Un cartel de Bitcoin anuncia la aceptación de la criptodivisa en San Salvador, el 22 de junio de 2022. (Kellys Portillo / APHOTOGRAFIA vía Getty Images)

Una entrevista con Mario Gómez

El reciente colapso del mercado del bictoin afectó de manera muy intensa a El Salvador, donde el «cripto» es moneda oficial. Conversamos con un destacado crítico del criptocapitalismo sobre las derivas autoritarias que el reciente crack económico puede generar.

 

El 1 de septiembre de 2021, en vísperas de la implementación de una ley que impondría al bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, la policía detuvo a Mario Gómez, tecnólogo de 36 años y desarrollador de software y sistemas embebidos y uno de los principales críticos de la legislación. Hoy, mientras el bitcoin ha perdido más del 50% de su valor, El Salvador vive bajo un Estado de excepción prolongado, y Gómez está tramitando su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Desde el exilio, Gómez sigue siendo una de las voces más informadas y críticas contra el autoritarismo del presidente Nayib Bukele y sus políticas económicas experimentales. En esta entrevista con Hilary Goodfriend, colaboradora editorial de Jacobin, habla de su experiencia de persecución política, las contradicciones de la «bitcoinización» de la economía en El Salvador, y las implicaciones del reciente colapso del mercado de cripto.

HG 

Para iniciar, cuéntanos un poco sobre tu detención y cómo fue que terminaste en Estados Unidos.

MG

Desde que se anunció la ley el cinco de junio de 2021 hasta el 31 de agosto del año pasado, me dediqué a apuntar todas las contradicciones respecto a la Ley Bitcoin. Al parecer, esto no fue del agrado del gobierno y utilizaron este arresto arbitrario como una forma de intimidación.

No había una orden. Llegaron a mi casa temprano en la mañana. Yo estaba llevando mi mamá a su trabajo y se presentaron estos agentes armados con los rifles de asalto con que suelen andar y sus uniformes camuflajeados. Bajo la excusa de que había un problema con mi vehículo, me detienen y me llevan a la delegación. Afortunadamente, logré comunicarme con varios grupos y asociaciones con que yo había tenido contacto por mi trabajo en el área de tecnología y ellos lograron alzar la voz.

Me tuvieron toda la mañana sin explicarme los motivos de mi detención, sin explicarme de qué estaba acusado. No me dejan hablar con mis abogados. Al final, me quitan los teléfonos sin una orden, me dicen que los necesitan porque están investigando algo. Ahí es donde digo «pues si están investigando algo, esto implica que hay un caso o algo en mi contra». Pero no me responden: solo me dicen que me van a quitar los teléfonos y que me van a dejar ir.

La gente quizás diga «bueno, te dejaron ir», pero no termina ahí. Me llevaron a escondidas, porque se enteró toda la prensa y se congregó afuera de la delegación adonde estaba (primero en una delegación de policía, después en la Dirección Central de Investigaciones, que es donde están todas las unidades especializadas de investigación de la Policía). «Lo vamos a llevar en un carro particular para que no lo vea la prensa», dijeron. Eso no es normal. 

Yo creo que mucha gente no entiende la gravedad de ese detalle, porque normalmente cuando te captura la policía y simplemente están haciendo alguna investigación, terminan su procedimiento y te dejan ir a ojos de todos. A nadie lo llevan de taxi. Y, peor, cuando en lugar de llevarte en la patrulla, te dicen que te van a llevar en un carro particular con el objetivo específico de que la prensa no te vea. ¿Qué es lo que te imaginas ahí? Te imaginas que te pueden hacer cualquier cosa: que te van a desaparecer, que te van a meter a una cárcel clandestina, que incluso te podrían matar. No es una situación normal y creo que es lo más relevante y lo más grave que ocurre en ese caso. 

Al final, creo que por la misma presión de la gente —algo que no se había visto en mucho tiempo—me dejaron ir, me dejaron en la casa. Tomaron fotos a todos los vehículos, a los vecinos que llegaron y se fueron. Después de eso, hablé con los abogados. Evaluamos la situación, vimos lo que estaba pasando en el país y caímos en cuenta de que, si eso llegara a pasar otra vez, no me iban a dejar ir.

Lo estamos viendo con el régimen de excepción: están capturando gente sin el debido proceso. Cuando me capturaron a mí, no tenían todavía todos los jueces, no habían reemplazado los fiscales, todavía había algo de institucionalidad. Pero eso ya no existe. Por tal tazón fue que llegamos a la conclusión que si yo quisiera seguir hablando respecto a lo que estaba pasando en el país —no solo respecto al bitcoin, sino también de toda la degradación en el tema de derechos humanos— lo más seguro era hacerlo desde el exterior.

Me vine a Estados Unidos por dos razones. Primero, porque mi idea era seguir hablando de lo que pasaba con el bitcoin, y obviamente uno de los países que más está impulsando el tema es Estados Unidos. Aquí tienen sede muchas de las empresas de los influencers. La segunda razón es que aquí es donde reside la mayor cantidad de salvadoreños en el exterior.

Ahorita estamos en el proceso de la solicitud de asilo. Yo tenía el privilegio de tener familia y gente que pudiera echarme la mano; también los medios legales para migrar al país, una cosa que no tiene la mayoría de gente que es atacada por el gobierno o por las estructuras delincuenciales, que lastimosamente es la historia de la mayoría de gente que emigra a estos países.

HG

En ese momento, antes de que se implementara la ley, ¿cuáles eran las contradicciones principales que estabas viendo?

MG

Yo siempre hablo de tres contradicciones respecto a bitcoin en El Salvador. Primero, la contradicción de la que objeto en tanto moneda. Siempre aclaro: yo no soy un promotor de las criptomonedas, porque mi propia ideología no me permite creer —al menos no como lo dicen sus promotores— de que por sí solo un sistema monetario va a resolver un montón de problemas derivados del mismo funcionamiento del sistema capitalista. No creo eso. Pero lo que argumentan los bitcoiners, los promotores de esta criptomoneda, es que esta moneda nace después de la crisis de la subprime en 2008 como un sistema monetario alternativo que, en teoría, es resistente a la intervención de los Estados (que según sus proponentes es la razón fundamental por la cual las economías fallan).

Esa es una primera contradicción, pues si tu idea es tener una moneda que no tiene una interferencia de los Estados, ¿por qué te parece bien que sea un Estado el que promueve el uso de esta criptomoneda y, peor, incluye estas cláusulas de obligatoriedad en la ley que son completamente contrarias a esta filosofía y estilo de vida libertaria que los bitcoiners apuntan?

La segunda contradicción es un poco en la línea de la autonomía que promueven los fanáticos de bitcoin: es que tú eres «soberano» —entre comillas— respecto a este dinero. Es decir, que no hay intermediarios que te permiten interactuar con él o con otros actores del sistema. El problema es que el gobierno, en lugar de impulsar otras tecnologías u otros proveedores de billeteras electrónicas, decide implementar su propia billetera electrónica y su propio sistema de intercambio de criptomoneda. 

Si la idea es que la gente sea soberana, no debería de pedirse que utilicen una billetera en particular. El gobierno se impone a sí mismo la obligación de ofrecer un medio de intercambio entre bitcoin y dólares y también de educar a la población. Hace solo a la mitad, que es la creación de ese mecanismo de intercambio, pero en lugar de educar a la gente sobre el uso de la tecnología, invierte un montón de publicidad y recursos en vender la idea de que bitcoin es la Chivo Wallet.

La tercera contradicción tiene que ver con el tema de la adopción. Mucha gente habla de que debería ser impulsada y adoptada por todo el mundo, que no debería tener ningún tipo de interferencia. Estamos viendo, en este caso, un Estado que esencialmente está impulsando un monopolio privado con fondos estatales. Si esta billetera tiene sus supuestos cuatro millones de usuarios (según reportaba el mismo presidente), significa que se está estableciendo un monopolio que no permite una adopción orgánica, no permite que haya otros competidores, no permite que realmente pueda existir un caso de uso.

