Jueves, 03 Febrero 2022 05:46

El nefasto regreso del FMI

El nefasto regreso del FMI

Finalmente, el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda tomada por Macri. El presidente Fernández endulzó el anunció con la promesa de evitar el ajuste y sugirió que es la mejor opción posible. Pero desechó las alternativas a esa rendición y olvidó que el país nunca salió airoso de esos compromisos.

Legitimación de una estafa

El acuerdo del presidente Alberto Fernández con el FMI legaliza las irregularidades de un crédito que violó todas las normas del FMI y financió la fuga de capitales, sin aportar un sólo dólar a los emprendimientos productivos. Todas las denuncias del oficialismo de ese fraude quedan ahora archivadas y las querellas contra los funcionarios de Cambiemos pierden sentido. No es cierto que “Fernández resuelve el problema generado por Macri”. El presidente ratifica las tropelías de su antecesor y avala el endeudamiento forzoso de las próximas generaciones.

El mandatario ofreció ciertas precisiones de lo acordado para los próximos dos años y medio, pero no dijo nada del escenario posterior. A partir de 2025 reaparecerá toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados al Fondo. En ese momento resurgirá la imposibilidad de pago y la consiguiente obligación de concertar otro acuerdo más gravoso. Por esta razón, Guzmán [ministro de Economía] soslayó esta vez su término predilecto de “convenio sustentable”. Concertó un deshago inmediato que pospone el problema, repitiendo la dilación ya negociada con los bonistas privados. Acordó una relativa tregua para el próximo bienio, que mantiene activada la bomba de un endeudamiento explosivo.

Si la postergación funciona, al concluir el período de gracia habrá que afrontar la misma montaña de vencimientos impagables. Los 20.000 millones de dólares anuales que demanda el Fondo no aparecerán tampoco en el futuro. En ese momento el FMI volverá a la carga con sus conocidas exigencias de reforma laboral y previsional. Guzmán se jacta de haber logrado la eliminación de esos atropellos en el convenio actual, pero oculta que resurgirán en la próxima refinanciación.

Algunos funcionarios argumentan que el país podrá negociar con mayor fuerza dentro de dos años. Pero no explican cómo emergerá esa redoblada capacidad de Argentina para plantarse ante el Fondo. Los inspectores de ese organismo ya estarán cómodamente instalados en el Ministerio de Economía y el Banco Central y se habrá perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo. Ningún funcionario podrá objetar en el futuro la estafa que convalida en la actualidad. No podrán alegar la responsabilidad de Macri, Trump y Lagarde en un crédito ratificado por Fernández, Biden y Giorgieva.

Todas las denuncias de un pasivo odioso irán al cajón de los recuerdos. Lo mismo ocurrirá con las demandas de intervención a la ONU y la Corte Internacional de Justicia, para que declaren la nulidad de una operación financiera irregular. Fernández repite la misma aceptación del fraude que asumieron todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas. Esa sucesión de ratificaciones ha transformado al endeudamiento en un aluvión inmanejable. Por enésima vez una gestión progresista blanquea los atropellos de su antecesor derechista, con la misma repetición de la división del trabajo. El escandaloso pasivo asumido por los equipos económicos ortodoxos es bendecido por sus pares de la heterodoxia.

Mientras el país se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI respiran aliviados. Transformaron a la Argentina en el principal deudor del organismo y no tendrán que explicar por qué razón ninguna otra nación afronta una situación semejante. Los otros dos pagadores pendientes (Egipto e Irak) adeudan montos incomparablemente más bajos.

El mismo auxilio oficial se extiende a los grandes capitalistas locales, que transformaron el dinero otorgado por el FMI en cuentas propias depositadas en el exterior. La investigación ya realizada por el Banco Central tiene identificados a los beneficiarios de esa fuga, que naturalmente aprueban la convalidación de su maniobra. Las principales entidades del establishment ya anticiparon ese entusiasta apoyo al convenio. Guzmán tuvo en su escritorio el listado completo de esos enriquecidos y congeló la investigación. No permitió siquiera el cruce de datos con los registros de la AFIP, para evaluar si los dólares expatriados fueron declarados al fisco.

Los funcionarios sólo emitieron vagos pedidos de colaboración al FMI, para que contribuyera a la recuperación de los dólares escondidos en los paraísos fiscales. Obviamente el principal cómplice de la estafa no aportó ninguna información y el cajoneo de la investigación anticipó el acuerdo propiciado por Washington.

¿Un recorte sin ajuste?

El gobierno sustituirá el crédito suscrito por Macri por otro que refinancia el incumplimiento de ese préstamo. El FMI se asegura el cobro de lo adeudado con la prolongación de los plazos y la custodia de la política económica. Esa auditoría se concretará a través de diez revisiones trimestrales, que le garantizan al Fondo una estratégica cogestión durante los próximos mandatos presidenciales.

Guzmán presenta esa reinstalación del FMI como un dato “razonable” que contribuirá a reducir la “incertidumbre”. Pero omite que esa injerencia reactivará el desprecio que exhibieron por el país todos los emisarios del Fondo, en los 22 acuerdos suscritos en las últimas seis décadas. Mientras Giorgieva pone cara de ocasión y comparte con el Papa Francisco los mensajes indulgentes, los directivos reales del organismo (David Lipton, Ilan Goldfajn) son viejos cómplices de Macri, que exigen una gran cirugía de Argentina.

Por esa razón han demolido todas las peticiones de benevolencia. Rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron. Han vetado, además, el eventual otorgamiento de fondos adicionales por parte de otros socios de la institución.

Guzmán disimula esa dureza, alabando los cuatro compromisos acordados con el FMI para los próximos dos años y medio. Realza, en primer lugar, la reducción del déficit fiscal que el gobierno proponía situar en 3,3% del PBI para el año en curso y que finalmente se ubicará en 2,5%. Para el 2023 deberá ser de 1,9% y en 2024 de 0,9%.

Estas disminuciones han sido el gran estandarte de la ortodoxia derechista, que sitúa la principal desgracia de la economía argentina en el gasto público. Guzmán siempre proclamó lo contrario, pero ahora descubre los méritos de esos recortes. Afirma que esas podas tendrán efectos virtuosos, puesto que en lugar de asentarse en ajustes del gasto, emergerán del mayor ingreso obtenido por el fisco con el crecimiento y la tributación. Pero en la gestión de los últimos meses no prevaleció ese criterio y por esa razón el rebrote de la pandemia fue privado del correspondiente subsidio (IFE). Además, el pacto fiscal negociado con los gobernadores y el frustrado proyecto de presupuesto del 2022 fueron diseñados con recortes, para sintonizar con el Memorándum de Entendimiento que exige el FMI.

Guzmán presenta igualmente lo ocurrido en el último trimestre del 2021, como un ejemplo de reducción del gasto por efecto del crecimiento y la tributación. En ese período los ingresos del Estado aumentaron significativamente, al compás de un rebote de la economía que compensó la caída previa (10%).

