Viernes, 22 Octubre 2021 06:20

La Constituyente, de rodillas

La Constituyente, de rodillas

La declaración de los estados de excepción en Chile y Ecuador es la mejor muestra del fracaso de las mal llamadas democracias. En Ecuador sucede luego de que los Papeles de Pandora revelaron que el presidente Guillermo Lasso tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales y blinda a militares y policías de cualquier juicio por sus actuaciones.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera envía soldados, tanques y helicópteros de guerra a territorio mapuche, para frenar la recuperación de tierras del movimiento. Este hecho se produce mientras la Convención Constituyente sesiona para redactar un texto que supere la carta heredada del régimen de Pinochet.

Lo más objetable es que la mayoría de izquierda de la Constituyente, los movimientos sociales que la integran y el sector de los pueblos originarios que decidieron participar, apenas han hecho declaraciones sin tomar ninguna medida enérgica contra el estado de excepción.

Meses atrás dije que la Constituyente sería la tumba de los movimientos (https://bit.ly/3C0mHuT). Estaba equivocado. En realidad, la lucha popular está mostrando los límites del proceso iniciado en noviembre de 2019 para desviar la lucha callejera hacia las instituciones.

El 12 de octubre, la Comunidad Autónoma de Temucuicui difundió un comunicado donde nombra la realidad en los términos más claros. “Es la demostración objetiva del fracaso de la Convención Constitucional y los escaños reservados, donde la lucha histórica del pueblo mapuche ha sido relativizada y reducida a una abstracción de "pueblos"; ahora en plena discusión y proclamación del Estado plurinacional se ha declarado oficialmente la militarización y la continuación del genocidio del cual el pueblo mapuche ha sido víctima de manera histórica” (https://bit.ly/3mVgTw8).

En un comunicado del 16 de octubre, la Coordinadora Arauco Malleco reafirma su línea histórica de "recuperaciones con base en el control territorial y la transformación de estos lugares, recuperando espacios vitales para la vida mapuche" (https://bit.ly/3jl8eT0).

El texto, firmado por decenas de comunidades, agrega que "el enemigo es el gran capital-extractivista inserto en nuestros territorios y no iglesias, ni el campesinado común", y considera que "la militarización impuesta por este gobierno fascista responde al avance sustantivo del proceso de recuperación político y territoriales".

En los hechos, la declaración del estado de excepción pretende frenar la recuperación de tierras que se viene multiplicando en los dos últimos años. De hecho, en los primeros meses de 2021 se ocuparon cinco veces más fundos que el año anterior y la movilización del pueblo mapuche no hace más que intensificarse.

Se pueden sacar algunas conclusiones de esta deriva del Estado de Chile, de la parálisis de la Constituyente y de la persistencia de las comunidades autónomas.

La primera es que el gobierno de Sebastián Piñera y el Estado no encuentran más recursos que repetir y profundizar la militarización para resolver un conflicto histórico. A mediano y largo plazo, no conseguirán sus objetivos, como viene sucediendo cada vez que reprimen. Todo lo contrario, conseguirán más apoyo y solidaridad con el pueblo-nación mapuche.

La segunda consiste en el fracaso de la Convención Constituyente. Por un lado, está siendo paralizada por la derecha y la extrema derecha que buscan su fracaso. Pero, sobre todo, por la debilidad de las y los constituyentes que responden a la izquierda y a los movimientos sociales, que no atinan a tomar medidas drásticas, por lo menos tan radicales como la decisión del gobierno de enviar al ejército a territorio mapuche.

Piñera siguió la onda de los camioneros que paralizaron la circulación en el sur, exigiendo medidas ante el avance del sabotaje mapuche al transporte. Un gremio ultraderechista, que vive del despojo del territorio por el modelo extractivo de grandes plantaciones de pinos para la exportación.

Pero el fracaso de la convención es, también, la derrota de la gran maniobra para conducir la lucha de calles al redil de las instituciones, empeño en el que destacó Gabril Boric, el candidato de la izquierda a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre. En rigor, Boric traicionó la lucha de millones de personas contra el modelo pospinochetista, ya que firmó un Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución sin consultar ni siquiera a su propio partido.

La tercera conclusión, es la fundamental: como demuestra la amplia movilización del 18 de octubre, en el segundo aniversario de la revuelta, amplios sectores de la juventud chilena están retomando el camino de la calle para expresar su rechazo al neoliberalismo militarista chileno. Hubo dos muertos, pero Boric "condenó tajantemente los destrozos, saqueos y enfrentamientos" (https://bit.ly/3G1gT6L).

Es evidente que si llega a la presidencia va a continuar con el extractivismo, seguirá militarizando territorio mapuche y reprimirá con la misma dureza a quienes sigan en las calles.

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Corte Constitucional de Colombia comenzó debate sobre la despenalización del aborto

La Corte Constitucional de Colombia comenzó a debatir la despenalización delaborto en un clima de incertidumbre en torno a la posición que asumirán los nueve magistrados, y en medio de los intensos activismos que hay a favor y en contra de la propuesta.

Desde que el órgano inició el debate el viernes pasado, organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones en las calles y campañas en las redes sociales para tratar de influir en la decisión, que se tomará a más tardar a fines de noviembre.

Desde 2006, el aborto fue despenalizado en Colombia si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto.

Sin embargo, el artículo 122 del Código Penal sigue estableciendo penas de 16 a 54 meses de prisión para las mujeres que interrumpen de manera voluntaria sus embarazos sin ajustarse a las tres causales, y a quien le ayude a concretarlo.

Por eso la Corte está analizando ahora dos recursos de inconstitucionalidad que apuntan a que las mujeres dejen de ser criminalizadas por abortar.

Una la presentó el presidente del tribunal, José Lizarazo, a partir de una demanda iniciada por el colectivo feminista Causa Justa; y otra el magistrado Alberto Rojas Ríos en respuesta a una solicitud del abogado Andrés Mateo Sánchez Molina.

La discusión se enmarca en los recientes avances que han logrado los movimientos de mujeres en la región y que son conocidos como "la marea verde", ya que es el color del pañuelo que simboliza la lucha por el derecho aborto y que muestran de manera masiva en las manifestaciones.

Uno de los momentos culminantes de esta lucha ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando el Congreso de Argentina legalizó el aborto. Nueve meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de México sorprendió al despenalizar esta práctica con el voto unánime de sus integrantes. Dos semanas después, la Cámara de Diputados de Chile también aprobó la despenalización, pero todavía falta el aval del Senado.

Escenario

Para despenalizar el aborto en Colombia se requieren por lo menos cinco de los nueve votos que hay en la Corte Constitucional.

Por ahora, se prevé que votarán a favor José Fernando Reyes, Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo, y en contra Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Íbañez, Paola Meneses y Diana Fajardo.

Parte de la incertidumbre se debe a que falta conocer los detalles de las ponencias de Rojas Ríos y de Lizarazo, y debatirlas en el pleno. En ambos casos, la tesis central es que se debe declarar la inconstitucionalidad del Artículo 122 del Código Penal porque discrimina a las mujeres.

Por otro lado, la semana pasada la Consultora Ipsos reveló que, de acuerdo con una encuesta global, en Colombia la legalización del aborto solo tiene un apoyo del 26 % y que el 9,0 % lo considera inadmisible en cualquier circunstancia. Por el contrario, un 36 % la aprueba solo en determinados casos.

Más allá de que el respaldo social no es mayoritario, el movimiento Causa Justa advierte que el derecho al aborto en Colombia no está plenamente garantizado, ya que hay médicos que se amparan en la objeción de conciencia para no interrumpir embarazos aunque cumplan con alguna de las tres causales que ya están despenalizadas.

El informe “Criminalización por el delito de aborto en Colombia”, que esta organización realizó junto con la Universidad de Los Andes y la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, reveló que hay 5.737 procesos por el delito de aborto en la Fiscalía General, y que en 450 ya se dictaron penas.

Uno de los datos más destacados del documento, que fue presentado en julio pasado, es que demuestra que desde 2006, cuando se logró la despenalización por causales, las denuncias en lugar de reducirse, aumentaron hasta alcanzar un promedio de 400 al año.

21 octubre 2021

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Viernes, 22 Octubre 2021 06:04

Que la tortilla se vuelva

Trabajadores de John Deere realizan una huelga con piquete, el 14 de octubre, en las instalaciones de la empresa en East Moline, Illinois AFP, GETTY IMAGES, SCOTT OLSON

La pandemia y el teletrabajo recordaron a millones de estadounidenses que la vida es frágil y la familia importa. La reactivación impulsada por el Estado, que sigue engordando las ganancias empresariales, se ha topado con una creciente militancia gremial y con demandas de sueldos más altos y mejoras en la calidad de vida.

 

SI EL MAÍZ CRECE DESPAREJO…

La pandemia tuvo un impacto grueso en el mercado laboral estadounidense: el índice de desempleo, que hasta enero de 2020 se había mantenido alrededor del 3,5 por ciento, saltó al 14 por ciento en abril. Los pedidos de subsidio por desempleo, con un promedio semanal de 205 mil trámites a comienzos de ese año, se remontaron a 6,8 millones en la última semana de marzo. Decenas de millones de personas perdieron su empleo o registraron una poda sustancial en sus ingresos por la reducción de las horas de trabajo.

El efecto no fue parejo: los trabajadores en sectores en que fue posible el recurso del teletrabajo continuaron laburando, pero otros muchos –en sectores como los restaurantes y los hoteles– quedaron desempleados. Para otro segmento, el de los llamados «trabajadores esenciales» –las cosechas, el transporte, el cuidado de niños, enfermos y ancianos–, el panorama fue sombrío: quedarse en casa sin sueldo o concurrir a trabajar y exponerse a la pandemia.

Los programas de estímulo por 1,9 billones de dólares, aprobados de manera rápida por el Congreso y promulgados de forma expedita por el presidente Donald Trump, reanudaron la actividad económica. El arribo de las vacunas contra la covid-19 y otro generoso estímulo de 1,2 billones de dólares promulgado por el presidente Joe Biden han contribuido a esa reactivación. El índice de desempleo ha bajado al 4,8 por ciento en setiembre de este año y, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, la cifra semanal de solicitudes del seguro de paro se ha ubicado por debajo de las 300 mil.

Como suele suceder, las noticias que son medianamente buenas para muchos son mucho mejores para otros pocos. En el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia causó una caída del 9,1 por ciento en el PBI de Estados Unidos, las ganancias de las empresas sumaron 17,4 billones de dólares. En el segundo trimestre de 2021, cuando el PBI creció 12,2 por ciento, sumaron 24,4 billones de dólares. Un aumento del 40 por ciento. El índice del mercado de valores (Stock Market Index), que muestra el entusiasmo o el pánico en el casino financiero, tenía en julio de 2020 una marca de 26.400 puntos. Esta semana el optimismo ronda por encima de los 35.381 puntos. Un aumento del 34 por ciento.

Mientras tanto, y con una tasa anual de inflación del 5,4 por ciento, los sueldos reales de todos los trabajadores en el sector privado (medidos en dólares constantes de 1982-1984) bajaron de 394,62 a 391,62 dólares por semana.