Yo creo que el problema fundamental aquí es que hace mucho que la gente descartó la idea de utilizar criptomonedas como monedas. En el caso particular de bitcoin, desde aproximadamente 2013 (cuando fue su primera gran burbuja especulativa), la gente se dio cuenta de que como moneda de intercambio no servía muy bien por su fluctuación en precio. Entonces comenzaron a utilizarlo más como un vehículo de especulación. Las personas compraban criptomonedas, bitcoin, con la esperanza de que algún día el precio aumentara, para así poder venderla y obtener ganancias de la pura especulación. El uso de las criptomonedas en general ha sido pura especulación en la última década.

HG

Has cuestionado la veracidad de las compras de bitcoin que ha hecho el gobierno salvadoreño. Tal vez nos puedas explicar un poco cómo es que agencias como Bloomberg están calculando la cantidad de bitcoin que supuestamente ha comprado el presidente y por qué se podría dudar de esas cifras.

MG

Esta es una pregunta interesante. Uno de los supuestos de bitcoin y de las criptomonedas en general es que son más transparentes que otros mecanismos financieros. Es más, uno de los puntos con que se promociona es que todas las transacciones son públicas. Todas quedan registradas en la blockchain, todas pueden ser auditadas por el público y ser verificadas. Lo que está sucediendo con las compras de bitcoin en El Salvador es que no hay ninguna prueba de que se hayan realizado, más allá de los tuits del presidente y un screenshot de muy baja resolución de una compra que se realizó a finales del año pasado.

Es un poco contradictorio, porque todas las plataformas de compra y venta de criptomonedas, desde las más sencillas hasta las más complejas, te permiten ver el estado de tus compras —si compraste, cuánto has perdido o ganado, el detalle de la valoración de los precios, etc.—. Tú podrías fácilmente, estando en cualquier plataforma, sacar un balance así como extraes balances de los bancos y decir, «bueno, ¿no me creen que he comprado? Ésta es la plataforma, éstas son las compras, aquí están los balances, este es el desempeño de la inversión». Pero para el caso de las compras de bitcoin que dice haber hecho el presidente no hay ninguna evidencia confiable. Un tuit no vale como evidencia de compra.

Pero esto se pone peor cuando comenzamos a contrastar con otros números. Se supone que hay $150 millones en el fideicomiso que son —y aquí viene la parte que no cuadra— exclusivamente para convertir de bitcoin a dólares en la plataforma de Chivo Wallet. Esto no cuadra cuando comenzamos a meter números de cuánto bitcoin se tuvo que haber dado a la población inicialmente, cuánto se tuvo que haber gastado en presupuesto, cuánto se ha gastado de las supuestas compras de bitcoin y, sobre todo, las supuestas ganancias que dice tener el gobierno con que está impulsando cosas como el hospital de mascotas de Chivo Pets, iniciativa subsidiada. 

Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿Cómo, en un mercado a la baja, el gobierno puede estar reportando ganancias sobre el bitcoin comprado? ¿Cómo, al mismo tiempo, el presidente dice que no ha vendido ningún bitcoin? ¿Y cómo, simultáneamente a las dos cosas anteriores, dicen que están utilizando el fideicomiso? Cuando uno trata de hacer números, alguna de las tres cosas tiene que ser falsa, y lo único que no podemos medir de alguna manera es de las supuestas compras que dice hacer el presidente.

Yo pienso que no son ciertas. Si tuviéramos que evaluar el desempeño del presidente como inversor, sería un terrible desempeño. Cada vez que anuncia que ha comprado bitcoin, el precio se va a la baja. Eso ha sido casi una regla. Más pareciera que es un favor que está haciendo a quien sea que le esté patrocinando para decir que ha comprado para generar lo que le llaman en ingles el FOMO (fear of missing out), que la gente piensa que está perdiendo esta oportunidad de invertir y de salir de alguna situación de pobreza o de falta de suficientes ingresos.

Yo sostengo que las compras son mentira. Refutar el argumento de que son mentiras es tan fácil como sacar estos estados de cuenta. No tenemos absolutamente nada de eso. Ya hemos visto cómo es el presidente. Si alguien le dice algo que es mentira, rápidamente sale y refuta. Hemos visto hasta que periodistas han perdido su empleo porque de pronto le dieron retuit o hicieron un comentario a una foto que era una fake news y él inmediatamente ha salido a desmentir. ¿Por qué, en el caso del bitcoin, no se ha mostrado ninguna evidencia para refutar? Yo realmente siento que no son ciertas y nos vamos a dar cuenta un día cuando podemos ver los estados de cuenta. ¿Cuándo va a ser esto? No sé, pero espero que algún día lo podamos averiguar.

HG

En noviembre del año pasado, el presidente Bukele hizo un anuncio espectacular: el país iba a emitir los «bonos volcán» o «bonos bitcoin». Ya van dos veces que se ha postergado su lanzamiento. ¿Qué pasó ahí?

MG

Creo que los bonos eran más bien una iniciativa para conseguir liquidez adicional para el gobierno. Parece que no ha salido como ellos esperaban. Al final del día, si sos un inversor grande —lo que llamamos las «ballenas», que tienen mucho capital ya sea en criptomonedas o en dinero— tu interés si vas a hacer un préstamo a quien sea es recuperar esa inversión. Creo que lo que ha estado pasando con el gobierno en los últimos meses ha deteriorado esta confianza, incluso en las plataformas de criptomonedas.

La idea de los bonos era que fueran de más fácil acceso que los bonos tradicionales. Incluso el precio es bastante bajo, solo eran $100 por bono emitido y sin compra mínima, diferente a otros bonos que te piden al menos $10 mil o algo así. Me imagino que el plan original era comercializarlos a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas. Pero eso significaría que la plataforma tiene que arriesgar su capital en comprar estos bonos para poder luego venderlos a los minoristas, a los retailers.

Las plataformas de cripto tienen mucho mejor conocimiento de cómo va a ir el mercado, porque pueden ver internamente cómo van las transacciones y hacer sus analíticas, tienen información privilegiada que no tiene cualquier externo. Imaginaría que con eso, sumado a todo lo que está pasando alrededor del mundo —el tema de la inflación, los mercados, que mucha gente dice que posiblemente vamos a entrar en recesión— se dieron cuenta de que no era una buena inversión, y eso está provocando que los bonos volcán sean difíciles de posicionar. Me imagino que sus patrocinadores ya no lo vieron como el buen negocio que se veía a finales del año pasado, cuando el precio todavía no estaba tan mal.

Este lunes [13 de junio] ha sido bastante duro para el mercado en general, pero para cripto en particular. Hemos visto cómo el bitcoin ha caído a límites que ponen en aprietos a varias compañías grandes que han invertido mucho ahí. Ya estamos viendo algunos signos de que algunas plataformas grandes —como Celsius, que se especializa en préstamos de criptomonedas— no van a aguantar mucho tiempo antes de caer en insolvencia. Todos estos factores hacen que cada vez sea más difícil impulsar algo como los bonos volcán. A pesar de que no estoy de acuerdo con los bonos ni con lo que se pensaba hacer con ellos, creo que hubieran tenido más éxito incluso si se hubieran impulsado el año pasado, porque hubiera habido alguna chance de venderlos. En este momento, parece algo cada vez más difícil, y si el mercado sigue hacia abajo creo que nunca vamos a ver los bonos volcán.

Ahora bien, observando el panorama más general, lo importante es ver quiénes están detrás de esto. Está, especialmente, la compañía Tether, que es la proveedora de liquidez de prácticamente todo el ecosistema cripto. Por lo menos por volumen del mercado, es la proveedora de liquidez más grande, con esos certificados digitales que valen un dólar: los famosos Tether.

Hay todo un conjunto de compañías —Bitfinex, Blockstream, iFinex— que están intentando generar esta clase de productos, no solo en El Salvador sino en otras partes del mundo. Podría ser que el tema de El Salvador y los bonos volcán más bien sea una estrategia más grande a nivel mundial de estas compañías, de afianzarse a Estados pequeños que pueden adoptar estos mecanismos financieros experimentales, que son altamente especulativos, para generar presión en países ya más desarrollados y más grandes.

