Pablo Dávalos

El gobierno de Guillermo Lasso está atenazado por dos grandes fuerzas que lo condicionan y de las cuales no ha podido salir: de una parte la organización social que tiene en la organización indígena CONAIE su representación más importante y legítima; y, de otra, su débil posición en la Asamblea Nacional que nunca pudo ser resuelta.

Lo paradójico y contradictorio es que, a pesar de tener un escenario tan poco favorable, el gobierno nunca dejó de pisar el acelerador para sus reformas económicas neoliberales.

En pocos meses, en efecto, emitió una serie de Decretos Ejecutivos que alteraban de forma trascendente varias políticas públicas, por ejemplo, la privatización de toda la industria hidrocarburífera, la adscripción al CIADI del Banco Mundial, la apertura para la minería a gran escala, el financiamiento del gasto corriente con ingresos no permanentes que está prohibido por la Constitución, etc.

El sustento social gracias el cual pudo avanzar tanto en tan poco tiempo estuvo en su exitosa campaña de vacunación que, en apenas semanas, logró avances sin precedentes y que redujo la mortalidad de la pandemia del Covid-19 por vez primera desde que esta empezó.

Nunca hubo una alianza de gobernabilidad con Pachakutik e Izquierda Democrática

Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones de gobernabilidad que tiene el gobierno? Un primer análisis, y que partía de una interpretación apresurada de la alianza que se realizó entre el gobierno, el movimiento Pachakutik y la Izquierda Democrática para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional, consideraba que con esta alianza circunstancial se podía dar al régimen la gobernabilidad que necesitaba. Para realizar esa alianza el gobierno, en efecto, tuvo que romper con los acuerdos previos a los que había llegado con el derechista partido socialcristiano y con el movimiento del ex presidente Rafael Correa, UNES.

No obstante, y como el tiempo habría de demostrarlo, se trató de una interpretación errónea sobre una alianza coyuntural que en absoluto significaba una alianza de gobernabilidad. Esto significaba que el gobierno siempre estuvo solo en la Asamblea Nacional y que, más allá de los asambleístas independientes que pudieron ser cooptados por el régimen, no tenía ninguna base sólida para garantizar su gobernabilidad, al menos en la Asamblea Nacional.

Esto suscita una inquietud y es tratar de discernir si el gobierno estaba consciente de sus propias debilidades en la Asamblea Nacional y saber cómo trató su superarlas. Pero la coyuntura política dio cuenta que el gobierno de Guillermo Lasso no realizó ninguna lectura política coherente sobre su debilidad dentro del sistema político, justo por ello se explican la serie consecutiva de errores políticos del régimen. Al no tener una idea clara de sus posibilidades y límites dentro del legislativo, era obvio que sus errores tenían que ser proporcionales a su falta de comprensión de su propio entorno.

El fracaso de la consulta popular como estrategia política

El régimen de Guillermo Lasso creyó que la popularidad y la credibilidad que había obtenido a partir del exitoso programa de vacunación, podía ser suficiente para darle el piso y sustento de gobernabilidad que necesitaba. Quizá en sus propios cálculos pensó que con esos niveles de legitimidad podía arrinconar a la Asamblea Nacional y obligarla a plegarse a su proyecto. Pensó también que con el apoyo de los grandes medios de comunicación, esa estrategia podía ser eficaz. Pero, en realidad, se trató tanto de ingenuidad, cuanto de desconocimiento quizá por la arrogancia de pensar que haber ganado el poder ejecutivo le podía dar patente de corso para imponer sus propias prescripciones al país y a la legislatura. El gobierno creyó en sus propios simulacros.

Es sobre esa estrategia que el gobierno apela a la consulta popular si no se aprobaban sus propuestas económicas, políticas y jurídicas. A través de este mecanismo de la consulta popular, el régimen podía orillar a la Asamblea Nacional a una posición defensiva. Le sirvió, para esta estrategia, la campaña de desprestigio contra la Asamblea Nacional realizada tanto por la gran prensa cuanto por sus propios alfiles dentro del sistema político.

Pequeños errores administrativos de la legislatura fueron amplificados y coparon el debate nacional como si fuesen cuestiones de trascendencia única. Los medios de comunicación, y los operadores políticos del gobierno en la Asamblea, en especial, el presidente de la Comisión de Fiscalización, habían creado un ambiente de tal tensión política que incluso podían llegar al escenario de nombrar nuevas autoridades para el legislativo.

La crisis carcelaria y el fracaso de la estrategia política del gobierno

Esta estrategia mediática y política fracasó de forma estruendosa por la crisis carcelaria que vivió el país justamente en esos momentos, a fines del mes de septiembre. Guayaquil, de la misma manera que sucedió en la crisis sanitaria del Covid-19, esta vez fue noticia mundial por el asesinato y tortura de más de cien personas privadas de libertad, en un ejercicio de sadismo y horror que sobrecogieron a la sociedad y al mundo.

Las masacres en las cárceles de Guayaquil daban cuenta que el gobierno no había podido resolver el tema de la crisis carcelaria y que su apuesta por la reducción del tamaño del Estado le pasaba factura desde uno de los sectores más críticos, como son las penitenciarías, y que habían sido sometidas al desmantelamiento de varios programas específicos para ese sector, así como a la reducción incluso del gasto en mantenimiento de las instalaciones penitenciarias en todo el país.

Si a eso se suma la forma-prisión desde la cual las autoridades judiciales del país piensan que se pueden resolver los conflictos sociales y jurídicos, se tiene un escenario complejo de hacinamiento, deterioro de servicios, falta de inversión en programas específicos, dotación de equipos y contratación de personal clave, entre otros.

El gobierno de Lasso se descuidó completamente de este sector tan importante, así como de otros huelga decir, y se concentró en utilizar el exitoso proceso de vacunación contra el Covid-19 como su única baza política. Por ello, cuando estalló nuevamente la crisis carcelaria, el primer sorprendido con la noticia fue el propio gobierno que no atinó a dar una sola respuesta. Se quedó paralizado por sus propios errores y descuidos.

Al no tener capacidad de respuesta inmediata, la crisis carcelaria lo rebasó por los cuatro costados y puso un límite a su estrategia política de utilizar la credibilidad del proceso de vacunación. La sociedad se horrorizó por lo sucedido en las cárceles y fue testigo y víctima de cómo ese conflicto se derramaba por el tejido social. El ambiente de inseguridad se convirtió en una incertidumbre real para las personas que ahora tienen miedo incluso de transitar por cualquier calle. El Estado había fracasado en uno de sus temas más delicados y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. La percepción de “Estado-fallido” es cada vez más persistente en los ciudadanos y no hay aún una sola política pública que pueda revertir esa percepción.

El fallido proyecto de ley económico urgente: “Creando Oportunidades”

En ese contexto, la campaña mediática contra la Asamblea nacional (el costo de las empanadas), mostró su ridiculez y mezquindad. Puso en su justa perspectiva los conflictos sociales de un país acosado por la crisis, el desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso, la falta de oportunidades. No obstante, el gobierno no supo realizar una lectura de ese momento. En medio de la crisis carcelaria y apresurado por cumplir con sus obligaciones contraídas con el FMI, el gobierno se apresuró a enviar el proyecto de ley con el carácter de económico-urgente “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, el 24 de septiembre de 2021.

De forma previa y apenas semanas antes, la Asamblea Nacional le había devuelto al gobierno, sin aprobar y con observaciones, la proforma presupuestaria para el año 2021 y también le había reclamado al Presidente Lasso por no haber presentado, conforme lo dictamina la Constitución y la ley, el Plan Nacional de Desarrollo, insumo básico para la construcción de la política fiscal y la programación presupuestaria para los próximos cuatro años.

Todas las señales, por lo tanto, dan cuenta de un gobierno inexperto, sin capacidad de lectura política de sus propias condiciones de gobernabilidad, y llevado al fanatismo por su propia ideología libertaria y neoliberal, sin considerar para nada los límites constitucionales, jurídicos, legales y políticos de su propio proyecto.