El ministro generaliza a futuro ese dato y afirma que no habrá ningún ajuste en partidas relevantes (como obra pública o ciencia y tecnología). Pero no aclara qué tasa de crecimiento y recaudación se necesitaría para lograr la drástica reducción del déficit que ha comprometido para el próximo bienio. Se concertó con el FMI los porcentuales de esa disminución, pero no los guarismos que permitirían el achicamiento. No se estableció cuánto aumentará el salario, qué nivel de recuperación tendrán las jubilaciones o cuánto bajará la pobreza y subirá el PBI. Mientras que esas cifras son magnitudes a revisar, el recorte del déficit ha quedado rigurosamente preestablecido. Los auditores del Fondo estarán presentes para monitorear ese cumplimiento.

El segundo compromiso oficial es la reducción del financiamiento fiscal con la emisión monetaria. Ese recorte comenzó en el 2020 (7,3%), se afianzó el año pasado (3,7%) y se intensificará en forma fulminante en el 2022 (1,00%), 2023 (0, 6%) y 2024 (0%). Con ese cronograma se llegaría a la gran meta de la ortodoxia que es la emisión cero. Los monetaristas siempre han fantaseado con encarrilar la economía, mediante la simple aspiración del dinero circulante.

Ahora Guzmán adopta ese programa y promete reintroducir tasas de interés reales positivas para pavimentar la disciplina monetaria. Afirma que por ese camino se consolidará un mercado de financiamiento del gasto público en pesos, que compensará la continuada marginación de Argentina del mercado crediticio internacional. Pero el ministro omite los conocidos problemas de las gigantescas emisiones locales de bonos. Con esas colocaciones los bancos son inducidos a especular con el crédito público, en desmedro de la financiación de la industria, el agro o los servicios. No se entiende cómo se logrará sostener un alto crecimiento con tasas de interés positivas que desalientan la inversión productiva.

Tarifas y dólar en la letra chica

El tercer compromiso concertado con el Fondo es la reducción de la inflación para facilitar el superávit fiscal y la adquisición oficial de los dólares destinados al FMI. Guzmán subraya que el organismo ahora acepta el carácter multicausal y no sólo monetario del aumento de precios. Pero omite que esa concesión retórica no tiene consecuencias prácticas. Los inspectores del Washington sólo revisarán si la inflación baja con el corte de la emisión y las altas tasas de interés. El ministro también afirma que combatirá la carestía con el instrumento heterodoxo de los acuerdos de precios. Pero olvida que esos fallidos convenios han persistido en toda la variedad de ministros neoliberales (que por ejemplo tuvo Macri).

Con la auditoria del FMI aumentará la erosión de esos controles. El Fondo aspira a cobrar sus acreencias con los dólares aportados por la exportación y para incentivar esas ventas fomenta el traslado de los precios internacionales de los alimentos al mercado local. Como también promueve un gran incremento de tarifas, el acuerdo recalentará la carestía que ya tiene un piso del 50% anual.

El tarifazo figura en la letra chica del convenio e incluirá un desdoblamiento de precios, para encarecer el servicio a los sectores de ingresos altos y medios. Las ganancias de las empresas de electricidad, telefonía o gas continuarán siendo un insoldable misterio para el grueso de la población.

El cuarto compromiso con el FMI es la recomposición de la paridad cambiaria. El gobierno promete evitar una mega-devaluación, pero acepta acelerar el ritmo de desvalorización del peso para intensificar la acumulación de reservas, que el Fondo observa como una garantía de cobro. Ya se fijó la meta de reunir 5000 millones de dólares en las arcas del Banco Central durante el 2022. Pero nadie explica cómo lograrán ese objetivo.

El año pasado se alcanzó un superávit comercial del 14.000 millones de dólares y no hay un sólo dólar en las reservas disponibles del BCRA. Aunque se pospongan los pagos durante dos años y medio, no hay forma de engrosar el reaseguro de las divisas si persiste la fuga de capitales.

El pico de esa evaporación se produjo con Macri y ha persistido en el último bienio. El mecanismo financiero de esa erosión ha sido sustituido por modalidades equivalentes, en el manejo del comercio exterior por parte de un puñado de grandes empresas. Ese drenaje podría ser cortado mediante drásticas regulaciones que vetará el FMI.

Los auditores del organismo sólo exigirán mayores exportaciones y consiguiente primarización de la economía. Ese rumbo incluye los emprendimientos destructivos del medio ambiente, que el gobierno intensificó en los últimos meses (exploración de petrolero en el mar, megaminería en Chubut).

En síntesis: nadie sabe por ahora cuál será el ajuste requerido para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en el plano fiscal, monetario, inflacionario y cambiario. Pero ya está a la vista el escenario de mayor vulnerabilidad y dependencia que generan esas obligaciones.

Experiencias demoledoras

Algunos funcionarios propagan el espejismo de “un gran éxito para el país”, con las mismas fantasías que acompañaron a todos los convenios precedentes. Auguran un gran crecimiento con redistribución bajo la égida del FMI, olvidando lo ocurrido durante los tres últimos desembarcos del Fondo.

Bajo la gestión del ex presidente Alfonsín se concretaron cinco acuerdos con el organismo. Los inspectores revisaban las cuentas y emitían periódicos veredictos de incumplimiento de las metas pactadas. Para afrontar los temblores cambiarios e inflacionarios que generaban esas evaluaciones los ministros ajustaban sus planes, mientras el Fondo administraba a cuenta gotas la refinanciación de los vencimientos. Finalmente, Alfonsín tiró la toalla en medio de la hiperinflación y el FMI propició la llegada de un mandatario afín. Avaló directamente la conspiración auspiciada por Cavallo y el boicot a un crédito final que pavimentó la presidencia de Menem.

En sus recientes discursos Cristina recordó esos episodios sin extraer conclusiones de lo ocurrido. Su cogobernante Alberto ha quedado entrampado en el mismo laberinto que asfixió a Alfonsín. Fernández recibirá cada tres meses la visita de los chantajistas y deberá aprobar el examen. Si se repite la historia y los inspectores quedan insatisfechos, el FMI buscará un reemplazante. El organismo se especializa en apretar el cuello de los gobiernos progresistas. Los empuja a realizar el trabajo sucio que desmoraliza a la población y facilita el regreso de los neoliberales a la Casa Rosada.

Pero el Fondo no ha sido más contemplativo con los presidentes derechistas que fracasaron en la aplicación de sus recetas. El FMI patrocinó la convertibilidad en el cenit del neoliberalismo y tuteló la apertura comercial, la flexibilización laboral y las privatizaciones que precipitaron la degradación económica de los años 90.

Durante el mandato de De La Rúa promovió la reforma jubilatoria y laboral junto al programa de déficit cero. Cuando la economía colapsó, incentivó un endeudamiento mayor y frente a la imposibilidad de saldar ese pasivo, impuso los dos socorros que precipitaron el derrumbe del 2001 (blindaje y megacanje). Los técnicos del Fondo lograron el récord de triplicar la deuda en tan sólo dos años.

Quienes ahora celebran el Memorándum que prepara Guzmán deberían recordar cómo terminaron los dos famosos auxilios del FMI, que desencadenaron el fin de la convertibilidad, el default, la corrida cambiaria, el corralito y pesificación asimétrica.

La experiencia de Macri está más fresca y nadie ha olvidado cómo el Fondo apuntaló un enloquecido endeudamiento para sostener la mayor bicicleta financiera de la historia contemporánea. Argentina fue la principal tomadora de préstamos del mundo para mero beneficio de los financistas, que se lucraban con las altísimas tasas de interés ofrecidas por el Estado.

