Se agrava el conflicto cocalero en Bolivia: represión y patrulleros incendiados

El incendio de un módulo policial y varios vehículos policiales como resultado de la represión policial a las y los cocaleros de La Paz que ya lleva más de una semana desde que se tomó por la fuerza la sede de ADEPCOCA. Decenas de detenidos y heridos, vecinos denuncian que policías de civil manipulan dinamita para justificar la violencia policial.

 

Sábado 25 de septiembre

El presidente David Choquehuanca convocó para este sábado a un diálogo en la vicepresidencia del Estado Plurinacional, a todos los sectores cocaleros para poner fin a los enfrentamientos, particularmente se convocó a los tres sectores que hoy disputan el control de la Asociación Cocalera así como a los comités de autodefensa recientemente conformados.

El conflicto por el control de Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) lleva ya más de 3 años y pese a los permanentes intentos de diálogo entre las diversas fracciones los enfrentamientos no paran.

El lunes 20 de septiembre, la toma violenta de la sede por parte de dirigentes afines al Gobierno junto a efectivos policiales dio inicio a esta nueva ronda de enfrentamientos con detenciones permanentes, periodistas violentados como sucedió con Carlos Quisberth de Página Siete, y el secuestro y golpizas al dirigente opositor Armin Lluta.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) a través de su cuenta de twitter condenó el “uso excesivo de la fuerza” y afirmó que los responsables deben ser sancionados y reparar a las víctimas.

Luego de la violenta toma de ADEPCOCA por parte de afines al Gobierno y la policía, en la localidad de Coripata, el miércoles pasado una masiva asamblea de productores de coca conformó con 6 representantes de 3 provincias productoras, el Comité de Autodefensa cuyo mandato es recuperar la sede central de los productores de coca, además de exigir la renuncia de los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras junto al viceministro de la Hoja de Coca.

La situación actual es el resultado de la política sostenida por Evo Morales durante su Gobierno, que buscó garantizar el control estatal de las organizaciones sindicales y sociales. Para ello no dudó en impulsar prácticas que alentaron la división de las organizaciones sindicales reconociendo a las directivas afines.

En el caso de ADEPCOCA esta política se ha traducido en violentos enfrentamientos con muertos y heridos a lo largo de estos últimos años y conduciendo a una situación en la que sectores de la derecha golpista buscan hacer pie en movimientos sociales que rechazan esta instrumentalización de sus organizaciones.

Para peor, hoy los golpistas empiezan a recurrir a las mismas técnicas de cooptación y división de las organizaciones sociales para fortalecer un proyecto político claramente pro imperialista y oligárquico, como sucede con la marcha indígena que a días de llegar a la ciudad de Santa Cruz, cada vez más se pone al servicio del golpismo y la derecha cruceña.

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Guerra y caos arriba; resistencia y dignidad abajo

Desde la distancia no se pueden aportar análisis tan precisos y ajustados como los que aparecen en el comunicado del EZLN, del 19 de setiembre, "Chiapas al borde de la guerra civil" (https://bit.ly/3krmlH6). Tampoco un bordado de datos como los que integran el artículo de Luis Hernández Navarro, "El infierno chiapaneco" (https://bit.ly/3ksil9l).

Sólo quisiera enmarcar la agresión a las bases de apoyo zapatistas, en particular, y a los pueblos originarios de Chiapas y de otras geografías, en general, en la estrategia de "guerra perpetua" definida por el Pentágono, que se despliega en estos momentos con una tremenda capacidad destructiva.

La contrainsurgencia ha mutado tanto como la guerra. En Vietnam, el Pentágono creó las "aldeas estratégicas", donde encarceló a 8.5 millones de campesinos, 55 por ciento de la población total de Vietnam del Sur (https://bit.ly/3kwjmxm). Era la forma de aislar a la guerrilla para evitar que se moviera como "pez en el agua", según el aserto de Mao.

En las guerras actuales no se trata de "quitarle el agua al pez", como se hizo hasta la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático, sino de enturbiar y envenenar el agua, para que nadie pueda vivir en paz, y así el capital sigue destruyendo "creativamente", territorios y pueblos, para seguir acumulando.

Lo primero a tener en cuenta es que la guerra dejó de ser un medio para convertirse en un fin. Antes las guerras pretendían derrotar enemigos para instalar una paz que permitiera la continuidad y fluidez de la acumulación de capital. Ahora la guerra es el fin, porque el capital acumula despojando, robando, destruyendo.

Los ingenieros de la guerra, los que tienen una visión más clara y descarnada de las necesidades del capital y del imperio, para seguir siendo el poder dominante, no andan con vueltas. El teniente coronel Ralph Peters, en un texto diáfano como "Constant conflict" (Conflicto constante), publicado en la revista militar Parameters en 1997, enseña la brutalidad conceptual del Pentágono (https://bit.ly/39pEHBY).

La democracia es apenas "esa hábil forma liberal de imperialismo". Peters recomienda la guerra sucia para mantener la dominación, y destaca que "no habrá paz", ya que "durante el resto de nuestras vidas habrá múltiples conflictos en formas mutantes en todo el mundo".

La "guerra perpetua" del Pentágono busca "mantener el mundo seguro para nuestra economía y abierto a nuestro asalto cultural", con un ejército bien informado capaz de "negar ventajas militares a nuestros oponentes". Es evidente que cuando el capitalismo se convirtió en sinónimo de guerra, el pensamiento militar es el que define los modos de actuar y los pasos a seguir.

No se le puede negar precisión y lucidez a estos análisis, por más que resulten repugnantes. La "guerra perpetua" busca eliminar porciones enteras de la población, a la que consideran sobrante, como ha sido analizado por el subcomandante Marcos, en el texto "¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?", hace ya más de dos décadas (https://bit.ly/3hSKwfS).

Que la guerra se haya convertido en el fin del sistema, cambia las cosas de raíz. El mejor escenario para comprender la "guerra perpetua" es Siria, donde no hay potencias mejores ni peores, ni regímenes o gobiernos aceptables; donde las milicias kurdas defienden a su pueblo de un amplio espectro de enemigos: desde los ejércitos de Turquía y Siria hasta las bandas del Estado Islámico y otros grupos terroristas.

Como en Chiapas, estos grupos no surgieron espontáneamente, sino arropados por el Estado, sostenidos por los más diversos gobiernos, incluso por los que se denominan progresistas. Sencillamente, porque son formas sistémicas de dominación, o sea los modos de mantener a los capitalistas en el lugar de mandones.