Esto puede avizorarse con el proyecto de ley económico urgente que el gobierno había sumarizado en la frase: “Creación de Oportunidades”. Se trataba de un proyecto de ley económico urgente que tenía que ser revisado, discutido y analizado por la Asamblea Nacional en un mes, caso contrario entraría en vigencia por el ministerio de ley. El proyecto de ley del gobierno constaba de cuatro libros normativos con 335 artículos, 11 Disposiciones Generales y 15 Disposiciones Transitorias.

En el primer libro el proyecto de ley intentaba crear un régimen laboral alternativo al vigente Código del Trabajo en el que, prácticamente, eliminaba todos los derechos laborales hasta ahora vigentes para instaurar un régimen de flexibilización laboral absoluta, en el cual el epítome se registraba en el artículo 75 del proyecto de reforma que establecía que en caso de despido intempestivo era el trabajador quien tenía que pagar una indemnización a sus patronos; en el segundo libro de las reformas se establecían contribuciones temporales a través de imposiciones tributarias básicamente a la clase media para obtener alrededor de 950 millones adicionales para el presupuesto del año 2022 (que no iban a ser utilizados como gasto corriente, sino que tenían como destino las reservas internacionales para garantizar flujos de capital a los bancos privados, hay que aclarar); en el tercer libro constaban normas para el régimen impositivo único y temporal para activos en el exterior, mientras que en el libro cuarto se contemplaban reformas a varios cuerpos legales, como por ejemplo reformas a la Ley Orgánica de Defensa del Artesano, al Código General de Procesos, a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley de Minería, a la Ley Orgánica de Agrodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, a la Ley Orgánica de la Movilidad Humana, entre los 31 cuerpos legales que esta propuesta de ley intentaba cambiar. En todas ellas subyacía la desregulación pública y la transferencia de capacidades públicas hacia el sector privado.

El proyecto de ley económico urgente del régimen, a todas luces, entraba en contradicción directa con el artículo 136 de la Constitución que establece que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia; la Constitución determina que si no se cumple con este requisito no podrá tramitarse ningún proyecto de ley; era obvio, entonces, que un proyecto de esas características no pase por los filtros constitucionales, jurídicos y procedimentales de la Asamblea Nacional.

A pesar de la enorme maquinaria mediática que trabajó a favor del régimen para crear el consenso sobre este proyecto de ley, el Consejo de Administración de la Legislatura, no pudo aprobar ese proyecto de ley para su trámite respectivo dentro de la Asamblea, porque no cumplía con los requisitos básicos de unidad y conexidad de materia, y tuvo que devolver el proyecto de ley al gobierno para que subsane los errores y, si cree conveniente, pueda volver a enviarlo.

Para el gobierno se trataba de una derrota en toda la línea porque había apostado los ejes gruesos de su proyecto de largo plazo en esta propuesta de ley. No había punto de retorno y, al mismo tiempo, se había desmoronado la estrategia de shock que hasta entonces había caracterizado a la política del régimen.

El gobierno no puede cumplir con los acuerdos con el FMI

Los principales partidos y movimientos políticos de la Asamblea, además, emitieron un mensaje específico en el cual le ratificaron al gobierno que no aprobarían ninguna reforma fiscal, tributaria, económica y, menos aún, laboral en contra de los derechos de los trabajadores y que castigaban a las clases medias. Su plan económico, por tanto, se quedaba sin piso en el legislativo.

A pesar que la crisis carcelaria desmoronaba poco a poco la legitimidad y credibilidad del régimen, el gobierno comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de la consulta popular. Su lectura aún radicaba en los altos índices de popularidad y pensaba, otra vez ingenuamente, que ese ambiente podía darle el oxígeno político para aprobar sus reformas por la vía de la consulta. De esta manera, se imaginaba el régimen, podía retornar a la Asamblea Nacional con las reformas tributarias y fiscales, mientras que el grueso de las otras reformas se podían aprobar vía consulta.

Ahora bien, para el régimen era imprescindible aprobar las reformas fiscales y tributarias, así como las reformas laborales y a la seguridad social, porque ya se había comprometido con el FMI durante la segunda y tercera revisión al acuerdo de financiamiento extendido que el país tenía con esta institución desde septiembre del año 2020 y para un plazo de 27 meses, para hacerlo.

Con las revisiones al programa económico establecido con el FMI y con los compromisos asumidos por el gobierno de incrementar el ingreso fiscal y reducir aún más el gasto corriente y el gasto de inversión (el superávit fiscal que sería trasladado a las reservas internacionales), más las reformas de flexibilización laboral y la transición al sistema de cuentas individuales en la seguridad social, el gobierno esperaba que el FMI desembolse los recursos pendientes desde estas revisiones: 802 millones de dólares en octubre de 2021, más 700 millones a desembolsarse en diciembre de ese mismo año. Con esa liquidez, podía capear los últimos meses del 2021. Por tanto, es absolutamente impensable, para el régimen, incumplir con los compromisos asumidos con el FMI.

Es por eso que el gobierno no puede revisar el incremento del precio de los combustibles, como lo han pedido varias organizaciones sociales y gremiales, y tampoco puede evitar la reducción del tamaño del Estado y las reformas fiscales y tributarias, a pesar del alto costo político de mantener esas medidas. El régimen está dispuesto a inmolarse a incumplir con el FMI.

La devolución del proyecto de ley económica-urgente, empero, pone en cuenta regresiva al acuerdo con el FMI. Una suspensión o incumplimiento de ese acuerdo con el FMI se castiga directamente con el incremento del riesgo país, con la caída del precio de los bonos de deuda soberana en los mercados secundarios, con aumentos de las tasas de interés para la emisión de nuevos bonos y, a nivel interno, con más fugas de capital, que en el caso del Ecuador reducen la cantidad de moneda existente en virtud del esquema de dolarización de la economía y, en consecuencia, acentúan la crisis económica.

Los Pandora Papers y el fantasma de la destitución

Es en medio de este escenario que se producen dos hechos que afectan aún más al gobierno. El primero es la publicación de los denominados “Pandora Papers”, una investigación periodística en el cual están comprometidos más de 600 periodistas de investigación de todo el mundo y con la participación directa de los medios de comunicación más importantes del planeta. En estos Pandora Papers aparece involucrado directamente el Presidente Guillermo Lasso como poseedor de fondos fiduciarios y de inversión en diversos paraísos fiscales.

La ley ecuatoriana, producto de una consulta popular efectuada en el año 2017, prohíbe de manera terminante que los servidores públicos, y en especial las autoridades de elección popular y, evidentemente el Presidente de la república, tengan inversiones en paraísos fiscales, tanto ellos cuanto sus cónyuges e hijos dependientes.

La investigación del consorcio internacional de periodismo de investigación que publicó los Pandora-Papers, y que continúan la saga de los Panamá-Papers, demuestra que Guillermo Lasso y su familia directa efectivamente poseen inversiones en paraísos fiscales.

Al tenor de esta denuncia internacional, la Asamblea Nacional procedió a aprobar la investigación correspondiente para conocer los movimientos económicos y tributarios de Guillermo Lasso.

Ahora bien, una primera consecuencia de esta denuncia, es que deja sin piso a la propuesta tributaria contenida en el proyecto económico-urgente y que el gobierno pensaba enviar como reformas parciales a la Asamblea Nacional. En efecto, surge la duda sobre la ética y moral de la propuesta gubernamental: ¿tiene capacidad ética un Presidente de la república de proponer el pago de impuestos a sus ciudadanos, cuando la prensa mundial lo acusa de tener inversiones en paraísos fiscales para evitar pagar precisamente esos impuestos?

Para la ciudadanía, y para el sistema político, es difícil apoyar y suscribir cualquier propuesta de reforma fiscal y tributaria que provenga desde el Presidente Guillermo Lasso en especial luego del affaire de los Pandora Papers. Aparecerá como una propuesta falaz y con un costo político muy alto para quienes la aprueben y suscriban.