NO ES SOLO CUESTIÓN DE DINERO

La pandemia tuvo otro efecto en el mercado laboral, previsible desde hace un par de décadas y demorado solo por el enfoque anticuado en la administración empresarial de los llamados «recursos humanos». La propagación del teletrabajo ha demostrado, primero que nada, que sí es posible mantener la actividad de negocios, escuelas y universidades sin la concentración de empleados y estudiantes en oficinas, fábricas y aulas. Desde el punto de vista empresarial, esto es una promesa de reducción de gastos fijos, como el alquiler de espacios, la electricidad y los seguros.

Para los millones de trabajadores que han continuado sus labores desde casa, la revelación ha sido aún más importante: existe la vida afuera del horario. Librarse de las dos horas diarias de transporte hacia y desde el sitio de trabajo significa dos horas más de vida familiar, el ahorro de dinero en el cuidado de los niños, una dieta más sana con comidas hogareñas. Y, sobre todo, una administración diferente del tiempo: en lugar de ocho horas de confinamiento en una oficina de las que quizás solo dos o tres se ocupan en alguna labor, ahora puede haber tiempo para ejercicio, para escuchar música, para leer o –sin que se note– para echarse una siesta hasta que la tarea siguiente sea asignada.

Con la recuperación del tiempo personal, millones de personas empleadas a tiempo completo o parcial, o desempleadas, encontraron el tiempo y las circunstancias para tomar cursos por Internet y adquirir certificados profesionales, o han emprendido pequeños negocios propios. Y las empresas, especialmente las que mejor se adaptaron al teletrabajo, encuentran ahora la resistencia de sus empleados a retornar a las oficinas y fábricas, a las escuelas y universidades. Una renuencia combinada con las precauciones para evitar nuevos brotes de la pandemia.

En pocos meses, millones de estadounidenses descubrieron aquello de que hay que trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar. Hay instructores de yoga, de canto, de reparación de motores que se han hecho clientelas vía Zoom, y alumnos que por Zoom exploran el canto, practican yoga o se entretienen reparando una motocicleta. La aritmética es sencilla: una instructora de guitarra o de cocina uruguaya, un instructor de ajedrez o fotografía puede cobrar, digamos, 25 dólares por clase. Si consigue tan solo cuatro alumnos por día y trabaja desde su casa y apenas cuatro horas diarias, de lunes a viernes, logrará un ingreso superior al sueldo real. El teletrabajo tiene sus propias complicaciones: el uso de espacio para oficina en un apartamento o casa familiar, la interferencia de los niños, la pereza de cambiar del pijama a una vestimenta formal. Y también el peligro de la disponibilidad ilimitada: por Internet el empleador puede encargar tareas a cualquier hora del día o de la noche, lo que crea una forma nueva de compromiso laboral.

La fuerza combinada de la reactivación económica impulsada con dinero estatal y el teletrabajo y sus beneficios forman parte del fenómeno por el cual, ahora, en Estados Unidos hay una escasez tremenda de mano de obra. Las empresas no pueden encontrar gente dispuesta a emplearse a menos que las condiciones de trabajo sean más flexibles, con más tiempo para la familia o el gusto personal.

A LA HUELGA, COMPAÑERAS

En agosto unos 4,3 millones de trabajadores, esto es, el 2,9 por ciento de la fuerza laboral, abandonaron sus empleos, la cifra más alta de dimisiones desde que se registra este dato. Eso significa 242 mil renunciantes más que en julio, como reflejo de que más y más empleados reclaman sueldos más altos, mejores condiciones de trabajo, incluidas más vacaciones, licencia por maternidad o paternidad y horarios flexibles.

En agosto, al acentuarse la escasez de mano de obra dispuesta a emplearse, había unos 10,4 millones de ofertas de empleo en puestos vacantes en casi todas las industrias. En julio había 11,1 millones. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. Gran Bretaña encara una escasez de pilotos, al tiempo que se reanudan los vuelos normales, debido a que cientos de tripulantes de aerolíneas se jubilaron o cambiaron de carrera durante la pandemia, y otros muchos requieren instrucción. Expertos en el área de la aviación comercial calculan que esa industria tendrá una escasez de unos 34 mil pilotos hacia 2025.

«Es la época de oro para los trabajadores estadounidenses», según Joe Brusuelas, economista jefe en la firma contable y de asesoramiento RSM. «El trabajador estadounidense sabe que ahora tiene poder en la negociación, que puede obtener un sueldo razonable y tener influencia en la conformación de las condiciones laborales. Esto es lo que ocurre después de las guerras o depresiones grandes. Es difícil percibirlo cuando uno está en medio del proceso, pero hemos tenido un shock que ha generado cambios inesperados en la población», ha afirmado Brusuelas a la CNN.

Los sindicatos en Estados Unidos han estado perdiendo influencia por décadas, y la afiliación de trabajadores ha bajado del 18 por ciento de los trabajadores en 1985 al 10 por ciento actual. Paradójicamente, el 68 por ciento de los estadounidenses tiene una opinión positiva de los sindicatos, el nivel más alto de confianza desde 1965, según una encuesta de Gallup. La simpatía por los gremios sube al 78 por ciento entre la gente más joven, con edades entre 18 y 29 años.

Y hasta esta semana ya más de 100 mil trabajadores en diferentes industrias han aprobado la autorización para que los sindicatos que los representan declaren la huelga si no hay progreso en las negociaciones de los respectivos convenios colectivos. La semana pasada 10 mil trabajadores de la firma John Deere entraron en huelga, y una medida similar en el área de producciones de Hollywood se evitó pocas horas antes del plazo, cuando se llegó a un acuerdo con unos 60 mil trabajadores. Unos 1.400 empleados de la firma Kellogg, que produce cereales para el desayuno y otros alimentos, se declararon en huelga el 5 de octubre en las plantas de Michigan, Nebraska, Pensilvania y Tennessee, en repudio a la oferta de contrato presentada por la patronal, que incluye recortes en el seguro médico, las jubilaciones y las vacaciones.

Más allá de los trabajadores en los sectores privado y público que tienen representación sindical, un aspecto notable del mercado laboral en 2021 es que hay millones de trabajadores, en áreas sin sindicatos, que se rehúsan a retornar a sus empleos. «Somos testigos de la “Gran Huelga de 2021”, y la componen mayormente millones de trabajadores no organizados y en áreas de empleo de bajos sueldos», afirmó esta semana el periódico financiero The Street. «Muchos de los nueve millones de trabajadores que no han retornado a trabajar están, de hecho, en huelga para obtener algo mejor.»

De acuerdo con la Facultad de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad Cornell, este año ha habido huelgas contra 178 empresas. Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales, que solo lleva el registro de las huelgas mayores, ha documentado 12, en las que participaron más de mil empleados. «Las huelgas son una señal, sin duda, de que los empleadores ignoran a los trabajadores en perjuicio propio», dijo esta semana a The Washington Post Elizabeth Shuler, la primera mujer al frente de la central sindical AFL-CIO. «La pandemia dejó al desnudo nuestro sistema de desigualdades, y los trabajadores se rehúsan a volver a empleos míseros que ponen en riesgo su salud. Esta ola de huelgas inspirará a más y más trabajadores para que se planten firmes y digan “merecemos algo mejor”», agregó.

Por Jorge A. Bañalesdesde Washington 
21 octubre, 2021

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Corea del Sur: medio millón de trabajadores van al paro y miles se movilizan

Medio millón de trabajadores se unieron a la huelga y miles realizaron manifestaciones en Seúl y en otros lugares el jueves, muchos con disfraces que hacen referencia a la oscura serie que se inspiró en las terribles condiciones económicas que enfrentan muchos surcoreanos.

 

Al menos medio millón de trabajadores en Corea del Sur de los sectores de la construcción, el transporte, los servicios y otros abandonaron sus trabajos para unirse a la huelga general el 20 de octubre de 2021. La Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la organización laboral más grande del país, con más de un millón de miembros, realizó un mitin a nivel nacional para lograr mejores condiciones y una mayor autodeterminación de los trabajadores. Cerca de 80.000 trabajadores participaron en manifestaciones en 13 ciudades de todo el país, con 27.000 trabajadores participando solo en Seúl.

Además hubo una particularidad de que en las movilizaciones se utilizaron los trajes y máscaras de la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar". La serie trata sobre cientos de surcoreanos con problemas de dinero atraídos a competir en series de juegos sencillos por un enorme premio en efectivo, pero la penalización por perder cualquiera de las seis etapas es instantánea y muerte brutal. Se inspiró en las condiciones de los surcoreanos normales tras el colapso económico mundial de 2008.

Las demandas de huelga se pueden clasificar en tres categorías amplias : abolir el "trabajo irregular" (trabajo a tiempo parcial, temporal o por contrato con pocos o ningún beneficio) y extender las protecciones laborales a todos los trabajadores, dando a los trabajadores más poder de decisión en torno a la reestructuración económica. En tiempos de crisis, la nacionalización de industrias clave como la salud y los servicios básicos como la educación y la vivienda. Los trabajadores en huelga exigen que la vivienda pública aumente del 5% al ​​50% del parque de viviendas y que el gobierno contrate a un millón de nuevos trabajadores de cuidado para brindar cuidado de niños y ancianos gratis, expandir la atención médica pública, brindar preparación universitaria gratuita y terminar con el sistema de clasificación universitaria. También luchan por el fin de las lagunas en las leyes laborales que permiten a los empleadores privar a sus empleados de derechos básicos, como el derecho a organizarse, así como su acceso a beneficios y compensación por lesiones laborales.

Corea del Sur ocupa el tercer lugar en el mundo con las horas de trabajo anuales más altas, en 2015, ocupó el tercer lugar más alto en número de muertes en el lugar de trabajo, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se estima que aproximadamente el 40 por ciento se consideran "trabajadores irregulares" y se encuentran principalmente en la economía del trabajo temporal. Estos trabajadores irregulares incluyen trabajadores temporales y subcontratados y no reciben todos los beneficios prometidos en la legislación laboral existente.

Los trabajadores movilizados son cada vez más y son quienes están sacando a la luz las terribles condiciones laborales que muchos han soportado. El personal de limpieza de LG Towers compartió que LG contrató matones para verter agua en las tiendas de los trabajadores mientras dormían mientras protestaban por los despidos y las condiciones de explotación en el lugar de trabajo en los fríos meses de invierno. Los mineros de carbón de Korea Coal, propiedad del gobierno, discutieron cuántos mineros están sufriendo problemas de salud por respirar polvo de carbón y exceso de trabajo. Los trabajadores irregulares en las minas hacen exactamente el mismo trabajo que los trabajadores a tiempo completo y sufren las mismas dolencias, pero no reciben ni la mitad del mismo salario que sus contrapartes.

