Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas

La precarización extrema en el emporio del multimillonario Jeff Bezos llega a extremos como el que acaba de reconocer. Ya era sabido que los conductores de Amazon debían orinar en botellas, pero también es cierto que lo mismo deben hacer los trabajadores de los almacenes. Algo que la empresa aún se niega a reconocer.

 Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas "debido al tráfico o a problemas para encontrar baños" durante los recorridos de entrega. Lo hizo al disculparse públicamente con un congresista estadounidense que denunció la situación y al que la empresa respondió con un tuit que ahora consideró "incorrecto".

"Esto fue un gol en contra, no estamos contentos y le debemos una disculpa al representante (Mark) Pocan", señaló Amazon en un comunicado aparecido en su blog.

"Sabemos -indicó la empresa del magnate Jeff Bezos- que los conductores pueden tener problemas para encontrar baños debido al tráfico o, a veces, a las rutas rurales, y este ha sido especialmente el caso durante el covid, cuando se han cerrado muchos baños públicos".

La declaración pública tiene como finalidad blanquear esta situación aberrante que viven los choferes para evitar hablar de la situación que se vive en los almacenes, donde trabaja el grueso de sus empleados.

Amazon y la precarización extrema del trabajo

Esta aclaración de la empresa se da en medio de los esfuerzos de los trabajadores del almacén de Bessemer, en Alabama por poner de pie el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos. Si la votación, que finalizó el 31 de marzo, termina resultando positiva sería un gran triunfo para más de cien mil trabajadores directos que la empresa de Jeff Bezos tiene en este país.

Amazon es el segundo empleador privado, luego de Walmart, y al igual que la cadena de venta minorista es un abierto enemigo de los sindicatos. En varios países, incluido Estados Unidos tiene denuncias por contratar empresas de investigación y hacer espionaje a sus empleados para evitar que logren cualquier tipo de organización sindical. Así, muchos de los trabajadores y trabajadoras que protestan por las condiciones laborales o que el año pasado lo hicieron por las pésimas condiciones sanitarias en medio de la pandemia, fueron despedidos por la empresa en forma inmediata.

La lucha por ganar el sindicato en Alabama llegó a los principales medios del país y junto con ellas las denuncias sobre las condiciones de trabajo dentro de los centros logísticos, que incluyen extenuantes jornadas laborales de 10 horas con solo dos períodos de descanso breve, que en muchos casos no alcanzan ni para llegar al baño en almacenes que miden el equivalente a más de 10 canchas de fútbol. Allí varios empleados denunciaron que que no solo tienen que orinar, sino en algunos casos hasta defecar en botellas o bolsas. Una situación denigrante que Bezos quiere ocultar.

Ante estas denuncias, la empresa prefirió reconocer la situación de los choferes de Amazon, pero no la de sus centros de logística.

Bezos hace un tiempo que avanzó en una suerte de uberización del reparto de paquetes. A la flota original de la empresa le sumó miles de vehículos particulares ploteados con el logo de Amazon, en el que los choferes están a merced de una aplicación que les dice cómo, dónde y cuándo recoger paquetes para hacer entregas a demanda.

Esos viajes son planificados para sacar el máximo provecho a los choferes a costa de que estos no tengan un segundo libre entre entrega y entrega. Es decir de ahí deriva la necesidad de los trabajadores de orinar en botellas plásticas para no perder un solo minuto del recorrido. Los propios choferes denunciaron que además la empresa utiliza un software para espiarlos mientras conducen y enviarle mensajes en caso de que vean algún retraso o cambio en el camino estipulado.

A esto se suma un reciente fallo contra Amazon tras descubrirse que se quedaba con millones de dólares en propinas para los trabajadores de reparto.

En los últimos días también se conoció que la empresa tenía una "granja de trolls" en Twitter: supuestos empleados que se dedicaban a contar sus "magníficas" experiencias en la empresa. El dato publicado luego de una investigación de The Intercept, señala que la operación conocida con el nombre de "veritas" (verdad en latín), se inició en secreto en 2018 y tenía el objetivo de rebatir en las redes sociales las críticas a la empresa mediante supuestos empleados y empeladas que contaban lo bien que se trabaja en los almacenes.

Esto también fue denunciado por los trabajadores de Amazon en Alabama, ya que como parte de los intentos de evitar la sindicalización, la empresa envió a estos perfiles de Twitter a atacar a aquellos que expresaban su apoyo al sindicato y a contar experiencias completamente irreales de cómo se trabaja en los centros de logística. La publicación de The Intercept señaló que lo que más llamó la atención es que muchos de los perfiles contestaban frases similares, como si fueran bots, pero en realidad era porque todos dependían de un mismo guion que estaba redactado para contestar a cada cuestionamiento y donde se indicaba sobre qué se podía hablar y sobre qué no.

Es por todo esto que la lucha por ganar un sindicato en Amazon, sería un verdadero dolor de cabeza para Bezos y un enorme triunfo para todas las y los trabajadores.

Martes 6 de abril | 14:24
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Qué puede enseñarnos una ciudad comunista en materia de urbanismo

Nombrada en recuerdo del dirigente comunista italiano Palmiro Togliatti, la ciudad rusa de Toliatti fue elegida en 1966 para albergar una fábrica de automóviles con tecnología aportada por FIAT, para convertirse pronto en el centro industrial planificado más grande de la Unión Soviética (URSS). Su paisaje urbano muestra signos de la preocupación de quienes la planearon por crear espacios habitables centrados en las necesidades comunitarias, no tan solo en la producción industrial.

En el verano de 1966, el Estado soviético firmó un acuerdo con la dirección de la empresa automovilística italiana FIAT. Se trataba de construir una nueva fábrica de automóviles en la URSS, encargándose la empresa turinesa del equipamiento tecnológico y de la formación de especialistas. La fábrica estaba destinada a ser el corazón de un nuevo asentamiento urbano para el personal obrero, técnico y directivo, incluidos –con carácter temporal– los obreros e ingenieros italianos.

La localidad elegida era una joven ciudad situada en la región de Kuybyshev (actualmente Samara), en el oeste de Rusia, rebautizada en 1964 en homenaje al líder comunista italiano, Palmiro Togliatti, quien había fallecido recientemente. En el lado italiano, las implicaciones simbólicas eran evidentes. El sucesor de Togliatti, Luigi Longo, visitó la ciudad en agosto de 1966; Pravda le citó destacando el significado de la llegada de obreros y técnicos turineses a una ciudad que llevaba el nombre de Togliatti, y expresando la esperanza de que en pocos meses la ciudad deviniera una especie de Turín soviética.

La historia de la fábrica y del nuevo asentamiento urbano se enmarca a menudo en el hecho muy poco común, en plena guerra fría, de que se prestara apoyo tecnológico occidental a la modernización soviética. Sin embargo, ese episodio es emblemático del periodo de declive de la URSS con respecto a dos aspectos clave del postestalinismo. Se refiere tanto a las ambiciones transformadoras del urbanismo como a la mentalidad tecnocrática –y hasta cierto punto política– de las elites profesionales, que determinaron su actitud pragmática a la hora de aprender de las tendencias arquitectónicas y tecnológicas internacionales, inclusive occidentales.

Una ciudad-fábrica

A finales de la década de 1940, Stavropol-na-Volguie (Stavropol del Volga) era una pequeña ciudad de unos pocos miles de habitantes, fundada dos siglos antes a orillas del río Volga. Apenas unas décadas después, ya con el nombre de Toliatti, se había convertido en la ciudad industrial planificada más grande de la URSS.

El primer paso de este ambicioso proyecto urbanístico fue la construcción, en la primera mitad de la década de 1950, de una presa y una central hidroeléctrica sobre el Volga. Primero se construyó un distrito urbano, Komsomolskiy rayón (distrito Komsomol), para alojar a los constructores de la planta, seguido poco después de otro más, ahora denominado Tsentral’niy (Central). En la primera mitad de la década de 1960, la población ya sumaba más de 120.000 habitantes. Pero el empujón definitivo para el desarrollo de la ciudad partió de la necesidad –identificada por el gobierno soviético como prioridad estratégica– de desarrollar la propia capacidad de producción de automóviles a fin de responder a la creciente demanda de transporte privado por parte de la población. Con este fin se planteó la necesidad de establecer una nueva fábrica y de buscar el apoyo tecnológico de especialistas extranjeros.

La elección recayó en FIAT, uno de los principales fabricantes del mundo de coches utilitarios. Tras la firma del acuerdo de cooperación, por el que la empresa italiana se encargaba del proyecto técnico, en julio de 1966, las autoridades soviéticas autorizaron la construcción de una gran fábrica a unos pocos kilómetros al oeste del distrito Central. Las obras arrancaron a comienzos de 1967; casi inmediatamente después, en marzo, se emprendió la construcción a marchas forzadas de edificios de viviendas alrededor de la futura fábrica. Así nació Avtograd, hoy Avtosavodskiy rayón (distrito Autoindustrial), el barrio más grande de Toliatti, concebido originalmente como una nueva ciudad y uno de los proyectos de planificación urbanística más ambiciosos de la URSS de posguerra.

