Control de armas: es hora de que la mayoría reaccione

La nueva ley federal sobre control de armas parece haber fracasado antes de que el Senado comience a discutirla la próxima semana. El estancamiento en el Senado de Estados Unidos, donde en los últimos tiempos se necesita una mayoría especial de 60 votos para aprobar prácticamente cualquier legislación, está resultando ser un obstáculo infranqueable para lograr un cambio significativo tras la masacre de Newtown, Connecticut. Mientras tanto, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) está tratando de imponer su polémica propuesta de colocar guardias armados en todas las escuelas, lo que aumentaría el número de armas en nuestra sociedad y consolidaría aún más la cultura de las armas.


 
Mientras que el Senado es probablemente el peor barómetro de la opinión pública, las encuestas más recientes indican que existe un apoyo mayoritario a realizar controles más estrictos: un abrumador 85 a 90% de las personas consultadas de todo el espectro político apoyan la verificación universal de antecedentes. Sin embargo, a medida que el horror de la masacre de Newtown va quedando atrás, las encuestas indican que el apoyo a una prohibición más fuerte contra las armas de asalto va disminuyendo de a poco, como era de esperar.


 
El tiempo está a favor de quienes se oponen al control de armas, en particular la NRA. Cuanto más se posterga la votación de la ley, más disminuyen las probabilidades de lograr algún resultado. Es por eso que el anuncio del Presidente Barack Obama sobre la creación de una comisión para tratar el tema, apenas cuatro días después de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, fue tan solo un presagio de fracaso e inacción.


 
Poner en marcha una comisión lleva tiempo, y no ayudó el hecho de que la persona que nombró Obama para presidir dicha comisión (el Vicepresidente Joe Biden) alentara el uso ilegal e irresponsable de armas al declarar: “Si quieren protegerse, cómprense una escopeta de doble cañón y cartuchos para una escopeta calibre 12. Les aseguro que, como le dije a mi esposa (vivimos en una zona rodeada de árboles y un tanto aislada): ‘Jill, si alguna vez hay un problema, sal al balcón, toma la escopeta de doble cañón y dispara dos tiros al aire. Te aseguro que quien quiera entrar a la casa no lo hará’. No necesitan un fusil AR-15. Es más difícil de apuntar, más difícil de usar. Y tampoco necesitan 30 municiones para protegerse. Compren una escopeta”.


 
Muchos de los dichos de Biden son desestimados por ser considerados deslices o bravatas, pero estamos hablando de la declaración de quien preside la comisión sobre control de armas que creó el Presidente. En su discurso sobre el estado de la Unión, Obama fue fuertemente ovacionado cuando afirmó: “Las familias de Newtown merecen un voto. Las familias de Aurora merecen un voto. Las familias de Oak Creek y Tucson y Blacksburg y el sinnúmero de comunidades que han sido víctimas de la violencia con armas, merecen un simple voto”.


 
Paul Barrett, viceredactor en jefe de la publicación Bloomberg Businessweek y autor del libro: “Glock: The Rise of America’s Gun” (Glock: el auge de las armas en Estados Unidos), me dijo: “Creo que [Obama] envió una señal muy clara, quizá codificada, en su discurso del estado de la Unión cuando pronunció su emotiva frase recurrente de que quienes proponen leyes de control de armas merecen un voto. Repitió eso una y otra vez. Creo que los miembros de su partido, el principal de ellos Harry Reid, congresista de Nevada y líder de la mayoría del Senado, podrían interpretar que la exhortación de Obama significa: ‘Damas y caballeros: vamos a discutir las diferentes mociones, votaremos y después pasaremos a asuntos más importantes’. Es casi un reconocimiento de que no se adoptará ninguna legislación seria. Es un debate acerca de si debería o no obstruirse la votación. Y todo esto está sucediendo en el contexto de un proyecto de ley propuesto en el Senado, donde los demócratas están teniendo dificultades para presentar proyectos de ley, a pesar de que tienen la mayoría en esa cámara. Cuando todo esto pase a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos y con fuerte influencia del ‘Tea Party’, todo el proceso va a frenarse de golpe”.


 
La legislación propuesta es apenas una sombra de lo que debería ser una verdadera ley de control de armas. La Ley de prohibición de las armas de asalto de 2013 de la senadora Dianne Feinstein, según ella misma reconoce, deja fuera a 2.271 armas. Según una encuesta de 2007 realizada por GunPolicy.org, de los 645 millones de armas que están en manos de civiles en el mundo, más de 270 millones están en Estados Unidos, es decir, casi la mitad de las armas que poseen civiles en todo el planeta. La misma encuesta señala que las fuerzas armadas y la policía de Estados Unidos tienen en conjunto poco más de 4 millones de armas. Realmente somos un país armado.


 
Si bien la legislación federal parece estar estancada y haber sido despojada de todo contenido, se está avanzando a nivel estatal. En Colorado, la legislatura controlada por los demócratas aprobó leyes por un estrecho margen que obligan a realizar verificaciones de antecedentes más estrictas y limitan el tamaño de los cargadores de las armas semiautomáticas. Obama viajó a Colorado el miércoles para destacar el avance logrado. Allí, Obama afirmó: “Creo que Colorado ha demostrado que es posible avanzar gracias al liderazgo del gobernador Hickenlooper y a algunos de los legisladores estatales que están hoy aquí. Aurora es una ciudad que vota tanto a demócratas como a republicanos: el Ayuntamiento de la ciudad es republicano, la mayoría de los legisladores estatales son demócratas, pero se unieron porque comprendieron que había que hacer algo razonable a partir de esta tragedia”. La próxima semana se dirigirá a Connecticut, donde está Newtown y hay muchas fábricas de armas. Connecticut está a punto de aprobar las leyes de control de armas más estrictas del país.


 
El momento para aprobar una legislación sobre el control de armas fue cuando la atención del país estaba puesta en la masacre de Sandy Hook, el brutal asesinato de veinte niños y seis adultos. Antes de que las víctimas se desvanezcan de nuestra memoria, es necesario reparar al deteriorado sector político del país. Se necesita que un movimiento de base enérgico asuma el liderazgo que tanto hace falta en Washington D.C.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Publicado el 5 de abril de 2013

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
 

 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
En Brasil el precio de la fe se paga con poder político

La alianza entre fe, dinero y poder existe desde siempre, por supuesto. Al fin y al cabo, en muy tempranas eras quedó claro que explotar a los desvalidos, desesperados y miserables es seguro y rentable. Tanto es así que la Iglesia Católica sentó los precedentes en materia de enriquecerse a través de la fe. Los nuevos evangélicos, sin embargo, supieron ser más ágiles y seductores, y en las últimas tres o cuatro décadas rápidamente se llenaron de dinero y también de poder político.

 

Hoy día, son ambicionados por todos los partidos brasileños en búsqueda de alianzas. El Frente Evangélico Parlamentar es la segunda mayor bancada en el Congreso brasileño, superada solamente por la de los ruralistas, que defienden –con la frecuente adhesión de los evangélicos– los intereses del agronegocio.

 

Entre las muchas sectas, una merece ser destacada. Basta con recordar que la más actuante y lucrativa multinacional brasileña no es la estatal Petrobras, ni la minera Vale, y menos aún el Banco Itaú. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios, una secta pentecostal creada en un garaje de suburbio en Río de Janeiro por un antiguo funcionario de los correos llamado Edir Macedo, que en 1977 se autotituló obispo.

 

A propósito: conviene recordar que en Brasil es muy fácil conquistar ese título. Hay cursos por correspondencia y un diploma de pastor vale como 250 dólares. El de obispo es más caro, unos 400 dólares, pero el retorno es seguro y rápido.

 

Las leyes brasileñas aseguran exención de impuestos, y la libertad de culto está asegurada por la Constitución. Basta con registrar una iglesia para empezar a gozar de los beneficios constitucionales. Fue lo que hizo Edir Macedo hace 36 años, cuando creó lo que hoy es un gigante en el comercio de la fe.