Asumir que la guerra será para un largo periodo histórico, plagado de tormentas sistémicas, supone decidir el tipo de organización y las formas de lucha adecuadas a esta nueva situación. Si la guerra busca instalar el caos, debemos ser principio de orden y claridad en nuestros territorios. Si quieren instalar la muerte de pueblos y de geografías, defendamos la vida en todo tiempo y lugar.

Por supuesto que los gobiernos progresistas no comprenden el peligro, porque sueñan con poder gobernar a las mafias narcoparamilitares. No perciben que esas mafias están dispuestas a enfilar sus armas contra esos mismos gobiernos que miran para otro lado, mientras disparan contra los pueblos. Cuando adviertan el error, será demasiado tarde.

Entre los de abajo, lo primero es la cohesión comunitaria y el apego a los territorios en resistencia. Aunque elegimos transitar el camino de la lucha pacífica, no somos pacifistas, no renunciamos a defendernos. En cierto momento hace falta un "tatequieto", un ya basta colectivo que ponga las cosas en su sitio.

El potente comunicado del EZLN nos alerta de la cercanía de esos momentos. Cada quien, en su geografía, estamos alertados.

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Viernes, 24 Septiembre 2021 15:36

Historias sin contar sobre violencia y paz

Historias sin contar sobre violencia y paz

En días pasados fui invitado a un taller sobre “Intervención en miedo y duelo” organizado por el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en Pueblo Bello, a 56 km de la ciudad de Valledupar. Durante la visita, conocí algunas personas de la región que me contaron sus testimonios de luchas y conquistas en contextos de violencia. Sus relatos me llevaron a reflexionar sobre lo poco o nada que sabemos de la vida en los territorios más apartados del país ni de sus experiencias en torno a la paz y el conflicto militar, porque las noticias rápidas de la televisión o los titulares del periódico no se pueden comparar con las historias contadas por las mismas personas. .

La imagen que tenía de Valledupar se limitaba a las evocaciones nostálgicas que hacía mi mamá sobre los años que vivió allí en su juventud. Había ido solo una vez hace muchos años a un encuentro de un movimiento juvenil. Recuerdo el ambiente vallenatero, un resbalón en las piedras del río Guatapurí y la gran cantidad de árboles en todas las calles. Las vivencias que me contaron los locales cambiaron mi impresión sobre la ciudad y elevaron mi asombro sobre los alcances inimaginables del conflicto armado.

En el taller reflexionamos sobre la connotación del miedo y del duelo; de lo frágil y delicado que son estos procesos en la piel de quienes han vivido el conflicto desde adentro porque les tocó una suerte peor que nacer en Colombia: la de nacer en zonas abandonadas por el Estado, donde se está a merced de guerrilleros, paracos, narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos y mafiosos que han propiciado desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, tortura y muchas formas de violencia.


En Pueblo Bello conocí a una familia de indígenas arhuacos, a los que visitamos después del taller. En el patio de su casa nos hablaron del hombre moderno y su distracción en cosas sin importancia; y del maestro pájaro que canta todos los días sobre la rama de un árbol y así nos enseña a vivir, porque es libre y es feliz cantando y saltando de rama en rama, sin preocuparse por tener o acumular. Simplemente es.

En la reunión, uno de ellos me explicó que el conocimiento de los arhuacos y su arraigo cultural los ha ayudado a sobrevivir después del genocidio de la colonización, la marginación estatal y los múltiples exterminios que la violencia ha infringido a los pueblos originarios en Colombia. De no conservar sus creencias, sus prácticas y su cosmología sin duda habrían desaparecido hace cientos de años y junto con ellos, un conocimiento ancestral y una espiritualidad profundamente conectada con la tierra, tan relevante y urgente para la conservación natural.

Hubiera querido grabar esa conversación aunque lo más importante era aprovechar el encuentro, como un regalo que llega sin anunciarse para atesorarlo en la memoria y el corazón. Al día siguiente por la mañana, un mamo nos compartió su reflexión en un lugar sagrado, dentro del patio de su casa. Allí nos invitó a depositar nuestras preocupaciones y deseos en un pedacito de algodón de lana de ovejo que enrollamos con los dedos para que él las ofreciera en un pagamento a la Madre Tierra. También nos dio un puñadito de hojas de coca para usarla como “jabón espiritual” en el río y luego echarlas al agua antes de irnos. Hermoso.

El mamo, con sus palabras sencillas. nos explicó lo que yo intenté decir en una tesis de casi 100 hojas. Sus historias y reflexiones se articulan en ese proyecto de decolonizar la paz, es decir, de construirla desde los territorios y las características de las luchas de las comunidades. Conocer cómo se vive, se piensa y lo que se hace por fuera del orden establecido, a través de formas subalternas de subsistencia es abrir una puerta a otros mundos posibles y desconocidos, a pesar de existir desde mucho antes del mundo que conocemos.

Es necesario acercarse a otros saberes a partir de lo que cuentan quienes han tejido las historias y procesos de paz al interior de las comunidades y en los territorios apartados. Esto nos puede ayudar a ampliar nuestra comprensión sobre los fenómenos que han marcado el rumbo del país y cuestionar la retórica oficial del gobierno y de los medios comprometidos con sus intereses, que promocionan la paz como un tema de seguridad y exaltan la labor de la fuerza armada como garante de la paz y la tranquilidad.

Ese libreto no se detiene en lo que sintieron, por ejemplo, aquellas familias en la Serranía del Perijá cuando huyeron de sus casas repentinamente dejando todo porque ese día llegaron los paracos a su vereda, quemaron sus casas y asesinaron a su gente. Ahora sabemos por qué hay personas que se acostumbraron a vivir en la zozobra permanente, tanto como para cambiar sus hábitos alimenticios y comer solo plátano verde cocido, porque era lo más rápido de preparar por si les tocaba emprender la huida en cualquier momento.

Estas historias de dolor y tragedia permiten dimensionar los efectos del conflicto. Lo que pesa saberse entre las más de 8 millones de víctimas, como las que tuvieron que huir en una carrera a muerte por las trochas de la Sierra porque los venían persiguiendo, obligados a abandonar a sus padres en el camino para que no retrasaran al resto de la familia, previo ingenio para ocultarlos vivos, enterrándolos pero que pudieran respirar de algún modo.

No conocemos muchas historias de paz distintas a las que cuentan los dirigentes políticos, esos que anuncian una Paz definitiva y en mayúscula, como dice William Ospina, con la promesa de desmovilizar a grupos insurgentes, bandoleros, guerrilleros, paramilitares para generalmente atribuirles la responsabilidad de todo lo ocurrido. Pero la Paz nunca llega, afirma, porque lo que nunca se construye es la paz con la ciudadanía pacífica que lleva vidas enteras esperando una economía incluyente y una cultura que dignifique … que “nos den lo que ya tuvimos y que ahora dicen que es imposible” dice.