Chaebol (es decir, los conglomerados corporativos controlados por familias unifamiliares, como Samsung, Hyundai y LG) han creado y fomentado problemas sociales y económicos. Los chaebols son responsables de la crisis financiera asiática de 1997 , así como de la concentración económica y la consolidación industrial que se aceleró después de la crisis, que culminó en despidos y una mayor precariedad de trabajadores en industrias clave como la automotriz. Sesenta y cuatro chaebols reclaman el 84 por ciento del PIB, pero proporcionan solo el 10 por ciento de los puestos de trabajo . A medida que los grandes conglomerados comerciales reducen la contratación, los trabajadores tienen que asumir cada vez más un segundo y tercer empleo para poder pagar sus facturas debido a la inherente inestabilidad del trabajo de baja jornada, contrato limitado o sin contrato.

La policía reprimió duramente las protestas, desplegando agentes e instalando paredes de autobuses para bloquear el movimiento desde la estación de Seodaemun hacia la oficina presidencial cerca de Sejong-no, además de chocar con los manifestantes en los puestos de control. El presidente de la KCTU, Yang Kyung-soo, y al menos otros 30 organizadores sindicales fueron arrestados y encarcelados, según el director de políticas de la KCTU. Los funcionarios citaron las medidas de prevención del coronavirus como la razón para evitar las protestas, y el ministro del Interior y Seguridad, Jeon Hae-cheol, llegó a decir que las protestas destruirían las expectativas de normalidad en este punto de inflexión crítico.

Pero no debería haber ninguna expectativa de normalidad. Si bien Corea del Sur fue anunciada en todo el mundo como un modelo a seguir en términos de medidas de prevención de enfermedades de salud pública, la crisis del coronavirus también puso al descubierto la verdadera precariedad de los trabajadores. Las industrias de las aerolíneas, la fabricación de automóviles y la construcción naval están despidiendo trabajadores en masa, mientras que los precios promedio de los apartamentos en todo el país han aumentado más del 70 por ciento en los últimos cinco años. Todos los pasos que el presidente Moon ha tomado desde 2017 para tratar de reducir los precios de la vivienda, como los pasos regulatorios, aumentar los impuestos a las ganancias de capital por la mudanza de viviendas y los impuestos a la propiedad para los propietarios de viviendas múltiples, finalmente no han tenido éxito. Solo desde julio de 2020 hasta julio de 2021, los precios de las viviendas aumentaron un 14,3 por ciento . La deuda de los hogares en Corea del Sur es casi el doble del ingreso familiar promedio, pero la respuesta del gobierno al aumento de la deuda y la inflación de los hogares es aumentar las tasas de interés para tratar de disminuir la inflación.

Entre otras demandas, la huelga también exige la nacionalización de industrias críticas y una mayor autodeterminación de los trabajadores en tiempos de crisis económica.

Se movilizó a muchos trabajadores de una variedad de industrias, como la educación, el servicio civil, la manufactura, la logística y los sectores de la construcción. Los gobiernos capitalistas burgueses siempre intentarán obstaculizar la autodeterminación y la nacionalización de los servicios bajo el control de los trabajadores. El gobierno coreano podría ceder ante la presión social y ofrecer algunas concesiones a los trabajadores, como aumentar los canales para que los trabajadores aporten información en la toma de decisiones económicas (sin implementar cambios críticos) o invertir algo de dinero en los servicios sociales. Sin embargo, los trabajadores merecen mucho más que las concesiones que se pueden otorgar o no.

Es inspirador que los trabajadores estén luchando contra la ofensiva neoliberal que diezmó por completo la red de seguridad social, y estén luchando por mejores condiciones laborales y mejores vidas. En los Estados Unidos, en el núcleo imperial, debemos apoyar la lucha de los trabajadores coreanos para terminar con el trabajo irregular y precario, por la mejora de las condiciones laborales, más poder de decisión y una mayor nacionalización, al mismo tiempo que luchamos por más para todos los trabajadores en todas partes.

Para que los trabajadores coreanos ganen sus demandas, deben continuar luchando, extendiendo la huelga de un día a una huelga general indefinida hasta que obtengan lo que legítimamente merecen. Solo ejerciendo todo el poder de la clase obrera a través de sus métodos, los trabajadores podrán ganar sus demandas.

Por KS Mehta

Jueves 21 de octubre

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La ONU declaró que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano

Frente a las consecuencias innegables del cambio climático, la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados a tomar medidas «rápidas y reales» para el cuidado del ambiente y el pleno ejercicio de los derechos. La OMS también emitió un comunicado crítico en el que pide soluciones urgentes en la próxima COP 26.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Lo hizo a través de una resolución impulsada por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, que obtuvo 43 votos de apoyo y ningún voto en contra. Sin embargo, Rusia, China, India y Japón se abstuvieron de votar. El Consejo instó a tratar el tema en la Asamblea General y estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud y Amnistía Internacional también emitieron declaraciones que ratifican la perspectiva de derechos humanos ligados íntimamente al respeto a la naturaleza.

El organismo internacional observó que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los derechos humanos son indivisibles e interrelacionados. En los hechos, la degradación del ambiente daña el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros. Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. En ese documento, la ONU ya afirmaba que «hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente
«.

Proteger el medio ambiente, la naturaleza y a las personas que luchan contra el extractivismo

La reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alienta a los Estados a que creen capacidades para las actividades de protección del medio ambiente, a fin de cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Se pide, asimismo, que mejoren la cooperación con otros Estados, el resto del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las empresas para la implementación del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

También se les insta a adoptar políticas para el disfrute del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas. El documento pone en el contexto de la garantía de los derechos humanos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en consideración su carácter integrado y multisectorial. Además, invita a la Asamblea General a «examinar» el tema. El derecho a un medioambiente saludable está reconocido jurídicamente en más del 80% de los Estados miembros de la ONU a través de constituciones, leyes, sentencias judiciales y tratados regionales.

El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. Este hito significa también protección para quienes luchan contra los extractivismos y la contaminación. Según datos brindados por la propia ONU, solo en 2020 fueron asesinados más de 200 activistas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable. En ese sentido, manifestó su intención de que la medida “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.

A su vez, destacó que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas. Asimismo, continuó, la medida resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda. Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.

La lucha de la sociedad civil por el reconocimiento del cuidado del ambiente como derecho humano

En la previa de la reunión del Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional junto a más de 1100 grupos de la sociedad civil y de pueblos indígenas emitió una declaración pública en la que instaba al organismos de la ONU a reconocer un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. «Cuando millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, está más claro que nunca que la vida y la dignidad humanas dependen de un medioambiente saludable», señalaba el documento conjunto, que también exigió a los Estados miembros que mandaten un procedimiento especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.

“Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto al descubierto, con una claridad devastadora, hasta qué punto un medioambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos. Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación: hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El documento encabezado por Amnistía Internacional denunció que «la falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático pese a las acuciantes pruebas científicas podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia». En ese sentido, consideraron que una declaración internacional «animaría a los Estados que aún no reconocen este derecho en sus leyes nacionales a reconocerlo, y motivaría a otros a reforzar su legislación».

La OMS se pronunció sobre «decisiones insostenibles» contra el planeta y la salud

En el Informe especial sobre cambio climático y salud, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y publicado ayer en el marco de los preparativos de la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, expone el llamado de la comunidad mundial de la salud en favor de la acción climática. De esta manera, el cumplimiento de esos objetivos se vincula expresamente con la garantía derecho humano a la salud, razón más que suficiente para sostener la perspectiva de derechos humanos en las políticas ambientales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que «las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta están matando a las personas». Por este motivo, el organismo sanitario realizó un llamado a todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas en la COP26 con el fin de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C.

El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta abierta, firmada por más de dos tercios del personal de la salud mundial —300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo—, en la que se pide a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países en la COP26 que intensifiquen la acción climática.

En el documento afirma: «La quema de combustibles fósiles nos está matando. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Aunque nadie está a salvo de los impactos del cambio climático sobre la salud, los más vulnerables y desfavorecidos los sufren de forma desproporcionada». Además, sostiene que la contaminación del aire, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles, causa 13 muertes por minuto en todo el mundo.

Por | 20/10/2021

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Fuentes: Nacla [Foto: fieles en el Tabernáculo Bíblico Bautista de los Amigos de Israel en El Salvador (BBC World Service, Flickr)]

El politólogo Javier Corrales llegó a decir en el 2018 que la alianza entre las iglesias evangélicas y los partidos conservadores en América Latina eran el “matrimonio perfecto” (1). No obstante, parece que pronto vendrá el divorcio, ya que un nuevo e intrigante pretendiente ha entrado en escena: la izquierda.

Muchos políticos de izquierda han intentado aliarse con las iglesias, los líderes y los partidos políticos evangélicos en los últimos años. Por ejemplo, tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como su partido MORENA se aliaron con el Partido Encuentro Social (PES), de carácter evangélico, para llegar al poder en las elecciones mexicanas del 2018. Maduro también cortejó a varios líderes evangélicos durante las elecciones venezolanas del 2020, hasta el punto de que les prometió conmemorar el “Día del Pastor”, crear una universidad evangélica y donar miles de instrumentos musicales a sus iglesias (2). Ahora le ha tocado el turno a Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia y exguerrillero, que ha recibido el apoyo de Alfredo Saade (un líder evangélico de la costa caribeña) con quien pactó una alianza el 15 de septiembre (3). El movimiento de Saade, Levántate, está compuesto por más de 400 pastores evangélicos.

Aunque pueda parecer sorprendente, lo cierto es que esta clase de alianzas ya han existido en el pasado, especialmente si tenemos en cuenta que los partidos conservadores en América Latina siempre han tenido fuertes lazos con la Iglesia católica. Es por esa razón que históricamente los lideres protestantes siempre han estado del lado de los partidos liberales e incluso han apoyado gobiernos revolucionarios, ya que el objetivo de todos estos movimientos siempre ha sido el mismo: disminuir la influencia social de la Iglesia católica. Entre 1979 y 1990 la población evangélica creció del 5% al 15% durante el gobierno sandinista en Nicaragua gracias a las tensiones entre el gobierno revolucionario y la Iglesia católica a raíz de los cargos políticos que ocuparían ciertos sacerdotes (4). Los evangélicos se inclinaban mucho más que los católicos a votar por la reelección de Daniel Ortega y, de hecho, varios de sus lideres expresaron su apoyo a los dirigentes del FSLN (5). Además, los movimientos evangélicos apoyaron la nueva constitución venezolana que promocionó Hugo Chávez en 1999, ya que esta ampliaba las libertades religiosas mientras que los católicos la atacaron por considerar que promovía el aborto (6).

Sin embargo, ha habido momentos en que a los evangélicos les ha parecido más conveniente aliarse con la derecha. Por ejemplo, en el Chile de Augusto Pinochet, donde la Iglesia católica participó activamente en la resistencia en contra de la dictadura, los evangélicos se apresuraron a apoyarla con la esperanza de que les otorgaran la plena igualdad religiosa con los católicos (7). Todos estos hechos nos llevan a concluir que la participación evangélica en la política latinoamericana esta caracterizada antes que nada por el pragmatismo, aliándose tanto con la izquierda como con la derecha dependiendo del momento histórico (8).