 

Su secta está presente en Argentina y Costa Rica, en Panamá y México, en Uruguay y Colombia, en Ecuador y Puerto Rico, en Portugal e Inglaterra, en Angola y Mozambique, en Estados Unidos y en Japón, en India y Rusia. En total, la Universal del Reino de Dios actúa en más países que la cadena McDonald’s.

 

En Brasil, además de cinco mil templos, es dueña de la segunda mayor red nacional de televisión, controla cinco grandes diarios de provincias, tiene más de 80 emisoras de radio que cubren 75 por ciento del territorio nacional, una agencia de turismo, otra de publicidad, otra de taxis aéreos y un sinfín de empresas. Todo eso gracias a las contribuciones de los fieles.

 

La Universal del Reino de Dios es un fenómeno, pero no es el único. Más y más iglesias pentecostales brotan a cada semana como hongos después de la lluvia.

 

El poder económico de los evangélicos alimenta su capacidad de movilizar fieles y, en consecuencia, su poder político. Marcelo Crivela, un sobrino de Edir Macedo igualmente autonombrado obispo, obtuvo como dádiva el Ministerio de la Pesca en el gobierno de Dilma Rousseff. Jamás vio un pescado crudo en la vida, pero ganó la cartera gracias a que su partido aceptó integrar la alianza de respaldo a la presidenta.

 

En el Congreso, la bancada cuenta con 68 diputados y tres senadores. Entre ramos tradicionales y sectas nacidas de la nada, la Asamblea de Dios tiene 22 parlamentarios, la Iglesia Bautista once, la Presbiteriana ocho, la Universal con siete, y las demás reúnen otros veinte escaños. Son neopentecostales el líder del PMDB, mayor partido brasileño y principal aliado del PT, en la Cámara de Diputados, y los ultraconservadores evangélicos se muestran especialmente activos en las comisiones parlamentarias.

 

Una de ellas, la de Derechos Humanos, está presidida, gracias a la desidia de los demás aliados, por el pastor Marcos Feliciano, del PSC, partido vinculado con la Asamblea de Dios. Feliciano es un fundamentalista rabioso, que enfrenta procesos judiciales por racismo y homofobia. Peor: de los 18 miembros de la comisión que trata temas como el derecho al aborto, al casamiento entre personas del mismo sexo, la ley de prostitución o la defensa de los homosexuales, 14 son evangélicos ultraconservadores.

 

La tendencia nítida es que el poder económico de las sectas evangélicas se fortalezca y que, al mismo tiempo, aumente su actuación como grupo de presión social y, por lo tanto, de fuerza política. De los 42 millones de fieles brasileños, la inmensa mayoría pertenece a las clases sociales más bajas, que ahora son llamadas emergentes gracias a los programas de inclusión llevados a cabo primero por Lula y ahora consolidados por Dilma Rousseff. Grandes industrias concentran sus atenciones en ese segmento, y se asesoran con líderes religiosos para lanzar productos direccionados especialmente para los evangélicos. De celulares a computadoras, de jabón de tocador a publicaciones, los fabricantes buscan presentar productos diferenciados para atraer a esa inmensa clientela.

 

En la política, es más fácil. Lo que quieren los evangélicos es lo mismo que los demás: poder, espacio. Y, por lo visto, son cada vez más exitosos en sus afanes.

Publicado enInternacional
Así chantajea el FMI a la Primavera Árabe

Cuando en Túnez la gente salió a la calle para echar a Zine El Abidine Ben Alí reclamaban "dignidad", emblema de la Primavera Árabe. Dos años después, mientras se redacta la nueva Constitución, el gobierno islamista de Ennahda persigue los mismos objetivos que su antecesor: desarrollar el modelo económica que exige el FMI y seguir con la aplicación de planes de austeridad. Público ha tenido acceso en Túnez a través de una fuente que quiere permanecer en el anonimato a un documento "estrictamente confidencial" en el que el Gobierno envía un memorándum de políticas económicas y financieras a la Directora General del FMI, Christine Lagarde. En él se responde a las exigencias de la institución internacional planteando las reformas y recortes previstos para el próximo año.

 

De espaldas a la aprobación democrática, el gobierno de Ennahda, para llevar a cabo las reformas, solicita al FMI 1.320 millones de euros. "En caso de desembolso, las franjas desbloqueadas se reembolsan trimestralmente sobre 5 años a partir de la fecha de su desembolso con un plazo de gracia de 3 años y medio", aseguran a continuación. Según las mismas fuentes, el memorándum respondería punto por punto a lo exigido y pactado previamente con el FMI bajo amenaza de éste de tomar medidas para "ahogar económicamente al país". También lo piensa el conjunto del Frente Popular, la agrupación de todos los partidos de izquierda y la principal fuerza de oposición, que ve en estos planes un intento de paralizar la revolución del 14 de enero de 2011.

 

A cambio, el ejecutivo se compromete a seguir las líneas de política económica que han caracterizado a la institución internacional desde su nacimiento: desmantelamiento de servicios sociales públicos, privatizaciones, "flexibilización" del mercado laboral, contención del gasto y favorecer a las grandes compañías: "Nuestro programa de reformas estructurales se centra en mejorar el clima de negocios y la promoción de un sector privado competitivo", dice el memorándum textualmente.

 

En la primera parte del documento, firmada por el Gobernador del Banco Central de Túnez, Chedly Ayari, y el ministro de Finanzas, Elyes Fakhfakh, comienzan asegurando que la prioridad inmediata de su gobierno es "relanzar la actividad económica y crear un clima de estabilidad y confianza que revitalizaría la inversión y el papel del sector privado". En este marco, para "proseguir con el programa de reformas estructurales", piden "el apoyo del FMI", el cual hará un seguimiento del programa asegurado por revistas trimestrales. Y aseguran: "permanecemos vigilantes y dispuestos a tomar toda medida suplementaria que se comprobara necesaria para lograr tales objetivos. Consultaremos los servicios del FMI sobre la adopción de estas medidas, y con anticipación a toda revisión de las políticas macroeconómicas contenidas en este memorándum, conforme a las políticas de consultaciones del FMI. Todas las informaciones y datos necesarios para el seguimiento del programa se proporcionarán a los servicios del FMI".

 

A continuación, se desarrolla todo un análisis sobre la situación económica y política de Túnez en el momento actual, las reformas llevadas a cabo en el último año y cuáles serán las políticas a desarrollar en los próximos dos años. Al igual que las recetas enviadas por el FMI al sur de Europa, el documento hace hincapié en la necesidad de ajuste presupuestario al mismo tiempo que prevé inyecciones de capital al sistema bancario.  

 

Además, mientras se prevén todo tipo de recortes para ajustar el déficit no se hace mención a la deuda que tiene contraída el país árabe y que es una de las losas para su desarrollo. Una deuda que "ha sido contraída por un régimen dictatorial, por lo que no solamente es ilegítima sino que es odiosa. Se trata de una deuda pública externa hacia acreedores que son tanto países como el FMI y acreedores privados que han sido cómplices de Ben Alí", aseguraba desde Túnez Éric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo (CADTM). En la misma entrevista, Toussaint recordaba que la estrategia que sigue el FMI es "otorgar créditos para comprometer a los nuevos gobiernos con acuerdos que refuerzan el modelo neoliberal que implica seguir precarizando el mercado de trabajo".

 

La última página del memorándum recoge una agenda con las medidas concretas que va a tomar el gobierno mes por mes y cuál es el objetivo que persigue con cada una de ellas. Un calendario que según la oposición y la fuente que ha aportado el documento sería el que ha exigido directamente la institución que dirige Lagarde.


Algunas de las medidas de un calendario de corte neoliberal

 

- Aumentar los precios de los combustibles durante 2013.

 

- Adopción por parte del Consejo de Ministros de la orientación estratégica sobre el futuro rol del Estado en el sistema bancario en función de las auditorías de los bancos públicos.

 

- Adopción de una nueva circular que elimine la capitalización de las tasas de interés de los depósitos cuyo vencimiento sea superior a un año.

 

- La retirada por parte del Banco Central de Túnez de las medidas de restricción de las importaciones.

 

- Aprobación en el Consejo de Ministros de una nueva fórmula de fijación automática de los precios de la energía.

