jovenel Moïse a la cárcel». Grupos de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, reunidos en una estructura llamada «Caminemos por la Vida» (Mache pou lavi), lograron montar un Tribunal Popular en un proceso simbólico, el 19 de febrero de 2021, donde encontraron culpable a Moïse y lo condenaron a prisión por destrucción de las instituciones del Estado y violación de la Constitución y de los derechos humanos. 

Sería muy largo tratar de enumerar la cantidad de informes producidos por organizaciones de derechos humanos, haitianas e internacionales, en los que se documentan diversos tipos de violaciones por parte del gobierno de Moïse. Contentémonos con citar el trabajo conjunto de la Coalición Haitiana de Defensa de Derechos Humanos y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard del 22 de abril de 2021. Allí se analizan tres masacres perpetradas contra residentes de barrios desfavorecidos de Martissant, Bel Air y La Saline por bandas armadas, con un apoyo estatal que va desde altos funcionarios del gobierno de Moïse hasta agentes de la Policía Nacional. Los responsables son acusados de crímenes contra la humanidad. Por su parte, un informe de la Corte Superior de Cuentas ya había señalado al presidente como responsable de varios actos de corrupción, incluso desde que era solamente candidato. El propio Parlamento, antes de caer en la inoperancia, había elaborado un informe en el que lo acusaba de ser uno de los responsables del robo de los fondos Petrocaribe, que incluían un préstamo del gobierno de Venezuela por 11.000 millones de dólares. A fines de julio de 2019, un grupo de parlamentarios había presentado un acta de acusación de 29 páginas donde se denunciaba a Moïse por violación de la Constitución y crímenes de alta traición por diferentes razones.  

Hay que saber que, antes de ser candidato, Moïse era un pequeño empresario bananero en quiebra del norte de Haití. Fue rescatado por la familia Martelly durante la campaña para las elecciones senatoriales de 2014, cuando Michel Martelly era presidente, elecciones que tampoco se realizaron. Fue así como en los comicios presidenciales de 2015, frente a las agudas rivalidades entre los allegados a Martelly, este decidió lanzar a Moïse como su candidato, con el acuerdo tácito de que al terminar su periodo le devolviera el poder.

Las primeras grandes manifestaciones multitudinarias en su contra se dieron en torno de la lucha contra la corrupción y el reclamo de su enjuiciamiento por parte del grupo de jóvenes llamados «Petrochallengers».

Un hombre de Trump

Al final de su vida, Moïse se había vuelto el presidente quizás más aislado y rechazado de Haití. Casi todos los partidos políticos, agrupaciones de la sociedad civil organizada, sindicatos, periodistas e intelectuales, asociaciones gremiales, asociaciones estudiantiles y de profesores, iglesias católicas, protestantes y vudú, e incluso algunas asociaciones del sector privado, le pedían que respetara la Constitución vigente y presentara su renuncia.

Su impopularidad era tan elevada que cuando trató de dirigirse a la población para que adoptara las medidas de protección frente a la epidemia de covid-19, la reacción fue: «Si lo dice el presidente, debe ser mentira». Moïse había profundizado el carácter depredador del Estado haitiano y ya no estaba en capacidad de ofrecer el más mínimo servicio a la población. El Estado mismo parecía haber desaparecido, mientras que, paradójica y patéticamente, hacía un discurso de presidente de un gobierno «fuerte». El clima de terror no hizo sino contribuir a la delicuescencia general y ningún indicador económico o social había estado tan bajo desde los años 80.

¿En qué se apoyaba entonces el presidente Moïse para mantenerse en el poder? Principalmente, en un pacto con el entonces presidente Donald Trump celebrado durante una reunión el 21 de marzo de 2019 en la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Trump le había prometido apoyo incondicional a cambio de que Haití abandonara su sostén a Venezuela y su régimen en la oea y de que ayudara a frenar la ofensiva económica y comercial de China en la región. 

En dos oportunidades, cuando la oposición haitiana parecía capaz de lograr su objetivo de derrocar a Moïse, Trump mandó a Haití a representantes de alto nivel para pedir un diálogo entre el gobierno y la oposición, dejando claro que el poder del Moïse no era negociable. El 20 de noviembre de 2019, el mandatario estadounidense envió a Kelly Knight Craft, embajadora permanente de eeuu en la onu, quien subrayó que era amiga personal del presidente Trump y, el 5 de diciembre, al embajador David Hale. A partir de ese momento, Moïse se sintió totalmente apoyado para seguir adelante con sus planes autoritarios.

Fue así como el presidente haitiano se lanzó en una cruzada contra el sistema institucional y la corrupción, tratando de ahogar los gritos de la oposición. Denunció los contratos firmados por el Estado haitiano con las compañías privadas de suministro de energía eléctrica y el contrabando. Sus directivos fueron acusados de sobrefacturación y de apropiación de bienes del Estado. 

A todo esto se agregaba un nuevo y dramático caso: la sospechosa muerte del ex-fiscal y juez de instrucción Claudy Gassant, en República Dominicana, el 31 de julio de este año. Este abogado, famoso por sus audaces declaraciones como fiscal, había sido nombrado por Moïse jefe de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ulcc) de Haití. En este nuevo puesto, abrió una investigación contra el Consulado de Haití en República Dominicana, bajo sospechas de corrupción generalizada, lo que suscitó la ira del ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Bocchit Edmond. Asimismo, instó a los senadores a que presentaran su declaración de patrimonio personal exigida por ley, algo que muchos de ellos no habían hecho. Corrió entonces el rumor de que el próximo investigado sería el propio presidente de la República. Moïse lo destituyó. Gassant decidió instalarse en República Dominicana, donde lo encontraron muerto en su casa. Su mujer explicó que se había suicidado degollándose con un cuchillo, debido a que sufría de depresión y había contraído covid-19. La Justicia dominicana concluyó en su investigación que había sido un suicidio. Todos se preguntan, sin embargo, si esta muerte puede estar relacionada con la de Moïse, ya que Gassant guardaba secretos de muchas personalidades. 

Trump era quizás el único referente «ideológico» de Moïse. Quería hacer un negocio de todo, utilizaba la demagogia de la lucha contra el establishment y, sobre todo, aplicaba el principio de que la mentira descarada es lo que paga en política. Inventaba todo tipo de proyectos que no llevaba a cabo, pasando de uno a otro sin ninguna referencia al anterior. Poco le importaba que lo que dijera no tuviera ninguna relación con la realidad. Parecía vivir en un mundo de fantasía y, para darse coraje, manejaba un discurso de odio, que podía eventualmente voltearse contra él.

Durante su funeral en Cabo Haitiano –ya que Moïse era originario del norte de Haití–, se desencadenó una ola de violencia creada no por sus adversarios, sino por sus mismos seguidores, que obligó a los pocos diplomáticos que asistieron a huir rápidamente. En esta ocasión, los manifestantes saquearon e incendiaron el principal centro comercial de la ciudad y un puente, rechazando así a los «oligarcas» y a la gente de la capital que habían asesinado a un «presidente del Norte». El discurso de odio y divisionismo, que ha sido comparado con el de Radio Televisión Libre de las Mil Colinas de Ruanda en 1993-1994, antes del genocidio, funcionó y hace temer en Haití no una guerra civil, sino eventuales masacres, sobre todo en Puerto Príncipe, por parte de las bandas armadas. 

Al término del mandato de Trump, Moïse debería haberse dado cuenta de que no tenía más recurso que marcharse. Es verdad que las aparentes vacilaciones del recién asumido Joe Biden y el trabajo bien pagado de sus lobistas podían darle la ilusión de que no había perdido toda esperanza de un apoyo de la potencia del Norte. ¿Trataba Moïse de ampliar sus relaciones internacionales en previsión de una reducción del apoyo estadounidense? El miércoles 2 de junio de 2021, el presidente recibió las cartas credenciales de Sergei Mélik-Bagdasárov como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia. Sin embargo, en el caso de las relaciones con China, contrariamente a República Dominicana, continuó dándole su apoyo a Taiwán, manteniéndose fiel a su acuerdo con Trump. Poco después, Moïse y su esposa realizaron un viaje intempestivo a Turquía para participar en una reunión internacional el 17 de junio de este año y firmar un acuerdo para el suministro de armas a Haití. Washington no emitió juicio.

Perspectivas

Una pesimista: continuidad de un neoduvalierismo que significa la permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida del pueblo. Una optimista: la oportunidad para que un nuevo gobierno logre hacer una transición capaz de reconquistar la confianza del pueblo, de organizar unas elecciones democráticas creíbles, en condiciones de seguridad, y que estas no sigan siendo una ocasión de otras crisis mayores en Haití, para que así comience el fin del reino de la impunidad, esclareciendo, para empezar, el caso del asesinato del presidente.

Lamentablemente, es muy probable que este escenario optimista no se concrete y que ciertos sectores de la comunidad internacional prefieran adoptar un escenario más simplista. 

¿Cuál será el papel de la comunidad internacional en el futuro próximo de Haití? 

Por desgracia, la comunidad internacional ha sido a menudo parte del problema y pocas veces de la solución. No vamos a extendernos sobre el embargo y bloqueo de 1804, después de la independencia, que duró 21 años, ni sobre la famosa deuda de la independencia de 1825 reclamada por Francia, que ha pesado enormemente sobre el desarrollo económico y financiero de Haití, ni sobre la ocupación estadounidense de 1915 que se extendió durante 19 años. 

Las recientes Misiones de la onu para la Estabilización de Haití, iniciadas en 2004, han dejado un mal sabor en Haití, así como las intromisiones extranjeras de todo tipo después del terremoto de 2010. En este sentido, es muy elocuente el libro-requisitorio L’échec de l’aide internationale à Haïti. Dilemmes et égarements [El fracaso de la ayuda internacional. Dilemas y extravíos], de Ricardo Seitenfus, ex-jefe de la misión de la oea en Haití1.

La onu no logró su objetivo principal, que era la reforma de la justicia y la seguridad. Además, se agregó un desastroso accidente que ocasionaron sus soldados y que el secretario general de la onu tardó demasiado en reconocer como de la responsabilidad de la Misión: se trata de la introducción del cólera en Haití, que dejó unos 9.000 muertos. Esto ocasionó que se asociara el nombre de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (minustah) sobre todo con esta desgracia. La situación haitiana actual tiene evidentemente repercusiones directas en todo el Caribe, sobre todo hacia República Dominicana, y algunos países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil, receptores de miles de migrantes haitianos. Ahora muchos de estos países están involucrados en las investigaciones.

Para finalizar, consideramos que técnica y económicamente es indispensable el apoyo de la comunidad internacional para resolver: 

(a) el problema de la seguridad, en ausencia de un ejército y de una policía preparados para hacer frente a las bandas armadas que controlan gran parte del territorio;

(b) el problema de la destrucción de la producción nacional, del medio ambiente y de la miseria infrahumana de la población. Se necesitan inversiones masivas en los servicios y en la producción. Hace falta una especie de Plan Marshall para Haití, y no una ayuda humanitaria o dádivas dispersas. Un ente estatal autónomo, formado por personas íntegras, de intachable reputación, debería garantizar la buena gestión de estos fondos;

(c) el problema de la dependencia total de Haití de las decisiones externas. En consecuencia, las potencias extranjeras deben abstenerse de intervenir en los asuntos políticos internos y, principalmente, en la elección de las autoridades, como ha sucedido a menudo hasta ahora;

(d) el apoyo a las acciones de los grupos de derechos humanos, que han hecho un trabajo valiente e impecable de monitoreo y denuncia a riesgo de sus vidas.

La mejor alternativa creo que estaría basada en un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas políticas haitianas de oposición y la sociedad civil, lo cual crearía el interlocutor válido para que cualquier futuro apoyo de la comunidad internacional en Haití pueda tener éxito y para responder a las reivindicaciones populares con un plan de desarrollo y de reconstitución de las instituciones del Estado.

El problema haitiano es un desafío para que se reflexione sobre las relaciones entre un país cautivo de un grupo de dirigentes depredadores y los centros hegemónicos internacionales, y sobre la forma de encontrar nuevas soluciones para salir de las experiencias nefastas del pasado. Hace falta una conjunción de voluntad política, imaginación, coraje y verdadero patriotismo de las nuevas generaciones.

Adenda

La cantidad de acontecimientos, de diversa índole, que se siguen sucediendo en cascada cada día hacen que un nuevo hecho cubra el otro y al fin nada se resuelva. Esto hace que los gravísimos problemas existentes de manera permanente se vayan imponiendo, y que temas como la investigación sobre el asesinato del presidente pasen a un segundo plano y finalmente sean aplazados sine die. En estas condiciones, cualquier análisis de coyuntura, día a día, puede perder actualidad. Desde el asesinato del presidente Moïse el 7 de julio pasado han ocurrido varios hechos relevantes, entre ellos un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter, el 14 de agosto.

Entre los hechos sucedidos entre la fecha en que concluimos este artículo el 4 de agosto y la fecha actual, queremos mencionar los siguientes:

(a) El hallazgo, revelado por el director de la rnddh, Pierre L’Esperance, de una importante suma de dinero en efectivo en la casa del presidente Moïse, que según otras fuentes puede ascender a varios millones de dólares. Este hecho aparece como un elemento importante entre los móviles del crimen. Hasta ahora, no se ha aclarado por qué el presidente tenía en su residencia privada tanto dinero líquido ni qué ha sido de él.

(b) La Dirección General de la Policía Judicial entregó, un mes después del asesinato, el resultado de su investigación al juez Bernard St. Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Este, luego de que varios jueces declinaran llevar adelante la instrucción del juicio por el asesinato del presidente aduciendo falta de seguridad, nombró el 9 de agosto al juez Mathieu Chanlatte. Este fue inmediatamente rechazado por la opinión pública debido a su amistad con la familia del ex-presidente Martelly y el mismo Moïse. Pocos días después, el 11 de agosto, el secretario judicial del juez Chanlatte, Ernst Lafortune, fue asesinado, según la denuncia de la Asociación de Secretarios Judiciales Haitianos (anagh, por sus siglas en francés) luego de una viva discusión con el juez de instrucción recién nombrado a propósito del caso Moïse. Ante estos hechos, el juez Chanlatte, el 13 de agosto, desiste de asumir la instrucción del caso, aduciendo falta de protección y de medios. La causa terminó a cargo del juez Gary Orélien y, en un giro imprevisto, el fiscal Bed-Ford Claude acusó al primer ministro en funciones Ariel Henry, quien destituyó al fiscal el 14 de septiembre, lo que suma más opacidad a la conspiración para cometer el magnicidio.