El crecimiento de las iglesias evangélica en la región implica que su participación en la política aumentará con el tiempo, aunque su intensidad varia de país en país (9). Incluso en Colombia, donde los grupos no católicos siempre han sido marginados, se estima que el 19,5% de la población nacional se identifica como evangélica o pentecostal (10).

No obstante, es imposible afirmar que las iglesias evangélicas estén unidas como un todo, por lo que el actual panorama político es un reflejo del panorama religioso. Existen muchos grupos, divisiones y competencias entre ellos debido a la falta de una estructura unitaria más amplia. Ahora bien, es precisamente esta fragmentación la que explica el rápido crecimiento de su fe, ya que cualquiera con una vocación divina puede crear su propia iglesia, pero tiene la contrapartida de inhibir la acción política conjunta. Por ejemplo, a principios de la década de 1990 los evangélicos apenas representaban el 10% de la población colombiana y entonces existían cuatro partidos evangélicos que competían entre sí. El partido político de Saade compite con otros dos: MIRA y Colombia Justa Libre.

De todos modos, las iglesias evangélicas pueden ser valiosos aliados electorales a pesar de su incapacidad de crear una plataforma unificada. Esto último se aplica especialmente a megaiglesias y organizaciones religiosas que cuentan con múltiples sedes y que tienen decenas o cientos de miles de seguidores, además del acceso que poseen a muchos recursos y el amplio uso que hacen de los medios de comunicación. Uno de los activos que pueden poner a disposición de las campañas políticas son sus enormes centros de reunión, sin hablar de los canales de televisión y radio. Todo ello puede convertir fácilmente el capital religioso en capital político, aunque estos dos ámbitos no siempre se superponen (11).

Sin embargo, esta traducción de fieles en votantes tiene cierto peso en las urnas y ha ayudado a varios líderes evangélicos a conseguir escaños en ayuntamientos, legislaturas estatales y congresos nacionales. En cuanto a las elecciones presidenciales, los evangélicos han sido más bien socios de coalición importantes y no tanto candidatos autónomos, siendo Fabricio Alvarado, del evangélico Partido de Restauración Nacional, una excepción: llegó a quedar de segundo en las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2018. Es importante tener presente que las elecciones muchas veces se deciden por márgenes muy estrechos en gran parte de América Latina y es por eso que el capital político que pueden reunir mega-iglesias evangélicas y organizaciones religiosas tiene un peso descomunal a la hora de hacer reyes.

Las elecciones presidenciales colombianas del 2018 pusieron de manifiesto esta tendencia, ya que el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, derrotó a Petro por 2,3 millones de votos y obtuvo un total de 10,3 millones de votos. La clave de la victoria de Duque fueron los partidos evangélicos MIRA y Colombia Justa Libres, que al parecer le aportaron al menos un millón de los votos (12).

Es muy probable que Petro aprendiera de esta derrota y esa sea la razón por la que se apresuró a buscar el apoyo de los evangélicos para su candidatura presidencial del 2022. Petro lanzó su campaña presidencial en la ciudad caribeña de Barranquilla haciendo referencia a Jesús y a los santos, además de acusar a la derecha de hacer “tratos con el diablo” (13). Poco después, se dio a conocer que el líder evangélico Saade había organizado el evento con la intención de apoyar públicamente la candidatura de Petro.

Esta alianza de Petro con los evangélicos en la densamente poblada Costa Caribe colombiana tiene mucho sentido, ya que después de la capital y el departamento de Antioquia, es la zona más poblada del país. Por otra parte, la región Caribe cuenta con la mayor concentración de evangélicos en el país, ya que el 25,4 por ciento de la población se declara seguir esta denominación, lo que da un total de 2,25 millones de ciudadanos, por lo que las iglesias evangélicas de esta región podrían proporcionar un número considerable de votos. Saade aspira a conseguir 1,5 millones de ellos.

Muchos de los grupos evangélicos de Latinoamérica han sido capaces de ampliar su influencia social debido a su participación en la política. Un caso típico es Brasil, donde los evangélicos se han presentado a las elecciones bajo distintas candidaturas, incluido al izquierdista Partido dos Trabalhadores (PT) (14), con la intención de legislar exenciones fiscales para sus respectivas iglesias, además de modificar las leyes de radiodifusión para poder alcanzar un público más amplio, conseguir financiación estatal para sus servicios religiosos haciéndolos pasar por eventos culturales y hacerse con ciertas propiedades para construir iglesias. Los pastores brasileños buscan obtener cargos electorales porque es precisamente el Congreso el que controla los derechos de difusión, así que estar en el Congreso garantiza la “televangelización”.

Esto también se aplica al PSE mexicano que se benefició bastante de su alianza con MORENA: dejo de ser un partido marginal y se convirtió en la cuarta facción más importante de la legislatura nacional (15). AMLO, a diferencia de los otros presidentes mexicanos que se apoyaron en grupos católicos, abrió las puertas del poder a los evangélicos al ampliar su acceso a los medios de comunicación, las empresas y los bienes inmuebles. Las organizaciones religiosas evangélicas se unieron a la Secretaría de Gobierno que promueve la “Cuarta Transformación” (4T) (16) y que tienen como objetivo “reparar el tejido social de México”. AMLO propuso darle concesiones en materia de radiodifusión a estos grupos religiosos con el argumento de “fortalecer los valores” y reclutó a varias de estas iglesias para difundir un libro publicado por el gobierno sobre moral y ciudadanía. Por su parte, la Fraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas anunció en diciembre del 2020 que había conseguido inscribir a 7.000 estudiantes al programa federal de becas con la intención de proporcionarles no solo instrucción técnica y empleos, sino también formarlos en los preceptos del Evangelio (17). Para esto, los evangélicos reclutaron estudiantes en todas las latitudes del país.

Así que la alianza entre Saade y Petro, que resulta novedosa para la política colombiana, no hace sino continuar un mismo patrón regional. Saade ha retirado recientemente su apoyo a la campaña de Petro diciendo que el candidato presidencial no tomó en cuenta muchos de sus puntos (18). Sin embargo, este breve coqueteo político resulta revelador. Una fuente anónima de la campaña de Petro también ha dicho que en el futuro podrían hacerse alianzas similares con otros grupos evangélicos.

Petro es el candidato presidencial con mayor intención de voto para las elecciones del 2022 según las encuestas (19) y eso a pesar de que la intención de voto por su candidatura ha caído del 21% en junio al 17% en septiembre, mientras que las encuestas revelan que la intención de voto por los candidatos de derecha, con los que se podría esperar que los evangélicos tuvieran mayor afinidad ideológica, es sustancialmente menor.

Si Petro gana, ¿qué implicaciones tendrá su triunfo para los evangélicos colombianos? Es probable que siga el mismo camino que AMLO y fortalezca sus vínculos con los grupos evangélicos, especialmente si tenemos en cuenta la abierta hostilidad que muestra la Iglesia Católica hacia él (20). El apoyo de las organizaciones evangélicas a la campaña de Petro podría traducirse en una mayor influencia en las decisiones gubernamentales y en la implementación de ciertas políticas sociales. Pero como muy bien ilustra el caso mexicano, esta alianza no implica el triunfo de la “agenda moral” de los evangélicos que se expresa sobre todo en la prohibición del aborto y los derechos LGBTQ (21). Y ya que la agenda progresista de Petro se ha caracterizado por su promoción de los derechos LGBTQ (22), esto implica que los evangélicos muy probablemente no serán capaces de imponer su visión de la moral social.

Si Petro gana las elecciones presidenciales en Colombia, esta clase de alianzas entre la izquierda y los evangélicos podrían ser cada vez más comunes en toda América Latina. Y aunque esto no suceda, es probable que comiencen a producirse giros políticos y grandes transformaciones en las comunidades evangélicas de toda la región, ya que su número y participación en la política no hará sino aumentar.

Por Radha Sarkar | 20/10/2021


Traducido del inglés por Juan Gabriel Caro Rivera

Notas:

  1. https://www.nytimes.com/2018/01/17/opinion/evangelicals-politics-latin-america.html
  2. https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/maduro-busca-el-apoyo-de-los-evangelicos-en-venezuela-461016
  3. https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-es-alfredo-saade-el-cristiano-que-apoya-a-gustavo-petro/202108/
  4. https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=2u1ADgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=paul+freston+2004+protestant+political+parties&ots=5mATKy97z2&sig=VDdOqSyfkYXm0Bs2EmrUZDhCCSU&redir_esc=y#v=onepage&q=paul%20freston%202004%20protestant%20political%20parties&f=false
  5. https://www.jstor.org/stable/1387860?casa_token=Buemx_T8iwUAAAAA%3A15Tebn3e4zepqgYrxlYjQrufANU7ue2aOHh1-rIUp2zhm5OB13uAqMlm9Q9_38ljdLOdISPpFWeG1bP7x5qF1jmYN7rwS55kOaavUyQiMpQMbZnGrw
  6. https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=2u1ADgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=paul+freston+2004+protestant+political+parties&ots=5mATKy97z2&sig=VDdOqSyfkYXm0Bs2EmrUZDhCCSU&redir_esc=y#v=onepage&q=paul%20freston%202004%20protestant%20political%20parties&f=false
  7. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429498077-6/chilean-pentecostalism-coming-age-edward-cleary-juan-sep%C3%BAlveda
  8. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43706779
  9. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43706779
  10. https://www.svenskakyrkan.se/filer/34555608-8b30-4aec-9d33-2c0511345e65.pdf
  11. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-56122017000300187&script=sci_abstract&tlng=pt
  12. https://nacla.org/alliances-leftists-and-evangelicals-latin-america
  13. https://www.elespectador.com/politica/criticas-al-pacto-historico-por-recibir-apoyo-de-sector-cristiano/
  14. https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/04/Libro_ReligionYPolitica_WEB-2.pdf
  15. https://nacla.org/news/2020/02/10/Church-and-State-AMLO-Mexico
  16. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45712329
  17. https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/12/5/evangelicos-consiguen-siete-mil-becas-para-jovenes-los-moralizan-con-la-biblia-cartilla-de-amlo-235367.html
  18. https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-petro-sin-el-apoyo-del-lider-cristiano-alfredo-saade-623096
  19. https://www.semana.com/nacion/articulo/petro-lidera-la-intencion-de-voto-pero-sigue-cayendo-en-las-encuestas-gran-estudio-electoral-de-semana/202118/
  20. https://www.elcatolicismo.com.co/editorial/la-iglesia-en-un-gobierno-de-petro
  21. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/20/morena-va-por-aborto-seguro-martha-micher
  22. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12162143
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El dispositivo que le colocaron a una mujer en la Universidad de California elimina los pensamientos negativos para prevenir la depresión.

Se lo pusieron a una mujer y hay reparos de otros científicos

Un grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) desarrolló un dispositivo de “estimulación cerebral profunda” que “elimina” los pensamientos negativos con una estimulación eléctrica para prevenir la depresión.