 

Por LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUELTúnez / Madrid04/04/2013 07:00 Actualizado: 04/04/2013

Publicado enInternacional
Desprivatización y restatización de la rusa Rosneft, primera productora global de petróleo

Mediante una adquisición financiera muy compleja, la estatal rusa Rosneft compró el consorcio privado petrolero TNK-BP, integrado por British Petroleum (BP) y un cuarteto de oligarcas” ruso-israelíes aglutinados en Alfa Access-Renova (AAR).

 

El mayor acuerdo en la historia empresarial de Rusia –por 55 mil millones de dólares– catapulta a la estatal Rosneft como la primera (¡supersic!) productora global, desplazando a la estadunidense privada ExxonMobil.

 

Según la agencia británica Reuters (26/3/13), la operación “refuerza el control del gobierno en el sector energético y representa una victoria para su director, Igor Sechin, confidente cercano del presidente Vladimir Putin”.

 

La depredadora británica BP –con serios problemas legales/financieros debido a la catástrofe ambiental del Golfo de México– es obligada a vender la mitad de su suculento negocio por urgencia de liquidez.

 

Reuters reconoce que BP “realizó enormes ganancias en sus 20 años en Rusia”, lo cual confirma Guy Chazan ( Financial Times, 21/3/13): “la inversión inicial de BP en 2003 fue de 8 mil millones de dólares, con ganancias por 19 mil millones de dólares en dividendos” a 2013, “la cuarta parte de su producción y la quinta parte de sus reservas”.

 

Así, la participación del Estado (¡supersic!) en el sector petrolero en Rusia viene de la nada (con la privatización) y hoy rebasa 50 por ciento.

 

Fue muy interesante la participación de la banca de inversión de Estados Unidos –Bank of América/Merrill Lynch y CitiGroup, que otorgaron un colosal empréstito por 40 mil millones de dólares–, cuyo acuerdo fue sellado simbólicamente en la casa oficial del presidente Putin, además signado por el director de BP (Robert Dudley) e Igor Sechin, de Rosneft.

 

Todos los comensales del zar energético global Vlady Putin tenían en la mira las pletóricas reservas de hidrocarburos en el Ártico, en donde también la estatal Rosneft ha realizado una interesante “asociación estratégica” ( joint venture) con la estadunidense privada ExxonMobil en el mar de Kara (35 mil 800 millones de barriles de reserva), en detrimento de BP.

 

En forma impactante, Estados Unidos otorgó una importante participación a la estatal rusa Rosneft en los yacimientos de Texas (¡supersic!) y del Golfo de México (AP, 30/8/11). El monto de la inversión entre ExxonMobil y Rosneft puede alcanzar la escalofriante cifra de 500 mil millones de dólares: ¡2.3 veces el PIB de México!

 

No hay que subestimar el acuerdo entre ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, con la estatal rusa Rosneft, la mayor productora del mundo, tanto en el Ártico como en el Golfo de México (la parte de Estados Unidos), que lleva consigo un enorme significado geopolítico que obliga a moderar las veleidades bélicas de Rusia y Estados Unidos, lo cual demuestra la hipercomplejidad no lineal de la incipiente multipolaridad.

 

Según Voice of Russia (7/3/13), la estatal rusa compró a Exxon Mobil una participación de 30 por ciento en la prospección geológica en el Golfo de México, lo cual “le otorga a Rosneft acceso al mayor depósito de petróleo y gas del mundo (¡supersic!)”. La idea, según su director, Igor Sechin, es “obtener el conocimiento” para ayudar a “desarrollar las profundas secciones en Rusia”. Se asienta la tesis de Bajo la Lupa: nadie en el mundo compra hoy sin “transferencia de tecnología”.

 

A Rosneft no se le pasa el conocido “vector asiático”: su abasto de petróleo y gas a la región con el fin de disminuir la dependencia de Europa, por lo que Igor Sechin discutió la participación de China en la exploración conjunta de los mares Barents y Pechora, en forma similar a lo realizado con las petroleras “occidentales”.

 


Además del imponente empréstito por 40 mil millones de dólares de la banca de inversión de Estados Unidos, Rosneft consiguió otros 10 mil millones de dólares de las empresas Vitol (alemana) y Glencore (anglo-suiza) a cambio de entrega de petróleo.

 

Con profunda mentalidad euroasiática, Rosneft consiguió unos 30 mil millones de dólares de China, mientras el cuarteto de “oligarcas” ruso-israelíes de AAR recibía cerca de 30 mil millones de dólares por sus acciones en TNK-BP (la mitad de esos valores), que tiene curiosamente una de sus filiales en Chipre. ¡Uf!

 

El cuarteto de “oligarcas” ruso-israelíes fueron inventados en la etapa aciaga del “capitalismo criminal” de Boris Yeltsin: Mikhail Fridman, German Khan, Viktor Vekselberg y Len Blavatnik. ¡Pura fichita!

 

La complejidad de la operación lleva a una participación de la privada/depravada BP en 20 por ciento del total accionario que controla la estatal Rosneft (con dos asientos en el consejo de administración).

 

El zar energético global Vlady Putin no nacionaliza, sino que restatiza y desprivatiza por la vía del mercado a un costo de 55 mil millones de dólares y el otorgamiento de 20 por ciento de las acciones de Rosneft con la bendición de la banca de inversiones de Estados Unidos. Seguro Vlady sabe algo que ignoramos.

 

Como no alcanzaba el dinero para la compra, la estatal Rosneft pidió prestados 6 mil millones de dólares de Gazprombank (uno de sus mayores accionistas es Gazprom, la principal gasera rusa, que se da el lujo de tener hasta su canal de televisión).

 

Lo impresionante radica en que después de la privatización salvaje de los hidrocarburos en Rusia en la etapa aciaga de Yeltsin –mediante la eclosión de un “capitalismo criminal” enarbolado por la plutocracia gansteril de los “oligarcas”–, 20 años más tarde Vlady Putin comienza a recuperar en forma gradual el control del Estado sobre los hidrocarburos sin necesidad de nacionalizar y jugando con las reglas del mercado anglosajón, al que ha comprado su parte (como en el caso de BP en TNK), o aliado en “asociaciones creativas”: ya sea con la estadunidense ExxonMobil (reciprocidad de exploración en el Ártico a cambio de la prospección en Texas y el Golfo de México, The Voice of Russia, 8/3/13), ya sea con las petroleras chinas (CNPS, Sinopec y CNOOC) a cambio de capitales frescos.

 

A mi juicio, la doble derrota militar de Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán marca el punto de inflexión hacia la desprivatización/restatización, cuando no renacionalización, de los hidrocarburos con la resurrección de Rusia del cementerio geopolítico.

 

Nadie entrega algo a cambio de nada: tal es el momento coyuntural multipolar que vive la industria petrolera/gasera global.

 

La década de los 70 del siglo pasado marcó el auge de la privatización (en el sentido bursátil anglosajón) y la desnacionalización de los hidrocarburos. Hoy se vive una interesante etapa híbrida de desprivatización/restatización, al menos entre las grandes potencias petroleras del planeta, que han entendido que las magnas reservas las poseen los estados (las “nuevas siete hermanas estatales”: Financial Times, 12/3/07), en detrimento de las “viejas siete hermanas anglosajonas”.

 

Mediante su inminente Estrategia Nacional de Energía (de 14 años), pareciera que el “México neoliberal itamita” no desea aprender de los errores trágicos de la privatización de los hidrocarburos en Rusia: ¿quiere repetir los mismos errores suicidas de Yeltsin y su “capitalismo criminal”?

 

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalife

Facebook: AlfredoJalife

Publicado enInternacional
Martes, 02 Abril 2013 06:23

Cameron cercena el Estado de bienestar

Cameron cercena el Estado de bienestar

El Estado de bienestar afronta en Reino Unido la reforma más drástica de su historia y las secuelas de ese paso las sufrirán los más desfavorecidos. La sociedad británica ha estado tradicionalmente orgullosa de un sistema que desde la posguerra conjuga la liberalidad de su mercado con una sólida red de prestaciones sociales. El primer paquete de medidas aprobado por el Gobierno del conservador David Cameron con el objetivo de paliar el déficit público ha entrado este lunes en vigor, con una rebaja de las ayudas a la vivienda social, a las familias más modestas en el pago de los abultados impuestos municipales o a los ciudadanos sin recursos para costear litigios ante los tribunales, junto a una remodelación de la gestión sanitaria donde primará el estricto control del gasto.