Para comprender este proyecto hemos de tener en cuenta por lo menos tres elementos: la relación entre ideología, urbanismo y espacio en la URSS; la fábrica de automóviles como respuesta del Estado soviético a la demanda de transporte privado que emergió en los años de relativa liberalización que siguió a la muerte de Stalin; y las tendencias y prácticas de la planficación y la arquitectura soviéticas a finales de la década de 1960.

El modelo de ciudad-fábrica no era exclusivo de la URSS y de los países del bloque del Este, pero sí fue un elemento crucial de la ideología soviética durante toda la historia de este Estado. Desde los años posrevolucionarios se atribuyó a los asentamientos urbanos una función central en la creación de una nueva sociedad comunista, de acuerdo con el principio constructivista según el cual “una nueva sociedad necesita un nuevo espacio”. A partir del comienzo de la década de 1930 se construyeron nuevas ciudades, inicialmente asociadas sobre todo a la industria minera/extractiva; y la estrecha relación que se planteó en los años de Stalin entre el espacio urbano, el bienestar y la industria reforzó su relevancia ideológica.

Sin embargo, la URSS de mediados de la década de 1960 era en muchos aspectos un país diferente del que había sido en los años de apogeo del estalinismo, siendo uno de los cambios más importantes el que se produjo en el ámbito del urbanismo. El llamado deshielo de Nikita Jrushchov, de mediados de 1950, comportó una liberalización relativa y nuevas aspiraciones –aunque parciales y contradictorias–, que pretendían revitalizar la utopía igualitaria radical de la década de 1920.

Ante la dramática escasez de viviendas, agravada por las devastaciones de la guerra, una segregación socioespacial significativa y la desigualdad entre las elites y la clase trabajadora, el Estado soviético lanzó un vasto programa de construcción masiva de viviendas en todo el país. Asociado al rechazo del neoclasicismo arquitectónico imperante desde comienzos de la década de 1930, y favorable a la recuperación del estilo racionalista internacional, se trataba de un plan tecnocrático encaminado a hacer frente a una penuria de emergencia, pero también fue una medida ambiciosa que buscaba el bienestar universal y un intento de proyectar la ideología oficial igualitaria en el espacio urbano, con el fin de promover un nuevo estilo de vida y preparar así la transición a una sociedad comunista.

El nuevo elemento central de este programa era el microdistrito, un complejo residencial de nuevo tipo, consistente en edificios construidos a base de paneles prefabricados, separados por patios interiores provistos de parques infantiles, espacios verdes y, al menos en teoría, de equipamientos educativos, culturales y sanitarios. La arquitectura era hiperestandarizada y estaba basada en materiales baratos, pero la planificación era innovadora; aspiraba a superar la segregación socioespacial que había caracterizado el periodo estaliniano mediante la creación de un entorno en el que quisieran vivir casi todas las clases de personas, estableciendo un equilibrio específico entre el espacio privado –cada familia tenía su propio piso, abandonando así las casas comunales compartidas– y el espacio colectivo.

La magnitud y el ritmo de ejecución del programa fueron impresionantes, pero este tenía fallos estructurales debido a sus enormes ambiciones, que dieron pie a la definición de objetivos imposibles y a la preponderancia de objetivos cuantitativos unidimensionales, en gran medida bajo la influencia del principal legado del periodo estaliniano, a saber, la planificación centralizada; así, desde el comienzo hubo problemas como la ejecución deficiente, continuos retrasos y falta de presupuestos. En este contexto, las ciudades-fábrica –que idealmente debían constituir ciudades sin clases– se convirtieron en entornos socioespaciales específicos, en los que las viviendas e infraestructuras de servicios eran propiedad de la empresa y esta era responsable de asegurar el bienestar, dando pie a un sistema interconectado y por tanto a una comunidad y un estilo de vida distintivos.

El diseño de Avtograd

El nuevo clima político y el cambio de estilo de vida dieron pie a una creciente demanda de bienes de consumo masivo, incluido el transporte privado. La alta prioridad estratégica otorgada a la planta de VAZ y la nueva ciudad reflejaban asimismo el propósito del Estado soviético de satisfacer esta demanda, insuficientemente atendida por fabricantes preexistentes. Tras las ciudades mineras de la década de 1930 y los polos científicos/energéticos del periodo de posguerra, Avtograd fue entonces la primera representante de una tercera generación de ciudades-fábrica: la ciudad del automóvil.

Como respuesta tecnocrática a una escasez de oferta y a la presión social a favor del consumo, representaba la aplicación de los principios fordistas –el epítome de productividad– a la producción masiva, siendo Detroit el ejemplo idealizado. Por otro lado, esas fábricas y ciudades también se planificaron con fines ideológicos y propagandísticos, encarnando el transporte motorizado una visión que encajaba en la aspiración soviética a la ciudad del futuro y proyectaba una imagen de novedad y modernidad. En otras palabras, la innovación tecnológica occidental, transmitida por la experticia de FIAT, se incorporó a un proyecto específicamente soviético.

La construcción de la fábrica de VAZ y de la ciudad de Avtograd se planteó el último año de gobierno de Jrushchov. La destitución del dirigente reformista abrió la puerta –tras un breve periodo todavía relativamente dinámico, caracterizado por los intentos de reforma económica del primer ministro Alexey Kosyguin– al periodo de Leonid Breshnev, que más tarde se calificaría de época de estancamiento. Este periodo comportó una reversión significativa de los procesos de liberalización política, un duro golpe a las esperanzas de reforma desde dentro de la URSS y la instalación en el conformismo (a)político, bien que en un contexto de estabilidad económica que duró más de una década.

A pesar de la continuidad sustancial de las estrategias y las políticas del periodo de deshielo, el discurso urbanístico derivó consecuentemente de la ideología igualitaria a una visión básicamente tecnocrática de la provisión de bienestar universal, siento el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo los elementos clave del pacto social del Estado con su ciudadanía trabajadora. La atención política se centró en la mejor de las condiciones materiales, y las nuevas directrices insistieron en el incremento del espacio habitacional por persona y la calidad de los materiales de construcción. Avtograd fue el producto de este complejo contexto histórico y político-ideológico.

El planeamiento del nuevo distrito se encomendó al arquitecto Boris Rubanenko. Este se había educado en los años de la vanguardia racionalista y había protagonizado una carrera de éxito desde la década de 1930, cuando desarrolló una síntesis arquitectónica que logró incorporar algunos elementos del movimiento moderno en el estilo neoclásico por entonces oficial. Tras la muerte de Stalin, optó por el retorno al estilo moderno internacional, y por tanto, en el periodo de construcción de Avtograd, a finales de la década de 1960, sus puntos de vista urbanísticos reflejaban la influencia tanto de su educación y su experiencia profesional como de los principios y tendencias contemporáneas a escala internacional.

Estas influencias se plasmaron en el plan de Avtograd, inspirado en los teóricos urbanísticos soviéticos de la década de 1920 (en particular, los conceptos de desarrollo lineal y de las zonas funcionales paralelas, elaborado por Nikolai Milyutin), pero también en los experimentos de ciudades planificadas de fuera del bloque del este, en particular Brasilia, la nueva capital de Brasil planeada pocos años antes por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa.

El plano del distrito (véase aquí) se basó en una estructura ortogonal, con dos avenidas perpendiculares que lo dividían en cuatro partes desiguales. El eje vertical conectaba el territorio de la fábrica con la orilla del Volga. Avtograd se dividió en distritos residenciales, que a su vez se subdividieron en microdistritos. La unidad principal del microdistrito, y el espacio más importante de la interacción social cotidiana, era un kvartal (bloque residencial), ampliado con las características típicas de los planes soviéticos de viviendas masivas de finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970: edificios de nueve o doce plantas alrededor de un amplio patio semiabierto, un espacio común verde que incluye equipamientos educativos, un campo de deportes y un parque infantil.

Los primeros edificios de viviendas también incluían, en cierto modo y en parte como reminiscencias de los experimentos constructivistas de las décadas de 1920 y 1930, una especie de bloque común de servicios recreativos y culturales, desde bibliotecas hasta clubes de ajedrez. Las grandes avenidas, aptas para una ciudad del motor, se diseñaron más para un transporte motorizado que no peatonal, de acuerdo con los principios que había concebido Le Corbusier unas pocas décadas antes.

Dado el importante papel atribuido a los espacios de uso colectivo con fines culturales y recreativos, se previeron varios edificios públicos amplios, desde casas de la cultura y polideportivos hasta cines y teatros. Estos espacios también expresaban una mezcla de influencias y elementos históricos y culturales: las ambiciones igualitarias socioespaciales de la vanguardia constructivista de los años veinte, la visión monumental de la cultura heredada del estalinismo y la aspiración racionalista contemporánea de aportar un mayor confort y calidad de vida a la sociedad a través del urbanismo.

Además, los edificios públicos permitían a los arquitectos expresar sus ambiciones artísticas, a diferencia de las exigencias sumamente estandarizadas de los bloques de viviendas. Estaba previsto que el más grande y ambicioso de ellos, la Casa de la Cultura, las Artes y la Creatividad (DKIT), fuera el principal distintivo y centro percibido del distrito. Sin embargo, estas aspiraciones chocaron pronto con grandes obstáculos. A mediados de la década de 1970, el sistema de bienestar se vio sometido a fuertes presiones, debido a crecientes limitaciones presupuestarias; junto con la ineficiencia de la planificación centralizada, esto condujo al aplazamiento sistemático del desarrollo de infraestructuras de bienestar en todos los niveles.