Es más fácil convencer a un pequeño país que no tiene mucho que ofrecer a nivel de industria de adoptar cripto, porque lo hace ver como un país innovador, un país que está a la vanguardia de los avances tecnológicos. Eso genera presión en países desarrollados, porque les permite a estas empresas decir (a mí no me gustan esas palabras, pero ellos lo venden así): «¿cómo es posible que un país de tercer mundo está innovando en temas financieros y nosotros aquí en los países desarrollados no estamos adoptando estas herramientas?» «Estamos dejando a la gente más pobre fuera de este nuevo sistema financiero que es más justo».

Les sirve como una herramienta de lobby político. Ya vimos hace unos días que alguien ha sacado un análisis que al menos en Estados Unidos, la industria cripto estaba metiendo más dinero en el lobby que las compañías tradicionales de defensa. No me extrañaría que El Salvador haya sido la cajita de Petri donde, con la apertura del gobierno —no me gusta decirle gobierno, sería más bien con la apertura de los hermanos Bukele— se esté experimentando con la criptomoneda para empujar legislaciones favorables a esta industria. El pequeño detalle es que la industria ahorita está colapsando. Vamos a ver si todo este dinero de los lobbys tiene algún efecto. Posiblemente sí, pero por mucha legislación que se apruebe, si el esquema no es sostenible, igual van a fallar como vimos con la implementación de bitcoin en El Salvador.

HG

En ese sentido, como para ir cerrando, ¿cuáles son los escenarios posibles para El Salvador? Con el colapso del mercado, parece que el Estado queda en una posición bastante desesperada con respecto a su financiamiento. ¿Qué implicancias podría tener todo esto?

MG

Yo no creo que bitcoin por sí mismo haya sido el objetivo principal de todas estas legislaciones. Más bien, el objetivo detrás de todo esto era la implementación de dólares sintéticos, que son estas monedas digitales que tienen un valor equivalente al dólar que el gobierno podría utilizar como forma de emitir su propia moneda. Y en esto sí fueron exitosos. Porque si tomamos al estudio del Bureau Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, veían que los dólares dentro de la Chivo Wallet eran los que tenían transacciones de mayor valor. Es decir, quienes utilizan la Chivo Wallet la utilizan para transferir dólares entre sí. Lo interesante es que la empresa que estuvo detrás del desarrollo, en los documentos que tuvo que llenar para poder cotizar en la bolsa, explica que la forma en que funciona la Chivo Wallet es que dentro de sí no circulan dólares, sino certificados digitales.

Esto va en línea con lo que otras investigaciones han revelado. Por ejemplo, [el periódico digital salvadoreño]El Faro logró tener acceso a algunas teleconferencias con proveedores de cripto, donde los hermanos Bukele sostenían que querían emitir su propia moneda digital. Lo que ha sucedido dentro de la Chivo Wallet es que circulan estos dólares sintéticos. En algún momento, el gobierno podría intentar desplegar un mecanismo similar de dólares sintéticos basados en deuda o quien sabe qué, para tratar de cubrir un poco sus finanzas internas.

A mí no me gusta hacer análisis muy económicos, porque no es mi área (mi área más bien es la parte técnica). Pero la mayoría de los economistas sostienen que el gobierno va a hacer hasta lo imposible para no entrar en impago, por el costo político que esto puede tener de cara a las elecciones de 2024. ¿Por qué? Porque pase lo que pase con esas elecciones, necesita tener el apoyo de la población para legitimarlas. Caer en impago para el gobierno sería un golpe durísimo a cualquier aceptación por muy alta que tenga ahorita.

La mayoría de los economistas sugieren que van a tratar de hacer lo imposible para pagar, y esto podría implicar acceder a la poca liquidez que queda en los fondos de pensiones o a la liquidez que queda en los bancos. Yo estaría muy de acuerdo con esta lectura, y me imagino que cuando ya llega al punto de que las cuentas no cuadren, podrían intentar utilizar todos estos esquemas: emitir más dólares sintéticos, posiblemente a través de la Chivo Wallet, hacer uso de la liquidez que tengan en bancos y pensiones para pagar.

Respecto al bitcoin en particular, yo pienso que la mayoría de gente está desencantada. Independientemente de si estás a favor o en contra, creo que todo mundo está de acuerdo de que la forma en que se implementó, lo único que logró fue que la gente no quiera saber nada de bitcoin. Ahora que el mercado está a la baja, creo que la gente todavía está más arrepentida de ello. Así que ahora hay que ver cómo reacciona el gobierno. Ahí ponía un poco en broma, en mi Twitter, hace un rato, que hay que ver si el presidente no sale otra vez con que ha comprado bitcoin. Al final del día, la industria se mantiene al convencer a los pequeños de comprar, cuando al final son los intermediarios, como los exchanges, y los que tienen una gran cantidad de capital los que realmente hacen dinero con las criptomonedas.

El bitcoin fue el primer error político grande del presidente. La mayoría de población no estuvo de acuerdo respecto a cómo se implementó, porque les trajo muchos malos recuerdos. Todo el mundo pensó en bitcoin y pensó en la dolarización (la forma en que se aprobó, a través de un madrugón, se supone que eran cosas que ya no pasaban). Mi arresto arbitrario fue solo la antesala de todo lo que está pasando ahora en el régimen de excepción. Lo que me hicieron es lo que están haciendo ahora a miles de personas, solo que ahora la gente tiene aún menos herramientas para defenderse y pocos recursos para poder evitar terminar en la cárcel por una acusación infundada.

El bitcoin ha sido solo la primera expresión clara de la forma autoritaria del gobierno del Clan Bukele, porque al final del día la dictadura esta del clan Bukele es literalmente la que decide qué pasa y qué no pasa en el país. La situación solo está empeorando.

Sobre la entrevistadora

Estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaboradora de Jacobin y Jacobin América Latina.

Publicado enInternacional
Miembros de las fuerzas armadas bloquean el acceso a la carretera E35 para una marcha de protesta de cientos de indígenas de la provincia de Cotopaxi.- EUROPA PRESS

Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la baja del precio de los combustibles. Las movilizaciones dejan hasta el momento un muerto y 61 heridos.

Miles de indígenas bloquearon este martes las principales calles de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en el noveno día de protestas, mientras las Fuerzas Armadas prometieron defender la democracia contra lo que consideran una "grave amenaza". Convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles y los productos de primera necesidad. Lasso aceptó este martes sentarse a dialogar con representantes de Conaie, por lo que se espera una respuesta del movimiento indígena. Las protestas dejan hasta el momento un muerto y 61 manifestantes heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Represión y estado de excepción

"Bajen las armas, somos pueblos de paz", exclamaban algunos de los más de cinco mil indígenas que llegaron el lunes en caravana a Quito. Un grupo numeroso que chocó con la policía salió de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito. 

Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.

La Fiscalía denunció que su sede central fue atacada, y que puso "a buen recaudo la información sensible de los casos que lleva adelante", al tiempo que también hizo "un llamado público a la paz y el respeto a la ley". La Conaie, que lidera las protestas a las que se plegaron más de 50 organizaciones, rechazó lo sucedido y aseguró que quienes cometieron el ataque no forman parte de las organizaciones indígenas.

En otros puntos de la ciudad también hubo varios cortes de calles que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios "hasta que las condiciones en las vías sean favorables".

Los motivos de este paro, por tiempo indefinido, son los precios elevados de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, los altos precios de los combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agricultor y la privatización de empresas públicas, entre otros.

"A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas (insumos y abonos) y nuestros productos no suben nada", dijo Tito Zamora, un indígena de la aldea de Sigchos en Cotopaxi. Zamora explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.

La reacción del gobierno

El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo este martes que la democracia está en "serio riesgo", horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento indígena. "Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes", aseguró Lara, escoltado por la plana mayor del Ejército.

El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes el diálogo propuesto por la Conaie y aseguró que aguarda una respuesta. El mandatario de derecha indicó que "desde su mejor predisposición" y la de su gabinete, está dispuesto a participar en un proceso de diálogo "franco y respetuoso" entre la Conaie y el resto de las organizaciones de la sociedad civil "que deseen sumarse al proceso" y poder así "buscar soluciones a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas".

