Una mujer iraní reacciona cortándose el pelo en una protesta frente a la embajada iraní en Estambul (Turkía), con una foto de Masha Amini en el pecho. — ERDEM SAHIN / EFE/EPA

Miles de mujeres han salido a la calle sin velo, se cortan el pelo o queman sus 'hijabs' en señal de protesta. La dura represión por parte del Gobierno intenta que la información no salga del país y que no extienda aún más las protestas.

 

La muerte de una joven de 22 años mientras estaba bajo custodia de la policía de la moral iraní, ha encendido una protesta a lo largo y ancho de Irán, que lejos de disminuir ha ido a más en la última semana. Masha Amini, una joven de origen kurdo fue detenida por la policía de la moral y llevada a un centro de reeducación. Su delito: llevar mal puesto el velo. Poco después fue ingresada en coma en un hospital donde murió. La versión oficial afirma que sufrió un paro cardíaco, pero diversos testigos han afirmado a medios de comunicación que fue golpeada dentro de la furgoneta que la transportó a la comisaría y que tenía signos de maltrato.

Su muerte ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha espoleado la indignación en las calles a lo largo y ancho del país. Una protesta en la que las mujeres encendieron la mecha. Desde el momento en el que se conoció su fallecimiento, miles de ellas comenzaron a protestar grabándose vídeos mientras se cortaban el pelo a mechones o quemaban los velos a cara descubierta y lo compartían en las redes sociales. También en las calles fueron las más activas, quitándose la hijab y entonando cánticos contra el régimen de los ayatolás: "Mujeres, vida, libertad" o "muerte al dictador", mientras encendían fogatas y se enfrentaban a la policía.

El descontento por décadas de represión y de discriminación estalló en un clamor entre las mujeres. Por un lado, exigen justicia y conocer los detalles de lo que le ocurrió a Amini en su detención. Pocos en Irán parece creer la versión oficial que afirma que la joven tuvo un infarto repentino e inmediatamente fue hospitalizada. Tampoco que el Gobierno vaya a realizar una investigación imparcial y a fondo de los hechos, como han prometido después de que estallara la protesta. 

No es la primera protesta que tiene lugar en Irán por parte de las mujeres por la violación de sus derechos, pero la muerte (o la firme sospecha de asesinato) de Amini tiene características que hasta ahora no se habían visto. Muchas de las acciones en el pasado habían sido puntuales y más bien individuales: mujeres que se quitaban el velo, que se organizaban para protestar. Pero esta respuesta espontánea ha sacado a miles de mujeres a la calle desafiando no sólo las normas, sino a la Policía. La respuesta oficial ha sido más represión. Amnistía Internacional (AI) afirma que al menos ocho manifestantes han sido asesinados por las fuerzas del orden que utilizan munición y gases lacrimógenos para dispersar las protestas. La televisión estatal iraní cifra los fallecidos en las protestas en 17, "entre manifestantes y policías".

Las mujeres lideran las protestas

La politóloga iraní Nazanin Armanian explica que la represión ha ido en aumento en la misma medida que la corrupción del régimen y afirma que hay dos características en esta revuelta que son únicas. Por un lado, que la joven muerta era kurda, que es el sector de la izquierda iraní y muy considerado por la población. La segunda es que las mujeres no solo han sido las protagonistas de este estallido, sino que han liderado la protesta, arrastrando a los hombres a las calles y manteniéndolos junto a ellas. "Esto es un dato novedoso e importante, porque hasta ahora no había hombres en las protestas por los derechos de las mujeres".

Este estallido se viene a sumar a una situación de indignación y descontento que ya existía en el país. Es, de alguna manera, la gota que colmó un vaso que se ha ido llenando a lo largo de muchos años. "Esta revuelta no es solo una rebelión contra el velo. No nos equivoquemos. Es la chispa que ha encendido el descontento acumulado durante más de un año por la inflación y la represión. Desde hace meses hay una huelga de los obreros de la petrolífera Abadan (la más grande del país), la en que también estaban las mujeres mayores, porque su poder adquisitivo ha bajado de forma drástica. La inflación en Irán es de un 400%, se ha asesinado y ejecutado a mujeres, ecologistas detenidos, a líderes sociales... Solo en lo que va de año, que en Irán comienza en marzo, se han ejecutado a 350 personas. Irán es hoy el país que más ejecuciones realiza", añade Armanian. Las vetos de Estados Unidos y la comunidad internacional hacia Irán por no haber sellado un acuerdo nuclear han dejado al país sin recursos económicos para aliviar el descontento, añade.

Amnistía Internacional denuncia la brutal represión que ejerce la policía para controlar la situación. "No es nuevo el tema de las detenciones por no llevar el velo ni la brutalidad de la represión. Este movimiento de mujeres y de algunos hombres que las respaldan viene dándose desde 2015, con picos de actos simbólicos, como subirse lugares altos de la ciudad y hondear el velo de forma simbólica. Pero en todos los casos la represión ha sido brutal", comenta Yolanda Vega, portavoz sobre Irán de AI.

Para intentar frenar las protestas, además, el régimen de los ayatolás, que gobierna el país con mano férrea desde que subió al poder en 1979, ha comenzado a cortar las el acceso a internet y a aplicaciones de redes sociales como WhatsApp o Instagram. Los medios de comunicación internacionales tienen poca presencia en el país y muchas restricciones a la hora de cubrir noticias. Por ello, la medida de limitar o cortar el acceso a Internet supone poner un veto para que salga al exterior cualquier información e intentar que las protestas no sigan extendiéndose por otras partes del país.

Vega afirma que es necesario poner en valor la valentía de estas mujeres que han conseguido el apoyo de parte de la población. "A lo largo de estos últimos años hemos visto cómo el Estado se ha metido en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Se viola el derecho a la igualdad, a la intimidad, a las creencias religiosas... El régimen ha ido ocupando una buena parte de la vida cotidiana de 40 millones de mujeres y niñas que ven reducido su espacio social. Es imprescindible que se deroguen las leyes discriminatorias".

Casi 50 años de recortes de derechos

Hasta la revolución de febrero de 1979, las mujeres tenían reconocidos muchos de sus derechos. No estaban obligadas a llevar velo, podían abortar, ir solas a estudiar... "Hoy una mujer de 80 años con estudios universitarios no puede casarse si no es con la autorización de un hombre", añade Armanian. "Dos meses después de triunfar la revuelta de los ayatolás, las mujeres fueron las primeras que desafiaron al régimen -recuerda esta politóloga-. Ese 8 de marzo salieron a la calle en protesta". Entonces, ya se habían empezado a recortar sus derechos. A lo largo de estas últimas décadas, el círculo se cerró del todo. 

El código penal islámico establece que las mujeres que se muestren en público sin velo deberán ser castigadas con penas de cárcel, multa o latigazos. Esta norma se aplica a niñas a partir de los siete años, cuando son obligadas a utilizarlos. También permiten a la Policía arrestar y detener arbitrariamente a decenas de miles de mujeres cada año por mostrar mechones de pelo que asomen de sus pañuelos o por usar ropa corta y colorida. Las mujeres iraníes son objeto habitual de acoso verbal y agresión física por parte de la policía, sufrir amenazas, insultos, obligarlas a que se quiten el maquillaje, abofetearlas o golpearlas con los puños o bastones. 

Han sido miles las mujeres represaliadas por estas normas. En 2018, la abogada Nasrin Sotoudeh fue detenida. Su delito fue defender a otras mujeres que habían desafiado las normas quitándose el velo. Por ello fue condenada a 38 años de prisión y a 148 latigazos. Desde Amnistía afirman que esta activista se encuentra en estos momentos en su casa por motivos médicos y que los latigazos aún no se han cumplido, pero que la pena sigue aún en vigor.

Tras la revuelta por la muerte de Amini, el Gobierno afirmó que abriría un investigación interna para aclarar el caso. Las protestas no pararon. Nadie en Irán cree que el Gobierno pueda hacer una investigación transparente. Amnistía Internacional reclama que se realice desde Naciones Unidas: "Dentro de Irán no se va a llevar a cabo esa investigación. Pedimos que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que realice una investigación independiente y con rendición de cuentas que garantice aclarar los hechos, justicia y reparación".

"Las consecuencias de esta revuelta son impredecibles", afirma Armanian, que está convencida de que las protestas no se van a detener. "El régimen no tiene herramientas para calmar la situación, excepto la represión, y no creo que el aumento de ésta pueda acallarla. Hay 12 millones de parados y el 45% son jóvenes titulados universitarios. Un grupo de sacerdotes medievales no la puede parar, porque no tiene medios para clamar la tensión. Recurrirá a más represión pero el pueblo ha perdido el miedo. Quiere que se deroguen la leyes". 

Madrid

24/09/2022 06:20  

Por Marisa Kohan@kohanm

Publicado enInternacional
Botas de caucho Venus, el calzado característico de los campesinos para adentrarse en los cultivos y el monte. Jardines de Sucumbíos, Foto: Miguel Winograd, https://ligacontraelsilencio. com/2018/11/01/la-sustitucion-de-cultivos-genera-discordia-y-muerte-en-putumayo/

Un fantasma recorre el Putumayo, impone sus reglas y se enraíza como parte del paisaje. De vez en cuando aparece para que nadie ignore su presencia, y escarmienta a quien se oponga.

 

¿Usted sí vio ese video que circula por ahí?, es la pregunta recurrente en los corrillos de veredas para referirse a un mensaje que circuló en las redes locales. Al parecer, los hechos que perturban la mirada de los pobladores corresponden al asesinato de Idelber Gómez el pasado 31 de julio en la vereda el Bagre del municipio de Puerto Caicedo1. La prensa reportó el homicidio de un desmovilizado porque dos personas quedaron heridas. En palabras oficiales no fue una masacre.

Al mismo tiempo, se difundieron mensajes que buscan generan terror en la población: “[…] Enciérrense –aconseja un hombre de voz asustada– porque a San Pedro salieron más de cien manes (sic) armados y aquí en Caicedo andan en unas motos de alto cilindraje ahorita”; “anda una gente rara, pilas […]”, se escucha en otro audio de WhatsApp.

En otro mensaje, una madre contó que fueron encerrados en Puerto Caicedo por “una gente armada” y sugería que no enviaran a sus hijos al colegio por seguridad. En el Putumayo ya no es necesario un hecho de violencia de alto impacto para amedrentar a la población: basta con mostrar los dientes.

¿Es ésta una nueva estrategia de los grupos armados o las nuevas tecnologías los obligan a adaptar sus métodos de terror? Antes era el panfleto debajo de la puerta o los golpecitos con la culata del fusil en las tablas de las casas. Ahora las redes sociales facilitan la difusión del pánico, que se multiplica con mayor poder que el de la ubicuidad en un departamento donde cuatro de cada diez personas fueron afectadas por el conflicto armado, y donde el impacto psicosocial de la violencia aún es difícil de dimensionar2.

En el Putumayo la violencia más aguda se vivió en la década de los 90 durante la implementación del Plan Colombia, cuando la arremetida paramilitar tomó fuerza a partir de cruentas masacres. Esta fase de atrocidades y horror aún perturba a los sobrevivientes de aquellos crímenes.

 

 

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, en lo corrido del 2022 han sido asesinados cinco excombatientes de las Farc y doce líderes comunales en el departamento3.

Los registros de Indepaz excluyen a las víctimas que no son consideradas líderes, así como a las heridas en los hechos de violencia. De no ser por ello las cifras aumentarían. Por ejemplo, en el ataque contra Jorge Santofimio Yepes el 24 de abril fueron heridos un menor de edad, una bebé de cinco meses de nacida, otro excombatiente y cinco escoltas4: un total de 9 personas víctimas de esta acción criminal que pudo configurarse en una masacre y de quienes se desconoce su estado de salud, en especial de la bebé y el menor de edad. Este grave atentado criminal fue minimizado por los medios, pero ¿cuál fue el impacto para la población de Puerto Guzmán? Una vez más, la ley que se impone es la del silencio.