En muchos casos, las instalaciones de servicios no se construyeron hasta varios años después de los bloques de viviendas, y la construcción de edificios de uso recreativo también se vio afectada por retrasos significativos. La DKIT, planeada en 1971, no se construyó hasta mediados de la década de 1980. Al final de la década, la crisis del modelo de economía planificada o de ordeno y mando ante la aparición del postfordismo global agravó todavía más la tendencia y condujo a significativos recortes presupuestarios. Debido a ello, la ciudad realizó el pacto social soviético basado en el derecho a un empleo y una vivienda estables, pero al mismo tiempo, en palabras de observadores tanto occidentales como soviéticos, creó un entorno caracterizado por la falta de vida en la calle, la anomia y la privación sensorial.

Tras la caída

Hoy en día, el rayón Avtosavodskiy tiene una población de alrededor de 430.000 habitantes, más de la mitad de la población total de Toliatti, en un territorio de más de 88 kilómetros cuadrados. Como ocurre con la mayoría de los asentamientos monoindustriales soviéticos, compite en el contexto de la economía de mercado global. VAZ, ahora llamada AvtoVAZ –con Renault como su principal accionista–, sigue siendo el fabricante de vehículos ligeros más grande de Rusia, pero en 2014-2015 se sometió a un proceso de restructuración que comportó una drástica reducción de la plantilla, que ha tenido un impacto significativo en los niveles de desempleo y bienestar socioeconómico de la población del distrito y de la ciudad.

A pesar de su tamaño relativamente grande (la vigésima ciudad más grande de Rusia) y su actividad industrial significativa, hoy Toliatti es en lo esencial una urbe periférica. Es la única con una población tan numerosa que no constituye un centro administrativo regional; una infraestructura de transporte y una capacidad administrativa insuficientes merman el interés de los inversores. Su estructura monoindustrial hace que su economía dependa fundamentalmente de la fábrica de automóviles. Si bien el nivel poblacional permanece relativamente estable, teniendo todavía más habitantes que en tiempos del colapso de la URSS, los niveles de desempleo y la tendencia al envejecimiento de la población resultan alarmantes.

La ciudad también es un típico objeto de marginación discursiva. La gran rigidez programática del plan del distrito y la identidad común, basada en la fábrica, de su población, son metáforas concretas y directas de la inadaptabilidad de la monogorod (ciudad monoindustrial) soviética –y la supuesta mentalidad soviética de la clase obrera industrial– a la flexibilidad e innovación que dexige la lógica de la globalización.

La investigación visual que llevamos a cabo el fotógrafo Michele Cera y yo en el distrito de Avtosavodsky en mayo de 2018 se concibió como primer paso de un proyecto artístico y científico encaminado al estudio de ciudades de la antigua URSS desde el punto de vista de las características del legado arquitectónico soviético, sus transformaciones y su relación dialéctica con las comunidades locales.

Estos temas tienen que ver con cuestiones urbanas que siguen debatiéndose hoy en el ámbito académico (¿Cuáles son los rasgos distintivos de las ciudades y la urbanidad en el régimen comunista? ¿Por qué vías se han transformado estas características después de su colapso?). Un asentamiento postestalinista planificado al cien por cien, desprovisto de todo legado preexistente, parecía un punto de partida idóneo, y en efecto, Avtosavodsky se ha mostrado particularmente resistente a las transformaciones posfordistas y muchas dinámicas asociadas, observadas en todo el espacio urbano exsoviético, desde la creciente segregación socioespacial hasta la gentrificación.

La subsunción capitalista-mercantil del entorno arquitectónico heredado, observada en las ciudades más globalizadas de Rusia y de la antigua URSS, suele proceder por la vía de la privatización del espacio y/o la transformación de sus funciones. Sin embargo, esto no es tan significativo en este caso, siendo un ejemplo emblemático el hecho de que casi todos los principales edificios públicos, demasiado grandes para un uso rentable, siguen siendo de propiedad pública y han conservado su función original.

La estructura uniforme del distrito y su economía, centrada todavía en el sector secundario, también han influido claramente en la ausencia de segregación social que la caracteriza. No existen áreas o bolsas de riqueza y pobreza manifiestas que diferencien los microdistritos y bloques residenciales en Avtosavodsky, a pesar de la presencia de promociones inmobiliarias en el interior y en el extrarradio.

Nuestra investigación visual también pretendía destacar la conexión entre la escala urbana y la escala humana. Esto se planteó por oposición expresa a la tendencia común, en la fotografía paisajística, de acentuar la falta de vitalidad y/o la decadencia de la arquitectura y la infraestructura construida de finales del socialismo. A fin de cuentas, esa opción acaba descontextualizando los propósitos, las ambiciones y las implicaciones sociales de la planificación y la arquitectura modernas, y de sus variantes particulares en el socialismo realmente existente.

Observar las escalas macro y micro nos permite resaltar la particular lógica omnímoda del urbanismo soviético postrero. Al operar al margen del reino de los intereses privados y de la lógica del beneficio, planteaba un singular sistema interconectado y orgánico de elementos infraestructurales, destinados a implementar el proyecto oficial de transformación total. Como han apuntado la historiadora Kimberly E. Zarecor y su colega Mark B. Smith, esto tuvo repercusiones importantes en las relaciones sociales cotidianas de la población. La aparente falta de vitalidad de la ciudad monumental, y monótona, con sus grandes edificios, sus avenidas corbusianas y su arquitectura residencial hiperestandarizada, muestra un lado menos evidente cuando se observa desde abajo. No en vano, sus edificios recreativos, los patios interiores y otros espacios públicos y comunes siguen facilitando una relativa actividad social.

Hoy en día, Avtosavodsky es un asentamiento periférico que pugna por sobrevivir, afectado por graves problemas socioeconómicos y con perspectivas muy inciertas. Sin embargo, al mismo tiempo no da la impresión de ser un lugar sin sentido o sin significado, un gueto anómico a gran escala. Observado desde el siglo XXI, todavía muestra claros signos de la lógica que subyace a su planeamiento, con todas sus ambiciones, fallos y éxitos relativos. Como tal, la ciudad del motor soviética ofrece un antídoto frente a nuestra conciencia perdida de cómo la historia, y la política, configuran nuestra vida urbana.

06/03/2021

https://www.jacobinmag.com/2021/03/tolyatti-russia-communist-city-auto-industry

Traducción: viento sur

Publicado enSociedad
Lunes, 15 Marzo 2021 05:59

El negocio

El senador Bernie Sanders (al centro) escucha el Plan federal de rescate anunciado por el presidente Joe Biden el viernes, en la Casa Blanca. En opinión de Sanders, "no se puede tolerar más que multimillonarios como Bezos, Zuckerberg y Musk se vuelvan obscenamente ricos en momentos de dolor y sufrimiento económico sin precedente". Foto Ap

Al marcarse el primer aniversario oficial de la pandemia en Estados Unidos más de medio millón de personas han perecido por el virus, millones se quedaron desempleados, otros millones más perdieron sus hogares, sus comercios y sus ahorros, se incrementó el hambre, sobre todo entre niños, lo anterior mientras la riqueza combinada de los 664 estadunidenses más ricos se incremento en 44 por ciento. La noticia más básica para entender la coyuntura en Estados Unidos es ésta: los ultra ricos se hicieron más ricos mientras las mayorías pasaron el año más difícil y trágico en décadas.

Durante la peor pandemia en un siglo en Estados Unidos y tal vez la peor crisis económica desde la Gran Depresión, los 664 multimillonarios (aquellos con fortunas mayores a mil millones) del país gozaron un incremento de 1.3 billones de dólares en sus fortunas combinadas en los últimos 12 meses para acumular un total 4.3 billones de dólares, según los análisis del proyecto inequality.org del Institute for Policy Studies.

Para los dueños de empresas privadas de salud –farmacéuticas hospitales, biotecnología, etcétera– la pandemia ha sido un negociazo. Las fortunas de 27 de los multimillonarios estadunidenses provienen de ese sector, y uno de ellos, la familia Thomas Frist, los accionistas más grandes de la cadena de hospitales HCA, vieron su fortuna personal duplicarse de 7.5 mil millones de dólares a 15.6 mil millones de dólares entre marzo del año pasado y ahora.

Nueve multimillonarios en el sector tecnológico ganaron más de 360 mil millones de dólares durante la pandemia, reporta el Washington Post. "En mi opinión, no podemos tolerar más que multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk se vuelvan obscenamente ricos en momentos de dolor y sufrimiento económico sin precedente", comentó el senador Bernie Sanders al Post.

La familia Walton, dueños de Wal-Mart, es la más rica del país con una fortuna combinada de mas de 200 mil millones de dólares –incluyendo 50 mil millones de dólares que ganaron durante la pandemia– equivalente a la riqueza combinada de 40 por ciento de la población más pobre del país. Más de la mitad de sus trabajadores han reportado que sus familias han batallado con el hambre, pero la empresa rechaza elevar el salario mínimo de sus trabajadores.