Según especificaron en el estudio publicado recientemente en la revista científica Nature, se trata del primer caso en el mundo en demostrar quela estimulación altamente dirigida en un circuito cerebral específico que incluye patrones cerebrales depresivos podría ser ser una forma efectiva de tratamiento para la depresión severa, que afecta aproximadamente al 5 por ciento de los adultos en todo el mundo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hemos desarrollado un enfoque de medicina de precisión que ha manejado con éxito la depresión resistente al tratamiento de nuestra paciente al identificar y modular el circuito en su cerebro que está asociado de manera única con sus síntomas”, dijo Andrew Krystal, profesor de psiquiatría, miembro del Instituto Weill de Neurociencias de UCSF y uno de los científicos detrás del desarrollo del dispositivo en un comunicado de prensa.

El caso de Sarah

La investigación fue realizada a partir del caso de Sarah, una mujer de 38 años con depresión severa que había tenido pensamientos suicidas en 2016.

Sarah había experimentado con alrededor de 20 medicamentos para la depresión, meses en un programa diurno en un centro hospitalario, terapia electroconvulsiva y estimulación magnética transcraneal, entre otros tratamientos, pero sin resultados.

Hasta que llegó al laboratorio del grupo de investigadores de la UCSF, quienes  le implantaron en el cerebro un dispositivo que funciona con baterías del tamaño de una caja de fósforos, una especie de “marcapasos para el cerebro” calibrado para detectar el patrón de actividad neuronal que ocurre cuando se presentan los síntomas de la depresión. Allí, descarga pulsaciones de estimulación eléctrica para evitarla.

Según el artículo publicado en Nature, 12 días después de implantar el dispositivo, el puntaje de Sarah en la escala estándar de depresión bajó de 33 a 14. Varios meses después cayó por debajo de 10, lo que significó un estado de remisión, informaron los autores del paper científico.

“El dispositivo ha mantenido mi depresión bajo control, me ha permitido volver a ser la mejor versión de mí misma y reconstruir una vida que vale la pena vivir”, contó Sarah.

“Nuestro objetivo no era hacer feliz a esta paciente, sino eliminar su depresión”

Andrew Krystal señaló: “Lo que creemos que está sucediendo en esta primera paciente es que algo en el entorno desencadena un proceso que provocaría un sentimiento negativo, el comienzo de lo que empeora su depresión. Lo detectamos antes de que se convierta en una depresión significativa y básicamente lo eliminamos”.

Nuestro objetivo no era hacer feliz a esta paciente, sino eliminar su depresión”, aseguró.

Por su parte, Katherine Scangos, psiquiatra y autora principal de la investigación, afirmó: “Pudimos brindar este tratamiento personalizado a un paciente con depresión y alivió sus síntomas, no hemos podido hacer este tipo de terapia personalizada anteriormente en psiquiatría”.

Scangos contó que en este momento hay dos pacientes más que forman parte del ensayo y el objetivo es incluir otros nueve más adelante. El tratamiento todavía no cuenta con la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, según sus siglas en inglés).

Las críticas

La implementación de este tratamiento ha recibido críticas porque modificar los pensamientos de un individuo, señalaron, implica un posible dilema ético.

Una persona a la que se le haya implantado un sistema de circuito cerrado para atacar sus episodios depresivos podría verse incapaz de experimentar alguna fenomenología depresiva cuando es perfectamente normal experimentar este resultado, como en un funeral”, opinó Frederic Gilbert, filósofo experto en neuroética y profesor titular de Ética en la Universidad de Tasmania, de Australia.

Gilbert afirmó que un dispositivo que detecta solo la actividad cerebral no captará el contexto del sentimiento. “Los sistemas invasivos automatizados implantados en el cerebro podrían intensificar constantemente su toma de decisiones y como resultado, podría comprometerlo a usted como agente de pensamiento libre”, advirtió.

18 de octubre de 2021

Los horizontes autonomistas del movimiento mapuche

La elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención Constitucional chilena es el emergente de un largo proceso de organización y lucha de la población mapuche, que mediante diferentes estrategias, más gradualistas o más radicales, fue posicionando la cuestión de la autonomía y, más recientemente, del Estado plurinacional. Esta dinámica política constituyó una suerte de «otra transición» dentro de la Transición posdictadura.

 

Las nuevas problemáticas identitarias

Un momento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento mapuche: alrededor de las 15:20 horas del 4 de julio de 2021. Concluida la segunda ronda electoral para escoger la mesa directiva de la Convención Constitucional, la mayoría del cónclave votó a favor de Elisa Loncon para conducir, en una primera etapa, la redacción de una nueva Carta Magna para Chile. Loncon proviene de una familia vinculada a los movimientos que impulsaron las «recuperaciones de tierras» durante la Reforma Agraria en las décadas de 1960 y 1970, aunque su historia se vincula al ñidolongko Loncomil, quien resistió a las fuerzas militares de Ejército de Chile en la ribera del río Malleco junto con Kilapan, hijo de Mañilwenü, en 1860. Este episodio histórico fue denominado por la historiografía «Ocupación de la Araucanía»1

En su discurso del 4 de julio, Loncon propuso una ruta como horizonte para conformar un nuevo tipo de república que incluya la interculturalidad. La presidenta de la Convención señaló: «mandarles un saludo a los niños que nos están escuchando: se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución»2.

En paralelo, desde principios de 2021, el movimiento mapuche partidario de la autodeterminación, encabezado por la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (cam), Resistencia Mapuche Lafkenche (rml), Resistencia Mapuche Malleco (rmm) y Weichán Auka Mapu [Lucha del Territorio Rebelde], impulsó una oleada de «recuperaciones de tierras», que incluyó el uso de la violencia política contra maquinarias y camiones forestales, y también el incendio de casas de agricultores y cabañas de turismo. Bajo los marcos ideológicos desarrollados por la cam, que promueve el «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», el movimiento favorable a la autodeterminación hizo uso de la violencia en el marco de lo que consideran sabotajes al capitalismo. 

Los movimientos gradualistas y rupturistas han contribuido a la acumulación de fuerzas para la «liberación nacional» del pueblo mapuche. Este último concepto, incorporado en la década de 1990 por la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas las Tierras] –aunque debatido en la década anterior entre los jóvenes de la organización Ad Mapu–, creció dentro del movimiento, aunque solo se tornó hegemónica con la creación en 1998 de la cam. La cam fue un catalizador de nuevas ideas que en el plano teórico fueron debatidas por el partido mapuche Wallmapuwen y su equipo de intelectuales en la primera década del nuevo milenio3

Desde nuestro punto de vista, fue como consecuencia de la acción colectiva de la cam, más específicamente de sus estrategias de «recuperaciones de tierras» y edificación del «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», que incluye formas de acción directa como la quema de camiones y de maquinaria forestal –«símbolos del capitalismo forestal»–, que el concepto de «liberación nacional» se fue volviendo hegemónico en la discusión en el seno del pueblo mapuche. Sin embargo, en los últimos dos años, algunos hechos de violencia sobre civiles y detenciones de miembros del pueblo mapuche derivaron en hechos delictivos, que fueron criticados por los miembros del propio sector rupturista del movimiento. 

Al movimiento mapuche se unió una corriente autonomista «desde abajo», que transitó de las «recuperaciones de tierras» a las del territorio como ejercicio de poder4. Coincidió con la hegemonía del modelo neoliberal en América Latina, propiciado por dictaduras militares y gobiernos democráticos entre las décadas de 1980 y 1990. El historiador, antropólogo y sociólogo José Bengoa ha llamado este proceso «emergencia indígena en América Latina», debido a la irrupción de las identidades de los pueblos originarios, lo que favoreció la expansión de un movimiento «panindigenista» basado en una «reinvención» de la cuestión indígena que combina urbanidad y ruralidad5.

La gran revuelta indígena en América Latina transformó la situación política de los pueblos originarios y ha insertado la disputa por la historia como fundamento de sus horizontes políticos. Se trata de una suerte de «invención de la tradición» como la que han desarrollado todos los movimientos que se plantean en el marco de la reconstrucción de una nación. En el caso de la cam, lo vemos en la revalorización del weichafe [guerrero] como elemento protagónico en el movimiento rupturista, así como en la del papel de las autoridades tradicionales6

Estas últimas hacen alusión a los conductores y conductoras del pueblo mapuche: longko (cabeza jefe de una comunidad), werken (vocero), machi (autoridad sanadora). Cada comunidad tiene un longko, y el conjunto de las comunidades conforma el Wallmapu, el conjunto de la nación mapuche7. En este marco, se ha producido también una descolonización de nombres y apellidos: los nuevos nacimientos reciben nombres en mapuzungun. Esta es una muestra de lo que se conoce como «orgullo de ser mapuche», resultado del accionar del movimiento, que ha incrementado la pertenencia étnica en los últimos años8. Para los mapuche, a todos los seres y espacios de la naturaleza se les asigna un alma que armoniza con el resto de las vidas existentes en Wallmapu. Según Elicura Chihuailaf: «nuestra existencia se afirma en dos grandes normas que regulan a la gente entre sí y a la gente con el medio natural que lo rodea. Son los conceptos de Nor y Az». El primero refiere a las pautas de la relación que debe tener la gente con la naturaleza y sus componentes, mientras que el segundo apunta al reconocimiento y la determinación del origen biológico y familiar de cada mapuche. Esto último permite articular la relación de cada familia con su lugar de origen, cimiento de los Lof, que luego del proceso de reducción territorial derivaron en lo que la Ley Indígena de 1993 catalogó como «comunidades».

A efectos de comprender los recientes debates internos del pueblo mapuche, es necesario distinguir las comunidades tradicionales, que derivaron de los títulos de merced post-Ocupación de la Araucanía, de las nuevas comunidades creadas al amparo de la Ley Indígena 19.253 de 1993, que permite la asociación de personas mapuche que se postulan para la compra de tierras no exclusivamente en sus territorios originarios, lo que ha sido fuente de nuevas controversias en el seno del pueblo mapuche. Por un lado, se «recuperan» tierras, pero por el otro, se rompen las normativas del equilibrio sobre la base del Az Mapu (sistema jurídico mapuche), al insertar a personas mapuche provenientes de otras identidades territoriales en territorios a los que no pertenecen desde perspectivas cosmológicas9. Esto ya había sucedido, sobre todo durante la Ocupación de la Araucanía, cuando ciertas familias tomaron la decisión de relocalizarse debido a la violencia estatal10.

La reciente elección de la Convención Constitucional demostró la fuerza del voto mapuche en sus territorios. Sin embargo, la misma elección –parafraseando al dirigente Adolfo Millabur, quien señaló que «mapuche vota por mapuche»– demostró que es muy relevante la fuerza de los mapuche que no viven en Wallmapu, sino que habitan en las grandes ciudades fuera del territorio mapuche. Así, las cifras de población mapuche que vive fuera de Wallmapu han llevado al movimiento a pensar sobre su realidad y sus formas de construcción política. De esta forma, un sector comenzó a reflexionar sobre la plurinacionalidad o la autonomía regional como un camino plausible para desarrollar los derechos colectivos en una perspectiva de autodeterminación11. Pero también se planteó la posibilidad de un retorno al país mapuche para construir el control territorial. Con esto último creemos que se relaciona el reciente asesinato del miembro de la cam Pablo Marchant en un enfrentamiento con Carabineros de Chile durante una «recuperación de tierras» en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco12.