Sin temor a equivocarme, pero creo que las reformas fiscales y tributarias de Guillermo Lasso prácticamente no tienen posibilidad alguna de ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin sustento ético y sin apoyo social, es difícil que la Asamblea lo haga.

El incumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, por tanto, es inevitable. La crisis de credibilidad de los mercados financieros internacionales con respecto al gobierno de Lasso también es ineluctable.

Ahora bien, este escenario pone la disputa del Ejecutivo con la Asamblea Nacional a otro nivel porque esta vez el gobierno pasa a la defensiva. Tiene que demostrar que las denuncias internacionales de los Pandora Papers no son relevantes ni lo afectan en absoluto porque el Presidente Lasso habría cumplido con la ley y no posee ninguna inversión en paraísos fiscales, ni en la banca off-shore. Empero, para alguien que proviene directamente desde uno de los bancos privados más importantes del país, el Banco de Guayaquil, y como su director y accionista principal, demostrar que no posee inversiones en banca off-shore se convierte en una tarea casi imposible.

De esta forma, el espacio político sobre el cual el régimen pensaba articular la consulta popular para aprobar las reformas negociadas con el FMI, prácticamente desaparece. No tiene ningún capital político para el proceso de consulta popular. Tiene que defenderse de las acusaciones de los Pandora Papers y tiene que enfrentar una amenaza que, hasta antes de esa denuncia internacional, no existía, la posibilidad de su enjuiciamiento político y eventual destitución por parte de la Asamblea Nacional.

Para los partidos y movimientos políticos más importantes de la Asamblea Nacional, los Pandora Papers son un regalo caído del cielo. Tienen un argumento potente para poner a la defensiva al régimen. Tienen en sus manos la posibilidad cierta de su eventual destitución por incumplimiento de disposiciones legales expresas con respecto a inversiones en bancas off-shore y la participación electoral. La Asamblea Nacional sabe que si tira de los hilos adecuados y sigue las pistas apropiadas, puede llegar a demostrar que, efectivamente, el Presidente incumplió con la ley. Así, el escenario no puede ser peor para Guillermo Lasso, y apenas a cinco meses de su posesión. El fantasma de su destitución cruza por los pasillos del palacio de gobierno.

La CONAIE prepara otro levantamiento

El otro hecho significativo es la ruptura de los diálogos con las organizaciones sociales, en especial, la CONAIE. En la reunión mantenida con las organizaciones indígenas el 4 de octubre de 2021, la CONAIE llevó a la mesa de diálogo con el gobierno su rechazo a la elevación continua de los combustibles producto de varios decretos ejecutivos al respecto y que fueron emitidos por el anterior gobierno, pero que forman parte de las negociaciones con el FMI.

Al no existir ningún acuerdo sobre este punto, los demás acuerdos (seis puntos en total y que comprendían, entre otros, una moratoria de un año para las obligaciones financieras de los pequeños productores agrícolas, el respeto a los derechos colectivos y el cese de actividades extractivas en territorios indígenas, etc.), tampoco tuvieron oportunidad de ser ni discutidos ni negociados.

El gobierno desperdició una circunstancia única por su tozudez de revisar una política condicionada por el FMI, aquella del incremento de los precios de los combustibles, y se abrió, de forma gratuita y en su peor momento, otro frente de batalla. La CONAIE, en efecto, y luego de la reunión con Guillermo Lasso anunció que se abría un proceso de consultas internas para ejercer el derecho a la resistencia, es decir, la movilización social.

Es realmente increíble la incapacidad del gobierno por comprender su propio tiempo político y sus propias condiciones de gobierno. Si durante el diálogo con la CONAIE el gobierno hubiese aceptado la propuesta de congelar el precio de los combustibles y apoyar una moratoria de pagos de un año al sistema financiero nacional de los pequeños productores agrícolas, habría desarmado un frente en el cual no tiene ninguna capacidad de generar contrapesos. Pero el gobierno creó un simulacro (que habían llegado a 11 puntos de acuerdo con el movimiento indígena), y se lo creyó. No hay acuerdo alguno con el movimiento indígena. El régimen no puede dar consistencia a sus propias ficciones porque daría cuenta que ha perdido incluso su sentido y su principio de realidad.

Ahora tiene que confrontar una dura batalla en la Asamblea Nacional que se encamina hacia su destitución, y tiene que hacer frente a una probable movilización nacional del movimiento indígena. Además necesita de capital político para aprobar su próxima proforma presupuestaria para el año 2022. ¿Cómo va a confrontar un escenario tan complicado?

Quizá sea un estudio de caso la forma por la cual el gobierno decidió no hacer política cuando más la necesitaba. Tal como ha procedido en estos primeros meses, su ingenuidad, su fanatismo, su arrogancia, y su incapacidad absoluta de comprender qué es la política y cómo hacerla, determinen su desenlace. El gobierno ha demostrado no tener ni la inteligencia, ni la habilidad política para enfrentar tanto a la Asamblea Nacional cuanto a los movimientos sociales, en especial al movimiento indígena. Así, todo apunta a confirmar la hipótesis que, tal como están las cosas, Guillermo Lasso no terminará el periodo al cual fue electo.

Por Pablo Dávalos | 09/10/2021

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Los desafíos de la región andina camino al superdomingo electoral  

Este domingo se llevarán a cabo elecciones en Ecuador y Perú, y la segunda vuelta en algunos departamentos de Bolivia. Chile, por su parte, decidió postergar los comicios que se iban a realizar este fin de semana, para el 15 y 16 de mayo próximo, debido a la situación sanitaria causada por la covid-19.

Los ecuatorianos y las ecuatorianas acuden nuevamente a las urnas en la segunda vuelta electoral para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República para el período 2021-2025. El pasado 7 de febrero, la fórmula Andrés Arauz-Carlos Rabascall de Unión por la Esperanza obtuvo el 32,72 por ciento frente a la fórmula de Guillermo Lasso-Alfredo Borrero, Alianza Creo–PSC, con el 19,74, luego de un período de incertidumbre y denuncias de fraude frente a la corta diferencia entre el segundo y tercer lugar con el candidato Yaku Pérez.

Esta segunda vuelta cobra mayor relevancia en cuanto al respeto a la institucionalidad democrática, luego de todas las instancias de judicialización, como las resoluciones y pedidos de la Contraloría General del Estado o las resoluciones de la Fiscalía General de la Nación que obstaculizaban la labor del CNE, y las intervenciones externas, como la llegada del Fiscal General de Colombia para reunirse con su par de Ecuador a raíz de una acusación falsa sobre un financiamiento que habría recibido Arauz por parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

El principal desafío de quien resulte electo este próximo domingo se deriva de los resultados de las elecciones a asambleístas, debido a la cantidad de votos recibidos por fuerzas políticas como Pachakutik e Izquierda Democrática, que no pudieron pasar a la segunda vuelta, pero cuyo caudal electoral llevó a que ninguna fuerza política tenga mayoría propia en la Asamblea Nacional. Frente a este panorama, la búsqueda de acuerdos y consensos con otras fuerzas políticas es primordial no sólo para lograr gobernabilidad, sino también para poder revertir la crisis sanitaria, social y económica en que se encuentra el país tras el gobierno de Lenin Moreno.

Perú se encuentra en el tramo final de campaña de las elecciones para elegir al Presidente de la República, sus dos Vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el periodo 2021-2026, en un contexto político de bastante convulsionado.

En el último período pasaron por la Presidencia de la República cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino –quien presentó su renuncia a menos de una semana de haber asumido el cargo– y el legislador Francisco Sagasti, quien finalmente fue elegido por el Congreso como mandatario interino hasta las elecciones de este año. Recordemos también hace poco más de un año, en enero de 2020, se realizaron elecciones extraordinarias congresales luego de la disolución del Congreso por parte del entonces Presidente, Vizcarra, que tuvo como resultado la consolidación de la dispersión del sistema de partidos.

