El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, en una imagen de Archivo. — EPA/KIMIMASA MAYAMA / EFE

Ese militarismo exacerbado latente en lo más profundo de la sociedad nipona ha ido ganando espacio público en las últimas décadas y que la nueva geopolítica internacional podría avivar de forma peligrosa.

 

El asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe por un exmilitar recuerda una de las caras más oscuras del Japón contemporáneo: la existencia de un militarismo exacerbado y latente en lo más profundo de la sociedad nipona, que ha ido ganando espacio público en las últimas décadas y que la nueva geopolítica internacional podría avivar de forma peligrosa.

El asesino de Abe se llama Tetsuya Yamagami y fue detenido tras perpetrar el magnicidio en Nara, durante un mitin del exmandatario por las elecciones al Senado del domingo. El atentado ocurrió al aire libre y sin apenas seguridad, algo bastante normal en una sociedad, la japonesa, donde los índices de criminalidad son muy bajos. El detenido es un desempleado de 41 años que sirvió en las Fuerzas de Autodefensa niponas, en concreto en la Marina, durante tres años, hasta 2005, y que estaba muy decepcionado con Abe. Algunas informaciones han indicado que tenía explosivos en su domicilio, también de fabricación casera.

El control de armas de fuego es muy estricto en Japón. Y si bien ha habido otros ataques contra políticos, ha sido con armas blancas, como ocurrió en 1960 con el líder socialista Inejiro Asanuma, acuchillado por un estudiante ligado a la extrema derecha. Es en este ambiente ultranacionalista donde está muy arraigado un militarismo descontento con el papel de verdugo que se sigue atribuyendo a Japón en buena parte de Asia por las brutalidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial y sus prolegómenos en el este de Asia, especialmente en China y la península de Corea. Ese ultranacionalismo tiene amplias bases en la universidad, el ejército nipón, en determinadas grandes corporaciones y en ciertos grupos religiosos, opuestos al pacifismo impuesto durante la ocupación estadounidense de Japón, tras la derrota de la contienda mundial. Sin embargo, esas fuerzas reaccionarias rara vez han recurrido a la violencia y menos aún al asesinato de un alto dirigente cuya propia ideología podría rozar en algunos aspectos ese mismo nacionalismo extremo, como sucedía con Shinzo Abe.

El primer ministro revisionista

Abe, primer ministro en dos ocasiones, entre 2006 y 2007, y entre 2012 y 2020, no se caracterizaba por tener un mensaje pacifista. Siempre apostó por un revisionismo sin tapujos para eludir la condena histórica que recayó sobre Japón por los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la guerra mundial y en la invasión, años antes, del este de China y de la península de Corea. Abe evitaba así hablar de la matanza de Nankín a manos del Ejército japonés en 1937, durante la cual cerca de 300.000 personas fueron masacradas en esa ciudad del este de China. Decenas de miles de mujeres fueron violadas y después asesinadas en un salvajismo sin parangón que no se detuvo ni en niños ni ancianos.

El político conservador, que tenía 67 años en el momento de su muerte, fue el artífice de muchos milagros económicos para apartar a su país del estancamiento y de la amenaza de la deflación, con estrategias controvertidas —las famosas "abenomics"— que fueron criticadas incluso en el seno de su fuerza política, el Partido Liberal Demócrata (PLD). Pero también fue el promotor de un lavado de cara de Japón por la vergüenza ante esos crímenes cometidos por su Ejército en la primera mitad del siglo pasado. En este sentido, Abe siempre defendió el espíritu militar tradicional japonés ante las reiteradas condenas de los países vecinos que sufrieron las atrocidades de las Fuerzas Armadas niponas en el pasado.

Hacia un nuevo Ejército japonés

Shinzo Abe no solo engrosó durante su mandato el presupuesto de Defensa de Japón e incrementó los lazos militares con Estados Unidos, sino que en 2014 hizo una añagaza legal para reinterpretar la Constitución impuesta por Washington tras la derrota nipona de la Segunda Guerra Mundial y así permitir que soldados japoneses pudieran combatir fuera del territorio nacional. El objetivo frustrado de Abe era cambiar esa Constitución pacifista de 1947 y sustituir el concepto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, como se llama eufemísticamente al "oculto" Ejército nipón, por el de unas fuerzas armadas convencionales que permitieran a Tokio enviar sus tropas allá donde fueran necesarias. También en apoyo de sus aliados, esto es, en defensa de la hoja de ruta geoestratégica liderada por Washington en el Pacífico.

En la reciente Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid entre el 29 y el 30 de junio, la Organización Atlántica dio la bienvenida a dos nuevos miembros, Suecia y Finlandia. Pero más importante si cabe en el nuevo concepto estratégico aprobado en Madrid, que regirá en la próxima década la doctrina militar de Occidente, fue el espaldarazo dado a países como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y el propio Japón para afianzar sus relaciones con la Alianza Atlántica y tomar parte en futuros ejercicios militares en la cuenca del Pacífico y el Índico.

El peligro chino

La caracterización de China como un "desafío" (por su asociación con la Rusia invasora de Ucrania) definió en Madrid el nuevo contrincante común. El mismo al que Abe aludió numerosas veces durante su mandato, el más largo de un líder político nipón tras la Segunda Guerra Mundial. Shinzo Abe siempre acusó a China de pretender imponer por la fuerza su soberanía en las islas del Mar del Japón reclamadas por ambos países y de animar a Corea del Norte en sus acciones agresivas contra Corea del Sur y Japón.

Otro ejemplo de su belicismo lo dio Abe el pasado 27 de febrero, tres días después de la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces señaló que debería reconsiderarse la posibilidad de que Japón albergara armas atómicas estadounidenses y aseveró que si Kiev hubiera dispuesto de ese tipo de armamento, jamás habría sido atacada por Moscú. En este sentido abogó por un acuerdo con Washington y la OTAN para que Japón quedara protegido en ese ámbito por la Alianza Atlántica, dirección sugerida de nuevo en la Cumbre de Madrid por japoneses y estadounidenses.

Abe era un halcón en política exterior y de defensa, y nunca lo quiso ocultar, de ahí sus numerosas visitas a Yasukuni, como muestra de su apuesta decidida por el revisionismo histórico.

Yasukuni, la meca del militarismo japonés

Cuando el 15 de agosto de 2004, apenas despuntado el día, avancé por la avenida principal del Yasukuni Jinja, aún desconocía el enorme significado simbólico que este templo del norte de Tokio tenía para el espíritu militarista subyacente en Japón desde su derrota en la Segunda Guerra Mundial. A mitad de la cuesta un enorme "tori", ese arco típico de los templos japoneses, daba la bienvenida, o alertaba, a los visitantes de Yasukuni, un lugar sagrado erigido para honrar a las almas de más de dos millones y medio de japoneses muertos por la patria desde mediados del siglo XIX. Entre ellos 14 criminales de guerra.

De pronto, un anciano se dirigió hacia mí con muchos aspavientos y una retahíla de frases que no llegué a comprender. Llevaba poco más de dos semanas en Tokio como nuevo delegado de la Agencia EFE en Japón y no entendía apenas el idioma. Pronto advertí que el anciano no estaba indignado. Al contrario, no cesaba de hacer reverencias mientras un caudal de lágrimas le anegaba los ojos. Entonces, paró su arenga en japonés y pasó a un inglés bastante comprensible: "¡Gracias, muchas gracias por venir a rezar aquí por nuestros hermanos caídos! Es usted muy buena persona", afirmó el hombre.

Eran cercanas las ocho de la mañana y seguramente yo era el primer extranjero que acudía a Yasukuni en esa memorable jornada, en la que se conmemoraba el fin de la guerra en el Pacífico, en 1945. Allí, según me acercaba al tempo vi en los laterales de la avenida cómo varios pelotones de paramilitares uniformados de azul oscuro lanzaban gritos marciales y marchaban a paso ligero en extrañas maniobras para mí incomprensibles. Estaba en el corazón del militarismo japonés más recalcitrante.

Que yo visitara Yasukuni no le importaba a nadie, salvo quizá al anciano que vio en mí, erradamente, una muestra de la solidaridad internacional con los militares muertos allí venerados. Pero sí que tuvieron siempre mucha repercusión dentro y, sobre todo, fuera de Japón las visitas de sus políticos. Y entre quienes acudieron al altar de Yasukuni en varias ocasiones estuvo Shinzo Abe.

Mishima y la contradicción nipona

Hay un Japón subterráneo, en las sombras, que escapa a la visión de la sociedad moderada y afable que nos llega a Occidente. Un ejemplo de la pervivencia de este Japón arraigado en viejas doctrinas militares lo ofreció el 25 de noviembre de 1970 uno de los mayores escritores que han dado las letras niponas, propuesto tres veces para el premio Nobel, aunque sus ideas extremistas dieron siempre al traste con esta posibilidad. Ese día, Yukio Mishima, acompañado de cuatro compañeros, asaltó el cuartel general en Tokio del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa. Allí, tomó como rehén al comandante de la institución y trató de forzar un golpe de estado militar con el objetivo de restaurar al emperador de Japón todo el poder del pasado. Fracasó. Entonces, embebido en lo que él creía que era un sagrado compromiso con su país e incapaz de superar el abismo trágico y grandilocuente al que le habían llevado sus ideas militaristas, el autor de El mar de la fertilidad cometió seppuku (harakiri) ante sus hombres.

08/07/2022 22:09

Publicado enInternacional
Fuentes: Agencia de Noticias Biodiversidadla

Resulta oportuno reflexionar acerca de las implicancias que este debate tiene para la soberanía alimentaria y los derechos de las y los agricultores sobre las semillas.

Aprovechando el debate por la aprobación del trigo transgénico HB4 en Argentina, representantes de las empresas biotecnológicas y algunos funcionarios del gobierno nacional se manifestaron públicamente a favor de avanzar con la modificación de la Ley de semillas. Si bien no hay ningún proyecto concreto que hoy se esté discutiendo, resulta oportuno reflexionar acerca de las implicancias que este debate tiene para la soberanía alimentaria y los derechos de las y los agricultores sobre las semillas.

La importancia de las semillas

Las semillas constituyen el reservorio de la vida, al transmitir los caracteres que darán continuidad a la especie. Al mismo tiempo, interrelacionan aspectos biológicos, sociales, identitarios, culturales, espirituales y económicos. Históricamente fueron consideradas bienes comunes por las y los agricultores, ya que las mejoraron y las compartieron manteniendo el control de las mismas, lo que condujo a una gran diversidad.

A diferencia de otros insumos agrícolas, la semilla es un organismo vivo que puede reproducirse, y es por esto que ha sido difícil transformarla en una mercancía. Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear las barreras que suponen una producción asentada sobre procesos biológicos.

Primero, con la aparición de las semillas híbridas (N. del E.: semillas producto del entrecruzamiento de especies diferentes para mejorar sus rendimientos pero que no pueden reproducirse), masificadas en el marco de la Revolución Verde, que rompieron la identidad semilla-grano y, por lo tanto, significaron la separación de las y los agricultores de su capacidad de replantar y el comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. En Argentina, estas variedades siguen siendo muy utilizadas, sobre todo para la producción hortícola. 

Luego, con el desarrollo de las semillas transgénicas, que significaron grandes cambios en el uso y la reproducción de semillas, habilitando nuevos mecanismos de acumulación y generando profundas consecuencias sociales y ambientales, como resultado del modelo de los agronegocios. Argentina las adoptó tempranamente, con la liberalización en 1996 de la soja Roundup Ready, resistente al glifosato. Durante los años siguientes, el modelo continuó su profundización. Todos los gobiernos, más allá de su signo político, impulsaron con entusiasmo los cultivos transgénicos, creando un modelo hegemónico basado en la agricultura biotecnológica. Al día de hoy, el país tiene 65 eventos transgénicos aprobados, sobre todo de soja, maíz y algodón. Y el recientemente aprobado trigo HB4, con tolerancia a la sequía y al glufosinato de amonio.

Las semillas se volvieron un punto de interés estratégico en el desarrollo de la agricultura global. Son el primer eslabón de la mayoría de las cadenas agroalimentarias. Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Actualmente, el mercado mundial de semillas es uno de los más concentrados. El 60% está en manos de tres empresas transnacionales: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.

Pero las semillas son también la base de la biodiversidad, y ésta se ha convertido en una riqueza estratégica a explotar y controlar. La preponderancia de la biotecnología y la posibilidad de manipular la información genética ha tornado al acervo genético de diversidad del planeta en uno de los elementos más codiciados por los laboratorios científicos. Las “tecnologías de la vida”, desarrolladas en los países del Norte, requieren del oro verde concentrado en los países del Sur.

¿Qué son las leyes de semillas?