(c) Varios elementos de prueba del asesinato han desaparecido y la escena del crimen ha sido totalmente vandalizada.

(d) Entre tanto, el sábado 14 de agosto un terremoto golpeó tres departamentos haitianos. Según la Protección Civil, las cifras provisionales al 18 de agosto de 2021 eran: 2.189 muertos, 12.168 heridos y 332 desaparecidos, unas 53.000 edificaciones destruidas y 77.000 dañadas, entre ellas 127 escuelas, 60 iglesias,125 estructuras hospitalarias. 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, es decir 40% de la población de esta zona. A esto se agregó la tormenta tropical Grace que se abatió sobre Haití a partir de la noche del domingo 15 y durante todo el lunes 16, lo que aumentó en modo extremo los sufrimientos de la población, que tuvo que dormir a cielo abierto por no poder refugiarse en sus casas y carecer de tiendas de campaña o alguna alternativa para protegerse.

Esta nueva catástrofe natural puso en evidencia las condiciones de precariedad en las que sobrevive la mayor parte de la población haitiana y la ausencia total del Estado en todos los campos. En lo que se refiere a la construcción de viviendas, vemos los resultados en esta nueva catástrofe. 

Después del terremoto de 2010, hace ya 11 años, durante los gobiernos de Martelly y Moïse, no se tomaron las medidas necesarias para impedir la construcción de cientos de miles de viviendas anárquicas o sin permiso de construcción, y mucho menos se avanzó en la construcción masiva de viviendas económicas para personas de bajos recursos por parte del Estado.

  1. Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti, Puerto Príncipe, 2015.
Publicado enInternacional
Jueves, 28 Octubre 2021 05:38

Nicaragua, ¿una dinastía acorralada?

Nicaragua, ¿una dinastía acorralada?

Daniel Ortega y Rosario Murillo han construido un poder familiar que recuerda a los tiempos previos a la Revolución Sandinista de 1979. Decenas de opositores han sido enviados a prisión mientras el país se encamina a unas elecciones sin espacio para la oposición. Pese a las protestas de 2018 y a las sanciones internacionales, el neosandinismo orteguista sigue controlando los resortes claves del poder.

Nicaragua ha entrado de nuevo en una grave crisis política. Desde principios de junio, 30 opositores políticos han sido encarcelados o sometidos a arresto domiciliario y privados de todo contacto con el exterior. El 2 de junio, Cristiana Chamorro, la candidata más importante de la oposición –hija de Violeta Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 1990– fue puesta bajo arresto domiciliario. Igual suerte corrió su hermano menor Pedro Chamorro Barrios. Otros tres aspirantes a la Presidencia, Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y Arturo Cruz, también fueron detenidos, al igual que la destacada activista de Derechos Humanos Violeta Granera; Tamara Dávila, dirigente de la Unión Nacional Azul y Blanco (unab), la principal agrupación que reúne a diferentes fuerzas de oposición; y el influyente empresario José Adán Aguerri. Días más tarde en el mismo mes de junio, se sumaron a los detenidos un renombrado abogado constitucionalista y antiguos dirigentes sandinistas que pasaron a la oposición: José Pallais Arana, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, y las dirigentes de Unión para la Renovación Democrática (Unamos)1 Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona. Lo mismo sucedió con el chofer de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez. Luis Rivas, director general de un importante banco de inversión (banpro), fue investigado, así como también otros dirigentes de las empresas privadas más grandes de Nicaragua, vinculadas a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (funides). Todos bajo la misma acusación: «favorecer la injerencia extranjera» en el país. Contra Humberto Belli, ministro de Gobierno de Violeta Chamorro y antiguo opositor de Ortega, también se cierne una amenaza de enjuiciamiento. Los días 20 y 21 de junio fueron detenidos destacados periodistas, como Miguel Mora, candidato a la Presidencia, y Miguel Mendoza. Ese mismo día también fue detenida la diputada liberal María Fernanda Flores de Alemán, esposa del ex-presidente Arnoldo Alemán. El 7 de julio fueron encarcelados otros líderes opositores. Dos estudiantes: Max Jerez y Lesther Alemán, quien había desafiado públicamente a los Ortega Murillo. Cuatro dirigentes campesinos: Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas y Pablo Morales. A finales de julio y principios de agosto, otras personalidades de la oposición fueron sometidas a arresto domiciliario: el periodista Jaime Arellano, el candidato presidencial Noel Vidaurre y la candidata a la Vicepresidencia y ex-Miss Nicaragua Berenice Quezada, o encarceladas: el ex-ministro de Asuntos Exteriores Xavier Aguirre Sacasa, quien había intentado exiliarse en Costa Rica, y el conocido comentarista político José Antonio Peraza. Se sabe que no solo algunas de estas personas fueron maltratadas y humilladas durante sus detenciones, sino que sus condiciones de detención en la prisión de El Chipote son especialmente duras. A los acusados no se les permite ver a sus familias ni a sus abogados, quienes también son amenazados con la cárcel, al igual que sus familiares si protestan contra estas condiciones de detención. 

Y es muy probable que otras figuras de la oposición sean arrestadas en los próximos días. Algunos periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, y varios políticos prefirieron exiliarse antes de ser encarcelados. Fue también el caso del escritor y ex-presidente sandinista Sergio Ramírez, sobre quien, ya estando fuera del país, recayó una orden de detención.

El 28 de julio, el Parlamento aprobó leyes que ilegalizaban 24 ong que trabajaban en los sectores de la salud y los derechos humanos. Todas ellas están acusadas de «violar sus obligaciones legales» en cuanto a declaraciones financieras. Las verdaderas razones de las disoluciones son dos. Algunas ong no solo han criticado la falta de una política sanitaria adecuada ante la epidemia de covid, sino que también han intentado documentar las muertes y hospitalizaciones debidas a la epidemia. Otras criticaron la persecución del gobierno tanto a la sociedad civil como a las multinacionales de la oposición. Estas últimas medidas han obligado a algunas ong a reducir sus actividades y a no hacer declaraciones públicas por temor no solo a ser prohibidas, sino también a que se les confisquen sus bienes y se encarcele a sus dirigentes. Más aún, el 7 de agosto la Alianza Ciudadanos por la Libertad (acxl) se disolvió por completo. Por tanto, no podrá participar en las próximas elecciones. Finalmente, unos días más tarde, el gobierno prohibió al principal medio impreso de la oposición, La Prensa, la importación de papel para imprimir el periódico y distribuirlo a través de su red de vendedores. El periódico solo podrá circular en su versión electrónica.

No hay ninguna duda de que estas son señales del endurecimiento de un régimen triplemente acorralado, que perdió su legitimidad luego de la insurrección cívica de abril-junio de 2018. Es un régimen bajo la amenaza de graves sanciones internacionales y que, además, en los próximos meses se enfrenta a un desafío crucial: las elecciones presidenciales de noviembre.

Genealogía de una crisis política

Para comprender mejor el presente, es preciso recordar a grandes rasgos lo ocurrido desde la insurrección de 2018 cuando, entre abril y junio, amplios sectores ciudadanos se sublevaron contra el régimen de Ortega y Murillo. Durante ese lapso el país se paralizó por las protestas, que no se veían desde 1978 durante la lucha contra Anastasio Somoza. Barrios y ciudades se llenaron de barricadas, que hasta se autoproclamaron «territorios libres del dictador». Los manifestantes bloquearon las principales carreteras del país. Al comienzo, denunciaban la inacción del gobierno ante los incendios forestales que devastaban una reserva natural sobre la costa atlántica. Muy pronto, protestaban también contra la represión frente a sus primeras manifestaciones y contra la reforma de la seguridad social. La brutalidad de la represión de estas manifestaciones pacíficas, con decenas de personas víctimas de disparos deliberadamente letales de la Policía, terminó uniendo a diferentes sectores de la oposición: empresariado, Iglesia católica, campesinos desposeídos por el proyecto del canal transoceánico, estudiantes y juventud urbana, prensa independiente y movimientos feministas. No solo denunciaban la corrupción y el autoritarismo del régimen. También reclamaban un diálogo nacional, el fin de la represión y una investigación de los crímenes cometidos por la Policía. Coincidían en que solo la realización de elecciones anticipadas pondría fin a la crisis de legitimidad del régimen. 

Resulta poco decir que este levantamiento popular fue reprimido con enorme brutalidad: en apenas tres meses, hubo 328 muertos y miles de heridos, centenares de personas apresadas, la mayoría torturadas y agredidas por los policías, y más de 100.000 exiliados. Esto, en un país de 6,46 millones de habitantes. A finales de 2018, varios directores de prensa y medios de comunicación independientes fueron arrestados y sus medios, cerrados2. Asimismo, las ong consideradas muy críticas fueron sencillamente proscritas y sus bienes, confiscados. Las presiones internacionales de la Organización de Estados Americanos (oea) y de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y, sobre todo, la decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar los bienes de altos funcionarios sandinistas, entre ellos Murillo y el secretario personal de Ortega, obligaron al gobierno a abrir unas mínimas negociaciones en 2019, que lo llevaron a promulgar una ley de amnistía en junio de 2019. Esta permitió la liberación de la mayoría de los presos políticos, con excepción de un centenar, aún detenido por «delitos de derecho común», según versiones oficiales.

No obstante, tal como lo comprueban varias leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2020, Ortega jamás mostró un deseo de poner fin a la política de terror que desplegó contra la oposición y mucho menos de permitir un retorno al libre juego de la democracia en Nicaragua. Estas nuevas leyes otorgaron poderes inquisitoriales a la Policía y a la Justicia. La detención preventiva, que no podía sobrepasar las 48 horas, hoy puede durar 90 días. Estas leyes crearon, además, los delitos de «incitación a la injerencia extranjera», «crimen de odio» y «ciberdelito», que permiten investigar y condenar con severas penas de prisión a todos aquellos que, por ejemplo, soliciten la visita de observadores internacionales para supervisar el desarrollo de las elecciones, o que denuncien las acciones del gobierno en redes sociales. Cabe agregar que la ola de arrestos apunta claramente a romper cualquier iniciativa de movilización social para exigir elecciones competitivas en las cuales la oposición tenga la posibilidad de ganar, tal como sucedió en 1990.

Hoy resulta esencial exigir dos cosas, desde el punto de vista democrático. Los prisioneros de opinión detenidos desde comienzos de junio y otros arrestados desde 2018 o antes3 deben ser liberados. El gobierno debe además comprometerse a permitir la realización de elecciones realmente competitivas, en las que los opositores tengan la posibilidad de hacer campaña sin estar sometidos a las presiones y acciones violentas de los sandinistas. Estas elecciones deberán ser organizadas por entidades independientes o por algún organismo internacional. Es preciso comprender además dos elementos primordiales para apoyar la lucha valerosa del pueblo nicaragüense para recuperar su libertad: (a) el tipo de poder que ejerce la pareja Ortega-Murillo y sus objetivos, y (b) la naturaleza de los múltiples segmentos de la oposición y la pertinencia de su estrategia.

La dinastía Ortega-Murillo

Numerosos observadores sostienen que la pareja presidencial tiene un solo objetivo: instituir una forma de patrimonialismo familiar siguiendo las mismas tendencias y prácticas de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua de 1937 a 1979. Ortega y Murillo habrían, además, abandonado la ideología del Frente Sandinista y las promesas de redistribución de la riqueza y de progreso social promovidas durante la década de 1980. Su objetivo se centró en la recuperación del poder, que Ortega logró en 2006, para desde entonces nunca volver a abandonarlo. Para ello, sostienen Salvador Martí i Puig y Mateo Jarquín, «desmantelaron las instituciones democráticas del país (…) y prefirieron transformar el fsln en una fuerza de derecha, antes que permitir el retorno al poder de ‘la derecha’». Durante más de una década, supieron «construir un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de sus antiguos enemigos ‘contrarrevolucionarios’ de los años 1980»4

Resulta difícil discrepar con las observaciones de Martí i Puig y Jarquín. Desde 2006, Ortega y Murillo han instaurado metódicamente un poder dinástico, pervirtiendo las instituciones democráticas al someterlas al Poder Ejecutivo. Tal como lo demuestran todas las elecciones organizadas desde 2008, Ortega decidió no volver a aceptar ninguna puesta en juego del poder que pudiese obligarlo a buscar acuerdos con alcaldes o diputados de la oposición, o incluso a abandonar la Presidencia de la República. Durante cada una de estas elecciones5, el Consejo Supremo Electoral organizó metódicamente el fraude a favor del fsln e ignoró sistemáticamente tanto las protestas de la oposición como los llamados al orden de la oea. Las imágenes, a menudo grotescas, de la familia Ortega-Murillo (la pareja, sus ocho hijos y sus nietos) puesta en escena en diferentes ceremonias públicas y los roles claves atribuidos a cada uno de sus hijos al frente de distintos canales de televisión, de agencias de publicidad y en el mundo empresarial, son pruebas de su deseo de instituir un poder dinástico. 

A esta tesis del proyecto dinástico cabe sumar el rol, cada vez más importante, de la vicepresidenta Murillo, luego de haber administrado, durante la presidencia anterior (2011-2016), la importante ayuda económica de Venezuela6 y de su omnipresencia en el medio de comunicación sandinista El 19. Desde allí, Murillo dicta la agenda de las movilizaciones populares, que el gobierno convoca de modo iterativo. Las intervenciones ditirámbicas que Ortega le dedica son pruebas evidentes de las formas «familiares» de ese poder. Ella es «la camarada eternamente leal». Y Ortega tiene toda la razón sobre ello: su lealtad está fuera de duda. Murillo la demostró, por primera vez, en un momento crucial, cuando Zoilamérica, su hija mayor, nacida de una primera unión, osó denunciar en 1998 las violaciones repetidas de su padrastro y padre adoptivo, Daniel Ortega. Murillo calificó las declaraciones de su propia hija como calumnias y mentiras, y luego llamó a sus demás hijos a unir fuerzas en contra de Zoilamérica. Esta primera demostración de lealtad fue, además, el punto de partida de su carrera política en primer plano al lado de su marido. Antes de eso, Murillo significaba poco o nada en el escenario político nicaragüense. Y esta lealtad no ha disminuido. Por el contrario, se reafirmó en 2018, cuando supervisó personalmente la represión de la insurrección cívica, dando una instrucción clara a la Policía y los grupos de choque del fsln: «¡Vamos con todo!».