Hoy, a solo días de las elecciones, y con 18 candidatos presidenciales, las encuestas muestran un escenario de fuerte fragmentación en el voto, que no sólo redundará en un Congreso altamente atomizado, sino también en la realización de una segunda vuelta que se desarrollaría el 6 de junio si, tal como refleja la intención de voto, ninguna de las candidaturas logra superar el cincuenta por ciento.

Una muestra de esto se observa en la mínima diferencia entre el candidato con mayor intención de voto, Yohny Lescano, del histórico partido Acción Popular, y quien está en el sexto puesto, hay menos de cinco por ciento de diferencia. Entre quienes se ubican en estos primeros lugares se encuentran también Keiko Fujimori, hija del ex presidente, quien fue candidata a la presidencia en 2011 y 2016, logrando llegar a la segunda vuelta en esas elecciones; Rafael López Aliaga, un empresario hotelero de extrema derecha, tildado por algunos como “El Bolsonaro de Perú”, millonario, extremista con discurso autoritario y antiderechos; Hernando de Soto, un economista de derecha de 79 años, responsable de la política de shock económico de Alberto Fujimori, que ha subido en la últimas encuestas diciendo que no dejará entrar “ni delincuentes ni pobres” de otros países.

Entre estos candidatos también se encuentra Verónika Mendoza, quien ha logrado aglutinar al electorado progresista y de izquierda en la coalición Juntos por Perú, e intentará pasar a la segunda vuelta para discutir qué proyecto político permitirá superar la grave crisis que vive el país.

Estas elecciones representan una oportunidad para Perú, de recuperar la institucionalidad democrática del país y lograr canalizar las demandas de políticas públicas que permitan reducir las desigualdades históricas existentes y afrontar la grave crisis sanitaria causada por la pandemia de la covid-19.

En este súperdomingo electoral, también se llevarán a cabo la segunda vuelta de las elecciones realizadas el 7 de marzo en algunos departamentos de Bolivia: Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija; en todos ellos el MAS-IPSP accedió a la segunda vuelta. Sin dudas es una elección clave para la gobernabilidad, considerando que hasta ahora en tres departamentos ganó el MAS-IPSP y en dos ganaron fuerzas opositoras, y en un contexto donde varios referentes de la región, ex presidentes y cancilleres denunciaron las intromisiones del secretario general de la OEA Luis Almagro en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, preocupación que se refuerza por la memoria reciente del Golpe del Estado de noviembre de 2019.

A cuatro días de las elecciones previstas en Chile para el 10 y 11 de abril, donde se elegirían constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores, el Parlamento sancionó una ley para aplazarlas para el próximo 15 y 16 de mayo, producto del rebrote de contagios y muertes que vivió el país en las últimas semanas a causa del coronavirus.

A pesar de la decisión de Chile, este superdomingo tendremos las elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia, tres países cuya institucionalidad democrática ha sido vulnerada en los últimos años.

* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP).

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Lenín Moreno, presidente de Ecuador, durante una ceremonia con militares por el Día de la Independencia. El acto, en la ciudad de Quito, se llevó a cabo el pasado día 21

 

¿Qué es lo que sucede en Ecuador? Es la pregunta recurrente que circula en el exterior, entre profesores, académicos, editorialistas o personas de reconocida influencia en la opinión crítica de sus países.

Tratando de responder a esa inquietud, habría que señalar que los 10 años del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) formaron parte del ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. Ellos despertaron poderosas fuerzas enemigas: el imperialismo, las élites empresariales, los medios de comunicación privados ligados a esos intereses, los partidos políticos tradicionales. En Ecuador, a estos sectores se unieron, con el paso del tiempo, dirigentes de movimientos sociales que perdieron antiguas prebendas y posiciones, así como partidos y sectores de la antigua izquierda, que fueron incapaces de comprender la época histórica que se vivía.

Para las elecciones de 2017, Alianza País (AP), el partido-movimiento que dio origen al gobierno de Correa, postuló al binomio Lenín Moreno y Jorge Glas. En la primera vuelta (19 de febrero) confrontaron a siete binomios, pero para la segunda (2 de abril) se enfrentaron al exbanquero y millonario Guillermo Lasso (binomio con Andrés Páez), auspiciado por Creo y SUMA, y apoyado por la derecha política. Ganó Moreno con 51.16 por ciento de votos (Lasso obtuvo 48.84 por ciento). Ese triunfo fue calificado de fraude por el candidato perdedor, de modo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), cediendo a las presiones, tuvo que realizar otro conteo de sufragios.

Durante la campaña, Moreno expresó lealtad a Correa, a quien destacó como el mejor presidente en la historia nacional. Señaló que la Revolución Ciudadana continuaría. Eso destapó los ataques de la oposición, que lo miró como el futuro continuista de un gobierno tildado de antidemocrático, autoritario, caudillista o populista.

Con la toma de posesión (24 de mayo), Moreno nombró un gabinete con algunas personas identificadas con el anterior gobierno y otros nuevos empresarios, lo cual parecía una renovación necesaria. Pero en pocas semanas la situación cambió. Sirvió de estrategia el diálogo nacional que inauguró el mandatario y que derivó en el resurgir de las derechas políticas y, sobre todo, de las élites empresariales, auspiciadas por los más influyentes medios de comunicación privados, que aplaudieron el nuevo ambiente de libertad que según Moreno ahora sí se respiraba.

Bajo ese inédito ambiente, no visto en una década, estalló el tema de la corrupción, que involucró a Odebrecht, PetroEcuador y altos funcionarios del gobierno de Correa. Sin duda, los escandalosos casos descubiertos, magnificados por los políticos de la antigua oposición y los medios de comunicación que los secundan, golpearon seriamente la imagen de Revolución Ciudadana. El juicio al vicepresidente Glas concluyó con sentencia condenatoria. De modo que el tema acicateó las justificaciones de la ruptura definitiva del gobierno morenista con su antecesor, al tiempo que siguieron amenazas judiciales y de la Contraloría contra antiguos funcionarios del correísmo.

En apenas ocho meses se modificó la correlación de fuerzas en el país. Hoy, élites empresariales, partidos de derecha política y toda la gama de sectores que han encontrado la oportunidad para movilizar su visceral anticorreísmo han adquirido presencia e influencia, ocupan los espacios mediáticos y sienten que sus posiciones predominan. Los banqueros recibieron el monopolio del manejo del dinero electrónico que estuvo en manos del Banco Central, algo impensable en el gobierno de Correa. A esas fuerzas también se han unido las izquierdas tradicionales, los marxistas pro-bancarios (otrora hicieron campaña a favor de Lasso) y hasta dirigentes de movimientos sociales (como el indígena y el de los trabajadores), atraídos con puestos públicos o nuevas prebendas de coyuntura. A los medios de comunicación privados se han sumado, paradójicamente, los públicos, alineados ahora con la misma visión. Todos se orientan por la descorreización del Estado y de la sociedad, y ven que este proceso avanza inexorablemente. No se habla más de Revolución Ciudadana ni del socialismo del siglo XXI.

Para el ex presidente Correa y sus partidarios, Moreno representa la traición y ahora cumple el programa perdedor de Lasso. En la geopolítica internacional no cabe descartar la movilización de estrategias continentales contra todo gobierno progresista en América Latina y para perseguir a sus figuras, como ha ocurrido con Cristina Fernández, Lula da Silva o Dilma Rousseff.

El mismo partido-movimiento AP literalmente fue tomado por los morenistas, que lograron el desconocimiento legal de la directiva correísta, fracción que pasó a identificarse con el nombre Revolución Ciudadana y que intentó registrarse como nueva agrupación política ante el CNE sin éxito.

En este contexto, la convocatoria gubernamental a consulta popular, siete preguntas, inevitablemente conduce a legitimar las nuevas circunstancias políticas y captar la institucionalidad estatal, desplazando definitivamente al correísmo. Son tres las preguntas de mayor significación y polémica: la dos, que propone negar la relección indefinida; la tres, para restructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la seis, para derogar la ley de plusvalía.