En el caso de la masacre del 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Indepaz solo registra los asesinatos considerados como políticos, esto es, los de Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal y Pablo Panduro Coquinche, gobernador Kichwa del resguardo; y excluye a su esposa en estado de embarazo, al menor de edad indígena y al resto de personas que fueron asesinadas y/o desaparecidas.

Una masacre de esa magnitud trae a la memoria de los putumayenses las de El Tigre y El Placer, en 1999. En el Alto Remanso los medios primero reportaron la versión de un operativo del Ejército contra las disidencias del Frente 48 de las Farc, pero con el pasar de las horas las denuncias de la comunidad permitieron revelar la crueldad infligida a los habitantes de esta vereda.

 

 

La matanza en Alto Remanso5 –el hecho más grave de violencia de los últimos años en el departamento– generó importantes reacciones mediáticas, judiciales y políticas que a la postre no terminaron en nada. Tal fue el escándalo que la bancada de oposición promovió infructuosamente una moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, y las instituciones de control hicieron sus ya desgastados y poco creíbles anuncios de investigaciones exhaustivas que, hasta la fecha, no han arrojado resultado alguno.

Cuatro meses después del show, el gobierno de Gustavo Petro ascendió al mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, quien en su calidad de comandante de la división de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército estuvo al frente de la operación en la que fueron asesinadas un total de once personas. Correa entró a la cúpula militar como jefe de la Inspección General, lo que constituye un pésimo mensaje para la población del Putumayo que confió en un cambio de rumbo hacia la paz con base en la política de Seguridad Humana pregonada por el nuevo mandatario.


El sándwich de violencia que encierra a los excombatientes en el Putumayo


En este Departamento hay tres facciones en confrontación que surgieron de la desmovilización de las Farc en 2016: los que se desmovilizaron y se acogieron al proceso de paz pese a los incumplimientos del gobierno nacional; el sector de alias Sinaloa que continuó con sus actividades y se unió a La Constru, actualmente Comandos de Frontera, adscritos a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez; y, por último, las disidencias del Frente Primero Carolina Ramírez que comanda Iván Mordisco6. Resulta apenas lógico que los excombatientes de las Farc empeñados en mantenerse fuera de las armas y enfocarse en el trabajo social y político sean los más vulnerables dentro de este complejo sándwich, factor que explica la constancia de los asesinatos contra ese grupo de la población.

Ahora bien, la disputa se desarrolla especialmente en los centros de producción y mercado del narcotráfico. Los Comandos de Frontera controlan los principales centros urbanos del medio y bajo Putumayo, incluidos corregimientos e inspecciones claves en la comercialización de la cocaína, donde imponen sus reglas y el precio de compra de la pasta base.

Por su parte, el Frente Primero Carolina Ramírez concentra sus esfuerzos en las zonas selváticas de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo, corredor en el que se han incrementado las acciones armadas de los dos últimos años7. El dominio sobre los ríos Apaporis y Bajo Caquetá se configura como retaguardia estratégica de ese grupo disidente.

Desde el mes de julio empezó a circular un comunicado de la Columna Móvil Jhoiner Toro de las Farc, adscrita al Comando Conjunto de Occidente, grupo que al parecer ha llegado a reforzar las acciones del Carolina Ramírez en su guerra con Los Comandos de Frontera8. El panfleto ordena restricciones a la movilidad y toques de queda nocturnos por las carreteras rurales de Puerto Caicedo, Villagarzón, Orito y el corregimiento de Jardines de Sucumbíos.

Meses antes, los Comandos de Frontera habían prohibido, vía mensajes de WhatsApp, la entrada de personas extrañas a la comunidad. En otras palabras, la disputa territorial de los grupos armados se expandió a este corredor.

A finales de agosto se presentó la desaparición y posterior tortura y ejecución de seis indígenas9 en zona rural de Jardines de Sucumbíos, hecho que consternó a la población. El 26 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 022 de 2022, en la que advirtió del riesgo de violaciones masivas a los derechos humanos, en especial contra las comunidades indígenas y negras que habitan ese territorio.

Es de anotar que los Cofanes, los Awá, Los Ingas, los Murui y los Embera, hacen parte de los pueblos indígenas declarados por la Corte Constitucional, en su auto 004 de 2009, en peligro de extinción física y cultural por causa del conflicto armado. Jardines de Sucumbíos hace parte del territorio ancestral de los Cofanes, y es pilar de la ciencia del yagé.

Todos estos hechos denotan un control de la población por medio de la violencia sociopolítica, lo que el jurista Raúl Zaffaroni llamaría un “fascismo por goteo”, del que la comunidad sigue siendo víctima y el cual se agrava dada la ausencia histórica del Estado, realidad que a su vez alimenta la proliferación de los grupos armados.


La “Paz total” en el Putumayo

El conflicto armado en esta región del país escala de manera constante, en la medida que la implementación de los Acuerdos de La Habana continúa siendo letra muerta, en particular en lo referente al Programa Integral de Sustitución de Cultivos (Pnis), pues el principal músculo financiero de las agrupaciones criminales es la renta de los cultivos de uso ilícito.

De hecho, desde 2019 el corredor Jardines de Sucumbíos - La Cofania es considerado como un enclave productivo del narcotráfico por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc):

[…] para este año se consolidó el nuevo enclave Orito-Vides, localizado en la intersección entre los municipios de Orito, Villagarzón y Puerto Caicedo entre los ríos San Juan y Vides. Los centros poblados con mayor relación son Buenos Aires, El Paraíso y la Cabecera municipal de Puerto Caicedo. Este enclave concentra el 5% del total regional y cerca del 1% del total nacional. (Informe Unodc) 2020).

 

 

Aunque la propuesta de la Paz total abre la esperanza de la desactivación de todos los grupos criminales a través de un proceso de diálogo acompañado de beneficios judiciales, lo cierto es que la realidad es mucho más compleja que el simple negocio del narcotráfico, pues las rutas en disputa también son epicentros de otros comercios ilegales que se nutren y son dominados por los mismos grupos armados que trafican cocaína: la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el tráfico de migrantes, el contrabando de armas, la piratería ilegal, el contrabando y lavado de dólares, entre otros. Los expertos en temas de crimen organizado han analizado durante años la manera como el narcotráfico ha acabado convirtiéndose en un amplio sistema vinculado al mercado de bienes y servicios que no sólo mueve enormes cantidades de dinero, sino que tiene estrechos vínculos con los poderes económico, político, militar y hasta religioso en algunas zonas del país.

La pregunta que surge desde la región es, ¿cómo logrará el gobierno nacional desmontar estas organizaciones criminales y, a su vez, impulsar un plan integral de sustitución de cultivos de uso ilícito?

El reto no es menor, toda vez que avanzar tras tal propósito implica un cambio efectivo en la doctrina militar, garantizando así que los liderazgos sociales y ambientales no sean vistos como el enemigo a combatir. Bien lo dijo el presidente Petro en su discurso de posesión: ‘el esfuerzo de la inteligencia militar debe concentrarse en perseguir la corrupción’. En este sentido se requiere una depuración de la fuerza pública para desmantelar los nexos con la narco criminalidad. Es de recordar que alias Gárgola era custodiado por su cuñado, un coronel activo del ejército encargado del reclutamiento militar en Putumayo. (ver https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html) Para nadie son un secreto las relaciones que tejen los grupos armados con los carteles mexicanos y brasileños en el Putumayo.

La política de Paz total es ambiciosa pero necesaria para transitar hacia una democracia efectiva, como lo es la implementación del plan de emergencia planteado por el gobierno nacional para salvar los acuerdos de La Habana, de la mano en su ejecución con la ampliación y fortalecimiento de la política para proteger y resarcir a las víctimas.

También se requiere continuar con los ejercicios de memoria histórica realizados por la Comisión de la Verdad y el Cnmh pues, como decía un campesino de la región “en el Putumayo todo está por rehacer. El conflicto armado resquebrajó el tejido comunitario”.

Por ser de colonización temprana, en esta región existen veredas que fueron reocupadas por familias de otras zonas del departamento. Muchas familias desplazadas del bajo Putumayo se asentaron en barrios y veredas de Mocoa y Villagarzón. Todas sus historias se encuentran en el olvido, aunque son claves para el esclarecimiento histórico del conflicto armado. Hay masacres que no están documentadas, como por ejemplo la ocurrida en la inspección de Siberia en el 2001.

En materia ambiental, otro componente fundamental de los cambios por garantizar, el Putumayo también requiere un pacto de paz con el territorio. Esto implica revisar el modelo de desarrollo acorde con la Amazonía. En palabras de Kristina Lyons:

Es necesario lograr que la Amazonía sea respetada, entendida como un departamento de no extracción. Hay un problema con el gobierno nacional, los cables cruzados, por un lado están con la sentencia 4360 de 2018, reconociendo la Amazonia como sujeto de derechos. El gobierno está en miles de compromisos para mitigar y frenar la deforestación, en el país y en la Amazonia. Y Obligaciones porque esos compromisos son obligaciones. Pero al mismo tiempo siguen las concesiones y las presiones de las empresas. Es algo totalmente contradictorio para las comunidades locales, donde un campesino puede ser encarcelado por tumbar un árbol, pero por otro lado ve que el gobierno está concesionando a las empresas petroleras y mineras10.

El 25 de agosto pasado, la ministra de Agricultura, Cecilia López, inició los diálogos regionales con las comunidades campesinas del Putumayo. Pero no se puede olvidar que la conservación del territorio pasa por tener en cuenta las voces de los pueblos indígenas que en cuestión de un siglo pasaron a ser una minoría que poco a poco devora el modelo de desarrollo y su método de control basado en la violencia.

Es urgente la implementación de una política social que realmente logre sacar a miles de familias campesinas, indígenas y afros de los circuitos de la economía del narcotráfico que alimenta la violencia. ¿Qué futuro tiene la juventud de una vereda sin acceso a educación de calidad? ¿Qué alternativa ofrecerle a los niños y niñas que naturalizaron la cantina, el dinero de la coca y la pistola?

Si en los próximos cuatro años el gobierno nacional no logra sentar las bases para construir un verdadero Estado Social de Derecho, es de temer que en la región se seguirá repitiendo la profecía del poeta Gonzalo Arango en su Elegía a Desquite:

“Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas”.

1 Esa misma noche, en la vereda San Carlos del municipio de San Miguel, fue asesinado el excombatiente Rigoberto López Vallejo. Los medios registraron los crímenes sin analizar la conexidad de los dos hechos de violencia cuyo patrón común es que el blanco son los firmantes de paz (desmovilizados) de las antiguas Farc.
2 Las cifras son de la Unidad de Víctimas. Para mayor información, leer: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html
3 Las cifras de Indepaz son nacionales, pero se ha extraído la información referente al Putumayo para este artículo. Consultado el 4 de septiembre de 2022: https://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/
4 Ver: https://www.eltiempo.com/justicia/paz-y-derechos-humanos/asesinan-a-jorge-santofimio-excombatiente-de-farc-en-putumayo-654223
5 https://www.desdeabajo.info/colombia/item/45127-putumayo-las-dudas-de-un-operativo-que-termino-en-masacre.html
6 Para mayor información ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html
7 Ver https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html
8 De la aparición de esta nueva estructura de las FARC da cuenta la Alerta Temprana 022 de 2022 de la Defensoría del Pueblo.
9 Para mayor información consultar: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/indigenas-awa-entre-las-seis-victimas-de-los-asesinatos-en-putumayo
10 Entrevista realizada el 14 de febrero 2022. El modelo económico y la violencia en el Putumayo es un tema por analizar en un próximo ensayo.