Los regímenes comunistas no han estado exentos de estas patologías dinásticas. Cabe pensar en Mao Zedong y su cuarta esposa durante la Revolución Cultural, Jian Qing. En Kim Il-sung entregando el poder a su hijo Kim Jong-un en Corea del Norte o, más cerca de Nicaragua, a los hermanos Castro en Cuba. Finalmente, en la Nicaragua de la década de 1980, con el peso decisivo de Daniel y Humberto Ortega en la Dirección Nacional del fsln hasta que el primero, luego de asumir la Presidencia de la República, terminó enemistándose con su hermano.

Lo que interesa comprender es cómo, tras el retorno de Ortega al poder en 2006, él y su esposa han retomado metódicamente el control de todos los poderes, pero no al estilo de los caudillos latinoamericanos del siglo xix y comienzos del xx, ni tampoco al de los militares de las décadas de 1960-1980. Aquellos proclamaban que sus dictaduras serían pasajeras. Aquí sucede lo contrario: el horizonte vislumbrado es el de un sometimiento a un par de «egócratas»7 que están allí para siempre. No cabe la idea de perder de nuevo el poder como en 1990, cuando según el ex-comandante sandinista Henry Ruiz, hoy opositor a Ortega, si hubieran sabido que podrían perder, los sandinistas habrían imaginado un plan para hacer fraude en las elecciones8. Los Ortega-Murillo pretenden encarnar al pueblo nicaragüense, al cual ofrecen una nueva dignidad. Buscan también controlar la vida social mediante el fsln y sus organizaciones de masas. El Estado y el Partido son, de hecho, una unidad. 

El presidente y la vicepresidenta hacen y deshacen carreras. Si Ortega prefiere la sombra, Murillo es una figura omnipresente, especialmente en los medios de comunicación bajo control de sus hijos y en el medio sandinista en línea El 19. Allí, ella aparece a cada instante dando instrucciones sobre cualquier tema. Los nicaragüenses, con cierta sorna, señalan que es experta en todo, incluso en meteorología. No obstante, el lado barroco y estridente de sus intervenciones no debe engañar. Sus caprichos, sus joyas abundantes, su vestimenta o, incluso, sus «árboles de la vida» o chayopalos, las gigantescas estructuras metálicas que bordean las grandes rotondas y las principales avenidas de la capital, así como sus llamados a oraciones colectivas para hacer frente a la pandemia de covid-199, son señales de un deseo de imponer su sello en todos los niveles, ya sea de protocolos o de organización del espacio público. Es, ante todo, una mujer que sabe calcular y gobernar, asegurándose la lealtad de quienes ella promueve gracias a las múltiples prebendas a las que les abre acceso. 

Los «gracias a Dios», «Dios mediante» y «primero Dios» que salpican sus intervenciones públicas no engañan a nadie fuera de su pequeño círculo de simpatizantes. No se trata de expresiones de devoción a un Dios todopoderoso. Son más bien símbolos de la creencia en su destino providencial y en el de su marido. Son el emblema y la encarnación de la «Nueva Nicaragua, sandinista, cristiana, solidaria», adjetivos que no podrían disimular el retorno hacia una suerte de escatología totalitaria. Sus diatribas contra los opositores de 2018, a quienes trató de «seres minúsculos» y «seres diabólicos que jamás podrán gobernar Nicaragua», son muy reveladoras de su concepción de la política. Se encuentra allí, bajo un lenguaje tomado del cristianismo, la vieja separación totalitaria entre el Pueblo y sus enemigos predominante durante la década de 1980. 

Murillo y Ortega tampoco se privan de revivir, literalmente, al gusto del día, la vieja polarización entre sandinistas y contras para estigmatizar a sus oponentes como «marionetas del imperialismo». En su elección como presidente en 2006, Ortega declaró que era el momento de la «segunda fase de la revolución». El paréntesis de su derrota en 1990 fue borrado, como también la democracia, a menudo corrupta, que Nicaragua conoció de 1990 a 2006. Según sus esquemas de pensamiento de la década de 1980, Ortega y Murillo conciben a las múltiples figuras de la oposición como enemigas del Pueblo, creadas casi ex nihilo por el imperialismo estadounidense. El nombre dado a las acciones policiales ejecutadas a comienzos de junio, «Operación Danto», también es un modo de revivir el imaginario de los años de la guerra civil: Danto es el seudónimo de Germán Pomares, uno de los líderes de la guerrilla sandinista, asesinado poco antes de la caída de Anastasio Somoza en 1979. Recibió este nombre una de las más grandes ofensivas contra la Contra durante los años 1980. La última prueba de la omnipresencia del imaginario del Pueblo Uno encabezado por su líder en la lucha contra los «enemigos del Pueblo» es el discurso pronunciado por Ortega en el acto del 19 de julio de 2021 y luego, en los primeros días de agosto, cuando fue nominado por unanimidad por el congreso del fsln como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. El mensaje fue nítido. La crisis que atraviesa Nicaragua se debe a las acciones del «Imperio» (Estados Unidos) y las «potencias» (Europa), que quieren «someter» a Nicaragua como quieren hacer con la Federación Rusa y la República Popular China. Las decenas de detenidos, como las decenas de miles de opositores en 2018, solo serían «terroristas financiados por los millones de dólares del Imperio». Pero estos terroristas no tendrían ninguna posibilidad de ganar. No solo «¡El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo armado jamás será aplastado!», sino que «Aquí tenemos un ejército para resguardar la soberanía nacional y contribuir a la seguridad (…) y una policía de lleno comprometida con la seguridad ciudadana».

En su primer discurso de campaña electoral, Ortega utilizó las mismas metáforas, convirtiendo a los adversarios en traidores a la patria. Ciertos disensos no tienen razón de ser y cualquier apelación al apoyo extranjero es solo una señal de traición. Por ello, estos opositores no pueden reclamar ninguna indulgencia. «Es normal que en las familias discrepemos, pero que en la familia salga alguien a buscar al yanqui y al europeo para que vengan a agredir, a poner el hierro, el yugo a su familia en su tierra... ese, desde ese momento, deja de ser nicaragüense y se convierte en vendepatria». En cada una de estas ocasiones, Ortega se hizo pasar por un autócrata, encarnando a la vez al pueblo en lucha contra sus enemigos externos, pero también un principio de reconocimiento de lo legítimo y lo ilegítimo.

¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar?

Ortega y Murillo no han roto del todo con su proyecto de transformación social de los años 1980. Cabe recordar que casi de inmediato, ya en el año 1980, se creó una burocracia prevaricadora cuyas prebendas y favoritismos lograron muy pronto vaciar de sentido las proclamas igualitarias de la Revolución Sandinista. Los hermanos Ortega y Tomás Borge estuvieron entre los primeros dirigentes en servirse generosamente de ello, al igual que otros múltiples prevaricadores de menor envergadura. Y esto, en todos los niveles del aparato del Partido-Estado sandinista. Hubo sin duda algún tipo de movilidad social, pero fueron muy pocos los líderes de costumbres franciscanas como Henry Ruiz u otros menos conocidos. 

De cierto modo, el clientelismo y la corrupción que caracterizan a Nicaragua desde 2006 han permitido un tipo similar de movilidad. Hombres y mujeres de los orígenes más humildes han llegado a ocupar puestos importantes en la administración estatal y en las nuevas organizaciones de masas. Muchos lograron aprovechar sus contactos o se beneficiaron, durante un tiempo, de la ayuda venezolana. Además, los empresarios, especialmente aquellos ligados al mundo rural y que exportan productos a Venezuela, lograron hacer excelentes negocios.

La verdadera novedad del momento tiene que ver con la manera en que Ortega y Murillo se confrontan con el contexto internacional. Durante la década de 1980 los sandinistas emplearon con astucia el lenguaje de la democracia. Hoy, el matrimonio presidencial actúa sin esconder para nada sus habitus totalitarios. Sus deseos se convierten en ley. Su confrontación con la oposición es frontal. Quien no se alinea incondicionalmente se convierte en enemigo potencial. El desprecio por los derechos humanos, así como por los principios democráticos, y el desdén absoluto por la opinión pública internacional son difundidos de manera deliberada. Se puede afirmar que hay algo de actitud suicida, pero su estilo resulta muy similar a los modos de actuar y de expresarse de Vladímir Putin o de Xi Jinping.

En este contexto, ¿qué peso tiene la oposición? Es poco decir que se encuentra en un momento difícil. La represión de que ha sido objeto desde 2018 ha fragilizado y roto la voluntad de muchos manifestantes. Algunos no han tenido más opción que huir al exterior para escapar de las persecuciones de las que han sido víctimas. Otros han perseverado, con una rara valentía y una abnegación admirable. Se trata tanto de militantes políticos (sandinistas renovadores de Unamos, miembros de los diferentes partidos liberales, conservadores o demócratas cristianos), como de periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes de ong, activistas y referentes religiosos. Aunque recientemente no han intentado manifestarse de nuevo en las calles debido al costo enorme de tales acciones, nada asegura que la rabia que muchos de ellos experimentan no los empuje a jugarse el todo por el todo. Si bien una cosa es expresar el descontento en redes sociales y otra muy distinta salir a las calles, las ideas que circulan en las redes muestran la amplitud del rechazo al poder. El fsln y luego la pareja Ortega-Murillo contaban con un núcleo de simpatizantes de casi 40% en la década de 198010, pero este disminuyó a menos de un tercio. Y eso hasta el presente. En caso de elecciones libres, la oposición tendría muchas posibilidades de ganar11.

Un grupo social importante en términos de influencia, el mundo empresarial, mostró una actitud más ambigua antes, durante, después de los hechos de 2018 y hasta hoy. Los empresarios lograron adaptarse a la destrucción metódica de las instituciones democráticas de los Ortega-Murillo. Pagaban muy pocos impuestos, y las prebendas tanto a la familia gobernante como a sus aliados con el fin de manejar tranquilamente sus negocios les parecían un mal menor en comparación con una posible reforma fiscal o con la existencia de movimientos sociales y sindicales autónomos en sus empresas. Además, habían asegurado, especialmente los exportadores agrícolas, excelentes negocios con Venezuela, antes de que este país entrara en crisis. Muchos empresarios acariciaron la idea de que si los Ortega-Murillo se volviesen «razonables», un nuevo pacto con ellos sería la mejor solución. ¡Poco importan las libertades públicas si los negocios marchan! Pero la recesión económica que atraviesa el país desde 2018, acentuada por la pandemia, y las sanciones estadounidenses contra funcionarios sandinistas les han complicado considerablemente la tarea. Los activos de ciertos funcionarios sandinistas en eeuu han sido congelados y ninguna institución financiera internacional puede hacer negocios con ellos. Por haber respetado esta regla, varios empresarios han sido procesados por la Justicia en nombre de la «defensa de la soberanía nacional».

La oposición ha quedado atrapada también en una querella de egos y hasta el momento no logra ponerse de acuerdo sobre una candidatura susceptible de reunir al mayor número de nicaragüenses para las próximas elecciones presidenciales. La mejor prueba de ello es que hay cinco candidatos para esas elecciones que se encuentran en prisión o bajo arresto domiciliario. La paradoja está en que esta ola represiva ha terminado por unir a personas anteriormente rivales, y en que el empresariado empieza a entender que el tiempo de los buenos negocios ha terminado.

Algunos observadores12 argumentan que, a partir de las grandes manifestaciones de 2018, los opositores de todas las tendencias confiaron demasiado en que las sanciones internacionales tumbarían a la pareja gobernante. Resulta difícil comprender esa aseveración sin adoptar la lógica Ortega-Murillo, que ignora deliberadamente los compromisos de Nicaragua en materia de tratados internacionales, especialmente la carta de la oea y sus considerandos sobre el respeto a las normas democráticas. La oposición, por su parte, exige que se apliquen sanciones contra los dirigentes nicaragüenses. Sin embargo, el meollo de estas sanciones está en si son eficaces y en qué costos implican para los nicaragüenses. Por ejemplo, la propuesta de algunos congresistas estadounidenses de poner en cuestión los tratados de libre comercio con Nicaragua no afectaría mucho a los dirigentes sandinistas, pero sí tendría terribles consecuencias en materia de empleo para los nicaragüenses más pobres. Precisamente por esto, detrás de su aparente realismo, tales medidas corren el riesgo de ser ineficaces o de producir efectos perversos. 

Por su parte, las sanciones decretadas por eeuu, Canadá y Europa contra los líderes del régimen (la familia Ortega-Murillo, sus secuaces y testaferros) sí son muy eficaces. Estas personas cuentan con toda suerte de propiedades en eeuu, pero también en América Latina y Europa. El congelamiento de sus activos y su posible confiscación, la prohibición de realizar transacciones con bancos internacionales y la imposibilidad de viajar en aerolíneas internacionales son presiones eficaces contra estas figuras y sus entornos. Más allá de su retórica antiimperialista, todos, y más aún sus familias, son adeptos del American way of life, ávidos consumistas, confiados en que, en caso de revés de fortuna, saldrán de Nicaragua a disfrutar de sus bienes. Pero ahora las cosas les son mucho más complicadas. Cabe esperar que otros Estados, en América Latina y en Europa, adopten la misma política en la materia. 

La presión de la oea tendría también cierta eficacia. Las primeras medidas adoptadas, la condena de 26 países latinoamericanos a las detenciones arbitrarias, el llamado a la liberación inmediata y la creación de una comisión para encontrar una solución a la crisis nicaragüense, son pronunciamientos más que bienvenidos. Otra iniciativa que puede pesar en la balanza a favor de la oposición sería que los nicaragüenses demandaran a los altos mandos sandinistas ante tribunales internacionales y exigieran que sean juzgados por los delitos cometidos en 2018. 

En las semanas y meses que vienen, los nicaragüenses tienen una gran necesidad del apoyo de la comunidad internacional en su pulseada con la pareja Ortega-Murillo, cuyas prácticas se encuentran a medio camino entre la revitalización del totalitarismo y las formas clásicas de la tiranía latinoamericana que Mario Vargas Llosa describió tan bien en La fiesta del Chivo.

Nota: primeras versiones de este artículo fueron publicadas en Letras Libres y Cien Días.
Traducción: José Darío Rodríguez.

  • 1.

Unión para la Renovación Democrática es el nuevo nombre del antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

  • 2.