 

Más allá de las exigencias de una precaria coyuntura económica, los recortes defendidos por Cameron entrañan una filosofía que concibe el apoyo a los sectores más débiles como un lastre para la recuperación.

 

La reforma del Estado de bienestar es una decisión “justa” para incentivar el empleo, reducir la dependencia del Estado de quienes “deberían regresar al mercado laboral” y “ayudar a quienes realmente lo necesitan”, argumentaban en una tribuna conjunta publicada hoy en la prensa los ministros de Economía, George Osborne, y de Trabajo y Empleo, Iain Duncan Smith.

 

El artículo de dos de los pesos pesados del Gabinete aparecía como una respuesta a la oleada de protestas que en las últimas semanas han tomado las calles de numerosas ciudades del Reino Unido, y que el pasado fin de semana recibió el apoyo de cuatro confesiones protestantes, incluida la influyente Iglesia Reformada de Escocia, en su crítica a “la manipulación [de los conservadores] para perpetuar los mitos de la pobreza y justificar los recortes sociales”.

 

No solo los más pobres sino también las sufridas clases medias verán reducido su poder adquisitivo a causa de la merma de las ayudas sociales, denuncia la oposición laborista, en su esfuerzo por caracterizar al gobierno de coalición que integran conservadores y liberaldemócratas como representante de los intereses de los más pudientes. Los presupuestos presentados a mediados de marzo contemplan una rebaja de los impuestos a ese sector, con una reducción adicional de las cargas fiscales a las rentas más altas que pagan un tipo de hasta el 50%.

 

Mientras Duncan Smith alega que el Gobierno no pretende revertir el sistema de asistencia pública vigente en el último medio siglo, sino únicamente “gestionar” su insostenible crecimiento, muchas familias británicas se preparan para el escenario más negro. Aquel que, en los casos más extremos, apenas les reporta una ayuda de 53 libras semanales (62 euros).

 

Entre el conjunto de medidas que han entrado en vigor este mes de abril ha provocado especial contestación el llamado “impuesto del dormitorio”, que gravará a los residentes de una vivienda social si una de sus habitaciones está libre. Tal es el escrutinio al que se sienten sometidos los receptores de la asistencia del Estado británico de hoy.

 

» El impuesto del dormitorio. Las personas en edad de trabajar que vivan en un piso de protección oficial verán recortados los subsidios del Estado si disponen de una habitación teóricamente vacía, es decir, que sobrepase las necesidades de dormitorio de una familia, sin tenerse en cuenta otros usos que puedan destinar a la misma. El Gobierno sugiere a los afectados por esa medida, casi 700.000 ciudadanos, que se muden a otra vivienda con el número justo de estancias, a pesar de la denuncia de la oposición laborista sobre la “inexistencia” de casas alternativas. “Ese impuesto cruel destruirá vecindarios y pondrá a la gente en manos de los tiburones de los préstamos”, alega el portavoz de Trabajo de la oposición, Liam Byrne, apoyado en esa reivindicación por sectores eclesiales que consideran esencial el enraizamiento de las familias en una comunidad para evitar la fractura social.

 

» La insoportable carga municipal. La administración se dispone a reducir el apoyo a los 5,9 millones de familias que se declaran con escasos recursos para sufragar el impuesto municipal sobre la vivienda, una de las cargas más pesadas que afronta el ciudadano de a pie. Ello incrementará los gastos mensuales de quienes luchan para llegar a fin de mes, generalmente residentes de unos barrios donde esa imposición fiscal es más alta que en otras zonas más opulentas debido al volumen de las prestaciones sociales que se prestan en esas zonas. El sistema de ayudas gestionado hasta ahora por el Departamento de Trabajo y Pensiones se transfiere a las administraciones locales, cuya financiación se ha visto reducida en un 10%.

 

» Merma general de las prestaciones sociales. Por primera vez en la historia del Estado de bienestar británico, las prestaciones y créditos de carácter estatal ya no irán parejas al aumento del coste de la vida. A partir del próximo sábado, entra en vigor una medida que durante los tres próximos años reduce al 1% el incremento anual de los subsidios, muy por debajo de la inflación. Estos limitarán a un tope de 500 libras semanales (590 euros) la cantidad que una familia británica puede recibir del Estado, independientemente de sus circunstancias.

 

Aunque tanto los pensionistas como los discapacitados quedan exentos de esa barrera del 1%, los primeros se han movilizado contra un nuevo impuesto (el llamado granny tax) sobre el cheque que perciben cada mes. Las personas que sufren algún tipo de discapacidad se verán, asimismo afectadas por la decisión del Gobierno de redefinir su condición: a la hora de prestarle apoyo económico, ya no se trata de la minusvalía que padezca un ciudadano, sino de cómo esta afecta a su vida y sustento. Un millón de personas pueden perder su derecho al subsidio según y cómo se interprete esa diferencia semántica.

 

» Sanidad. El Estado cede desde este lunes la gestión de los presupuestos en sanidad a las respectivas comisiones médicas locales, integradas por doctores, enfermeras y otros profesionales, en pro de una reforma del sistema público que sus críticos tildan de semiprivatización. Estas comisiones serán quienes decidan cómo se controla el gasto. La medida resulta especialmente chocante cuando una investigación encargada por el propio gobierno de Cameron determinó que los escándalos que han azotado a varios hospitales públicos ingleses durante los últimos años, donde los índices de mortalidad se revelaron muy superiores a la media prevista, respondieron a una política que primaba los resultados económicos frente a la atención al paciente.

 

» Asistencia legal. Los laboristas calificaron este lunes de “jornada de la vergüenza”, a raíz de las restricciones que han entrado en vigor sobre el acceso a una ayuda legal sufragada por el Estado. Solo aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a las 32.000 libras anuales podrán recabar el apoyo del dinero público en sus causas ante los tribunales de justicia, en una medida que afectará principalmente a los casos de divorcio y a los de despidos improcedentes. Muchos reclamantes se lo pensarán dos veces antes de acudir ante el juez y bajo el riesgo de afrontar una abultada minuta en costas legales. Por mucho ahorro que el Gobierno de Cameron esgrima, la justicia ya no va a ser igual para todos.

 

Por Patricia Tubella Londres 1 ABR 2013 - 23:24 CET

Publicado enInternacional
Martes, 02 Abril 2013 06:15

La seguridad, tema de campaña

La seguridad, tema de campaña

Un día antes del comienzo formal de la campaña, de cara a las elecciones presidenciales del 14 de abril, el presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó al capitalismo por la violencia en el país y enfatizó que pronto aprobarán la ley de desarme. Durante la jornada, el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, convocó para anoche a una marcha en Caracas para pedir seguridad en el país. En conferencia de prensa, Capriles habló sobre el tema de la seguridad y advirtió que no piensa abandonar la carrera electoral.

 

Luego de que el gobierno anunciara ayer que hubo 3400 homicidios en lo que va de 2013, Maduro encabezó un acto en el que se activó el equipo nacional del Movimiento por la Paz y la Vida, creado el 23 de marzo, con el objetivo de abordar la seguridad, uno de los temas que más preocupa a los venezolanos, según las encuestas. “Hay que ir a la raíz del problema y la raíz son los valores del consumismo capitalista. Se van a burlar, pero es la gran verdad. Es el capitalismo. ¿Quién más sembró el tráfico de armas?”, señaló. En cadena nacional, el mandatario dijo que pronto estarán aprobando la ley de desarme en la Asamblea Nacional (Parlamento). “Pero el primer desarme que tenemos que hacer es el de los antivalores del capitalismo”, añadió. El presidente interino, quien remarcó que sin un movimiento popular jamás se construirá la paz, aseguró que el llamado está llegando para combatir la violencia. “Todos los niños nacen buenos, nobles. La sociedad es la que los modela”, sostuvo.