Los debates sobre la autodeterminación

La autonomía ha dejado de ser una moda o un reclamo aislado para los pueblos indígenas. Para Miguel González y Aracely Burguete Cal y Mayor, este concepto debe ser visto como polisémico; proponen pensar en «las autonomías» como una imagen multicolor, con variables de contenidos y significados culturalmente construidos. Este paradigma, comprendido como parte de los procesos de descolonización, puede ser planteado en el marco de una imagen más amplia: la de los derechos humanos.

Puestas en debate en la Declaración de Barbados de 1971 y luego en la legislación del Régimen de Autonomía Regional de Nicaragua con la Revolución Sandinista, las autonomías permitieron avanzar en la discusión sobre los nuevos derechos que portan los pueblos indígenas. Así, desde la década de 1980, las dirigencias fueron creando marcos políticos, jurídicos y simbólicos para avanzar hacia la libre determinación13.

Los mapuche, no ajenos a estos debates, decidieron avanzar hacia un proyecto de «carácter histórico» –como llamaron a la autodeterminación–. En palabras de José Mariman, estos nuevos postulados difieren de la reivindicación de la tierra del siglo xx; no obstante, las experiencias de las comunidades que refuerzan la concepción de autonomía fueron las «recuperaciones de tierras» bajo las reformas agrarias y los asentamientos. Para Mariman, el concepto de «autonomía» no es homogéneo, trasluce un debate interno en la «sociedad política» mapuche, que nos habla de la existencia de un discurso que pone el énfasis en lo etnocultural o en las tradiciones cuando se imagina un futuro para los mapuche14.

Ahora bien, ¿qué se entiende por autodeterminación? En 1983, en la Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche convocada por Ad Mapu, se señaló: «la Ocupación significó la interrupción del proceso de desarrollo de nuestro pueblo y el arrinconamiento de nuestra población en reducciones indígenas». En los puntos siguientes, la Asamblea se pronuncia a favor de la «autonomía y autodeterminación de nuestro pueblo en cuanto a que debemos ser gestores y protagonistas de nuestro propio proceso de desarrollo» y concluye sosteniendo los deseos de «participar en la redacción de una nueva Constitución Política que resguarde y garantice nuestros derechos y patrimonio cultural de acuerdo con nuestra identidad étnica»15. En 1985, en la revista Nütram –órgano ideológico de Ad Mapu–, se plantea: «un mapuche sin tierra no es un mapuche».

Años después, en una conversación con Ana Llao, dirigente de Ad Mapu, ella recordaba cómo se fue planteando la necesidad de una nueva Constitución que reconociera a los mapuche como sujetos de derechos16. La presión en el interior de Ad Mapu por hacer cumplir los compromisos del candidato a la Presidencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, como el reconocimiento constitucional, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la creación de una normativa de protección y fomento de la identidad, buscó concretar un compromiso de la oposición a la dictadura, en el marco de una oleada democratizadora a escala global17.

La Ley Indígena de 1993, no exenta de visiones coloniales, diseñó políticas de afirmación que permitieron un desarrollo de la población mapuche sobre la base de la inserción educativa, el apoyo económico a estudiantes, el fomento de las artes y la inserción en el sistema educativo sobre la base de políticas de afirmación identitaria. A casi 20 años de esa ley, es factible pensar que los nuevos desafíos asociados a la politización de la identidad se relacionan con dos nuevas realidades: el auge del movimiento autonomista y las políticas de afirmación. Ambos, suscritos a un modelo económico que se constituye en la desigualdad y la diferencia, han terminado por crear un marco político en el que los miembros con pertenencia étnica son incorporados bajo el neoliberalismo sin ser sujetos de derechos y con dificultades de insertarse en un modelo que se basa en la desigualdad. Esto último potenció el movimiento extrainstitucional, que fue logrando, en los primeros siete años de la transición democrática, mayor peso político18. Desde 1990, con la fundación de Aukiñ Wallmapu Ngulam, la autodeterminación continuó afirmándose como horizonte político para el pueblo mapuche. Esto puede ser visto como la «otra transición» a la democracia, ya que Aukiñ Wallmapu Ngulam reforzó la perspectiva de que fuesen las comunidades las que sustentan el proceso político mapuche y que sus liderazgos tradicionales encabezaran el proyecto de «liberación nacional» mapuche.

Desde esa perspectiva, impulsaron nuevas «recuperaciones de tierras», lo que provocó conflictos con los gobiernos de la Concertación. A su vez, los procesos de «descolonización ideológica» llevaron a los militantes a forjar alianzas con comunidades situadas en Argentina, para fortalecer y ampliar el horizonte por la autonomía y la reconstrucción de Wallmapu. Para los miembros de la organización, la reconstrucción nacional del pueblo mapuche debía ser impulsada a ambos lados de la cordillera ya que esta, antes de que se establecieran las fronteras nacionales, era el centro del antiguo país mapuche. No fue extraño que, hacia el quinto centenario de la conquista de América, el movimiento mapuche lograra desarrollar un movimiento que articulaba a distintas comunidades, autoridades tradicionales y una fuerte movilización por la tierra junto con la creación de un arsenal político e ideológico, y que esto concluyera en la gestación de un movimiento autonomista. En esa línea, en octubre de 1992, la organización presentaría la bandera de la nación mapuche: la Wenüfoye19, que se vio flamear en todo el país durante la última ola de protestas.

La articulación de lo internacional y lo nacional derivó en la discusión de lo que se denominó Estatuto de Autonomía Mapuche. Sostenida en los antiguos territorios del Lof Kallfükura en Argentina, la discusión versó en torno de la definición de la Nación Mapuche desde un punto de vista histórico, normativo, institucional, territorial y cultural. Se propició inscribir el Estatuto bajo las legislaciones internacionales que el Estado debería adoptar para que los mapuche pudiesen ejercer sus derechos colectivos. Todo ello, bajo «el ejercicio concreto del derecho a la libre determinación»20.

Estos avances políticos e ideológicos no fueron comprendidos por los gobernantes de la Concertación, que continuaron desconociendo los derechos colectivos del pueblo mapuche. La fundación de la cam fue producto del proceso de radicalización mapuche. Bajo el influjo de la insurrección zapatista en México y la experiencia de algunos de sus miembros en organizaciones armadas de la izquierda chilena, la violencia política comenzó a ser ejercida y teorizada como un aspecto del proceso de autodeterminación.

Entre sus principales aportes, la cam introdujo la perspectiva de la «descolonización ideológica». En ese ámbito, la ocupación de los territorios y el control de estos mediante lo que llama acción directa quiebra inexorablemente la institucionalidad que se desea imponer.

Las discusiones sobre la autodeterminación fueron cada vez más importantes en el seno de la comunidad política del pueblo mapuche, que continuaba construyendo elementos para forjar una subjetividad militante que el Estado nacional no tomaba en cuenta ni tampoco intentaba encauzar a través de reformas políticas. Al contrario, se inició una política de criminalización que significó abrir un espiral de violencia que no se ha detenido y que inclusive ha roto la confianza hacia cualquier intento de institucionalizar el conflicto mapuche. Lo que es más grave: un sector del movimiento autonomista no cree en los procesos de reformas constitucionales o que sea posible avanzar en los derechos colectivos a partir de la reconfiguración del Estado. La expresión de esto ha sido el reciente viaje de una comitiva de la comunidad Ignacio Queipul en Ercilla para cuestionar a los constituyentes mapuche electos por no representar los derechos colectivos, bajo la idea de que la participación mapuche en la Convención Constitucional es irresponsable e inconsecuente con la historia y el futuro del pueblo mapuche.

En paralelo, se inició una política de criminalización de los activistas de la cam, quienes fueron enjuiciados usando normativas de excepción, como la Ley por Conductas Terroristas. Esto determinó el paso de la organización a la clandestinidad, así como procesamientos por asociación ilícita terrorista. Esto último se aceleró luego de que entre 2001 y 2004 se sumaran a la cam comunidades Wenteche que combatieron a los agricultores incendiando sus casas. En ese marco, comenzó un proceso de clandestinidad de los miembros de la organización y un conflicto esencialmente político fue entregado a la fuerza pública. Es viable plantear que, en ese escenario, el multiculturalismo como respuesta al ascenso del movimiento mapuche tomó protagonismo.

Los debates sobre la plurinacionalidad

En 1996, el joven mapuche de la provincia de Arauco Adolfo Millabur Ñancul fue elegido alcalde por la comuna de Tirúa. Para ese entonces, era miembro de la Coordinadora Territorial Lafkenche y del hogar de estudiantes Pegun Dugu. Los lafkenche (gente del mar) comenzaron a idear un movimiento en defensa del mar y sus seres vivos y a pensar en formas de recuperar la tierra y crear un movimiento de reivindicación política ante el contexto de emergencia indígena, así como de la influencia de Aukiñ Wallmapu Ngulam.

La provincia de Arauco fue una de las comunas que vivieron la experiencia de la reforma agraria y la violación de los derechos humanos contra quienes participaron de ella. Además, por ser sede de yacimientos de carbón importantes para el país, la formación de una clase trabajadora con conciencia en esas tierras fue un hecho que contribuyó a la politización. Todas estas variables contribuyeron a la conciencia política de jóvenes que además reflexionaron sobre el ser mapuche. 

La organización se caracterizaba por recuperar a las autoridades tradicionales como las conductoras del proceso político, aunque alejándose de una estructura vertical. «No somos un ejército –señalaba Millabur en 1999–, no andamos detrás de una sola persona, no tenemos una estructura única». Ese mismo año los lafkenche realizaron una cabalgata multitudinaria hacia Concepción para dar a conocer sus puntos de vista críticos, sobre todo frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, y señalar su vinculación política con el mar. La relación entre geografía y política reforzó en los lafkenche la noción de pensar una solución económica y política en un sentido pluriétnico. Ello debería ir acompañado de una relación armoniosa con la naturaleza y el manejo de los recursos de los espacios marítimos del territorio mapuche, ya que este no era un aspecto productivo, sino la piedra angular sobre la que se «construye la base de la identidad» de los lafkenche y, por ende, de la organización21.

Críticos del capitalismo, los lafkenche comenzaron a dotar de una perspectiva latinoamericana a sus formas de reflexión política. En 2002, un encuentro internacional en Lleu-Lleu, provincia de Arauco, los fue acercando a los debates en torno de la plurinacionalidad como vía para avanzar hacia los derechos colectivos. Al año siguiente, realizaron encuentros a escala nacional, lo que les permitió una vinculación a lo largo del país con gente mapuche que les permitió consolidar una fuerza política. En 2004, en Trawa Trawa se desarrollaron los primeros debates para formular un Proyecto de Ley de Protección del Espacio Costero haciendo uso del Convenio 169 de la oit para tales efectos. La ley, que se comprometía en la protección de la biodiversidad, se aprobó en 2007 y se promulgó al año siguiente.