100% Noticias, las ONG Popol Na, Cenidh, CISAS, Hagamos Democracia, IEEPP, IPADE, Instituto de Liderazgo de las Segovias.

  • 3.

Es el caso de Santos Sebastián Flores, arrestado en junio de 2013 y condenado a 15 años de prisión por haber denunciado los abusos sexuales de Ortega en contra de su hermana, Elvia Junieth Flores Castillo (nacida en 1990). Ortega habría abusado de Junieth desde que esta tenía 15 años. De estas violaciones nacieron dos hijas en 2011 y 2015. En noviembre de 2017, Junieth decidió denunciar los abusos y las injusticias infligidas a su hermano, a su familia y a ella misma mediante una llamada telefónica a medios de comunicación de Miami. Indicó estar secuestrada, vigilada en permanencia y sin derecho a salir del país. En enero de 2018, Santos Sebastián Flores permanecía internado en la cárcel La Modelo, galería 300, de prisioneros de alto riesgo. Se calcula que hay más de 120 presos políticos.

  • 4.
  1. Martí i Puig y M. Jarquín: «El precio de la perpetuación de Daniel Ortega» en Nueva Sociedad edición digital, 6/2021, www.nuso.org. Esta percepción es común entre muchos observadores de la realidad política nicaragüense.
  • 5.

Municipales de 2008, generales de 2011, municipales de 2012, generales de 2016 y municipales de 2017.

  • 6.

Estos fondos fueron administrados de modo discrecional por Murillo y aprovechados para financiar una política de asistencia personal a todos quienes aceptasen convertirse en miembros de las nuevas organizaciones de masas del FSLN.

  • 7.

Retomando el término de Aleksandr Solzhenitsyn para evocar a Iósif Stalin.

  • 8.

Entrevista en el documental Nicaragua, une révolution confisquée (G. Bataillon y Clara Ott, Calisto Productions, 2013).

  • 9.

Cabe destacar que, más allá de sus delirantes declaraciones, la vicepresidenta confinó cuidadosamente a toda su familia en una zona policial cerrada y extremadamente protegida durante la primera oleada de la epidemia.

  • 10.

En las elecciones de 1984, cuando el fsln obtuvo 67% de los votos, el número real de sufragios era mucho menor. A pesar de las presiones ejercidas por el Frente, 10% de las personas en edad de inscribirse en las listas electorales no lo hicieron, 24% de los inscriptos se abstuvieron y 26% emitieron votos nulos. Por lo tanto, ese 67% de votos a favor del fsln representaba, a lo sumo, 50% de los votos de electores potenciales o 40% de los votos emitidos.

  • 11.

Hoy, la ley votada para permitir la reelección de Ortega estipula que, si un candidato obtiene más de 35% de los sufragios y supera a su primer contendor por un margen de cinco puntos, resulta elegido en primera vuelta.

  • 12.
  1. Martí i Puig y M. Jarquín insisten notablemente sobre este punto. V. ob. cit.
Publicado enInternacional
Caso Diego Felipe Becerra: Condenan a 22 años de prisión a coronel de la Policía por manipulación de la escena del crimen

El excomandante tendrá que responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas

Este lunes 25 de octubre, un juez condenó al coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la Estación de Policía de Suba, a 22 años de prisión por su responsabilidad en la manipulación de la escena del crimen para desviar la investigación que se adelantaba por la muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo, el 19 de agosto de 2011.

El excomandante tendrá que responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas. De acuerdo con la investigación, Arévalo llegó al lugar de los hechos a la medianoche y habló durante varios minutos con los agentes de la Policía que estaban en el sector.

“Supo de la obtención del arma y la escenificación”, precisó la jueza, quien señaló además que en base a las declaraciones de varios testigos, desde el primer minuto, Arévalo sabía de la estrategia de los policías para inculpar a Becerra.

De igual forma, el teniente Rosember Madrid Orozco recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, quien ya había sido condenado a 37 años de prisión por el homicidio del joven, fue sentenciado a 22 años. El abogado Héctor Hernando Ruiz también recibió una pena de 20 años.

Dentro del proceso judicial quedaron absueltos de sus cargos los coroneles José Javier Vivas y John Harbey Peña. Esto porque, según la juez, la Fiscalía General de la Nación no encontró pruebas de que los uniformados tuvieran conocimiento sobre la intención de plantar un arma para alterar la escena del crimen.

La juez también absolvió del delito de favorecimiento de homicidio a los civiles Jorge Narváez, el conductor del bus que atestiguó que Becerra subió para atracarlo, algunos instantes antes del supuesto cruce de disparos con la Policía; y a Nubia Mahecha, la esposa del mencionado.

Cabe recordar que en 2017, el subintendente Nelson Giovanni Tovar fue condenado a ocho años de prisión, en un preacuerdo con la Fiscalía, por ser quien puso el arma de fuego junto al cuerpo sin vida de Diego Becerra, al norte de Bogotá. A este se le permitió cumplir su sentencia bajo casa por cárcel, tras haber colaborado con la justicia. Los delitos por los que responde son fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración de material probatorio, favorecimiento, porte ilegal de armas de fuego y falsa denuncia.

A estos sucesos también se suma Wilmer Alarcón, quien le disparó al joven grafitero, y cuyo procedimiento de captura fue legalizado en Yopal, Casanare, a finales de agosto, por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Gaula. Este fue trasladado en su momento a la cárcel La Picota, de Bogotá, donde cumplirá su condena pendiente a 37 años, 6 meses y 1 día. Cabe destacar que esta pena había sido impuesta en agosto de 2016, cinco años después del homicidio

Diego Felipe Becerra rechazó una salida a cine con sus papás para ir con sus amigos a pintar un grafiti. En esas estaba la noche del 19 de agosto de 2011, bajo el puente de la calle 116 con avenida Boyacá, dejando grabada la imagen del Gato Félix, cuando fueron sorprendidos por policías.

Los jóvenes corrieron porque, como era común, los uniformados los golpeaban y les quitaban las pinturas. Pero el patrullero, entonces adscrito al CAI Andes, Wilmer Alarcón alcanzó a Diego Felipe y le disparó. El menor de entonces 16 años fue llevado a la Clínica Shaio con un disparo en el área lumbar de la espalda y un orificio en un hombro que le causaron la muerte, después de llegar al centro asistencial.

Su padre llegó a la clínica, conoció el fallecimiento, y un uniformado le dijo que había encontrado un arma. En la escena del crimen vio a los policías en una dudosa conversación y decidió alertar que había una alteración de los hechos, pues su hijo estaba pintando un grafiti, no era un criminal. A partir de ese momento, se empezó a ‘desenmascarar’ el entramado que buscaba inculpar al menor de edad.

25 de Octubre de 2021

Publicado enColombia
La iniciativa “Deutsche Wohnen & Co enteignen” juntó más de 350.000 firmas.. Imagen: DPA

Una ciudad con 85% de inquilinos

Trabajando para desmitificar las palabras "expropiación" y "socialización", buscan garantizar la vivienda para casi medio millón de personas afectadas por los aumentos de alquiler y las maniobras con las que las grandes inmobiliarias golpean los bolsillos de los inquilinos.

 

Más de un millón de berlineses votó “sí” en el referéndum para expropiar 240 mil viviendas a las grandes inmobiliarias. Desde entonces Deutsche wohnen & co enteignen (Expropiar a Deutsche wohnen y compañía), la agrupación que impulsó el referéndum no vinculante, se mantiene en las calles con movilizaciones hacia las sedes de los partidos que integrarían la nueva coalición gobernante en Berlín: socialdemócratas (SPD) que obtuvieron el 21,4 por ciento de los votos, Los Verdes con 18,9 por ciento y Die Linke (izquierda) con 14 por ciento. “Nuestra tarea más importante consiste en que la próxima coalición que gobierne Berlín incluya la realización de las expropiaciones en su acuerdo de coalición”, afirma Camilo Almendrales, integrante de la agrupación de inquilinos.

Los tres partidos gobiernan Berlín desde 2016. Sin embargo, esta vez deberán acordar un compromiso para tratar el referéndum que obtuvo el respaldo del 57,6 por ciento de la población berlinesa. En los últimos días la llamada coalición rojo-verde-rojo presentó un “documento exploratorio” en el que afirma que el nuevo gobierno respetará el resultado del referéndum y nombrará una comisión de expertos para examinar las “posibilidades, vías y condiciones” de su aplicación. La comisión también estará integrada por la iniciativa Deutsche wohnen & co enteignen. Por su parte, Klaus Lederer, el principal candidato de Die Linke, aseguró que su partido es el único garante fiable de que se trabajará en la aplicación del referéndum, según consigna el diario Berliner Zeitung. “No se trata de si vamos a aplicar el referéndum, sino de cómo”, escribió Lederer en su cuenta de Twitter.

Sí a la expropiación

Los habitantes de Berlín, una ciudad donde el 85 por ciento de las personas son inquilinas, votaron masivamente a favor de la expropiación de las grandes inmobiliarias que tengan más de 3.000 departamentos (como Deutsche wohnen, Vonovia, Akelius, Covivio, Heimstaden, Pears Global, TAG Immobilien, Grand City Properties, ADO Properties). Camilo Almendrales, es colombiano y miembro de la agrupación Deutsche Wohnen und Co enteignen. “Estamos contentos del resultado en las pasadas elecciones, pero somos conscientes de que nos queda un mundo por delante para cantar victoria”, afirmó a Página/12. Respaldados por dos artículos de la Ley Fundamental (Constitución) alemana más de un millón de personas dijo sí a la expropiación y socialización de cientos de miles de viviendas. El artículo 14 establece que “la expropiación está permitida por razones de bien común sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización”. Mientras que el artículo 15 determina que “con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva”.

En la última década la situación de vivienda para los arrendatarios en Berlín cambió drásticamente. “En los últimos 10 años el precio de los contratos nuevos se ha duplicado. Los salarios en Berlín no se han duplicado y es una situación muy difícil para la gente”, cuenta una inquilina de la Deutsche wohnen que pidió que se reservara su nombre. La inquilina empezó a militar en la agrupación Deutsche wohnen & co enteignen desde su inicio en 2018, aunque ya en 2017 formaba parte del movimiento de inquilinos. “Es un enorme movimiento de gente que está realmente desesperada, gente que vivía desde hace años en su departamento y de repente le aumentan el alquiler de una forma tal que ya no puede pagarlo”, contó en diálogo con Página/12. “El problema es que no vas a encontrar en este momento un departamento libre, son muy pocos los que están disponibles”, añadió. 

En este sentido, Almendrales también se refirió a las dificultades de los grupos vulnerables al momento de alquilar una vivienda. “La escalada de precios de alquiler afecta en sobremedida a grupos poblacionales socialmente y económicamente marginados: trabajadorxs precarizadxs, mujeres, migrantes, refugiados, personas con discapacidad y a la población LGBTIQA+”, explica.

Trampas del mundo inmobiliario

Además del aumento del alquiler para contratos nuevos las inmobiliarias se valen de otros mecanismos para aumentar su rédito. “No hacen diferencia entre los dos conceptos reparación/mantenimiento y modernización”, explica la inquilina. La ley indica que cuando se trata de una reparación o mantenimiento del edificio es el propietario quien debe pagar y cuando es una modernización la misma es a cargo del inquilino que lo verá reflejado en su alquiler. Una de las maniobras de la inmobiliaria más grande de la ciudad, Deutsche wohnen, propietarios de 115 mil viviendas, es comprar grandes bloques de edificios que requieren trabajos de adaptación a las nuevas condiciones que exige la legislación. “Ellos continúan dejando al abandono el edificio unos 10, 15 o 20 años más hasta que se encuentre en un estado deplorable y dicen bueno, ahora vamos a modernizar y tratan de meterle a los inquilinos los trabajos que en realidad serían de reparación”, dijo la inquilina.

Algunos inquilinos han llevado a juicio los reclamos para diferenciar mantenimiento de modernización. “Son pocas las personas que se sienten capaces de llevar esta lucha y además no sabes si vas a ganar y encima te caen los gastos del juicio. Todo esto ha contribuido a la enorme rabia de los inquilinos berlineses”, señaló la inquilina. Ante el desamparo los abogados de los inquilinos decidieron intentar aplicar dos artículos esenciales de la Ley Fundamental alemana. “El artículo 14 habla de expropiación, suena terrible, todo mundo dice ‘ah la vuelta al comunismo’, pero es algo que se hace a menudo cuando se construye una autopista o una carretera y la gente no quiere vender su parcela, se la expropia”, explica. Mientras que el artículo 15 sobre la socialización se aplicaría por primera vez en la historia de Alemania. “Jamás un tribunal alemán ha visto esa causa, es realmente terreno virgen en la jurisdicción, no podemos saber lo que va a decir nuestra Corte Constitucional Suprema hasta que no lo hayamos intentado”.

Viviendas accesibles

Por otra parte, la indemnización de las inmobiliarias será un tema central en la discusión por la expropiación de 240 mil viviendas. "Estos señores de las inmobiliarias afectadas sueñan con que se les indemnice incluso por las ganancias futuras que esperaban tener", explica la inquilina. "Han llegado a una suma de 36 mil millones de euros y Berlín está muy endeudada", añade. La estrepitosa suma busca desalentar a los berlineses. Los menos convencidos argumentan que una mejor solución sería tomar ese dinero y construir nuevos departamentos porque la expropiación no prevé la construcción de nuevos edificios. "Cuando me dicen esto yo digo, sí señor, tiene razón, la expropiación no crea ni un sólo departamento nuevo, como tampoco resuelve el conflicto en medio oriente porque no es su propósito. El propósito de la expropiación es mantener los alquileres que todavía son accesibles para que no sigan aumentando", dice.

La agrupación busca negociar una indemnización muy inferior a la planteada por las grandes inmobiliarias. "Entre 8 y 13 mil millones de euros y se pagará a 40 años", afirma la inquilina. Además tienen previsto la creación de una entidad de derecho público, una forma de organización de empresa sin fines de lucro. "Ya no se paga a los accionistas (de las grandes inmobiliarias) sino que ese dinero entra en el fondo de esta entidad de derecho público y se usa para ir pagando la deuda de la indemnización", afirma. La entidad que se creará también ofrecerá trabajo a los empleados de las inmobiliarias. "Vamos a ir pagando la indemnización a 40 años de plazo, dando trabajo a la gente que tiene que hacerse cargo de la gestión de estas viviendas y en la medida en que la carga del crédito va a ir bajando entonces esta entidad de derecho público va a disponer de más recursos para poder construir edificios nuevos". De esta forma el presupuesto de Berlín no cargará con el costo de la indemnización.

