Miércoles, 03 Julio 2013 06:23

Contra los latifundios mediáticos

Escrito por Página12
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Contra los latifundios mediáticos

“No vamos a permitir la continuidad de los latifundios mediáticos”, ha expresado el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Humberto Cholango. Y remarca: “La Ley de Comunicación permite la redistribución del espectro radioeléctrico, por lo que hemos luchado siempre... Creemos que la voz, la palabra, es fundamental para democratizar a la sociedad, para que sean escuchadas las voces de la diversidad, por eso la Conaie apoyó la ley”.

 

Efectivamente, la Ley Orgánica de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por el presidente Rafael Correa establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de radio y televisión serán distribuidas equitativamente: 33 por ciento para medios públicos, 33 por ciento para medios privados y 34 por ciento para medios comunitarios.

 

Esta redistribución de las frecuencias es uno de los aspectos más valiosos y destacados de la nueva ley, dado que en Ecuador más del 90 por ciento de las frecuencias de radio y televisión están en manos de empresas privadas. Por ello, el dirigente indígena Cholango indica que se trata de un avance histórico, “un logro de nuestra lucha”.

 

Otro de los puntos favorables es que establece el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, según lo establece el artículo 35 de la norma. Al ser un derecho universal el acceso a las TIC, se implementarán políticas públicas para que ninguna comunidad, por más alejada o pobre que sea, quede marginada del acceso a Internet o de la posibilidad de tener sus propios medios de comunicación.

 

Los cineastas, músicos, actores, grupos culturales y productoras locales son también beneficiados. La norma ecuatoriana establece que al menos el 60 por ciento de la programación diaria en el horario apto para todo público se destinará a la difusión de contenidos de producción nacional.

 

Pero esta ley también tiene aspectos preocupantes. Así, por ejemplo, el artículo 20, que trata sobre la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, establece que “los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen... Los medios deberán generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad... Los medios de comunicación sólo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona”.

 

Este artículo pone en peligro el anonimato en línea, uno de los elementos fundamentales de la libertad de expresión en Internet. La privacidad de los usuarios también se ve comprometida, ya que no se establece cómo los medios gestionarán los datos personales que estarán obligados a solicitar. Pero es el artículo 26 el más polémico. Este hace referencia al “linchamiento mediático”: “Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.

 

El “linchamiento mediático” ha sido considerado, por muchos periodistas, como una espada de Damocles contra el periodismo de investigación. Dado que agrega un nuevo tipo de delito, que no existe en el Código Penal ecuatoriano y que deja al libre albedrío de la “Superintendencia de la Comunicación y la Información” la calificación y las sanciones correspondientes.

 

Con artículos como el 20 y el 26, totalmente innecesarios, la norma corre el peligro de ser condenada por atentar contra la libertad de expresión o promover la censura previa que esta misma ley prohíbe.

 

Corresponde, entonces, a las entidades y personas que impulsan la democratización de la comunicación, acompañar de cerca, con propuestas, la reglamentación de esta ley, para que de verdad garantice la plena libertad de expresión de la ciudadanía, promueva la diversidad de voces y permita la pronta implementación de los medios comunitarios y públicos como contrapeso de los latifundios mediáticos privados, para quienes la mejor ley es la que no existe.

 

Por Pedro Sánchez*Comunicador social. Secretario ejecutivo de la ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica).


Una ley que da que hablar

 

Fernando Gómez asegura que en la norma prima la perspectiva de la comunicación popular del proyecto del Foro Ecuatoriano de la Comunicación y sostiene que a luz de la nueva legislación vigente en América latina es necesario cambiar la “matriz productiva” de la comunicación.

 

 Por Fernando Gómez *


La disputa por la democratización del acceso y el derecho a la información que se viene impulsando en América latina conquistó un nuevo triunfo el pasado 14 de junio, cuando la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. “Ley mordaza” titularon los medios privados de comunicación de ese país. “Mordaza a la prensa” titularon en el resto del continente. En palabras de Osvaldo León, director de América Latina en Movimiento, ese discurso de los medios privados tiene “una resonancia mundial por la vigencia del ‘consenso mediático’ que día a día afina su maquinaria de propaganda”.