Los ministros de Macri naufragaron en la implementación de algunas recetas que ahora reflota Guzmán (reducción del déficit, emisión cero), pero con el socorro-préstamo que envió Trump lograron traspasar el problema al gobierno actual. Como los directivos del Fondo son expertos en culpar a otros por los desastres propios, han emitido una crítica a Macri por las medidas que ellos promovieron. Con ese despliegue de hipocresía eluden sus propias responsabilidades.

También los macristas ocultan el desmadre que consumaron y prometen resolver el agobio de la deuda, con la misma velocidad que Macri auguraba el fin de la inflación. Esa gestión refutó la ridícula creencia que los gobiernos derechistas gestionan con más seriedad o cuentan con expertos para lidiar con las complejidades de las finanzas.

En las últimas décadas el FMI ha sido el principal culpable de las desgracias financieras de Argentina. Es totalmente falsa la difundida creencia que los problemas “son nuestros”. El Fondo ha estado directamente involucrado en todas nuestras pesadillas sin asumir nunca las consecuencias de sus fallidos.

Tampoco se hizo cargo de los giros que propiciaron sus directivos. Apuntalaron la convertibilidad y la devaluación, el shock de los ortodoxos y el rescate de los heterodoxos, el endeudamiento de los neoliberales y los pagos de los progresistas. Argentina se habituó a gestionar su economía bajo un timón fondomonetarista que ha hundido una y otra vez al país. No existe ninguna razón para esperar un desenlace diferente del nuevo convenio.

Otro camino es factible

Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado, pero insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignación han incorporado los argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al Fondo con el abandono del planeta.

Afirman que el FMI es un “banco del mundo” que asocia a todos los países del orbe. Pero olvidan que el escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad. Irrumpió repentinamente mediante una simple llamada telefónica de Trump. Estados Unidos no sólo es el principal accionista con poder de veto en el organismo, sino que maneja todas las decisiones estratégicas de la institución. La pulseada es con Washington y no con “todo el mundo”. Para recuperar la soberanía económica hay que asumir esa tensión.

El temor a la disputa con el Norte encegueció al gobierno a la hora de evaluar otras alternativas. No sólo descartaron una ordenada cesación de pagos, muy distante del periódico default que impone el agotamiento de las reservas. También desecharon los cursos más cautelosos que sugirieron algunos integrantes de la coalición oficial. Se podían demorar los pagos para alargar la negociación o cancelar los intereses sin abonar el capital o buscar algún status quo de congelamiento de las tratativas. Pero bajo la presión de los financistas en el mercado cambiario, el gobierno aceptó un pacto de rendición. Con esa decisión perdió la oportunidad de aprovechar la reactivación de la economía para iniciar otro camino. Si esa expansión incuba un ciclo alcista (que desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la redistribución del ingreso en un contexto de repunte del PIB.

Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo directo del sistema financiero se podría empalmar esa reactivación, con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedirá discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales.

El oficialismo desperdició también el contexto de división y pérdida de iniciativa que afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposición no ha logrado consensuar una respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un sector propone acompañar al gobierno en los recortes de los próximos dos años y otro motoriza la confrontación, para asegurar la base electoral de un próximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos define cómo gestionaría la futura renegociación del convenio.

El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene más afinidades con sus adversarios de la grieta que con las corrientes populares enfrentadas con el Fondo. La resignación que impera en el gobierno le impide registrar, además, el gran cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén continental a la confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres victorias electorales del progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2022 hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela continúa fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó.

El propio Alberto Fernández ha sido ungido como presidente de un organismo regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya circulan, además, contundentes pronunciamientos del presidente mexicano contra la asfixia financiera que el FMI impone a la Argentina. El país no afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que por ejemplo padecía Grecia en Europa, cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que todavía padece el pueblo heleno.

Por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación que recorta salarios y encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social. Fernández podría retomar las campañas regionales contra la deuda de las últimas décadas, pero no puede solicitar acompañamiento para una demanda que él mismo archiva.

También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fernández a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para rechazar la sumisión al Fondo.

Basta contrastar el tipo de crédito con finalidades productivas que se gestiona en Beijing (infraestructura, central nuclear, represas, modernización ferroviarias) con la estafa financiera que monitoreó el FMI, para corroborar el carácter nocivo del nuevo convenio suscrito con el Fondo.

Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado. Seguramente acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina abandone sus ambigüedades de política exterior y se amolde al guion del Departamento de Estado. Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Los utilizará para exigir contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos auditores. Un anticipo de ese rumbo ya afloró en el acompañamiento argentino a las recientes sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.

Rechazo y movilización

El Parlamento y las calles serán los próximos ámbitos de la disputa que concentra el acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticipó su frontal oposición y auspicia una amplia convocatoria para sostener ese cuestionamiento con la movilización popular. Hay muchos indicios de mayor predisposición para esa lucha, pero todavía no irrumpe un movimiento masivo de rechazo al FMI.

La gran tradición nacional de resistencia al Fondo continúa viva, pero el gobierno y la derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las estafas de los banqueros son conocidas y la complicidad del FMI es archisabida, pero muchos sectores han internalizado la creencia que es mejor agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La polémica con esa actitud es la gran tarea del momento.

Hay evidencias de un clima más propicio para desenvolver esa lucha. Basta comparar las críticas que ya afloran contra el acuerdo con la ausencia de cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados para notar el cambio de percepciones.

El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI ha contribuido a ese replanteo. Las campañas que desarrollan los partidos de izquierda y la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda ya se plasmaron en actos de impactante concurrencia.

El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por la prensa, pero contó con una elevadísima participación. Compitió en número con el acto realizado por el gobierno el día anterior en el mismo lugar. También las conmemoraciones del 20 aniversario de la rebelión del 2001 estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por el FMI en esa crisis.

Por otra parte, la capitulación del oficialismo ha disparado fuertes críticas de los sectores radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes deberán definir ahora su voto en el Congreso. Allí no habrá espacio para la ambigüedad y la convergencia con la izquierda en un rechazo común constituiría un gran avance para la causa popular.

El gobierno tendió una mano a la derecha para que vote el Memorándum y la Carta de Intención. El FMI propicia ese sostén compartido, pero si prima la rivalidad y reaparece la grieta se verá un fuego de artificio entre dos bancadas que avalan el retorno de los inspectores del Fondo.

El pre-acuerdo con los acreedores ya está firmado, pero la batalla para efectivizarlo recién comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los estragos causados por el FMI para impedir otra repetición de la misma desventura. El rechazo del convenio es el primer paso de una larga batalla contra el enemigo serial del pueblo argentino. Con actitudes firmes, ideas convincentes y fuerza en las calles se reabrirá el camino de la resistencia al Fondo.

Claudio Katz

2 febrero 2022

Por Claudio Katz, economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

Publicado enInternacional
La distopía de bitcoin en El Salvador, un país camino del ‘default’

En los últimos años, la estabilidad financiera del país ha ido empeorando, con problemas crecientes para financiarse. Bukele vio en el bitcoin la vía de escape, pero dicha decisión no ha hecho más que empujar el país hacia el impago de su deuda.