Alerta de Amnistía Internacional

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió al presidente Lasso que la represión policial de las protestas "está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019".  El informe de AI sostiene que durante la represión a las protestas de 2019, "organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad".

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, urgió al presidente Lasso a "cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica" y solicitó que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. "El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia", indicó Guevara Rosas.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil. El mismo colectivo de derechos humanos ecuatoriano había denunciado el lunes la primera muerte en medio de la protesta, que se produjo cuando un contingente policial trató de detener a un grupo de manifestantes que buscaba ingresar a Quito procedente de la norteña provincia de Imbabura.


 El estallido social recorre Ecuador: un pueblo en pie frente al neoliberalismo autoritario del banquero presidente

Adoración Guamán, profesora de derecho en la Universitat de València

Virgilio Hernández, Parlamentario Andino

Diario Público

21/06/2022

América Latina vive un momento de cambio trascendental. La reciente victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia se suma a la llegada de Gabriel Boric al gobierno chileno y puede ser el preludio del triunfo de Lula en Brasil que confirmaría el giro regional de corte progresista y la evidencia del declive de la agenda neoliberal.

Los estallidos sociales que han sacudido la región desde el año 2019 han influido de manera decisiva en el impulso de los cambios antedichos. Los levantamientos populares del momento pre-pandemia enfrentaron la estrategia autoritaria y represiva de gobiernos como el de Duque, Piñera o Moreno, cuya única estrategia posible para imponer los ajustes económicos brutales fue la represivo-autoritaria. En algunos escenarios, como Colombia o Chile aquellas protestas tuvieron la capacidad de reconfigurar alianzas político-sociales y estructuras político-partidistas, articulándose sujetos capaces de disputar el poder y ganar procesos electorales no sólo frente a la derecha clásica sino frente a las expresiones de las nuevas extremas derechas.

Pero no todo han sido victorias en la región y mientras celebramos el triunfo del vivir sabroso en Colombia, una nueva oleada de violencia institucional y de autoritarismo azota a un país que se ha convertido en la representación regional de la captura corporativa. La República del Ecuador, primero en manos de Lenin Moreno (entregado a la voluntad de Estados Unidos y de los intereses de del capital trasnacional) y ahora gobernado por un cártel bancario personalizado en Guillermo Lasso, se encuentra sumido en una deriva de represión, desinstitucionalización y vulneración de derechos humanos que se recrudece día a día.

El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondomonetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliar las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer.

En el momento presente, la situación se ha vuelto insostenible para las mayorías sociales que asisten a un aumento acelerado de los precios de los productos de la canasta básica, del transporte y de los productos para la producción. Los paralelismos con el Paro Nacional de octubre de 2019 frente al gobierno de Moreno son cuantiosos y merece la pena recordar lo sucedido en aquel momento, cuando el primer ajuste duro en cumplimiento del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional trajo consigo la adopción de una serie de medidas económico-sociales con un fuerte impacto sobre a la amplia mayoría población ecuatoriana. El detonante definitivo de aquella protesta social fue la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente desde hace 40 años. Aquellos doce días que paralizaron el país y en los que se contabilizaron centenares de heridos, más de una decena de fallecidos, miles de detenidos y una intensa persecución política, se cerraron en falso, con una dura mesa de diálogo entre el gobierno y distintos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador donde se llegaron a acuerdos posteriormente incumplidos por Moreno.

El nuevo ciclo de movilizaciones que sacuden Ecuador se asienta de nuevo en el rechazo al modelo neoliberal, ahora aplicado, agravado y perfeccionado por el gobierno de Lasso. En esta ocasión la CONAIE ha planteado un decálogo claro de reivindicaciones cuyo primer punto es la congelación de los precios de los combustibles y la focalización de subsidios para sectores vulnerables. Además, entre las exigencias del movimiento indígena se encuentra la moratoria de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y la condonación para pequeños y medianos productores; los precios justos en los productos del campo, el subsidio agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio (cabe recordar que la Constitución del Ecuador todavía prohíbe la firma de tratados con sistema de arbitraje inversor-Estado, algo que el gobierno parece desconocer); la generación de empleo, la regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicación y organización de la clase trabajadora; la moratoria a la expansión de la frontera extractiva petrolera y minera y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos; la prohibición de la privatización de sectores estratégicos; las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad; la garantía del acceso a la educación superior y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud. Finalmente, en el listado se incluye como pieza clave la cuestión de la seguridad, tema que ha protagonizado el último año en un país asolado por el aumento de la violencia de manera general, con índices de criminalidad similares a las que se registraban hace 20 años y que se expresa con particular virulencia en las cárceles, donde han sido asesinadas en estos últimos 12 meses más de 350 personas y que afecta particularmente a jóvenes racializados.

Ante la falta de voluntad de acuerdo del gobierno y la situación insostenible de las mayorías sociales, el 13 de junio comenzó la protesta, convocada por diversas organizaciones (CONAIE, FENOCIN; FEINE; entre otras) que llamaron a un Paro Nacional para reivindicar el decálogo mencionado. El paro inició con el cierre de vías en 12 de las 24 provincias del país y la respuesta del gobierno fue tan desmedida como ilegal y torpe, con la detención del Presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acusado de paralización de servicios públicos en un proceso plagado de irregularidades, sin orden judicial, sin el proceso debido, sin defensa técnica inmediata y sin información en Kichwa. Además, para su traslado se organizó un impresionante operativo policial y militar, deteniéndolo en una base aérea. Finalmente, tras su puesta a disposición judicial, se le dejó en libertad con la obligación presentarse en fiscalía dos veces por semana, prohibición de salir del país y audiencia fijada para el 4 de julio, para ser juzgado a través de un proceso directo, que junta todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia en la que podría ser sentenciado y encarcelado. La indefensión y la violación del debido proceso son evidentes y han sido resaltadas por diversos juristas del país.

La detención de Leónidas Iza aceleró el estallido. El hastío, descontento, cansancio y sufrimiento popular se combinaron con la indignación y el sentimiento de agravio por la utilización ilegal del aparato judicial contra el líder indígena, como ocurrió en el 2019 contra determinados líderes de la Revolución Ciudadana. Tras su liberación, Leonidas Iza afirmó que la CONAIE se mantendría movilizada hasta que el Gobierno diera respuestas concretas a sus 10 puntos de demandas.

Una vez más, el libreto típico de la represión se ha puesto en funcionamiento, como un guion bien engrasado. El primer paso fue la deslegitimación de la movilización en los medios de comunicación, aliados de manera mayoritaria con el gobierno, que difundieron las fake news provenientes del jefe de los servicios de Inteligencia y del Ministro del Interior que afirman una supuesta financiación de las protestas por grupos políticos ligados al crimen transnacional con voluntad de desestabilizar al gobierno. Además, y de nuevo, el mantra de que "la culpa es de Correa" volvía a airearse aun cuando el líder de la Revolución Ciudadana, acosado por la estrategia de Lawfare desde hace años, lleva ya un lustro fuera de país y tiene asilo político en Bélgica. Tal y como ocurrió en el paro del 2019, el gobierno no ha dudado en utilizar las noticias falsas para involucrar en una supuesta confabulación golpista a las pocas instituciones gobernadas por la oposición, como la prefectura de la provincia de Pichincha a cuyo frente está la lideresa Paola Pabón. No podemos olvidar que la Prefecta fue igualmente víctima de una persecución política que la llevó a pasar meses en prisión preventiva acusada infundadamente de rebelión por el gobierno de Lenín Moreno y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas a su favor. Con Lasso, y a pesar de prometer un "gobierno del encuentro", continúa y se agrava la estrategia represiva y el Lawfare, que combina, como antaño, la utilización ilegítima del aparato judicial, la fiscalía, la policía y los medios de comunicación.