Hacia un referéndum vinculante

Este año, mientras avanzaba la campaña para llevar adelante el referéndum de resolución, la agrupación Deutsche Wohnen und co enteignen logró redactar un proyecto de ley que está publicado en su sitio web. “Vamos a hacer un referéndum de ley y si lo ganamos se acabó la cosa”, contó la inquilina. Aunque deberán esperar a que se conforme el nuevo gobierno. “Contamos con que la clase política no se atreva a ignorar el mandato democrático que le dio la población berlinesa al apoyar el referendo", afirmó la inquilina, que además subraya la importancia de poner fin a la especulación. "Si alguien tiene 10 edificios, 10 casas, bueno eso es el capitalismo y la propiedad privada y nosotros no tocamos eso. Sólo queremos poner fin a la especulación y eso se puede lograr si vamos por los más grandes que tienen un cuarto del total del departamentos existentes en Berlín".

23 de octubre de 2021

Publicado enInternacional
Sábado, 23 Octubre 2021 06:06

El Salvador: un autoritarismo millennial

El Salvador: un autoritarismo millennial

Dos años y medio después de la elección de Nayib Bukele, la institucionalidad de El Salvador ha sido puesta a prueba de manera creciente sin que las crisis desatadas por el nuevo mandatario parezcan mermar su popularidad. Es que después de cuatro décadas de reino de los partidos nacidos de la guerra civil, el presidente apareció no solamente como la promesa de una renovación del escenario político, sino también como el «brazo vengador» que liquidaría el «viejo mundo» político. 

Si Nayib Bukele encarnó una promesa de renovación política, fue sin duda por la imagen de outsider que vistió a lo largo de su campaña. Sin embargo, esta aura no ha sido más que el producto de una estrategia de marketing político y el resultado de los errores de valoración de su antiguo partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln). De hecho, cuando Bukele postuló su candidatura a la Presidencia, no era ningún novato de la política. Criado en una acomodada familia de comerciantes, pasó brevemente por la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que abandonó con tan solo 18 años de edad para hacerse cargo de los negocios familiares. Después de haber encabezado con éxito una empresa de import/export se lanzó a la publicidad, actividad que fue su puerta de entrada en la política. Tras varios años como responsable de las campañas del fmln, Bukele conquistó la Alcaldía Municipal de una localidad de la zona conurbana de la capital con el apoyo del partido izquierdista. Valiéndose de este primer mandato y nuevamente como abanderado del Frente, se lanzó con éxito a la contienda por la Alcaldía de San Salvador. Electo en 2015, implementó una política bastante tradicional: aseguramiento y recuperación de los espacios públicos, extensión de redes eléctricas a las zonas marginadas, construcción de caminos y glorietas... Pero afianzado por «sus obras» y su popularidad en los medios de comunicación, Bukele buscó su investidura por el fmln como candidato presidencial. Lo hacía sin contar con el recelo de los apparatchiks del partido, quienes no demuestran ninguna simpatía por las «estrellas en ascenso» que no pertenecen al comité central. Fue por ello que Bukele se mostró cada vez más crítico hacia la cúpula del fmln, hasta ser expulsado del partido en octubre de 2017 por «promover prácticas que incitan a la división interna», «irrespeto a los principios del partido» e «irrespeto al derecho de las mujeres»1

Si su expulsión del partido entonces en el poder le valió la imagen de «rebelde», sus pugnas con el Tribunal Supremo Electoral, que le impidió el registro de su nuevo partido y canceló la personería jurídica del pequeño partido socialdemócrata que se había propuesto promover su candidatura, lo erigieron definitivamente en candidato «antisistema». 

Pero su verdadera imagen de outsider surgió de su estilo personal de gobernar: adepto a Twitter y a la retórica publicitaria, Bukele no dudó en privilegiar las demostraciones de fuerza y en jactarse de ser un hombre fuerte e independiente, sub 40, cuyo brazo iba a barrer «el sistema corrupto» instalado por los dos grandes partidos que compartieron el poder desde el fin de la guerra. Constantemente, en la enunciación de su poder y en la escenificación de una relación «directa» con «el pueblo» –aunque este solamente sea compuesto por la suma de sus followers–, Bukele manejó un estilo populista que chocaba con el carácter colegiado y burocrático del fmln y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Mostraba así un estilo personal cuyos lemas antisistema y anticorrupción anunciaban algo más que el reemplazo de la vieja clase dirigente por una nueva generación de millennials: la liquidación de las reglas del juego político salvadoreño. 

No hay que olvidar el sentimiento de desilusión que invadió al electorado salvadoreño después del segundo mandato del fmln, más aún entre los votantes de este partido. No solo la revolución prometida por el partido de izquierda nunca llegó, sino que los diez años de gobierno del fmln quedaron manchados por los escándalos y la incapacidad de reforma. Ni el desempleo ni la violencia disminuyeron. Al contrario, el fmln y Arena se comprometieron en pactos con las pandillas y permitieron su reconversión al negocio de la extorsión o el tráfico de drogas, a tal punto que se habló de «partidos mafiosos». De la misma manera, los discursos revolucionarios del fmln no resistieron ante los escándalos de nepotismo y corrupción millonaria y el descubrimiento del tren de vida lujoso de la nueva «burguesía roja» vinculada al gobierno y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba). En fin, tanto el fmln como Arena se encerraron en una forma muy tradicional y clientelista de hacer política, sin ver que el clientelismo se ha desgastado a los ojos de una juventud que reivindica sus derechos y aspira a algo más que recibir ayudas puntuales. En definitiva, la popularidad de Bukele fue el espejo del rechazo de Arena y el fmln. 

Por ello, la elección triunfal de Bukele en 2019 significó más que una voluntad de cambio. Personificó un rechazo de la población hacia las maniobras y los pactos partidistas que hundieron al país en un estado de convulsión permanente, de estancamiento económico y de bloqueos institucionales. Es decir que Bukele representó, si no una ruptura real, por lo menos una «brecha populista» en un país regido durante muchos años por un sistema «partidocrático» que había erigido los arreglos partidarios y la limitación de las ambiciones personales en reglas del juego.

Entre la dramaturgia y la inercia

La llegada al poder de Bukele fue sin duda una primera prueba de verdad. Sin mayoría en el Parlamento, sin partido estructurado ni cuadros sobre los cuales apoyarse, su discurso de «liquidación del viejo mundo» no podía sino tropezar con la realidad de las relaciones de poder y las inercias de la política salvadoreña. 

De hecho, desde el inicio el presidente Bukele se topó con los mismos problemas estructurales que conocieron sus predecesores: en el plano económico, el país acumulaba una deuda que lo colocaba al borde del incumplimiento y limitaba el lanzamiento de políticas públicas ambiciosas; en el institucional, Bukele gobernaba con un Congreso en el cual no solo estaba en minoría, sino donde la oposición se había coaligado en su contra. Además, tuvo que transigir con un Poder Judicial que, a pesar de su politización, se ha profesionalizado y ha ido impulsando una judicialización de la vida política, así como una fiscalización cada vez más minuciosa del ejercicio del poder. El contexto, a pesar de sus problemas, ha permitido la consolidación de sindicatos de empleados estatales, de periódicos de investigación, de ong de defensa de los derechos humanos y de otros contrapoderes atentos a la gestión tanto de los mandatarios como de sus funcionarios.

No sorprendió entonces que los deseos del presidente se vieran inmediatamente frustrados por el Congreso o la Corte Suprema de Justicia. Así ocurrió con su voluntad de terminar con el llamado «nepotismo» del fmln, para lo cual despidió masivamente a los empleados públicos contratados por las administraciones anteriores y desmanteló las secretarías presidenciales existentes para sustituirlas por nuevas secretarías a su medida. No contó entonces con el bloqueo del Congreso, única institución habilitada para crear plazas, suprimirlas y asignar sueldos a funcionarios y empleados públicos2, ni con la acción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó enseguida reinstalar a varios funcionarios removidos de sus cargos por incumplimiento de los procedimientos legales de cesación de contrato por parte de las nuevas autoridades. Es decir que, como ocurriera con los de sus antecesores, los márgenes de acción de Bukele se vieron limitados al reemplazo de las «plazas de confianza» y a la contratación de una nueva capa de funcionarios que se agregaría a las de los gobiernos anteriores. Así, Bukele tuvo que crear cerca de 3.662 empleos públicos en 2020 y 9.363 nuevas plazas en todos los sectores del Estado en 20213, además de que tuvo que inventar plazas de asesores ad honorem para sus consejeros, quienes eran en realidad pagados con plazas de otros ministerios. 

De la misma manera, en febrero del año pasado, la Asamblea Legislativa liderada por Arena bloqueó la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares destinados a la fase iii del programa estrella de Bukele: su Plan Control Territorial. La votación del préstamo, destinado a la compra de material para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue suspendida por la Asamblea tras las revelaciones de posibles conflictos de interés entre el mismo presidente y varios contratistas contemplados para la venta de tecnologías, así como prevenciones sobre la sobrevaluación e incoherencia de algunos gastos4. La discusión parlamentaria no tardó en convertirse en una batalla mediática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Limitado financieramente, Bukele rompió de inmediato su primera promesa de campaña de eliminar los gastos reservados de la Presidencia para utilizar de manera secreta hasta un millón de dólares por mes en los primeros tiempos de su gestión5. Pero Bukele se abocó sobre todo a una teatralización exacerbada del poder presidencial, con la cual intentaba compensar lo máximo posible su impotencia6. Así se debe interpretar el espectáculo que dio apenas instalado en el sillón presidencial, cuando ordenó por Twitter a sus nuevos ministros despedir de inmediato a los familiares de los principales cuadros del fmln que fungían legalmente como empleados públicos. Como muchos ocupaban plazas de confianza revocables, la caza de brujas de Bukele no era otra cosa que una simulación de la depuración del Estado y la puesta en escena del advenimiento de un nuevo mundo donde sus ministros acatarían sus mandamientos a golpe de «inmediatamente» o «¡sí, mi presidente!». 

La agitación populista de Bukele llegó a su verdadero clímax en febrero de 2020, cuando en un intento por doblegar a la representación nacional –después de haber amenazado a los diputados con represalias si no aprobaban el préstamo– llamó a una «insurrección popular» contra la «elite política» e instó al pueblo y al Ejército a manifestarse ante la Asamblea Legislativa. Entonces, a primeras horas del domingo 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea rodeado de militares y policías armados para exigir a los diputados la aprobación del préstamo que requería para financiar su plan. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea, dio inicio a la sesión plenaria ante una sala casi vacía donde solo habían acudido a su convocatoria los pocos diputados de su partido aliado, Gran Alianza por la Unidad Nacional (gana). Cuando, consciente de haber llegado al límite de su demostración de fuerza, dio marcha atrás, comenzó a orar y declaró que Dios le había ordenado ser paciente. 

Una vez más, Bukele quedaba atrapado entre la radicalidad de sus discursos y la realidad de su poder. De allí su dramaturgia: sus tuits y sus «golpes tentativos» son en esencia escenificaciones de una autoridad presidencial limitada en los hechos por la oposición. No obstante, este tipo de actuación populista comporta siempre riesgos. Por más simbólicas que sean, las demostraciones de fuerza y de autoridad implican siempre la posibilidad de pasarse los límites de la violencia y la transgresión aceptables en democracia. Y a este «cruce del Rubicón» lo llevó la crisis del covid-19.

El covid-19: la oportunidad autoritaria

Para Bukele, la pandemia de covid-19 fue sin duda una oportunidad inesperada para obtener los márgenes de acción que le faltaban. De hecho, le permitió primero invertir las relaciones de fuerza con la oposición parlamentaria, gobernar por decretos y obtener por otras vías los fondos y préstamos que la Asamblea le había denegado. Es más, el contexto de urgencia le otorgó la posibilidad de beneficiarse de nuevos préstamos internacionales, de emitir bonos y de utilizar fondos reservados o líneas presupuestales ya asignadas para financiar su nueva política, empezando por su política de seguridad pública7

De esta manera, el nuevo presidente supo ganarse, si no la fidelidad de la población y de los funcionarios públicos, por lo menos sus simpatías. De hecho, pudo celebrar su primer año de gestión con la construcción de un hospital súper moderno, así como realizar varios proyectos sociales apalancados por una fuerte campaña publicitaria. A la vez, pudo financiar el reclutamiento de miles de nuevos funcionarios en las áreas de salud o de seguridad y, sobre todo, aumentar la remuneración de varios sectores del gobierno. 

También logró implementar programas de alivio, como la entrega de un subsidio de 300 dólares a 1,5 millones de hogares considerados vulnerables o afectados por el desempleo (aproximadamente 75% de la población salvadoreña), así como el reparto de paquetes alimenticios, distribución de granos y enseres agrícolas para los agricultores o la oferta de créditos a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas.