No están solos: un intento este mes en el Senado para aprobar un incremento del salario mínimo federal de 7.25/hora a 15 dólares, lo cual beneficiaría a más de 32 millones de trabajadores, fracasó con ocho demócratas sumándose a 50 republicanos para derrotar la iniciativa. Casi dos tercios de los senadores (incluyendo los demócratas que votaron en contra de esta iniciativa) son millonarios, según el Center for Responsive Politics.

El sistema ha funcionado perfectamente bien, para los más ricos. Más aún, tanto en la actual crisis económica como la anterior (las dos están relacionadas) en 2008 cuando la avaricia sistémica ha llevado al sistema al borde del colapso, el gobierno ha intervenido para subsidiar y rescatar a empresas emborrachadas de poder en lo que algunos han llamado "socialismo para los ricos, capitalismo salvaje para los demás".

Ahora es revelador que la clase empresarial –con algunas excepciones– no se opuso al masivo paquete de 1.9 billones de dólares para el rescate económico promulgado por Joe Biden la semana pasada. Algunos ricos entienden que no hay negocio cuando los consumidores no tienen con qué comprar o pagar sus cuentas. El programa federal de rescate económico es calificado como uno de los mayores de la historia moderna de Estados Unidos, pero su valor total es sólo poco más que el incremento en la riqueza de los 664 multimillonarios en el último año.

Sin embargo, como señalan por separado los intelectuales liberales Joseph Stiglitz y Robert Reich, este nuevo paquete por primera vez en décadas reconoce que el gobierno tiene una responsabilidad con el bienestar social básico de las mayorías y podría marcar el fin de la era neoliberal introducida por Ronald Reagan en 1980. Tal vez, pero por ahora esta tragedia para millones sigue siendo un gran negocio para unos cuantos.

Oscar Chávez, Amparo Ochoa: El angelito. https://open.spotify.com/ track/2QwR6NSQBZCyqL6nxJodyQ? si=s5cWjlZ4TZ2--_BdwnUd9A

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Mark ZuckerbergErin Scott / Reuters

Asimismo, compartió su visión sobre el desarrollo de las tecnologías digitales en el futuro próximo.

 

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo este lunes en una entrevista con la revista digital The Information, que para el 2030 las personas podrían usar gafas inteligentes para asegurar su presencia virtual en cualquier lugar.

Facebook inventará unas gafas que pueden mostrar el contenido gráfico junto con el mundo real a través de pantallas transparentes. "Esto podría llevar a tantas cosas increíbles, [...] en lugar de llamar a alguien, tener una videoconferencia, en un abrir y cerrar de ojos te teletransportas, y estás sentado allí y ellos están en su sofá y todos se sienten como si estuvieran juntos", explicó el multimillonario. De este modo, la creación de los avatares podría revolucionar la comunicación humana.

Esta invención podría contribuir a la reducción de los viajes por negocios o placer, lo que ayudaría a revertir los efectos del cambio climático. "Obviamente los coches y aviones y todo eso no desaparecerá, [...] Pero cuanto más nos podamos teletransportar, mejor será para la sociedad y para el planeta en general", señaló Zuckerberg. 

Según su punto de vista, otra ventaja consiste en la posibilidad de  expandir el modo de trabajo remoto para los empleados, reduciendo el tiempo y el costo de viajes cotidianos, porque será posible "simplemente teletransportarse al trabajo". 

Actualmente las grandes empresas tecnológicas como Apple, Microsoft y Google están trabajando en la tecnología de realidad aumentada, que implica la interconexión entre gráficos generados por computadora e imágenes del mundo real. Facebook está involucrada en el desarrollo de los cascos de realidad virtual a través de la empresa Oculus, adquirida en el 2014.

Publicado: 13 mar 2021 00:58 GMT

Un rosario de reclamos al Gobierno: vocero de víctimas de Iota denuncia incumplimientos y fallos en la reconstrucción de San Andrés

El líder sanandresano Alberto Gordon May asegura que el Gobierno no ha cumplido con lo pactado en el plan de reconstrucción del Archipiélago.

 

Después de casi cuatro meses de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue golpeado por el huracán Iota, sus pobladores hablan sobre lo que dicen ser un atropello del Gobierno Nacional en la región.

Así lo hizo saber en entrevista con El Espectador el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal, órgano que representa a los habitantes nativos del Archipiélago, quien además es el líder de las víctimas del huracán Iota.

Según el vocero, la administración Duque implementó “prácticas neocolonialistas” en las islas, y ha ignorado a sus gobernantes y comunidades. Son varios los problemas que el líder manifiesta como desatendidos en las islas, empezando por el incumplimiento del gobierno Duque respecto al plazo de 100 días que se planteó para la reconstrucción de la región.

De acuerdo con las declaraciones de Gordon May, en El Espectador, “el plazo puesto por el mandatario finalizó el 27 de febrero pasado. Después se extendió hasta el 10 de abril, término que ya se amplió hasta el primer trimestre de 2022. Para ser sincero, dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días”.

Esta percepción, según el líder, es algo que “todos los miembros de la comunidad comparten”, ya que manifiesta que los sanandresanos hoy están mucho peor que antes del paso de Iota, “antes tenían casa, cubiertas sus necesidades de energía, agua y otros elementos necesarios. Las condiciones a que están sometidos ahora son lamentables, deprimentes e inhumanas”, asegura Gordon May en el diario nacional.

Además, afirma que desconocen el Plan 100 y que tampoco han sido enterados “de un plan anual que se ha anunciado a pesar de las múltiples visitas de Iván Duque”. También agrega que, “Contrario a la Ley 1523 de 2012 (Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres), elaborada para ocasiones como la que sufrimos ahora, el Plan de Acción Específico (PAE) para el archipiélago, que será la carta de navegación para las islas, según Susana Correa, gerente de reconstrucción de Providencia, no ha sido ni siquiera firmado por el consejo de ministros”.

Para Gordon May, “el Gobierno ha tenido dos “planes”: el que le cuenta a la comunidad y el que manipula”, y señala a su vez que, “la gente ha venido reaccionando a la improvisación diaria, lo que nos parece sumamente grave porque reinan el desespero y la incertidumbre. Los habitantes están viviendo a sol y lluvia, aunque esta fase de la crisis debió haber sido superada en la primera etapa de la emergencia”.

De acuerdo con el líder sanandresano, “hasta este momento la única persona que conoce el PAE es Susana Correa”, pero aún así el pastor señala que la funcionaria “no lo ha compartido ni discutido con nadie y se escuda en diversas disculpas para protegerse”, además asegura que Correa, “sale a mentir ante los medios” y que, “el Gobierno ha desconocido la totalidad de la ley y ha ignorado, principalmente, los principios de igualdad, protección, el participativo que ordena reconocer y promover la colaboración activa de las comunidades, y, muy importante, el principio de diversidad cultural que exige respetar las particularidades de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos de la misma”.

Esto, según el vocero, fue una acción del Gobierno en la que no se acogió estrictamente a la ley, ya que manifiesta que si “la hubiera cumplido, no habría tanto desespero. La población de las islas está al borde de un colapso emocional por la incertidumbre sobre su presente y, ante todo, sobre su futuro

.

Las condiciones actuales en las que viven los sanandresanos

 

Gordon May informó en El Espectador que “mucha gente pasa los días en carpas. Las viviendas a las que les han reparado techos sin reconstruir, sus bases no cuentan con los amarres y las técnicas antihuracán, a pesar de que el propio Ministerio de Vivienda reconoce que hay que cumplirlas”.

A su vez, asegura que a pesar de que “la energía ha sido restablecida y se instalaron unas plantas desalinizadoras (del agua marina), es preciso resaltar que la disponibilidad de agua del embalse Fresh Water Bay ha venido disminuyendo por causa de los procesos erosivos de la cuenca y que este es el único embalse que existe”.

Por eso, señala que “en las épocas de sequía hay escasez. Pero, en este momento, otro motivo de gran preocupación es qué va a suceder con el suministro del líquido, además de la sequía, por la sobrecarga de personas de afuera que llegaron sin medir su impacto”.

En la misma línea, habla del impacto negativo que ha causado el aumento del 20% de la población en las islas, proveniente de personas que están llevando a cabo las labores de reconstrucción. Gordon May asegura que esto ha sido un “un desastre”, empezando por el ámbito ambiental.

“Los servicios de energía y agua que son precarios, igualmente son escasos. Por lo tanto, no dan abasto con el incremento poblacional. También nos preocupa el brusco cambio de relacionamiento social con grupos tan numerosos de personas ajenas a nuestra cultura”, asegura el líder en El Espectador.

Asimismo, afirma que “se desconocen los términos de referencia y códigos de reconstrucción de las viviendas porque las condiciones contractuales con Findeter no han sido puestas a consideración de la comunidad”, ya que según Gordon May, si estos trabajos se hicieran “con las especificaciones técnicas descritas, se podría suplir con trabajo local gran parte de las obras de construcción, para lo cual la comunidad se ha venido organizando. Consideramos que la vinculación laboral externa debe ser gradual y organizada para evitar efectos negativos y garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica”.