Los procesos de paz tejidos por la gente en sus territorios, en cambio, tienen una resonancia más espectacular y urge darlos a conocer. Algunos de ellos, como el colectivo artísticos y de danza creado por hijos e hijas de excombatientes y víctimas en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr), como estrategia para romper los discursos de odio y de venganza; el proyecto de cultivo y producción de café en la Serranía del Perijá de campesinos desplazados por paramilitares que han retornado a sus hogares. Estos son solo dos casos en los que ha sido posible cambiar la historia de violencia y muerte en Colombia por medio de la acción y el empoderamiento de las comunidades.

Un conocimiento a fondo del país no tiene que ver con portar una bandera y ponerse a discutir con quienes la exhiben al revés en señal de repudio al orden corrupto que nos gobierna. Más bien, es la escucha atenta de las historias que la gente ha vivido en las regiones apartadas impregnadas de sabiduría ancestral, históricamente desechada por la hegemonía del pensamiento occidental. La diversidad de culturas, lenguas y tradiciones, aunque algunos se avergüencen de las raíces originarias e insistan en criminalizar a la minga indígena y excluirla de la sociedad, han dado respuestas sostenibles al problema.

De mi visita a Valledupar me queda lo que escuché y aprendí de un arhuaco de la sierra orgulloso de su identidad y guardián de su pueblo; de un joven hijo de ex guerrilleros desmovilizados que cree en el impacto social de su trabajo y sus proyectos; de un líder comunitario que defiende la gobernanza como modelo de desarrollo económico y social; y de un ejecutivo comprometido con la paz de la región aún arriesgando su propia seguridad.

Estas personas con mucho para contar y compartir nos ayudan a descubrir la verdadera cara de este país, sin maquillajes ni imaginerías patrióticas y románticas como los que repiten e insisten en que este es un país feliz y en paz, mientras reprimen con la mayor brutalidad cualquier intento de rebeldía y de emancipación. No sé cuántas historias de paz y reconciliación deben haber por ahí pero me gustaría escucharlas todas y contárselas al mundo para ayudar a transformar la narrativa que define a Colombia por dentro y fuera. Dejar por sentado que en este país de violencias desgarradoras pero también de resiliencias, resistencias y re-existencias no todo está dicho.

 

 

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Publicado enEdición Nº284
Viernes, 24 Septiembre 2021 15:12

Historias sin contar sobre violencia y paz

Historias sin contar sobre violencia y paz

En días pasados fui invitado a un taller sobre “Intervención en miedo y duelo” organizado por el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en Pueblo Bello, a 56 km de la ciudad de Valledupar. Durante la visita, conocí algunas personas de la región que me contaron sus testimonios de luchas y conquistas en contextos de violencia. Sus relatos me llevaron a reflexionar sobre lo poco o nada que sabemos de la vida en los territorios más apartados del país ni de sus experiencias en torno a la paz y el conflicto militar, porque las noticias rápidas de la televisión o los titulares del periódico no se pueden comparar con las historias contadas por las mismas personas. .

La imagen que tenía de Valledupar se limitaba a las evocaciones nostálgicas que hacía mi mamá sobre los años que vivió allí en su juventud. Había ido solo una vez hace muchos años a un encuentro de un movimiento juvenil. Recuerdo el ambiente vallenatero, un resbalón en las piedras del río Guatapurí y la gran cantidad de árboles en todas las calles. Las vivencias que me contaron los locales cambiaron mi impresión sobre la ciudad y elevaron mi asombro sobre los alcances inimaginables del conflicto armado.

En el taller reflexionamos sobre la connotación del miedo y del duelo; de lo frágil y delicado que son estos procesos en la piel de quienes han vivido el conflicto desde adentro porque les tocó una suerte peor que nacer en Colombia: la de nacer en zonas abandonadas por el Estado, donde se está a merced de guerrilleros, paracos, narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos y mafiosos que han propiciado desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, tortura y muchas formas de violencia.


En Pueblo Bello conocí a una familia de indígenas arhuacos, a los que visitamos después del taller. En el patio de su casa nos hablaron del hombre moderno y su distracción en cosas sin importancia; y del maestro pájaro que canta todos los días sobre la rama de un árbol y así nos enseña a vivir, porque es libre y es feliz cantando y saltando de rama en rama, sin preocuparse por tener o acumular. Simplemente es.

En la reunión, uno de ellos me explicó que el conocimiento de los arhuacos y su arraigo cultural los ha ayudado a sobrevivir después del genocidio de la colonización, la marginación estatal y los múltiples exterminios que la violencia ha infringido a los pueblos originarios en Colombia. De no conservar sus creencias, sus prácticas y su cosmología sin duda habrían desaparecido hace cientos de años y junto con ellos, un conocimiento ancestral y una espiritualidad profundamente conectada con la tierra, tan relevante y urgente para la conservación natural.

Hubiera querido grabar esa conversación aunque lo más importante era aprovechar el encuentro, como un regalo que llega sin anunciarse para atesorarlo en la memoria y el corazón. Al día siguiente por la mañana, un mamo nos compartió su reflexión en un lugar sagrado, dentro del patio de su casa. Allí nos invitó a depositar nuestras preocupaciones y deseos en un pedacito de algodón de lana de ovejo que enrollamos con los dedos para que él las ofreciera en un pagamento a la Madre Tierra. También nos dio un puñadito de hojas de coca para usarla como “jabón espiritual” en el río y luego echarlas al agua antes de irnos. Hermoso.

El mamo, con sus palabras sencillas. nos explicó lo que yo intenté decir en una tesis de casi 100 hojas. Sus historias y reflexiones se articulan en ese proyecto de decolonizar la paz, es decir, de construirla desde los territorios y las características de las luchas de las comunidades. Conocer cómo se vive, se piensa y lo que se hace por fuera del orden establecido, a través de formas subalternas de subsistencia es abrir una puerta a otros mundos posibles y desconocidos, a pesar de existir desde mucho antes del mundo que conocemos.

Es necesario acercarse a otros saberes a partir de lo que cuentan quienes han tejido las historias y procesos de paz al interior de las comunidades y en los territorios apartados. Esto nos puede ayudar a ampliar nuestra comprensión sobre los fenómenos que han marcado el rumbo del país y cuestionar la retórica oficial del gobierno y de los medios comprometidos con sus intereses, que promocionan la paz como un tema de seguridad y exaltan la labor de la fuerza armada como garante de la paz y la tranquilidad.