Las leyes de semillas se implementaron en la mayoría de los países en los años sesenta, en el contexto de la Revolución Verde. Son reglamentaciones en torno a la regulación de la certificación, fiscalización y comercialización de semillas, es decir, qué materiales pueden venderse en el mercado y bajo qué condiciones. Según explica Ana Felicien, investigadora en agroecología y soberanía alimentaria en Venezuela, integrante del plan Pueblo a Pueblo y la Campaña Venezuela Libre de Transgénicos, “se crearon bajo el discurso de asegurar la calidad y la confianza a partir de reglas claras pero, en el fondo, su aparición tiene una importancia central para entender los procesos de mercantilización”. Así, bajo la aplicación estricta de estas leyes, que obligan a las y los agricultores a utilizar solo semillas certificadas, los métodos de selección previos a las sanciones de estas legislaciones comenzaron a ser ilegales.

Otra de las consecuencias fue la constitución de los sistemas formales de semillas, que se caracterizan por tener una organización vertical de la producción y distribución de las mismas. Para Felicien, “son los circuitos de semillas producidas ya no como parte de ecosistemas diversos, sino sólo como elementos de procesos agroindustriales que tienen, como eslabón central, a los centros de investigación tanto públicos como privados, y que desarrollan un conjunto de variedades en función de los intereses de las empresas”. Las y los agricultores pasaron de ser productores, reproductores y mejoradores de semillas, a ser simples usuarios. Y las semillas, “pasaron de ser elementos vivos, producto de la interacción sociedad-naturaleza, a ser consideradas meras innovaciones tecnológicas. Esto no es otra cosa que la cosificación de los bienes comunes”, agregó la investigadora.

Argentina tuvo una lógica de apropiación de semillas muy precoz y posee un sistema formal muy desarrollado. Fue pionera en América Latina, con la sanción en 1935 de la Ley de Granos y Elevadores N° 12.253 y, en 1973, de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, aún vigente. La legislación abarca la producción, certificación y comercialización de semillas. Pero también establece una forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales denominada “Derechos de Obtentor (DOV)”, que refieren al derecho que se le otorga a quien desarrolla alguna “mejora” a una semilla, para explotarla en exclusividad. Son válidos para todo tipo de semillas, a diferencia de las patentes, que son solo para las semillas transgénicas, en tanto protege la modificación genética. Para Felicien, “aunque jurídicamente ambos sistemas de propiedad intelectual son diferentes, protegen los conocimientos que, según su lógica, son patrimonio de los fitomejoradores, y son la base para el desarrollo de las semillas como una innovación tecnológica. Ambos comprenden a las semillas como un bien privado, y por lo tanto, apropiable”.

Asimismo, la Ley de semillas reconoce, en su artículo 27, que “no lesiona ese derecho quien reserva y siembra  semilla  para  uso  propio”. Esta  concepción  del  uso  propio entendido como un “derecho de los agricultores” se enmarca en tratados internacionales, de los que Argentina es signataria, como la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión de 1978 y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TIRFAA), conocido como Tratado de Semillas.

En los últimos años, en muchos países de la región las leyes de semillas y legislaciones de propiedad intelectual fueron modificadas (y muchas están aún en proceso de discusión) para adecuarlas a las nuevas directrices del comercio mundial de semillas, que busca entregar a un puñado de empresas el control de toda la cadena de la agricultura y la alimentación. “Estos procesos implementados en nuestra región, que es una de las más biodiversas del planeta y, al mismo tiempo, la que tiene mayor superficie con semillas transgénicas cultivadas, nos habla mucho de cómo se ha venido intensificando la apropiación de las semillas, la erosión de la agrobiodiversidad y la profundización de la región como exportadora de commodities”, explicó Felicien.

Argentina no es la excepción. Desde comienzos de este milenio existen intentos sistemáticos por modificar la Ley de Semillas. A finales de 2019, un dictamen para su modificación que había sido aprobado por el gobierno de Mauricio Macri pero sin el apoyo de ningún otro sector, perdió estado parlamentario. Al día de la fecha, la Ley de semillas vigente sigue siendo la de 1973 y el debate continúa abierto.

Todos los intentos por modificar la ley tuvieron como objetivo principal cercenar la práctica de las y los productores agrarios de guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. Desde los comienzos de la agricultura se proveían a sí mismos de las semillas para el año siguiente, práctica que fue luego reconfigurada en los términos de “derechos de los agricultores”. Pero las empresas comprendieron que podrían ganar mucho más dinero si además de cobrar por la compra de las semillas, lo hacen por la resiembra de las mismas; es decir, si cobran “regalías extendidas”.

Así, todos los intentos de modificación apuntan a reglamentar y restringir el “uso propio”, remarcando que sólo podrán hacer uso de este derecho los denominados “agricultores exceptuados”. Se trata de una concepción que entiende que el “uso propio” debe dejar de ser libre y gratuito, un “derecho de los agricultores”, para pasar a ser una mera “excepción” que tienen otros: los obtentores. Esto implica un cambio radical en la forma en la que se concibe la agricultura.

Según el informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) “Sembrar vientos. Soberanía alimentaria y patentes en debate parlamentario”, publicado en octubre de 2019, la discusión “se desarrolla en medio del referido contexto internacional de fuerte concentración de poderosas empresas y un universo de agricultores nacionales que no se constituye precisamente como un grupo homogéneo y fuertemente capitalizado, como a veces tiende a creerse”. De esta manera, destaca que “el actual estado de la industria semillera local e internacional deberían ser parte del marco de discusión parlamentaria; sin embargo, se soslaya esto en el tratamiento propuesto”.

La lucha por la defensa de las semillas

En la movilización global en defensa de las semillas ha sido central la “campaña por las semillas”, propuesta por La Vía Campesina desde el año 2003. En Argentina, si la modificación de la Ley de Semillas aún no pudo concretarse, fue debido a los activismos surgidos desde múltiples sectores de la sociedad, sobre todo organizaciones sociales, políticas y de la agricultura familiar, campesina e indígena; e, incluso, desde algunas posturas contradictorias al interior del Estado.

Un momento importante de la resistencia se dio con la conformación de la “Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas”, que destacó el rechazo a la propiedad intelectual en tanto “promueve la privatización y monopolización de nuestras semillas. Con estas regulaciones, las empresas transnacionales quieren apropiarse, incluso, de variedades ´descubiertas´, lo cual es un absurdo, porque toda variedad agrícola es obra humana. Así pretenden expropiar el trabajo ajeno y controlar las semillas campesinas”.

Carlos Vicente, quién fuera referente de la organización GRAIN y un gran luchador por el derecho de los y las campesinas a usar libremente las semillas, destacaba en 2019, durante una conferencia de prensa realizada en el marco de una jornada de protesta ante la aprobación del dictámen que intentaba avanzar en la modificación de la Ley de Semillas, que “lo único que han hecho es apropiarse de nuestras semillas y eso es apropiarse de nuestro derecho a la alimentación. Por eso sabemos que no lo vamos a permitir (…) Cuidando las semillas, multiplicándolas. Y luchando. Porque sin tierra, sin semillas y sin agua, no nos alimentamos. La soberanía alimentaria y las semillas como patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad, son banderas que no vamos a bajar nunca”.

Hace poco se reglamentó la Ley de “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” (Ley N° 27.118), una iniciativa gubernamental que tomó un reclamo histórico de las organizaciones campesinas y que reconoce y defiende las semillas nativas y criollas. 

Los derechos para cultivar, guardar, reproducir y usar semillas son un campo de batalla clave para determinar quién controla la alimentación y la agricultura. Lo que pase con ellas repercute directamente sobre los alimentos que consumimos, sobre sus precios y su calidad, pero también sobre la soberanía alimentaria y sobre quién decide qué se produce y qué se consume en el país.

Lo que está en juego es absolutamente vital. Se trata de un debate que va mucho más allá de una discusión legal o una disyuntiva técnico-productiva. En efecto, tiene que ver con discutir el modelo agrario y, por lo tanto, el proyecto de país.

Este artículo fue realizado con el apoyo de la Fundación New Field. 

Por Tamara Perelmuter Youngerman | 08/07/2022 para Agencia de Noticias Biodiversidadla

Publicado originalmente en Biodiversidad América Latina

Publicado enSociedad
La censura de YouTube es una amenaza para la izquierda

El régimen de censura de YouTube pretendía erradicar la desinformación y evitar el aumento del extremismo. En cambio, ha supuesto un ataque a los medios de comunicación independientes y de izquierdas.

Hay algo raro que ocurre con los números en ciertos temas». Rania Khalek se acuerda de todas las veces en que YouTube pareció fastidiarla. Hubo una ocasión en la que Khalek, presentadora de Dispatches from the Underclass en Breakthrough News, una organización de medios de comunicación online de izquierda, contó con el historiador Vijay Prashad para discutir cómo la guerra en Ucrania estaba remodelando el orden global. La retransmisión en directo fue un éxito para el canal de noticias políticas sin ánimo de lucro —«Creo que fue la más vista que hemos tenido nunca en una retransmisión en directo», dice Khalek—, pero al día siguiente los miles de visitas por hora que había recibido se redujeron drásticamente.

No fue la única vez. Tras observar que toda la cobertura del canal sobre la guerra en Etiopía funcionaba especialmente bien, Breakthrough viajó allí para producir una serie de reportajes, visitando las zonas de guerra y hablando con la población local. «El primer par de reportajes funcionó bien, pero de repente hubo un gran bajón», recuerda. «O toda nuestra audiencia etíope desapareció por completo, o algo raro está ocurriendo». Una historia similar, dice, con su trabajo sobre temas relacionados con Palestina.

Las cosas no eran así normalmente en la plataforma. «Cuando un vídeo obtiene un cierto número de visitas en la primera hora, te haces una idea de lo bien que le va a ir durante la semana», dice. «Pero a veces, un vídeo tiene un rendimiento increíble en la primera o segunda hora, y luego baja».

Khalek es sólo una de las muchas figuras mediáticas de izquierdas que se han visto afectadas negativamente por las políticas de moderación de contenidos de la plataforma. Supresión, desmonetización, eliminación directa de contenidos: a medida que ha crecido el impulso de la censura tecnológica, aparentemente para apuntar a la «desinformación» y al extremismo en línea, los medios de comunicación independientes de izquierda han sufrido todo esto y más, atrapados en la red expansiva que los censores de YouTube, demasiado entusiastas, con exceso de trabajo o automatizados, han lanzado sobre el contenido de sus plataformas.

Postes en la máquina

Jordan Chariton conoce las políticas de «moderación de contenidos» de YouTube. El fundador y presentador del outlet independiente Status Coup ha visto cómo sus vídeos han sido eliminados y suprimidos en serie por la plataforma desde que lanzó el outlet en 2018, un patrón que, según él, se está intensificando.

«Creo que la supresión ha empeorado y la censura ha empeorado, específicamente después del 6 de enero y de COVID», dice.

Incluso antes de los disturbios en el Capitolio, dice Chariton, YouTube había retirado siete u ocho vídeos de él mismo o de su camarógrafo entrevistando a los partidarios de Trump y rebatiendo sus delirios de «Stop the Steal». Entonces, el 6 de enero, el videógrafo Jon Farina fue a DC para filmar una transmisión en vivo de la protesta del día para Status Coup, que resultó ser un gran triunfo. El número de espectadores en directo alcanzó los treinta mil, un récord para el medio, y, habiendo capturado lo que se convertiría en un clip icónico de un oficial de policía del Capitolio siendo atascado contra una puerta por los manifestantes, Status Coup licenció sus imágenes a un conjunto de medios de comunicación nacionales y extranjeros, incluyendo ABC, CNN y NBC, que, como Chariton le dijo a Matt Taibbi, utilizaron las imágenes y los recuerdos de Farina como base para su propia cobertura. Menos de un mes después, desapareció.

El material violaba la «política de spam, prácticas engañosas y estafas» de YouTube, según informó la plataforma a Chariton, recordándole que «no se permite el contenido que avance afirmaciones falsas de que el fraude generalizado, los errores o los fallos cambiaron el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020».

«Para colmo de males, los puntos de venta a los que concedimos la licencia pudieron colgarlo en YouTube sin problemas», dice Chariton. En abril de 2021, calculó que YouTube había retirado hasta diez vídeos de Status Coup de entrevistadores rebatiendo las afirmaciones de los partidarios de Trump sobre las elecciones, y les advirtió de que una nueva infracción les llevaría a una prohibición de una semana. «Sinceramente, no sé cuánto tiempo más podrá sobrevivir Status Coup», tuiteó entonces, con las vistas y el crecimiento de suscriptores cayendo en picado.

«Parece que se trata de un algoritmo robotizado que no sabe distinguir entre desmentir mentiras y avanzar en ellas», afirma.