De igual forma, el líder reconoce que hay otros problemas en las islas, como que el Gobierno quiso obviar el derecho constitucional de la consulta previa, algo que señala se pudo evitar gracias a que “un grupo de raizales, en la diáspora, ayudó a preparar varias propuestas de casas.

Solo después de insistentes reclamos por parte de líderes de la comunidad, el Gobierno, al parecer, finalmente incluirá tales diseños en sus planes. La vocería y la presión de un grupo de líderes, la veeduría local, a través de tutelas, la Autoridad Raizal, la Comunidad Raizal en la Diáspora, a quienes agradecemos inmensamente, y la prensa local e internacional, ayudaron a que la administración Duque atendiera los reclamos comunitarios”, señaló en el diario nacional el vocero sanandresano.

Gordon May también habló del puente entre San Andrés y Providencia que no ha sido recuperado, pero que en cambio sí se construyó un muelle sin consulta previa de la comunidad, además de otros proyectos como la construcción de la base de Guardacostas o de Salvamento Marítimo que la Armada Nacional ha querido edificar en el sector de Old Town” y el cual también rechazan los raizales.

El líder mencionó además que a tres meses de que empiece la temporada de huracanes en el Caribe, aún no se ha construído por lo menos un albergue en las islas.

7 de Marzo de 2021

Publicado enColombia
8M: Por un feminismo revolucionario, que no es foto de portada sino lucha contra toda explotación

8M & Feminismo de clase 

8 Marzo el día de la Mujer trabajadora y revolucionaria

 

El 8 de marzo se conmemora a la mujer trabajadora, revolucionaria. La comunista Clara Zetkin propuso la conmemoración en la conferencia de mujeres socialistas de 1910, para homenajear la lucha de las mujeres contra la explotación capitalista. Se recuerda el asesinato, a manos del Gran Capital, de 129 obreras en huelga quemadas vivas en una fábrica textil en EEUU: los dueños de la fábrica cerraron las puertas con ellas dentro y le prendieron fuego para hacerlas arder (como medida de «disuasión» para evitar que otras obreras siguieran su ejemplo de lucha). Se conmemora la lucha por la justicia social, por los derechos de la clase trabajadora, la lucha contra el patriarcado y el capitalismo, cuyos mecanismos se articulan el uno al otro a la perfección. 


El 8 de marzo también quedó apuntalado como fecha eminentemente revolucionaria por los sucesos del 8 de marzo de 1917 en la Rusia tzarista: miles de mujeres salieron a las calles clamando por sus derechos, contra la explotación y las guerras que la burguesía imponía al pueblo: ellas detonaron la Revolución de Octubre. Tras la revolución de Octubre las mujeres conquistaron sus derechos económicos, sociales, sexuales y reproductivos: derecho al voto para todas las mujeres (no solo para las propietarias como en Gran Bretaña), derecho al divorcio, derecho al aborto, derechos plenos al estudio y trabajo, vivienda, sanidad y educación garantizadas, etc. Todos estos derechos todavía se siguen luchando en la inmensa mayoría de países capitalistas.


Las mujeres somos la parte más golpeada de la clase explotada. Somos víctimas de las guerras imperialistas, del saqueo capitalista que empobrece regiones y países enteros, de las privatizaciones y la precariedad, y además somos víctimas del machismo incesantemente promovido por los medios y toda la industria cultural del capitalismo. Porque el capitalismo se sustenta fragmentando y dividiendo a la clase explotada: por ello la industria cultural del capitalismo difunde incesantemente paradigmas de discriminación como el machismo y el racismo.
Somos las trabajadoras explotadas, estudiantes, artistas, paradas y jubiladas a quienes se nos está privando de una vida digna, en ocasiones hasta de la alimentación, la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etc. Somos privadas de condiciones de trabajo y de remuneración dignas por los capitalistas que sacan la plusvalía de nuestro trabajo. Somos las madres cuyo trabajo en el hogar no es reconocido, las que se quedan en absoluta precariedad sin pensión. Somos las mujeres migrantes empujadas a padecer las peores explotaciones: en maquilas de espanto, rociadas de veneno en el agro-industrial, abocadas a la explotación de la prostitución o a ser cosificadas y saqueadas como «vientres de alquiler». Somos las niñas violadas y forzadas a parir. Somos designadas por este sistema como la diana de las frustraciones aberrantes que este sistema causa, de la misoginia que fomenta.

Por ello el feminicidio galopa: porque los medios banalizan la tortura y toda discriminación alienante funcional al capitalismo, porque la violencia ejercida de manera estructural arrastra su odio contra nosotras. Somos vícimas del capitalismo y su barbarie, víctimas del  machismo que el mismo Capital promueve; pero también somos mujeres luchadoras y revolucionarias. El 8 de marzo no es el día de las princesas, ni de las empresarias explotadoras. Las mujeres opresoras, las Cristine Lagarde, las Thatcher, las Hillary Clinton y demás… las que se lucran de devastar selvas, de oprimir poblaciones, de esclavizar en fábricas de espanto a miles de trabajadoras, las que se lucran, también, de fomentar el machismo a través de sus medios de alienación masiva, son clase explotadora, al igual que los hombres de la clase explotadora.


Al Capital le interesa mantenernos atadas a la división sexual del trabajo, a labores de cuidado no remuneradas, a la discriminación salarial por ser mujeres. Al Capital le interesa una clase explotada pulverizada y golpeada, impedida de unidad por el machismo, el racismo, la xenofobia, el individualismo y demás alienaciones que la clase explotadora se encarga de cultivar. Frente a una realidad tan brutal, el reformismo, siempre sirviendo a impedir cuestionamientos profundos, pretende encapsular nuestra lucha y superficializarla, ocultando su carácter de clase, obviando la funcionalidad que para el capitalismo tiene el machismo.  Los reformistas, que pretenden seguir engañándonos con la cínica fábula de un supuesto e imposible “capitalismo con rostro humano”, buscan ocultar que no lograremos cambiar la cultura profundamente machista que impera en el mundo entero, a menos que nos tomemos los medios de producción y por lo tanto los de difusión y educación. En este sistema toda una artillería de sometimiento ideológico es implementada por la clase burguesa; los paradigmas de opresión son activamente martilleados desde múltiples flancos: desde las instituciones religiosas históricamente funcionales a las clases dominantes, pasando por la gran industria audiovisual, hasta los nada ‘inocuos’ videojuegos. Para contrarrestar esa alienación a gran escala, que tanto sufrimiento causa, se necesitan obviamente medidas que subviertan el actual orden social; abolir el patriarcado no será posible sin abolir el capitalismo.


Los caballos de Troya de la burguesía intentan hacer creer que las mujeres explotadoras son nuestras hermanas, cuando ellas también participan de perpetuar este sistema que devora a la naturaleza, explota a los seres humanos (a la clase trabajadora), y perpetúa al machismo, al racismo, al individualismo, comportamientos y discriminaciones fundamentales para el mantenimiento de este sistema putrefacto.


Las mujeres revolucionarias sabemos que la sociedad de clases se perpetúa sobre la violencia: esa violencia ejercida por la clase explotadora (la que posee los medios de producción) contra las mayorías explotadas y precarizadas, y sabemos también el lastre que significa el machismo para la unidad de la clase explotada. Luchamos también por un feminismo revolucionario, para poder oponerlo a la infame recuperación que el sistema está intentando hacer de la lucha feminista, con sus aberrantes Caballos de Troya y su discurso de “sororidad interclasista» (¡cómo si tuviéramos que tener «sororidad» con una capitalista explotadora, una proxeneta o una ficha del complejo militar-industrial por el mero hecho de ser mujer!).


Luchamos contra toda explotación, y nuestra lucha contra la opresión de la mujer trabajadora, la adelantamos luchando día a día contra el machismo, contra la clase burguesa, contra un orden social de explotaciones concatenadas; luchando contra la raíz que sostiene las desigualdades sociales: luchando contra un sistema que fomenta la opresión de la mujer porque necesita esta opresión como mecanismo de dominación y división de la clase explotada; luchando contra un sistema que fomenta la violencia machista a modo de control social (como pérfida válvula de escape de las frustraciones que tal sistema crea); luchando contra un sistema en el que un puñado de multimillonarios capitaliza moliendo humanidades y rebanando el planeta.


El Feminicidio galopante es parte de la barbarie de un sistema económico, político, social y cultural, el capitalista, violento en esencia y perverso en su lógica. Un sistema basado en la explotación de las y los trabajadores y en el saqueo de la naturaleza, es un sistema que necesita banalizar la explotación, la injusticia social y la tortura. 


La lucha por la emancipación de la mujer y la lucha contra el capitalismo son inseparables. Por un feminismo revolucionario, que no es foto de portada sino lucha cotidiana, que lucha contra toda explotación.

 

Por Cecilia Zamudio | 06/03/2021

Publicado enSociedad
Afectadas laboralmente, 13 millones de mujeres en América Latina: OIT

Alrededor de 13 millones de mujeres en América Latina y el Caribe vieron desaparecer sus empleos o limitarse su desarrollo laboral por la pandemia de Covid-19, que exarcebó las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT destacó que las mujeres «fueron especialmente golpeadas por una crisis causante de fuertes salidas de la fuerza de trabajo, desempleo y grandes demandas de cuidados no remunerados».