Ese libreto no se detiene en lo que sintieron, por ejemplo, aquellas familias en la Serranía del Perijá cuando huyeron de sus casas repentinamente dejando todo porque ese día llegaron los paracos a su vereda, quemaron sus casas y asesinaron a su gente. Ahora sabemos por qué hay personas que se acostumbraron a vivir en la zozobra permanente, tanto como para cambiar sus hábitos alimenticios y comer solo plátano verde cocido, porque era lo más rápido de preparar por si les tocaba emprender la huida en cualquier momento.

Estas historias de dolor y tragedia permiten dimensionar los efectos del conflicto. Lo que pesa saberse entre las más de 8 millones de víctimas, como las que tuvieron que huir en una carrera a muerte por las trochas de la Sierra porque los venían persiguiendo, obligados a abandonar a sus padres en el camino para que no retrasaran al resto de la familia, previo ingenio para ocultarlos vivos, enterrándolos pero que pudieran respirar de algún modo.

No conocemos muchas historias de paz distintas a las que cuentan los dirigentes políticos, esos que anuncian una Paz definitiva y en mayúscula, como dice William Ospina, con la promesa de desmovilizar a grupos insurgentes, bandoleros, guerrilleros, paramilitares para generalmente atribuirles la responsabilidad de todo lo ocurrido. Pero la Paz nunca llega, afirma, porque lo que nunca se construye es la paz con la ciudadanía pacífica que lleva vidas enteras esperando una economía incluyente y una cultura que dignifique … que “nos den lo que ya tuvimos y que ahora dicen que es imposible” dice.

Los procesos de paz tejidos por la gente en sus territorios, en cambio, tienen una resonancia más espectacular y urge darlos a conocer. Algunos de ellos, como el colectivo artísticos y de danza creado por hijos e hijas de excombatientes y víctimas en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr), como estrategia para romper los discursos de odio y de venganza; el proyecto de cultivo y producción de café en la Serranía del Perijá de campesinos desplazados por paramilitares que han retornado a sus hogares. Estos son solo dos casos en los que ha sido posible cambiar la historia de violencia y muerte en Colombia por medio de la acción y el empoderamiento de las comunidades.

Un conocimiento a fondo del país no tiene que ver con portar una bandera y ponerse a discutir con quienes la exhiben al revés en señal de repudio al orden corrupto que nos gobierna. Más bien, es la escucha atenta de las historias que la gente ha vivido en las regiones apartadas impregnadas de sabiduría ancestral, históricamente desechada por la hegemonía del pensamiento occidental. La diversidad de culturas, lenguas y tradiciones, aunque algunos se avergüencen de las raíces originarias e insistan en criminalizar a la minga indígena y excluirla de la sociedad, han dado respuestas sostenibles al problema.

De mi visita a Valledupar me queda lo que escuché y aprendí de un arhuaco de la sierra orgulloso de su identidad y guardián de su pueblo; de un joven hijo de ex guerrilleros desmovilizados que cree en el impacto social de su trabajo y sus proyectos; de un líder comunitario que defiende la gobernanza como modelo de desarrollo económico y social; y de un ejecutivo comprometido con la paz de la región aún arriesgando su propia seguridad.

Estas personas con mucho para contar y compartir nos ayudan a descubrir la verdadera cara de este país, sin maquillajes ni imaginerías patrióticas y románticas como los que repiten e insisten en que este es un país feliz y en paz, mientras reprimen con la mayor brutalidad cualquier intento de rebeldía y de emancipación. No sé cuántas historias de paz y reconciliación deben haber por ahí pero me gustaría escucharlas todas y contárselas al mundo para ayudar a transformar la narrativa que define a Colombia por dentro y fuera. Dejar por sentado que en este país de violencias desgarradoras pero también de resiliencias, resistencias y re-existencias no todo está dicho.

 

 

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Las fotografías que muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo persiguiendo a migrantes no reflejan lo que somos como país ni lo que es el Servicio de Aduanas, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante un comité de la Cámara de Representantes, en medio de reportes de que muchos caribeños fueron liberados en la localidad Del Río. Por el conflicto, la policía texana colocó una gran hilera de patrullas en las márgenes del río Bravo, cerca del campamento de haitianos. Foto Ap. Agencias

Condenan persecuciones a caballo. Las imágenes de Del Río, Texas, evocan a vaqueros que arrean ganado, señalan // Miles de caribeños han sido liberados y se les permitirá reunirse con familiares, indican reportes

 

Washington. Las fotografías que muestran a agentes de migración a caballo y persiguiendo a migrantes haitianos "no reflejan lo que somos como país, ni tampoco lo que es el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos", sostuvo ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en medio de reportes de que muchos caribeños han sido liberados y por ahora no serán deportados.

En una de las imágenes tomadas por el fotógrafo de Afp Paul Ratje el lunes y publicadas en medios de Estados Unidos y de todo el mundo, un jinete de la Patrulla Fronteriza agarra a un hombre por la camisa en el lado estadunidense del Río Grande, cerca de Del Río, Texas. En otra, el agente retiene a un grupo de personas blandiendo sus riendas en una postura amenazante para obligarlos a volver hacia México.

"He ordenado que se lleve a cabo una investigación de los hechos que se retratan en esas imágenes", aseguró Mayorkas. El resultado "impulsará las acciones que tomemos, no nos andaremos con rodeos", afirmó, al prometer un resultado "en días y no semanas".

“Los horribles videos (…) son el último de una serie de abusos contra los derechos humanos como resultado de la continuación de las políticas fronterizas de la era (Donald) Trump (2017-2021) por parte de la administración Biden”, afirmó la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa.

Críticos dijeron también que las imágenes de Del Río evocan a vaqueros que arrean ganado o momentos de la historia estadunidense en los que la policía montada, guardias de prisiones o propietarios de esclavos utilizaban látigos contra los negros.

Estas imágenes se produjeron en un momento en que el departamento de Mayorkas lucha por detener a miles de haitianos y personas de otros países que cruzan la frontera con la esperanza de quedarse en Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza comenzó a deportar a los haitianos a su país por vía aérea durante el fin de semana. Pero después de que se difundieran las fotografías de los jinetes y los migrantes, miembros del Partido Demócrata del presidente Joe Biden condenaron el trato a los extranjeros.

Por lo pronto, del domingo al martes llegaron a Haití 10 vuelos con unos 135 deportados cada uno.

El campamento instalado debajo del puente en Del Río, Texas, albergó a más de 14 mil personas el fin de semana, según estimaciones. El martes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, expuso que el máximo funcionario del condado le informó que el número de migrantes se redujo a unos 8 mil 600.