Status Coup fue víctima de un cambio tardío en la política de la plataforma tecnológica, propiedad de Google, después de que YouTube recibiera fuertes críticas por no seguir el ejemplo de Twitter y Facebook a la hora de limitar el alcance de los contenidos que cuestionan el resultado de las elecciones. Ryan Grim, de The Intercept, se enfrentó al mismo problema cuando era el copresentador progresista designado de Rising, el programa matutino de política de The Hill, que fue suspendido en la plataforma por reproducir clips de dos discursos de Trump sin que los presentadores identificaran explícitamente que contenían afirmaciones falsas sobre las elecciones, incluso cuando se referían a Trump como un «loco».

«El propio algoritmo de YouTube ha creado todo un movimiento que cree en falsas teorías de la conspiración, pero si entrevistas a las personas reales que han envenenado, te opones y publicas las entrevistas, te quitan el canal», tuiteó más tarde Grim. No es ni mucho menos una práctica nueva de YouTube, que una vez retiró un vídeo que criticaba el revisionismo del Holocausto porque confundió el escrutinio del concepto con la promoción. Peor aún, ni siquiera fue eficaz: la creencia de que las elecciones de 2020 fueron robadas en realidad creció y se extendió a medida que YouTube y otras plataformas intensificaron sus esfuerzos de censura, probablemente porque, como concluyó el Centro Berkman Klein para Internet y la Sociedad, la campaña de desinformación sobre las elecciones de 2020 fue «dirigida en gran medida por las élites políticas y los medios de comunicación».

Pero la desinformación electoral no es el único tema al que parece dirigirse YouTube.

«Cuando hago algo con Amazon en el titular en un livestream, generalmente no supera los doscientos espectadores en directo, mientras que otros temas están entre los doscientos cincuenta y los cuatrocientos», dice Chariton. Cuando los espectadores se suscriben a un canal, se supone que reciben una notificación hasta tres veces al día cada vez que hay un nuevo vídeo o livestream, algo que los administradores del canal pueden ver en su extremo. Así es como Chariton sabe que YouTube ha tomado la costumbre de no enviar notificaciones sobre los vídeos de Amazon, Flint y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

The Serfs, un podcast de comedia que cubre las noticias políticas desde una perspectiva de izquierdas, vio cómo sus dos canales de YouTube eran eliminados sumariamente sin una huelga o advertencia, la primera vez sobre esa misma base de estafas y malas prácticas, y más tarde, por acusaciones de «acoso, amenazas y ciberacoso». En otro incidente, cuando el podcast hizo un sketch sobre Mark Randazza, un abogado defensor de la libertad de expresión que representa a supremacistas blancos y otras figuras de extrema derecha, miles de usuarios lo marcaron al instante como discurso de odio.

«Las dos veces [que se retiraron los canales] fueron por lo que sospecho que fueron campañas de marcaje masivo», dice Lance, el presentador de The Serfs, y YouTube señala los vídeos de Serfs que apuntan a Joe Rogan, al YouTuber PewDiePie y al ex alumno de Infowars Paul Joseph Watson. «Por lo demás, es la muy habitual desmonetización que supone discutir cualquier cosa relacionada con LGBTQIA+».

Voces autorizadas

Al igual que con todas las plataformas tecnológicas, el régimen de censura de YouTube —o «moderación de contenidos», como lo llaman eufemísticamente sus defensores— se intensificó realmente en 2016 y después. A medida que los políticos y los medios de comunicación liberales recurrían cada vez más a la desinformación en línea para explicar las elecciones de 2016 y otras conmociones políticas, una serie de escándalos sobre contenidos infantiles extremistas e inapropiados produjeron una serie de revueltas de anunciantes denominadas «Adpocalypse». En respuesta, YouTube emitió una amplia orden de desmonetización contra todo el contenido «no apto para anunciantes», una categoría que incluía «temas controvertidos» y «eventos sensibles». Los canales de noticias y de política sufrieron un golpe inmediato.

«Pasé de ganar un dinero decente a ganar cero dólares y cero centavos de la noche a la mañana», ha declarado Kyle Kulinski, presentador del programa de entrevistas políticas de izquierdas Secular Talk.

Siguieron más escándalos sobre el discurso de odio y el extremismo, y YouTube intensificó su programa de censura en respuesta. En 2019, lanzó una política de promoción de lo que llamó «voces autorizadas» en la plataforma, que el jefe de producto Neal Mohan definió como «fuentes de noticias que tienen un historial de credibilidad y relevancia», una publicación en el blog de YouTube que señala a CNN y Fox como ejemplos. La consejera delegada Susan Wojcicki señaló igualmente «cualquier cosa que vaya en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» como ejemplo de lo que se eliminaría, una categoría que, en varias ocasiones, habría incluido otras voces autorizadas, como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

El resultado es un sistema de censura de dos niveles, confuso y opaco, en el que los medios pequeños e independientes tienen pocos recursos cuando se producen errores, lo que, como ha reconocido el propio YouTube, ocurre con regularidad.

Al haber pasado del programa Hill’s Rising al programa Breaking Points, financiado por los oyentes, Krystal Ball vio de primera mano cómo funciona esta dinámica. Ball agradece que ella y el copresentador Saagar Enjeti hayan podido «jugar en el cajón de arena del Capitolio” y aprender qué temas se desmonetizan y cuáles no, dice, lo que informó su decisión de optar por un modelo de negocio basado en los suscriptores. Pero la diferencia de trato desde que se independizó es palpable.

«Saagar y yo hacemos lo mismo que la Colina, en general nuestras opiniones son más o menos las mismas o incluso más altas, pero ya no recibimos los segmentos súper virales que antes», dice. «Si eres un periodista independiente y no tienes esa credencial de ‘fuente confiable’, te golpean. Lo negarán, pero hemos visto con nuestra propia experiencia la forma en que el contenido va en una dirección frente a cuando estás bajo el paraguas corporativo».

Los moderadores «te dan una explicación vaga o general» de por qué se ha censurado un vídeo, dice, mientras que el funcionamiento del algoritmo sólo se puede discernir con la experiencia. Ocasionalmente, obtendrán más información de un contacto directo que tengan en YouTube. Pero incluso eso es más que la mayoría de los canales independientes de la plataforma.

«Los controles y equilibrios para los canales más pequeños son abismales», dice Lance, de The Serfs. «Los canales con millones de suscriptores tienen representantes reales con los que pueden contactar. Pero si eres un pequeño izquierdista con quinientos suscriptores, lo más probable es que tu canal sea retirado simplemente si recibe unos cientos de informes porque alguien publicó un enlace en 4chan».

«Se limitan a citar la huelga y a decir que es desinformación electoral», dice Chariton. «No te dicen dónde estaba en el vídeo, qué se decía. Eso es casi censura en la sombra».

Cuando hablamos, Chariton había recurrido recientemente con éxito un «strike” dictado por los moderadores. Pero a los creadores de contenidos sólo se les concede una apelación. E incluso ese, sospecha, sólo ganó porque levantó un escándalo en Twitter, respaldado por otros nombres de la izquierda como Ball y Grim.

Los Serfs no tuvieron tanta suerte. Cuando publicaron un vídeo cómico en la manifestación de camioneros en Vancouver a principios de este año, donde Lance dice que «gritaron un montón de tonterías”, «cosas como: ‘Justin Trudeau está poniendo su semen en el suministro de agua. No te bebas su semen’», dice. El programa fue eliminado definitivamente de su canal por ser información médica errónea, y su apelación fue rechazada. Y aunque los grandes canales que tuvieron la oportunidad de construir su audiencia y establecerse antes de los cambios de YouTube después de 2016 podrían ser capaces de capear estos problemas, todo tiene un efecto escalofriante en los puntos de venta más pequeños y nuevos.

«A veces tengo que detenerme en historias que antes no habría detenido», dice Chariton. «Ni siquiera sabes qué es lo que puedes decir o hacer que puede violar los términos de YouTube». Debido a que el algoritmo parece enterrar la información real sobre el terreno —lo que Status Coup se enorgullece de hacer— Chariton dice que se ha encontrado con que tiene que «hacer cosas más tópicas y llamativas para que la gente entre por la puerta».

«Es mucho más difícil para las nuevas voces independientes”, dice Ball. «Hay un montón de voces maravillosas e inteligentes que pueden ofrecer un nuevo desafío al sistema y que simplemente nunca serán escuchadas».

Es hora de preocuparse

Hoy en día, la izquierda tiende a despreciar el tema de la censura tecnológica. Sacar a relucir este tipo de preocupaciones es muy probable que provoque apatía, si no un apoyo total a la política. Después de todo, la respuesta típica es que los centros de poder van a censurar inevitablemente a la izquierda pase lo que pase; así que, ¿por qué no seguir la corriente y al menos eliminar algunas voces nocivas de la extrema derecha en el proceso?

Pero la gente con la que hablé veía las cosas de otra manera. «Lo que acaba ocurriendo es que, aunque los gigantes de la tecnología supriman a la extrema derecha, la izquierda no tiene dinero detrás, y la derecha sí. Pueden crear su propia plataforma», dice Khalek. «Entiendo la inclinación, pero no vivimos en un país donde la izquierda manda. Vivimos en un país donde todo en Internet es propiedad de multimillonarios».

Chariton cambió de opinión sobre este mismo tema después de experimentar de primera mano los peligros de los esfuerzos de censura de las empresas. Después de pedir que los medios de comunicación que promovieran la campaña «Stop the Steal» de Trump fueran retirados del aire a raíz del 6 de enero, Chariton renunció al tuit un mes después, tras sus propias peleas con los censores de YouTube por sus imágenes del evento. Las corporaciones que controlan la prensa estadounidense, escribió, estaban ahora trabajando con Silicon Valley para purgar los pocos medios independientes de izquierda que existían.

«Una de las grandes razones por las que me he mantenido en la crisis de Flint durante años es porque los medios de comunicación dominantes han impulsado la mentira de que ya se ha acabado. He estado allí más de veinte veces y no es cierto», dice. «Una de las razones por las que los medios de comunicación dominantes son capaces de declarar narrativas es porque los medios independientes no tienen micrófono. Y cuando los medios independientes son censurados, sólo tienes un montón de ovejas».

«Es peligroso creer en una política que desafía al poder», dice Ball. «La izquierda será golpeada más consistentemente porque desafía más consistentemente al poder».

De hecho, los creadores de contenidos de derechas siguen prosperando en YouTube y otras plataformas tecnológicas, e incluso son favorecidos por ellas, y han recurrido a dinero de capital riesgo para poner en marcha sus propias plataformas libres de censura, como la competidora de YouTube, Rumble. Fuera de Internet, la derecha tiene ahora el mayor propietario de emisoras de televisión locales del país, y al menos tres redes de cable distintas, incluyendo, a través de Fox, varios de los programas de mayor audiencia en las noticias por cable.

También es imposible no notar que, a pesar de un régimen de censura en línea que ha aumentado radicalmente desde 2016, los problemas de desinformación y extremismo político parecen haber empeorado. Tampoco ha disminuido la creencia del público estadounidense en una variedad de falsedades. La censura tecnológica, al parecer, ha demostrado ser una solución inadecuada para los mismos problemas que justifican su existencia. Y para la izquierda, puede reflejar o incluso estar contribuyendo a un desorden posterior a 2020 que ha ayudado a alimentar una desilusión con la labor de persuasión y construcción de coaliciones.

«Creo que tenemos que creer en la democracia y tener confianza en que podemos participar, en que podemos debatir y en que nuestros argumentos son lo suficientemente fuertes como para ganar el día», dice Ball. «En el momento en que se va por el camino de pensar que el problema son las personas individuales que necesitan ser silenciadas en lugar de los grandes sistemas que necesitan ser reformados, se hace imposible la solidaridad y la acción colectiva». «Es una forma de antipolítica», concluye.

Por Branko Marcetic | 07/07/2022

Fuente: https://jacobinlat.com/2022/07/06/la-censura-de-youtube-es-una-amenaza-para-la-izquierda-2/

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EFE/Alberto Valdés

Tras un año de discusión, el borrador de la nueva constitución Chilena es mucho más moderado que las demandas de la rebelión que la parió. Así y todo la derecha se juega con todo a que se rechace en el referéndum de septiembre.

El pasado 28 de junio se realizó el último plenario de la Convención Constituyente de Chile y este lunes se realizó la ceremonia oficial de cierre donde se presentó el borrador final que será sometido a un plebiscito el 4 de septiembre.

El gobierno de Gabriel Boric tiene una nueva prueba de fuego en esta elección y está profundamente preocupado porque muchas encuestas apuntan a que el texto será rechazado. Y aunque es difícil saber a ciencia cierta cuánto hay de verdad y cuánto de operación, la realidad es que vastos sectores de los trabajadores y el pueblo pobre chileno se sienten defraudados, no solo por el texto final sino por todo el proceso constituyente.