 

Este no fue el único acto del mandatario. En la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y ante estudiantes de policía, Maduro resaltó que ellos son el instrumento de la construcción del socialismo. “Siendo hijos ustedes de la mano milagrosa de (el ex presidente) Hugo Chávez, tienen que tener un compromiso eterno en su corazón para ser instrumento de la construcción de la paz”, indicó. Maduro aseguró, por otra parte, que han recibido llamadas de miembros de grupos violentos en zonas humildes de varias ciudades del país para manifestar su deseo de dejar el crimen y su intención de incorporarse al trabajo y “a la vida”, en respuesta a una reciente iniciativa del candidato chavista de llamarlos a dejar las armas. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que en 2013 se registraron 3400 homicidios en todo el país, al hablar en un acto público en compañía del presidente interino. Venezuela ocupa el quinto lugar entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, según indicó hace dos semanas un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La tasa de Venezuela fue de 45,1 por cada cien mil habitantes, sólo superada por Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica.

 

En este contexto, el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, convocó para ayer a la noche a una marcha en Caracas para pedir seguridad en el país, donde en 2012 hubo 16.072 homicidios. “Caminaremos juntos, sin miedo, con paso firme para alcanzar el país con el que soñamos y nos merecemos”, fue la consigna para la manifestación que se realizará en el este de Caracas, una de las zonas más acomodadas de la ciudad. En una conferencia de prensa en la que dio a conocer los lineamientos para la campaña electoral que comenzará hoy de manera oficial, el candidato opositor profundizó sobre el tema de la seguridad. “Queremos hacerle sentir a nuestro pueblo el sueño de poder caminar por la calle en la noche. Nuestro objetivo es derrotar a la violencia”, expresó Capriles. La convocatoria se extendió a 17 estados del país.

 

“Tenemos que tomar los espacios públicos, sin tener miedo”, agregó el aspirante a la presidencia, que el 14 de abril se enfrentará con Maduro en las urnas. Sobre la versión que indicaba que no continuaría con su candidatura, fue contundente. “A ellos les encantaría que nosotros dejáramos el camino libre, porque ellos saben perfectamente que esta elección se va a decidir el 14 de abril, ellos lo saben; aquí el juego no está cantado”, aseguró. Asimismo subrayó que “no está planteado ningún retiro de nada”, y afirmó que Maduro prende velas todos los días para que eso suceda. Al referirse al presidente encargado y aspirante del oficialismo, apuntó que “tiene una silla prestada” y lo consideró como una mala imitación.

 

Cada vez más cerca de las urnas, la encuestadora GIS-XXI –cercana al gobierno– divulgó ayer un sondeo que daba cuenta de que el candidato del oficialismo tiene una ventaja de casi 10,6 puntos sobre Capriles. Con un escenario de participación estimada entre el 77 y 80 por ciento el día de las elecciones, Maduro obtendría, como indicó la encuestadora, un 55,3 por ciento de los votos frente a un 44,7 por ciento de Capriles, candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. “El manejo de esta etapa ha resultado en un gap (brecha) favorable al chavismo y a su candidato Nicolás Maduro, y como vía contraria ha significado una pérdida de espacio tanto de la oposición como de su candidato”, dijo el director de la encuestadora, Jesse Chacón, al presentar los resultados del sondeo, efectuado en todo el país del 18 al 23 de marzo, quince días después de la muerte de Chávez.

Publicado enInternacional
Domingo, 31 Marzo 2013 08:03

Medios públicos en el centro del debate

Los medios de comunicación públicos son, desde su misma génesis, un tema de debate en todo el mundo. Por lo general, las funciones, los objetivos y el origen de la financiación que los medios estatales deben tener son materia de discusiones interminables por especialistas, académicos, dirigentes políticos y gobernantes, a la vez que por los ciudadanos. ¿Cuál debería ser el objetivo primordial de un sistema de medios públicos? ¿Deberían plasmar en sus contenidos las temáticas y lenguajes que los privados-comerciales desechan cotidianamente? ¿O, por el contrario, tienen que conformar una programación con un fuerte perfil cultural-educativo, transmitiendo valores ciudadanos y democráticos? ¿O, acaso, deben apuntar a competir con los privados por una porción de la audiencia, con formatos y búsquedas que replican los contenidos mainstream? Estas son sólo algunas de las preguntas que giran alrededor de los medios públicos.

 

Desde hace algunos años los gobernantes de los países de América latina han desarrollado en paralelo –aunque con sus matices– sistemas de medios públicos que intentan equilibrar el mapa de comunicación nacional, dándoles un fuerte impulso para fortalecer su presencia en la sociedad, ya que históricamente estuvieron relegados o subordinados a la estética de los medios privados. Incipientes, en plena etapa de despliegue y a la espera de consolidarse, los renovados sistemas de medios públicos reeditaron un debate que parecía perdido en las sociedades latinoamericanas. Algo tan positivo como conflictivo. Las nuevas leyes de medios, aprobadas o en calidad de proyectos según cada país, alimentaron la discusión, no exenta de intereses –políticos, económicos y culturales– que contaminan un intercambio de opiniones que hay que dar abiertamente. Con ese espíritu de pensarlos y analizar su actualidad, Página/12 convocó a distintos especialistas sobre medios públicos para que sienten su posición respecto de lo que ocurre en América latina, pero sobre todo en la Argentina.


El rating de los medios públicos

 

Una de las discusiones primarias que surgen sobre los medios públicos se refiere a su finalidad. Hay quienes creen que su principal objetivo debe estar atado a brindar un servicio cultural-educador, en una suerte de formador electrónico de identidad y civismo. Otros, en cambio, señalan que es necesario que los medios estatales apunten a competir por la audiencia, como una manera de hacerlos más rentables y hacer que su mensaje llegue a la mayor cantidad de la población de un país. ¿Es posible, en el contexto latinoamericano, otorgarles un perfil cultural-educativo a sus programaciones y que, a su vez, compitan por la torta de audiencia y publicitaria? La discusión es infinita y al respecto chocan distintas posiciones. Se abre el primer round.

 

“El principal objetivo es constituir una emisora plural y respetuosa de la diversidad cultural, social y política que tienen las sociedades en América latina”, afirma Martín Becerra, especialista en política de comunicación e investigador UNQ-Conicet. “Ello conduce, a mi juicio, a que una emisora para ser pública no esté sujeta ni a los dictados del mercado con su correlato de generar una programación exitosa en términos de rating exclusivamente ni a la lógica gubernamental que subordina todo contenido informativo al previo cálculo de que debe beneficiar al partido gobernante, ya que en ambos casos se menoscaba la capacidad de la audiencia de elaborar su propia síntesis”, subraya el autor de Cajas mágicas, el reciente y gran trabajo sobre medios públicos en América latina que escribió junto a Luis Arroyo, Angel García Castillejo y Oscar Santamaría (ver aparte).

 

En la misma línea, el profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, Luis Albornoz, cree que un operador público debe estar al servicio de los ciudadanos, pero con independencia económica y política. “A través de una o varias señales, debe ofrecer un abanico amplio de contenidos que satisfagan las necesidades e incentiven las inquietudes de los distintos sectores que conforman la sociedad. Esto implica una atención por las necesidades de (in)formación y entretenimiento tanto de grandes audiencias como de minorías. La Convención de la Unesco sobre la diversidad cultural (2005), a la cual adhirió la mayor parte de los países de la región, explica que para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo son necesarios el acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas partes del mundo, y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión”, analiza el autor de La nueva televisión del Mercosur (La Crujía), entre otros libros.

 

El primer quiebre en el debate lo da Omar Rincón, el especialista colombiano, autor de Televisión pública: del consumidor al ciudadano (La Crujía). En su manera de pensar los medios públicos, se arriesga a dejar de lado las concepciones tradicionales de la academia. “En el siglo XX soñábamos con una TV estatal que debía ser cultural, educativa y analítica de información. Siempre se quiso que no fuera de gobiernos sino de ciudadanía. Llegados al siglo XXI y viendo las experiencias de todo el mundo, creo que debe ser de entretenimiento y olvidarse de lo educativo y cultural; de gobierno, para que no sigamos jugando a esos eufemismos de que es pública pero se hace para el gobierno, así la evaluaríamos contra el proyecto político del gobierno y dejaríamos de jugar a la autonomía inexistente; y televisiva más que contenidista, ilustrada y moralista”, dispara el colombiano, en una posición transgresora.