Pero los grandes beneficiarios de los fondos de la pandemia fueron ante todo la policía y los militares, o sea, los dos pilares sobre los cuales Bukele podía sostenerse para asentar su autoridad, a falta de apoyos significativos en el Congreso. Por lo que las fuerzas de seguridad no solo recibieron fondos considerables para el reclutamiento de nuevos efectivos y la compra de equipamientos modernos, sino que además obtuvieron «carta blanca» del nuevo mandatario para manejar «sus» asuntos. Así, el nuevo presidente no solamente prometió doblar los efectivos del Ejército en los próximos cinco años –pasando de 20.000 a 40.000– y extender sus facultades en materia de intervención interior, sino que, en septiembre de 2020, el mismo Bukele asumió la decisión de impedir el acceso a los archivos militares del juez del proceso penal encargado del caso de la masacre de El Mozote de 19818. De la misma manera, se esmeró en ganarse la lealtad de la Policía Nacional Civil y su jefatura a golpe de bonos, de seguros privados y de aumentos presupuestales, pero también encubriendo los atropellos de la institución y dejándola manejar el «problema de las pandillas» con una severidad al límite de la violación de los derechos humanos. Sobre la marcha, Bukele protegió a Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, sospechado de haber recibido sobornos por parte de una empresa mexicana de seguridad9. A cambio, la Policía se alineó tras el presidente y llegó incluso a desacatar órdenes de la Asamblea Legislativa u obstaculizar la investigación de la Fiscalía General en posibles casos de corrupción en el gobierno de Bukele10

Asegurados la lealtad de las fuerzas de seguridad y los nuevos financiamientos, el gobierno logró revertir en parte el desequilibrio que mantenía con la oposición. Sin embargo, la pandemia exacerbó peligrosamente las tendencias poco institucionales de Bukele. De hecho, la cuarentena nacional obligatoria otorgó poderes considerables a la Policía y al Ejército y reforzó a su vez los componentes autoritarios del gobierno. Pero el verdadero deslizamiento se dio por las contradicciones y el amateurismo del nuevo gobierno en su gestión de la crisis. Así, si bien Bukele había hecho de la lucha contra la corrupción su prioridad, a finales de 2020 la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (cicies) entregó a la Fiscalía General pruebas de numerosas irregularidades en los procesos de licitación pública o de compra de insumos médicos11. De la misma manera, por generosos e innovadores que fueran, los programas de alivio económico lanzados por el gobierno alcanzaron rápidamente sus límites y no lograron cubrir en su totalidad las necesidades de la población y de las empresas. Por ello, la cuarentena nacional implementada por el presidente –entre las más estrictas de la región– suscitó ciertas resistencias. Ante la multiplicación de desobediencias, la Policía reaccionó con exceso de violencia y arbitrariedad. Se encarceló a simples infractores del toque de queda en centros de detención o en hoteles de cuarentena donde la promiscuidad y las condiciones de atención precarias multiplicaban los riesgos de infección. De la misma manera, se prolongó fuera del límite legal el hacinamiento de viajeros puestos en cuarentena porque el Estado no tenía testeos o los recursos necesarios para asegurar su situación sanitaria12. Es decir que las propias limitaciones del gobierno lo llevaron a tomar actitudes cada vez más autoritarias. 

Bukele empezó entonces a sufrir revés tras revés. Primero, ante una prensa independiente que, atenta a la supuesta «intachabilidad» del nuevo mandatario, empezó a revelar sus contradicciones y sus incumplimientos, empezando por casos de corrupción. Luego, los golpes vinieron de la Sala de lo Constitucional, que invalidó uno tras uno los decretos antipandemia de Bukele por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos13

Llamado por la Justicia a acatar sus resoluciones, Bukele prefirió encerrarse en un discurso populista que arremetió contra la prensa, los jueces y los universitarios. Cualquier voz crítica que reafirmaba la necesidad de respetar la formalidad del derecho era inmediatamente identificada como perteneciente a la oposición y rechazada del lado de aquellos a quienes llamaba confusamente «amigos del virus», «enemigos del pueblo» o simplemente «delincuentes»14. Pero pretendiendo encarnar al «Pueblo» y protegerlo de «sus enemigos», aunque estos fueran las propias instituciones del Estado, Bukele dio un vuelco a un discurso «provida», a través del cual se erigió en defensor de un principio aún más sagrado que la voluntad del pueblo: «la vida», y esto le permitió pisotear cualquier otro principio, ya fuera el interés público, los derechos individuales o la necesaria toma en consideración de las minorías… De tal manera que se elevó en una posición tutelar y no poco paternalista, que pretendía velar por los intereses del pueblo a pesar del pueblo mismo. Era imposible que esta actitud no suscitara el rechazo de una parte de la población.

El problema es que, en lugar de frenar a Bukele, ese mismo rechazo lo arrinconó cada vez más en su certeza autoritaria. Así se formó un círculo vicioso que lo llevó a romper en varias ocasiones con la legalidad. Se rehusó, por ejemplo, a aplicar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que le exigían poner en libertad a los detenidos por infracción a la cuarentena. También dirigió varios ataques contra periódicos de investigación y periodistas independientes, quienes han sufrido exclusiones de las conferencias de prensa de Casa Presidencial, acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, y hasta hostigamientos, intimidaciones o agresiones físicas15

Es decir que la pandemia le permitió a Bukele no solo asentar las bases de su poder, sino también encontrar un estilo personal de gobernar que mezcla «reflejos vanguardistas» y «tentación autoritaria». Estos rasgos del bukelismo no serían tan preocupantes si no hubiera encontrado una manera de institucionalizarse tras la victoria arrasadora del oficialismo en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2021.

La institucionalización del bukelismo

El 1 de marzo de 2021, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una contundente victoria electoral que les otorgó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con 56 diputados sobre 84. Aun sin contar con sus aliados de gana, el partido presidencial dispone ahora de todas las latitudes para cambiar en profundidad la institucionalidad del país16. En lo esencial, Bukele está convencido de que el mal desarrollo de El Salvador es el resultado de la corrupción de los partidos nacidos de la guerra civil, que se incrustó hace 30 años en las instituciones del Estado, y por lo tanto, ahora que tiene las manos libres, se lanzó al desmantelamiento de las instituciones heredadas de los Acuerdos de Paz de 1992. El primer acto de este desmantelamiento ha sido la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, el primer día de sesión de la nueva Asamblea. Pasando por alto los procedimientos legales y constitucionales para deponer y reemplazar a estos funcionarios, la Asamblea nombró inmediatamente a un nuevo fiscal y a nuevos magistrados afines al partido presidencial, los cuales fueron escoltados por la Policía hacia sus nuevos puestos después de que esta allanara las instalaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía17. Leal al presidente, el nuevo fiscal lanzó una campaña de lucha contra la corrupción, no sin que antes la Asamblea otorgara inmunidad a los funcionarios del Ministerio de Salud por compras durante la pandemia y que la sección de probidad de la Corte Suprema dejara de investigar el patrimonio de los nuevos funcionarios de Bukele. Así, la campaña anticorrupción se redujo de hecho a una auditoría de los mandatos pasados de la oposición. 

En paralelo, el gobierno tomó medidas para descartar de las instituciones a cualquier actor exterior que no le sea leal. Así, la nueva Asamblea aprobó un pliego de reformas a leyes constituyentes de instituciones autónomas y descentralizadas de gobierno, con el fin de retirar la facultad exclusiva a los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (anep) de colocar representantes en las juntas directivas de estas entidades estatales. De la misma manera, el presidente Bukele rompió el acuerdo que tenía con la Organización de Estados Americanos (oea) que dio origen a una comisión internacional contra la corrupción, la cicies, para investigar irregularidades en las gestiones gubernamentales pasadas y presentes, después de que la Comisión hubiera denunciado ante la Fiscalía varios casos de posible corrupción del nuevo gobierno. 

Es decir que, asegurado de su mayoría, Bukele emprendió la tarea de reformatear las instituciones del país para debilitarlas o achicarlas, comenzando por recortar sus presupuestos. Así procedió inmediatamente con instituciones fiscalizadoras como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos18. A la par, promulgó reformas legislativas que concentraron los poderes de las secretarías y entidades autónomas del Estado en las únicas manos de los administrativos nombrados por él19. También, desde 2020, dejó de transferir 10% del presupuesto de la nación destinado a las municipalidades del país –muchas de ellas gobernadas entonces por la oposición– para reducir este monto a 6%, del cual 75% será únicamente entregado en «obras» sobre la base de proyectos aprobados por una nueva Dirección Nacional de Obras Municipales controlada por la Presidencia20. De esta manera, recentralizando el poder y los recursos, Bukele ha iniciado un trabajo paulatino de debilitamiento de las instituciones del Estado; trabajo que ha ido de la mano de la creación de estructuras paralelas de decisión que responden únicamente a su persona y se imponen sobre el resto de los ministros o secretarios presidenciales. El primero de estos círculos está compuesto por los hermanos del presidente, quienes, a pesar de no tener oficialmente ningún puesto público, operan como negociadores, emisarios y principales estrategas del gobierno de Nayib21. Verdadero clan familiar que tiene una influencia considerable sobre su hermano, los Bukele no solo llegaron a reclutar a algunos de los altos funcionarios del gobierno, sino que negocian y pactan en nombre del presidente con todo tipo de actores, desde la oposición legislativa hasta los grandes empresarios del país o algunas potencias extranjeras; esto sin que jamás se pueda rastrear este «trabajo entre bastidores» por no implicar ningún tipo de gasto público. 

Abajo de este clan familiar se encuentra otro gabinete ad hoc, compuesto por una decena de venezolanos, asesores extraoficiales también sin cargos formales –la mayoría de ellos ligados al gobierno «interino» de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular–, los cuales hacen el enlace entre los hermanos Bukele, el partido dirigido por un primo de la familia y los ministros y secretarios. No solamente controlan la comunicación y la propaganda de todo el gobierno, sino que además bajan lineamientos, dan órdenes y diseñan los programas del gobierno, como el Plan Control Territorial o el Programa de Emergencia Sanitaria22

Es decir que, a la vez que debilita las instituciones del Estado, Bukele reinstitucionaliza una estructura personal de decisión compuesta de familiares y allegados, varios de ellos extranjeros, una de cuyas «virtudes» es estar completamente desarraigados del juego político salvadoreño y de sus protagonistas tradicionales; una desconexión de la esfera de decisión y de poder que se tradujo, por ejemplo, en la adopción por la Asamblea Legislativa, sin debate alguno, de una ley de reforma monetaria que confirió al bitcoin el estatus de moneda de curso legal y «obligatoria» en un país donde solo 57% de la población tiene acceso a internet23. Esta reforma, que se quiere el primer paso hacia la creación de una moneda virtual nacional y una futura «digitalización» del Estado salvadoreño, no se puede entender sin la intervención personal de los hermanos Bukele, jóvenes empresarios convertidos a la economía financiera y virtual, quienes negocian con las grandes empresas del sector y proponen usar el Estado y sus recursos para respaldar sus ambiciones de liderar una de las primeras economías digitalizadas del mundo24. Pero tampoco se puede entender sin ver en ello la huella de los asesores venezolanos de Bukele, quienes tejen indudablemente un puente entre El Salvador, la diáspora venezolana y Venezuela, cuya economía se ha transnacionalizado, digitalizado e inclinado cada vez más hacia la «minería» de bitcoins.

En conclusión, y retomando conceptos de Alain Touraine, la institucionalización del bukelismo no solamente reemplaza la institucionalidad del país por un organigrama personal a mano del presidente, sino que acentúa en exceso la desarticulación de la sociedad salvadoreña, y con ello, sus contradicciones25. Por ejemplo, abrir la economía al bitcoin no bastará para atraer inversionistas y crear empleos si no se diseña un plan de inversión millonario para que la juventud salvadoreña salga del sistema educativo con diplomas universitarios y técnicos de calidad en economía, informática o idiomas. De la misma manera, bajar las tasas de homicidios del país y así atraer a inversionistas extranjeros no bastará para dinamizar la economía nacional si no se detiene la extorsión que sofoca el tejido de empresas pequeñas y microempresas del país. Podríamos alargar la lista de evidentes contradicciones del bukelismo. El riesgo no es solamente ver alejarse una economía y un Estado cada vez más internacionalizados mientras la sociedad queda atrapada en desafíos locales muchas veces muy básicos; es también que el choque del bukelismo con las inercias de la sociedad lo hunda cada vez más en un populismo autoritario, o lo convenza de que la solución se encuentra en la liquidación total del «viejo régimen» gracias a la reescritura de una Constitución a su medida.

  • 1.

Una consejera municipal de la ciudad de San Salvador acudió al Tribunal de Ética del FMLN y acusó a Bukele de haberle dicho «bruja» y de haberle arrojado una manzana a la cara. Ver Jonathan Laguan y Cristian Meléndez: «Nayib Bukele, expulsado del fmln por estas razones» en La Prensa Gráfica, 10/10/2017; Sebastián Escalón: «¿Quién es Bukele, el presidente electo milenial y pro cicig de El Salvador?» en Nómada, 25/2/2019.

  • 2.

Eugenia Velázquez: «Secretarías creadas por Bukele sin base legal ni fondos» en El Diario de Hoy, 20/6/2019.

  • 3.

Denni Portillo y Laura Flores: «El Salvador: Ejecutivo pagará casi $200 millones más en salarios que en 2019» en El Economista, 21/12/2020; Yolanda Magaña: «Planilla estatal crecerá $124 millones y 9.363 plazas el próximo año» en Diario El Mundo, 13/10/2020.

  • 4.

Jimmy Alvarado: «El préstamo del bcie, un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele» en El Faro, 8/3/2020.

  • 5.
  1. Alvarado: «Bukele ya gastó $2 millones de la billetera secreta de la Presidencia» en El Faro, 4/9/2019.
  • 6.

Para un análisis del papel de la teatralización del poder en América latina, v. Danilo Martuccelli: ¿Existen individuos en el sur?, LOM, Santiago de Chile, 2010.

  • 7.

FUSADES: «Impacto del covid-19 en la liquidez del gobierno» en Análisis Económico No 53, 9/2020.

  • 8.

José Miguel Vivanco: «Con el respaldo de Bukele, el Ejército bloquea una investigación sobre la masacre de El Mozote» en Los Angeles Times en español, 9/11/2020.

  • 9.

Sergio Arauz: «Empresa mexicana de seguridad pagó el viaje de Osiris Luna» en El Faro, 3/2/2020.

  • 10.

Gabriela Cáceres: «El día en que la Policía obstaculizó la investigación del Fiscal contra el Gobierno Bukele» en El Faro, 11/11/2020; Gabriel Labrador: «Director de la PNC es absuelto y juez le advierte que ‘no estamos en una monarquía’» en El Faro, 23/12/2020.

  • 11.

«Investigan en El Salvador 17 casos de supuestas compras irregulares por covid» en Agencia EFE, 13/11/2020.

  • 12.

Lissette Monterrosa: «Con gritos de desesperación y carteles, personas que ya cumplieron su cuarentena piden regresar a sus hogares» en Elsalvador.com, 17/4/2020.

  • 13.

Daniel Miranda: «Nayib Bukele: ‘El Estado soy yo’. ¿Hasta dónde impondrá su agenda autoritaria?» en Envío No 468, 3/2021.

  • 14.

Ibíd.

  • 15.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Resolución 12/2021. Medidas cautelares Nº 1051-20. 34 miembros identificados del Periódico Digital El Faro respecto de El Salvador», 4/2/2021; Nelson Rauda y Gabriel Labrador: «El Estado sin respuestas ante la CIDH por ataques a periodistas» en El Faro, 3/12/2020.

  • 16.