De acuerdo con la OIT, las brechas en la igualdad de género se redimensionaron con la crisis de la pandemia, lo que implica un retroceso de una década en sólo un año.

En el caso de México, la organización señaló que 15 por ciento menos mujeres que hombres forman parte del sector laboral formal y solamente 1 de 4 personas a cargo de negocios con más de seis personas trabajadoras son mujeres.

“La abrupta transición al teletrabajo resultante de la actual pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Dos de cada tres personas que se encuentran realizando teletrabajo en México son mujeres y en una mayoría de casos ellas se enfrentan al difícil reto de balancear sus responsabilidades laborales con tareas de cuidados y del hogar, que previamente a la crisis sanitaria ya asumían con mayor frecuencia que los hombres”, dijo el director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba, Pedro Furtado de Oliveira.

Por su parte, la especialista regional de empleo de OIT, Roxana Maurizio, indicó que la pandemia agudizó aún más las tensiones en materia de conciliación entre el trabajo para el mercado y las responsabilidades familiares. «A todo esto hay que sumar el aumento del teletrabajo y del trabajo en el domicilio en un contexto de cierre o suspensión de los espacios de cuidado asociado con las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico», añadió.

De acuerdo con los datos del Panorama Laboral de la OIT, hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las mujeres. Por ello, la organización urgió a la promoción de políticas de recuperación del empleo y los mercados laborales que desde su diseño e implementación tengan una perspectiva de género.

A continuación el comunicado completo:

Los planes de recuperación del mundo del trabajo tras la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe deben incluir medidas especiales para favorecer la reincorporación laboral de las mujeres, que fueron especialmente golpeadas por una crisis causante de fuertes salidas de la fuerza de trabajo, desempleo y grandes demandas de cuidados no remunerados, destacó hoy la OIT.

“Esta crisis sin precedentes ha exacerbado las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, sacando de la fuerza de trabajo a millones de mujeres y anulando avances anteriores. Hemos retrocedido más de una década en un año y ahora necesitamos recuperar esos empleos y pisar en el acelerador de la igualdad de género”, dijo el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

Antes de la pandemia la igualdad de género era ya una asignatura pendiente que desafiaba a quienes elaboran las políticas laborales a enfrentar sus raíces estructurales, aún cuando se habían registrado importantes avances durante décadas. Con la crisis actual han aparecido nuevas dimensiones que ensanchan las brechas.

“La recuperación de la crisis en el trabajo debe desactivar la amplificación de desigualdades causada por la COVID-19, si queremos lograr un crecimiento económico sostenible con empleos productivos y de calidad. En este Día Internacional de la Mujer es crucial reafirmar el compromiso para recobrar el terreno perdido durante la debacle económica y social en nuestros países”, agregó el Director Regional de OIT.

Los últimos datos disponibles indicaban la tasa de participación laboral de las mujeres experimento una baja histórica de 5,4 puntos porcentuales (un retroceso 10,3 por ciento) llegando a nivel de 46,4 por ciento. Por detrás de las tasas porcentuales, esto significa que cerca de 12 millones de mujeres fueron expulsadas de la fuerza laboral debido a la destrucción de los empleos.

El retroceso en la participación laboral de las mujeres se produjo después de décadas durante las cuales se había registrado un aumento constante en su incorporación al empleo remunerado. De acuerdo con los datos del Panorama Laboral de la OIT, hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las mujeres.

“La abrupta transición al teletrabajo resultante de la actual pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Dos de cada tres personas que se encuentran realizando teletrabajo en México son mujeres y en una mayoría casos ellas se enfrentan al difícil reto de balancear sus responsabilidades laborales con tareas de cuidados y del hogar, que previamente a la crisis sanitaria ya asumían con mayor frecuencia que los hombres”, afirmó Pedro Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba.

“La sobrecarga de tareas resultante del trabajo en casa puede afectar su salud psicosocial y su desempeño laboral, dificultando aún más su desarrollo profesional”, agregó Furtado de Oliveira.

La tasa de desocupación regional de las mujeres en 2020 aumento de 10,3 a 12,1 por ciento, por encima del promedio de desocupación general, que subió a 10,6 por ciento, según se destacó en el último informe Panorama Laboral. Esto significó que aproximadamente 1,1 millones de mujeres se incorporaran a las cifras del desempleo femenino, para llegar a un total de 13,3 millones.

En total, cerca de 25 millones de mujeres están desempleadas o salieron de la fuerza de trabajo por cuenta de la pandemia.

Las mujeres además han sido afectadas en el mercado de trabajo por su mayor presencia en sectores económicos fuertemente afectados por esta crisis como, por ejemplo, los servicios, donde se desempeña cerca de 50 por ciento de la fuerza laboral femenina, y de comercio, con 26 por ciento.

De acuerdo con el último Panorama Laboral de América Latina y el Caribe de la OIT, la contracción del empleo en 2020 fue particularmente importante en sectores de servicios como hoteles (-17,6 por ciento) y comercio (-12,0 por ciento). A ello se le suma la mayor incidencia de ocupaciones informales que fueron particularmente golpeadas por la crisis en el empleo femenino.

Otro factor que ha afectado y, más aún, puede condicionar las perspectivas de recuperación del empleo de las mujeres son las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares, en un contexto en donde los servicios educativos y de cuidado se han visto profundamente alterados de la mano de las medidas sanitarias para el distanciamiento y reducción de la movilidad de las personas.

“La pandemia, por un lado, puso en evidencia la importancia vital de estas tareas. Por otro lado, agudizó aún más las tensiones en materia de conciliación entre el trabajo para el mercado y las responsabilidades familiares. A todo esto hay que sumar el aumento del teletrabajo y del trabajo en el domicilio en un contexto de cierre o suspensión de los espacios de cuidado asociado con las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico”, explicó la especialista regional de empleo de OIT, Roxana Maurizio.

Según la OIT las consecuencias pueden extenderse más allá de la crisis sanitaria si no se genera el debido soporte de los sistemas públicos de cuidados y el sistema escolar presencial, que faciliten el retorno de las mujeres al mercado laboral.

A su vez, el significativo incremento en la subutilización de la fuerza de trabajo durante 2020 puede también generar mayores dificultades para su reinserción laboral en el futuro. Por ende, la crisis económica regional puede incluso tener impactos más permanentes si no se implementan respuestas de política sociolaboral pertinentes.

“No sólo se requieren políticas que incluyan a las mujeres, sino políticas de recuperación del empleo y los mercados laborales que desde su diseño e implementación tengan una perspectiva de género de modo tal de no reproducir las dificultades que ellas enfrentan para insertarse y permanecer en el mercado de trabajo”, comentó Maurizio.

Los institutos y sistemas de formación profesional pueden tener un rol importante en impulsar la participación de las mujeres en ocupaciones no tradicionales para ellas, pero de mayor futuro y productividad. También es importante crear una ruta formativa para las mujeres con bajos niveles educativos que han sufrido mucho más el impacto de la crisis y cerrar las brechas digitales entre hombres y mujeres para asegurar su participación.

Maurizio agregó que el desafío va más allá de recuperar las fuertes pérdidas en materia laboral ocurridas como consecuencia de la pandemia. “Se requiere apuntalar, aún con más fuerza que antes, un proceso que asegure a las mujeres mayores oportunidades de empleo de calidad, formación y acceso a las nuevas tecnologías, reducción de brechas y el pleno cumplimiento de los derechos laborales”.

Publicado enEconomía
Sábado, 06 Marzo 2021 05:37

Sumergidas en el taller

Mujeres trabajan en Nerminia, fábrica textil marroquí en TángerAFP, ABDELHAK SENNA

Las costureras marroquíes y la industria textil internacional

La inundación que mató a 28 trabajadores en Tánger volvió a poner el foco en las obreras que abastecen a las mayores marcas europeas de ropa. El mercado no les deja opción.

 

Tánger, una mañana de invierno. Mientras el día tarda en salir, una veintena de mujeres, sombras en la oscuridad, se presentan frente a un edificio residencial aún dormido. Avanzan en silencio, se dirigen hacia abajo y entran en una habitación oscura y húmeda. En el interior, un puñado de hombres están ocupados poniendo en marcha máquinas de cortar tela. Sus ojos no cruzan los de las mujeres, que llevan sus rostros ocultos por mascarillas blancas. Una tras otra, bajan al sótano. Llegan a una bodega de unos 40 metros cuadrados reservada para la confección de ropa. No hay ventana ni salida de emergencia.

Lamia –se han cambiado los nombres–, una costurera de 36 años, se pone una blusa y comienza a montar varias prendas. «¡Aquí está la colección de verano en primicia!», dice irónicamente. En las mesas repletas, entre las ya bulliciosas máquinas de coser, hay camisetas, pantalones cortos y minifaldas etiquetadas con Zara, Bershka o Kiabi. «La mayoría de las veces, el jefe de la habitación nos cierra con llave –dice Lamia–; gracias a Dios, el otro día nos salvamos».