 

Puede parecer surrealista que el presidente de El Salvador suba selfiesa Instagram en pleno discurso de la ONU, que anuncie compras de bitcoin con dinero público a través de Twitter o que decida usar la energía de un volcán para minar criptomonedas. Sin embargo, Nayib Bukele ha conseguido proyectar una imagen de presidente audaz, desenfadado e innovador, además de ser un héroe para la comunidad bitcoiner

No obstante, detrás de esa imagen se esconde una realidad peligrosa. En los últimos años, la estabilidad financiera del país ha ido empeorando, con problemas crecientes para financiarse y llegando a solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). Dada esta situación, Bukele vio en bitcoin la vía de escape perfecta, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en reconocer esta criptomoneda como divisa de curso legal. Una decisión arriesgada que no ha hecho más que empujar al país hacia el default.  

La arriesgada apuesta de Bukele

Desde el año 2001, el dólar estadounidense es la moneda oficial de El Salvador, es decir, utiliza una divisa que no emite. Debido a esto, el país necesita conseguir dólares para proporcionar liquidez a los bancos nacionales, las empresas y los hogares, mantener el gasto público y asegurar las importaciones. La entrada neta de dólares se puede lograr exportando más de lo que se importa y/o recibiendo remesas de los salvadoreños que trabajan en el extranjero. Si esto no es suficiente, tanto el sector privado como el público pueden recurrir al endeudamiento en los mercados financieros internacionales. 

En los últimos años, aunque el Salvador ha compensado su déficit comercial con la entrada de remesas —suponen el 20% del PIB del país—, el endeudamiento no ha dejado de aumentar, llegando a tener problemas para financiarse. Concretamente, la deuda pública alcanzó el 87 % del PIB en 2020 y el 24.5% de los ingresos recaudados por el Estado han ido a pagar intereses de deuda en 2021. 

Nayib Bukele vio en el bitcoin la mejor herramienta para enfrentarse a esta situación y desde septiembre es, junto al dólar, la moneda de curso oficial, aunque esta última sigue siendo la utilizada para la contabilidad nacional debido a la volatilidad de la criptomoneda. De este modo, los salvadoreños pueden pagar impuestos, cobrar sus salarios o hacer la compra con bitcoins a través de la app Chivo. La convertibilidad entre bitcoin y dólar es automática y respaldada por el Banco de Desarrollo de El Salvador, que funciona como fondo de convertibilidad, con unas reservas iniciales de 150 millones de dólares.

En las primeras semanas, gracias al incentivo de 30 dólares en bitcoins que dio el Gobierno por usar Chivo, las descargar crecieron de forma rápida. Sin embargo, dado que mantener tus ahorros o salario en bitcoins puede hacer que no puedas afrontar tus pagos de un día para otro, los ciudadanos y empresas de El Salvador tienden a cambiarlos por dólares de forma inmediata. De esta forma, el Estado salvadoreño recibe un flujo de bitcoins a cambio de dólares.

El peligro de este mecanismo es que el Gobierno no puede pagar importaciones ni devolver la deuda con bitcoins, ya que para eso necesita dólares. Pero si estás convencido de que el precio del bitcoin solo puede subir, como lo está el presidente del país, tienes la opción de acudir a los mercados de cripto y cambiarlos por más dólares. Todo ello confiando en que el precio suba, que puedas asumir la volatilidad a corto plazo y que puedas intercambiar tus bitcoins por dólares cuando lo necesites. De este modo, la idea de Bukele es evitar el default y los posibles recortes en el gasto público a través de la pura especulación con el dinero de los ciudadanos. 

Sin embargo, no se sabe cómo ha evolucionado el fondo de 150 millones desde que la Ley bitcoin está en vigor, ya que el Gobierno se ha negado a proporcionar esta información. De hecho, solo conocemos algunas de las compras de bitcoin que hace el presidente porque las anuncia a través de Twitter, unos 85,5 millones de dólares —que han perdido cerca del 23 por ciento de su valor a finales de enero—.

Además, el otro objetivo de Bukele es atraer dinero del exterior incentivando el envío de remesas a través de Chivo y convirtiendo al país en un paraíso fiscal de las criptomonedas. El nuevo marco legal lanzando en septiembre permite comprar propiedades con bitcoin y evitar la ley de prevención del blanqueo de capitales, facilitando el lavado internacional de dinero. Esta dinámica puede impulsar un boom de inversiones con bitcoin, como las inmobiliarias, para revenderlas y sacarlas del país en forma de dólares limpios. Sin embargo, este es otro mecanismo peligroso, ya que la única manera de compensar la salida de dólares es que el valor del bitcoin frente al dólar siga creciendo.

De perdidos al río: El all-in por el bitcoin

Como era previsible, el riesgo del bitcoin se ha mimetizado con las finanzas salvadoreñas, algo que se puede observar en el rendimiento de su deuda. Los bonos del país en el extranjero han registrado el peor rendimiento del mundo en 2021, con pérdidas cercanas al 30%. Los 800 millones de dólares en bonos que vencen a principios de 2023 cotizan ahora por debajo de los 80 centavos de dólar y el tipo de interés ronda el 35%. Además, los CDS a cinco años — que miden el coste de asegurarse contra una suspensión de pagos de la deuda— se han cuadruplicado desde septiembre, hasta alcanzar los 1.800 dólares. Una tendencia que obliga a El Salvador a pagar cada vez más intereses debido al riesgo asociado que ha traído bitcoin.

Ante esta situación, el FMI ha instado al Gobierno a abandonar bitcoin si quiere recibir ayuda financiera, ya que considera que “hay grandes riesgos asociados al uso de bitcoin para la estabilidad e integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales”. De hecho, la institución ya había recomendado a El Salvador no convertir en moneda de curso oficial al bitcoin.

Lejos de hacer caso al FMI, Bukele ha decidido poner toda la carne en el asador. Ante la desesperación por financiarse y para impulsar la atracción de dinero al país, el presidente anunció la creación de “Bitcoin City”. Esta ciudad, libre de impuestos salvo el IVA, se pagará con la emisión de 1.000 millones de dólares en “bonos volcán”. Estos bonos tendrán un vencimiento a 10 años y pagarán un 6,5% de interés anual, muy inferior al interés del resto de bonos “normales”, que llegan a superar el 30%. La mitad de los ingresos de los bonos se utilizarán para comprar bitcoins, que quedarán congelados durante cinco años y se venderán para pagar a los tenedores. Además, aquellos inversores que posean 100.000 dólares en “bonos volcán” durante cinco años, obtendrán la ciudadanía salvadoreña.

Este nuevo plan pretende acelerar los mecanismos antes descritos: convertir al país en un paraíso cripto para atraer inversiones y buscar financiación de forma desesperada, ya que está cerca de quedarse fuera de los mercados financieros convencionales. Sin embargo, endeudarse para comprar más bitcoins solo va a aumentar el riesgo, algo que puede traducirse en la imposibilidad de refinanciar y pagar las deudas.

Además, el fin de la expansión cuantitativa y las futuras subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal pueden hacer aún más difícil la financiación en dólares del país, algo que Bukele parece no entender, ya que ha instado por Twitter al banco central estadunidense a endurecer su política monetaria. 

Por Juan Vázquez Rojo

@artjvrojo

3 feb 2022 07:00

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Guillermo Lasso enfrentó su primera protesta nacional como presidente de Ecuador

La convocatoria con epicentro en Quito reunió a centrales sindicales y movimientos indígenas

El objetivo común de los distintos sectores que se movilizaron fue congelar el precio de los combustibles. También reclamaron mejoras en el ámbito educativo y laboral.