Para una lista de las decisiones al alcance de Bukele desde marzo de 2021, v. J. Alvarado y S. Arauz: «Todas las decisiones legislativas estarán al alcance de Bukele» en El Faro, 1/3/2021.

  • 17.

Fernando Romero, Bryan Avelar, Loida Avelar y Gerson Vichez: «La Asamblea de Bukele se toma la Corte Suprema y la Fiscalía» en Revista Factum, 2/5/2021; G. Vichez: «Asamblea estrena coreografía para elegir magistrados» en Revista Factum, 30/6/2021.

  • 18.
  1. Portillo: «¿Qué dice y qué no dice el decreto del presupuesto 2021?» en El Economista, 30/12/2020.
  • 19.

Beatriz Benítez: «Bukele pide ocultar las declaraciones patrimoniales y propone otras 12 reformas en contra de la transparencia» en El Gato Encerrado, 13/7/2021.

  • 20.

Yolanda Magaña: «Bukele anuncia recorte del Fodes y dice ‘ya no se entregará en efectivo’» en Diario El Mundo, 7/4/2021.

  • 21.

Para una descripción exhaustiva del círculo de poder familiar que rodea a Bukele, v. el artículo de J. Alvarado, G. Labrador y S. Arauz: «El clan Bukele que gobierna con Nayib» en El Faro, 7/6/2020.

  • 22.

Estos elementos han sido detallados en J. Alvarado: «El gabinete oculto de venezolanos que gobierna con Bukele y su familia» en El Faro, 6/6/2021.

  • 23.
  1. Rauda y Roman Gressier: «Asamblea aprobó en solo cinco horas la Ley Bitcoin que Bukele había anunciado tres días antes» en El Faro, 10/6/2021; José Barrera: «El Salvador alcanzó los 3,8 millones de usuarios de internet en 2020» en Diario El Mundo, 8/2/2021.
  • 24.

Para más detalles de esta confusión de intereses y proyectos, v. S. Arauz, N. Rauda y R. Gressier: «Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales» en El Faro, 16/6/2021.

  • 25.
  1. Touraine: Las sociedades dependientes, Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 1978.
Publicado enInternacional
Jair Bolsonaro fue acusado por la comisión de graves delitos durante la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil.. Imagen: AFP

La Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de Brasil recomendó finalmente este miércoles imputar al presidente Jair Bolsonaro por diez delitos durante la gestión de la pandemia, entre ellos "crímenes contra la humanidad", según el informe publicado horas antes de su lectura.

La CPI investigó durante seis meses las acciones del gobierno durante la pandemia, que dejó más de 600.000 muertos en el país. El relator de esta comisión concluyó que el gobierno federal expuso "deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa", por lo que pidió la imputación de Bolsonaro, y de otras 67 personas, incluyendo varios ministros y exministros y tres de los hijos del mandatario.

Sin embargo, la CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales. Por lo que el informe ahora deberá ser retomado por la Fiscalía General o alguna corte internacional.

Con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes -como el uso de pacientes como "cobayos humanos" para probar medicamentos ineficaces contra el covid-, será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos.

Los delitos que se le imputan a Bolsonaro

El martes por la noche, se anunció que se responsabilizaría al mandatario de cargos como crímenes contra la humanidad, epidemia, habladurías y prevaricación, pero que se retiraban los de "homicidio" y "genocidio de poblaciones indígenas" por desacuerdos en el seno de la comisión.

Además de un "deliberado atraso" en la compra de vacunas, "se comprobó la existencia de un gabinete paralelo (que asesoraba al gobierno), la intención de inmunizar a la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimaron las medidas no farmacológicas", como el uso de mascarilla y el distanciamiento, fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, se justificó al asegurar que se trata de un informe "político". "Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el presidente de la República", defendió poco antes de la reunión de la comisión.

El resumen del informe final fue leído este miércoles pero deberá ser votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.

El impacto que puede tener el informe

Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será "simbólico", porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un 'impeachment' y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.

La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus. "Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas", dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.

La falta de oxígeno en Manaos

En un principio, la comisión indagó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un "gabinete paralelo" de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.

En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por "prevaricato" al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.

También fueron indagadas las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el "tratamiento precoz" del coronavirus.

Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que impactó en el país.

21 de octubre de 2021

Publicado enInternacional
Fuentes: La marea climática [Foto: Eva Saldaña, directora de Greenpeace España. GREENPEACE]

Entrevista a Eva Saldaña, directora de Greenpeace España

Hablamos con la directora de Greenpeace España sobre avances e inacción climática, la COP 26 y el papel de las asambleas ciudadanas.

Eva Saldaña (Madrid, 1977) es directora de Greenpeace España desde el pasado 18 de mayo, aunque llegó a la organización ecologista mucho antes. Lo hizo en 2004 como educadora ambiental y responsable de la red de voluntariado. En 2012 asumió la dirección de Movilización. Entonces, ni el ecologismo ni la crisis climática estaban en la agenda –mediática y política, sobre todo– como lo están hoy. Hace diez años, recuerda, “nos llamaban locas cuando hablábamos de la revolución de las renovables”. Pero ahora, insiste, el debate solo puede ser: renovables o renovables. “Lo que antes era radical –apunta– ahora es imparable”.

Activista de base y muy implicada en la realidad de lugares como la Amazonia peruana o la región del Mekong, en Asia, Saldaña llega a este puesto en un momento “crucial”. Así que, dice, “es un honor pero también un reto enorme poder empujar todo lo fuerte que se pueda desde aquí para liderar y diseñar el cambio, y para actuar, que es lo que está faltando”. En los aproximadamente cuatro meses que lleva en el cargo, ha visto cómo los temas en los que lleva trabajando tantos años llegan a las negociaciones y a los despachos del gobierno, pero sin la contundencia y la ambición que requieren.

Durante la entrevista, repite varias veces que estamos ante una emergencia: “Han mejorado muchas cosas pero falta ese sentimiento que yo comparo con que se te queme la casa; si eso pasa, yo no me quedo ahí sentada viendo qué decisión tomar. Lo que hago es que me levanto y me pongo a actuar: llamo a emergencias o aviso, me activo”. Eso es justo lo que considera que está faltando frente a la crisis climática.

En su diagnóstico, sostiene ese argumento con la esperanza y el optimismo que le dan algunos avances: “Se está entendiendo que la salud del planeta es nuestra salud pero nos falta una movilización global sin precedentes”, dice, y reconoce que le gustaría presenciar cómo el cambio climático lleva a la gente a las calles con la misma fuerza con la que lo ha hecho el feminismo o el “no a la guerra”.

¿Cuáles son esas señales de avance?

Por ejemplo, cuando la Agencia Internacional de la Energía dice, de repente, que no hace falta extraer más carbón, ni petróleo, ni gas natural, y plantea una hoja de ruta para la transición energética en la que las energías renovables son compatibles con el Acuerdo de París. Lo dice un organismo que hasta ahora apoyaba los combustibles fósiles. Esto fue muy importante.

Por otro lado, sentimos mucha alegría cuando el Tribunal de La Haya condenó a la petrolera Shell a reducir sus emisiones un 45%, responsabilizándoles de los derechos humanos presentes y futuros. Eso ha sentado un precedente que va a marcar un cambio.

Al mismo tiempo, vemos cómo la junta de accionistas de Exxon desafía a la dirección y consigue colar una candidatura climática en la junta directiva que apuesta por inversiones en renovables. Es otro gigante de los combustibles fósiles que de repente empieza a hacer un giro. Como Chevron: sus accionistas tumbaron un plan en favor de otro que apueste por las renovables.

Pueden parecer cosas curiosas, pero son importantes para el cambio que necesitamos. A la par, se está reactivando en las calles el movimiento de Fridays For Future que se había apagado por la pandemia.

Sin embargo, vamos muy lentos a la hora de ser contundentes con el abandono de los combustibles fósiles y la reducción de emisiones de dióxido de carbono a pesar de que el IPCC, la ONU, nos está hablando de una alerta roja para la humanidad. Pero eso no abre los telediarios; está costando que se comunique el tema con la intensidad y la urgencia que requiere.

Ponía como ejemplo el litigio climático contra Shell en Países Bajos. ¿Cómo pueden este tipo de procesos, como el que está abierto en España contra el Gobierno, acelerar la acción?

Los litigios son una herramienta cada vez más presente. Más allá de la acción directa y la movilización ciudadana en la calle, creo que tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos que nos amparan y que esperamos que realmente signifiquen justicia climática. Desde Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón –después se unieron la Coordinadora de ONG y Fridays For Future–, llevamos a los tribunales que la falta de ambición de los objetivos de reducción de emisiones que ha aprobado el Gobierno no llega ni a la mitad, según lo firmado en el Acuerdo de París.

La Ley de Cambio Climático era necesaria pero llega descafeinada: plantea una reducción de las emisiones del 23% para 2030 respecto a los niveles preindustriales. Eso no tiene nada que ver con lo que nos está pidiendo la comunidad científica, que habla de una reducción del 55%.

Como nosotros, hay muchos países con casos similares abiertos. En Australia, por ejemplo, se sentenció a su ministra de Medio Ambiente como responsable de las decisiones que tome para las generaciones futuras. Es la opción que tenemos ahora para seguir insistiendo ya que por otras vías no lo estamos consiguiendo.

En los últimos días se ha anunciado un recorte en el presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Qué dice esto de la acción climática del Gobierno?

Los PGE que acaban de presentarse muestran cómo sigue sin apostarse por una transformación del sistema y una recuperación verde y justa. Se trata de unos presupuestos con una inversión muy grande. Si les sumamos la inversión del plan España Puede, estamos hablando de muchos millones de euros. Desde Greenpeace lamentamos mucho que haya cosas que se quedan fuera, como la transformación de la agricultura, dejando que predomine un modelo agroindustrial devastador. No entendemos que se tengan millones de euros y una oportunidad delante y se siga apostando por modelos que ya se ha visto que no sirven y que además están traspasando no solo la destrucción del medio ambiente sino también la vulneración de derechos humanos. También vemos que se sigue sin avanzar en la fiscalidad verde y justa.

Es importante que los PGE estén enfocados sobre el despliegue de las renovables, una movilidad sostenible, una transición justa y una rehabilitación de viviendas con el foco puesto en las personas vulnerables, y no sobre falsas soluciones.

¿Qué expectativas tiene sobre la COP 26?

Para empezar, es muy importante que esté muy bien representado el Sur Global. Nos consta que está siendo complicado asistir a esta cumbre para organizaciones sociales pero también para representantes de algunos gobiernos.

Vemos que las empresas de combustibles fósiles siguen teniendo mucha presencia. Recientemente, hemos sacado una iniciativa ciudadana europea para llegar al millón de firmas y poder evitar que estas sigan utilizando los patrocinios; que sigan metiéndose en las mesas de negociación y que sigan haciendo greenwashing. Esperamos que estas empresas tengan menos espacio en las mesas de negociación.

Además, los gobiernos siguen apropiándose de las narrativas ecologistas, sobre todo en Europa, donde hay gobiernos verdes y gobiernos más progresistas, pero sigue sin pasar nada. 

¿Y qué tiene que pasar en esta cumbre?

Lo primero: que haya acuerdos globales para revisar los compromisos de reducción de emisiones. Seguimos sin llegar a las cifras que necesitamos. Rusia, China o Estados Unidos ni siquiera han hecho sus deberes todavía para llegar a esta COP. Y hay países, como España, que llegan con porcentajes muy bajos. La Unión Europea llega con un 55%, pero pensamos que la UE o los países más desarrollados deberían impulsar un 65% y llegar a él en 2040. Tienen que dar señales rápidas, son los países que tienen más músculo para hacerlo. 

Otra cosa que tiene que pasar es una apuesta importante por abandonar realmente los combustibles fósiles sin falsas soluciones. Y el desbloqueo de los 100.000 millones de dólares anuales para financiación climática destinados a aquellos países que no tienen esos recursos. Países como Estados Unidos y Canadá están bloqueando ese dinero, que se firmó en el Acuerdo de París. Sin dinero, muchos países no van a poder transformarse.

También tiene que haber una apuesta por la deforestación cero y la restauración de los ecosistemas, porque van a jugar un papel importante en toda esta transformación. Si no cuidamos la biodiversidad, tampoco vamos a conseguir esa reducción de emisiones. Otro tema importante: el cambio a una economía climática. Todos los flujos financieros tienen que ir en la dirección de cumplir el Acuerdo de París. El Banco Santander sigue invirtiendo en la destrucción de la Amazonia y el BBVA sigue apostando por el carbón en otros países de Europa. Eso tiene que cambiar, el viraje hacia una economía climática es fundamental.

Aunque es algo de lo que se hablará menos, también debe promoverse la sostenibilidad de la agricultura. Por último, hay dos artículos del Acuerdo de París, el 6 y el 17, que está muy abiertos. El 6 deja mucho espacio para las falsas soluciones, y hay que tener mucho cuidado con esto, con todo el mercado de la compensación de emisiones. Las compensaciones y la captura de carbono son trampas. Queremos reducciones reales, no que los países estén jugando con mercados de emisiones. El artículo 17 habla de los estándares y la transparencia: los reportes por país deberían ser iguales, con unos reportes comunes para que de alguna forma podamos ver que vamos juntos y que hay una gobernanza global en este sentido, apostando por salvarnos de esta emergencia climática.

¿Qué papel va a tener la sociedad civil?

Uno fundamental. No nos engañemos, una cosa es lo que nos gustaría ver en la COP y otra cosa en lo que ocurra allí. La COP no deja de ser una oportunidad enorme donde se juntan todos los gobiernos a negociar pero tenemos un papel muy importante de seguir impulsando un liderazgo centrado en la vida, amplificar mucho el concepto de activismo. Ahora mismo necesitamos que todas seamos activistas desde nuestro lugar y vamos a seguir observando a dónde van los flujos financieros.

Tenemos un papel muy importante de diálogo con el territorio, sobre todo ahora con la implantación de las renovables. Son los años más importantes de esta transición ecológica y los costes no pueden recaer de nuevo en las personas más vulnerables. Creo que la sociedad civil tiene que estar muy atenta a esto y denunciarlo. Y también creo que tenemos que mostrar la hoja de ruta, el camino. Las soluciones están ahí. Tenemos que insistir en que hay alternativas, que estamos a tiempo y que es importante implementarlas.

Antes de la COP de Glasgow hay varias manifestaciones, también está la Cumbre Alternativa de los Pueblos, que será online. Ya está planteado lo que se llama el Acuerdo social de Glasgow, que servirá para acelerar la acción necesaria después de la COP.