Liberaciones masivas

Fuentes citadas por Ap y Reuters señalaron que a la par de las deportaciones, las autoridades están liberando a muchos haitainos, que están a la espera de trasladarse a otros puntos de Estados Unidos para reunirse con familiares.

Los haitianos han sido dejados en libertad "a una escala muy, muy grande" en los últimos días, indicó un funcionario que habló de varios miles, indicó Ap.

Muchos han quedado libres con un aviso para acudir a una oficina de inmigración en el plazo de 60 días, una solución que requiere menos tiempo de procesamiento para los agentes de la Patrulla Fronteriza que ordenar una aparición ante una corte migratoria, y apunta a la velocidad con la que se están moviendo las autoridades, dijo el funcionario.

Wade McMullen, abogado de la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy, afirmó que varios cientos de personas, en su mayoría embarazadas y padres con niños, fueron liberadas en Del Río, durante los últimos días. "La gente duerme en la estación de autobuses o afuera del aeropuerto esperando su autobús o avión para reunirse con sus familiares".

Los relatos de las liberaciones masivas, algunas presenciadas por The Associated Press, contradicen declaraciones realizadas antier por Mayorkas, quien viajó a la ciudad y advirtió: "si vienes a Estados Unidos de forma ilegal, serás deportado, tu viaje no tendrá éxito y estará poniendo en peligro tu vida y la de tu familia".

Las condenas al matrato a los caribeños continúan. El director del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se manifestó "impactado" y señaló que las expulsiones podrían violar el decerecho internacional.

Desde Puerto Príncipe, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos calificó de "cacería humana" la persecución a los caribeños en Del Río, y pidió una moratoria en la deportación masiva, hasta que mejore la situación sociopolítica de Haití, marcada por el deterioro acelerado de las condiciones de vida, la inestabilidad política y aumento de la delincuencia.

De igual manera, un grupo de abogados haitianos basados en Estados Unidos anunció su intención de presentar acciones legales para detener lo que consideran expulsiones sumarias.

Varados en Colombia, 19 mil extranjeros

Por otra parte, unos 19 mil migrantes, "en su mayoría haitianos", están varados en un puerto del norte de Colombia en su travesía hacia Estados Unidos, informó la Defensoría del Pueblo colombiana.

Por un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Panamá, el tránsito de migrantes se restringe a un máximo de 650 personas al día. Más de 50 mil han cruzado esa frontera en 2021.

Los viajeros deben atravesar el golfo de Urabá, un tramo marítimo de unos 60 kilómetros. También sortear la amenaza del Clan del Golfo, la mayor organización del narcotráfico en la región.

El lugar es uno de los principales puntos de tránsito de haitianos, africanos y asiáticos que buscan migrar hacia Estados Unidos. La mayoría proceden de Chile y Brasil, buscando cruzar hacia Panamá por la peligrosa selva del Tapón del Darién, uno de los tramos más duros del viaje.

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Israel asesinó al científico iraní utilizando un francotirador por control remoto

Según New York Times

 

Israel asesinó al principal científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, el pasado mes de noviembre utilizando una ametralladora por control remoto e inteligencia artificial, según un informe del New York Times. Los israelíes han matado a varios científicos iraníes a lo largo de los años.

Se dice que llevaban años queriendo asesinar a Fakhrizadeh, pero, por diversas razones, no fue posible. Sin embargo, una vez que quedó claro que el ex presidente estadounidense Donald Trump iba a ser sustituido por Joe Biden, los israelíes decidieron seguir adelante y matar al hombre de 63 años.

La retirada unilateral de Trump del acuerdo nuclear con Irán en 2018 tranquilizó a los israelíes, pero esto no duró mucho. Antes de su elección, Biden prometió revertir las políticas de su predecesor y volver al Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 al que Israel se había opuesto enérgicamente.

Sabiendo que era poco probable que obtuvieran la aprobación de Biden, los israelíes actuaron antes de que el nuevo presidente pudiera tomar posesión. Si Israel iba a matar a un alto funcionario iraní, un acto que tenía el potencial de iniciar una guerra, necesitaba el asentimiento y la protección de Washington.

El informe del NYT dice que el éxito de la operación fue el resultado de muchos factores: graves fallos de seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, una amplia planificación y vigilancia por parte de la agencia de espionaje Mossad y la indiferencia de Fakhrizadeh. Al parecer, al haber vivido durante décadas bajo la amenaza de ser asesinado, se había acostumbrado a las nuevas amenazas y, en consecuencia, no tomó las precauciones necesarias.

Al parecer, fue asesinado con un arma computarizada de alta tecnología, dotada de inteligencia artificial y múltiples cámaras, operada vía satélite, y capaz de disparar 600 balas por minuto. Se informa de que la ametralladora por control remoto puede situarse en cualquier lugar y manejarse a miles de kilómetros de distancia, cualidades que, según el NYT, es muy probable que reconfiguren el mundo de la seguridad y el espionaje de un modo nunca visto.

Se teme que esta nueva tecnología pueda suponer una grave amenaza para los activistas, los disidentes políticos y las figuras de la oposición en los estados autoritarios que compran armas de fabricación israelí. El Estado ocupante ya está en el centro de un escándalo mundial por la forma en que su tecnología de software espía «mercenario» se ha utilizado para hackear los teléfonos de unas 50.000 personas, incluidos jefes de Estado.

Al parecer, tanto Israel como EE.UU. se sintieron alentados por la respuesta relativamente tibia de Irán al asesinato del general Qasem Soleimani, el comandante militar iraní muerto en un ataque de un avión no tripulado estadounidense con la ayuda de la inteligencia israelí en enero de 2020. El razonamiento en ese momento fue que si podían matar al máximo líder militar iraní con poca repercusión, eso indicaba que Irán era incapaz o reacio a responder con más fuerza.

Por | 23/09/2021

Fuente: https://www.monitordeoriente.com/20210921-nyt-israel-asesino-al-cientifico-irani-utilizando-un-francotirador-por-control-remoto/

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Imagen: AFP

El gobierno de Joe Biden comenzó las masivas deportaciones

En los últimos meses Haití atraviesa una crisis política por el magnicidio del presidente Jovenel Moise y los efectos del terremoto. 

 

Las deportaciones masivas de migrantes haitianos por parte de Estados Unidos despertaron la preocupación de la ONU, que advirtió que personas con solicitudes de asilo serias pueden estar en riesgo. El gobierno norteamericano comenzó a expulsar a cientos de miles de haitianos que llegaron hasta la frontera entre México y EE.UU tras un peligroso recorrido desde Sudamérica.