La dos impedirá cualquier retorno de Rafael Correa al poder, propósito explícitamente publicitado por quienes defienden el Sí. La pregunta seis es fruto de la presión de un sector empresarial que considera que el impuesto a la venta de bienes inmuebles afecta sus negocios. Pero la tres es la decisiva, porque la Asamblea Nacional nombrará siete miembros del CPCCS de transición (en el futuro sería por elecciones) entre las ternas que enviará el Ejecutivo, y que tendrá la capacidad para evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el consejo cesado, pudiendo incluso declarar la terminación anticipada de sus funciones. En consecuencia, el CPCCS de transición podrá nombrar contralor, fiscal, procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura (nombra jueces), Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, superintendentes. Se interviene, por tanto, en una de las cinco funciones del Estado creadas por la Constitución de 2008 y además, de triunfar el Sí, es previsible que las nuevas autoridades resulten de las componendas políticas, involucrando al Ejecutivo. Sería un retroceso histórico a los amarres típicos de la vieja clase política, que parecían superados desde 2007.

El ex presidente Rafael Correa llegó al país (vive con su familia en Bélgica) para respaldar a quienes promueven el No bajo condiciones absolutamente adversas. El resultado se conocerá el 4 de febrero, día de la consulta popular. Lo que ocurra después es mejor que quede como materia de análisis pendiente para otra ocasión.

Quito, 25/I/2018

 

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La reelección indefinida, una traición a la democracia

 

 

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.


Simón Bolívar

Congreso de Angustura, 1819

 

En una sociedad que aspire a respetar el poder popular, las consultas al pueblo frente a temas cruciales son lo menos que se debe esperar y exigir. Bajo este principio podemos analizar la consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno. Una consulta que requiere de reflexiones profundas antes de responderse pues posee varias tonalidades:

- preguntas tibias, como las relativas a la minería o al Yasuní (que casi en nada resuelven los problemas planteados, pero podrían asumirse como primeros pasos para profundizar el debate sobre los extractivismos);

- preguntas de apoyo rotundo, como la sanción a corruptos y violadores (aunque siempre cuestionándonos por qué no se instrumentan tales sanciones directamente, sin necesidad de consulta);

- preguntas polémicas, como la pregunta sobre la ley de plusvalía (¿es saludable eliminar una ley que grava impuestos a la especulación de tierras en vez de mejorarla?, definitivamente no es saludable);

- y preguntas políticamente cruciales, como las preguntas sobre la reelección indefinida y el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (quizá aquellas que recogen la verdadera razón de ser de la consulta); preguntas tan cruciales, que no basta con votarlas “SI”, sino que exigen una inmediata presión social para evitar que -luego de la consulta- se reedite la concentración de poder alcanzada por el correísmo.

Al ver estos temas se nota que en la consulta faltó la voluntad política para preguntar otras cuestiones de fondo, e incluso derribar todas las enmiendas constitucionales de diciembre de 2015 así como las reformas realizadas en 2011; muchos de esos cambios cargados de inconstitucionalidades. Entre las enmiendas hechas en 2015 que deberían cuestionarse -por temas logísticos se lo pudo haber hecho en una sola pregunta que las derrumbe todas de golpe- podemos recordar a: las FFAA como guardia pretoriana para reprimir; la comunicación como servicio público y no como derecho; la restricción de derechos laborales en el sector público; la disminución de funciones de la Contraloría; retroceso del derecho ciudadano y de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a consultas populares; reducción de competencias a dichos gobiernos autónomos...

A más de tener contenidos limitados, claramente la consulta es un intento del gobierno de Lenín Moreno para consolidarse. Sin embargo, en el caso de ganar el “SI”, dicho resultado no puede entenderse como un cheque en blanco para Moreno. Todo lo contrario: apenas se conozca el resultado de la consulta es crucial exigir desde la lucha popular una reconfiguración del poder político hacia formas más democráticas, no hacia formas más concentradoras. No podemos pasar del “correísmo” al “morenismo” ni podemos cerrar los ojos ante las fallas que el mismo gobierno de Moreno muestra en temas vitales como la economía (otro campo que tocará disputarse desde la organización popular). Tal presión social deberá hacerse presente incluso en el caso -poco probable- de que gane el “NO”...

De todas formas, cabe admitir -más allá del contenido- que la consulta es una oportunidad para que el pueblo recupere su involucramiento en la discusión y aprobación de decisiones nacionales. Así, la consulta puede ser un ejercicio importante de pedagogía política, pues no se trata solo de aprobar algunas reformas legales y constitucionales, sino de hacerlo en democracia (práctica que se fue perdiendo, sobre todo en los últimos años del correísmo). Pero a más de brindar un espacio de disputa democrática, la consulta crea la oportunidad de recuperar un elemento básico de una democracia vigorosa y radical (aspiración que dio vida a la propia Constitución de Montecristi): la alternabilidad en el manejo del poder político[3].

En efecto, la consulta es la oportunidad para derribar una norma aprobada con dedicatoria: la reelección indefinida impuesta inconstitucionalmente -y a espaldas del pueblo- por el correísmo. Dichas enmiendas se impusieron en diciembre de 2015 para beneficiar a un Rafael Correa que, apenas un par de años atrás (20 de enero de 2014) admitía que “es un gran daño que una persona sea tan indispensable, que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas de juego”, al tiempo que descartaba impulsar una reforma constitucional para introducir la reelección indefinida. Y no solo que impulsó la reforma, sino que el propio correísmo incorporó una transitoria disponiendo que la reelección indefinida aplique luego de las elecciones de 2017 pues Correa tenía claro que no iba a vencer: una total manipulación de la democracia en función de los caprichos de un caudillo...

Justo para evitar eso, en Montecristi se planteó con fuerza eliminar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular. Eso se estableció expresamente en el artículo 114, y en el 144 para los presidentes y vicepresidentes de la República. Esta norma se extendió a partidos políticos (artículo 108), consejos de igualdad ciudadana (artículo 157), e inclusive a toda organización colectiva (artículo 96). La Asamblea fue muy clara, por ejemplo, al establecer la alternabilidad hasta en las organizaciones sociales: “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (artículo 96). Queda claro, entonces, que la Asamblea Constituyente apuntó a la no reelección indefinida, la cual en el año 2007 era absurda para el propio Correa (hasta enero de 2014, como ya anotamos), así como para varios asambleístas que solo apoyaban la reelección “por una ocasión” (como Virgilio Hernández, actual defensor de la reelección indefinida en favor de Correa).

En Montecristi se prohibió la segunda reelección inmediata para evitar que un presidente en funciones use el poder del Estado para intentar perennizarse. Por cierto, de plano no se debe confundir la reelección indefinida en un sistema presidencialista -como el ecuatoriano- con sistemas parlamentarios -como en Europa, por ejemplo- pues, en los presidencialismos el ya de por sí alto poder adjudicado al ejecutivo termina desbordándose y deriva en hiper-presidencialismo. De hecho, si algo hemos aprendido estos diez años es que un sistema presidencialista exacerbado no compagina con una democracia participativa. En consecuencia, prohibir la reelección es un límite necesario.

Tal situación es clara en el caso ecuatoriano, en donde la reelección indefinida permite que se amplíe aún más la elevada influencia que ya de por sí tiene el ejecutivo sobre la nominación de órganos de control y de órganos autónomos. Por ejemplo, el ejecutivo nomina a miembros de la Corte Constitucional (Art. 434 de la Constitución de Montecristi), y tiene delegados en el Consejo de la Judicatura (Art. 179), una elevada capacidad de influencia que también debería cuestionarse.

Este problema, en la situación actual del país, se traduce en la necesidad crucial de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrado a gusto del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa. Por ello, a pesar de los posibles cuestionamientos constitucionales a esta pregunta y del enorme poder que se le concedería al ejecutivo “morenista” votando “SI” en este tema, es necesario hacerlo para superar al Consejo correísta. Pero luego del 4 de febrero -de ganar el “SI”- habrá que organizar una enorme presión social para que el gobierno de Lenín Moreno no siga la senda de su antecesor. Incluso, si es necesario, se tendrá que salir a las calles para exigir que el Consejo de transición no sea una mera reedición de una instancia controlada por un nuevo mandamás.