 

En una síntesis entre ambas posturas, Valerio Fuenzalida, profesor e investigador del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, cree que es más fácil señalar los objetivos –que en su opinión se ajustan a cada época– que no deben perseguir los operadores públicos: “No debe estar al servicio del gobierno de turno, ni de intereses privados ni corporativos. Debe estar al servicio de la audiencia-ciudadana, lo cual hay que definir en cada época, pues es un servicio cambiante en la evolución histórica y tecnológica. En este momento y con la actual tecnología digital abierta, me parece que la TV pública debe operar varios canales segmentados para servir mejor a la audiencia: un canal con 24 horas de información, canal infantil, canales regionales, canal cultural, y otros según cada país”.

 

Entre los que mantienen una visión tradicionalista del rol de los medios estatales y quienes optan por pensarlos de acuerdo con la realidad latinoamericana del siglo XXI, la puja por la audiencia también se cuela. Desde España, Albornoz está convencido de que las variables a través de las que se debe evaluar un sistema de medios público deben correrse de los índices de audiencia. “Reducir la actuación de un operador que presta un servicio público a la tiranía del rating es un error. Es preciso pensar en otros indicadores de eficiencia que vinculen la oferta de programación con satisfacción, innovación, diversidad cultural o educación”, afirma. En contraposición, Rincón señala que “el rating debe existir porque nadie hace televisión para que no lo vean, pero también para dar trabajo a la gente del sector, experimentar modos de narrar, intentar otros modos de programar y narrar, crear pantalla para la gente, meter estéticas populares en lo público, potenciar la industria de creación audiovisual.”

 

Si bien tanto Fuenzalida como Becerra acuerda en que el rating no puede ser un fin en sí mismo para un medio estatal, ambos especialistas consideran que la audiencia debe ser un objetivo para pensar sus programaciones. “Un canal público sin público es una contradicción. Pueden existir canales de nicho, pero deben llegar a ese público de nicho: un canal cultural puede tener bajo rating, pero es necesario para expresar las creaciones culturales”, analiza Fuenzalida. Becerra, en tanto, agrega que para que “la televisión sea pública debe tener público, es decir que debe disputar la preferencia de las audiencias con programas que interpelen desde un espacio que no sea la apelación al consumo su interés”.


América latina unida por la misma voz

 

La creación o fortalecimiento de redes nacionales de medios públicos es un denominador común en América latina en la última década, en la que algunos gobiernos decidieron tomar un papel activo y propositivo en materia de política comunicacional, con el objetivo de modificar las relaciones de fuerzas con los privados. La Argentina, Venezuela, Brasil y Paraguay dieron importantes pasos al respecto. Ecuador, Uruguay y recientemente México se sumaron a la tendencia, con proyectos de leyes que, entre otras cosas, apuntan a desarrollar los sistemas de medios no gubernamentales. Esta avanzada estatal es tan celebrada por los especialistas consultados como necesariamente discutida, especialmente en torno de la difusa frontera entre lo gubernamental y lo público que se da en la práctica.

 

“Hay una moda de medios públicos, pero hay mucha propaganda y poca televisión, mucha ilustración y poco popular, mucho deseo y poco dinero, mucha ideología y poco entretenimiento. Obvio, es mejor que haya donde no había nada”, analiza Rincón, como punto de partida. “Desde el pasado siglo –se suma Albornoz–, América latina ha desarrollado un modelo de TV a la estadounidense: operadores privados brindando un servicio con fines comerciales y, por supuesto, con fuerte poder político. Las bases para el desarrollo de medios públicos son una novedad histórica. Este cambio, alentado por gobiernos y diversos colectivos sociales, se da en un marco complicado: alto grado de concentración de la propiedad del conjunto de las industrias culturales y dura confrontación política, donde los grupos empresariales se resisten a perder poder.”

 

El mayor inconveniente de la incipiente refundación de los medios públicos es, a juicio de los consultados, lograr consolidar autonomía y pluralidad. “Hasta ahora, no logran superar la crisis del fracaso de la TV de propaganda gubernamental: no logran encontrar definiciones de tareas de servicio público, masivas y de calidad. Un servicio público hoy indispensable es una información plural y balanceada, ya que vivimos en sociedades complejas pos fundamentalismos ideológicos, sociedades que requieren discusión de ideas para acordar las metas y medios, la búsqueda de los cuales ya no se puede guiar por dogmas infalibles”, reflexiona Fuenzalida. Para lograr la mentada democratización, Albornoz sostiene que “es primordial que la actuación de los operadores públicos descanse en marcos jurídicos capaces de garantizar una gestión independiente de los poderes políticos de turno y en modelos financieros transparentes, estables y sostenibles”.

 

Entre la función social y la búsqueda de acaparar mayores audiencias, entre la conformación de una programación popular y contenidos culturales–educativos, entre la necesidad de fortalecer sistemas de medios públicos para equilibrar el control informativo e imprimirles un marco jurídico que garantice la pluralidad y autonomía política y económica, los medios públicos dirimen su resurgir en América latina entre puntos de vista que no siempre terminan en consensos. Los objetivos, contenidos y finalidades de las emisoras públicas son tan vastos como las maneras de pensar la sociedad. Lo interesante es que, tras la tormenta de gobiernos neoliberales en la región, el debate se haya abierto. Más vale darlo que creerlo perdido e infructuoso.

Publicado enInternacional
Domingo, 31 Marzo 2013 07:59

Los casos opuestos de Islandia y Chipre

Dos pequeñas islas –Islandia y Chipre– dieron una respuesta absolutamente diferente a la crisis financiera que las atropelló, respectivamente, en 2008 y en 2012. Hay sin duda importantes factores externos que explican esos comportamientos opuestos. En Chipre, por ejemplo, asistimos a una dura competencia entre la Unión Europea, por una parte, y la mafia y los grandes capitalistas rusos, aliados a la Iglesia ortodoxa chipriota, por la otra, que son grandes inversionistas en la isla. Además, enfrenta la hipoteca sobre la independencia chipriota planteada por la ocupación turca de un tercio de la isla y la amenaza turca de evitar por todos los medios que la República de Chipre explote sus reservas de gas.

 

Por consiguiente, en Chipre no está solamente en juego la defensa, a cualquier costo, del capital financiero, sino también el viejo conflicto imperialista con Rusia por el Mediterráneo oriental y en tierras del Medio Oriente, mientras que, en el caso de Islandia, al resto de los países europeos no les preocupaba mucho que un puñado de grandes especuladores financieros ingleses y holandeses perdiese muchas plumas (por supuesto, de cuervo) con el cierre de los bancos islandeses.

 

Pero lo que más me interesa destacar es la diferencia de comportamiento social entre los islandeses y los chipriotas, pues los primeros desconocieron la deuda externa, se negaron a pagarla mediante dos referendos sucesivos, derribaron al gobierno de los banqueros, reformaron la Constitución, que fue redactada nuevamente mediante la intervención popular que, utilizando la red electrónica, redactó, discutió y afinó directamente el nuevo texto, mientras los segundos, tras comprobar que los grandes perdedores de la crisis no serían los pequeños ahorristas, sino los especuladores y tratantes de drogas y de blancas rusos, aceptaron un sistema que acaba de demostrar que los puede despojar en cualquier momento y volvieron a poner sus cuellos bajo el yugo de un sistema financiero corrupto apenas maquillado.

 

¿Por qué unos reaccionan y otros, en cambio, soportan las vejaciones? Creo que buena parte de la explicación la encontramos en la historia comparada de ambas islas, porque "los muertos se apoderan de los vivos", así como en la composición social de sus respectivas poblaciones.

 

Los primeros pobladores escandinavos de Islandia tomaban sus decisiones en una asamblea de los clanes ya en el siglo IX y crearon en el 930 el primer gobierno –en todo el mundo– basado en una asamblea democrática, llamada Althing.