 

Por primera vez desde su asunción el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrentó a una jornada nacional de protesta a la que adhirieron sindicatos de trabajadores, gremios docentes y movimientos indígenas. El objetivo común de los distintos sectores era lograr el congelamiento de los precios de los combustibles, que en los últimos meses tuvieron un incremento de hasta el 18 por ciento gracias a un sistema de bandas aprobado por la gestión de Lenín Moreno y sostenido por Lasso. También exigieron una mayor llegada de vacunas contra el coronavirus, mejoras en la educación y participar en la discusión sobre eventuales reformas laborales. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que "Lasso ha decidido transitar, sostener y defender las políticas" de su antecesor Lenín Moreno" bajo la vigilancia del FMI. El presidente ecuatoriano replicó que no cederá a la "imposición" de determinados grupos sociales porque "hacerlo afectaría a los más pobres". Además prometió estar dispuesto al diálogo, aunque por el momento no hay ninguna invitación formal a los sectores movilizados este miércoles.

El epicentro de la marcha programada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) fue Quito, con una caminata que partió a las 16 horas locales desde la Caja del Seguro para avanzar hasta el Centro Histórico. También se replicaron manifestaciones en las principales ciudades del país. 

Ángel Sánchez, presidente del FUT, explicó que se movilizaron porque el gobierno de Lasso no dio respuesta a su pedido de que se apliquen las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que busca garantizar el acceso a la educación en un país de una importante diversidad étnica. Por ese motivo un grupo de maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se encadenó en los exteriores de la Corte Constitucional de Quito, mientras que 80 personas permanecen en huelga de hambre desde el 12 de julio.

El FUT, la mayor central sindical de Ecuador, también criticó la llamada "ley humanitaria", implementada durante la pandemia del coronavirus por el gobierno del expresidente Lenín Moreno. La ley favorece acuerdos de trabajadores y empleadores para modificar la relación laboral en busca, se supone, de preservar las fuentes de trabajo. 

Sin embargo, distintos gremios denuncian cientos de miles de trabajadores despedidos en tiempos de pandemia. El pliego de reclamos incluye un llamado a protestar "contra la privatización de las áreas estratégicas" y "las condiciones acordadas con el FMI".

El gremio de los transportes pesados, representado por Álex Bustillos, anunció en un comunicado que se adherían al "derecho a la resistencia" porque no cuentan con los recursos para la operación de sus unidades "debido a los incrementos de los precios del diesel". En consecuencia, desde las seis de la mañana del miércoles decidieron parar sus camiones.

El gobierno ecuatoriano sostiene que está a favor de abrir canales de diálogo para desactivar las protestas que se vienen dando hace semanas desde el gremio de arroceros y los sectores productivos de la ciudad de Huaquillas. A ese llamado se refirió Lasso el martes durante la ceremonia de conmemoración del Primer Grito de Independencia en Parcayacu, al norte de Quito.

"Siempre promoveremos el diálogo con todos, pero este debe ser propositivo y jamás impositivo. Nunca cederemos a amenazas, porque eso echaría abajo todo el buen trabajo que estamos haciendo para brindar estabilidad al Ecuador", planteó el mandatario, quien aseguró estar dispuesto a recibir a los dirigentes de la Conaie en el Palacio Carondelet.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, espera recibir por escrito una invitación para concretar el encuentro. "Lasso ha decidido transitar, sostener y defender las políticas de Moreno", enmarcadas en las condiciones impuestas por el FMI para entregar créditos al país, señaló el presidente de la federación indígena más grande de Ecuador en una rueda de prensa.

En octubre de 2019, la Conaie lideró un gran movimiento de protestas contra Moreno que se desactivaron cuando el entonces mandatario derogó un decreto con el que eliminaba los subsidios al precio de los combustibles que habían estado en vigor durante décadas. Pero en medio de la pandemia, el expresidente ecuatoriano instauró un sistema fluctuante para fijar el precio de los combustibles, lo que repercutió en un permanente aumento del precio de la nafta y de varios productos de primera necesidad.

Leonidas Iza reconoce que el pueblo ecuatoriano "no soporta un levantamiento", pero tampoco quiere "que la crisis caiga sobre los sectores populares". El dirigente indígena cuestionó a Lasso por haber advertido que no permitirá eventuales protestas indígenas y le recomendó "referirse a las estadísticas, más no perseguir a los sectores sociales", y que defina si va a "transitar por el camino de Moreno o realmente escuchar al pueblo ecuatoriano". 

11/08/2021

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"Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI", señala Alicia Bárcena,

Una asignación de derechos especiales de giro (DEG)  beneficiaría a todos los países en desarrollo

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

 

El reciente llamamiento de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, respecto de una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Grupo de los Veinte (G-20) aprobó recientemente, y la reasignación de los DEG excedentes a los países de bajos ingresos, es una iniciativa muy bienvenida y necesaria. La acción internacional concertada y la solidaridad son los únicos medios para afrontar y superar la crisis de la covid-19.

Una respuesta verdaderamente multilateral y global a la pandemia debe extender los beneficios de esta iniciativa a todos los países en desarrollo, independientemente de sus niveles de ingreso, en particular los países de ingreso medio, que representan el 75 por ciento de la población mundial y aproximadamente el 30 por ciento de la demanda agregada mundial. Lo que es más importante, los países de ingreso medio representan el 96 por ciento de la deuda pública de los países en desarrollo (sin incluir China y la India). Los buenos resultados de estos países a la hora de afrontar la covid-19 son fundamentales para la recuperación y la estabilidad financiera mundiales.

Los países en desarrollo han sufrido, sin duda, el impacto social y económico más duro de la crisis actual. El aumento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, la pérdida de puestos de trabajo y el descenso del ingreso per cápita no tienen precedentes. Estos impactos no solo afectan a los países de bajos ingresos, sino también a los países de ingreso medio.

La región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada del mundo en términos de contracción del PIB real (-7,7 por ciento en 2020). A ello se suma el cierre de más de 2,7 millones de empresas y el aumento del número de desempleados, que ha llegado a 44,1 millones de personas, así como del número de personas que viven en la pobreza, que ha pasado de 185,5 millones a 209 millones, alcanzando el 33,7 por ciento de la población total. La pobreza extrema ha afectado a 8 millones más de personas y llega a 78 millones de ellas. A finales de 2020 el nivel del PIB per cápita era igual al de 2010, lo que representa, en todo sentido, otra "década perdida".

Los efectos de la pandemia y las políticas aplicadas como respuesta a ella han aumentado las necesidades de liquidez de los países en desarrollo, en particular los de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, las medidas fiscales de emergencia para contener la caída de la producción han provocado un aumento de los niveles de deuda que, si no se controlan cuidadosamente, pueden poner en peligro la recuperación y la capacidad de los países para construir un futuro mejor.

La región de América Latina y el Caribe es la más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda del gobierno general alcanzó en 2020 el 79,3 por ciento del PIB y el servicio de la deuda externa se situó en un 57 por ciento en relación con las exportaciones de bienes y servicios. A diferencia de lo que ocurre en las economías desarrolladas, las economías de América Latina y el Caribe, al igual que las demás economías en desarrollo, se enfrentan a un gran obstáculo para crear un espacio de política que permita aumentar sustancialmente sus niveles de deuda sin poner en peligro sus calificaciones crediticias, la estabilidad del tipo de cambio o incluso la posición de sus reservas internacionales.