En paralelo y para facilitar las estrategias de represión de la protesta, se ha recurrido a una herramienta clásica: la declaración del Estado de Excepción. En esta ocasión, se adoptó un primer decreto, el 455, cuyo texto prohíbe no sólo la libertad de movimiento a determinadas horas del día sino que limita el derecho de reunión y asociación y, de forma inaudita, restringe los servicios de telecomunicaciones fija, móvil e internet, autoriza el uso de la fuerza letal para reprimir las movilizaciones y permite detenciones y allanamientos, sin orden de juez. Además, el texto decretó al Distrito Metropolitano de Quito como "Zona de Seguridad" a cargo de las Fuerzas Armadas, encargadas de "mantener el orden" de manera "complementaria" a la Policía Nacional. Para bochorno nacional y ante la indignación por lo extralimitado del texto, el gobierno difundió la noticia de que este Decreto (firmado por el presidente) era un "borrador". A continuación, se promulgó otra versión del texto, donde solo se eliminó la restricción de las telecomunicaciones y la autorización para el uso de armas letales.

La reacción de las fuerzas de oposición representadas en la Asamblea Nacional, fundamentalmente la Revolución Ciudadana (la bancada de UNES) y una parte de Pachakutik (escindido entre aquellos que apoyan a la CONAIE de Leónidas Iza y los que decidieron apoyar al gobierno) se han unido para debatir la pertinencia y proporcionalidad de este Decreto del Estado de Excepción. Ante la inminente alianza para derogar el texto, el lunes 20 de junio el Gobierno decidió eliminarlo de manera unilateral, para impedir su debate por parte del órgano legislativo, obturando una vez más los cauces de debate necesarios en situaciones de en normalidad democrática. Al mismo tiempo, Lasso expidió un nuevo decreto, el 459, en el que amplía el estado de excepción a las provincias de la Sierra Central y a la de Pastaza, en la Amazonía. La Asamblea tendrá la oportunidad de derogarlo, pero debe esperar ser notificada oficialmente. Es especialmente destacable la rotundidad de la bancada de UNES que emitió un comunicado con exigencias claras en materia social, económica y de derechos fundamentales. Además, la bancada de la Revolución Ciudadana cierra el comunicado señalando la posibilidad de una "muerte cruzada", que según el modelo institucional ecuatoriano permite la destitución del Presidente y abre la puerta a la convocatoria de elecciones.

Ajena a esta maraña de normas y actuaciones políticas, la Policía no tardó en hacer un uso abusivo de la fuerza amparándose en el extralimitado paraguas del Estado de Excepción para allanar el pasado domingo la Casa de la Cultura de Quito. Las razones de la ocupación policial de la Casa de la Cultura son evidentes. Allí se refugiaron los manifestantes en el paro de 2019 y en momentos anteriores, siendo el lugar emblemático de concentración de las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Con esta actuación el Gobierno trata de impedir que se repitan los episodios de solidaridad y apoyo popular de la población de Quito al movimiento indígena y a las personas que protestan. Muchas voces relevantes dentro del progresismo ecuatoriano han señalado que esta ocupación es un parteaguas, una muestra de autoritarismo que no se veía en el país desde los años 60 del siglo pasado. Mientras esto ocurre, y mientras escribimos estas páginas, las protestas se siguen sucediendo, con episodios de represión cada vez más violentos. Se reportan heridos, incluso fallecidos, las universidades abren sus puertas como espacio humanitario para las comunidades que llegan desde otras provincias, se suceden los comunicados de alerta y protesta. Incluso la Directora para las Américas de Amnistía Internacional ha señalado en un comunicado que la organización pide "al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse".

La situación se agrava y una vez más vemos a Ecuador, como vimos a Chile o a Colombia, sacudido por un estallido social que evidencia la incompatibilidad entre el momento actual del neoliberalismo y la democracia. El momento autoritario, como señala el profesor Ramírez, se vuelve inevitable para conseguir imponer a las mayorías sociales un ajuste incompatible con la vida. Ante las protestas, la activación del aparato brutalmente represor, combinado con la destrucción de la imagen de toda disidencia que pasa a ser "enemigo del Estado" y la utilización del poder judicial y policial ya son herramientas del libreto que lleva años reproduciéndose en América Latina.

Las enseñanzas de otros países marcan un camino por el que se debe transitar para que el estallido sea la chispa que permita la acumulación de fuerzas con capacidad para generar alianzas, complicidades y diálogos capaces de traducirse en una victoria electoral de lo popular con capacidad transformadora. Son muchas las disonancias en el pasado entre las y los que ahora luchan contra un banquero que preside un gobierno dispuesto a acabar de saquear por completo al país, pero son más las causas comunes, los anhelos, las sintonías y las esperanzas que unen a las que hoy recorren las calles del Ecuador exigiendo un vivir bien, un vivir sabroso, una vida digna y una esperanza para el país.

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Pobladores de la ciudad de Tambillo regalan botellas de agua a indígenas que marchan en caravana hacia Quito, en repudio a medidas económicas del gobierno. Foto Ap

Este lunes se cumplió el octavo día de movilizaciones, con el arribo a la ciudad de Quito de miles de manifestantes, sobre todo del movimiento indígena. Las medidas de lucha se mantienen a pesar del nuevo decreto de estado de excepción y el avance represivo del gobierno de Lasso.

Margarita Valencia Lic. en Psicología

Lunes 20 de junio

A pesar del impacto de las medidas de control y represión, hasta hoy y de conjunto, ni el estado de excepción dictaminado para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que este lunes por la tarde Guillermo Lasso amplió por decreto 459, a tres provincias más: Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, ni el allanamiento y ocupación policial de la Casa de la Cultura del Ecuador, ni la detención de casi 50 manifestantes, ni tampoco los falsos llamados al diálogo por parte del Gobierno nacional, han logrado frenar la movilización de 14 de las 24 provincias del país.

Durante el día miles de Indígenas y campesinos, sobre todo desde la Sierra Centro y Norte, emprendieron la marcha hacia Quito y llegaron hasta las entradas de la ciudad. Luego se fueron sumando colectivos de estudiantes y pequeños comerciantes. Los diarios ecuatorianos hablan de la ciudad de Quito convertida ahora en el epicentro de la protesta.

Hace más de una semana, se vienen desarrollando distintas medidas de lucha contra el aumento del combustible, la reducción del presupuesto de salud y educación, la estafa del sistema bancario contra quienes por necesidad tuvieron que endeudarse por los niveles de pobreza, a pesar de la relativa recuperación económica y todas las medidas de ajuste propias del sometimiento que dicta el FMI al país llevadas adelante por el gobierno neoliberal y representante de la banca.

El decreto 455 (ahora derogado y cambiado por el 459) de estado de excepción, llegó de forma escandalosa a hablar de controlar el internet y el flujo de información -cuestión sobre la que el gobierno tuvo que retroceder- . El nuevo decreto ordena -al igual que el anterior- el uso progresivo de la fuerza, que incluye la fuerza letal.

Este lunes, a cuatro días de haberse decretado la prohibición de concentraciones y de habilitar la coordinación del ejército en las calles junto a la Policía Nacional, con una importante avanzada represiva que ya dejó cerca de 50 heridos, la oposición institucional de la Asamblea Nacional, por pedido de 72 de los 137 legisladores, se disponía a discutir el levantamiento del primer decreto, cuestión que quedó sin sentido, una vez conocido el 459.

La intención de la oposición era bajar el estado de excepción para habilitar una mesa de diálogo entre la CONAIE y otras organizaciones con el Gobierno. El mismo rol que jugó en el 2019 con la intención de desmovilizar.

El acuerdo derechista para mantener el estado de excepción

El Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática, que vienen jugando de opositores al gobierno, cerraron filas y anunciaron que no apoyarían la derogación del decreto, haciéndose eco de la línea oficialista represiva de mano dura. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri (PSC) habló directamente de cercar la ciudad con ayuda de inteligencia del ejército, mientras que el alcalde de Quito estaba tramitando una medida cautelar para impedir que la Asamblea votara la derogación.

Por su parte, la UNES (coalición del ex presidente Rafael Correa) y Pachakutik apoyan levantar la excepción y la convocatoria a una mesa de diálogo, sin embargo, cabe recordar que fue la UNES, y con críticas, uno de los sectores del propio Pachakutik, quienes apoyaron en su momento, la ley de Uso Progresivo de la Fuerza que presentó el oficialismo para fortalecer el aparato represivo, bajo pretexto de la violencia en las cárceles.