A su vez, la reelección por un solo período intentó limitar el poder que la sociedad adjudica a un individuo, sea este un presidente, alcalde, prefecto, etc. Dicho límite impide, además, que una mayoría auto sostenida en el poder se atribuya la vocería excluyente y exclusiva del pueblo. Recordemos que el poder es capaz de hacer pasar la razón del poderoso como la única razón posible, aniquilando al pluralismo y a la diversidad que nacen de la alternabilidad. En una sociedad que aspire realmente a la democracia, es inaceptable que se imponga una sola tendencia o programa político, lo cual es más que posible si un gobernante con elevado poder sobre el Estado es reelegido indefinidamente. Eliminar la garantía de alternabilidad rompe un tope individual a quien ostenta el poder, atentando casi de muerte al pluralismo político.

En efecto, la reelección indefinida impide que surjan los espacios necesarios para consolidar un Estado que aspire a ser democrático, intercultural, plurinacional (Art. 1 de la Constitución de Montecristi) y que intente garantizar la participación en igualdad, la deliberación pública, promoviendo la diferencia (Art. 95), las diversas opciones ideológicas y políticas, aspectos necesarios al manejar los asuntos públicos en diversidad.

Por otro lado, la reelección afecta el principio de igualdad y no discriminación. Si se permite la reelección de quien ya ejerce el poder político, no existe igualdad de condiciones entre quienes disputan dicho poder. Ya lo experimentamos con Rafael Correa cuando él -en contubernio con el Consejo Nacional Electoral- aprovechó y abusó de los recursos públicos en sus campañas electorales, incluyendo espacios en medios de comunicación y todo el aparato estatal; mientras otros candidatos simplemente no tenían recursos para hacer campaña. De todas formas, tampoco debemos olvidar que el problema del uso de recursos para la disputa del poder político es inherente a las democracias representativas modernas -donde el dinero ha reemplazado al balcón-, de modo que en el largo plazo urge pensar en reconstruir la idea misma de representación y hasta de democracia desde las bases comunitarias de la sociedad.

Además, al no prohibir la reelección indefinida se afecta los derechos de las minorías y de la oposición, incluso las posibilidades de los potenciales candidatos de la misma tendencia política del ejecutor del poder. La democracia no es viable sin alternancia, lo cual no implica limitar la posibilidad de que una organización política continúe la obra realizada por su predecesora, siempre y cuando se sustente sobre bases sólidas y democráticas, en donde los caudillos sean inadmisibles.

Ahora, hay quienes audazmente podrían preguntar ¿y por qué no dejar que las personas elijan cuantas veces deseen a cualquier persona?, ¿quitar esa posibilidad no limita los derechos del pueblo? Aunque podría parecer válida la pregunta, no lo es. Debemos dejar de ver al poder político, al poder económico y al poder en general como un mero instrumento neutral que la sociedad amigablemente adjudica a una u otra persona para que ésta emprenda cambios sociales. Las dinámicas del poder son complejas, y tienen el potencial de manipular, inducir, forzar y engañar al pueblo -con prácticas capaces de corromper hasta al espíritu más fuerte- a fin de ampliarse a sí mismas, pues el poder solo sobrevive concentrando más poder. Por ello, si no usamos todos los mecanismos e instituciones a nuestro alcance para limitar a esa “voluntad del poder”, la misma puede rebasarnos y carcomer cualquier intento de democracia...

La historia enseña que, si una persona ejerce el poder sin límites temporales, tiende a concentrarlo. Toda concentración de poder implica corrupción, tiranía, opresión, implica la destrucción misma de la democracia. La reelección indefinida rompe el límite temporal del poder, ampliando sus posibilidades de injerir en otros poderes, limitando las libertades y obstaculizando el grado de especialización institucional que los diversos órganos podrían alcanzar en el ejercicio de sus funciones. En suma, la concentración de poder afecta la esencia de la democracia y abre la puerta a la infamia y a la corrupción galopante, como lo hemos vivido en el correísmo.

Por ello, los límites temporales al ejercicio del poder son vitales. No tener límites en el tiempo significa promover el autoritarismo y corroer la democracia. Es más, hasta los derechos políticos y de propiedad, sin restricciones, generan concentración de poder. Tales derechos son -y deben ser- intrínsecamente limitables, más aún en sociedades basadas en la desigualdad. Sin límites los derechos políticos generan despotismo, así como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas que -al menos en el papel- deberían tener iguales derechos.

Al existir una regla social previa que limite al ejercicio del poder -como la no reelección indefinida- la propia persona ejecutora de ese poder limitará sus expectativas. Esto constituye un mecanismo de control con el cual el sujeto político está obligado de atenerse al tiempo señalado, de propiciar la sucesión e incluso de aceptar el inmediato escrutinio público de sus actos. Por lo mismo, la pregunta sobre la no-reelección indefinida necesita votarse con un “SI” sin dubitaciones.

En definitiva, la reelección indefinida lleva a que el ejecutor del poder se crea eterno, casi inmortal. En cambio, la no-reelección es un pequeño intento de recordarle a dicho “ejecutor” que, más allá de cualquier apariencia o título majestuoso, es un simple e insignificante mortal, como cualquiera de nosotros. Por tanto, la no-reelección no implica restringir derechos políticos -ni al pueblo ni a una persona- sino más bien implica una ampliación crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos, al recordarnos que no somos eternos sino simplemente humanos...

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[1] Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.

[3] Basta recordar el Plan de Gobierno de Alianza País (2006) en donde categóricamente, es su página 10, se planteó la necesidad de dar paso a “nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad”.

 

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Rafael Correa, en una foto de archivo. JOSÉ JÁCOME

 

El expresidente de Ecuador se desvincula de Alianza PAIS tras perder la disputa por la dirigencia contra Lenín Moreno

 

Hace ocho meses Rafael Correa era presidente de Ecuador y líder indiscutible de un partido con el que se había mantenido en el poder durante 10 años. Hoy, Correa empieza de cero. Ha presentado este martes un escrito ante el órgano electoral para desvincularse de Alianza PAIS, con la intención de crear una nueva formación política para hacer frente a su sucesor en el Gobierno y en el partido, Lenín Moreno.

La decisión de desmarcarse de la marca PAIS, poderosa durante la última década, se formaliza un día después de la derrota en los tribunales de la disputa que mantenían los correístas y los seguidores del presidente Moreno por dirigir el partido. Finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador se pronunció ayer y refrendó la directiva de la facción morenista, rechazando un recurso de apelación de Gabriela Rivadeneira, que quedó entonces deslegitimada como secretaria jurídica de AP. “A través de ese tribunal nos han robado el movimiento de Carondelet (sede de la presidencia), ya no solo son traidores, son ladrones”, denunció Correa, que regresó a Ecuador a inicios de enero para liderar la campaña por el ‘no’ ante la consulta popular que se celebrará el 4 de febrero y que podría cerrarle las puertas de la reelección indefinida.

Junto a él, otros 28 asambleístas de Alianza PAIS han anunciado que acompañaran al fundador del movimiento verdeflex en su nueva formación. Contra la resolución del Contencioso Electoral, pedirán la recusación de los jueces y llevarán el caso a instancias internacionales. El proceso se inició cuando el ala afín al exmandatario destituyó por su cuenta al presidente Moreno como líder del partido y que les supuso la suspensión temporal de militancia. Ni el Consejo Nacional Electoral ni los tribunales reconocieron el cambio de liderazgo.

“Por supuesto duele, cuando alguien construye, organiza... Claro que duele”, declaró a la prensa Rivadeneira, una de las más firmes defensoras del correísmo. “Pueden quedarse con todo. No empezamos de cero, porque empezamos con un padrón que va a respaldar el nuevo movimiento. Tenemos a la militancia”, confió la aún asambleísta de PAIS, anunciando que ya se han iniciado los trámites para que se reconozca el nuevo partido. El órgano de control electoral tiene previsto analizar en su quinto punto del orden del día si les entrega o no los formularios para recabar firmas y poder formar el nuevo partido.