El grueso de las medidas monetarias y fiscales contracíclicas mundiales para combatir la pandemia, que equivalieron, respectivamente, a 12 y 7 billones de dólares en 2020 (24 por ciento del PIB mundial), fueron puestas en práctica por países desarrollados.

Una nueva emisión y reasignación de una cantidad significativa de DEG es la manera más eficaz y expeditiva de garantizar suficiente liquidez a las economías en desarrollo y proporcionar el espacio de política necesario para enfrentar los efectos de la pandemia. Vincular la creación de nuevos recursos internacionales con las transferencias financieras a los países en desarrollo para atender sus necesidades de desarrollo es un reclamo de larga data. Ahora es más relevante que nunca: es indispensable para poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible al alcance de los países en desarrollo.

El acceso a los DEG es un derecho inalienable de todos los miembros del FMI. Los DEG no generan deuda adicional ni suponen condicionalidades. Además, no están sujetos a trabajosas negociaciones sobre aumentos de cuota o acuerdos de préstamo. Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI (que actualmente asciende a unos 800.000 millones de dólares, es decir un tercio de las necesidades de financiamiento estimadas de los países en desarrollo) y ofrecería un mayor incentivo para que todos los países participaran en esta iniciativa; el apoyo financiero del FMI para enfrentar la covid-19 representa apenas el 12 por ciento de su capacidad de préstamo.

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

Dado que cualquier nueva emisión de DEG se asignaría principalmente a los países desarrollados (aproximadamente el 60 por ciento del total), debe establecerse un mecanismo para la reasignación voluntaria de DEG excedentes de los países desarrollados a los países en desarrollo. Debería considerarse seriamente la implantación de un mecanismo para poner en común los DEG en el marco de los mecanismos multilaterales existentes y su reasignación para fortalecer la capacidad financiera de los acuerdos de financiación regionales y otras instituciones financieras regionales como forma de aumentar la liquidez y poner los DEG al servicio del desarrollo económico y social.

Por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Publicado enEconomía
Viernes, 26 Febrero 2021 07:52

Estallidos o levantamientos

Estallidos o levantamientos

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que las clases dominantes, a las que el organismo sirve, esperan estallidos sociales en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

El trabajo Repercusiones sociales de la pandemia, publicado en enero, considera que la historia es una guía que le permite esperar estallidos que ponen de manifiesto fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos (https://bit.ly/3qVVhAV).

Gracias a sus amplios recursos, el FMI elaboró un índice de malestar social con base en un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, que reflejan 11 mil acontecimientos susceptibles de causar estallidos sociales. Lo que le permite adelantar que sobre mediados de 2022 comenzará una oleada de protestas que se busca prevenir y controlar.

Lo importante es que el organismo dice a los gobiernos y al gran capital que el periodo que se abre en los 14 meses posteriores al inicio de la pandemia, puede ser peligroso para sus intereses y que deben estar preparados, pero agrega que cinco años después los efectos de los estallidos serán residuales y ya no afectarán a la economía.

La ecuación parece clara: las clases dominantes esperan estallidos, se preparan para encararlos y neutralizarlos, porque por un tiempo pueden desestabilizar la dominación.

Un detalle: el estudio ni siquiera menciona los resultados de eventuales elecciones como riesgos para el capital, quizá porque más allá de quien gane, saben que los gobiernos surgidos de las urnas nunca han conseguido mellar el poder del capital.

Los movimientos anticapitalistas debemos tomar buena nota de las previsiones del sistema, para no repetir errores y prevenirnos de acciones que, a la larga, nos desgastan sin producir cambios. Propongo diferenciar estallidos de levantamientos, para mostrar que aquéllos no son convenientes, pero éstos pueden serlo si son fruto de una sólida organización colectiva.

Los estallidos son reacciones casi inmediatas a los agravios, como los crímenes policiales; generan una enorme y furiosa energía social que se desvanece en pocos días. Entre los estallidos, está el sucedido durante tres días de septiembre en Bogotá, ante el asesinato por la policía de un joven abogado con nueve fracturas de cráneo.

La represión causó la muerte de más de 10 manifestantes y 500 heridos, alrededor de 70 por bala. La justa rabia se ubicó en los Centros de Atención Inmediata, sedes policiales en las periferias, 50 de las cuales fueron destruidas o incendiadas. Luego de tres días, la protesta se desvaneció y no quedaron colectivos organizados en los barrios más afectados por la violencia estatal.

Ejemplos de éstos hay muchos, pero me interesa destacar que los estados aprendieron a lidiar con ellos. Sobrexponen la violencia en los medios, crean grupos de estudio sobre las injusticias sociales, mesas de negociación para simular interés y hasta pueden separar a algunos uniformados de sus tareas, enviándolos a otros sitios.

Lo más común es que los gobiernos acepten que hay injusticias, en general, y que atribuyan la violencia de los estallidos a la precariedad del empleo juvenil y otras consecuencias del sistema, sin abordar las causas de fondo.

Levantamiento es algo diferente. Un cuerpo organizado decide su comienzo, traza los objetivos y los modos, los puntos de concentración y de repliegue, y en diálogo colectivo decide el momento en que el levantamiento finaliza. El mejor ejemplo es el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 en Ecuador. Duró 11 días, fue decidido por las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y se plegaron sindicatos y jóvenes de las periferias urbanas.

La violencia fue acotada por las guardias de las organizaciones, que impidieron saqueos inducidos por policías infiltrados. Se decidió finalizarlo en enormes asambleas en Quito, luego de que el gobierno de Lenín Moreno anuló el paquete de medidas neoliberales que generó la movilización. El parlamento indígena y de los movimientos sociales creado días después, fue el encargado de darle continuidad al movimiento.

Un levantamiento puede reforzar la organización popular. En Chile, donde prefieren decir revuelta y no estallido, se crearon más de 200 asambleas territoriales durante las protestas en casi todos los barrios populares.

La acción colectiva masiva y contundente debe reforzar la organización, porque es lo único que puede darle continuidad en el tiempo largo. Las clases dominantes aprendieron hace ya tiempo a capear los estallidos, porque saben que son efímeros. Si nos organizamos, las cosas pueden cambiar, pero nada lograremos si creemos que el sistema caerá con una sola trompada.

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Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín Moreno

El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la llamada ley Económica Urgente, que incluia “entregar” la dolarización a la banca privada, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT).

“Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los saqueadores no duermen...”, tuiteó el ex vicecanciller Kintto Lucas.

Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular –suspendido por el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones de 2021.

La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.

Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6.000 millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes importadores y comerciantes.

Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando los errores políticos cometidos. Los bloques –salvo el minoritario correísmo- se mueven a conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.

Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo –respaldado por el partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso vivido en Argentina.

La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró, señala el analista Nicolás Oliva.

Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que hasta los socialcristianos de Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó sólo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente en las últimas elecciones – con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.

Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral de 2021 un proycto impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.

La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.

El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la “independencia” del Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos áun la justificación para crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse.

Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la “independencia del Banco Central” no evitó el feriado bancario de 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa , en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.

El 12 de marzo de 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el paquete económico “sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o directamente la dolarización de la economía ”. La dolarización fue una decisión de las élites tomada en 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.