 

Su insurrección contra los reyes noruegos se produjo cuando, varios siglos después, uno de éstos decidió suprimir esa asamblea. Islandia, en escala mundial, fue también el primer país en elegir a una mujer como presidenta de la República y, después de la movilización contra los bancos, en tener una primera ministra declaradamente lesbiana en un país luterano. Entre sus 319 mil habitantes (en 2011) la mayoría eran mujeres, las cuales viven casi 84 años por 81 en el caso de los hombres. Aunque la mayoría de los habitantes habite en ciudades, Islandia es un país de pescadores y, en medida mucho menor, de campesinos pequeños propietarios.

 

Chipre, en cambio, a lo largo de su historia tres veces milenaria, fue colonia de los faraones egipcios, de los asirios, de los persas, de los bizantinos, de los genoveses, de los otomanos, de los ingleses y se independizó (a medias) de éstos mediante una insurrección nacionalista armada sólo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue seguida por una invasión turca a la isla que colonizó la parte norte con soldados y campesinos traídos de Anatolia y dividió en dos la isla.

 

En la República de Chipre subsisten las bases inglesas y el país está acostumbrado a vivir una soberanía limitada y a depender del juego internacional de las potencias. Sus habitantes (un millón 116 mil 564, en 2011) tienen expectativa de vida de 78 años y viven, unos pocos, como campesinos en tierras que carecen de agua y, la mayoría, del turismo y de las consecuencias que derivan del carácter de paraíso fiscal (depósitos que superan 47 veces el producto interno bruto, lavado de dinero, tráficos ilegales y criminales de y hacia Rusia y Medio Oriente).

 

Su economía depende prácticamente del Sol y de los delitos del capital financiero. Podría salir de esa situación si explotase el gas que rodea la isla, pero eso significaría la ocupación turca y, al menos, una guerra turco-griega, que por el momento nadie quiere, pero cuya amenaza está siempre presente.

 

Si Islandia se caracteriza por sus orgullosas tradiciones democráticas, Chipre padece constantemente el recuerdo de su situación en el cruce del camino de las grandes potencias. La historia y la geografía ni explican ni determinan todo, pero tienen una densidad que no puede ser ignorada. Además, tanto para los turcos como para los bizantinos, que fueron la base de la población chipriota actual, pero no para los luteranos de Islandia, el curso de la historia depende de la voluntad divina, no de las decisiones políticas de los seres humanos.

 

Sea como fuere, los bancos islandeses fueron nacionalizados. Buena parte de la deuda externa no se pagó, la nueva Constitución garantiza que la nación es propietaria de los bienes comunes y establece la obligación de convocar referendos populares antes de adoptar una decisión importante e Islandia salió de la crisis y su economía creció 3 por ciento en 2012.

 

En Chipre, en cambio, la papa caliente quedó en manos de los grandes capitalistas, sobre todo rusos (que perderán cerca de 3 mil millones de euros) pero está rodando todavía y podría volver a caer del lado de los ahorristas nacionales. Otro dato: el presidente que en Islandia organizó el primer referéndum era un hombre de izquierda, ex sindicalista. El presidente que negoció la deuda chipriota es un gran banquero. Como se sabe, perro no come perro. Existe pues también el llamado factor subjetivo…

Publicado enInternacional
Domingo, 31 Marzo 2013 07:36

Los jueces: muralla insalvable*

La mordaza que cerraba la boca de las mujeres estalló hace tiempo: así se abrió el camino para emitir las palabras clamorosas y serenas del género. Se encogieron los patriarcas y acumularon frustraciones que habrían de fermentar en delitos intentando silenciarlas definitivamente. Delitos que reclamaron palabras nuevas para las violencias arcaicas. Entonces las mujeres integramos la muerte y el lenguaje y le pusimos nombre: femicidio, dijimos, para ampliar la nomenclatura e incorporar el símbolo verbal. Cuando nos convocamos todas las mujeres del mundo para denunciar, exigir sanciones y seleccionar procedimientos capaces de enlazar las múltiples violencias y anudarlas en la trama de voces y documentos que los países propician, se escuchan descripciones horrorosas. Naturalizadas, autorizadas, instaladas en la convivencia de cualquier índole, en el poder de los concesionarios de las leyes y en las pautas educativas todavía enroscadas sobre sí mismas.

 

Así fue escuchar y hablar en Naciones Unidas Mujer según los códigos internacionales que se remiten a las recomendaciones y las conclusiones obtenidas después de la atención cuidadosa que durante varios días se incendió en los salones magnos de la institución.

 

Argentina concurrió invitada como expositora en un panel central y representante de un continente al lado de la relatora oficial de ONU Mujer, de una representante de Asia, otra de Africa y otra de Europa. Tuve a mi cargo esa exposición y enuncié las leyes que se adelantan notoriamente en relación con otros países. Contamos con un recurso fuerte, la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ambitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, que es un paradigma de avances en el persistente tema de la violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva nacional, esa ley se articula con otras recientes cuya aplicación constituye una clave en las prácticas destinadas a la eliminación de la violencia contra las mujeres: la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad sexual que se ocupa del derecho a la diversidad, a las que se suma la ley destinada al femicidio y la ley contra la trata de personas.

 

La combinación de estas leyes con la ley marco 26.485 demanda un nuevo abordaje de las políticas transversales –convocando a los distintos ministerios con sus prácticas específicas– y configura un soporte que previene o ataja la posición de la mujer como subalterna, al mismo tiempo que propicia distintos modelos de prevención.

 

En paralelo, el Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en el año 2006, demostró mediante sus prácticas cómo se puede acompañar y sostener a víctimas de violencia familiar trabajando en terreno, también lograr una atención efectiva a las víctimas de violencia sexual, acompañándolas en las comisarías, en los hospitales y durante su exposición en tribunales para que sus denuncias promuevan la detención del violador; incluimos otros espacios que informan acerca de los abusos y malos tratos de niñas y de niños. Los diferentes trabajos que realizan los 200 profesionales que forman el Programa se instituyeron en clave de asombros y preguntas que provenían de representantes de distintos países del mundo.

 

No fue casual que cuando se abrió el espacio para las preguntas, debiera responder a interrogantes que superaron largamente los cuestionarios que se formularon a las representantes de los otros continentes. Lo cual generó una intervención del moderador, ya que responder todas esas preguntas hubiera significado dictar una conferencia. Imposible cuando los tiempos están cuidadosamente medidos. Como es inevitable en estas circunstancias, el diálogo se continúa más allá del ámbito de esa coyuntura y fue preciso abundar acerca de la ley de trata, la descripción del call center desde donde se atienden los llamados al número 137 y en cuya estrategia las operadoras trabajan en conjunto y no separadas entre sí, ya que desde allí se decide el envío de un auto policial para trasladar a la víctima, todo aquello que entre nosotros se conoce por la tarea cotidiana. La cifra de policías entrenados en temas de violencia desde marzo de 2009 (17.000 agentes de la Policía Federal Argentina, además de los concurrentes a los cursos destinados a las policías de varias provincias) le resultó sorprendente a las representantes de algunos países que posteriormente se reunieron con nosotras (Veta Escardó, asesora general del Programa, y yo).

 

Habíamos escuchado la exposición de la representante de Zambia, una mujer policía –para quien resultó complejo responder acerca del poder de los hombres sobre las mujeres en su país–, a la representante de Timor Este, tan lejanas sus prácticas, localizadas en la atención hospitalaria de las víctimas, a la representante del Reino Unido, cuya exposición no solamente asombró sino que mostró que aquello que es técnicamente recomendable puede ponerse en práctica porque no cuentan con el rechazo de los y las colegas que no están formados/as en el ejercicio del trabajo corporal. En Inglaterra, por lo menos aquello que se seleccionó narrar, atienden a las víctimas –después del proceso jurídico– mediante técnicas de role playing, meditación y ejercicios de técnica yoga. Apelan a la reparación total de la víctima, incluyendo el trabajo corporal.