Ese «otro día» fue el 8 de febrero, el lunes, cuando lluvias torrenciales cayeron sobre la ciudad y 28 trabajadores, incluidas 19 mujeres, murieron en un taller en medio de una zona de inundación. Se ahogaron, atrapados en el sótano donde trabajaban. «El agua tuvo el efecto de un tsunami, se sumergieron en pocos segundos», resume Ahmed Ettalhi, presidente de la Comisión de Planificación en el Municipio de Tánger. Y agrega: «Nada de esto estaba autorizado: ni la presencia de una bodega ni la de una unidad industrial».

TRABAJADORAS SIN PROTECCIÓN

En el momento de la inundación, Lamia y sus colegas dejaron a tiempo su propio taller, ubicado cerca. «Nos podría haber pasado lo mismo –susurra–, algunas de las empleadas del taller afectado eran amigas mías.» Como docenas de otras trabajadoras obligadas a evacuar los sótanos del vecindario, Lamia se encontró frente al edificio afectado por el desastre. «Escuchamos gritos –dice esta madre de tres hijos–, las obreras que habían podido escapar se habían refugiado en el techo y pedían ayuda a gritos; las ambulancias llegaron demasiado tarde.»

En Tánger, miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, son empleados ilegalmente en talleres llamados hofra (‘fosos’, en árabe), establecidos en los sótanos y plantas bajas, para hacer ropa para marcas extranjeras. Sólo en Tánger hay centenares, tal vez más, como deplora Ettalhi: «En 2016, abrimos una lista para trasladar fábricas informales a áreas industriales. Recibimos 400 solicitudes. Añada a eso las fábricas que no querían y las que llegaron después. ¡Es enorme!». ¿La fuerza de estas estructuras? Su capacidad para responder a las fluctuaciones de la moda produciendo rápidamente series limitadas. Los empleados perciben entre 180 y 230 euros mensuales, que es inferior al salario mínimo marroquí (250 euros), todo ello sin cobertura ni normas de seguridad social.

Ni totalmente clandestinos ni verdaderamente legales, estos talleres tienen un estatus híbrido. «Las empresas existen, ya que están matriculadas en el registro mercantil, pero sus jefes declaran sólo una pequeña parte de sus empleados y operan en lugares no reglamentarios», dice Mustafá Ben Abdelgafur, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tánger. Así, el taller inundado fue presentado primero como «clandestino» por las autoridades, cuando, en realidad, existe desde 2017 bajo el nombre de A&M Confection. Su propietario, Adil Bullaili, fue puesto en prisión preventiva como parte de la investigación abierta por homicidios y lesiones involuntarias.

En Marruecos, el sector textil representa más de una cuarta parte de los puestos de trabajo industriales. Inditex, la empresa matriz de la marca española de prêt-à-porter Zara, es el principal cliente. Según su director general para Francia, Jean-Jacques Salaün, el sistema de control de Inditex permite una «trazabilidad absoluta»: «Controlamos a todos nuestros proveedores, especialmente en Marruecos, donde nos dimos cuenta de que había falsificaciones de nuestros productos. Me parece poco probable que nuestros subcontratistas logren escapar de esta trazabilidad. Y puedo decirles que un taller, si no está referenciado y auditado, no puede ser parte de nuestra cadena de suministro. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para asegurar que tal tragedia no suceda nunca».

ECOSISTEMA FLORECIENTE

La ciudad de Tánger, a 14 quilómetros de la costa española, es el epicentro de este negocio tan particular, así como un importante centro económico vuelto hacia la Unión Europea. Pero este dinamismo esconde una sombría realidad social: una gran parte de la población (1,2 millones de habitantes) todavía vive en la precariedad. El sector textil alimenta toda una economía subterránea, en la que todos sueñan con establecer su propio negocio. Así, Bullaili, el jefe del taller inundado, comenzó en un grupo de prendas de vestir. «Trabajó con nosotros como obrero, luego como jefe de cadena, antes de establecer su negocio», dice Meriem Larini, gerenta general del grupo textil Larinor.

En la última década, un ecosistema floreciente ha permitido a obreros ambiciosos crear miniunidades de confección. Los proveedores de maquinaria les otorgan créditos directos. Esto les permite alquilar un local y, mediante la corrupción, escapar a los controles. «No es difícil montar un taller en una bodega, todo lo que necesitas hacer es tener una instalación eléctrica y con qué sobornar a las autoridades, luego la gente llama a tu puerta para pedir trabajo», confirma un industrial marroquí.

Para entender de dónde vienen los clientes de estas pequeñas estructuras de prendas de vestir, se debe salir del centro de Tánger y llegar a la zona industrial de Gzenaya. Lejos de las bodegas, las fábricas instaladas aquí tienen todo tipo de etiquetas y certificaciones ecorresponsables que las convierten en modelos éticos. «Hemos invertido mucho dinero para cumplir con los criterios de responsabilidad social requeridos por los clientes», dice Larini, cuyo grupo trabaja para las principales marcas internacionales.

Después de ser puestas en la mira por las malas condiciones de trabajo de sus proveedores, particularmente los ubicados en Asia, muchas marcas han cambiado su estrategia para preservar su imagen. «Hay auditorías y controles esporádicos llevados adelante por un equipo del grupo Inditex, que opera constantemente en las fábricas de Tánger. Es imposible escapar a ello. Se prevén sanciones en caso de incumplimiento de las normas», asegura Larini. El grupo español incluso ha adoptado un sistema de auditoría interna para monitorear mejor las prácticas de sus subcontratistas.

«EL ESLABÓN MÁS DÉBIL»

Pero mejorar las instalaciones es caro para los industriales locales, especialmente frente a la competencia de los países asiáticos y Turquía. Así, para preservar sus márgenes y aumentar su capacidad de producción, las grandes fábricas marroquíes subcontratan parte de sus pedidos a unidades instaladas en las bodegas de Tánger. «Las bodegas son sólo el eslabón más débil en un sistema administrado por el lobby de los propietarios de fábricas marroquíes. ¡Ellos son los que animan a los trabajadores a crear talleres subterráneos!», denuncia Abdellah El Fergui, presidente de la Confederación Marroquí de Muy Pequeñas, Pequeñas y Medianas Empresas. En todo el país, la existencia de tales lugares es un secreto a voces. «Cada fábrica se apoya en tres o cuatro pequeños subcontratistas que, a su vez, violan las normas de seguridad, y de ahí la tragedia de la inundación», admite Ben Abdelgafur.

Así es como, desde 2010, Karima, una costurera de 52 años, se ha encontrado haciendo camisetas de marca en una bodega de la ciudad. Un trabajo agotador: nueve horas al día, cinco días a la semana, por 200 euros al mes. «Yo ya tengo mis años, me duele la espalda y ya no veo muy bien. Así que mi salario ha disminuido», dice esta mujer originaria de un pueblo en el Alto Atlas. Como miles de compatriotas del mundo rural, Karima llegó a Tánger con su familia en 2005, en busca de empleo. Mientras trabaja, su marido, que sufrió un derrame cerebral hace unos años, permanece postrado en cama. «El día que enfermó, me di cuenta de que no teníamos protección social», afirma. Este doloroso recuerdo hace que las lágrimas aparezcan en sus ojos. «Sé que estamos en peligro: polvo, enfermedades crónicas, accidentes, a veces… Mi primo perdió la mano, arrancada por una máquina, porque no proporcionan los guantes protectores. Pero, al menos, tenemos un trabajo», dice. En 2018, el país había registrado 50 mil accidentes laborales que causaron 756 muertes, según el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos.

Resta saber cómo estas bodegas logran escapar de la visión de los patrocinadores, las marcas de renombre internacional. La explicación de un gerente de fábrica en Casablanca: «Estas marcas hacen auditorías para controlar la responsabilidad social de las empresas con las que tratan, pero no la fase de producción. ¡Ahí está el defecto! Las marcas se quedan con la conciencia tranquila en Europa, mientras aquí cierran los ojos».

AMORTIGUADOR SOCIAL

La mayoría de los patronos marroquíes de la industria textil se niegan a hablar. «Las marcas ejercen una presión tarifaria tal que es imposible ser competitivo sin bodegas –murmura un exactor importante del sector–, nos dan su precio y si nos negamos, van a otro lugar, a Turquía o Etiopía». Por parte de la Asociación Marroquí de Industrias Textiles y de la Confección (AMITC), se utiliza un lenguaje evasivo. «Nunca hemos oído hablar de este tipo de subcontratación», se contenta con declarar su presidente, Mohammed Bubuh.

Rodolphe Pedro, propietario en Casablanca de una planta ecológica de lavado y teñido preocupada por combatir las prácticas ilegales, considera esencial cambiar las mentalidades: «Marruecos tiene un verdadero saber hacer y una proximidad geográfica ventajosa, pero depende de nuestras políticas, incluidas las de la AMITC, ponerlas en valor. Si tuviéramos una política fuerte que nos permitiera vender las bazas que tiene Marruecos, las marcas ya no podrían imponer precios tan bajos».

En Tánger, una activista feminista libra una guerra contra los talleres subterráneos: Suad Shentuf. Miembro de la asociación Actuemos con las Mujeres, se dirige a las autoridades locales, al Ministerio de Trabajo, al Estado, a la AMITC, a las marcas, a los propietarios de fábricas… En su opinión, todos deben «responder por sus acciones y sus negligencias». Una semana después de la tragedia, intentó organizar una sentada de protesta, pero las autoridades le pidieron que la pospusiera. «Tienen miedo de las repercusiones», analiza.