Es que el texto resultante es demasiado moderado para las enormes expectativas que condensaba la constituyente surgida de la Rebelión Popular de 2019, cuyas demandas requerían cambios estructurales históricos. Además la convención mantuvo la impunidad para los responsables de la brutal represión con la que el gobierno de Piñera respondió a la revuelta y se negó explícitamente a tratar un proyecto de norma que indultara a los presos políticos.

Apruebo y Rechazo

De cara al plebiscito de salida los grandes poderes económicos ya definieron posiciones. La derecha y algunos sectores empresariales ya están haciendo campaña por el rechazo. Representan al ala más directamente ligada al pinochetismo que quiere defender con uñas y dientes lo más que puedan la herencia de la dictadura. Por otro lado, una minoría de la burguesía chilena se juega a aprobar la constitución con la idea de moderar las expectativas de las masas y apuestan a la posibilidad de reformar la nueva constitución más adelante para recuperar algunas de las cuestiones que tuvieron que ceder.

Por su parte, el gobierno de Boric (Apruebo Dignidad) y sus aliados como el Frente Amplio y el Partido Comunista necesitan aprobar el nuevo texto constitucional. Su objetivo es modernizar el régimen político chileno para recomponer la gobernabilidad, pero sin tocar los pilares fundamentales de la estructura capitalista del país. Pero además de la traición a los presos políticos cada vez se ve más claro su doble discurso. Mientras hablan de plurinacionalidad y derechos sociales, reponen el estado de excepción en el Wallmapu y fortalecen la represión.

Los Movimientos Sociales Constituyentes y grupos que surgieron desde La Lista del Pueblo, se concentraron en la disputa institucional, entrando en una dinámica totalmente parlamentaria sin usar sus tribunas para convocar y organizar movilizaciones o acciones de lucha coordinada. Sus constituyentes, muchos de ellos con asambleas de base en las espaldas, no expresaron esa amplia base social que los votó y prefirieron jugar bajo las reglas del juego que impuso el régimen.

Dauno Tótoro, militante del Partido de los Trabajadores Revolucionarios de Chile y candidato a Constituyente dijo en declaraciones a La Izquierda Diario “Sabemos que muchos compañeros y compañeras votarán por el Apruebo para acabar con la Constitución de la dictadura. Y la lucha contra toda la herencia de Pinochet, incluyendo su Constitución, es una lucha que compartimos y de la que somos parte. Pero es necesario poner blanco sobre negro de qué se trata esta nueva Constitución.”

El borrador de nueva Constitución elimina varios enclaves autoritarios de la Constitución de Pinochet, reconociendo formalmente derechos negados, como derechos sexuales y reproductivos, derechos sindicales, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Hay algunos aspectos más revulsivos para los grandes empresarios como el establecimiento del agua como bien incomerciable y la plurinacionalidad de Chile. Sin embargo, mantiene aspectos fundamentales de la institucionalidad republicana como el presidencialismo y un Congreso bicameral. Además se mantiene el dogma neoliberal del Banco Central autónomo y se rechazó la nacionalización de las empresas estratégicas como las mineras.

En cuanto a pensiones, el pleno rechazó el sistema de reparto y el nuevo sistema quedará así en manos del Congreso. Al respecto, asesores de varios bancos comerciales confían en que las odiadas AFP no dejarán de existir y esperan incluso que haya mayor libertad de elección.

En el fondo, el punto clave es que no toca los ejes de la acumulación capitalista en Chile. La propia Convención se alejó completamente de las necesidades obreras y populares y de las demandas de octubre, que se han profundizado con la pandemia y la recesión económica, ya que mientras se debatía el borrador de la nueva Constitución, los salarios se desplomaban producto de la inflación.

Tótoro agregó que “La nueva Constitución es un nuevo ropaje para vestir la explotación y la opresión del Chile capitalista y patriarcal. Por esto es que tenemos que confiar en el camino de la movilización, de la auto organización, con un programa que se proponga atacar la ganancia empresarial para resolver las necesidades de las grandes mayorías populares”.

Lunes 4 de julio

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La normalización de los progresismos latinoamericanos

Considerando la historia colombiana, la victoria de Gustavo Petro ha generado una legítima euforia. Pero para que los festejos no opaquen nuestra capacidad crítica, cabe reflexionar sobre las tendencias de fondo de los progresismos latinoamericanos.

Algunos la considerarán una buena noticia. Otros —entre los que me incluyo— verán sus aspectos problemáticos e inclusive dramáticos. Pero, guste o no, lo cierto es que los progresismos latinoamericanos han terminado de normalizarse, asimilarse y adecuarse al orden existente, defendiéndolo de las embestidas que, más por derecha que por izquierda, lo están amenazando.

En efecto, a raíz de la persistencia e inclusive del resurgimiento de las derechas en América Latina en el último lustro, tanto los gobiernos progresistas tardíos (México, Chile, Perú y ahora Colombia) como los de segunda mano (Argentina, Bolivia y, eventualmente, Brasil) reflejan un proceso de normalización, es decir, un «desperfilamiento» en relación con sus raíces nacional-populares y/o izquierdistas. De esta manera, se definen en antítesis a las derechas más por una postura defensiva y conservadora que por aspectos propositivos y transformadores, exhibiendo una colocación más centrista, institucional y moderada, más o menos explícita según los casos.

Esto refleja una tendencia mundial de mediana duración pero que había sido contenida a escala latinoamericana por la combinación de la ola de movimientos antineoliberales de entre fines de los años 90 y principios de los 2000, y por la instalación de gobiernos progresistas en la primera mitad de esa década. La reconducción de la originalidad o excepcionalidad latinoamericana a la normalidad de una izquierda solo geométrica por simetría —y, por lo tanto, relativa y variable en función del adversario— es un rasgo que se podía percibir ya desde la involución de los progresismos de la primera ola, pero que termina de afirmarse en los años más recientes.

Se trata de una recomposición política general, a escala latinoamericana (es decir, transversal y sincrónica), pero que presenta particularidades y aristas especificas nacionales y otras tantas que pueden relevarse agrupando países en relación con la continuidad o la novedad de los distintos gobiernos progresistas, distinguiendo a los que hemos denominado «de segunda mano» de los que definimos como «tardíos».

A nivel general —dejando para otra ocasión el análisis de las especificidades—, se pueden rastrear los orígenes de este corrimiento hacia el centro en el cambio de clima económico y político. En lo económico, el fin de la bonanza del consenso de las commodities, que ya era perceptible en el fin del ciclo progresista, alrededor de 2015-2016, se agravó con la pandemia y con los efectos de la guerra en Ucrania. El crecimiento del tamaño del pastel era la condición sine que non de la hipótesis progresista de conciliación de clases, y el estancamiento de esta tendencia marcó no casualmente el punto de inflexión de la que he llamado la pax progresista, en la cual prosperaban tirios y troyanos.

Como contraparte, las derechas alzaron la cabeza y levantaron la mano, aspirando a representar directamente los intereses de las clases dominantes no dispuestas a negociar a la baja sus privilegios en términos de acumulación de riqueza. A la reaparición en escena de las derechas tradicionales bajo viejos o nuevos ropajes después de una década de marginalidad política, se sumó la aparición de derechas más abiertamente reaccionarias que nunca antes habían logrado tener protagonismo en la historia latinoamericana (salvo cuando se escudaron detrás de los militares).

El desdoblamiento de las derechas solo las debilitó en apariencia, ya que en realidad expresa su crecimiento cuantitativo, a cuyo interior se inserta la radicalización de un sector que canaliza y capitaliza el rechazo al progresismo. Se trata este de un rechazo ideológico de fondo pero también experiencial y coyuntural, ligado a la vivencia de los años de gobierno en un formato que fue estabilizándose y volviéndose régimen, una modalidad de gestión reformista de lo existente que aspiraba a volverse institucional, a confundirse con una forma político-estatal duradera.

Los alcances de la franja radical de las derechas latinoamericanas son diversos (Bolsonaro llegó sorpresivamente a la presidencia, mientras que Milei o Kast siguen siendo —al menos hasta ahora— outsiders) pero su aparición modificó los equilibrios partidarios y permitió a las derechas tradicionales dos movimientos solo superficialmente contradictorios: por una parte, presentarse como moderadas de cara a las variantes extremas; por la otra, aprovechando su empuje, sostener posturas más radicales en clave conservadora y antiprogresista. Más allá del debate sobre su caracterización como neofascistas o posfascistas, las asperezas de estas nuevas-viejas derechas modificaron el escenario político y generaron una alerta que trastocó tácticas y estrategias de las izquierdas latinoamericanas, en particular las progresistas, populistas o nacional-populares.

Apareció lo que podemos llamar el «reflejo del frente popular». De manera análoga, la amenaza fascista —real o imaginada— tiende a producir un efecto defensivo de compactamiento que induce la alianza entre las izquierdas y sectores democráticos progresistas, general o tendencialmente bajo el liderazgo o las posiciones programáticas e ideológicas de estos últimos. Esta recomposición política, en sus últimas consecuencias, al volverse partido o alianza orgánica y permanente, tiende a disolver las diferencias y anular los márgenes de maniobra de las franjas más izquierdistas. Es una forma de realizar la aspiración de Cristina Kirchner: no tener a su izquierda más que la pared.

De esta manera, el esquema binario antifascista produce el mismo efecto práctico que el anticomunista esgrimido por la derecha (aunque sus contenidos sean abismalmente distintos a nivel de valores y principios): a unos es asignado el papel del partido del orden y al otro el de la barbarie, y viceversa. Pero, más allá de la eficacia puntual del dispositivo antifa/anticom, la diferencia de fondo es que el anticomunismo se basa en la hipótesis de una amenaza por el momento inexistente y, por lo tanto, es a todas luces una artimaña o un espejismo sin fundamento, mientras que la posibilidad del fascismo (o de algo que se le parezca) corresponde realmente a una época de derechización, un ciclo largo iniciado a finales del siglo XX que hemos logrado solo por momentos frenar pero no revertir.

Los progresismos realmente existentes pueden efectivamente operar temporalmente como un dique o un antídoto al desbordamiento de las derechas de todo tipo y color: por ello son considerados un «mal menor» no solo respecto de una restauración del neoliberalismo más puro sino también de versiones racistas, autoritarias y culturalmente regresivas de un orden jerárquico en última instancia dictado por la lógica del capital. Al mismo tiempo, su normalización en clave socialdemócrata o socialiberal (que no pretende siquiera ni puede aspirar a ser revolución pasiva) difícilmente podrá clausurar las contradicciones de fondo y solo puede ser considerada una solución precaria y provisional en tiempos convulsos, en los cuales impera la crisis orgánica y no puede afianzarse ninguna hegemonía duradera.

En tiempos de monstruos, reales o imaginarios, el progresismo aspira ser el paladín —único, de preferencia— de los valores liberal-democráticos, el baluarte del humanismo y de la civilización.

Este clima político, vale la pena señalarlo, es muy distinto al que cobijó la primera ola progresista. Aquella ola estaba marcada a fuego por el empuje de un intenso ciclo de luchas populares, por el entusiasmo y la esperanza de una superación del neoliberalismo que permeó los programas y las filas de los progresismos. Así, tanto viejos como nuevos progresismos aprovecharon el espaldarazo de los movimientos y entraron, como nunca antes en la historia latinoamericana, de forma sincrónica y duradera a los palacios de gobiernos antes asediados por las multitudes.

Bajo formatos distintos, estos progresismos contenían elementos humanos y programáticos disruptivos. De talante izquierdista, nacional-popular, populista y plebeyo, estaban entreverados con las clases subalternas y sus aspiraciones. Sobre esta base fundaron su capacidad hegemónica, que logró sostenerse a lo largo de una década. A mediano plazo, sin embargo, y una vez pasado el impulso inicial, mostraron sus pliegues contradictorios. Revelaron ser revoluciones pasivas, hegemónicamente eficaces pero cuyos restringidos alcances reformistas se teñían siempre de más conservadurismo. Su transformismo y cesarismo contribuyeron a desmovilizar a las clases subalternas y a restablecer y garantizar un orden estatal por medio de reformas estabilizadoras cuyo limitado alcance redistributivo no pasaba de ser precario y coyuntural y estaba sometido a los vaivenes de la economía mundial y los designios de los gobiernos de turno.

Por ello, a la par del flanco derecho, en el fin de ciclo se asomaba ya el costado izquierdo de la protesta, producto de un malestar social que empezaba a politizarse pero que —salvo excepciones— no terminó cuajando en una oposición de izquierda organizada y durable. Ese mismo universo social y político de movimientos y organizaciones que, a pesar de los avances de las derechas y la consolidación normalizada del progresismo, se resiste a desaparecer porque es tan irreductible cuanto los son las brechas societales de las cuales nace. 