 

 

 

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Botas de caucho Venus, el calzado característico de los campesinos para adentrarse en los cultivos y el monte. Jardines de Sucumbíos, Foto: Miguel Winograd, https://ligacontraelsilencio. com/2018/11/01/la-sustitucion-de-cultivos-genera-discordia-y-muerte-en-putumayo/

Un fantasma recorre el Putumayo, impone sus reglas y se enraíza como parte del paisaje. De vez en cuando aparece para que nadie ignore su presencia, y escarmienta a quien se oponga.

 

¿Usted sí vio ese video que circula por ahí?, es la pregunta recurrente en los corrillos de veredas para referirse a un mensaje que circuló en las redes locales. Al parecer, los hechos que perturban la mirada de los pobladores corresponden al asesinato de Idelber Gómez el pasado 31 de julio en la vereda el Bagre del municipio de Puerto Caicedo1. La prensa reportó el homicidio de un desmovilizado porque dos personas quedaron heridas. En palabras oficiales no fue una masacre.

Al mismo tiempo, se difundieron mensajes que buscan generan terror en la población: “[…] Enciérrense –aconseja un hombre de voz asustada– porque a San Pedro salieron más de cien manes (sic) armados y aquí en Caicedo andan en unas motos de alto cilindraje ahorita”; “anda una gente rara, pilas […]”, se escucha en otro audio de WhatsApp.

En otro mensaje, una madre contó que fueron encerrados en Puerto Caicedo por “una gente armada” y sugería que no enviaran a sus hijos al colegio por seguridad. En el Putumayo ya no es necesario un hecho de violencia de alto impacto para amedrentar a la población: basta con mostrar los dientes.

¿Es ésta una nueva estrategia de los grupos armados o las nuevas tecnologías los obligan a adaptar sus métodos de terror? Antes era el panfleto debajo de la puerta o los golpecitos con la culata del fusil en las tablas de las casas. Ahora las redes sociales facilitan la difusión del pánico, que se multiplica con mayor poder que el de la ubicuidad en un departamento donde cuatro de cada diez personas fueron afectadas por el conflicto armado, y donde el impacto psicosocial de la violencia aún es difícil de dimensionar2.

En el Putumayo la violencia más aguda se vivió en la década de los 90 durante la implementación del Plan Colombia, cuando la arremetida paramilitar tomó fuerza a partir de cruentas masacres. Esta fase de atrocidades y horror aún perturba a los sobrevivientes de aquellos crímenes.

 

 

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, en lo corrido del 2022 han sido asesinados cinco excombatientes de las Farc y doce líderes comunales en el departamento3.

Los registros de Indepaz excluyen a las víctimas que no son consideradas líderes, así como a las heridas en los hechos de violencia. De no ser por ello las cifras aumentarían. Por ejemplo, en el ataque contra Jorge Santofimio Yepes el 24 de abril fueron heridos un menor de edad, una bebé de cinco meses de nacida, otro excombatiente y cinco escoltas4: un total de 9 personas víctimas de esta acción criminal que pudo configurarse en una masacre y de quienes se desconoce su estado de salud, en especial de la bebé y el menor de edad. Este grave atentado criminal fue minimizado por los medios, pero ¿cuál fue el impacto para la población de Puerto Guzmán? Una vez más, la ley que se impone es la del silencio.

En el caso de la masacre del 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Indepaz solo registra los asesinatos considerados como políticos, esto es, los de Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal y Pablo Panduro Coquinche, gobernador Kichwa del resguardo; y excluye a su esposa en estado de embarazo, al menor de edad indígena y al resto de personas que fueron asesinadas y/o desaparecidas.

Una masacre de esa magnitud trae a la memoria de los putumayenses las de El Tigre y El Placer, en 1999. En el Alto Remanso los medios primero reportaron la versión de un operativo del Ejército contra las disidencias del Frente 48 de las Farc, pero con el pasar de las horas las denuncias de la comunidad permitieron revelar la crueldad infligida a los habitantes de esta vereda.

 

 

La matanza en Alto Remanso5 –el hecho más grave de violencia de los últimos años en el departamento– generó importantes reacciones mediáticas, judiciales y políticas que a la postre no terminaron en nada. Tal fue el escándalo que la bancada de oposición promovió infructuosamente una moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, y las instituciones de control hicieron sus ya desgastados y poco creíbles anuncios de investigaciones exhaustivas que, hasta la fecha, no han arrojado resultado alguno.

Cuatro meses después del show, el gobierno de Gustavo Petro ascendió al mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, quien en su calidad de comandante de la división de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército estuvo al frente de la operación en la que fueron asesinadas un total de once personas. Correa entró a la cúpula militar como jefe de la Inspección General, lo que constituye un pésimo mensaje para la población del Putumayo que confió en un cambio de rumbo hacia la paz con base en la política de Seguridad Humana pregonada por el nuevo mandatario.


El sándwich de violencia que encierra a los excombatientes en el Putumayo


En este Departamento hay tres facciones en confrontación que surgieron de la desmovilización de las Farc en 2016: los que se desmovilizaron y se acogieron al proceso de paz pese a los incumplimientos del gobierno nacional; el sector de alias Sinaloa que continuó con sus actividades y se unió a La Constru, actualmente Comandos de Frontera, adscritos a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez; y, por último, las disidencias del Frente Primero Carolina Ramírez que comanda Iván Mordisco6. Resulta apenas lógico que los excombatientes de las Farc empeñados en mantenerse fuera de las armas y enfocarse en el trabajo social y político sean los más vulnerables dentro de este complejo sándwich, factor que explica la constancia de los asesinatos contra ese grupo de la población.

Ahora bien, la disputa se desarrolla especialmente en los centros de producción y mercado del narcotráfico. Los Comandos de Frontera controlan los principales centros urbanos del medio y bajo Putumayo, incluidos corregimientos e inspecciones claves en la comercialización de la cocaína, donde imponen sus reglas y el precio de compra de la pasta base.

Por su parte, el Frente Primero Carolina Ramírez concentra sus esfuerzos en las zonas selváticas de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo, corredor en el que se han incrementado las acciones armadas de los dos últimos años7. El dominio sobre los ríos Apaporis y Bajo Caquetá se configura como retaguardia estratégica de ese grupo disidente.

Desde el mes de julio empezó a circular un comunicado de la Columna Móvil Jhoiner Toro de las Farc, adscrita al Comando Conjunto de Occidente, grupo que al parecer ha llegado a reforzar las acciones del Carolina Ramírez en su guerra con Los Comandos de Frontera8. El panfleto ordena restricciones a la movilidad y toques de queda nocturnos por las carreteras rurales de Puerto Caicedo, Villagarzón, Orito y el corregimiento de Jardines de Sucumbíos.

Meses antes, los Comandos de Frontera habían prohibido, vía mensajes de WhatsApp, la entrada de personas extrañas a la comunidad. En otras palabras, la disputa territorial de los grupos armados se expandió a este corredor.

A finales de agosto se presentó la desaparición y posterior tortura y ejecución de seis indígenas9 en zona rural de Jardines de Sucumbíos, hecho que consternó a la población. El 26 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 022 de 2022, en la que advirtió del riesgo de violaciones masivas a los derechos humanos, en especial contra las comunidades indígenas y negras que habitan ese territorio.

Es de anotar que los Cofanes, los Awá, Los Ingas, los Murui y los Embera, hacen parte de los pueblos indígenas declarados por la Corte Constitucional, en su auto 004 de 2009, en peligro de extinción física y cultural por causa del conflicto armado. Jardines de Sucumbíos hace parte del territorio ancestral de los Cofanes, y es pilar de la ciencia del yagé.

Todos estos hechos denotan un control de la población por medio de la violencia sociopolítica, lo que el jurista Raúl Zaffaroni llamaría un “fascismo por goteo”, del que la comunidad sigue siendo víctima y el cual se agrava dada la ausencia histórica del Estado, realidad que a su vez alimenta la proliferación de los grupos armados.


La “Paz total” en el Putumayo

El conflicto armado en esta región del país escala de manera constante, en la medida que la implementación de los Acuerdos de La Habana continúa siendo letra muerta, en particular en lo referente al Programa Integral de Sustitución de Cultivos (Pnis), pues el principal músculo financiero de las agrupaciones criminales es la renta de los cultivos de uso ilícito.

De hecho, desde 2019 el corredor Jardines de Sucumbíos - La Cofania es considerado como un enclave productivo del narcotráfico por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc):

[…] para este año se consolidó el nuevo enclave Orito-Vides, localizado en la intersección entre los municipios de Orito, Villagarzón y Puerto Caicedo entre los ríos San Juan y Vides. Los centros poblados con mayor relación son Buenos Aires, El Paraíso y la Cabecera municipal de Puerto Caicedo. Este enclave concentra el 5% del total regional y cerca del 1% del total nacional. (Informe Unodc) 2020).

 

 

Aunque la propuesta de la Paz total abre la esperanza de la desactivación de todos los grupos criminales a través de un proceso de diálogo acompañado de beneficios judiciales, lo cierto es que la realidad es mucho más compleja que el simple negocio del narcotráfico, pues las rutas en disputa también son epicentros de otros comercios ilegales que se nutren y son dominados por los mismos grupos armados que trafican cocaína: la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el tráfico de migrantes, el contrabando de armas, la piratería ilegal, el contrabando y lavado de dólares, entre otros. Los expertos en temas de crimen organizado han analizado durante años la manera como el narcotráfico ha acabado convirtiéndose en un amplio sistema vinculado al mercado de bienes y servicios que no sólo mueve enormes cantidades de dinero, sino que tiene estrechos vínculos con los poderes económico, político, militar y hasta religioso en algunas zonas del país.

La pregunta que surge desde la región es, ¿cómo logrará el gobierno nacional desmontar estas organizaciones criminales y, a su vez, impulsar un plan integral de sustitución de cultivos de uso ilícito?

El reto no es menor, toda vez que avanzar tras tal propósito implica un cambio efectivo en la doctrina militar, garantizando así que los liderazgos sociales y ambientales no sean vistos como el enemigo a combatir. Bien lo dijo el presidente Petro en su discurso de posesión: ‘el esfuerzo de la inteligencia militar debe concentrarse en perseguir la corrupción’. En este sentido se requiere una depuración de la fuerza pública para desmantelar los nexos con la narco criminalidad. Es de recordar que alias Gárgola era custodiado por su cuñado, un coronel activo del ejército encargado del reclutamiento militar en Putumayo. (ver https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html) Para nadie son un secreto las relaciones que tejen los grupos armados con los carteles mexicanos y brasileños en el Putumayo.

La política de Paz total es ambiciosa pero necesaria para transitar hacia una democracia efectiva, como lo es la implementación del plan de emergencia planteado por el gobierno nacional para salvar los acuerdos de La Habana, de la mano en su ejecución con la ampliación y fortalecimiento de la política para proteger y resarcir a las víctimas.

También se requiere continuar con los ejercicios de memoria histórica realizados por la Comisión de la Verdad y el Cnmh pues, como decía un campesino de la región “en el Putumayo todo está por rehacer. El conflicto armado resquebrajó el tejido comunitario”.

Por ser de colonización temprana, en esta región existen veredas que fueron reocupadas por familias de otras zonas del departamento. Muchas familias desplazadas del bajo Putumayo se asentaron en barrios y veredas de Mocoa y Villagarzón. Todas sus historias se encuentran en el olvido, aunque son claves para el esclarecimiento histórico del conflicto armado. Hay masacres que no están documentadas, como por ejemplo la ocurrida en la inspección de Siberia en el 2001.