Un llamado a dialogar, con represión en las calles

En medio de la crisis por el enorme descontento social contra las medidas de ajuste, los llamados al diálogo por parte del gobierno, solo ratifican el cinismo de quien ofrece medidas parciales que no responden a la cuestión profunda, mientras reprime en las calles, saluda con honores a los militares en el día del padre, (con todo el simbolismo que implica que el propio presidente se vista de camuflaje) y anunciar casi al mismo tiempo un nuevo decreto (el 457) de precarización laboral, donde se eliminan los viáticos para los trabajadores y se limitan las contrataciones (abriendo las puertas a nuevos despidos), entre otras medidas de recorte al sector público.

En este marco, un sector de los partidos de la Asamblea Nacional tuvo que responder (con bastante tiempo de demora), a una cuestión básica de libertades democráticas, presionados por la denuncia constante de los manifestantes sobre la escalada represiva y de avanzada contra el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo, buscan de fondo descomprimir las manifestaciones con un “llamado a mesas de diálogo”, donde se ofrece a la Asamblea como “mediadora” de la crisis, pero un “llamado al diálogo” en medio de las condiciones de represión, con los nuevos ataques del Gobierno Nacional y que busque sacar a los manifestantes de las calles, solo constituye una farsa y la consolidación del ajuste que Lasso busca aplicar.

Las demandas de las y los trabajadores y los sectores populares tienen que triunfar

Por el momento la CONAIE declaró que si hay diálogo, no va a ser retirándose de las calles, usando las movilizaciones como presión in extremis, pero es fundamental la alerta al conjunto de los manifestantes, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales (que como dijimos llegaron por miles a Quito, donde está la sede del gobierno), frente a los intentos de contener y disolver las manifestaciones.

El miércoles 21 está convocada una movilización nacional de organizaciones sociales y de trabajadores, que se sumarán a las manifestaciones que en varias provincias está protagonizando el movimiento indígena. La ampliación del estado de excepción también busca anticiparse a eso.

En las calles se viene mostrando que hay fuerzas para poder enfrentar el programa político del gobierno de Lasso, del empresariado ecuatoriano y el FMI y que triunfen las demandas de los trabajadores y los sectores populares, que no están dispuestos a que esta crisis se descargue nuevamente sobre sus espaldas.


"Buscan derrocarme; no voy a escapar": Presidente Lasso

Miles de indígenas se acercan a Quito con pliego de 10 demandas

Desafían el estado de excepción y piden bajar precios de combustibles, limitar la expansión minera y mejorar servicios de salud y educación

Quito. Miles de indígenas de Ecuador se concentraron ayer en las afueras de Quito con miras a llegar a la capital, como parte de sus protestas contra el gobierno desde la semana pasada, al tiempo que el presidente Guillermo Lasso dijo que las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) buscan derrocarlo y que él no va a escapar.

Los indígenas llegaron en camiones y a pie en medio de un estado de excepción decretado por Lasso en tres provincias andinas –incluida Quito– en un intento por frenar las protestas, que se han tornado violentas con retención de uniformados, ataques a fincas de flores y toma de pozos petroleros.

La Conaie confirmó el ingreso de manifestantes a barrios del sur de Quito y dijo que llegaría un mayor número de indígenas a la ciudad.

Uno de los manifestantes que formaba parte de una columna que empezó la marcha desde Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha, hacia Quito, falleció ayer al caer desde una gran altura, informó El Universo.

El incidente ocurrió cuando las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno contra los manifestantes y en medio de la confusión todos corrieron a refugiarse. Entre cinco y siete personas cayeron por una quebrada. Algunos lograron salir por sus propios medios, pero un joven falleció debido a la caída, que según el informe de las autoridades fue desde 100 metros.

Las protestas empezaron el lunes de la semana pasada con un pliego petitorio de 10 puntos que incluye una reducción del precio de los combustibles, mayor plazo para cubrir las deudas financieras de los pequeños agricultores, limitar la expansión petrolera y minera y mejorar el sistema de salud pública.

En Ecuador el galón de diésel subió 90 por ciento (se vende a 1.90 dólares) y el de gasolina corriente en 46 por ciento (a 2.55 dólares) en casi un año. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social. La Conaie exige rebajarlos a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente.

Para aceptar conversar, los indígenas piden que Lasso atienda el pliego, que incluye también la prohibición de concesiones mineras en sus territorios.

Lasso ha llamado al diálogo a los grupos sociales y anunció medidas de compensación para los sectores vulnerables, como un subsidio al precio de fertilizantes, mayor presupuesto para salud y educación indígenas y condonación de deudas vencidas por 3 mil dólares.

Aunque las medidas ofrecen algo de ayuda, los manifestantes dicen que no solucionan los problemas que enfrentan miles de familias cada día.

"Hemos venido a resistir sobre una política neoliberal que afecta más y más a los pobres", aseveró el presidente de Conaie, Leonidas Iza, en redes sociales.

Lasso tuiteó ayer: "hemos tendido la mano, llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz..., buscan el caos, quieren botar al presidente".

"Yo no voy a escapar, pero estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres", agregó Lasso en un video en el que mostró disturbios y aseveró que que "no han subido y no subirán los precios de los combustibles, pues están congelados desde octubre de 2021".

En el mismo tuit, el jefe de Estado advirtió: "no permitiré que se imponga el caos" durante las manifestaciones, que dejan ya 63 agentes heridos, según la policía. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 79 detenidos y 55 civiles heridos.

El cierre intermitente de vías se ha extendido a más de la mitad de las 24 provincias, según reportes del estatal Servicio de Seguridad.

Lasso declaró el estado de excepción desde el sábado para las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura,y la extendió ayer a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

Las Universidades Católica de Ecuador y Salesiana, junto con la Federación de Cámaras de Comercio se ofrecieron para mediar entre las autoridades del gobierno y la Conaie.

Con información de Afp, Reuters y Sputnik

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La lógica política del imperialismo ruso

Además de en mi trabajo de campo interrumpido en Ucrania (2021), esta contribución al debate sobre la guerra se basa en mi trabajo de campo en Bielorrusia (2015-2017) y mis conclusiones sobre cómo el 'régimen cesarista' de Lukashenka, cuando se enfrentó a desafíos populares y geopolíticos, mutó su 'estrategia revolucionaria pasiva' (Artiukh 2020, 2021), para usar el vocabulario de Gramsci. Basándome en mis conocimientos de Ucrania y Bielorrusia, esbozo la lógica política de la agresiva expansión territorial de Rusia en el contexto del declive hegemónico de Estados Unidos. Afirmo que esta expansión, impulsada por la lógica del legitimismo, mediante la cual Rusia ofrece a sus posibles clientes una nueva 'Santa Alianza' antirrevolucionaria, como lo hizo la Rusia zarista en el siglo XIX, engendra un sistema de regímenes 'anti-Maidan' que comparten importantes puntos en común culturales y políticos.

Esta lógica política, claramente formulada en el discurso de Putin en la ONU de 2015 es consecuencia de un cambio en la estrategia imperialista rusa. Según el economista político Ilya Matveev (2021), el imperialismo ruso transitó de la lógica económica a la lógica territorial alrededor del año 2014, cuando el estado ruso renunció a la estrategia de expansión de intereses privados empresariales a Ucrania y otras repúblicas postsoviéticas y comenzó a proyectar control político sobre estos territorios aun a expensas de los intereses del capital privado. El ejemplo más destacado de esta nueva estrategia fue la anexión de Crimea y el apoyo a los rebeldes prorrusos en el Donbass. Sin embargo, la estrategia parece ser más amplia e incluye la reactivación de otros 'conflictos congelados' (Georgia 2008, posiblemente Moldavia), participación en conflictos internos (Ucrania 2014, Bielorrusia 2020, Kazajistán 2022), y prestación de servicios militares (Siria y varios países africanos).