De allí que la rebelión, esa recurrente forma política latinoamericana y la fuente de su originalidad en la historia mundial reciente, que ha sido un recurso en contra de la derecha (salvo excepciones: en Ecuador contra Correa, el gasolinazo en 2010 en Bolivia, en 2013 en Brasil o en Nicaragua en 2018), podría no tardar en alzarse en contra del partido del orden de turno, sin distinciones, sea cual sea su coloración y su autoadscripción, evocando y generalizando el «que se vayan todos» del 19 y 20 de 2001 argentino (que fue, justamente, un grito de rechazo en contra de la normalización de una alternancia sin alternativa, una centroizquierda que se asimilaba a la centroderecha, asegurando la continuidad del orden neoliberal). Puede que a la izquierda de Cristina Kirchner y de los progresismos en general ya no haya una pared sino cristales, que pueden ser rotos por piedras como las que fueron lanzadas en ocasión de las recientes protestas en ese país contra el acuerdo con el FMI.

La normalización y banalización de los progresismos, depurados de sus aristas izquierdistas y nacional-populares, parece anunciar la caída de una noche en donde todos los gatos parecen pardos porque un tigre anda suelto.

Ahora, al interior de este fenómeno que ya es latinoamericano, caben las ya mencionadas diferencias nacionales y, en particular, como ya mencionamos, entre «progresismos de segunda mano» y «progresismos tardíos». Cabe señalar que en estos últimos, en los cuales se fincan hoy las esperanzas de muchos, el corrimiento normalizador que se operó en el proceso de ascenso, no en el reflujo —como en los casos de segunda mano— fue parte de la operación de construcción del consenso electoral, de lo que se consideró como un inevitable (para algunos deseable) «acentramiento» para buscar espacios de arraigo en sociedades neoliberalizadas y/o siempre más atravesadas por un sentido común profundamente antizquierdista.

A pesar de que hay que valorar el empuje de las rebeliones detrás del ascenso de los gobiernos de Perú, Chile, Colombia y —solo de forma diferida y mediada— de México, se impuso, ya sea por voluntad, por cálculo o por necesidad, una lógica institucionalista, de apego al orden político existente. La lógica de la lucha política orientada a la conquista del 50% de los votantes, en tiempos normales, de ordinaria vida cotidiana, fue concebida como un acercamiento al ciudadano elector (con sus vicios y virtudes) mientras que solo en tiempos extraordinarios, de catarsis colectiva, sea por crisis por arriba o rebeliones por abajo, se abrió, por fuera de los sistemas políticos y electorales, la posibilidad excepcional de un corrimiento hacia la izquierda. Portales a dimensiones alternativas que se cerraron abruptamente, no sin dejar la sensación de que otros mundos eran y siguen siendo posibles en la medida en que se rechace radicalmente lo inaceptable de este.

Los progresismos tardíos, más allá de la indiscutible ruptura simbólica y cultural que significan, por su propia composición y trayectoria, llegaron al poder con una limitada capacidad y disposición reformista. La retórica no puede ocultar el corto alcance de las transformaciones que proponen e impulsan. Por válidas y necesarias que sean, no dejan de ser intervenciones mínimas, de corte sistémico o, peor aún, paliativos. El humanismo y el principio de equidad son valores universales del mejor liberalismo pero dejaron de ser un criterio de distinción de izquierda hace más de un siglo. Y el nacionalismo sin adjetivos tampoco alcanza a ser un clivaje significativo en este sentido, ni siquiera en nuestro suroccidente dependiente.

En un contexto de derechización, con el espectro del fascismo rondando, aparentan o son percibidas como progresistas o de izquierda posturas y acciones de conservación o promoción de mínimos y elementales principios de convivencia social. Así que los progresismos tardíos llegan normalizados a la cita con la historia y parecen mostrar sus límites incluso antes de ser asediados o presionados por derechas viejas o nuevas, conservadoras o reaccionarias que, más temprano que tarde, en ausencia de una poderosa antítesis desde abajo, volverán a ejercer su poder de veto y a rellenar su caudal electoral.

Porque al ascenso de la derecha no parece poder hacer frente la paulatina moderación de progresismos siempre más conservadores, que hacen las veces de izquierdas simplemente geométricas (por ser simétricas a las derechas existentes) y aritméticas (por sumar votos y puestos de gobierno). Hasta que no se retomen, por necesidad más que por virtud, los principios del algebra, es decir, la compresión y la acción sobre las reglas y las estructuras económicas, políticas y culturales que rigen a las sociedades que conforman nuestra específica región del mundo capitalista, es posible que haya que reconocer que el progresismo está desnudo.

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Domingo, 03 Julio 2022 05:27

Perú: se agrava la crisis política 

Perú: se agrava la crisis política 

La derecha parlamentaria busca inhabilitar al presidente Pedro Castillo y a su vicepresidenta, Dina Boluarte

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que acusa a Castillo de infracción constitucional por negarse a declarar ante esa comisión en una investigación por corrupción.

 

Se agrava la crisis en el gobierno de Pedro Castillo. A menos de un mes de que el profesor rural y sindicalista que llegó al poder como candidato de la izquierda cumpla su primer año en la presidencia, la derecha, que desde el primer día del gobierno ha apostado al golpismo, acelera sus planes para destituirlo y asaltar el poder desde el Congreso que controla. La inestabilidad del gobierno se acentúa, por las maniobras desestabilizadoras de la derecha, que en sus planes golpistas tiene el apoyo de los grandes medios, pero también por responsabilidad de una gestión presidencial que se ha alejado de sus propuestas de cambio, deambula en la inoperancia y la falta de rumbo, está salpicada por denuncias de corrupción, suma errores y nombramientos fallidos, y se debilita desde dentro por actitudes sectarias y divisiones en el partido de gobierno.

En una nueva ofensiva contra el gobierno, la derecha parlamentaria busca inhabilitar al presidente y a la vicepresidenta, Dina Boluarte, sacándolos de sus cargos para así tomar el poder. Si ambos caen, la jefatura del gobierno la asumiría quien en ese momento ejerza la presidencia del Congreso -ahora el cargo está en manos de la legisladora del partido Acción Popular María del Carmen Alva, muy cercana al fujimorismo y otros sectores de ultraderecha, aunque en la última semana de este mes se debe renovar la mesa directiva del Parlamento, la que sin duda seguirá en manos de la derecha-, con lo que el golpe impulsado por la extrema derecha quedaría consumado.

Como parte de ese plan, hace unos días la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el fujimorista Héctor Ventura, aprobó un informe que acusa a Castillo de infracción constitucional por negarse a declarar ante esa comisión en una investigación por corrupción, y por las reuniones que al inicio de su gestión sostuvo en la vivienda de un amigo al margen de la agenda oficial y sin informar de esos encuentros. La acusación señala que en esas reuniones hubo encuentros con empresarios que luego ganaron licitaciones. Videos muestran a la lobista Karelim López, investigada judicialmente por su intervención en la licitación para construir un puente en la que se ha denunciado el pago de coimas, ingresando a la vivienda en la que Castillo recibía visitas. El presidente niega que ambos hayan coincidido en ese lugar. El informe de esta comisión parlamentaria señala que Castillo encabezaría una organización criminal para dirigir la entrega de licitaciones de obras públicas. El mandatario niega los cargos. La comisión parlamentaria admite en su informe que no tiene pruebas de la culpabilidad de Castillo, sino solo indicios y sospechas que deben investigarse -ya se están investigando en la fiscalía-, pero igual salta a acusarlo.

Traición

Antes de esta acusación, en el Congreso se presentó otra acusación constitucional contra el presidente por el disparatado cargo de traición por haber declarado en una entrevista periodística su simpatía con facilitar una slaida al mar a Bolivia, declaración en la que no se habló de ceder soberanía y que no llevó a ninguna decisión de gobierno. Una acusación que revela la desesperación de la derecha por encontrar cualquier motivo para destituir a Castillo.

La derecha golpista sabe que no tiene los 87 votos -dos tercios del Parlamento unicameral de 130 miembros- para destituir a Castillo alegando “incapacidad moral”, algo que ya ha intentado sin éxito en dos ocasiones, por eso ahora recurre a la estrategia de la acusación por una supuesta infracción constitucional para inhabilitarlo en el cargo y sacarlo de la presidencia. Para aprobar la acusación constitucional no se requieren 87 votos, sino solamente una mayoría simple de 66 votos, lo que la ultra derecha encabezada por el fujimorismo que promueve el golpe parlamentario espera alcanzar en este nuevo caso. El riesgo para Castillo que eso ocurra es alto.

Boluarte en la mira

Si logra sacar a Castillo, la derecha necesita deshacerse también de la vicepresidenta para así tomar el poder. Por eso a Boluarte le han armado una acusación constitucional acusándola de haber desempeñado siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social un cargo en la directiva del Club Departamental Apurímac, que agrupa a los migrantes de esa región que viven en Lima, como es su caso, cuando la Constitución prohíbe a un ministro ejercer cualquier otro cargo con excepción de la docencia. La vicepresidenta se defiende señalando que al ser nombrada ministra renunció a sus funciones en el mencionado club y que las gestiones posteriores que hizo eran exclusivamente de regularización administrativa para tranfererir su cargo. En el Congreso lo que pesa no son los argumentos, sino la fuerza de los votos y el afán obsesivo de la dercha por derrocar al gobierno de Castillo.

Mientras la derecha avanza en el objetivo de cerrar el círculo del golpe parlamentario, el oficialismo se divide. El secretario general del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, le exigió públicamente a Castillo que renuncie al partido, acusándolo de actuar para romper la bancada oficialista para formar su propia agrupación política y por no cumplir con las promesas de campaña. Bajo la amenaza de Cerrón, Castillo renunció esta semana a PL. La bancada de PL ha tenido sucesivas divisiones en este primer año de gobierno. De los 37 parlamentarios con los que comenzó el gobierno, solo 16 legisladores se mantienen en PL fieles a Cerrón. Los renunciantes se han dispersado formando otras bancadas que apoyan al gobierno. Castillo promueve la formación de un nuevo partido, el Partido Magisterial.

Encerrona

La ruptura de Cerrón y PL con Castillo se hizo evidente esta semana cuando los parlamnentarios cerronistas votaron junto con la derecha para censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache, que se ha visto obligado a dejar el cargo menos de dos meses después de haberlo asumido. Se le acusó, sin pruebas, de haber permitido la fuga del exministro de Transportes Juan Silva y de un sobrino de Castillo, investigados judicialmente y con orden de detención preventiva por cargos de corrupción en licitaciones de obras públicas. Senmache es el cuarto ministro censurado por el Congreso en menos de un año de gobierno.

Cerrón juega al radicalismo de izquierda, pero en más de una ocasión se ha convertido en un aliado de la ultraderecha parlamentaria, sumando sus votos a la aprobación de normas ultraconservadoras contra las polīticas de igualdad de género y ahora a las acciones para debilitar al gobierno. El sectarismo de Cerrón ha bloqueado alianzas del gobierno con otros sectores progresistas que lo habrían fortalecido y ha contribuido decisivamente a su aislamiento. El secretario general de PL quería el gobierno solo para su partido, y ahora que ha perdido posiciones en el Ejecutivo saca a Castillo de PL y vota junto con los golpistas para destituir a un ministro, lo que ha sido un duro golpe para el gobierno. Los votos del cerronismo contra el ministro del Interior son una advertencia a Castillo de lo que podría ocurrirle a él si no cede a sus presiones para que le dé más poder a Cerrón y a PL.

Debilitado

El presidente queda más aislado y debilitado -un proceso que parece avanzar sin remedio- mientras la derecha empuja desde el Congreso el acelerador de sus planes golpistas, lo que amenaza no solo a Castillo, sino a la democracia si esa ultraderecha logra su objetivo de capturar todo el poder

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Cerca de un lago artificial prácticamente vacío debido a la sequía en Honduras de mayo de 2013 (AFP/Orlando Sierra)

La crisis climática es un proceso profundamente desigual: quién más contribuye a él es quién menos lo sufre y quién menos contribuye sufrirá más impactos. Hay una variable que correlaciona muy bien con la contribución al cambio climático: la riqueza. Cuanto más rico eres, sea a nivel global o dentro de cada país, más responsabilidad tienes en el cambio climático. Piketty ha hecho famoso el siguiente dato, memorable por su simetría y por la violencia climática que esconde: el 10% más rico emite el 50% de las emisiones, el 50% más pobre emite el 10% de las emisiones. No de manera proporcional, pero una estructura parecida se repite en nuestro país. En España, según el World Inequality Report 2022 el 10% emite 27% de las emisiones y el 50% más pobre el 30%. Si aumentamos un poco más la resolución, la desigualdad de carbono española nos arroja el siguiente abanico, que va desde las 64.7 tCO2/pc del 1% más rico, las 20.8 tCO2/pc del 10% más rico, las 8.3 tCO2/pc del 40% intermedio y las 4.6 tCO2/pc del 50% más pobre. Es decir, el 1% más rico emite 14 veces más que el 50% más pobre. 