En materia ambiental, otro componente fundamental de los cambios por garantizar, el Putumayo también requiere un pacto de paz con el territorio. Esto implica revisar el modelo de desarrollo acorde con la Amazonía. En palabras de Kristina Lyons:

Es necesario lograr que la Amazonía sea respetada, entendida como un departamento de no extracción. Hay un problema con el gobierno nacional, los cables cruzados, por un lado están con la sentencia 4360 de 2018, reconociendo la Amazonia como sujeto de derechos. El gobierno está en miles de compromisos para mitigar y frenar la deforestación, en el país y en la Amazonia. Y Obligaciones porque esos compromisos son obligaciones. Pero al mismo tiempo siguen las concesiones y las presiones de las empresas. Es algo totalmente contradictorio para las comunidades locales, donde un campesino puede ser encarcelado por tumbar un árbol, pero por otro lado ve que el gobierno está concesionando a las empresas petroleras y mineras10.

El 25 de agosto pasado, la ministra de Agricultura, Cecilia López, inició los diálogos regionales con las comunidades campesinas del Putumayo. Pero no se puede olvidar que la conservación del territorio pasa por tener en cuenta las voces de los pueblos indígenas que en cuestión de un siglo pasaron a ser una minoría que poco a poco devora el modelo de desarrollo y su método de control basado en la violencia.

Es urgente la implementación de una política social que realmente logre sacar a miles de familias campesinas, indígenas y afros de los circuitos de la economía del narcotráfico que alimenta la violencia. ¿Qué futuro tiene la juventud de una vereda sin acceso a educación de calidad? ¿Qué alternativa ofrecerle a los niños y niñas que naturalizaron la cantina, el dinero de la coca y la pistola?

Si en los próximos cuatro años el gobierno nacional no logra sentar las bases para construir un verdadero Estado Social de Derecho, es de temer que en la región se seguirá repitiendo la profecía del poeta Gonzalo Arango en su Elegía a Desquite:

“Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas”.

1 Esa misma noche, en la vereda San Carlos del municipio de San Miguel, fue asesinado el excombatiente Rigoberto López Vallejo. Los medios registraron los crímenes sin analizar la conexidad de los dos hechos de violencia cuyo patrón común es que el blanco son los firmantes de paz (desmovilizados) de las antiguas Farc.
2 Las cifras son de la Unidad de Víctimas. Para mayor información, leer: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html
3 Las cifras de Indepaz son nacionales, pero se ha extraído la información referente al Putumayo para este artículo. Consultado el 4 de septiembre de 2022: https://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/
4 Ver: https://www.eltiempo.com/justicia/paz-y-derechos-humanos/asesinan-a-jorge-santofimio-excombatiente-de-farc-en-putumayo-654223
5 https://www.desdeabajo.info/colombia/item/45127-putumayo-las-dudas-de-un-operativo-que-termino-en-masacre.html
6 Para mayor información ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html
7 Ver https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html
8 De la aparición de esta nueva estructura de las FARC da cuenta la Alerta Temprana 022 de 2022 de la Defensoría del Pueblo.
9 Para mayor información consultar: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/indigenas-awa-entre-las-seis-victimas-de-los-asesinatos-en-putumayo
10 Entrevista realizada el 14 de febrero 2022. El modelo económico y la violencia en el Putumayo es un tema por analizar en un próximo ensayo.

 

 

 

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Publicado enEdición Nº295
Ciudadanos de Nuew York participan en una protesta contra el presidente iraní Ebrahim Raisi, en el exterior de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.- AFP

"La diferencia de tamaño, vitalidad, voz, desarrollo, calidad muscular y fuerza física entre un hombre y una mujer demuestran que los hombres son más fuertes y más capaces en todos los campos". Así justificó el expresidente del régimen Islámico (RI) Hashemi Rafsenyani la inclusión de las mujeres iraníes en las leyes de su teocracia en la categoría de Untermenschen (subhumanos), término que los nazis empleaban para los seres humanos considerados inferiores y carentes de derechos de humanos, o sea ellos. El velo es una señal exterior y visible de este estatus, al igual que la insignia amarilla pegada a la vestimenta de los judíos y la azul a la de los cristianos durante el califato árabe de Omar II (682-720). No se trata de ocultar el pelo de la mujer, para ello podrían ponerse un gorro. Sin embargo, al ser esta prenda utilizada por los hombres, -seres de pleno derecho-, romperían el orden social, crearían confusión y terminaría con la pérdida del control social por parte de los poderosos. Por esto el judaísmo y el islam prohíben el travestismo.

Y aunque Mahsa Amini, cumplía con el sistema de marcación social establecido, su belleza llamó la atención de los talibanes de la patrulla Ershad. «Orientar hacia el buen camino» que vigila el velo de las mujeres para mantenerlas a raya empleando la pedagogía del terror: en plena calle fue separada de su familia, de origen kurdo y de visita turística en Teherán, y trasladada a la comisaría para recibir la dosis de la lecciónislámica que hemos recibido millones de mujeres iraníes: humillaciones, bofetadas y más que probables abusos sexuales. La resistencia de la joven les hizo perder el control: dos días después falleció en el hospital, encendiendo la mecha de un hartazgo y odio acumulado de toda una nación durante 43 años hacia el régimen clerical y su guardia pretoriana.

Decía Marx que los cambios cuantitativos evolucionan, forzando transformaciones cualitativas. Y es justamente lo que está sucediendo, aunque los mulá, enemigos de la ciencia, no salen de su asombro: ¿Por qué protesta esta gente, si siempre hemos torturado, violado y matado?

Ya han matado a al menos a 17 personas, y hay decenas de heridos y cientos de arrestados. La masacre esperada no ha sucedido todavía (en las protestas por la subida del precio de gasolina hubo cerca de 600 muertes), porque Ebrahim Raisi, el actual presidente del RI, se encontraba en EEUU asistiendo a la Asamblea General de la ONU, y no quería críticas también por sus anfitriones.

Los rasgos de la nueva rebelión popular

- No solo la participación, sino también el liderazgo absoluto de las mujeres (apoyadas por los hombres) en las protestas recuerdan el primer desafío de los iraníes al jomeinismo: fue el 8 de marzo de 1979, cuando unas 200.000 mujeres (y muchos hombres) ocuparon las calles de Teherán en protesta por la orden de Jomeini para forzar a las iraníes a llevar el velo bajo durísimos castigos. Meses antes, en su entrevista con Oriana Fallaci en Paris, el caudillo del RI, que jugaba el papel de un teólogo de liberación, había dicho: "No habrá obligatoriedad en el velo" y "hasta los comunistas podrán estar libres en el futuro Estado Islámico", poco después fueron ejecutados miles de ellos. Luego desató a sus matones en las calles, equipados de cadenas de acero, ácido y barras de hierro para golpear a las mujeres mientras gritaban: "Ya rusari, ya tusari (el velo o la paliza)".

- Por primera vez, "la cosa de las mujeres", si existe, y su demanda para recuperar el control sobre sus propios cuerpos, se ha convertido en el centro de las reivindicaciones de todos los sectores sociales.

- Las mujeres arrancan, de forma colectiva, sus velos delante de las fuerzas de opresión del RI, algo que sucedía, pero de forma individual y anecdótica.

- La sólo lucha por la "liberalización del velo" no explicaría la dimensión del actual estallido social: desde hace un año, las huelgas y manifestaciones de la clase obrera, las clases medias, los yayoflautas, estudiantes universitarios, intelectuales, ecologistas, las minorías étnicas y las minorías religiosas (como la limpieza religiosa contra los bahaíes), han sido imparables, y eso a pesar de estar prohibidas en este "Reino de Dios". La causa de Mahsa ha conseguido unificar las protestas aisladas y sectoriales. Y esto es lo que le separa de las protestas del 2019, que fue por una cuestión puntual y que afectaba a solo un sector.

- Ahora, las manifestantes ya no piden reformas, sino que apuntan directamente a un capitalismo totalitario religioso, despiadado (de cortar las manos de los robagallinas mientras sólo en la petroquímica de Isfahán, ha estafado al Estado al menos 19 millones de euros; a una casta mafiosa que utiliza la supraestructura de corte medieval aterrorizando a la población para saquear uno de los países más ricos del planeta, llevando a la extrema pobreza a cerca del 70% del país, según los datos oficiales. La lucha por los derechos civiles, en el marco del RI, ha fracasado, y el pueblo va hacia el derrocamiento del régimen islámico, al que dio demasiadas oportunidades.

- Las mujeres han ido cambiando sus formas de protesta poniendo a prueba la reacción del RI. Con 'los miércoles blancos' -señal de la lucha pacífica- y negarse a que el RI determine hasta el color de esta prenda, que debía ser oscura: negra, marrón, gris y azul marino; luego pasaron al movimiento individual de "Las chicas de la calle de la Revolución", arrancarse el velo y agitarlo en un palo por las calles céntricas del país.

- Que la mayoría de estas mujeres hayan nacido en la teocracia islámica demuestra que ni los 75 latigazos establecidos por la Sharia a las rebeldes, ni la cárcel, la tortura y la violación, ni la propaganda de 43 años sobre las "bondades del velo" han servido para someter a las mujeres de Irán con un siglo de lucha feminista a sus espaldas.

- Ante la posibilidad de que el RI provocase una guerra civil, aplastando, una vez más, a los kurdos, la consigna de "¡Kurdistán, eres la luz de Irán!", se está escuchando por todo el país, advirtiendo al régimen.

- La preocupación por la caída del RI es tal que la propia prensa gubernamental pide el desmantelamiento de la patrulla Ershad. Quizás demasiado tarde.

¡Es fascismo, no fundamentalismo!

La revolución antiimperialista, antimonárquica y democrática de Irán, sucedida en la frontera de la URSS en 1978, había sido abortada por el pacto firmado entre los G4 (EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania) y la extrema derecha anticomunista chiita, en la isla centroamericana de Guadalupe. El mismo año, en otros dos países vecinos de la URSS, Afganistán y Polonia, la extrema derecha patrocinada por EEUU asalto sus estados socialistas.

Un jomeini desconocido para los iraníes, fue llevado de Irak a Francia ¡país de la OTAN!, y después de tres meses de una brutal publicidad para convertirle en "líder", fue trasladado a Teherán en un Air France y escoltado por los cazas franceses, para instalar lo que (si no me equivoco), el primer régimen de corte fascista después de la Segunda Guerra Mundial, pero con un toque especial: el terror lo gestionaban los tribunales de inquisición. De hecho, Ebrahim Raisi, fue un juez que firmó la ejecución de miles de presos y presas políticos, principalmente de izquierda. De allí, la lógica de la alianza entre los muyahedines del Pueblo de Irán con el vox español.

Conozcamos un totalitarismo religioso

- Para empezar, prohibió a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones feministas, estudiantiles, intelectuales, etc. y las libertades políticas y sociales, arrebatando al pueblo la única herramienta con la que podrían luchar: la organización. Con esta medida, además, el RI eliminó a los "intermediarios" entre el pueblo y el poder: haciendo que el choque entre ambos fuese directo. Así consiguieron medir la barba de los hombres y el color de las uñas de las adolescentes.

- Imponer el velo fue la segunda medida de Jomeini tras tomar el poder, y la primera tampoco fue repartir los beneficios del petróleo, sino abolir la Ley de Familia, bajando la edad nupcial de 18 a 8 años para las chicas, legalizando la pedofilia, y arrebatar todos los derechos conquistados por las mujeres en un siglo: aborto, divorcio, libertad de movimiento, de matrimonio, de homosexualidad, etc. Al imponer la uniformidad, eliminaba las singularidades entre los "ciudadanos", para convertirlos en una "masa" a la que se pueda dar la forma que desea el poder.  Despolitizar el velo, y presentarlo como algo "auténtico y anticolonial" sólo pudo engañar a los occidentales poco doctos que lo apoyan y rompen la solidaridad internacional feminista. Esta prenda es la bandera de la extrema derecha islámica.