El principio central de esta estrategia territorial legitimista fue la conservación de los regímenes neopatrimoniales amenazados por el descontento popular. Los pequeños estados separatistas del Donbass fueron los primeros de una serie de regímenes que comenzaron a aparecer en el espacio postsoviético desde 2014 como reacción a la amenaza real o percibida de las protestas populares. Llamo a estas formas de gobierno "regímenes 'anti-Maidan'", en referencia a su primera narrativa legitimadora de resistir las protestas de Maidan en Ucrania. Lo que los une es el hecho de que son reacciones a los levantamientos populistas, fomentan la desmovilización en lugar de la movilización de sus poblaciones y se basan en la coerción policial y militar en lugar de proyectos hegemónicos. A medida que las élites amenazadas se unieron a esta Santa Alianza, sus regímenes se transformaron en consecuencia: estos incluyen la Siria de Assad, la Bielorrusia de Lukashenka, más recientemente, Kazajstán y las regiones recientemente ocupadas de Ucrania. Trayendo esta lógica de regreso a casa, el propio régimen ruso ha sufrido una transformación hacia un estado policial autoritario con tendencias posfascistas.

Este proyecto debe remontarse a la continua crisis orgánica que estalló en 2008 e hizo posible la situación que tuvo lugar en vísperas del levantamiento de Maidan de 2013. Las protestas de Maidan en Ucrania fueron una de las 'movilizaciones mundiales' locales (Kalb & Mollona, ​​2018) contra los regímenes neopatrimoniales neoliberalizados bajo la tensión de la crisis, cuyo mejor ejemplo es la Primavera Árabe. Surgidos en la condensación territorializada de las pasiones políticas, tales levantamientos tenían sus raíces en algo parecido al mito político de Sorel, capaz de crear una división entre 'nosotros' y 'ellos', pero incapaz de producir un cambio duradero debido a la falta de marcos organizativos y liderazgo. Por lo tanto, fueron los grupos violentos más radicales los que aprovecharon tales movimientos, los condottieri contemporáneos que, sin embargo, no supieron encarnar la voluntad colectiva (Gopal, 2020).

Estos regímenes neopatrimoniales posdesarrollistas se encontraban en diferentes etapas de declive y con diferentes relaciones con sus vecinos. Por lo tanto, los regímenes de Túnez y Bielorrusia, al poder confiar en sus patrocinadores y tener estados más fuertes, pudieron cooptar los levantamientos en la continuidad de sus estrategias revolucionarias pasivas. Otros sufrieron la intervención de sus vecinos, como sucedió en Bahrein, Yemen y Ucrania. Y otros se sumergieron en una guerra civil prolongada, como Libia o Siria, y se convirtieron en campo de batalla de los imperialismos estadounidense, turco y ruso en competencia.

Contrariamente a una idea preconcebida ampliamente difundida, Estados Unidos mostró el fracaso de su hegemonía frente a estas situaciones. Aquí uso 'hegemonía' en un sentido Gramsciano-Arrigiano, como un conjunto de instituciones e ideologías respaldadas por la potencialidad del uso de una fuerza creíble que puede superar las crisis y alinear los intereses de las élites centrales y periféricas. Mientras que el banco central de EEUU logró mitigar con relativo éxito la crisis de 2008 en Europa, no logró establecer el orden en su periferia (Tooze, 2019). De manera similar, las operaciones militares estadounidenses trajeron consecuencias no deseadas. Una vez que se abrió este agujero hegemónico y EEUU mostró su debilidad, surgió un 'show de mierda', en palabras de Obama, ya que los contendientes inmediatamente se pusieron en acción ofreciendo su ayuda para restablecer el orden.

Un contendiente hegemónico fue Rusia, uno de los regímenes neopatrimoniales cuyo declive apenas comenzaba a manifestarse. Los primeros signos de este declive aparecieron en las protestas de la clase media urbana de 2011-2013 y fueron reprimidas rápidamente. Dado que la dominación en las relaciones internacionales, según Gramsci, es una extensión de los modos de dominación de la clase dominante, el sistema ruso de dependencias internacionales neopatrimoniales también se estaba debilitando. Rusia elaboró una doctrina de apoyo a los 'regímenes legítimos' contra la guerra híbrida emprendida por occidente (Göransson, 2021). Como alternativa a la vacilante hegemonía estadounidense basada en la 'promoción de la democracia', incluido el apoyo a los levantamientos populares, Rusia presentó la oferta de una Santa Alianza para el siglo XXI. En términos gramscianos, esta era la oferta de preservación del bloque histórico que se basa en la dominación cesarista más que en la hegemonía. Así, frente a la vacilante hegemonía estadounidense, Rusia ofreció un sistema internacional de dominación sin hegemonía. Tal oferta resolvería dos tareas: reforzar la dominación del régimen interno ruso y garantizar la estabilidad de los regímenes de los estados que se unieran a la Santa Alianza.

A partir de ella es posible comprender los desarrollos posteriores a Maidan. La caída de Yanukovych señaló la fragilidad de los regímenes neopatrimoniales y, por lo tanto, amenazó a Rusia como proveedor de garantías de seguridad después de que Yanukovich hubiera aceptado su oferta a fines de 2013. La débil calidad político-mítica del levantamiento de Maidan terminó en la escisión entre 'nosotros' y 'ellos', alienando así a una parte considerable de la población de Ucrania (Zhuravlev & Ishchenko, 2020). Como era de esperar, siguió la etapa del condotierismo de extrema derecha que amplió aún más la división. Europa estaba desorientada y EEUU tenía dudas de involucrarse en otro 'show de mierda'. La anexión de Crimea y el atentado de la guerra civil en Ucrania fue la aplicación lógica de la doctrina del legitimismo. Este primer movimiento fue típicamente cesarista, una operación especial de la "guardia pretoriana" de Putin.

Los analistas rusos esperaban que el gobierno posterior a Maidan no se diferenciara mucho del anterior y, por lo tanto, necesitaría un proveedor de seguridad contra la amenaza separatista que la propia Rusia alimentaba. Los líderes rusos también sabían que ni la UE ni los EEUU estarían dispuestos a convertirse en tales proveedores en la medida necesaria. por lo tanto, ofrecieron el paquete de los llamados acuerdos de Minsk que era una consagración militar-diplomática de la victoria militar de Rusia sobre el débil régimen post-Maidan. Los acuerdos de Minsk preveían la presencia de las fuerzas políticas y militares rusas de facto dentro de un estado federal ucraniano que potencialmente ganaría la subsiguiente guerra civil (Koshiw, 2022). La UE no tuvo más remedio que tratar de congelar la situación de 'ni guerra, ni paz' ​​con la esperanza de que se resolvería sola en el futuro.

Sin embargo, las autoridades de Kyiv y los herederos de los condottieri de Maidan lucharon para evitar esta situación con uñas y dientes. Impusieron el consenso post-Maidan, aprovechando la brecha abierta por las pasiones políticas de Maidan y apoyadas por los condottieri. Con una ayuda limitada de la UE y los EEUU, las autoridades de Kyiv lograron restablecer las instituciones estatales y reconstruir el ejército. Occidente no tuvo más remedio que aceptar el nuevo cesarismo de Kyiv. Esta vez, Rusia decidió esperar mientras desarrollaba las repúblicas separatistas en el Donbass, como puesto de avanzada para la batalla que se avecinaba.

Para entonces, las LNR/DNR, mantenidas unidas por el perpetuo estado de emergencia y las duras represiones contra los activistas políticos, culturales y laborales disidentes, se convirtieron en una zona gris controlada por las agencias públicas y privadas rusas (Savelyeva, 2022). Habiendo consolidado su soberanía sobre el puesto avanzado anti-Maidan en el Donbass, Rusia reclamó un éxito indiscutible en Siria, al reimponer el gobierno de Assad sobre la mayor parte del país y enterrar los restos del levantamiento de 2011. Finalmente, la Bielorrusia posterior a 2020, que pasó del populismo autoritario a un estado policial totalmente dictatorial (Artiukh, de próxima publicación), fue sin duda el caso más exitoso de la asistencia internacional de Rusia dentro de la Santa Alianza. De manera similar a la dirección de LNR/DNR, Lukashenka construyó su legitimidad posterior a la protesta como un salvador del país que blandía una ametralladora frente a un intento de golpe de Estado inspirado en Occidente, que se comparaba explícitamente con Maidan en Ucrania. El apoyo político, mediático y económico de Rusia no solo logró estabilizar el régimen de Lukashenka, sino que también logró vincularlo a Rusia, asegurando así una base militar.