En 2006, la Identidad Territorial Lafkenche (itl) realizó en Valdivia su primer congreso, que resolvió continuar luchando por formular una nueva Constitución. Cuatro años después, en el marco del triunfo de Evo Morales en Bolivia y del giro hacia la construcción de un Estado plurinacional en ese país, reafirmó su compromiso de redactar y discutir una Constitución vía Asamblea Constituyente. En 2012, tomó la decisión de construir un poder constituyente para una nueva Constitución agregando como horizonte el Itrofill Mongen [todas las vidas] para lograr un Küme Mongen [vivir en armonía y reciprocidad con todos los seres]. En este crucial debate, teniendo en consideración los ejemplos de Ecuador y Bolivia, que habían redactado para ese entonces constituciones que reconocían los derechos de la naturaleza, la autonomía y la plurinacionalidad como un nuevo marco de Estado, la itl señala en 2013 que su propósito político sería la plurinacionalidad e interculturalidad. 

En su iv Congreso en Hornopirén, en 2014, la itl plantea que todos los acuerdos evidencian la necesidad de fundamentar los derechos colectivos (autodeterminación) en la redacción de una nueva Constitución. Dos años después, se establece la necesidad de forjar alianzas con otros actores involucrados en la protección del mar y defender las normativas consolidadas por el movimiento mapuche hasta el año 2018. Un año después, se produjo el estallido social, y ante la crisis de legitimidad de la República, los mapuche llegaron con una propuesta: la construcción de un Estado plurinacional.

Para Rosa Catrileo, que es en la actualidad convencional constituyente, la plurinacionalidad es un reconocimiento más bien constitucional. De realizarse, plantea que esa declaración debe estar basada en un Estatuto de Garantía de Derechos. ¿Cuáles? «Primero reconocer al pueblo mapuche y a los pueblos originarios como sujeto de derecho, no como objeto de derecho, sujeto de derecho es que sean titulares, son titulares y lo otro es qué derecho; bueno, partamos por el básico: tierra y territorio… esa es la principal preocupación. Luego de ello materializar los derechos políticos, la autodeterminación con miras a la autonomía»22. En ese mismo sentido se suscriben las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, para quien la autodeterminación continúa siendo uno de los ejes fundamentales del pueblo mapuche. No obstante, ve la plurinacionalidad como un punto intermedio para dialogar con los no indígenas, ya que desde su óptica, va a costar preparar a Chile para la plurinacionalidad, porque todas las constituciones fueron en función del Chile único, una sola nación, aun cuando existe tanta diferencia y diversidad. Eso habría calado hondo en la identidad chilena, pero también los chilenos han dicho «¡basta!» con el estallido social, lo que para la presidenta de la Convención significa que hay una decisión del pueblo de querer cambiar y hacer las cosas de otro modo. Para lograrlo, se necesita forjar «una cultura diferente» y para ello se deben introducir en el debate los conceptos plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de la Madre Tierra, derechos sociales, derechos humanos fundamentales, verdad histórica.

Conclusión: ¿un camino a la domesticación de los derechos colectivos?

El 11 de agosto de 2021, la constituyente Rosa Catrileo, como parte de la subcomisión de Estructura y Funcionamiento, eliminó del Reglamento de la Convención la frase «República de Chile». Los sectores más conservadores de la Convención expresaron su molestia y sostuvieron que se debilitaba la legitimidad del proceso por ese hecho. Catrileo explicó a los críticos que aquello era justamente lo que se iba a debatir. En su óptica, «Chile es un Estado plurinacional. Los pueblos están hablando, es momento de refundar la historia con muchas banderas y derechos». Y agregó: «Este es un cambio de paradigma, que queremos [que] quede de manifiesto en la nueva Constitución y en la Convención, que es que aquí habemos diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado». Al siguiente día, reforzó su convicción: «la República de Chile para los mapuche ha sido bien invasora, no nos ha reconocido (...) y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estados». 

Al siguiente día, la abogada Amaya Álvez profundizó sobre la controversia que había generado la reacción de los sectores más conservadores de la Convención y del país. En sus palabras: «sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional (…) y una manera de apoyar la reivindicación histórica que hacían los escaños reservados». Álvez comparte que Chile se encuentra ante un cambio de paradigma: «hablar de los pueblos de Chile con la idea de una república para Chile» no le parece contradictorio23.

Las transformaciones que están llevando adelante los constituyentes mapuche ¿son la puerta para el multiculturalismo neoliberal? ¿Permitirán la consolidación de los derechos colectivos? ¿Es la violencia política el «verdadero camino» a la conquista de los derechos colectivos del pueblo mapuche? El último estudio de opinión pública del ciir daba a conocer que 88% de los encuestados compartía que la naturaleza fuese sujeta de derecho, 81% era favorable al derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios, 72% al reconocimiento de la jurisdicción indígena y 62% al reconocimiento de la libre determinación y autonomía24.

Ante las críticas que emanaron de los mapuche de la comunidad Ignacio Queipul luego de llegar a las afueras de la Convención Constitucional, solicitando ser recibidos por el vicepresidente y desconociendo la autoridad de Elisa Loncon, en una conferencia de prensa dada por los convencionales, Adolfo Millabur planteó comprender las diferencias y levantó su mano derecha:

si miran esta mano es un solo órgano pero tiene cinco partes. Un pueblo también tiene derecho a tener diferencias, pero cada parte de las diferencias cumple un rol. Ellos vinieron legítimamente a presentar su diferencia, la escuchamos, estábamos disponibles para conversar, pero no como ellos querían por las normas sanitarias, son públicas las diferencias como mapuche. Nosotros los que estamos aquí creemos que este camino de la Convención es un paso para dar una solución que todos los mapuche conscientes queremos. Ellos vienen a reclamar el territorio, nosotros también queremos lo mismo. Ellos quieren reclamar por justicia y nosotros también queremos lo mismo. La diferencia que tenemos es que creemos que por este camino institucional a través de la Convención podemos avanzar en cambiar las cosas duras de nuestro pueblo. Esa es nuestra apuesta.25

La otra fuerza del movimiento mapuche continúa en la práctica del control territorial. Las «recuperaciones de tierras» han aumentado en los últimos meses. Desde la tumba de Marchant, en un predio en recuperación, Llaitul proclamó: «la única vía posible para la liberación nacional mapuche es el weychan [lucha o guerra] y la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en Wallmapu. Agregó que la participación mapuche en la Convención, como una supuesta oportunidad para refundar el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial»26

¿Qué camino es el correcto? ¿Cuál es el válido? Los constituyentes mapuche tienen hoy la legitimidad de las urnas. Si bien el número de quienes sufragaron a favor de los convencionales fue de 282.219, equivalente a 22,81% de un total de 1.239.395 habilitados para sufragar, es un número de adhesión importante para un movimiento que no confía en la institucionalidad debido a la forma de operar del Estado en las últimas décadas. Esto tiene relación, desde mi perspectiva, con la desafección hacia la democracia, que ha venido creciendo en los últimos años, y con el contexto pandémico, que hizo que muchas personas prefirieran restarse del momento político.

A modo de cierre, como me planteó Aracely Burguete Cal y Mayor en un diálogo que sostuvimos hace unos meses, es importante considerar que los pueblos originarios no buscamos un nuevo trato, sino derechos, y como tales deben quedar expresados en la nueva Constitución, «porque luego cuando uno ya los ve en el papel se hacen más pequeñitos, porque uno siempre siembra dinosaurios y al final cosecha hormigas. Entonces hay que tratar de sembrar dinosaurios aun cuando la tierra tiemble»27.

  • 1.
  1. Pairican: Toqui. Guerra y tradición en el siglo xx, Pehuen / CIIR, Santiago de Chile, 2020. Un estudio clásico sobre el tema es el de José Bengoa: Historia mapuche del siglo XIX, LOM, Santiago de Chile, 2000.
  • 2.

El discurso está disponible en www.mapuexpress.org/2021/07/05/video-discurso-inaugural-de-elisa-loncon-como-presidenta-de-la-convencion-constituyente/.

  • 3.
  1. Pairican: «Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990-1994)» en Sudhistoria No 4, 2012; Víctor Tricot y Germán Bidegain: «En busca de la representación política: el partido mapuche Wallmapuwen en Chile» en Estudios Sociológicos vol. 38 No 113, 5-8/2020.
  • 4.

Es relevante en estas reflexiones políticas el texto de Aracely Burguete Cal y Mayor: «Autonomía: la emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina» en Miguel González, A. Burguete Cal y Pablo Ortiz-T. (coords.): La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina, Flacso Ecuador / GTZ / IWGIA / CIESAS / UNICH, Quito, 2010.

  • 5.

José Bengoa: La emergencia indígena en América Latina, FCE, Santiago de Chile, 2000.

  • 6.
  1. Pairican: «Weuwaiñ. La invención de la tradición en la rebelión del movimiento mapuche (1990-2010)» en Enrique Antileo Baeza, Luis Cárcamo-Huechante, Margarita Calfío Montalva y Herson Huinca-Piutrin (eds.): Violencias coloniales en Wajmapu, Ediciones CHM, Temuco, 2015; Eric Hobsbawm y Terence Ranger: La invención de la tradición, Crítica, Barcelona, 2013. Sobre el concepto de «weichafe», v. Héctor Llaitul y Jorge Arrate: Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política, Ceibo, Santiago de Chile, 2012.
  • 7.

El pueblo mapuche está dividido en identidades territoriales: Lafkenche (gente del mar), Nagche (gente de tierras bajas), Wenteche (gente de tierras cercanas a las nives), Pewenche (gente de la cordillera) y Williche (gente situada al sur del río Cautín).

  • 8.
  1. Pairican: Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013, Pehuén, Santiago de Chile, 2014. Para mayores detalles, v. el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales llevado a cabo por el ciir. Entre sus distintas mediciones, da cuenta del apoyo de la sociedad chilena a las reivindicaciones de los pueblos originarios y el crecimiento de la autoidentificación indígena. V. «Estudio UC: los chilenos apoyan cada vez más las demandas indígenas» en www.elri.cl.
  • 9.

Elicura Chihuailaf: Recado confidencial a los chilenos, LOM, Santiago de Chile, 1999. V. tb. José Quidel: «La noción mapuche de che (persona)», tesis de doctorado, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Estadual de Campinas, 2020.

  • 10.
  1. Florencia Mallon: La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004.
  • 11.

Claudia Zapata y Elena Oliva: «La Segunda Reunión de Barbados y el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: horizontes compartidos entre indígenas y afrodescendientes en América Latina» en Revista de Humanidades No 39, 1-6/2019.

  • 12.
  1. Pairican: «La tumba de Pablo Marchant y la evolución de la Coordinadora Arauco-Malleco» en CNN Chile, 23/6/2021.
  • 13.
  1. Zapata y E. Oliva: ob. cit.
  • 14.
  1. Mariman: Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI, LOM, Santiago de Chile, 2012, p. 24.
  • 15.

Ad Mapu: «Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche (Resoluciones)» en Civilización, 2/1983.