Por Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, realizó una rueda de prensa este miércoles 23 de octubre. Foto: Metro Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) informó que ha decidido suspender el diálogo con el Gobierno, que mantenían desde el pasado 13 de octubre y que puso fin a duras protestas antigubernamentales.

“Hemos parado porque no ha habido ambiente de diálogo”, dijo Jaime Vargas en conferencia de prensa este miércoles, tras una reunión del Consejo Ampliado de la organización, que se convocó justamente para decidir sobre la continuidad o no de las conversaciones con los representantes del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

Sin embargo, señaló el presidente de la CONAIE que retomarán las conversaciones cuando haya las “garantías” o “condiciones” mínimas para este proceso.

La decisión se tomó, según Vargas, porque desde el Estado emprendieron una “persecución” contra los dirigentes de la CONAIE. “No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo”, agregó.

El representante de la CONAIE se refirió, particularmente, a la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra, luego que, en un acto público en Macas, al suroriente del país, el dirigente hablara sobre la creación de un un ejército propio de los movimientos indígenas.

Al respecto, Vargas señaló que está dispuesto a “colaborar” y “responder al Estado ecuatoriano apegado al derecho”. Y añadió: “estaremos aquí, no vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada”.

Mencionó que los medios de comunicación tergiversaron la información que brindó. “En ningún momento, en todas mis expresiones, no he dicho ejército armado, nunca dije ejército subversivo”.

En la conferencia de prensa detalló que el movimiento decidió “crear una guardia indígena, comunitaria” para que brinde seguridad dentro de sus territorios y esté “apegado a la Constitución”, y que operará en cooperación entre la justicia ordinaria y la indígena. Además, señaló que reconocen a las autoridades electas, como el presidente Moreno.

Aparte de la apertura de esa investigación, los dirigentes de la CONAIE denunciaron ataques cibernéticos en su contra, incluyendo 'hackeo' a sus correos institucionales, de lo cual responsabilizaron al Gobierno.

¿Sobre qué es el diálogo?

El diálogo entre la CONAIE y el Gobierno ecuatoriano comenzó el pasado 13 de octubre, en medio de las protestas contra las medidas económicas de Moreno, que incluían la eliminación del subsidio a los combustibles, en respuesta a un acuerdo alcanzado entre Quito y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un préstamo.

El primer encuentro permitió que el mandatario revirtiera esa medida, eliminando el Decreto Ejecutivo 883 que establecía el alza de los combustibles; la CONAIE, por su parte, levantó las manifestaciones, que se habían extendido por 11 días en el país.

El diálogo tiene como objetivo la redacción de un nuevo decreto. Además de la CONAIE, el Gobierno ha extendido la invitación a otros gremios, principalmente sindicales, para que participen en la elaboración del texto.

Aunque se derogó ese polémico decreto, el Gobierno envió al Parlamento una reforma tributaria y está previsto que en los próximos días haga llegar una reforma laboral.

23 octubre 2019

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¿De qué ha servido la revuelta en Ecuador?

Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Los grandes virajes estratégicos, esos que influyen a lo largo de décadas, se producen siempre abajo, a través de la irrupción de los sectores populares en el escenario político, que transforman al modificar las relaciones entre clases, grupos sociales, géneros y generaciones.

Así sucedió con el Caracazo de 1989, que abrió un período de levantamientos populares y comenzó a erosionar el Consenso de Washington, creando las condiciones para impugnar el neoliberalismo privatizador. Del mismo modo, auscultando los latidos de la acción colectiva, consideramos que Junio 2013 fue el comienzo del declive del progresismo, cuando millones ganaron las calles para cuestionar la perpetuación de la desigualdad.

¿Qué importancia tiene, entonces, la revuelta de doce días de los pueblos originarios, trabajadores y estudiantes en Quito?

En primer lugar, la revuelta abre una brecha entre conservadurismo y progresismo, entre derechas y pretendidas izquierdas. Uno de los lemas más coreados en las calles fue “Ni Correa ni Moreno”. Rechazaron y frenaron el paquete del FMI, la política de trasladar la deuda del Estado a los trabajadores, elevando precios e impuestos.

Pero en la misma revuelta, recordaron que el Gobierno de Rafael Correa, durante una larga década, reprimió a las organizaciones indígenas, de trabajadores y estudiantes. Esa memoria estuvo presente y llevó a los manifestantes a crear una guardia que sacó de las marchas a los encapuchados correístas, que sólo estaban allí para derrocar a Moreno y facilitar el retorno de su líder.

Debemos destacar que es la primera vez, en toda la región, que los pueblos abren una brecha en la polarización existente entre ambos sectores que pretenden la hegemonía. Por eso considero que estamos ante un viraje estratégico, que se consolidará o no, dependiente de cómo actúen cada uno de los protagonistas. En este sentido, recordemos que la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no estuvo nada fina ante el Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), aceptando colaborar con su gestión.

En segundo lugar, se produjo una reactivación y reorganización del campo popular. Durante la revuelta, todos los sectores, duramente castigados por el Gobierno de Correa, volvieron a activarse.

En Loja y Azuay, por ejemplo, se crearon Asambleas Populares Autónomas, “espacios organizativos para construir poder popular, dar continuidad al proceso levantado y articular planes y acciones”, como destaca el activista antiminero Paúl Jarrín. Los estudiantes “armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, integrando así una lucha campo-ciudad”, y las calles y plazas fueron espacios de formación y de relación inter-generacional, donde fue posible que las camadas que nacieron después de 2000 realizaran su primera experiencia de lucha junto a las generaciones anteriores.

El analista Decio Machado enfatiza en el papel de las mujeres y de los estudiantes, que construyen nuevos liderazgos, así como la aparición de dirigentes jóvenes en la Conaie, tan necesitada de renovar a viejos y gastados cuadros. “El movimiento de estudiantes, de mujeres y especialmente de los indígenas estuvo dirigido por una nueva generación de militantes sociales que nada tienen que ver con el correísmo e incluso lo repudian”, señala.

Tan importante como esa re-organización de abajo arriba, es el papel de “amplios sectores de la sociedad quiteña y de otras localidades del país que expresaban diariamente su solidaridad con los movilizados entregándoles medicamentos para los enfermos y heridos, mantas, alimentos, zapatos, agua y comida”.

En tercer lugar, habría que hablar de la impronta que esta irrupción tendrá en toda la región. No será una influencia inmediata ni directa. Recordemos que el Caracazo, punto de inflexión del neoliberalismo, recién comenzó a impactar varios años después, cuando se produjo el Ya Basta! del zapatismo cinco años después, y las revueltas de fines de la década de 1990 en Perú, Paraguay y el propio Ecuador, precursoras de las grandes insurrecciones bolivianas de 2003 y 2005 y de la revuelta argentina de 2001.

Los tiempos de la historia de abajo no son lineales, se maceran lentamente al calor de los fogones, allí donde se debaten y se toman las decisiones colectivas que cambian los rumbos del mundo. Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Por Raúl Zibechi


publicado

2019-10-18 11:10

Publicado enCrisis Ecuador
Quito vuelve a la calma tras 11 días de marchas y protestas. Imagen: EFE

La académica Stoessel reflexiona sobre la situación de Ecuador tras el acuerdo entre el gobierno y los sectores populares; el rol de los medios y de las Fuerzas armadas así como la persecución al correísmo.