 

Para quienes ostentan los medios masivos de información, la mejor ley de comunicación es la que no existe. “El poder mediático corporativo” prefería la vieja Ley de Radiodifusión, firmada en 1975 por la dictadura militar y reformada en 1996 y en 2002, cuando las políticas neoliberales eran acompañadas por medios que apuntalaban los proyectos privatizadores. En contraposición, la redacción final de la nueva ley incluye normativas que democratizan la comunicación y efectivizan los derechos a la comunicación y a la información consagrados en la Constitución que el pueblo ecuatoriano aprobó el 28 de septiembre de 2008.

 

Esta ley, que ha demorado más de cuatro años en entrar en vigencia, fue discutida por organizaciones sociales, colectivos de comunicación popular y comunitaria, gremios del periodismo y sectores académicos, quienes formaron el Foro Ecuatoriano de la Comunicación y formularon el anteproyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional. La ley se nutrió de este anteproyecto y otros dos provenientes de la oposición y del oficialismo.

 

En esa trilogía de anteproyectos, fueron las propuestas del Foro las que permitieron una reforma estructural del sistema mediático con la redistribución de las frecuencias de radio y televisión en un 33 por ciento para medios privados y públicos y un 34 por ciento para los comunitarios. El mapa mediático actual en Ecuador cuenta con un espectro radioeléctrico concesionado en más de un 85 por ciento por el sector privado. Un informe realizado en 2009 por disposición constitucional señala que al menos un tercio de las concesiones son irregulares, ya que fueron asignadas como pago a favores políticos en la época neoliberal.

 

La ley, que considera a la comunicación y la información como servicios públicos y no como mercancías ni negocios, no se limita a los medios, sino que se presenta como una norma de comunicación en un sentido amplio, incentiva la producción regional, promueve la interculturalidad y lo plurinacional, prohibiendo los contenidos sexistas, xenofóbicos y racistas, y en el artículo 44 defiende los derechos de trabajadores y trabajadoras de la comunicación.

 

Otra demanda del Foro que se incluye en la redacción final establece una cuota de pantalla para la producción nacional y obliga a que los medios audiovisuales difundan un porcentaje de música producida en el país.

 

Concebida desde una visión de derechos, esta nueva herramienta impide “el oligopolio y monopolio, directo e indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”. El sector privado en comunicación no podrá tener inversiones de otros sectores financieros y de otras ramas económicas ni viceversa. Por otra parte, las estrategias diarias que los grandes medios utilizan para “desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas” son denominadas como “linchamiento mediático” y su artículo 26 prohíbe la difusión de esa información.

 

Esta Ley Orgánica de Comunicación se suma a las que en el resto del continente van obteniendo su vigencia y, gracias a la lucha por la democratización de la comunicación, ha logrado en los sectores populares establecer cuando menos demandas comunes básicas. Es tarea pendiente de estos sectores definir una agenda común para sostener y profundizar estos avances.

 

El reto es que a partir de las experiencias acumuladas, las organizaciones sociales e indígenas y colectivos de comunicación alternativa, popular y comunitaria, que desde hace años vienen militando para lograr esta ley, inviten a las grandes mayorías populares a que se apropien de esos medios, tomen y generen radios y televisoras, ocupen ese espectro radioeléctrico como medio de organización social, cultural y política, y así den a conocer sus luchas. Es necesario cambiar la “matriz productiva” de la comunicación y pasar de una sociedad consumidora de información o mercancías, a una sociedad crítica y productora de información, de medios, de respuestas, de preguntas, de nuevas creaciones, de nuevos discursos.

 

* Integrante del medio comunitario Radionauta FM 106.3 y miembro del equipo de comunicación de la articulación continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA
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Información adicional

  • Antetítulo:MEDIOS Y COMUNICACION
  • Autor:Pedro Sánchez
  • País:Ecuador
  • Región:Sur América
  • Fuente:Página12
Visto 1213 vecesModificado por última vez en Miércoles, 03 Julio 2013 07:57

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