  • 16.
  1. Pairican: «Ana Llao: ‘Nosotros vemos la concepción de la vida como un bien común para todos’», entrevista en AAVV: 18 de Octubre: primer borrador. Reflexiones desde abajo para pensar nuestro mañana, Quimantú, Santiago de Chile, 2020.
  • 17.

Rafael Otano: Nueva crónica de la transición, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006.

  • 18.
  1. Pairican y Rolando Álvarez: «La Nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009)» en Izquierdas No 10, 8-9/2011.
  • 19.

En relación con la discusión sobre la creación de la bandera, v. «Nación mapuche reafirma su identidad» en Aukiñ, 8-9/1992, p. 3.

  • 20.

«Primer Estatuto de Autonomía» en Aukiñ No 25, 10/1995.

  • 21.
  1. Pairican: «La vía política hacia la autonomía. Una comprensión del discurso y práctica de la Identidad Territorial Lafkenche en torno a la Plurinacionalidad, 1997-2020», inédito.
  • 22.

Libertad Pinto: «Rosa Catrileo, constituyente mapuche: ‘Tierra y territorio son la principal preocupación que vamos a llevar a la Convención’» en The Clinic, 18/6/2021.

  • 23.

«Sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional» en El Mercurio, 14/8/2021.

  • 24.

CIIR: «Estudio de opinión pública: pueblos originarios y nueva Constitución», 25/8/2021, disponible en www.ciir.cl.

  • 25.

Conferencia de prensa de los constituyentes mapuche, 7/9/2021.

  • 26.

«CAM califica como ‘acto de sometimiento’ presencia de mapuche en la Convención» en El Mercurio, 16/7/2021.

  • 27.
  1. Pairican: «Aracely Burguete Cal y Mayor y los pueblos originarios: ‘El derecho madre es el de la libre determinación’», entrevista en The Clinic, 9/7/2021.
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Raúl Zibechi

 

El escritor y periodista uruguayo explicó en Valéncia los elementos fundamentales que los "pueblos y sociedades en movimiento” ponen en marcha para generar alternativas de vida digna.

 

El domingo 10 de octubre, Raúl Zibechi, periodista uruguayo, pensador y una de las referencias más importantes en el estudio de los movimientos sociales anticapitalistas de América Latina, realizó ante varias decenas de personas, el conversatorio Tiempos de Colapso en el Centro Social La Llavor de Torrent. Invitado por la Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social (Baladre), presentó lo que considera los elementos fundamentales que los “pueblos y sociedades en movimiento” ponen en marcha para generar alternativas de vida digna ante el actual colapso global.

Durante su intervención, Zibechi realizó un repaso de algunos de los movimientos autónomos más importantes en el continente americano en la actualidad, como el de la Minga indígena, popular y negra de Colombia; o los movimientos populares del Brasil, señalando alternativas y formas de operar que difieren de lo que los movimientos de izquierda y las guerrillas latinoamericanas planteaban como mecanismos de transformación en el siglo XX o incluso hasta la fecha. Zibechi, doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, prefiere referirse a “pueblos y sociedades en movimiento” en contraposición a la conceptualización occidental de “movimientos sociales” menos arraigados a formas comunitarias y al territorio.

Explicó que en la actualidad, los movimientos que superan la prueba del tiempo y son capaces de crear “otros mundos en los que se vive en dignidad”, son aquellos que trabajan al interior de sus comunidades, pero que también “se esfuerzan por abrirse a otras luchas más allá de su área de acción, para fortalecerse y seguir aprendiendo”. Un buen ejemplo sería la actual Gira por la Vida de las zapatistas por Europa. En las cuales el sujeto político son principalmente mujeres indígenas y niñas. Ya no se trata del típico varón blanco de clase media. La gira zapatista está pensada no para los grandes eventos, sino para pequeñas reuniones, íntimas, en las que los grupos de Escucha y Palabra puedan realmente conocer a las personas de la Europa de “abajo y a la izquierda”, a la “Europa Insumisa” que lucha. Lo interesante es que el neozapatismo viene realizando desde hace más de dos décadas encuentros internacionales para abrirse a otras luchas, siempre dejando claro que no son vanguardia, que no vienen a dar recetas y que de lo que se trata es que “cada quién a su modo” resista.

El uruguayo señaló que de las zapatistas de México y del movimiento de Cajamarca de Perú aprendió, a diferencia de “la propuesta tradicional de la toma del poder, que la lucha no termina nunca y que debe de crearse siempre desde abajo”. Para el estudioso, los pueblos en movimiento han clausurado la vieja táctica de la izquierda revolucionaria de tomar el poder y transformar las cosas desde arriba. En cambio, los pueblos, con la paciencia de un caracol van construyendo entre todas y todos una nueva realidad en la que el poder es dispersado. El zapatismo claramente, pero en general los pueblos en movimiento, no defienden la “lógica de la guerra” de la tradición occidental, más bien se centran en la “construcción de la vida”.

Otro de los elementos novedosos señalados por el periodista es “la fiesta, la alegría, el gozoso compartir” que forman parte importante de lo cotidiano en los nuevos movimientos alternativos y que permite, por ejemplo, sobrellevar la simple monotonía o incluso contextos de violencia muy arraigados. Se trata de lo que el zapatismo denomina la “alegre rebeldía” o cuando el movimiento feminista recuerda la épica frase de la anarquista lituana Emma Goldman “si no puedo bailar, no es mi revolución”. Las sociedades en movimiento, se organizan, cumplen su palabra, practican un fuerte compromiso ético, pero también otorgan un tiempo importante a la fiesta, al compartir.

Finalmente, el autor de Los arroyos cuando bajan (Zambra-Baladre, 2019) sobre el neozapatismo, se centró en lo que considera el corazón de las propuestas alternativas de los pueblos en movimiento. Se trata de un nuevo entendimiento de lo que es la comunidad. “Ante el colapso una nueva forma de relaciones comunitarias son necesarias”. Tradicionalmente, apuntó, “la comunidad se ha entendido como un espacio estable, una institución, en la que los hombres trabajan la tierra”. Pero explicó que este sentido ha sido trascendido en la práctica incorporando nuevas propuestas, como las del movimiento feminista “centradas en los vínculos relacionales, la participación real de las mujeres, los cuidados, la medicina local y la educación”. Señaló que los nuevos movimientos han de comportarse como “arcas que sirvan para substituir el diluvio”. Es decir, los pueblos en movimiento han generado una nueva cultura política, basada en la confianza de los vínculos sociales, que nos pueden servir de faro y concluyó a este respecto que “somos nosotras, los colectivos, los pueblos, las que tenemos la posibilidad de reconstruir la sociedad en colapso”.

Al terminar la ponencia, las y los asistentes se reunieron en pequeños grupos para pensar entre todas en estrategias para fortalecer las alternativas ante el colapso global. Una de las reflexiones que más afloraron fue la necesidad de los cuidados y la fiesta al interior de los movimientos. Se evidenció que las “militancias, cuyo nombre ya nos dice mucho” muchas veces repiten esquemas capitalistas, dejando la relación comunitaria para otros espacios. Por último, las y los asistentes unieron sus manos formando un caracol humano, para pasar finalmente a compartir una paella preparada por las organizadoras del evento.

13 oct 2021 18:43

Publicado enPolítica
La multiplicación de los gobiernos autónomos

El pueblo shipibo-konibo de Perú ha formado su propio gobierno autónomo y llama al gobierno de Pedro Castillo a que lo reconozca oficialmente, como señala una carta abierta publicada el 16 de setiembre.

El Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshicox) de la Amazonía peruana informó sobre el Gobierno Autónomo del Pueblo Shipibo-Konibo y exige reconocimiento “al mismo nivel político y administrativo que los gobiernos regionales”. Las propuestas que detallan en su carta son “resultados de acuerdos políticos con nuestras bases y son parte de la plataforma de negociación de los pueblos indígenas en su relación con el Estado y que han sido continuamente postergados”.

Exigen además que se reconozcan “nuestros propios órganos representativos que funcionan como instancias de deliberación política”, así como las normas jurídicas creadas por las comunidades y nuestro territorio integral como nacionalidad indígena y no a nivel comunal”.

Estos puntos son centrales porque la legislación peruana reconoce las comunidades y hasta los territorios de los pueblos, pero no así las naciones y las formas de autogobierno a escala supra comunitaria.

Aseguran que las guardas indígenas que han formado son la versión amazónica de las rondas campesinas, surgidas hace medio siglo en la sierra andina para la defensa de las comunidades campesinas, y destacan que esas guardias de autodefensa hoy son más necesarias que nunca para “proteger la Amazonía de invasiones de traficantes de tierras, deforestación y otras actividades como las explotaciones mineras e hidrocarburíferas” que violan las autonomías.

Las comunidades Shipibo-Konibo están asentadas en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco y abarcan una población de casi 33 mil habitantes, siendo uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana.

El pueblo Shipibo demanda el reconocimiento de 2,4 millones de hectáreas, está asentado de forma dispersa y no continua como suele suceder con los pueblos amazónicos (https://www.coshikox.pe/). Cuenta con un sistema propio de comunicación a través de informativos diarios de radio, con programas económicos de cooperativas de banano y de productos orgánicos y crearon un Banco Shipibo que ha realizado préstamos a más de 300 artesanas para que puedan mejorar su producción.

Los emprendimientos económicos tienen por objetivo “soportar el proceso político de independencia y autogobierno a través de acciones económicas basadas sobre el apoyo mutuo entre productores”, según señala su página. Se puedan ver algunos videos para comprender mejor el entorno de los pueblos que ahora se proclaman gobiernos autónomos, como “Canaán: la tierra prometida” (https://www.youtube.com/watch?v=PPkTP-HV_IE&t=72s) y “Uchunya” (https://www.youtube.com/watch?v=RqAOMBeux6A), que permiten acercarse a realidades, identidades y culturas de los pueblos amazónicos, que enarbolan formas de resistencia distintas a las que conocemos pero convergentes con ellas.

“El dinero hoy lo tenemos y mañana ya no. Nuestro territorio lo vamos a tener de por vida y nunca se va a terminar”, dice una mujer autoridad de Santa Clara de Uchunya.

Es evidente que para quienes aspiran a gobernar naciones, provincias o ciudades, las autonomías de los pueblos originarios suenan a poco: escasa población, asentada en territorios remotos lejos de los centros del poder de arriba. No son atractivos para la estrategia de conquistar el poder, ni para rejuntar votos ni para acarrear militantes.

Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a una notable expansión de las autonomías de los pueblos. Como hemos visto en otras ocasiones, las autodefensas comunitarias que develan la existencia de procesos autonómicos, comenzaron en las regiones de tierras altas, se fueron expandiendo por las tierras bajas, pero también fueron adoptadas por los pueblos negros y campesinos.

Desde la revuelta colombiana de este año, comienzan a organizarse “guardias urbanas” en grandes ciudades como Cali, formas de organización que demandarán largos procesos de aprendizajes colectivos. Sin embargo, como los gobiernos autónomos, las formas de organización no estatales ya están caminando, se multiplican en un proceso imparable, interminable.

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