- Al ser profundamente misóginos, glorifican a la mujer sumisa, depositaria de los valores de la "comunidad", mientras consideran al feminismo y el derecho a la igualdad una aberración antinatural. Los "valores islámicos para la mujer", o sea, convertirle en un mero objeto sexual es el principal motivo de convertir a Irán "islámico" en el principal país del mundo en las cirugías estéticas.

- La división de la sociedad entre los hombres y las mujeres, que no los ricos y los pobres, y aplicar el apartheid contra la mujer ha sido una táctica política, dentro de "divide y vencerás": luego fueron a por los hombres, el número de los pelos de su barba, sus pantalones cortos, etc.

- La Constitución del Estado totalitario masculino regentado por el Führer reserva el puesto del liderazgo solo para los hombres.

- El Estado centralista pisa los más elementales derechos de las al menos doce minorías étnicas, que en Irán componen la mayoría de la población. Por la mala suerte del RI y para más inri, Mahsa era kurda, de la región más reprimida, pero más combativa (principal feudo de la izquierda) y más militarizada del país. Le costará al régimen volver a ahogarla, siendo Kurdistán una de las tres provincias iraníes capaces de derrocar a un régimen: los otros dos son Teherán y Azerbaiyán.

- Al resucitar mitos antiguos, e incluso inventarlos, los misóginos se visten de feminismo islámico y afirman que Arabia (Saudí), que el único país del planeta donde hoy las mujeres ni pueden votar fue hace catorce siglos la cuna de la liberación de la mujer, sin ruborizarse.

- Usa la represión sexual como método de manipulación y de control social, por lo que prohíbe las relaciones fuera del matrimonio, entre personas del mismo sexo, el adulterio, la fornicación, etc. creando personas psicológicamente desequilibradas, disparando la cifra de violaciones e incluso en su forma del incesto.

- Aplica el llamado "fascismo social": las mujeres no podrán contraer matrimonio con un hombre fuera del grupo, hecho llamado por los nazis «ley de bronce»: porque reduce la calidad biológica de los descendientes, mientras, el RI sí que permite a los hombres casarse y tener hijos con mujeres de otras religiones semíticas, porque los vástagos deben practicar la religión del padre.

- La militarización de la sociedad, a través de la creación de decenas de cuerpos  armados, contratando a los desclasados y el lumpenproletariado (como los talibanes), para el control social: han sido instalados en los barrios (con sede en las mezquitas), hospitales, colegios, universidades, fabricas, playas, empresas, etc. Los Basiy (reclutas) son de la viva imagen de los escuadristas, los Camicie Nere italianos, montados en las patrullas de la moral tiene la misión de aterrorizar a los ciudadanos convertidos en súbdito y rebaño, al igual que colgar a los seres humanos de las grúas en las plazas céntricas, que recuerdan a las hogueras de la Inquisición.

- Una de las diferencias entre una dictadura y un fascismo es que, mientras la primera se apoya en una pequeña élite, el segundo cuenta con una base social, a veces parte de la clase obrera. El RI ha ido perdiendo esta base (ya ni paga como antes a los heridos de la guerra de Irak, que se manifiestan en sus sillas de rueda por una pensión digna), y ahora es una mediocre dictadura aislada a nivel nacional e internacional.

- Al igual que es profundamente anticomunista, por su rechazo hacia un sistema igualitario, se opone, no al imperialismo (pues mantiene magníficas relaciones con Francia o Alemania), sino a las libertades conquistadas por los ciudadanos en Occidente: que Hitler atacase Inglaterra o Francia no le convertía en una potencia "anticolonial".

- Discursos populistas para estafar a las masas: Hitler llamó a su partido  "socialista" y "obrero", cuando en su programa mostraba que era un capitalista absolutista. El fascismo religioso también ha robado los términos utilizados por la izquierda como el "imperialismo".

- Promover el pensamiento único y homogéneo. Pensar y tener ideas distintas conduce al paredón.

- Recurrir a las emociones y la fe, que no a la razón.

- Expansionismo militar, con el único fin de acceder a los recursos ajenos y nuevos mercados, y financiar grupos reaccionarios medievales: ¿O no está peor hoy la situación de los palestinos, por ejemplo, que hace 45 años? Los iraníes están en contra de las injerencias del RI en los países de la región, derrochando miles de millones de euros en sobornar a jeques y ayatolás en detrimento de los partidos progresistas, para que protegieran al RI, que no a los iraníes. Ningún estado extranjero ha matado a tantos conciudadanos iraníes como los que ocupan hoy el poder en Teherán.

Las revoluciones suceden cuando los de "arriba" no puedan gobernar como antes, y los de "abajo" ya no quieran ser gobernados como antes. El proceso del fin del RI se acelera, y en ello pueden influir:  a) La muerte del caudillo Ali Jamenei, de 82 años y b) el inevitable empeoramiento de la situación de Irán, principalmente, debido a la incompetencia de un clérigo que pretende gestionar un país del siglo XXI con las recetas del siglo del nacimiento del islam en Arabia

Para las potencias mundiales, esta crisis, si continúa, será un problema aun mayor que la guerra de Ucrania, que de todas formas está bajo su control.

Las grandes protestas sociales suelen suceder en varias ocasiones, pero los regímenes caen solo una vez. Empieza la cuenta atrás.

23 septiembre 2022

Publicado enInternacional
Sube el saldo de muertos en las protestas en Irán

La televisión estatal iraní confirmó 17 muertos mientras que la ong Derechos Humanos de Irán reportó 31. Estados Unidos impuso sanciones a la policía de la moral iraní.

 

La televisión estatal iraní anunció este jueves 17 muertes desde el comienzo de las manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini. Por su parte, la ong Derechos Humanos de Irán (IHR) reportó la muerte de 31 personas en manos de la fuerza de seguridad. Estados Unidos impuso sanciones a la policía de la moral iraní.

La ONG IHR publicó un comunicado en que el denuncia la cantidad de 31 personas que murieron manifestando por la sospechosa muerte de la joven de 22 años. "El pueblo de Irán ha salido a las calles para lograr sus derechos fundamentales y su dignidad humana y el gobierno está respondiendo a su protesta pacífica con balas", dijo su director Mahmood Amiry-Moghaddam en un comunicado, luego de seis días consecutivos de protestas.

IHR se encarga de empoderar a la sociedad civil iraní para luchar por sus derechos basándose en la declaración universal de los derechos humanos. “Las fuerzas represivas de la República Islámica están disparando a los manifestantes con balas de guerra y perdigones," dijo el director de IHR. "La condena y la expresión de preocupación por parte de la comunidad internacional no son suficientes. La comunidad internacional y todos aquellos que se adhieren a los derechos humanos ahora deben apoyar las demandas del pueblo iraní”, tuiteó la organización junto con imágenes que muestran a fuerzas de seguridad iraníes reprimiendo a manifestantes.

La versión oficial

La televisión estatal iraní anunció este jueves que al menos 17 personas murieron en las protestas que sacuden Irán por la muerte de Amini, que fue detenida por llevar mal el velo. "Diecisiete personas han muerto, entre ellas policías, en los incidentes de los últimos días", afirmó la Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB), que aseguró que se trata de su recuento y que no son datos gubernamentales.

Hasta ahora las autoridades habían confirmado la muerte de ocho personas, entre ellas tres miembros de las fuerzas de seguridad. Las protestas comenzaron el viernes tras conocerse la muerte de Amini luego de ser detenida por la Policía de la moral por llevar mal el velo y se han ido extendiendo por el país.

Con gritos como "Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio", "Mujeres, vida, libertad" o "Muerte al dictador”, los manifestantes mostraron su indignación en al menos 20 ciudades del país, en unas protestas en las que la violencia se intensificó con las fuerzas de seguridad recurriendo a material antidisturbios.

En los choques de este miércoles a la noche, los manifestantes quemaron al menos dos comisarias y varios vehículos. Algunos videos compartidos en Twitter por activistas y periodistas mostraron protestas en numerosas ciudades del país este miércoles a la noche. Otros vídeos mostraron a mujeres quemando velos, unas imágenes que se convirtieron en símbolos de las protestas.

https://twitter.com/IHRights/status/1573004694351679488

En la ciudad de Rasht, en el noroeste, una mujer anciana marchó sin velo mientras gritaba "Muerte al dictador", según mostró uno de los vídeos. “Los iraníes, los jóvenes y los ancianos han defendido su dignidad humana y contra el brutal régimen de Alí Jamenei. Las autoridades respondieron con violencia generalizada. Los líderes mundiales deben mostrar su apoyo a la gente”, publicó el director de IHR.

Internet está prohibido

El Gobierno bloqueó este miércoles a la noche el internet móvil casi completamente y limitó aplicaciones como Whatsapp e Instagram en un aparente intento por controlar las protestas. El estado de las comunicaciones mejoró por la mañana de este jueves, pero por la tarde comenzó a fallar de nuevo. Las redes sociales, en especial Twitter, están jugando un papel importante, con los manifestantes publicando cientos de vídeos en ellas.

Ante esta situación, la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán calificó este jueves a las protestas de "sedición" y pidió al Poder Judicial que juzgue a los que diseminan "rumores y mentiras" en las redes sociales y en las calles. Una petición a la que se sumó el diario ultraconservador Kayhan, cuyo director es elegido por el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, que criticó al Poder Judicial por aparentemente no condenar a nadie por las protestas. "No tengan piedad con estos criminales", pidió el periódico.

Amini fue detenida el martes de la pasada semana por la llamada Policía de la moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación por llevar mal el velo. Murió tres días más tarde en un hospital adonde llegó en coma tras sufrir un ataque al corazón, que las autoridades atribuyeron a problemas de salud, algo que la familia rechazó.

Su muerte logró convocar a miles de iraníes a través del dolor y la empatía, a diferencia de otras ocasiones en las que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos sociales movilizados por la economía. 

Estados Unidos castiga a la policía de la moral iraní

Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas a la policía de la moral de Irán luego de la muerte bajo custodia de Amini. El Tesoro estadounidense dijo que la policía de la moral era responsable de la muerte de Amini y fundamentó las sanciones por el abuso y la violencia contra las mujeres iraníes y la violación de los derechos de los manifestantes pacíficos iraníes.

Washington tomó la medida de las sanciones tras el estallido de violentas protestas en todo Irán. Mujeres manifestantes quemaron velos y denunciaron la persecución de que son objeto de parte del gobierno.

"Mahsa Amini fue una mujer valiente cuya muerte bajo custodia policial fue otro acto de brutalidad de las fuerzas de seguridad del régimen iraní contra su propio pueblo", dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. "Condenamos este acto inconcebible en los términos más enérgicos y llamamos al gobierno iraní a que ponga fin a su violencia contra las mujeres y a su violenta represión de la libertad de expresión y reunión", señaló en un comunicado.

En términos similares, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que el gobierno iraní debe poner fin a su persecución sistemática de las mujeres y permitir las protestas pacíficas. En un comunicado agregó que Estados Unidos continuará expresando su apoyo a los derechos humanos en Irán y pedirá cuentas a quienes los violen.

Las sanciones del Tesoro tienen como objetivo congelar activos que los designados puedan tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos y prohibir que cualquier individuo o empresa estadounidense, incluidos los bancos internacionales con operaciones en el país, hagan negocios con ellos, limitando su acceso a las redes financieras globales

Publicado enInternacional
Foto Cric.

Desde la Casa de Nariño, mostrando autoridad, el pasado 30 de agosto el gobierno nacional envió una advertencia de desalojar, en un plazo máximo de 48 horas, a los responsables de la “invasión de tierras” en zonas como Valle del Cauca, Cauca, Huila y Cesar. De acuerdo al Gobierno, lo allí manifestado son conductas “reprochables”. Su llamado fue a “[…] respetar la propiedad privada”.