También se ha puesto en marcha una asamblea ciudadana. Este tipo de iniciativas comienzan a estar muy presentes. Usted forma parte del grupo de especialistas que dará apoyo a la Asamblea Ciudadana para el Clima de España que arrancará el 20 de noviembre. ¿Cómo se puede impulsar una acción climática real a través de este mecanismo?

Ya hay algunos análisis hechos sobre las asambleas de este tipo en otros países europeos y hay de todo. Así que hay que quedarse con aquellos modelos que han puesto realmente en valor el rol protagonista de la ciudadanía, que han traído mensajes potentes y que se ha dejado que estos fuesen vinculantes.

Desde Greenpeace hemos hecho alegaciones a la orden ministerial publicada por el Gobierno para la Asamblea Ciudadana para el Clima de España y, de momento, estamos a la expectativa. Necesitamos entender cómo va a funcionar, si vamos a poder trabajar en cosas concretas que sirvan para transformar, que es lo que realmente necesitamos. Ya no necesitamos seguir hablando y dialogando: hay que ir a cosas concretas, fechas y números concretos. Veremos si las preguntas que se lanzan a esa asamblea son suficientes; si la información que se comparte, el espacio y el tiempo también lo es. Se hablaba de cinco sesiones y en Greenpeace consideramos que quizás no es suficiente.

Tienen que existir estos espacios de participación y tienen que ser lo más vinculantes posibles con la acción gubernamental. La sociedad civil tiene que ser protagonista de este cambio.

Cada vez se habla menos de negacionismo y más de retardismo. ¿Qué peligros tiene esto último?

El peligro principal es que retrasa la acción. Todos estos “ismos” –negacionismo, depresismo, colapsismo…– al final se centran en lugares de inacción; unos en el futuro, otros en lo negativo, pero esto no nos sirve. Todo lo que no sea contribuir al cambio es perder el tiempo.

¿Quién retrasa la acción climática en España?

Un ejemplo concreto lo estamos viendo con la factura de la luz. Yo siempre pongo el foco en las empresas de combustibles fósiles, pero las eléctricas siguen jugando su juego, aunque el mercado ya les ha dicho que tienen pérdidas y que tienen que apostar por las renovables. Lo saben, pero quieren seguir en un modelo en el que pongan las reglas al juego. En ese juego, están Ibedrola, Endesa, Naturgy, la petrolera Repsol o Enagás. Todas ellas se agarran a un modelo obsoleto para ver cuánto tiempo pueden conseguir que ese modelo permanezca. Lo hacen para su propio beneficio y quienes estamos enfrente les decimos que no, que ahora de lo que se trata es del bien común.

Hay una lucha continúa entre el bien común –que pone la vida en el centro– y su propio beneficio –que se centra en el dinero–. Se están vulnerando derechos humanos y estamos jugando a ver la energía como un producto, o el agua, cuando deberían verse como derechos fundamentales. Las grandes empresas siguen ahí pero no les va a quedar otra que cambiar. Eso lo saben. Mientras tanto, nos complican que la transición se acelere y se acelere bien, que pueda recaer en otro tipo de empresas –pequeña y mediana empresa–, en el mercado social, en autónomos que quieran acceder al dinero europeo y formar parte de la transición ecológica. 

Durante toda la entrevista ha hablado de falsas soluciones. ¿Cuáles son?

Quizás la más gorda o lo que ahora mismo está jugando un papel muy importante es el gas fósil [llamado comercialmente gas natural]. No deja de ser fósil y se está vendiendo de todos los colores. Creo que el lenguaje a veces dice mucho; es importante hablar de gas fósil y de gas renovable y dejarnos de listas de colores que impiden que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Si me dices gas verde, azul, rosa y amarillo no llegamos a entender todos los matices.

En invierno, el gas va a tener un papel importante sobre la factura de la luz. Está marcando el precio porque contamina CO2 y hay que pagar por ello. Eso está bien, pero tenemos un mercado eléctrico que es mayorista y que se basa en que se paga lo que más coste tiene. Y esto no puede ser cuando tenemos las renovables ahí, que no tienen esos costes, o tenemos fuentes como la nuclear o la hidroeléctrica que ya están totalmente amortizadas porque fueron muy subvencionadas en su momento con el consecuente beneficio para las grandes, y que siguen ahí. 

Luego, el hidrógeno va a jugar un papel durante un tiempo y siempre que esté producido con materia prima renovable y sea renovable va a jugar un papel importante, si se produce a través de la electrólisis del agua o la gasificación de biomasa o residuos. Hay que darle un uso acotado, al transporte de carreteras o vehículos pesados, por ejemplo, que es donde quizás no se puede llevar a cabo la electrificación. Si esto lo empezamos a teñir de falsas soluciones y de trampas, entonces el hidrógeno puede servir para perpetuar el gas fósil porque para producir el hidrógeno se necesita el ciclo combinado [coexistencia de dos ciclos termodinámicos en el mismo sistema, uno a través del vapor de agua y otro a través de la combustión].

En cambio, tenemos un montón de soluciones sobre la mesa: energía renovable integrada, aprovechamiento del almacenamiento disponible, electrificación, eficiencia, la reducción de consumo, la gestión de la demanda, la participación ciudadana con comunidades energéticas y autoconsumo… Tenemos pasos a dar y sin embargo hacemos una apuesta enorme de inversión en el hidrógeno y en el gas. Por eso hablamos de falsas soluciones: porque nos retrasan de dar otros pasos importantes. 

Además, el 39% de la factura del gas que pagamos en España se va a la infraestructura gasista. Esto es un dato importante porque Enagás sigue intentando conseguir fondos europeos para proyectos que sigan sosteniendo esas infraestructuras de gas de las que ahora mismo estamos usando el 50%, la mitad. Así que vamos a invertir en un sistema que realmente reduzca las emisiones. 

21/10/2021

Publicado enMedio Ambiente
Jueves, 21 Octubre 2021 05:11

El cuasifascismo podría triunfar en EEUU

Vista de los asaltantes al Capitolio, en Washington, en enero de 2021. REUTERS/Shannon Stapleton

Existe una percepción bastante generalizada en España, incluso en algunos círculos del PSOE gobernante, de que el peligro del renacimiento de la ultraderecha a nivel mundial se está exagerando por parte de algunas voces de izquierda, pues creen que en realidad estas fuerzas de ultraderecha (con mucha semejanza con las ultraderechas de antaño), están siendo derrotadas y van de capa caída. Así vemos como la que fue vicepresidenta Primera del primer gobierno de coalición de izquierdas, la señora Carmen Calvo, afirmó en un momento del debate en el programa El Ágora de la hora 2 de la SER, como prueba de tal percepción de la realidad, que el presidente Trump había sido derrotado en las últimas elecciones en EEUU, insinuando que su futuro era uno de descenso en lugar de recuperación y ascenso.

El trumpismo no está desapareciendo; antes al contrario, está creciendo

Creo conocer bien EEUU y me temo que la señora Calvo está equivocada. Es posible e incluso probable que el Partido Republicano, hoy controlado en su totalidad por Trump, recupere el control del Congreso y del Senado en 2022 y que gane las elecciones presidenciales del 2024. Las razones de esta percepción son múltiples, y las he ido elaborando en varios artículos, ya publicados en este rotativo.

Uno es el enorme desprestigio del establishment político-mediático liberal, identificado con el Partido Demócrata, que desde los años setenta con el presidente Carter y continuando con los presidentes Clinton y Obama, ha estado aplicando políticas liberales (iniciadas por Carter y expandidas por Reagan y los presidentes republicanos Bush, padre e hijo), que han beneficiado sistemáticamente las rentas del capital sobre las rentas del trabajo (como consecuencia de estas políticas liberales, los directivos de las 350 empresas más importantes de los EEUU, que ganaban en el año 1978, el inicio del período liberal, 1,7 millones de dólares al año, 33 veces más que el salario promedio del trabajador 51.200 dólares, pasaron a ganar, en el año 2019,  21,3 millones, 365 veces más que los últimos, 58.200 dólares). El abandono de las políticas redistributivas del Partido Demócrata, iniciadas por el presidente Roosevelt con el New Deal, fueron  sustituidas por el Partido Demócrata con políticas de identidad, favoreciendo la integración de los sectores discriminados, como las minorías negras y latinas (sobre todo la negra) y las mujeres dentro de la estructura de poder, medidas que, por muy loables que tales intervenciones fueran, beneficiaron a grupos minoritarios (de clase media alta, profesionales con educación superior), que pasaron a integrarse en las direcciones de las instituciones predominantemente públicas (y muy en particular, en los aparatos federales) sin que ello implicara un mayor beneficio de la gran mayoría de las minorías y de las mujeres pertenecientes a las clases populares. El hecho de que el presidente Obama fuera negro tuvo una enorme importancia simbólica, pero sus políticas liberales no beneficiaron a las clases populares, a las cuales pertenecían la gran mayoría de las minorías y también de las mujeres.

De ahí la gran capacidad de movilización de Trump en 2006, en un momento en que la clase trabajadora (la mayoría blanca) y otros sectores vulnerables dentro de las clases populares estaban sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales de liberalización económica, lideradas por los gobiernos del Partido Demócrata anteriores. Trump se presentó como la voz del antiestablishment liberal y globalizador frente al Partido Demócrata (supuesta causa de todos sus males) que lideraba un gobierno federal, al que se le presentaba cautivado por minorías y mujeres universitarias de clase media alta. Su mensaje, caracterizado por un nacionalismo extremo, retrógrado, añorando un pasado idealizado, de carácter imperial, basado en una superioridad racial, machista y cultural, defendiendo la civilización cristiana,  (convirtiendo al "Estado y a la Ley en instrumentos para asegurarse que se siga la voluntad de Dios en la sociedad" como  subrayó la juez Amy Coney Barrett, nombrada miembro del Tribunal Supremo en EEUU por el presidente Trump), así como a la "patria-nación" frente a sus enemigos (que incluye a todo aquel que no comulgue con su credo) fue muy movilizador.  El lector español recordará esta ideología como dominante durante la dictadura fascista en España.

La recuperación del New Deal como respuesta del Partido Demócrata al Trumpismo

La concienciación de este problema, y el coste que le ha significado al Partido Demócrata estar identificado con el liberalismo globalizador, explica que la dirección del gobierno Biden esté respondiendo a marchas forzadas con la recuperación del New Deal. El mayor obstáculo no es que no tenga el apoyo popular para hacer tales reformas, (que sí lo tiene), sino que no tiene los números en el Congreso que le permitan aprobar tal ambicioso proyecto (ver V. Navarro El fin del neoliberalismo y la búsqueda de alternativas, publicado el 14 octubre 2021 en Público). Necesitan 50 votos en el Senado y el Partido Demócrata solo tiene 48 votos que apoyen el New Deal de Biden, puesto que dos demócratas no lo están apoyando y son representantes (y portavoces) de intereses económicos que quedarían afectados por la aprobación de tales propuestas y que se oponen al New Deal: uno es el senador Joe Menchin, del Partido Demócrata del Estado de Virginia, financiado por la industria del carbón, y la otra senadora del Estado de Arizona, también del Partido Demócrata, Krysten Sinema, financiada por la industria farmacéutica que se opone a la regulación de precios de las medicinas, propuesta que hace Biden en su  New Deal.

¿Es EEUU una democracia?

Sí, pero muy limitada. Vayamos por partes. En primer lugar, el presidente de EEUU no es elegido directamente por la población. En realidad, en todas las elecciones desde el año 2000, los candidatos del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos han obtenido más votos que los candidatos republicanos (excepto Bush, hijo) y sin embargo los presidentes han sido, la mayoría, republicanos (durante el período 2000-2020, la mayoría de los votos fueron al candidato demócrata, excepto Bush, y sin embargo, los republicanos gobernaron más años, 12, que los demócratas, 8). Y ello se debe al hecho de que quien elige al presidente de EEUU es el Colegio Electoral, que sistemáticamente favorece a los estados rurales sobre los industriales y urbanos.

Lo mismo ocurre en cuanto a la composición del Senado, cámara enormemente poderosa, pues aprueba el presupuesto del estado federal, los nombramientos propuestos por el presidente, e incluso los miembros de la Corte Suprema. Cada estado tiene el mismo número de senadores: dos. California, estado en general demócrata, tiene cuarenta millones de habitantes, y tiene el mismo número de senadores, dos, que Wyoming, con medio millón de habitantes predominantemente en zonas rurales y predominantemente republicanos. Y, aquí también, sistemáticamente los demócratas consiguen más votos que los republicanos en las elecciones al Senado, y es más que probable que ello ocurra en el año 2022. Uno de los analistas electorales con mayor credibilidad, David Shore (New York Times, 10 de octubre de 2021) dice que en 2022 los demócratas podrían ganar, consiguiendo más del 51% del voto del Senado y, en cambio, conseguir solo 43 senadores, convirtiéndose en irrelevantes.

¿Quién tendrá mayor capacidad de movilización?

En este escenario, el futuro podría ser muy preocupante, pues, la única alternativa es que el Partido Demócrata consiguiera una gran movilización capaz de neutralizar la enorme desventaja que el sistema electoral supone para tal partido. Y aun cuando ello se consiguió en 2020, no es seguro que se consiga en 2022, pues es poco probable que las propuestas New Deal sean aprobadas por tal partido, contribuyendo con ello al desencanto popular.  Es importante subrayar que el desencanto es muy notable y muy en particular entre la clase trabajadora, incluyendo la negra, la latina y todas las clases populares sin educación secundaria, lo cual puede contribuir a una gran desmovilización de las clases populares, de lo cual, Trump se beneficiaría. La pérdida de control del Senado y del Congreso en el 2022 por parte de los demócratas, la victoria de las presidenciales por parte de los republicanos liderados por Trump, significaría un cambio de enormes consecuencias internacionales, además de nacionales, que debieran ser motivo de reflexión y reacción por parte de las fuerzas progresistas a nivel mundial. De la misma manera que el fascismo y el nazismo fueron resultado de la Gran Depresión, causada por las políticas liberales aplicadas en aquel entonces, sus herederos actuales han sido consecuencia de la crisis económica provocada por el liberalismo económico, iniciado en los años 70 y 80, que ha afectado muy negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares, que la pandemia mundial ha puesto en evidencia.

octubre 21, 2021

Publicado enInternacional