Como venimos insistiendo desde hace muchos años, es evidente que la transición ecológica no es un asunto técnico. Las relaciones de poder, en sus más diversas formas, la atraviesan y la definen. El cambio climático es originado por un modelo de sociedad con intereses y privilegios y tiene impactos muy diferentes si eres pobre o rico, si necesitas vender tu fuerza de trabajo para sobrevivir o si vives de tus inversiones. 

Por este motivo, la redistribución de riqueza es la piedra angular de cualquier transición justa. Y ya que la socialización de los medios de producción en un sentido clásico no parece políticamente plausible a corto plazo, hemos de empujar para retornar, al menos, a los parámetros de fiscalidad e intervención pública previos al neoliberalismo, que supusieron una experimento de igualación social que hoy, en comparación, cuando los recordamos se parece mucho a leer una novela utópica.

Pero uno de los modos en que la crisis climática lo cambia todo, como dice Naomi Klein, es que siendo imprescindible, y aunque tuviéramos la fuerza política y social para ello, la redistribución de riqueza por sí sola no basta si la pensamos en los términos clásicos de la vieja izquierda, que enunció su proyecto en base a una fe mesiánica en la futura abundancia material portentosa. Los hábitos antiecológicos no se corresponden solo a los del 1%. La estratificación de los privilegios materiales  en el capitalismo es un gradiente lleno de matices infinitesimales.

Así que es verdad que en España el 10% más rico emite per cápita casi 3 veces más que el 40% de las clases medias y 5 veces más que el 50% más pobre. Pero también es verdad que ese 10% emite "sólo" el 27% del total. Mientras que el 90% emite el 70%.  Dicho de otra forma, si el decil más rico emitiese como las clases medias, reduciríamos las emisiones en un 15%, que no está mal pero seguiríamos muy  lejos de los umbrales de seguridad climática. Pero si en este experimento social el 50% de abajo pasasen a emitir como las clases medias (igualación  hacia arriba) las emisiones aumentarían un 7%. Si además mantenemos a los ricos en los niveles de emisiones actuales, el conjunto de nuestra huella climática se dispararía un 25%.

En resumen, de cara a la transición ecológica existe una tensión entre igualdad e impacto ecológico que debe ser moderada vía redistribución de un modo que todavía no ha sido explorado en todas sus posibilidades. Pero en un país como España resulta innegable que, además, vamos a tener que acometer transformaciones estructurales muy profundas que van a manifestarse en cambios estructurales como la producción de energía, la descarbonización de la industria, la electrificación de las calefacciones, el urbanismo y la movilidad sostenible. Son cambios estructurales pero son cambios que provocarán o irán acompañados también de cambios de hábitos individuales de cierto calado a nivel de dieta, de movilidad, de vacaciones, de consumo, etc. 

Y esto todavía es un asunto pendiente en la izquierda, donde abundan enroques ideológicos en un inmovilismo antiecologista, bajo la justificación simplista de que los ricos deben pagar la crisis climática.  

Quizá la forma más conocida de este discurso es ese tipo de tweets que se hacen virales diciendo "este señor va en jet privado y a ti mientras te piden que no uses las pajitas de plástico".  Algo que aunque tiene una parte de verdad, en general también tiene mucho de autojustificación y, sobre todo, de incomprensión de la magnitud del problema climático. Y ponemos el ejemplo de los jets privados porque es muy llamativo. Se trata de un elemento de superlujo total, un medio ultracontaminante al servicio de una minoría extrema: 10 veces más emisiones que el avión comercial y 50 veces más que el tren para el mismo trayecto. Un medio de transporte que está exento, como toda la aviación, de impuestos al combustible. Es, sin duda, uno de los máximos exponentes de la desigualdad climática. Pero al mismo tiempo es una parte minúscula de las emisiones: 203 kT al año. Un 0.06% de las emisiones de España. Lo que emite el transporte terrestre en un solo día. 

Y esta es la paradoja: materialmente los jets privados no son muy importantes, pero simbólicamente sí. Y como la política no es sólo un reflejo de lo material ni una pura gestión técnica, sino que son símbolos, afectos y objetivos compartidos, es algo a tener en cuenta. Los jets privados podrían ser para el nuevo ciclo de transformación ecologista que hemos de hacer brotar algo parecido a los coches oficiales o las tarjetas black del ciclo 15M: ridículos a nivel de gasto público pero un símbolo enorme del privilegio. Sin embargo, ese nuevo ciclo de transformación ecologista no puede hacerse trampas al solitario. No podemos limitarnos  al efectismo simbólico y esquivar la necesidad de abordar un cambio profundo tanto en nuestras estructuras económicas como un cambio sustancial en nuestros modos de vida. La buena noticia es que este cambio en los modos de vida puede ser no solo justo, sino también ilusionante y verosímil. ¿La receta? Un poco de guerra cultural y un mucho, ahora sí, de redistribución de riqueza. Pero una redistribución de la riqueza que implica, necesariamente, una redefinición de la misma porque como hemos visto no se trata de  igualar hacia arriba los usos y costumbres insostenibles que hoy son predominantes, sino de experimentar colectivamente modos de vivir diferentes. Otras formas de estar en el mundo que respondan satisfactoriamente a todas esas dimensiones de la calidad de vida que hoy son sistemáticamente maltratadas por la compulsión capitalista: desde el tiempo libre a la salud física y mental, pasando por los cuidados mutuos, el disfrute de nuestros vínculos comunitarios, de nuestras relaciones sexoafectivas o el cultivo de nuestras pasiones culturales, deportivas o recreativas. En definitiva, una transición ecológica para vivir mejor.

Autores:

HÉCTOR TEJERO 

Diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

EMILIO SANTIAGO

Científico titular del CSIC

03/07/2022

Publicado enMedio Ambiente
Boric presentó un ambicioso proyecto de reforma tributaria.. Imagen: AFP

"Esta reforma es a favor de una mayor equidad y no es en contra de nadie. Es para una mejor distribución de la riqueza que todos generamos", aseguró Boric desde el Palacio de La Moneda.

 

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó este viernes un proyecto de reforma tributaria que establece impuestos a las grandes mineras, a la riqueza y un aumento del impuesto a la renta de los que más tienen. Con estas medidas Boric buscará recaudar el dinero necesario para implementar las transformaciones sociales de su plan de gobierno. "Esta reforma es a favor de una mayor equidad y no es en contra de nadie. Es para una mejor distribución de la riqueza que todos generamos", señaló el mandatario chileno desde el Palacio de La Moneda en Santiago.

"Un colchón de certidumbre" para Chile

"El objetivo de una reforma tributaria es justamente avanzar en mayor equidad, avanzar en mayor igualdad y avanzar en mayor cohesión social", dijo Boric desde la sede de gobierno. El joven mandatario remarcó que para gastos permanentes se necesitan ingresos permanentes, que puedan financiar los derechos sociales y "darle un colchón de seguridad, tranquilidad y certidumbre a las familias de Chile en educación, salud, desarrollo regional, equidad territorial".

Además pretende generar un reparto más equitativo de los recursos y promover "un desarrollo más sustentable" a nivel económico, social y medioambiental para avanzar hacia "un país más justo" e igualitario, en la línea de las economías modernas y los Estados del entorno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Los principios (de la reforma) van más allá del gobierno de turno, son principios de justicia del pacto tributario que estamos planteando al país", señaló el jefe de Estado chileno.

Boric destacó, además, el "carácter regional" descentralizado del sistema propuesto, apuntando a una "equidad territorial" que en el largo plazo potencie la inversión pública en sectores históricamente postergados y alejados del centro. "El poder tener más recursos para usarlos de manera eficiente y transparente, cuidando el gasto en tiempos de alta inflación, es algo que destaco de esta reforma, así como su simplificación", enfatizó el presidente de izquierda.

El impuesto a los más ricos

Entre las medidas anunciadas este viernes se destacan la reestructuración del impuesto a la renta, elevando el aporte de las personas de mayores recursos; la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medio ambiente. Además reestructura la imposición de las empresas, pero respecto a los inversionistas extranjeros se mantendrá el régimen tributario actual. 

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, admitió que en Chile "tenemos una brecha importante" que se expresa en componentes como el impuesto a la renta personal y la propiedad. "En el caso de ingresos personales estamos muy por debajo de la OCDE actual e incluso de los años 70, lo mismo en tributaciones, la propiedad. Es un sistema con capacidad muy limitada para redistribuir la riqueza en nuestro país", explicó el ministro, quien insistió en que la reforma se basa en una investigación sobre las inquietudes expresadas al respecto por los ciudadanos. 

En este sentido, Marcel aseguró que es "progresiva", por lo que los más ricos pagarán más, y se basa en valores como "la equidad, la transferencia y la eficiencia", además de "el compromiso en el cumplimiento", la corresponsabilidad y flexibilidad para adaptarse a la evolución y los cambios que impongan el futuro. Estas subas solo las sufrirán quienes ganen más 4.500 euros mensuales (4,691 dolares).

El royalty minero, es decir, las regalías que se recaudan a las grandes mineras y explotadores de cobre del país, también es uno de los ejes de la propuesta. El objetivo será aumentar la tributación de la gran minería del cobre, definida como aquellos explotadores de cobre con producción mayor a 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año.

El ministerio de Hacienda proyecta que el aumento de precio del cobre permitirá tener mayores recaudaciones al fisco. El ministro Marcel declaró que el diseño de royalty minero, a pesar de aumentar la recaudación impositiva, "mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero".

Baja recaudación tributaria

La reforma también introduce una vertiente educativa que simplifica el trámite para hacerlo más accesible a los ciudadanos y herramientas de asistencia al contribuyente para que sepa cómo se gestionan sus impuestos. La recaudación tributaria en Chile supuso el 19,3 por ciento del PBI en 2020, según la OCDE, muy por debajo del promedio en Latinoamérica, el 21,9 por ciento, y de este propio organismo, un 33,5 por ciento.

Con la nueva reforma, Chile pretende incrementar la recaudación anual en un 4,3 por ciento del PBI, incluida el 0,7 por ciento de las ayudas a los más necesitados, aseguró el ministro Marcel. Según sus cálculos, la reforma obligará a pagar más impuestos "a un tres por ciento de la población" en un país con los mayores índices de desigualdad de la OCDE. 

El organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados ya venía advirtiendo que la recuperación de la economía chilena no sería sólida sin una reforma fiscal a la que se han resistido desde décadas los partidos políticos y los empresarios, y que fue una de las piedras angulares del programa de gobierno con el que Boric llegó al poder el pasado marzo.

La justicia social fue una de las principales demandas de los cientos de miles de chilenos que salieron a las calles en 2019 en el estallido social que permitió el ascenso de la izquierda y la reforma de la Constitución, que será sometida a plebiscito en septiembre y que también incluye un importante capítulo de derechos sociales. 

Publicado enInternacional
Sábado, 02 Julio 2022 04:35

La igualdad y sus detractores

César Rendueles

Con el sociólogo y ensayista César Rendueles

En esta entrevista con Brecha, el pensador español repasa algunas facetas  del horizonte político actual, los límites de la igualdad de oportunidades y la meritocracia y el rol de las instituciones en los proyectos de cambio social.

César Rendueles vive en Madrid. Es investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, entre otras obras, Sociofobia: el cambio político en la era de la utopía digital, Capitalismo canalla: una historia personal del capitalismo a través de la literatura, En bruto: una reivindicación del materialismo histórico y, más recientemente, Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista. Destaca en su trabajo su esfuerzo constante por conectar procesos sociales complejos con situaciones de la vida cotidiana. Con ese telón de fondo, conversamos sobre los aprendizajes que nos deja la pandemia, la crisis ecosocial que está aquí hace rato y la necesidad de construir un sentido común que ponga en el centro el cuidado y el disfrute de la vida.

—Me gustaría preguntarte sobre las transformaciones sociales que fuimos atravesando durante la pandemia. En general, me resisto a buscarle el lado bueno, porque todo ha sido demasiado largo y feo. Pero ¿rescatas algún aprendizaje interesante de toda esta experiencia?