De esta manera empezó la primera puja entre el gobierno del Pacto Histórico y algunos sectores de los movimientos sociales –en especial indígenas y campesinos– que demandan tierra desde hace décadas sin encontrar eco positivo. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la tenencia de tierra según diversos informes, entre ellos el de Oxfam1.

Desigualdad y concentración de la propiedad de la tierra que no solo se mantiene sino que crece desde hace décadas, arrojando en la actualidad un coeficiente Gini a nivel nacional superior al 0.83. No puede ser diferente: existen 5 mil 842 Unidades Productoras (0.25% del número total) con un área superior a 1.000 hectáreas, cuya área acumulada asciende hasta unos 80.4 millones de hectáreas (74% del área total)2. Además, según un estudio de Oxfam a partir del último Censo Agropecuario realizado en el 2014 por el Dane, las pequeñas fincas se han fragmentado aún más, perdiendo cada vez más territorio: hoy el 80 por ciento de las fincas tienen menos de 10 hectáreas y no llegan a ocupar ni el 5 por ciento de la superficie total censada3.

Una realidad que demuestra que el país ha transitado durante décadas por vía contraria a la que ocupa la justicia social, materializada en este caso en la negación al recurso insustituible para quienes tienen en la tierra la vía fundamental para solventar sus vidas.

Sobre estos tópicos, en entrevista con desdeabajo Sebastián Giraldo, dinamizador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –Acin–, resaltó con visión histórica que el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric– empezó el proceso de recuperación de tierras en los años 60 en unidad con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc–.

Sentado y cuchareando su plato de comida, a cuyo fondo las luciérnagas dejan rastro de su sonido, Sebastián recordó: “Hubo dos fincas muy emblemáticas en las que ingresaron varias comunidades indígenas en esa época: El Credo, en la parte alta de Caloto y otra finca en Silvia. Desde ahí hubo todo un proceso de Reforma Agraria o de Revolución Agraria, por así decirlo, desde entonces han sido recuperadas alrededor de 70 mil hectáreas de tierra en el Cauca, tierra que pasó de manos de los grandes terratenientes a varias de las comunidades, en un proceso que tomó más de 20 años. Las últimas recuperaciones de esa gran oleada terminaron en 1996, más o menos, luego de ejecutada en el año 91 la masacre en la finca El Nilo en Caloto y en la que fueron asesinados 20 indígenas, producto de lo cual hubo una reparación que implicó la entrega de las últimas fincas. Una reparación parcial porque todavía no se ha entregado el total de las 15 mil hectáreas que el Estado quedó comprometido a indemnizar”.

Con la última oleada de recuperación de tierras, que hoy llaman liberación de la madre tierra, que empezó el 15 de diciembre de 2014 y hasta la fecha, son bastantes las haciendas ocupadas. Según Sebastián, alrededor de 27 fincas hay en proceso de recuperación en todo el norte del Cauca, más o menos unas 12.600 hectáreas. Es por ello que le preguntamos:

—Denuncian distintos sectores que los indígenas tiene mucha tierra. ¿Qué de real tiene esto? Y su respuesta fue inmediata y precisa:
—“Si bien es cierto lo informado por la Agencia Nacional de Tierras, de que los pueblos indígenas en resguardos constituidos tienen 33 millones de hectáreas, la mayoría de esas hectáreas no son del pueblo nasa ni están en el Cauca, están en departamentos de la región Amazónica y Orinoquia, y también en La Guajira. Si se mira en detalle, esos millones de hectáreas son selvas, bosques y áreas de protección ambiental.

Por su parte, de los 3 millones de hectáreas que tiene el Cauca solo el 17 por ciento es de resguardos indígenas, de ellas más o menos 600 mil hectáreas entre resguardos coloniales y republicanos; pero en el norte del Cauca, que es donde tiene más fuerza el proceso liberador de tierras solo se cuenta con algo así como 89 mil hectáreas para una población de 130.700 personas, más o menos 43 mil familias.

Además, y esto no puede olvidarse, la mitad de estas 89 mil hectáreas tienen restricciones de uso por diferentes factores, sobre todo porque son reservas forestales y parques naturales (ley 2 de 1959) y, las solicitudes de ampliación y aprobación de nuevas tierras para sus pobladores han estado muy demoradas”.

 


Promesas incumplidas
y contrarreforma


El problema de la tierra ha tenido varios intentos de solución vía reformas agrarias –fallidas– en Colombia. Así sucedió, por ejemplo, con la ley 200 de 1936, desmontada con la ley 100 de 1944 y más tarde la ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora–, ley incumplida y al final desmontada con el famoso Pacto de Chicoral y con la ley 4 de 19734; otra pretensión de reforma es la resumida en la ley 160 de 1994, impulsada por el actual Ministro de Hacienda, una reforma limitada, según recomendaciones del Banco Mundial, a la promoción de un mercado “libre” de compra y venta de tierras5. En consecuencia le preguntamos a Sebastián Giraldo:

—El Ministerio de Agricultura ha anunciado una Reforma Agraria, ¿cómo podría hacerse efectiva en el Cauca?
—“Para que sea efectiva la Reforma Agraria tiene que hacerse un gran diálogo social entre distintos sectores, para tratar de superar por esa vía las fronteras étnicas con que pretenden ennublar el inmenso faltante de tierra que afecta a estos pueblos. En la lucha por tierra, como lo he comentado, hubo avances desde 1991 en la garantía de derechos en comunidades étnicas, pero no así en el sector campesino.

Como resultado de ello el campesinado giró a algo así como una etnización estratégica, tratando de asimilarse como sujetos antropológicamente diferenciados y, por tanto, sujetos de derechos. Pero de los impactos negativos de ese multiculturalismo colombiano, por así decirlo, tenemos que ahora resaltan el discurso que diferencia indígenas, afros o campesinos. En ocasiones una cosa se vuelve contraria de la otra y se vuelve peligrosa, en este caso las fronteras étnicas llegan a ser fuentes generadoras de conflictos que impiden una articulación de todos los sectores sociales que necesitan la tierra.

Entonces, lo primero que ahora nos urge es hacer un gran diálogo escalonado entre comunidades para ir buscando un lenguaje inclusivo que vaya desmontando las fronteras de lo étnico y permita sumar fuerza social, y así poder afrontar la lucha por el derecho a la tierra al unísono, como negados, excluidos y pobres que somos.

 

 

Precisar acá, que si bien hubo avances en el Cauca aún la concentración de la tierra sigue siendo muy grande, con un Gini de 0,9, siendo uno de los más grandes del país y en el norte del Cauca rondando el de 0,7”.

Las circunstancias de vida no mejoran, y además continúa la situación de violencia en esa región. Aparte de la íntimidante advertencia del Gobierno de turno para que las comunidades desalojen los predios recuperados, actualmente el asedio paramilitar en la zona del norte del Cauca tiene una alta intensidad de victimizaciones en municipios como Corinto, Gauchené, Santander de Quilichao y Caloto. Allí, paramilitares de las Águilas Negras –bloque Suroccidental– y las AGC, en asociación con el llamado Cartel de Sinaloa, amenazan a través de panfletos y mensajes de texto dirigidos a líderes sociales de base, especialmente de comunidades étnicas y campesinas que apoyan el proceso de implementación de los acuerdos de paz (Defensoría del Pueblo, 2019, 2020, 2021)6. Una realidad que invita a que seamos y actuemos como un solo dique, que también deja correr sus aguas cuando es necesario.

Una realidad de injusticia y violencia, además de presión íntimidante de parte del Gobierno, que llevó a que la Acin se pronunciara, precisando: “La espada de Bolívar no puede ser envainada hasta que no se haga justicia frente a la extrema inequidad que el dominio colonial ha dejado sobre el derecho al acceso y uso equitativo de los frutos que provee la madre tierra, usurpada de manera violenta de la mano de los grandes terratenientes y empresarios a sus habitantes originarios, pero será siempre el diálogo y no la violencia, nuestra apuesta y nuestro compromiso por el Cauca y Colombia”.

Acotación indígena que invita a recordar las palabras pronunciadas por el Presidente Petro el 7 de agosto, al ordenar traer la espada de Bolívar: “Llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros y nosotras. Y quiero que nunca más este enterrada ni retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario El Libertador, cuando haya justicia en este país, que sea del pueblo, es la espada del pueblo”. ¿Cuándo llegará esa justicia que hará envainar la espada? ¿En 48 horas?

De sur a norte

Las horas del reloj no se detienen y tampoco frenan la crítica y compleja situación de violencia con que pretenden distintos actores bloquear los procesos de recuperación de tierras en el Cesar, donde la mayor tensión y vulneración de derechos humanos se encuentra en los municipios de Astrea, exactamente en el predio Génova; en Chimichagua, con los predios rurales Santa María y La Oficina; en Tamalameque, vereda Bocas, con los predios de Machín, Berlín y Los Mangos; en San Martín, por el corregimiento Puerto Oculto está el predio El Reposo. También en el Magdalena en el municipio de El Banco, y en Santander en el municipio de Río Negro.

Jorge Niño, abogado del equipo de trabajo del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en entrevista con desdeabajo contó sobre la situación de los 62 procesos que acompaña en el Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur y centro del Cesar, y los Santanderes. Todos hacen parte de la Comisión de Interlocución, todos procesos de tierra de comunidades campesinas víctimas y revictimizados en el marco del conflicto armado interno de Colombia.

—¿Cómo está la situación en esos municipios y predios?
—Estos procesos están muy críticos, con presencia de actores armados, que al parecer cumplen órdenes de poderes e intereses políticos y económicos de terratenientes, empresarios agroindustriales y ganaderos de la zona.

—¿Son casos de campesinos que han sido desplazados o han sufrido de procesos de violencia, o solo campesinos sin tierra?
— Son procesos de recuperación de tierra y defensa del territorio de población campesina y agrominera que han sido desplazados y han sufrido violencia; son víctimas del conflicto armado por desplazamiento y despojo de tierras. También de otros hechos como amenazas, desaparición y homicidios.

—¿Las fincas ahora ocupadas hacen parte de un reclamo jurídico?
— Estos son predios de zona rural y hacen parte de procesos jurídicos, más que jurídico van por vía administrativa y algunos otros en el Consejo de Estado en donde hemos instaurado demandas contra actos administrativos proferidos en su época por el Incora, entidad que adjudicó baldíos reservados, y que por su misma naturaleza no debieron salir del dominio público al dominio. privado. Al ser adjudicados están siendo utilizados para proyectos ganaderos y agroindustriales con afectación del ecosistema, desaparición y desviación de cauces de ríos, con un impacto ambiental bastante grave para las comunidades campesinas que viven en ese territorio desde la época de los grupos paramilitares, padeciendo despojó y desplazamiento.

Actuar paramilitar que continúa hasta la fecha y con antecedentes en el Nororiente colombiano con el asesinato de líderes sociales como Aldemar Parra García, presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar en 2017; Fabiola Fajardo Ayala, lideresa de la vereda La Colorada e integrante del Movimiento Resistencia a la Minería en el Carmen de Chucurí en 2018, y el de Lede María Ortega Ortiz, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mundo Nuevo, asesinada en 2019 en El Tarra, Norte de Santander7.

¿Qué vendrá?

No pasaron ni 48 horas y el Cric denunció el 2 de septiembre que en Caloto el Esmad utilizó armas de fuego: “Inician no los desalojos sino ataques a comunidades reclamantes de tierra en Caloto a solo 6 horas después de encuentro con ministros”, escribió la organización. Acciones gubernamentales que dejan el panorama lleno de niebla para los sectores reclamantes de tierras que históricamente han exigido una justa e integral Reforma Agraria, pero al mirar atrás ven cómo sus intentos por garantizar un derecho fundamental quedan de nuevo como dos espejos que se miran frente a frente.