Soledad Stoessel es profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La Plata y en FLACSO-Ecuador. Siguió de cerca las jornadas de paro y movilización que se prolongaron durante 11 días y que dejaron, producto de la represión estatal, un saldo de ocho muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. según cifras de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con Página/12, analiza las consecuencias de la derogación del Decreto 883, el rol de los medios y las Fuerzas armadas a lo largo del conflicto, la ruptura de Lenín Moreno con el correísmo y su futuro inmediato.

-¿La derogación del Decreto 883 constituye una victoria para el pueblo ecuatoriano?

-Creo en primer lugar que la derogatoria del decreto es el resultado de una negociación pública inédita para la historia de Ecuador, aunque se trata de una victoria parcial del campo popular. El decreto era el núcleo duro del paquetazo. Todavía persisten propuestas adicionales tales como la eliminación del impuesto a la renta, y la reforma laboral que el gobierno está intentando enviar al Congreso. Se trata de una reforma sumamente regresiva en términos de derechos laborales, que disminuye el salario, reduce las vacaciones, habilita el despido de empleados públicos y permite privatizar la seguridad social. Es decir que el resto de las demandas quedan subsumidas a la derogación de ese decreto, con lo cual todavía queda mucho camino por recorrer.

-¿Qué escenario se abre ahora para el gobierno de Lenín Moreno?

-Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes, en suma los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio gobierno. Todo este proceso de crisis constituye un punto de inflexión para un gobierno que ya venía debilitado por distintas medidas de ajuste tras el acuerdo con el FMI en marzo, mediante decreto. La propia Constitución ecuatoriana prohíbe acordar con el FMI sin que el pueblo se entere de los detalles de dicho acuerdo.

Como decía, se trata de un gobierno muy debilitado que perdió capacidad. La Asamblea ha dejado de sesionar y recién ahora retomará las sesiones. El gobierno queda muy expuesto, y ahora tendrá poco margen para aplicar políticas públicas. El otro hecho a considerar es que todavía faltan dos años para las próximas elecciones. Se abre un momento de mucha incertidumbre. Y hay que tener en cuenta que la única agenda política de Moreno consiste en perseguir al correísmo. De hecho, lo primero que hace Moreno después de derogar el decreto, es comenzar a perseguir a referentes del correísmo (la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida el lunes por fuerzas policiales sin orden judicial y tras un allanamiento ilegal).

-Moreno culpa a Rafael Correa de estar detrás de su destitución. ¿En qué momento se quebró la relación entre ambos?

-Hay distintas hipótesis al respecto. Lenín Moreno ganó en segunda vuelta en 2017 por un margen bastante ajustado. Evidentemente estaba interesado por el discurso de esa derecha que no ganó. Apenas asume, se monta sobre ese discurso, buscando gobernabilidad. Por eso genera un pacto con los mismos banqueros que habían generado la gran crisis de 2009. Empieza a acercarse a las elites y adopta el panorama económico del establishment. Sus tres grandes aliados pasan a ser, a partir de ese momento, el poder económico concentrado, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación.

-En ese sentido, ¿cuál fue el rol de la prensa durante los 11 días de protesta?

-Moreno ha sido el presidente más blindado por los medios desde el retorno democrático. En esta coyuntura, eso se volvió aún más nítido. No mostraron ninguna de las protestas, se alinearon con el marco del gobierno en torno a la conspiración correísta, bajo la idea de que todo era mafioso o vandálico. Por suerte, la contracara fue un gran número de medios alternativos y plataformas virtuales que transmitieron todo on line y en vivo.

-Mencionó también a otro de los grandes aliados del gobierno, las Fuerzas Armadas, que cumplieron un rol fundamental durante estos 11 días de conflicto.

-Fuimos testigos de una represión brutal por parte de las fuerzas del orden. Jamás se ha visto en Ecuador tamaño nivel de agresión. Se trata directamente de violaciones a los derechos humanos. La Ministra de Gobierno María Paula Romo, que comandó la represión, y el Ministro de Defensa Raúl Oswaldo Jarrín, con una larga trayectoria militar, son los principales responsables. De hecho una de las principales exigencias de los movimientos indígenas consistía en el pedido de revocación de estos dos ministros, pedido que obviamente nunca fue cumplido.

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 Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles. En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles. 

Sucedió luego de más de diez días de movilizaciones ininterrumpidas que fueron respondidas con fuertes represiones por parte del gobierno. La instancia de diálogo, televisada a pedido del movimiento indígena, fue fuertemente esperada en un país marcado por un conflicto que ha impactado por los niveles de violencia.

La mesa de diálogo estuvo mediada por Naciones Unidas Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y contó con la participación del presidente Moreno, el ministro de economía, Richard Martínez, y diferentes movimientos indígenas agrupados centralmente en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El punto central de debate giró en torno al decreto 883 que quitó los subsidios estatales a la gasolina, y fue la medida que mayor rechazo generó en la población. La CONAIE mantuvo una posición de firmeza desde el inicio del conflicto: la necesidad de derogar del decreto. 

La posibilidad para avanzar en el diálogo tuvo como punto central el decreto 883, “una medida que genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria”, como afirmó Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

“El pedido del país es la derogatoria del decreto, si en este momento se decide, entonces el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios”, agregó Vargas.

En los discursos de los diferentes dirigentes indígenas estuvo presente la dimensión de la protesta, la violencia del gobierno, y la necesidad de recuperar la paz en medio de un escenario que tomó amplitudes que pocos esperaban.

La protesta contra el decreto 883 escaló a medida que pasaron los días desde su anuncio el 1 de octubre. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo ya se cuentan siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. En esos más de diez días se movilizaron transportistas, la CONAIE, jóvenes, barriadas populares, profesionales, campesinos.

La jornada del domingo estuvo marcada por esa misma dinámica: bloqueos de carreteras en el país y en el acceso a la capital, protestas en barrios populares, cacerolazos, y una movilización seguida de represión bajo la lluvia en el centro de Quito.

Si bien las movilizaciones y la protesta han abarcado a muchos sectores sociales, la CONAIE ha tenido el peso determinante en cuanto a la radicalidad, capacidad de nacionalización y de prolongación del conflicto. Por eso el diálogo con el gobierno ha sido con el movimiento indígena.

Moreno enfrenta una crisis profunda social, política, que busca descargar en la responsabilidad del expresidente Rafael Correa y los dirigentes de la revolución ciudadana como Gabriela Rivadeneira, y hasta en el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar detrás de la violencia. Esa misma acusación contra Correa fue retomada por Vargas, quien pidió que sea perseguido por la justicia.

Su voz fue contradicha por otro dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, quien afirmó: “Nosotros queremos ser claros, no es un acto de la gente correista, no creemos que Correa tenga la capacidad de mover tanta gente”.

El conflicto en Ecuador, que tomó formas de un escenario de barricadas y fuego, está entonces en instancias de diálogo en medio de una crisis que no se veía en el país desde el año 2005 cuando fue destituido el presidente Lucio Gutiérrez. Más allá del avance en la mesa de diálogo, el dirigente de la CONAIE, Abelardo Granda, ya afirmó una de las conclusiones más duras: “¿Y las muertes quién las paga? Mediante un decreto se puede recuperar al país, pero no a la vida”. 

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