Nada ha sido fruto de la improvisación. Además de confirmar que la decisión de crear un partido nuevo si se perdía el control de PAIS se tomó a finales de noviembre, durante la primera visita de Correa a Ecuador como expresidente, el ala correísta promociona desde entonces una nueva identidad: el movimiento Revolución Ciudadana. El color verdeflex y las siglas de Alianza PAIS han desaparecido de sus eventos. Incluso en las redes sociales, que han servido de altavoz para Correa desde que se marchó a Bélgica en junio. Su perfil ha cambiado a una estética azul, con lemas contra la consulta popular que promueve el presidente Moreno y ha dejado de seguir a AP.

El adiós de Correa y 28 asambleístas al partido con el que nació la Revolución Ciudadana podrá también tener consecuencias en la Asamblea si el presidente Moreno no consigue el respaldo a sus propuestas de los legisladores fieles a su predecesor. “Es importante la definición de las comisiones para saber realmente el grupo que va a apoyar la gestión del presidente Moreno y de la política que él impulse. Esperaría que con su actitud no exista un bloqueo”, ha dicho la asambleísta Elizabeth Cabezas, según recoge El Universo. Hasta ahora, pese a la fricción entre las dos facciones de los últimos meses, la bancada de Alianza PAIS ha tomado posturas alineadas, sobre todo, a la hora de frenar impulsos de la oposición para fiscalizar o enjuiciar políticamente a colaboradores del Gobierno.

 

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Sábado, 06 Enero 2018 09:02

La corrupción, por las nubes

Jorge Glas / Foto: Afp

 

El devenir informativo de los últimos meses ha hecho que los ecuatorianos vayan acostumbrándose, día tras día, a despertar con la difusión de un nuevo escándalo de corrupción a través de sus medios de comunicación.

 

Si bien este asunto no es nuevo, pues la corrupción lleva décadas enraizada en la política nacional, las dimensiones actuales lo han convertido en el segundo problema más preocupante para la sociedad ecuatoriana, después del desempleo.

El vicepresidente, Jorge Glas, cesado en la actualidad de sus funciones, lleva tres meses encerrado en la Cárcel 4 de Quito. El número dos del antiguo gobierno, impuesto por el ex presidente Rafael Correa como número dos también del actual, fue condenado el 13 de diciembre a cumplir una sentencia de seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, y está obligado a devolver –junto a sus cómplices– 33,4 millones de dólares como afectación dolosa al patrimonio del Estado ecuatoriano.

Glas no sólo es el primer vicepresidente del país encarcelado mientras estaba desempeñando de su cargo, sino el funcionario de más alto rango, en ejercicio, de América Latina detenido a consecuencia de la Operación Lava Jato.

Lo anterior propiciará que en los próximos días el presidente, Lenín Moreno, proponga formalmente una terna al Legislativo para sustituir al vicepresidente encarcelado, el cual desde el 3 de enero cumple los 90 días máximos permitidos de ausencia temporal para el cargo. Los medios de comunicación han filtrado en los últimos días los nombres de tres ministras del actual Ejecutivo como posibles sucesoras del ex vice.

La situación de Glas es extremadamente compleja, pues todo apunta a que las investigaciones judiciales a las que está sometido desencadenarán nuevos procesos en su contra. Si su condena actual es por asociación ilícita, aún está por determinarse con qué finalidad cometió este acto delictivo.

Pero los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, lavado de activos y testaferrismo abundan en Ecuador. Durante este año 2018 deberán resolverse otros tantos casos más de corrupción que implican a ex ministros del gobierno de Correa –algunos de ellos fugados–, su ex contralor general –también escondido en Miami– y altos funcionarios responsables de megaproyectos construidos durante esta última década.

El propio Correa, que vuelve al país esta semana para hacer campaña en contra de la consulta popular impulsada desde el actual Ejecutivo y que según su resultado puede impedir su presentación como candidato presidencial en las próximas elecciones, ya ha anunciado que teme ser vinculado a las tramas de corrupción que paulatinamente van destapándose.


POR QUÉ.


Entender las causas por las cuales durante el mandato de Correa esta pequeña nación andina ha pasado a ser considerada como una de las que tienen los más altos índices de corrupción implica entender un entramado de leyes desarrollado durante los últimos diez años que hicieron que fuera más fácil delinquir en la gestión pública y más improbable que antes que dicha corrupción saliera a la luz.

El primer error es constitucional, pues la actual carta magna –aprobada en setiembre de 2008–,que pretendió ser la más garantista del mundo, creó la Función de Transparencia y Control Social. Con ello se buscó superar el histórico reparto de instituciones públicas y organismos de control que había sufrido Ecuador durante los tiempos de la vieja partidocracia, conformando a través de la nueva estructura de un “supuesto” Estado moderno un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ese consejo de siete miembros se lo dotó de las siguientes competencias: promover e incentivar el ejercicio de los derechos relacionados con la participación ciudadana, establecer mecanismos de control social para asuntos públicos, elegir a los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Corte Constitucional, entre otros.

Sin embargo, este llamado “quinto poder” se construye a partir de una Constitución que concentra una gran parte de éste en el presidente de la República, una imposición de Rafael Correa a la que la bancada mayoritaria de su partido durante la Asamblea Constituyente (2007-2008) no tuvo el valor de enfrentarse, permitiéndole influir decisivamente en la conformación de un organismo que, a través de un concurso de méritos, pretendía ser representante de la sociedad civil.

El resultado es evidente: todos los organismos de control del sistema democrático quedaron en manos de personas afines al partido de gobierno. De igual manera, el Ejecutivo impulsó una nueva “ley de servicio de contratación pública” que teóricamente pretendía transparentar esta función del Estado. Derivado de dicha ley se creó la figura del “régimen especial”, lo cual permitió al Estado contratar a empresas sin licitaciones públicas, bastando una selección directa del proveedor avalada tan sólo por el visto bueno del ministro del área. Esa misma ley incorpora la opción de que entidades estatales y empresas públicas puedan contratar obras, bienes, servicios y consultorías –incluso con empresas extranjeras– sin requerir garantía alguna y también mediante selección directa.

En estos últimos diez años Correa dictó 16 decretos de emergencia tan sólo en el sector petróleo, lo que abrió las puertas a la corrupción en los sectores estratégicos, sin contar con otras áreas de intervención del Estado que también se vieron afectadas por dicha reglamentación.

Por último, cabe reseñar que entre 2005 y 2015 la Contraloría ha enviado a la Fiscalía General del Estado más de 2 mil informes por mal uso de fondos públicos. El anterior fiscal, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa, reconoció la falta de respuesta por “falta de registros” de la institución que dirigía, anunciando la pronta implementación de un sistema para hacer un seguimiento en “tiempo real” que nunca llegó a ponerse en marcha. Hasta el cierre de 2016 tan sólo hubo 245 sentencias, que básicamente hacían referencia a pequeños casos vinculados a municipios que desviaron recursos. Los procesos hoy en marcha contra altos funcionarios públicos vinculados al gobierno nacional devienen de investigaciones internacionales, como la Operación Lava Jato, en Brasil, y nunca son fruto de acciones iniciadas judicialmente en el país.

 

 

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El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante la entrevista con EL PAÍS en el Palacio de Carondelet.

 

Lenín Boltaire Moreno (Quito, 1953) acaba de cumplir seis meses de mandato como presidente de Ecuador. Sucesor de Rafael Correa y dirigente del mismo partido, Movimiento Alianza País, ha marcado distancias del exmandatario, quien emprendió una operación de desgaste desde Bruselas, donde reside, y amenazó con regresar a la primera línea de la política. Moreno, que comienza hoy un viaje oficial a España, recibió la semana pasada a EL PAÍS en el Palacio de Carondelet en Quito. En esta entrevista, habla de su proyecto, de las diferencias con la anterior gestión, de las interferencias de Julian Assange en Cataluña y de lucha contra la corrupción. Esta semana, el vicepresidente Jorge Glas, cercano a Correa, fue condenado a seis años por el caso Odebrecht.