 

1 Cardona Antonio José. (18 de abril de 2018). Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. www.mongabay.com
2 Garay Luis Jorge, Desigualdad y exclusión social, ilegalidad y conflictividad. Ediciones Desde Abajo, 2022.
3 Oxfam, Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. www.oxfam.org, 4 de julio de 2017.
4 Soluciones agrarias. Reforma agraria, portón para la paz, Volumen 7/8, Ediciones Desde Abajo, 2007, p. 55.
5 Chaparro Pablo, Delgado Julián, Cote Luis, ¿La era de la reforma agraria?, 7 de septiembre de 2022, www.jacobinlat.com
6 Giraldo Javier, Alzate Leonardo, Muggenthaler Ferdinand, Peters Stefan, ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografía de una paz violenta en Colombia, Fundación Rosa Luxemburgo, 2022, p. 169.
7 Ibíd., p. 129.

 

 

Para adquirir la suscripción:

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Publicado enEdición Nº295
Foto Cric.

Desde la Casa de Nariño, mostrando autoridad, el pasado 30 de agosto el gobierno nacional envió una advertencia de desalojar, en un plazo máximo de 48 horas, a los responsables de la “invasión de tierras” en zonas como Valle del Cauca, Cauca, Huila y Cesar. De acuerdo al Gobierno, lo allí manifestado son conductas “reprochables”. Su llamado fue a “[…] respetar la propiedad privada”.

De esta manera empezó la primera puja entre el gobierno del Pacto Histórico y algunos sectores de los movimientos sociales –en especial indígenas y campesinos– que demandan tierra desde hace décadas sin encontrar eco positivo. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la tenencia de tierra según diversos informes, entre ellos el de Oxfam1.

Desigualdad y concentración de la propiedad de la tierra que no solo se mantiene sino que crece desde hace décadas, arrojando en la actualidad un coeficiente Gini a nivel nacional superior al 0.83. No puede ser diferente: existen 5 mil 842 Unidades Productoras (0.25% del número total) con un área superior a 1.000 hectáreas, cuya área acumulada asciende hasta unos 80.4 millones de hectáreas (74% del área total)2. Además, según un estudio de Oxfam a partir del último Censo Agropecuario realizado en el 2014 por el Dane, las pequeñas fincas se han fragmentado aún más, perdiendo cada vez más territorio: hoy el 80 por ciento de las fincas tienen menos de 10 hectáreas y no llegan a ocupar ni el 5 por ciento de la superficie total censada3.

Una realidad que demuestra que el país ha transitado durante décadas por vía contraria a la que ocupa la justicia social, materializada en este caso en la negación al recurso insustituible para quienes tienen en la tierra la vía fundamental para solventar sus vidas.

Sobre estos tópicos, en entrevista con desdeabajo Sebastián Giraldo, dinamizador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –Acin–, resaltó con visión histórica que el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric– empezó el proceso de recuperación de tierras en los años 60 en unidad con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc–.

Sentado y cuchareando su plato de comida, a cuyo fondo las luciérnagas dejan rastro de su sonido, Sebastián recordó: “Hubo dos fincas muy emblemáticas en las que ingresaron varias comunidades indígenas en esa época: El Credo, en la parte alta de Caloto y otra finca en Silvia. Desde ahí hubo todo un proceso de Reforma Agraria o de Revolución Agraria, por así decirlo, desde entonces han sido recuperadas alrededor de 70 mil hectáreas de tierra en el Cauca, tierra que pasó de manos de los grandes terratenientes a varias de las comunidades, en un proceso que tomó más de 20 años. Las últimas recuperaciones de esa gran oleada terminaron en 1996, más o menos, luego de ejecutada en el año 91 la masacre en la finca El Nilo en Caloto y en la que fueron asesinados 20 indígenas, producto de lo cual hubo una reparación que implicó la entrega de las últimas fincas. Una reparación parcial porque todavía no se ha entregado el total de las 15 mil hectáreas que el Estado quedó comprometido a indemnizar”.

Con la última oleada de recuperación de tierras, que hoy llaman liberación de la madre tierra, que empezó el 15 de diciembre de 2014 y hasta la fecha, son bastantes las haciendas ocupadas. Según Sebastián, alrededor de 27 fincas hay en proceso de recuperación en todo el norte del Cauca, más o menos unas 12.600 hectáreas. Es por ello que le preguntamos:

—Denuncian distintos sectores que los indígenas tiene mucha tierra. ¿Qué de real tiene esto? Y su respuesta fue inmediata y precisa:
—“Si bien es cierto lo informado por la Agencia Nacional de Tierras, de que los pueblos indígenas en resguardos constituidos tienen 33 millones de hectáreas, la mayoría de esas hectáreas no son del pueblo nasa ni están en el Cauca, están en departamentos de la región Amazónica y Orinoquia, y también en La Guajira. Si se mira en detalle, esos millones de hectáreas son selvas, bosques y áreas de protección ambiental.

Por su parte, de los 3 millones de hectáreas que tiene el Cauca solo el 17 por ciento es de resguardos indígenas, de ellas más o menos 600 mil hectáreas entre resguardos coloniales y republicanos; pero en el norte del Cauca, que es donde tiene más fuerza el proceso liberador de tierras solo se cuenta con algo así como 89 mil hectáreas para una población de 130.700 personas, más o menos 43 mil familias.

Además, y esto no puede olvidarse, la mitad de estas 89 mil hectáreas tienen restricciones de uso por diferentes factores, sobre todo porque son reservas forestales y parques naturales (ley 2 de 1959) y, las solicitudes de ampliación y aprobación de nuevas tierras para sus pobladores han estado muy demoradas”.

 


Promesas incumplidas
y contrarreforma


El problema de la tierra ha tenido varios intentos de solución vía reformas agrarias –fallidas– en Colombia. Así sucedió, por ejemplo, con la ley 200 de 1936, desmontada con la ley 100 de 1944 y más tarde la ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora–, ley incumplida y al final desmontada con el famoso Pacto de Chicoral y con la ley 4 de 19734; otra pretensión de reforma es la resumida en la ley 160 de 1994, impulsada por el actual Ministro de Hacienda, una reforma limitada, según recomendaciones del Banco Mundial, a la promoción de un mercado “libre” de compra y venta de tierras5. En consecuencia le preguntamos a Sebastián Giraldo:

—El Ministerio de Agricultura ha anunciado una Reforma Agraria, ¿cómo podría hacerse efectiva en el Cauca?
—“Para que sea efectiva la Reforma Agraria tiene que hacerse un gran diálogo social entre distintos sectores, para tratar de superar por esa vía las fronteras étnicas con que pretenden ennublar el inmenso faltante de tierra que afecta a estos pueblos. En la lucha por tierra, como lo he comentado, hubo avances desde 1991 en la garantía de derechos en comunidades étnicas, pero no así en el sector campesino.

Como resultado de ello el campesinado giró a algo así como una etnización estratégica, tratando de asimilarse como sujetos antropológicamente diferenciados y, por tanto, sujetos de derechos. Pero de los impactos negativos de ese multiculturalismo colombiano, por así decirlo, tenemos que ahora resaltan el discurso que diferencia indígenas, afros o campesinos. En ocasiones una cosa se vuelve contraria de la otra y se vuelve peligrosa, en este caso las fronteras étnicas llegan a ser fuentes generadoras de conflictos que impiden una articulación de todos los sectores sociales que necesitan la tierra.

Entonces, lo primero que ahora nos urge es hacer un gran diálogo escalonado entre comunidades para ir buscando un lenguaje inclusivo que vaya desmontando las fronteras de lo étnico y permita sumar fuerza social, y así poder afrontar la lucha por el derecho a la tierra al unísono, como negados, excluidos y pobres que somos.

 

 

Precisar acá, que si bien hubo avances en el Cauca aún la concentración de la tierra sigue siendo muy grande, con un Gini de 0,9, siendo uno de los más grandes del país y en el norte del Cauca rondando el de 0,7”.

Las circunstancias de vida no mejoran, y además continúa la situación de violencia en esa región. Aparte de la íntimidante advertencia del Gobierno de turno para que las comunidades desalojen los predios recuperados, actualmente el asedio paramilitar en la zona del norte del Cauca tiene una alta intensidad de victimizaciones en municipios como Corinto, Gauchené, Santander de Quilichao y Caloto. Allí, paramilitares de las Águilas Negras –bloque Suroccidental– y las AGC, en asociación con el llamado Cartel de Sinaloa, amenazan a través de panfletos y mensajes de texto dirigidos a líderes sociales de base, especialmente de comunidades étnicas y campesinas que apoyan el proceso de implementación de los acuerdos de paz (Defensoría del Pueblo, 2019, 2020, 2021)6. Una realidad que invita a que seamos y actuemos como un solo dique, que también deja correr sus aguas cuando es necesario.

Una realidad de injusticia y violencia, además de presión íntimidante de parte del Gobierno, que llevó a que la Acin se pronunciara, precisando: “La espada de Bolívar no puede ser envainada hasta que no se haga justicia frente a la extrema inequidad que el dominio colonial ha dejado sobre el derecho al acceso y uso equitativo de los frutos que provee la madre tierra, usurpada de manera violenta de la mano de los grandes terratenientes y empresarios a sus habitantes originarios, pero será siempre el diálogo y no la violencia, nuestra apuesta y nuestro compromiso por el Cauca y Colombia”.

Acotación indígena que invita a recordar las palabras pronunciadas por el Presidente Petro el 7 de agosto, al ordenar traer la espada de Bolívar: “Llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros y nosotras. Y quiero que nunca más este enterrada ni retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario El Libertador, cuando haya justicia en este país, que sea del pueblo, es la espada del pueblo”. ¿Cuándo llegará esa justicia que hará envainar la espada? ¿En 48 horas?

De sur a norte

Las horas del reloj no se detienen y tampoco frenan la crítica y compleja situación de violencia con que pretenden distintos actores bloquear los procesos de recuperación de tierras en el Cesar, donde la mayor tensión y vulneración de derechos humanos se encuentra en los municipios de Astrea, exactamente en el predio Génova; en Chimichagua, con los predios rurales Santa María y La Oficina; en Tamalameque, vereda Bocas, con los predios de Machín, Berlín y Los Mangos; en San Martín, por el corregimiento Puerto Oculto está el predio El Reposo. También en el Magdalena en el municipio de El Banco, y en Santander en el municipio de Río Negro.

Jorge Niño, abogado del equipo de trabajo del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en entrevista con desdeabajo contó sobre la situación de los 62 procesos que acompaña en el Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur y centro del Cesar, y los Santanderes. Todos hacen parte de la Comisión de Interlocución, todos procesos de tierra de comunidades campesinas víctimas y revictimizados en el marco del conflicto armado interno de Colombia.

—¿Cómo está la situación en esos municipios y predios?
—Estos procesos están muy críticos, con presencia de actores armados, que al parecer cumplen órdenes de poderes e intereses políticos y económicos de terratenientes, empresarios agroindustriales y ganaderos de la zona.

—¿Son casos de campesinos que han sido desplazados o han sufrido de procesos de violencia, o solo campesinos sin tierra?
— Son procesos de recuperación de tierra y defensa del territorio de población campesina y agrominera que han sido desplazados y han sufrido violencia; son víctimas del conflicto armado por desplazamiento y despojo de tierras. También de otros hechos como amenazas, desaparición y homicidios.