Si las autoridades públicas han tolerado esta economía sumergida durante tanto tiempo, también es porque constituye un importante amortiguador social. Cerrar las bodegas sería dejar a miles de personas sin trabajo. El representante tangerino Ettalhi suspira: «Si todos los lugares no reglamentarios de Tánger fueran destruidos, el 60 por ciento de la ciudad estaría por los suelos. No tenemos los medios para combatir este fenómeno estructural». Cada semana, por tanto, las trabajadoras continúan presentándose ante la puerta del sótano. Al día siguiente de la inundación del 8 de febrero, Lamia regresó a trabajar a su bodega. Es peligroso, ella es consciente de ello, pero no tenía otra opción.

Por Ghalia Kadiri
5 marzo, 2021

(Publicado originalmente en Le Monde bajo el título «“La plupart du temps, le chef de salle nous enferme à clé”: plongée dans le Tanger clandestin du textile». Brecha publica con base en una traducción de Faustino Eguberri para Correspondencia de Prensa).

Publicado enInternacional
Miércoles, 24 Febrero 2021 06:02

Democracia de papel

Democracia de papel

 La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.

El triunfo de la revolución sandinista, julio de 1979, acabó con una tiranía que parecía no tener fin y alumbró el sueño de una sociedad justa y libre en Nicaragua. Han transcurrido cuatro décadas desde aquella gesta que enamoró a medio mundo, con unos jóvenes guerrilleros, cargados de idealismo, que se disponían a reconstruir el país. Hoy, la justicia y la libertad son de nuevo una quimera en Nicaragua, y quien gobierna con mano totalitaria es uno de los artífices de la revolución sandinista llamado Daniel Ortega.

En la Nicaragua de 2021, que enaborla la simbología del viejo FSLN aderezada con una buena dosis de mesianismo, funciona un sistema autoritario, cuya cara más palpable es el control sobre las personas a escala de la comunidad de vecinos. Explicamos cómo funcionan los engranajes locales de poder, que hacen girar la maquinaria completa; cómo es la vida bajo el escrutinio permanente de una mirada que espía tras la ventana, y con el miedo a una denuncia en cualquier momento.

Amparándose en la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno ha provocado el cierre del capítulo nicaragüense de la asociación de escritores PEN Internacional  y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nueva Administración de EEUU que preside Joe Biden difundió un comunicado a través del Departamento de Estado del 8 de febrero en el que advierte que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”.

En El Salvador, después de una sangrienta guerra civil, el Gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. No ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el primer día de la firma de la paz, los militares se resistieron a perder su hegemonía y siguen siendo árbitros del sistema político salvadoreño. En 2009, el FMLN (el antiguo frente guerrillero) ganó las elecciones y alcanzó a través de las urnas lo que no había logrado con las armas. Las esperanzas de quienes esperaban un cambio de gran calado se desvanecieron pronto. La militarización de la vida cotidiana adquirió niveles alarmantes en la nueva guerra entre pandillas y cuerpos de seguridad.

Después de 30 años dominados por una derecha de orígenes paramilitares y una izquierda de raíz guerrillera, en 2019 llegó a la Presidencia de la República un outsider. Nayib Bukele, empresario millenial educado en la era de Internet, llegó con un discurso renovador para enterrar la política tradicional. Puro espejismo. Los militares campan de nuevo a sus anchas, el presidente gobierna con mano de dictador y utiliza masivamente las redes sociales para desprestigiar las voces críticas de periodistas, científicos y defensores de derechos humanos. Un ambiente irrespirable para los opositores.

Washington ha empezado a marcar distancias con el autoritarismo de Bukele. La Administración Biden rechazó una reciente solicitud de reunión del presidente salvadoreño, que realizó un viaje a EEUU no anunciado previamente. Una muestra del cambio de política del vecino del Norte es la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en la época de Donald Trump con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dichos acuerdos permitían deportar de vuelta a los solicitantes de asilo de estos tres países.

México es el gran país de la región que ha vivido la euforia por un cambio de gobierno que prometía una transformación histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018 fue interpretado por muchos como el punto de inflexión de la tradición autoritaria del Estado mexicano, con más de 70 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos años después de su investidura, las expectativas se diluyen día a día.

Quienes sufren las peores consecuencias del quehacer del nuevo gobierno del presidente López Obrador son, precisamente, quienes el mandatario dice defender: los más vulnerables. Mujeres, indígenas, migrantes y periodistas siguen siendo víctimas de la violencia del crimen organizado, y de la corrupción en las fuerzas policiales y en las estructuras del Estado. Una de las medidas “estrella” del primer presidente de izquierda es una de las más cuestionadas: la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, bajo mando militar.

Honduras es, probablemente, el ejemplo más patente de democracia de papel, con una forma de poder autocrático desde la independencia. La política es un asunto de clase y a lo largo del siglo XX estuvo dominada por los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores) o directamente por los militares. Desde el golpe de Estado de 2009 el país vuelve a estar gobernado de facto a través del Partido Nacional, considerado el partido de los uniformados.

En plena pandemia del Covid-19, la situación lamentable de la Sanidad pública y de quienes trabajan en este sector retrata un sistema autoritario amparado en la impunidad, en uno de los países más pobres y violentos del mundo. El saqueo de los recursos públicos es una constante por parte de quienes gobiernan bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bien pertrechadas por Estados Unidos. El “sueño americano” es precisamente la única esperanza de los miles de hondureños que emigran hacia el vecino del Norte.

El Gobierno hondureño hace caso omiso a los requerimientos y medidas cautelares dictadas por organismos internacionales a favor de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. El presidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado, está preso en Estados Unidos y un jurado de la Corte federal del distrito sur de Nueva York le declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EEUU, posesión de armas y falso testimonio.

El viraje autoritario no está desligado del contexto de remilitarización de la seguridad pública en México y Centroamérica. En la última década los militares han salido de los cuarteles para implicarse cada vez más en tareas de seguridad interior, y han pasado a ocupar responsabilidades en diferentes áreas de la administración pública. Paralelamente, una soterrada minicarrera armamentista aviva viejas tensiones y atenta contra el equilibrio de fuerzas en la región. El Salvador compró en 2014 una flota de aviones a Chile, Honduras adquirió una flotilla de aviones de ataque ligeros y Guatemala y Nicaragua no ocultan sus deseos de reforzar sus medios navales y aéreos. El fin de la era Trump y los nuevos vientos que soplan desde Washington son una tenue luz de esperanza en una región maltratada históricamente por Estados Unidos.

23 febrero 2021

Créditos: 

Textos: Flor Goche, Wilfredo Miranda, Lizz Gabriela Mejía, Gabriela Villarroel y Francesc Relea.

Fotografía: Martín Cálix, Wilfredo Miranda Aburto, Carlos Herrera, EFE, Gerardo Magallón, Emersón Flores.

Edición: Francesc Relea

Coordinación: Milagros Romero Meza. 

Diseño para redes: Paula Álvarez. 

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Freno a Uber en el Reino Unido: la Justicia dictaminó que los choferes no son trabajadores autónomos

Lo decidió del Tribunal Supremo y fue calificado como "una victoria histórica"

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este viernes que la compañía estadounidense de transporte Uber deberá clasificar a sus conductores como “trabajadores” y no como autónomos, lo que dio por terminado una batalla legal que comenzó en 2016.

El fallo de los jueces determinó que los trabajadores de la empresa deben tener acceso a todos los “derechos básicos” y a “vacaciones pagas”, por lo que Uber tendrá que desembolsar una compensación de hasta 13.834 euros para cada uno de sus trabajadores.

Uber recurrió al Tribunal Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, luego de que en 2016 un tribunal laboral resolvió que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.

De esta manera, la sentencia del Supremo reconoce a los choferes como trabajadores (“workers”, en inglés), pero no como empleados (“employees”), que en la legislación británica gozan de ventajas laborales superiores. Sin embargo, este estatus de “workers” sí implicó un rechazo a la categoría de autónomos (“self-employed”) que proveen servicios en forma independente, que era lo que reclamaba la compañía.

El fallo fue celebrado por distintas organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, como el sindicato GMB, que señaló en un comunicado que se trata de una “victoria histórica”, al tiempo que llamó a Uber a “dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas” y apoyar a los trabajadores que “apuntalan su imperio”.

La decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido también podría afectar el modelo de negocio de los llamados “gig” (trabajos precarios), en el que a los trabajadores se les paga únicamente por cada servicio prestado y que fue creciendo en los últimos años en distintos sectores, como el de los repartidores.

Quienes comenzaron el proceso judicial en 2016 fueron los conductores Yassen Aslam y James Farrar, que fueron sometidos a una prueba en el Supremo para comprobar que sus condiciones laborales se encontraban dentro de la definición de “trabajador” del código laboral.

“Ser conductor de Uber puede ser estresante. Ellos te pueden prohibir conducir para ellos en un instante y no hay proceso de apelación”, expresó en un comunicado Mark Cairns, trabajador de Uber en Londres desde hace 5 años, que se mostró “encantado” por haber salido victorioso tras un largo proceso judicial.

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