Expulsiones exprés

Unos 15 mil haitianos y haitianas que llegaron a la ciudad fronteriza de Del Río, en el estado de Texas comenzaron a ser deportados por Washington. Los migrantes han estado varados durante días bajo el puente que cruza el río Grande que divide a México de Estados Unidos. Muchos viajaron desde Chile o Brasil, donde residieron en los últimos años.

Según el secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, los haitianos recibieron información errónea de que podían quedarse en EE.UU. como refugiados bajo el “Estatuto de Protección Temporal” (TPS) debido a la crisis política tras el asesinato de Jovenel Moise a principios de julio y el terremoto que devastó al país en agosto. El TPS alcanzaba a los haitianos que quedaron en EE.UU. después del terremoto de 2010 en el que murieron 200 mil personas en el país caribeño. Tras el magnicidio de Moise se extendió el TPS para los haitianos que estaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio, pero no alcanzaba a los que llegaron después de esa fecha.

Patrullas ecuestres

"Hemos reiterado que nuestras fronteras no están abiertas y que la gente no debería emprender ese peligroso viaje", agregó. "Si usted entra ilegalmente a Estados Unidos, será devuelto", remarcó Mayorkas en conferencia de prensa desde la ciudad fronteriza. El funcionario llegó a Del Río tras la polémica desatada cuando fueron difundidas imágenes de los guardias fronterizos que recorrieron la frontera a caballo e hicieron retroceder a migrantes haitianos. Una de las fotografías tomadas por el reportero gráfico de la AFP, Paul Ratje, muestra a un policía montado a caballo atrapando a un hombre por la camisa.

"La situación era de tensión y los migrantes empezaron a correr alrededor de ellos (...) Muchos comenzaron a correr para intentar escapar de los jinetes y uno de los agentes agarró a un hombre de la camisa y lo hizo dar vueltas mientras el caballo trotaba en círculos", dijo Ratje sobre una de las fotos.

Las patrullas ecuestres fueron desplegadas en los últimos días cerca del río Bravo donde acampaban miles de migrantes, en su mayoría haitianos, según dijo a los medios el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz. "Les pedí que averiguaran si las personas estaban en peligro y que recopilaran información sobre los contrabandistas", agregó. "Controlar un caballo en un río es difícil". La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó el hecho de “horrible”. "No tengo todo el contexto, pero no imagino en qué contexto eso sería apropiado", afirmó en una rueda de prensa.

Familias expulsadas

Al menos tres vuelos salieron de Texas para aterrizar en la capital Puerto Príncipe. Cerca de la mitad de los más de 500 migrantes expulsados por Estados Unidos eran menores de cinco años y nacieron fuera de Haití. Antes de cruzar el río Grande, los haitianos habían residido durante varios años en Chile y Brasil donde llegaron entre 2016 y 2017.

Familias enteras viajaron hasta México para intentar solicitar asilo en Estados Unidos, como el caso de Jeanne, que habló bajo condición de anonimato. Ella, su esposo y su hijo Mael de tres años que cuenta con pasaporte chileno viajaron durante dos meses hasta llegar a Del Río y gastaron cerca de 10 mil dólares. "En Santiago tenía un pequeño negocio, mi esposo trabajaba. Logramos ahorrar dinero: esto es lo que nos permitió viajar hasta Estados Unidos", relata.

"Es una cosa inexplicable. Nadie puede realmente transmitir lo que es este horror", dijo Jeanne. "Si hubiera sabido por lo que iba a pasar, nunca hubiera hecho este viaje", lamentó. La pareja contó que gastó 7.000 dólares para llegar a México y 2.000 más para alcanzar la frontera de Texas. Jeanne dejó su país tras finalizar sus estudios de administración de empresas en 2016. "Si hubiera podido encontrar trabajo, nunca me hubiera ido. Ahora la situación en el país ha empeorado mucho", dice.

"Biden sabe lo que está haciendo"

Cientos de haitianos se mostraron frustrados tras su expulsión y luego de haber gastado miles de dólares para llegar hasta EE.UU. "Biden sabe lo que está haciendo, pero no le importa. Nos trata a nosotros y a nuestros hijos peor que a las bestias", gritó una mujer desde la terminal aérea en Puerto Príncipe. Otro de los migrantes deportados se refirió a las condiciones en el centro gestionado por la agencia migratoria estadounidense tras haber cruzado el río Bravo.

"No teníamos camas para dormir, dormíamos solo con una fina sábana de plástico para cubrirnos, en un espacio con demasiado aire acondicionado. Y dormíamos en el piso de concreto", cuenta Garry Momplaisir, de 26 años, quien pasó cinco días en el lugar. "No podíamos ducharnos. Había baños pero no había lugar para lavarnos", agrega Momplaisir, expulsado junto a su esposa y su hija de cinco años.

Políticas trumpistas

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schummer, del partido demócrata, instó al presidente Joe Biden a terminar con las deportaciones masivas de migrantes haitianos, una política que advirtió tenía actitudes “detestables y xenófobas” similares a las que se vieron durante le gestión del exmandatario republicano Donald Trump.

"Insto al presidente Biden (...) a poner fin inmediatamente a estas expulsiones, y a terminar con esta política del Título 42 en nuestra frontera sur. No podemos continuar con estas políticas detestables y xenófobas de Trump que ignoran nuestras leyes de refugiados", dijo Schumer en el pleno del Senado. La oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos anunció que la mayoría de los migrantes serán expulsados bajo el Título 42, una política del gobierno que restringe la inmigración debido a la pandemia de coronavirus.

"Todos hemos visto estas horribles imágenes procedentes de nuestra frontera sur, con solicitantes de asilo haitianos, que simplemente buscan escapar de la tiranía (...) siendo recibidos en nuestras puertas con una (indignidad) inimaginable", añadió Schumer. "Las imágenes de migrantes haitianos siendo golpeados con látigos y otras formas de violencia física son completamente inaceptables. Este comportamiento debe ser abordado y debemos rendir cuentas. Las imágenes revuelven el estómago", sostuvo.

Desde la ONU se sumaron a la preocupación por las expulsiones masivas. "Estamos seriamente preocupados por el hecho de que parece que no ha habido ninguna evaluación individual en los casos (de Haití)", señaló la vocera del organismo internacional, Marta Hurtado. "Quizás algunas de estas personas no han recibido la protección que necesitaban", agregó y subrayó que todos los solicitantes de asilo tienen derecho a que sus demandas sean consideradas

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Sábado, 18 Septiembre 2021 06:32

Una feria de vanidades

Viñeta de Matador dedicada al presidente colombiano y su moneda (tomada del canal de Instagram del autor)

Ni libros ni medallas, que no les confundan. En Colombia no ha lugar para ferias, aunque se sigan dando. Hoy imperan las balas, las que su policía dispara contra la población por ejercer su derecho a la protesta, y las monedas, las que el propio presidente se ha dedicado para que su imagen quede grabada en algún sitio más allá de en los anales de la estulticia.