—¿Las fincas ahora ocupadas hacen parte de un reclamo jurídico?
— Estos son predios de zona rural y hacen parte de procesos jurídicos, más que jurídico van por vía administrativa y algunos otros en el Consejo de Estado en donde hemos instaurado demandas contra actos administrativos proferidos en su época por el Incora, entidad que adjudicó baldíos reservados, y que por su misma naturaleza no debieron salir del dominio público al dominio. privado. Al ser adjudicados están siendo utilizados para proyectos ganaderos y agroindustriales con afectación del ecosistema, desaparición y desviación de cauces de ríos, con un impacto ambiental bastante grave para las comunidades campesinas que viven en ese territorio desde la época de los grupos paramilitares, padeciendo despojó y desplazamiento.

Actuar paramilitar que continúa hasta la fecha y con antecedentes en el Nororiente colombiano con el asesinato de líderes sociales como Aldemar Parra García, presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar en 2017; Fabiola Fajardo Ayala, lideresa de la vereda La Colorada e integrante del Movimiento Resistencia a la Minería en el Carmen de Chucurí en 2018, y el de Lede María Ortega Ortiz, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mundo Nuevo, asesinada en 2019 en El Tarra, Norte de Santander7.

¿Qué vendrá?

No pasaron ni 48 horas y el Cric denunció el 2 de septiembre que en Caloto el Esmad utilizó armas de fuego: “Inician no los desalojos sino ataques a comunidades reclamantes de tierra en Caloto a solo 6 horas después de encuentro con ministros”, escribió la organización. Acciones gubernamentales que dejan el panorama lleno de niebla para los sectores reclamantes de tierras que históricamente han exigido una justa e integral Reforma Agraria, pero al mirar atrás ven cómo sus intentos por garantizar un derecho fundamental quedan de nuevo como dos espejos que se miran frente a frente.

 

1 Cardona Antonio José. (18 de abril de 2018). Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. www.mongabay.com
2 Garay Luis Jorge, Desigualdad y exclusión social, ilegalidad y conflictividad. Ediciones Desde Abajo, 2022.
3 Oxfam, Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. www.oxfam.org, 4 de julio de 2017.
4 Soluciones agrarias. Reforma agraria, portón para la paz, Volumen 7/8, Ediciones Desde Abajo, 2007, p. 55.
5 Chaparro Pablo, Delgado Julián, Cote Luis, ¿La era de la reforma agraria?, 7 de septiembre de 2022, www.jacobinlat.com
6 Giraldo Javier, Alzate Leonardo, Muggenthaler Ferdinand, Peters Stefan, ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografía de una paz violenta en Colombia, Fundación Rosa Luxemburgo, 2022, p. 169.
7 Ibíd., p. 129.

 

 

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Publicado enColombia
Manifestación a favor de Masha Amini en Teherán.. Imagen: AFP

La ONG Hengaw informó que hubo 450 heridos y cerca de 500 personas arrestadas 

Al menos ocho manifestantes murieron hasta este miércoles en las protestas de los últimos días en Irán, según un recuento oficial de las autoridades y otro balance de un grupo de defensa de derechos humanos.

El enojo público estalló cuando las autoridades anunciaron el viernes la muerte de Masha Amini, de 22 años, luego de su arresto por la policía de la moral, encargada de hacer cumplir un estricto código de vestimenta para las mujeres.

Las protestas empezaron este viernes, en su provincia natal, Kurdistán, cuyo gobernador, Ismail Zarei Koosha, afirmó este martes que tres personas murieron, sin especificar cuándo. Como otras autoridades, culpó de las muertes a un complot del enemigo.

El miércoles, el comandante de la policía de Kurdistán, Ali Azadi, anunció la muerte de otra persona, según la agencia de noticias iraní Tasnim. Además, otros dos manifestantes murieron en la provincia de Kermanshah, indicó el fiscal de esa región, Shahram Karami, citado por la agencia de noticias Fars. "Desafortunadamente, dos personas murieron en disturbios ayer", dijo. "Estamos seguros de que esto es obra de agentes contrarrevolucionarios", agregó.

Además de esos decesos, el grupo de defensa de los derechos de los kurdos Hengaw, radicado en Noruega, indicó este miércoles que otros dos manifestantes habían muerto durante la madrugada en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Las víctimas, de 16 y 23 años, murieron en las localidades de Piranshahr, donde se produjeron importantes enfrentamientos, y en la de Urmia, según Hengaw.

Otro manifestante, un hombre, que había sido herido en Divandareh, en Kurdistán, el 17 de septiembre, murió en un hospital, añadió el grupo. Sin embargo, no se sabe si se trataba del deceso reportado poco después por el comandante de la policía. Hengaw también informó que unas 450 personas habían resultado heridas y que cerca de 500 fueron arrestadas, unas cifras que no pudieron ser contrastadas con una fuente independiente.

Publicado enInternacional
ONU acusa a Maduro y a jefes de inteligencia de crímenes de lesa humanidad

20-09-22.-Jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, dirigidos por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores, denunció la ONU.


"El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (...) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia", señaló este martes (20.09.2022) una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.

"Incluidos actos de tortura y violencia sexual"


"El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa.

Este informe ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.

En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.

Órdenes deliberadas de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello
Como sea, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de ordenes directas de Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.

"Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, y sofocar a la oposición", enfatiza el informe.

La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, especialmente en su sede principal en Caracas (conocida como Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.

Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista Marta Valiñas.

Aporrea, 20/09/22. Con información de efe, afp y Twitter

Publicado enInternacional
Miércoles, 21 Septiembre 2022 05:50

Matar por un velo

´Imagen cedida por Raquel Pabán Sierra

Ahsa Amini, de 22 años, ha sido asesinada. A lo mejor no sabes quién es. Yo tampoco lo sabía antes de que la asesinasen. En Irán, en 2022, ha sido detenida por la Policía de la moral por llevar el velo mal puesto, es decir, con suficiente cabello a la vista. La ley iraní impone un velo "hijab" religioso.

Lo voy a dejar por escrito porque no quiero que quepa nunca más ninguna duda sobre lo que pienso. Soy abolicionista del velo, el velo islámico, el hijab, y de cualquier prenda diferenciadora en materia religiosa sobre los cuerpos de las mujeres musulmanas. Hablo de mujeres musulmanas porque yo lo soy. No hice ningún rito, simplemente nací en un país musulmán, en uno en el que entre otras cosas había muchas mujeres portadoras de velo. Son ellas, probablemente, y la empatía y amor que siento por muchas (tataranieta, bisnieta y nieta de mujeres veladas) lo que me ha impedido muchas veces decir lo que pienso así como el silencio cómplice de la sociedad que prefiere no hablar del asunto escudándose en que es "hacerle el juego a la extrema derecha". Otra manera de convencernos de que hablar es peor que el silencio.

Soy abolicionista, que no prohibicionista, porque creo en caminar hacia un futuro en el que el velo deje de formar parte de manera íntegra de la vida pública de las mujeres. Aunque sí estoy a favor de su prohibición tajante al menos en la primera etapa escolar hasta la finalización de primaria porque vulnera los derechos de las menores en una etapa de crecimiento clave.

El abolicionismo del velo no pretende convencer a las mujeres de que son más libres destapándose, sino fomentar que todas las mujeres tengan las herramientas para generar su propio criterio, el mismo que siempre estará viciado, como el mío, como el de todas, pero el suyo propio, lo más parecido a una independencia crítica ecuánime.

El argumentario para no dejarnos hablar señala que nuestras palabras pueden crear islamofobia. Quizás eso sea lo injusto, que las que hablan de su libertad de llevarlo, no entiendan la limitación de miles de otras que quieren dejar de hacerlo, o no hacerlo jamás. Es injusto creer que las hay más convencidas que dubitativas, es creer que ninguna mujer se plantea su acato a las directrices religiosas. Las mujeres que ya somos tildadas de  "disidentes" necesitamos un progresismo político laico, que mire por todas y al que no le tiemble el pulso para sacar la verdad a la luz.

Por eso creo que es imprescindible hablar. Por eso, y porque confío en que las mujeres veladas por propia decisión y sin absolutamente ninguna duda sobre su decisión, no necesitan que yo infantilice sus decisiones por miedo a lo que se genere después de yo publicar este escrito. No necesitan que nadie las proteja, son capaces de mantener su postura hasta el final, o mejor aún, podrían defenderlo respaldando la situación de dolor de miles de mujeres con las que comparten religión. No es contradictorio decir que tú haces algo porque quieres, pero que otras no pueden decidir. A menudo no lo hacen porque la policía religiosa también se viste de institución familiar y/o comunitaria. Otro dispositivo de control que aunque no te mate te señala por contar la verdad sobre las mujeres de tu contexto. Otras no lo hacen porque no se sienten involucradas con mujeres de otros países islámicos en sus desgracias, sólo en sus muestras de obediencia y de puritanismo religioso.

No me imagino un futuro posible feminista en el que las mujeres se vean en la posición de tener que cubrir su cabello como simbología de sumisión a Allah, a sus esposos, su comunidad religiosa o a ningún percepto que haya viciado completamente su consentimiento hasta convencerlas de que cubrirse el cabello es un camino feminista, consciente y emancipador, en el caso de las que así lo piensan. No hago referencia a miles de madres y abuelas que jamás pudieron escoger, o decidir o tener tiempo tan siquiera para entender sus decisiones. Hablo de las miles que teniendo el poder de transformar el camino, deciden perpetuar el mismo. Como si la fe, pudiese acogerse sólo mediante un velo, como si creer no fuese algo íntimo y privado.

El velo no es un trozo de tela, no es una simple prenda diferenciadora, no es sólo una decisión religiosa, de identidad. El velo es la más clara forma que ha tenido el patriarcado islámico de malversar el concepto de mujer. El velo es el medio de implantar la modestia y el pudor, por lo tanto la invisibilidad de las mujeres como forma de existencia en el mundo. Es la conversión del cuerpo en pecado. Es el desistimiento de una forma igualitaria de relacionarse con el sexo opuesto. El hijab que no existe en la esfera íntima, es una herramienta de ocultación en la esfera pública. Es la manera de silenciar más coercitiva y al mismo tiempo más implícita en un gesto como cubrirse. Es el muro entre las desviadas y las decentes. Es la línea que diferencia a las correctas de las disidentes. Las buenas mujeres, de las eternas rebeldes. Es la mayor losa de odio entre mujeres musulmanas que nos han impuesto. Es la mejor manera de hacernos tropezar con nosotras mismas en el proceso de entendernos y saber qué queremos realmente.

Es un discurso sostenido por quienes quieren explicarnos que somos demasiado moras, morenas, árabes o musulmanas de nacimiento para recrearnos en la libertad. Un discurso que quiere hacer creer que quienes rechazamos entender el velo como una herramienta de empoderamiento femenino, lo hacemos como privilegiadas o víctimas de circunstancias excepcionales. Sin embargo, por más que pese, el abolicionismo del velo es la única manera de caminar hacia un futuro feminista en contextos islámicos, en el que no quepan formas de violencia simbólicas sobre los cuerpos de las mujeres. Será la única manera de lograr laicidad para nuestros Estados, libertad de credo para nuestros hijos. Cuando tantos hombres dejen de poseer control indirecto sobre los cuerpos de las mujeres porque se conciben como animales con instintos primitivos que sólo nos ven como carne que violar, maltratar o matar, habremos logrado desarticular el dispositivo de control más enfermizo y repugnante que aún en el siglo XXI sigue vivo.

En nombre del velo hoy se persigue, se tortura y se asesina. El sufrimiento de todas las mujeres que hoy se mueven sigilosas y temerosas bajo la tiranía patriarcal de sus familias, comunidades, sociedades o países no puede pasar inadvertida para quienes quieren desde el más profundo de sus instintos sostener que sus decisiones nada tienen que ver con el machismo, con el patriarcado ni con la coacción.

Ser abolicionista, es la única manera de mirar el velo si eres feminista.

Por Noor Ammar Lamarty

Activista jurídica marroquí

21/09/2022  

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