—Coincido con lo primero que señalas. A mí me molesta mucho cuando se dice que las crisis son una oportunidad, cuando se nos anima a pensar las dimensiones positivas de una catástrofe. Todo aquello de que íbamos a salir mejores de la pandemia… Fue una masacre llena de sufrimiento, murió muchísima gente, causó enormes problemas sociales y ha dejado una resaca de daño subjetivo inmensa. No obstante, es cierto que podemos pensar la pandemia e, incluso, aprender algo de todo este sufrimiento.

Uno de esos posibles aprendizajes es que los mecanismos de cohesión y solidaridad a veces se despliegan más rápido de lo que solemos pensar. Está claro que vivimos en sociedades individualistas y fragmentadas, pero parece que en el fondo de nuestros corazones sentimos el deseo de establecer vínculos y construir relaciones de solidaridad en cuanto tenemos la necesidad o la oportunidad para hacerlo. La pandemia motivó una explosión de solidaridad reprimida por toda la ortopedia social que la bloquea. Mucha gente puso en marcha estrategias de apoyo mutuo imaginativas y valiosas. Digo esto porque a menudo hablamos de cómo el nihilismo neoliberal lo ha arrasado todo. Y, bueno, lo habrá arrasado casi todo… pero todo no.

Por otro lado, en cierto momento se produjo un cuestionamiento –es cierto que muy tímido– de la división social del trabajo. De repente ciertas tareas mal remuneradas y poco prestigiosas se revelaron como esenciales. A mucha gente se le hizo evidente que sin redes de cuidados aumentaban considerablemente las chances de morir o que si las cajeras del supermercado no iban a trabajar, no comías. Todas esas tareas se revelaron como labores esenciales, sin las cuales la sociedad se descompone en unos días. Mientras que otros trabajos más prestigiosos, mejor pagados y todo eso… Bueno, parece que podemos pasar sin ellos bastante bien.

Por último, otro aprendizaje interesante es que asistimos a cierta revaloración de las políticas públicas, en el sentido de que se hizo evidente su capacidad de intervenir de forma rápida e intensa para enfrentar una crisis social como esta. Es algo que está relacionado con cierta crisis del paradigma neoliberal. Desde hace años el neoliberalismo sufre una crisis de legitimidad que, en parte, tiene que ver con su incapacidad para enfrentar dinámicas catastróficas como esta, pues, en lugar de paliar las catástrofes, las retroalimenta. Con el covid las instituciones públicas reaparecieron como dispositivos sociales indispensables.

No fue un giro democratizador en un sentido profundo, porque, a fin de cuentas, las grandes empresas se beneficiaron muchísimo de las oportunidades económicas generadas por la pandemia (patentes de las vacunas, licencias de plataformas audiovisuales, etcétera). Pero sí se abrió una ventana de oportunidad, en el sentido de que si surgen alternativas de izquierda que quieran hacer intervenciones públicas ambiciosas, ya no se encuentran en la situación de hace 20 años, cuando proponer ese tipo de cosas sonaba a querer reeditar la Unión Soviética.

—¿Y las dinámicas de la vida diaria? Los cambios radicales en las rutinas, como hacer todo desde casa y salir lo menos posible, contribuyeron a profundizar la tendencia a la virtualización de la vida, a estar todo el día frente a una pantalla. ¿Tú cómo lo ves?

—No hay que verlo como un proceso homogéneo, sino como algo que tiene sus ambigüedades. Por un lado, es cierto que se generó una normalización importante de la virtualización de las actividades y las relaciones. Pero, por otro, también se está produciendo un efecto rebote. El uso tan intenso de la tecnología digital durante la pandemia le ha quitado a esta buena parte del romanticismo que tenía. Quizá antes era más común experimentar los juguetes digitales como algo futurista y cool. Y me parece que este hartazgo por tener que estar todo el día viendo una pantalla ha desmitificado un poco el aura de distinción que siempre caracterizó a ese tipo de consumos y actividades.

Otro efecto ambiguo de este proceso de virtualización de la vida es que ha permitido desnudar lo absurdo que es el presencialismo extremo en los lugares de trabajo. Esto ha dado lugar a cierta reivindicación de jornadas laborales más cortas y menos rígidas, de ofrecer la posibilidad del teletrabajo allí donde es posible (con todos los sesgos de clase que eso tiene: los albañiles y los camareros no pueden teletrabajar). Entonces, sí, es cierto que la normalización de la virtualidad es un problema importante, pero también hay que pensar que ha alterado las reglas del juego, por ejemplo, en el mundo del trabajo, y eso puede dar lugar a transformaciones que no necesariamente sean para peor.

—En 2020 se publicó tu último libro, Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista, en el que criticas el paradigma de la meritocracia, que hace un buen tiempo es el marco dominante para explicar y justificar las desigualdades sociales. En general, la izquierda defiende la igualdad de oportunidades y rechaza la meritocracia. Tú, sin embargo, dices que la igualdad de oportunidades es una versión degradada de la igualdad y que, de hecho, es compatible con la meritocracia. ¿Podrías explicar un poco más de qué trata el libro?

—Empecé a pensar en ese libro hace más de diez años, a partir de las protestas sociales que se dieron en España, con el movimiento de los indignados y el 15M, pero que formaron parte de un conjunto de estallidos que sucedieron en varias partes del mundo luego de la crisis de 2008. Un denominador común de estas críticas fue que volvieron a poner sobre la mesa el problema de la desigualdad económica en las sociedades capitalistas.

De pronto, cosas bastante técnicas, como el índice de Gini, aparecían en los periódicos, se hacían públicas las cifras obscenas de la desigualdad, etcétera. Sin embargo, esa mayor preocupación popular por la desigualdad convivía con un nuevo elitismo, que se manifestaba como una especie de narcisismo meritocrático herido. La crítica a la desigualdad se expresaba muchas veces como una denuncia de jóvenes de clase media que habían visto frustradas las expectativas en las que habían sido socializados. Se les había dicho: «Si estudias, si aprendes idiomas, si terminas un máster, vas a acceder a cierto nivel de bienestar», y luego veían que ese horizonte se derrumbaba. Como decía, ese malestar convivía con un desprecio elitista a otros jóvenes, que no tenían estudios terciarios, que a lo mejor trabajaban en la construcción, de los que se decía que habían optado por la vida fácil.

A mí me llamaba la atención que incluso ahí, en un clima de crítica a la desigualdad y al neoliberalismo, se reprodujeran unos discursos tan elitistas. Y empecé a pensar que tenía que ver con que nos movíamos en un horizonte político en el que la única igualdad que se consideraba aceptable era la de oportunidades, lo que suponía un retroceso enorme respecto a los momentos históricos –sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial– en los que se habían producido enormes reducciones de las desigualdades y en los que la igualdad finalista, la igualdad de resultados, era un valor transversal.

En cambio, nos quedamos con una versión muy degradada de la igualdad, la igualdad de oportunidades. Una expresión que suena bien, claro, pero que reduce la igualdad a una especie de control antidoping, que promete las mismas oportunidades de llegar a los escalafones más altos de la pirámide social, pero que en ningún momento amenaza la idea de que la sociedad se organice como una pirámide hecha de desigualdades.

—Al leer el libro parece que le estás hablando a un lector de derecha preocupado de que el hecho de que todos tengamos más o menos lo mismo pueda desalentar el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia. Algo así como: «¿Para qué me voy a esforzar si al final tendré lo mismo que el resto?».

—La defensa de la meritocracia que hacen sus partidarios suele ser esta: «Es cierto que la meritocracia implica desigualdades, pero son por nuestro bien, porque si no existieran esas desigualdades, las personas no se esforzarían por desarrollar sus talentos, por lo que hay que ofrecerles ventajas respecto a los demás».

Me parece una visión antropológica tan triste que me cuesta sentirme identificado. Porque, al final, parece que las ingenieras, los médicos y las periodistas solo se esforzaran en hacer un buen trabajo si se los trata como a niños malcriados: si te portas bien, te compro este juguete. Además, lo que reclaman los partidarios de la meritocracia no es el derecho a tener una vida digna o a tener reconocimiento social, ¡sino a tener más que los demás! Es una visión bastante enfermiza de la naturaleza humana. Y es cierto que las personas a veces nos comportamos así, deseando tener más que los demás, pero solo cuando hay un sistema de competencia generalizado, cuando hay mecanismos sociales que nos inducen constantemente a competir. Una vez que el mercado penetra en nuestra vida, entonces sí, o tenemos incentivos meritocráticos o no nos esforzamos.

Por eso, como decías, yo me planteé escribir este libro pensando en hablarle a alguien de derecha. Porque creo que en algún momento la igualdad fue un valor transversal y que lo puede volver a ser. Igual que ocurre hoy con la libertad de expresión. La izquierda insiste más en ciertas dimensiones de la libertad de expresión y la gente conservadora en otras, y eso da lugar a disputas políticas. Pero nadie cuestiona que es un elemento central de la democracia.

Es cierto que hoy mucha gente conservadora desconfía de la igualdad porque le parece que es incompatible con la responsabilidad, el esfuerzo y el cumplimiento de las obligaciones. A veces la izquierda trata esas inquietudes con condescendencia. A mí, en cambio, me parecen preocupaciones legítimas y creo que, depuradas de la ideología meritocrática, apuntan a dimensiones importantes del igualitarismo profundo. La igualdad es un sistema de obligaciones tanto o más que un sistema de derechos.

En general, creo que una vez que se desactivan los efectos ideológicos de la meritocracia, la idea de que todos vivimos mejor en sociedades más igualitarias resulta muy intuitiva. Además, es algo bien estudiado por la sociología empírica. La desigualdad (no la pobreza en términos absolutos, sino la desigualdad relativa, la distancia entre los más ricos y los más pobres) está correlacionada con una inmensa cantidad de problemas sociales. Aunque los más pobres de una sociedad no se estén muriendo de hambre, aunque tengan celulares, si la distancia que tienen con respecto a los más ricos es mucha, en esa sociedad habrá más problemas sociales. Algunos tan aparentemente alejados de la desigualdad como una mayor prevalencia de las enfermedades mentales, un mayor consumo de drogas, más gente en la cárcel, más inseguridad, más acoso y fracaso escolar, menos esperanza de vida… Son problemas que afectan mucho más, por supuesto, a quienes peor están, pero también a quienes mejor están. En el fondo, todos lo sabemos. En las sociedades más desiguales del mundo los pobres viven extremadamente mal, pero los ricos también tienen una vida de mierda, encerrados en sus gulags prémium.

—La crisis socioeconómica causada por la pandemia hizo que cobrara más fuerza una sensación general que ya tiene unos años y que mencionaste antes: la idea de que el neoliberalismo como proyecto político hegemónico está desapareciendo. ¿A qué te refieres tú con eso?

—Hoy podemos decir con cierta tranquilidad que lo de 2008 no fue una crisis coyuntural, sino una crisis de acumulación de capital a escala global, un auténtico fin de ciclo. El capitalismo se recompuso de la crisis de los años setenta a través de una huida hacia adelante basada en la financiarización y el aplastamiento de los sindicatos. Pero esa dinámica se ha encontrado finalmente con barreras, cuya primera manifestación fue la gran recesión de 2008, pero que ha dado lugar a una serie de crisis encadenadas.

Eso no significa que las privatizaciones o la financiarización se hayan detenido; al revés, quizá hoy sean más agresivas que nunca. Pero sí estamos viendo una fuerte crisis de legitimidad del proyecto neoliberal. Si uno compara la situación actual con la de la década del 90, por ejemplo, cuando el capitalismo neoliberal era hegemónico, en el sentido de que ofrecía un horizonte de futuro compartido por mucha gente, un proyecto de sociedad… bueno, eso ha desaparecido. Toleramos la privatización y el capitalismo financiero porque no nos queda otra, porque no somos capaces de construir una alternativa, pero no son ya proyectos capaces de producir cohesión y lealtades sociales complejas.

Por ejemplo, creo que el fenómeno de las criptomonedas tiene que ver con esto: ya no hay un proyecto de sociedad, sino solo botes salvavidas, a los que quienes se creen más listos que los demás tratan de aferrarse para dejar a los tontos atrás, como una vía de escape individual.

—Vivimos en el capitalismo, así que las crisis y las reestructuraciones son parte de la normalidad. Pero ahora de fondo tenemos nada menos que la posibilidad del colapso ecológico. ¿Cómo podemos construir imágenes concretas que ayuden a aterrizar en la experiencia de la vida cotidiana los efectos excepcionales de esta crisis?

—La crisis ecosocial global es el telón de fondo de esta crisis de acumulación y, cada vez más, de las que vendrán. No hay ninguna discusión posible al respecto. Otra cosa –esta sí muy discutible y llena de incógnitas– es cómo debemos abordar políticamente la crisis. A veces, en la búsqueda de imágenes concretas que mencionas, abusamos de un imaginario colapsista, apocalíptico. Son imágenes muy potentes pero no muy realistas y sí, en cambio, profundamente desmovilizadoras.