 

Entre las preguntas que recibí dentro del canon de la exposición internacional, es decir, que en el momento no podía explayarme largamente, una fue propuesta por el representante de la Unión Europea: “Por favor, exponga sobre femicidio”. Yo solamente había mencionado la ley argentina y la existencia de una ONG que contabilizaba aquello que publicaban los medios de comunicación. El interés internacional residía en solicitarme un texto escrito acerca del tema, ya que la descripción del trabajo en terreno interesaba como estrategia y nosotras recibimos los llamados telefónicos que solicitan auxilio ante la amenaza con las que algunos hombres aterrorizan a las mujeres prometiéndoles “quemarlas”. Mi respuesta, asociada a la posición de la mujer como subalterna, tal como lo había mencionado en clara mención del colonialismo imperante en los temas referidos al género, desembocó en los procesos de revictimización que padecen las niñas y las mujeres cuando son recibidas en el ámbito del Derecho. Si bien mi exposición, además de evidenciar lo que hemos avanzado, señaló la necesidad de contar con la reglamentación de las leyes, en tanto y cuanto el retraso de la misma facilita a los jueces y juezas la escapatoria para no aplicarlas. Sabíamos que las ONG asistentes a este evento tendrían, después de las exposiciones oficiales, reuniones destinadas a la discusión de lo que se había escuchado, por lo tanto estaba garantizado este reclamo. Técnicamente –y la mía era una exposición técnica/profesional/política– correspondía reconocer como funcionaria las reglamentaciones que urge encender y que como tal se están tramitando.

 

Hasta aquí un mínimo recorte de la inmensa cantidad de horrores internacionalmente enunciados en distintos idiomas. En todos esos idiomas se instituyó, como reclamo, descripción y furia contenida, la misma frase: “Todo cuanto podemos avanzar en la asistencia de las mujeres víctimas de violencia fracasa cuando deben intervenir los jueces: la Justicia es una muralla insalvable”.

 

Coincidir en los agravios y homicidios que la violencia contra la mujer implica presentó matices y performances, pero una demanda se reiteró en las voces de las representantes: qué hacer con los jueces. A veces juezas. Era la coincidencia con mayor consenso, acompañada por su par histórico: la policía.

 

En el relato oficial yo había mencionado la frase “democratizar la Justicia” como una clave que permanecía suelta dada la escasez de tiempo, sabiendo que abarca temas infinitos. Fueron enunciados por las representantes de los distintos países, cada cual leyendo o improvisando para incluir, casi fatalmente, la existencia de esa muralla donde se forja y se cincha la mordaza de la víctima que decide hablar. Es el último recurso, insalvable, antes del femicidio.

 

Entre nosotros/as ya aparecieron las excepciones y las sentencias sensatas. Los otros jueces distribuidos por el mundo ¿se reconocerán en este diagnóstico internacional que los describe como “muralla insalvable” cuando deben sentenciar acerca de las violencias contra las mujeres?

 

* Este artículo refiere al trabajo llevado a cabo por la autora en el 57 Período de Sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, Nueva York, marzo 2013.

Publicado enInternacional
Domingo, 31 Marzo 2013 07:30

Brasil y el precio de la fe

La alianza entre fe, dinero y poder existe desde siempre, por supuesto. Al fin y al cabo, en muy tempranas eras quedó claro que explotar a los desvalidos, desesperados y miserables es seguro y rentable. Tanto es así, que la Iglesia católica sentó los precedentes en materia de enriquecerse mediante la fe. Los nuevos evangélicos, sin embargo, supieron ser más ágiles y seductores, y en las pasadas tres o cuatro décadas rápidamente se llenaron de dinero y también de poder político.

 

Hoy día son requeridos por todos los partidos brasileños en búsqueda de alianzas. El Frente Evangélico Parlamentar es la segunda mayor bancada en el Congreso brasileño, superada solamente por la de los Ruralistas, que defienden –con la frecuente adhesión de los evangélicos– los intereses del agronegocio

.

Entre las muchas sectas, una merece destacarse. Basta con recordar que la más actuante y lucrativa multinacional brasileña no es la estatal Petrobras, ni la minera Vale, y menos aun el banco Itaú. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios, secta pentecostal creada en un garaje de suburbio en Río de Janeiro por un antiguo funcionario de correos llamado Edir Macedo, que en 1977 se autotituló obispo.

 

A propósito: conviene recordar que en Brasil es muy fácil conquistar ese título. Hay cursos por correspondencia, y un diploma de pastor vale cerca de 250 dólares. El de obispo es más caro –unos 400 dólares–, pero el retorno es seguro y rápido.

 

Las leyes brasileñas aseguran exención de impuestos, y la libertad de culto está asegurada por la Constitución. Basta con registrar una Iglesia para empezar a gozar de los beneficios constitucionales. Fue lo que hizo Edir Macedo hace 36 años, cuando creó lo que hoy es un gigante en el comercio de la fe.

 

Su secta está presente en Argentina y Costa Rica, en Panamá y México, en Uruguay y Colombia, en Ecuador y Puerto Rico, en Portugal e Inglaterra, en Angola y Mozambique, en Estados Unidos y en Japón, en India y Rusia. En total, la Universal del Reino de Dios actúa en más países que la cadena McDonald’s.

 

En Brasil, además de poseer 5 mil templos, es dueña de la segunda mayor red nacional de televisión; controla cinco grandes diarios de provincia; tiene más de 80 emisoras de radio que cubren 75 por ciento del territorio nacional; una agencia de turismo, otra de publicidad, otra de taxis aéreos, y un sinfín de empresas. Todo eso, gracias a las contribuciones de los fieles.

 

La Universal del Reino de Dios es un fenómeno, pero no es el único. Más y más iglesias pentecostales brotan cada semana como hongos después de la lluvia.

 

El poder económico de los evangélicos alimenta su capacidad de movilizar fieles y, en consecuencia, su poder político. Marcelo Crivela, un sobrino de Edir Macedo igualmente autonombrado obispo, obtuvo como dádiva el esdrújulo ministerio de Pesca en el gobierno de Dilma Rousseff. Jamás vio un pescado crudo en la vida, pero ganó la cartera gracias a que su partido aceptó integrar la alianza de respaldo a la presidenta.

 

En el Congreso, la bancada cuenta con 68 diputados y tres senadores. Entre ramos tradicionales y sectas nacidas de la nada, la Asamblea de Dios tiene 22 parlamentares, la Iglesia Bautista 11, la Presbiteriana ocho, la Universal siete, y las demás reúnen otros 20 escaños. Son neopentecostales el líder del PMDB, mayor partido brasileño y principal aliado del PT, en la Cámara de Diputados, y los ultraconservadores evangélicos se muestran especialmente activos en las comisiones parlamentares.

 

Una de ellas, la de Derechos Humanos, está presidida –gracias a la desidia de los demás aliados– por el pastor Marcos Feliciano, del PSC, partido vinculado a la Asamblea de Dios. Feliciano es un fundamentalista rabioso que enfrenta procesos judiciales por racismo y homofobia. Peor: de los 18 miembros de la comisión que trata de temas como el derecho al aborto, al casamiento entre personas del mismo sexo, la ley de prostitución o la defensa de los homosexuales, 14 son evangélicos ultraconservadores.

 

La tendencia nítida es que el poder económico de las sectas evangélicas se fortalezca, y que al mismo tiempo aumente su actuación como grupo de presión social y, por lo tanto, de fuerza política. De los 42 millones de fieles brasileños, la inmensa mayoría pertenece a las clases sociales más bajas, que ahora son llamadas de emergentes, gracias a los programas de inclusión llevados a cabo primero por Lula y ahora consolidados por Dilma Rousseff. Grandes industrias concentran sus atenciones en ese segmento y se aconsejan con líderes religiosos para lanzar productos direccionados especialmente a los evangélicos. De celulares a computadoras, de jabón de tocador a publicaciones, los fabricantes buscan presentar productos diferenciados para atraer esa inmensa clientela.

 

En la política es más fácil. Lo que quieren los evangélicos es lo mismo que los demás: poder, espacio. Y, por lo visto, son cada vez más exitosos en sus afanes.

Publicado enInternacional