A este aprendiz de político, que sigue los dictados de su maestro, lo que le importa es figurar, que hablen de él aunque sea mal. Por eso se dedicó a presentador de televisión, a exprimir la economía con sus promesas naranjas y a formar parte de la numismática nacional. Revisen lo bien que lo retrata Matador en sus viñetas.

No deberíamos equivocar el objetivo de las manifestaciones, o al menos no dejar como diana solamente al presidente colombiano. Habría que preguntarse de quién ha sido la idea de concederle una condecoración española al gobernante más inútil de la historia del país. Pero también, de quién ha partido, en estos tristes tiempos que corren, nombrar a Colombia como país invitado de la Feria del Libro de Madrid. Sin ir más lejos, acaba de vetar al periodista y escritor Daniel Samper Ospina impidiéndole participar en un programa de televisión en el que el gobernante iba a someterse a las preguntas de los medios.

Durante el gobierno de este señor, al que el Estado español condecora y recibe con honores, se han sucedido cientos de asesinatos de líderes sociales (Indepaz reporta 116 solamente en lo que va de año), que en muchos casos también eran defensores ambientales de esa diversidad y vitalidad que aparece en el logo de la Feria; se han producido numerosas masacres, que el “insigne” presidente ha cambiado por el eufemismo de homicidios colectivos; se han reprimido con violencia, mucha más de la habitual y con participación de civiles disparando a sus paisanas y paisanos, las manifestaciones populares para reclamar paz, trabajo y dignidad; se han incumplido los acuerdos de La Habana que terminaron con los enfrentamientos con la guerrilla de las FARC-EP, que, a pesar de haber abandonado las armas, sigue poniendo una parte importante de los muertos; se ha negado a reconocer púbicamente, y a ponerle algún remedio, a algo que la mayoría ya sabía pero que los gobernantes no querían saber, que fueron seis mil cuatrocientos dos los falsos positivos, personas asesinadas y  presentadas como bajas en combate, entre 2002 y 2008, y se han seguido dando los mismos o más casos de corrupción de siempre, el último el protagonizado por la ya exministra de las TIC que ha hecho desaparecer 70 mil millones de pesos (aproximadamente 15 millones de euros al cambio actual) que deberían haber servido para llevar conectividad a las áreas rurales, mayoría todavía en el territorio, en las que niñas y niños no tienen acceso a internet (por cierto, la susodicha no se merece que su apellido se convierta en verbo, aunque sea para recordarnos que ha robado). Y podríamos seguir enumerando.

Por suerte, la creatividad y el arte colombianos, no sólo su literatura, también su cine, su fotografía, su teatro, su música, su pintura y su escultura, están muy por encima de sus políticos y las políticas que practican, de sus legisladores y sus inacciones y de sus jueces y sus sentencias. Pero si el Gobierno colombiano invita a la Feria de Madrid a autoras y autores “neutros”, que otros organismos en el Estado español (ya sean organizaciones sociales, partidos políticos o editoriales) inviten al personal crítico para hacer contrapeso. No solamente o las y los conocidos, sino a toda una pléyade de jóvenes, y no tanto, que llenan la producción literaria, las salas de exposiciones, los teatros y los múltiples festivales al parque y a las calles que se dan en todo el país.

Si es el Gobierno español el que le premia, habría que sancionarle por anteponer los posibles beneficios económicos a la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Claro, porque detrás de esa medalla debe haber un montón de intereses comerciales para que los buitres empresariales españoles “invadan” económicamente el país andino y echen a los cóndores de allá, a pesar de las muchas águilas negras que sobrevuelan el cielo colombiano.

Creo que es a todas luces injustificable el reconocimiento ofrecido al presidente de Colombia, tanto el de carácter político dado por el Gobierno español como el premio literario que supone que un presidente censurador represente a su país en la Feria del Libro de Madrid.

17SEP2021

Publicado enCultura
 Pahnin Mekragnotire, un indígena de 40 años de la tribu Kayapo, observa los efectos de la deforestación en l suroeste del estado de Pará, Brasil. — Lucas Landau / REUTERS

La organización internacional Global Witness reporta 227 ataques contra defensores de la Tierra, la mayoría de ellos documentados en países del Sur Global.

 

La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

 

 

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.

 

13/09/2021 21:54 Actualizado: 14/09/2021 10:23

Alejandro Tena@AlxTena

 

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Movilizaciones por el aborto en Argentina en diciembre del 2020 (foto de archivo). — Matias Chiofalo / Europa Press

Diversos estudios realizados en países de la región, desvelan que la judicialización de las mujeres se ha incrementado en los países que han despenalizado el aborto sólo en algunos supuestos. Las organizaciones reclaman sacar el aborto del código penal y considerarlo un servicio de salud.

 

La criminalización del aborto en América Latina se ceba con las mujeres de escasos recursos económicos, menores de 24 años, que viven en áreas rurales o apartadas de los centros urbanos y que provienen de etnias indígenas o son afrodescendientes. Así lo desvelan diversas investigaciones realizadas en distintos países de la región recientemente. Incluso en aquellos países en los que se han realizado importantes avances en el derecho al aborto, despenalizándolo en algunos supuestos, la criminalización de las mujeres no sólo no ha disminuido, sino que por el contrario, se ha incrementado. 

Uno de los casos más llamativos es el de Colombia, cuya Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres amplios supuestos en 2006 (por riesgo para la vida o salud de la mujer, por violencia sexual o por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina) y que tiene aún una de las legislaciones más avanzadas de la región. Según un reciente estudio titulado La criminalización del aborto en Colombia, realizado por el colectivo colombiano La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Universidad de Los Andes, desde la sentencia de la Corte Constitucional hace 15 años, se han disparado los casos de persecución penal por aborto en el país. Denuncian que desde 2005 la persecución judicial se cuadruplicó, pasando de los 130 casos hasta los más de 400 que se producen anualmente en el país.

"La despenalización del aborto por causales es una solución insuficiente. Ha ampliado las posibilidades para abortar pero sobre todo a las mujeres de clase media y clase alta, a las privilegiadas, pero ha tenido un efecto criminalizante entre los grupos más vulnerables", afirma a Público Lucía Hernández, abogada de la organización Women's Link Worldwide con sede en Bogotá. 