 

Pregunta. Acaba de hacer balance de seis meses de gobierno. En este tiempo, ¿se ha convertido Correa en su mayor opositor?

Respuesta. Quienes valoren realmente la gestión que hemos hecho no podemos ser nosotros, es el pueblo ecuatoriano, que mayoritariamente, casi un 80% [según dos encuestadoras], está a favor. Hemos tomado un nuevo punto de vista con respecto a nuestra relación con los gremios profesionales, con los gremios de la producción, con los gremios de trabajadores, con los políticos, con la ciudadanía en general, con los medios de comunicación, nuevos puntos de vista orientados a dialogar, no a imponer. A concertar. A llegar a acuerdos mínimos. El principal opositor es la falta de reactivación económica, la inmensa deuda que nos dejaron, la cantidad de obras inconclusas. El más grande opositor es la pobreza, el desempleo, es la desmotivación y la confrontación. El ciudadano Rafael Correa es un opositor más. Nada más.

 

P. Ecuador debe hacer frente a una abultada deuda pública y su plan económico ha recibido críticas por no diferenciarse del anterior.

R. Ese es el proyecto que ganó las elecciones. Debemos ser consecuentes con aquello. Sin embargo, en el último periodo del economista Rafael Correa creo que faltó autocrítica, renovar, innovar. La crítica nos permite obtener criterios sinceros acerca de lo que hemos hecho mal o lo que podemos hacer hacia el futuro. Y la autocrítica, más aún todavía. Tenemos un plan de reactivación económica. La Asamblea nos lo ha enviado con algunos cambios. El presidente del Ecuador tiene derecho a vetar esos cambios y a devolverlos a la Asamblea. Sin duda alguna, se van a vetar algunos elementos, se va a devolver a la Asamblea, en ese momento esperamos que vaya a volver totalmente aprobado y con ese marco podemos ya desarrollar nuestro trabajo de manera plena. A pesar de eso hemos hecho muchísimas tareas vinculadas a lo que sería la oferta de campaña que es el plan toda una vida, que implica la atención del ser humano desde el momento de la concepción hasta que Dios decida cerrarle los ojos.

 

P. ¿La tensión en la que se encuentra su partido le va a permitir legislar en la Asamblea?

R. Yo tengo fe en la Asamblea, y además no gobierno con la Asamblea, gobierno con el pueblo ecuatoriano. Hay una división, está casi marcada ya. Sin embargo, en puntos trascendentales podrá ver que se vota en conjunto. Se ha votado en conjunto y creo que se va a continuar haciendo.

 

P. En febrero habrá una consulta que plantea, entre otras cuestiones, eliminar la reelección indefinida.

R. He manifestado siempre que no estoy de acuerdo con las reelecciones. A veces ni siquiera una sola. Una reelección indefinida ya se convierte en una dictadura disfrazada de democracia. El círculo del mandatario le crea un halo de que él está predestinado, que es casi un enviado de Dios. Por ejemplo, se me dejó una cámara encendida acá en mi despacho. Ni siquiera la cortesía de avisarme de que aquí estaba para poder saludarnos cotidianamente. Fue una cosa muy especial y digna de un tropicalismo pasado. Porque apenas se me avisó al día siguiente de que una de las personas de seguridad se había arrimado a una pared y notó que estaba caliente. Esta cámara que de acuerdo con lo que yo conversé con una de las personas técnicas me dijo que era una cámara que la controlaba y monitoreaba directamente el expresidente de la República, Rafael Correa.

Lenín Moreno reflexiona y recuerda la célebre tetralogía de Richard Wagner, El anillo del nibelungo, y la obra de J. R. R. Tolkien.

- Allí [en El hobbit y El Señor de los Anillos] Gollum, un joven bueno, encuentra ese anillo, que [para Wagner] fuera fabricado por un nibelungo, y que supuestamente daba poderes extraordinarios. Pero tenía un requisito el poseer el anillo: el perder la capacidad de amar. Y esto yo creo que les ocurre a todos los que quieren perpetrarse en el poder. Simón Bolívar decía que no hay peor desgracia de un pueblo que aquella en la cual un mandatario se acostumbra a mandar y a obedecer, generalmente esto deriva en dictaduras y en corrupción. Yo conocí a otro Rafael Correa, que estaba muy deseoso de transformar el Ecuador. Así lo hicimos en la primera etapa, pero luego ese deseo de perpetrarse en el poder hace que se piense más en las próximas elecciones que en el futuro del país. Empezaron a hacerse obras faraónicas, a diferencia de las obras de beneficio popular que se habían hecho. Hacer obras, endeudándose desmedidamente tomando recursos de cualquier otra institución del Estado. El asunto era hacer obras. Y por eso en este momento tenemos más de 600 obras que tienen problemas de tipo jurídicos, económicos y de corrupción.

 

P. Jorge Glas [que ya fue juzgado] está inmerso en el caso Odebrecht. ¿Por qué seguía siendo vicepresidente?

R. Cuando propusimos nuestro plan hablamos de una lucha frontal contra la corrupción. Eso tiene algunas facetas. La primera es la autonomía de las funciones. Que contraloría, fiscalía y el poder jurisdiccional sean totalmente independientes. Aquí no se dan órdenes desde el Ejecutivo. Porque existe un peligro, que se convierta como el Gobierno anterior, cuando la opinión del Ejecutivo era una especie de orden para las demás funciones del Estado. Yo lo escogí como candidato, no conocía estas actividades que se estaban realizando. Ha habido corrupción, mucha corrupción, se ha dicho indebidamente que ese fue el Gobierno más honesto del Ecuador. No lo fue. Eso no significa que los pasados fueran mejores, la corrupción ha sido una tónica permanente en la historia del Ecuador.

 

P. Correa tuvo relaciones muy tensas con los medios. ¿Cambiará la ley de comunicación?

R.Tenemos previsto revisarla. No retirarla, porque tiene muchos aspectos positivos. Pero hay otros, como el hecho de tener una organización rectora de la comunicación, que lejos de ser promotora, de tener actividades pedagógicas en cuanto a periodismo, orientadora, se ha dedicado a sancionar. La relación con los medios, al igual que con la ciudadanía, los gremios y partidos políticos, es una relación de tolerancia, de respeto, de saber que quien está en la actividad pública debe asumir que va a ser criticado. Y que así sea.

 


 
“ASSANGE NO TIENE DERECHO A INTERVENIR EN CATALUÑA”


P. Julian Assange interfiere en la crisis catalana desde su Embajada en Londres. ¿Se lo permite su estatus?

R. Somos muy respetuosos con la soberanía de cada pueblo. No queremos intervenir bajo ninguna circunstancia respecto a la situación de Cataluña. Que se resuelva el problema más pronto posible en beneficio de todos los españoles. Le hemos recordado al señor Assange que no tiene por qué intervenir en la política ecuatoriana porque su estatus no se lo permite. Intervenir en la política ecuatoriana ni en la política de nuestros países amigos. No tiene derecho a hacerlo y se ha comprometido a eso. Al señor Assange el Ecuador le proporcionó el asilo porque pensamos que realmente corría peligro su vida. Pero hay que recordarle que esta circunstancia, esa generosidad del pueblo ecuatoriano y su Gobierno bajo ninguna circunstancia le da derecho a intervenir en la política de países hermanos.

P. ¿Hay una salida a la gravísima crisis de Venezuela?

R. Vuelvo a recalcar el respeto a la soberanía y a la autodeterminación. Creo que ahí no cabe ningún tipo de intervención. Lo único que lograría es polarizar fuerzas. Cada pueblo encuentra su vía democrática. Veo que hay un afán de conciliar de conversar con los sectores de la oposición y lo celebro. Ahora sí, no he dejado de manifestar mi preocupación por los muchos muertos que hay, por que se ejerza de manera libre y amplia la democracia, pero eso lo hemos hecho en los foros internacionales como la OEA, Unasur y Naciones Unidas.

 

 

 

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