Imaginamos la crisis ecológica como el impacto de un meteorito o como un infarto de miocardio, cuando se parece más a una enfermedad degenerativa. Y como el meteorito nunca cae, lo que ocurre es que vamos normalizando la crisis medioambiental y sus efectos políticos, vamos aceptando un escenario de cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de materiales, en el que las elites maniobran para mantener sus privilegios a costa de un empeoramiento radical del bienestar y los derechos políticos de la mayoría.

Nuestro gran reto es articular un conjunto de discursos políticos capaces de construir un sentido común mayoritario atravesado por la necesidad de llevar a cabo una transición ecológica igualitaria, un conjunto de imágenes y discursos que no le digan a la gente que somos dinosaurios en proceso de extinción, sino que al otro lado de la transición ecosocialista nos espera una vida mejor, una auténtica vida buena.

—En tus imágenes de cambio social, en cómo concibes los proyectos y las luchas por la emancipación, siempre está muy presente la necesidad de construir instituciones. Es una discusión clásica en el campo de la izquierda y se ha dado mucho en los últimos años. Para muchos, hablar de instituciones es poco alentador, porque se asocian al orden liberal y al reformismo. ¿Por qué la insistencia con ese tema?

—Durante mucho tiempo la izquierda se pensó a sí misma desde una perspectiva antiinstitucional. Esto tiene un lado muy positivo, porque muchas instituciones requieren reformas muy profundas y otras sencillamente deberían ser abolidas. Pero a veces, en ese proceso de crítica, se nos olvidó que las instituciones también necesitan ser cuidadas, reformadas y protegidas. La crítica de las instituciones no puede conducir al nihilismo antiinstitucional. Las instituciones finalmente son el conjunto de normas que permiten la solidaridad social.

Parte de la debilidad de los proyectos emancipadores contemporáneos es una debilidad institucional: la debilidad de los sindicatos, de los partidos políticos, del asociacionismo, etcétera. Una debilidad que en muchos casos tiene que ver con que no nos gustan esas instituciones y queremos crear otras, lo que es perfectamente legítimo. Pero lo que hemos sido capaces de crear es muy débil, es incapaz de hacerse cargo de la vida colectiva. Por ejemplo, a mí me parece muy razonable criticar las instituciones familiares tradicionales, pero si esa crítica se desliza hacia la abolición de las familias, vamos a tener un gran vacío. Entonces, hay que repensar críticamente las instituciones, ponerlas en cuestión, abolir las que haya que abolir, pero sabiendo que en el vacío institucional es muy difícil construir un proyecto emancipador.

Por Ignacio de Boni
1 julio, 2022

Publicado enSociedad
La regresiva reforma del impuesto mundial de sociedades de la OCDE

La tasa del impuesto mínimo global a las corporaciones transnacionales, propuesta por la OCDE, se considera regresiva e injusta para los países del Sur global donde tienen su producción, porque el tributo como se ha concebido solo beneficiaría a los países ricos donde tienen su origen.

 

SÍDNEY / KUALA LUMPUR – Tras décadas de rechazar la cooperación fiscal internacional bajo auspicios multilaterales, los países ricos finalmente se han puesto de acuerdo. Pero, al insistir en sus propios términos, el impuesto progresivo sobre la renta de las empresas sigue siendo algo lejano.

La elusión y la evasión fiscal por parte de las empresas transnacionales (ETN) se ven facilitadas por las jurisdicciones de los paraísos fiscales con tipos impositivos efectivos muy bajos. Empeora las cosas la intensa competencia entre los países en desarrollo para atraer la inversión extranjera directa (IED).

Los países del Sur en desarrollo son los que más necesitan los ingresos fiscales, pero perderán más que los países ricos, en proporción al producto interno bruto (PIB). Sin embargo, un tipo mínimo mundial del impuesto de sociedades sobre la renta (GMCTR, en inglés)  puede convertirse en un “factor de cambio” que socave los paraísos fiscales.

Tipo mínimo

Las empresas transnacionales aprovechan las lagunas legales para evitar o minimizar sus obligaciones fiscales. Estas prácticas se denominan erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios (BEPS, en inglés).

Los paraísos fiscales cuestan colectivamente a los gobiernos 500 600 millones de dólares anuales en pérdidas de ingresos. Los países de renta baja perderán unos 200 000 millones de dólares, más que la ayuda exterior que reciben, que asciende a unos 150 000 millones de dólares anuales.

El impuesto de sociedades representa 15 % de los ingresos fiscales totales en África y América Latina, frente a 9 % en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que aglutina a las mayores economías del mundo. La mayor dependencia de los países en desarrollo de este impuesto hace que sufran de forma desproporcionada las consecuencias de la BEPS.

Un GMCTR exige a las empresas transnacionales que paguen impuestos sobre sus ingresos mundiales. Esto desalienta la ocultación de los beneficios en los paraísos fiscales. La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas recomendó un GMCTR de 25 %.

Este tipo de 25 % se situaba en torno a la media actual del impuesto de sociedades ponderado por el PIB de 180 países. Ligeramente inferior a la media de los países de la OCDE, es mucho menos que la media de los países en desarrollo. Por lo tanto, un GMCTR inferior a 25 % implica importantes pérdidas de ingresos para la mayoría de los países en desarrollo.

Para revertir el recorte de impuestos del entonces presidente Donald Trump en 2017, la administración estadounidense de Joe Biden propuso, en abril de 2021, gravar los ingresos de las empresas extranjeras con 21 %.

En junio siguiente, el Grupo de los Siete (G7) países más ricos acordó un GMCTR de 15 %, respaldado un mes después por los ministros de finanzas del Grupo de los 20 (G20) de países industriales y emergentes. Esta pobre tasa del G7 se vende ahora como un acuerdo fiscal innovador.

Como era de esperar, el Banco Mundial también rechazó el tipo de 21 % por considerarlo demasiado alto. La institución multilateral ha promovido durante mucho tiempo la competencia fiscal de los países anfitriones. Vergonzosamente, su informe Doing Business fue suspendido indefinidamente en 2021 después de que se descubriera su manipulación de datos por motivos políticos.

La OCDE también quiere distribuir los derechos fiscales y los ingresos por las ventas, y no por el lugar donde se producen sus bienes y servicios.

Los críticos, entre ellos la publicación británica The Economist, han señalado que las grandes economías ricas serían las que más ganarían. Las economías pequeñas y pobres en desarrollo, especialmente las que acogen la producción de las ETN, saldrán perdiendo.

Las propuestas de la OCDE podrían reducir las bases impositivas de las pequeñas economías en desarrollo en 3 %, mientras que cuatro quintas partes de los ingresos irían a parar a los países de renta alta. Por ello, los países en desarrollo prefieren que los ingresos se distribuyan en función de la contribución a la producción, por ejemplo, los empleados, en lugar de las ventas.

Inclusión antidemocrática

Los países en desarrollo nunca han tenido una voz significativa en los asuntos fiscales internacionales. Los miembros del G20 deberían haber preguntado sobre el nivel de esa tasa mundial a organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que la OCDE, dominada por el G7, ha bloqueado durante mucho tiempo.

En cambio, la iniciativa del BEPS del G20 pidió a la OCDE que elaborara sus normas. Tras décadas de mantener a los países en desarrollo al margen de la gobernanza fiscal, su marco inclusivo de compromiso sobre BEPS (IF) promueve la cooperación fiscal internacional de forma desigual.

Los países en desarrollo sólo han participado después de que se haya establecido la agenda, se hayan acordado los puntos de acción, se haya decidido el contenido de las iniciativas y se hayan entregado los informes finales.

A los países en desarrollo se les ha permitido participar con los miembros de la OCDE y del G20, supuestamente en igualdad de condiciones, para desarrollar algunas normas de BEPS. Para convertirse en miembro del IF, un país o jurisdicción debe comprometerse primero con el resultado de BEPS.

De este modo, los países que no pertenecen a la OCDE ni al G20 deben hacer cumplir un marco político en cuyo diseño apenas han participado. No es de extrañar que, con poca elección o voz real, 15 % de la GMCTR fuera acordado, en octubre de 2021, por 136 de los 141 miembros del IF.

La IED frente a los impuestos

Se supone que las reformas fiscales propuestas por la OCDE se aplicarán a partir de 2023 o 2024. La División de Inversiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) reconoce que tendrá importantes implicaciones para la inversión internacional y las políticas de inversión que afectan a los países en desarrollo.

El Informe sobre las inversiones en el mundo 2022 de la Unctad, sobre las reformas fiscales internacionales y la inversión sostenible, ofrece orientaciones a los responsables políticos de los países en desarrollo para que sepan cómo desenvolverse con las nuevas y complejas normas y ajustar sus estrategias fiscales y de inversión.

Comprometida con la promoción de las inversiones en la economía real, especialmente de la IED, la Unctad reconoce que la mayoría de los países en desarrollo carecen de la capacidad técnica necesaria para abordar la compleja propuesta fiscal. La aplicación de los informes BEPS y los documentos relacionados a través de la legislación será difícil, especialmente para los países de renta baja.

Los compromisos de los tratados de inversión existentes también limitan la reforma de la política fiscal.  Las implicaciones en materia de ingresos fiscales para los países en desarrollo de las limitaciones impuestas por los acuerdos internacionales de inversión (AII) son un importante motivo de preocupación, señala el Informe.

Aunque los regímenes fiscales influyen en las decisiones de inversión, los incentivos fiscales están lejos de ser el factor más importante. Otros factores, como la estabilidad política, el entorno jurídico y reglamentario, las competencias y la calidad de las infraestructuras, son más significativos.

No obstante, los incentivos fiscales han sido importantes para la promoción de la IED. Dichos incentivos incluyen, entre otros, las vacaciones fiscales, la depreciación acelerada y las disposiciones de traslado de pérdidas que reducen la responsabilidad fiscal al permitir que las pérdidas pasadas compensen los beneficios actuales.

Con el GMCTR, muchos incentivos fiscales serán menos atractivos para mucha IED. Los incentivos fiscales se verán afectados en distintos grados, dependiendo de sus características. La Unctad estima que las inversiones productivas transfronterizas podrían disminuir 2 %.

Por lo tanto, los responsables políticos tendrán que revisar sus incentivos tanto para los inversores actuales como para los nuevos. El GMCTR puede impedir que los países en desarrollo ofrezcan incentivos fiscales para promover las inversiones deseadas, incluyendo incentivos de localización, sectoriales, industriales o incluso de creación de empleo.

La regla de los inversores

Con tipos generalmente más bajos, los «impuestos complementarios» podrían aumentar considerablemente los ingresos. Los impuestos complementarios se aplicarían a los beneficios en cualquier jurisdicción en la que el tipo impositivo efectivo sea inferior al tipo mínimo de 15 %. Esto garantiza que las grandes transnacionales paguen un impuesto mínimo sobre la renta en todas las jurisdicciones en las que operan.

Sin embargo, los países anfitriones pueden verse impedidos por los AII, especialmente por las disposiciones de la solución de controversias entre inversores y Estados, de imponer impuestos complementarios. De ser así, los impondrán principalmente los países de origen ricos.

Así, los países que acogen la IED perderían ingresos fiscales sin beneficiarse de la atracción de más IED. Es probable que los AII existentes del tipo que se encuentran en la mayoría de los países en desarrollo sean problemáticos.

De ahí que las implicaciones del GMCTR sean muy importantes para las políticas de promoción de la IED. La reducción de la competencia de los lugares de baja tributación podría beneficiar a las economías en desarrollo, pero otras implicaciones pueden ser más relevantes.

Como la competencia de la IED se basa menos en los incentivos fiscales, los países en desarrollo tendrán que centrarse en otros factores determinantes, como la oferta de mano de obra cualificada, energía fiable y buenas infraestructuras. Sin embargo, muchos no pueden permitirse los importantes compromisos financieros iniciales necesarios para ello.

Todavía hay que aclarar muchos detalles importantes de las reformas necesarias. Por ello, los países en desarrollo deben reforzar su cooperación y sus capacidades técnicas para negociar más eficazmente los detalles de la reforma del GMCTR. Esto es crucial para reducir las pérdidas, para minimizar las consecuencias regresivas de esta reforma fiscal supuestamente progresiva.

Por Anis Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram | 02/07/2022

Anis Chowdhury fue profesor de economía de la Universidad Occidental de Sídney y ocupó altos cargos en la ONU entre 2008 y 2015 en Nueva York y Bangkok. Jomo Kwame Sundaram fue profesor de economía y secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.

T: MF / ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/06/la-regresiva-reforma-del-impuesto-mundial-de-sociedades-de-la-ocde/

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