Por estas razones esta pasada semana las organizacioens feministas y las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, festejaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de México, que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. Denuncian que la inclusión del aborto como un delito en los códigos penales y las leyes que restringen la interrupción del embarazo no penalizan el aborto, sino a las mujeres más vulnerables. 

Hace unos días un amplio grupo de más de 90 organizaciones de la sociedad civil y mas de 100 personalidades agrupados bajo el movimiento Causa Justa, interpusieron una demanda conjunta pidiendo a la Corte Constitucional de Colombia que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud. Esta demanda podría abrir el proceso para una legislación de plazos.

Un patrón en la región

Colombia no es el único ejemplo en donde se vulneran los derechos de las mujeres más desprotegidas. Recientemente otras dos investigaciones, una realizada por la organización GIRE en México y otra por Human Rights Watch en Ecuador, arrojaban conclusiones similares. 

La investigación en Ecuador, realizada sobre 148 casos en los cuales mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes fueron acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019, arrojó que el 81% de ese total eran casos iniciados contra mujeres y niñas, y un número desproporcionado de estos tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente. La mayoría eran personas jóvenes, de menos de 24 años y el 12% de las judicializadas por abortar eran niñas menores de 15 años. Casi todas vivían en condiciones de pobreza. 

En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión y con entre uno y tres años para los profesionales de la salud que practican un aborto. La interrupción del embarazo sólo está legalizada cuando la vida y la salud de la mujer embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual. Sin embargo, ni siquiera en estas circunstancias las mujeres están libres de ser perseguidas. 

"Esta tremenda criminalización hace que no solo mujeres o niñas que se induzcan el aborto acaben siendo procesadas, sino también mujeres que llegan con abortos incompletos, con emergencias obstétricas o con perdidas, terminan siendo castigadas por la justicia", explica Ximena Casas, investigadora sobre Mujer en la división de América Latina de Human Rights Watch (HRW).

El informe narra el caso de una mujer joven que cuando estaba trabajando se cayó por las escaleras y tuvo una hemorragia. Fue de emergencia al centro de salud, donde certificaron que estaba embarazada de poco más de un mes, una condición que la mujer desconocía. Los médicos la denunciaron ante la Fiscalía y la Policía, porque penaban que se estaba induciendo un aborto. La mujer acabó procesada y estuvo 3 meses en la cárcel con su hijo de tres años. "No importa en qué país estemos, casos similares ocurren en todos los países que tienen el aborto dentro del código penal".

El informe de GIRE, resalta que en México existe una gran brecha entre los derechos establecidos en papel y los servicios a los que, de hecho, tienen acceso las personas. El estudio concluye que el acceso al aborto por causales en México (determinados supuestos por los que se despenaliza el aborto) es "precario o nulo". "Existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones; se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto; se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos; se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres con emergencias obstétricas", afirma el estudio".

En la mayoría de los casos, las mujeres que entran en un centro de salud con una emergencia obstétrica o con pérdidas por un inicio de aborto, son denunciadas por los propios médicos a la Fiscalía y la Policía, que les toman declaración en la camilla del hospital o que incluso son llevadas casi desnudas, tapadas sólo con la bata hospitalaria, a declarar a la fiscalía. El informe de HRW, desvela que el 73% de los procesos judiciales contra estas mujeres se inician por denuncias de los profesionales de la salud, una cifra similar a lo que ocurre en México o Colombia. 

Falta de información y de acceso a la salud

Las causas que generan este perfil de mujeres criminalizadas son múltiples. Entre ellas destacan las barreras derivadas de la falta de información. Mujeres que viven en zonas alejadas de los centros urbanos o en medios rurales no conocen sus derechos al aborto y cuando los conocen, no tienen centros de salud cercanos donde acudir. En ocasiones deben recorrer largas distancias y usar medios de transporte que son caros y no pueden costear. Otro problema común en diversos países es la poca formación e incluso la desinformación por parte de los servicios de salud y de las instituciones judiciales. "Los servicios de salud denuncian a las mujeres por posible inducción de un aborto, violando el secreto profesional que tienen los médicos y los jueces, sin embargo, las admiten. También admiten los historiales clínicos", añado Casas.

Esta activista relata que las mujeres de clase media y acomodada y que viven en medios urbanos, no sólo tienen recursos económicos para pagar servicios de salud privados que les realizan abortos o la posibilidad de viajar al extranjero, sino también recursos para pagar a abogados que las defiendan. Las mujeres con menos recursos recurren a abogados de oficio que mucha veces les recomiendan que se declaren culpables para tener una condena menor, aunque su caso entre dentro de los supuestos permitidas para interrumpir el embarazo.
"La gran mayoría tienen barreras para acceder a una adecuada representación legal y se les viola el acceso a la tutela judicial efectiva", añade Casas.

El miedo a las denuncias y ser judicializadas hace que muchas mujeres no acudan a los centros de salud, sino que opten por abortos "artesanales" e inseguros, golpeándose, metiéndose ganchos en la vagina o tomando hierbas. Métodos todos que ponen en riesgo su salud y su vida. 

Las cifras reales de abortos en la región son difíciles de calcular. No hay registros y las mujeres que acceden a un aborto lo ocultan para no ser estigmatizadas. Además, la gran mayoría de las interrupciones se hacen en lugares no autorizados, de los que no hay registro. Sin embargo, la dimensión de este drama que viven a diario las mujeres se puede inferir por el escaso numero de mujeres que efectivamente acceden a un aborto legal. "La excepción es un acceso al aborto seguro y en buenas condiciones", afirma Hernández. "En Colombia, tras la despenalización, el acceso al aborto es muy limitado. Guttmacher  [instituto que se dedica a investigar sobre los derechos sexuales y reproductivos en el mundo], calcula que sólo entre el 1% y el 9% de los abortos que se realizan en el país son legales y seguros y se hacen en las grandes ciudades", concluye Hernández.

El aborto está altamente penalizado aún en muchos países de América Latina. Aunque en los últimos años se han producido importantes avances, sólo cinco países (Cuba, Uruguay, las Guayanas y recientemente Argentina), han despenalizado el aborto y tienen leyes de plazos en distintos niveles de implementación. Otros siete (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica o Surinam) lo prohíben de forma total, incluso cuando la vida de la madre corre peligro. En el resto existen leyes que permiten la interrupción del embarazo en determinados supuestos. 

Ahora la tendencia, tal como explican diversas expertas, es hacia la despenalización total del aborto. "Las mujeres criminalizadas son quienes enfrentan una mayor afectación cuando el aborto es considerado un delito y no un servicio de salud", concluye en informe de Gire.

 

13/09/2021 22:03 Actualizado: 14/09/2021 00:19

Marisa Kohan@kohanm

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