Esta serie de éxitos en el contexto de los fracasos estadounidenses y europeos envalentonó a las élites rusas. Mientras que Rusia restablecía el poder de Assad en Siria, exportaba sus servicios a varios países africanos y reprimía las protestas en casa, EEUU estaba sumido en el 'show de mierda' de Trump internamente, casi perdiendo aliados de la OTAN, anunciando un giro hacia Asia y derrotado miserablemente en la retirada de Afganistán. El único asunto pendiente para la Santa Alianza era Ucrania. Desde principios de 2020, Rusia comenzó a integrar los pequeños estados separatistas del Donbass en la esfera ideológica, económica y política rusa, al mismo tiempo que presionaba a las autoridades ucranianas para que implementaran rápidamente la parte política de los acuerdos de Minsk.

Después de un breve coqueteo con Putin, el gobierno de Zelensky se dio cuenta de que no podía restablecer la soberanía sobre las regiones separatistas si el proceso de Minsk era supervisado por Rusia mientras que los nacionalistas ucranianos cuestionaban esta política internamente. Las acciones de Rusia insinuaron la posibilidad de integrar completamente estos pequeños estados en Rusia, siguiendo el ejemplo de Crimea, o usarlos como el puesto de avanzada del 'mundo ruso', como se proclamaba en la doctrina ideológica de LNR/DNR a principios de 2020. Según algunos analistas, ese es el momento en que las autoridades rusas comenzaron a prepararse para la eventualidad de una operación militar completa contra Ucrania. Los siguientes pasos eran solo una cuestión de tiempo y oportunidad.

Esta oportunidad llegó a fines de 2021 o principios de 2022. Convergieron muchos factores que debilitarían a Occidente y envalentonarían a Rusia, y las élites rusas lo entendieron.  Estados Unidos y Europa no solo fueron golpeados por la pandemia, sino que también pasaron por transiciones políticas: el nuevo y débil presidente en Estados Unidos, que continuó el giro hacia Asia, el nuevo canciller en Alemania y las próximas elecciones en Francia. Las cosas iban mucho mejor para Rusia: Bielorrusia estaba segura bajo el control de Rusia como un símbolo de la Santa Alianza, la economía de Rusia se estabilizó y acumuló los mayores recursos de su historia, la operación especial ultrarrápida en Kazajstán demostraría que Rusia era un proveedor confiable de seguridad . En consecuencia, Rusia anunció su asalto a la primera amenaza de guerra de abril de 2021, que aparentemente abrió un diálogo en materia de seguridad estratégica entre EEUU y Rusia.

Zelensky probablemente era consciente del peligro que se avecinaba, por lo tanto, intensificó la represión del dominio político interno e intentó mejorar el ejército tanto como fuera posible mientras se aferraba al alto el fuego en el Donbass. Esperaba encontrar el equilibrio para salir del estrecho camino que tenía delante. Mientras tanto, Rusia lanzó otro ultimátum en diciembre de 2022, exigiendo la retirada de la infraestructura de la OTAN de los países del antiguo Pacto de Varsovia, además de la prohibición de aceptar nuevos miembros en la OTAN. Al igual que el ultimátum de Austria a Serbia en 1914, el de Putin tampoco estaba destinado a cumplirse. Después de algunos reveses iniciales, el ejército ruso ha seguido ocupando el territorio de Ucrania más allá de LNR/DNR, manteniendo deliberadamente vagos los objetivos políticos de la guerra.

Tres meses después de la guerra, los territorios recién ocupados en el sur de Ucrania están controlados por los métodos desarrollados por otros regímenes anti-Maidan, principalmente Bielorrusia y LNR/DNR. El tremendo éxito de la represión de Lukashenka contra quienes protestaron por los resultados de las elecciones injustas de 2020 se basó en una brutalidad policial sin precedentes, largas penas de prisión y la desmoralización de los disidentes.  Habiendo abandonado su característico populismo, Lukashenka demostró que la fuerza bruta por sí sola podría funcionar si las personas están lo suficientemente atomizadas en las ciudades y en las fábricas. Las manifestaciones masivas iniciales contra la ocupación rusa se dispersaron a medida que Rusia reforzó su capacidad policial en la retaguardia del ejército invasor. Hay informes de activistas políticos secuestrados y torturados, repitiendo la experiencia del Donbass. Uno de los métodos utilizados en Bielorrusia, la sistemática grabación en video de las autodenuncias forzadas, se repitió recientemente en el Oblast de Kherson, donde las personas contrarias a la ocupación se vieron obligadas a disculparse en la cámara y decir que "completaron un curso de desnazificación". Esto no va acompañado de ninguna narrativa ideológica coherente; en cambio, los medios rusos proyectan una mezcla salvaje de símbolos soviéticos, zaristas y vagamente fascistas cuyo único propósito es intimidar y mostrar que la resistencia es inútil (Artiukh, 2022).

Mientras construía el sistema de regímenes anti-Maidan, Rusia también se transformó de una 'democracia administrada' en un estado policial con tendencias posfascistas que impone una mezcla posmoderna de ideologías que no están destinadas a convencer verdaderamente a las masas (Budraitskis, 2022). ). Si Estados Unidos presidió el surgimiento del mundo postsoviético al promover libros de texto neoliberales y no logró crear un paradigma de seguridad hegemónico, la estrategia anti-Maidan de Rusia ha conseguido el fin de la era postsoviética al destruir todos los restos de la civilización soviética que los estados sucesores mantuvieron. Por un lado, esta la "descomunistización" simbólica: desde la destrucción literal de los monumentos en Ucrania hasta la zombificación de los símbolos soviéticos que se han convertido en símbolos de las conquistas coloniales de la Federación Rusa. Por otra parte, la "descomunistización" política y económica: la delegitimización de las fronteras de las antiguas repúblicas y la destrucción de los centros de la industrialización soviética en el Donbass, Mariupol o Kharkov. El largo declive de la pax postsovietica casi ha terminado.

Volodymyr Artiukh

investigador postdoctoral en COMPAS con el proyecto financiado por ERC, "Emptiness: Living Capitalism and Democracy after (Post) Socialism". Obtuvo su doctorado en Sociología y Antropología Social en la Universidad de Europa Central en 2020 con una disertación sobre control laboral y burocrático en Bielorrusia. Sus intereses de investigación incluyen la antropología del trabajo y la migración en los países postsoviéticos, la antropología del populismo y el estudio de la hegemonía en Europa del Este.

Traducción: G. Buster

11/06/2022

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Domingo, 12 Junio 2022 05:44

Nicaragua amordazada

Ciudadana nicaragüense exiliado en Costa Rica participa en una manifestación frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica para oponerse a la asunción del presidente Daniel Ortega, en San José, el 10 de enero de 2022.- AFP

Hace unas semanas, en el Festival de Poesía de Granada, tuve el privilegio de escuchar a Svetlana Alexiévich. Entre lo mucho y acertado que dijo, habló de las cárceles interiores, mentales, que el sistema creó en la Unión Soviética y que dieron origen a lo que ella llamó "el homus soviético", tema de uno de sus libros. No puede construir la libertad quien no es libre, afirmaba.

Como nicaragüense, siento que estoy asistiendo a un criminal intento de crear esas cárceles en mi país.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de destruir la institucionalidad, el Estado de Derecho, ordenar en 2018 una masacre que resultó en 355 asesinados,  encarcelar a los líderes de la oposición, cancelar partidos políticos y crear una estampida de más de 200,00o nicaragüenses que han salido del país, ahora enfilan sus cañones contra la cultura.

Entre el 20 y el 31 de mayo, la Asamblea Nacional del país, dominada por Ortega, canceló la personería jurídica del Festival Internacional de Poesía de Granada (Nicaragua) y la de la Academia Nicaragüense de la Lengua, dos instituciones culturales de primer orden. Ellas se sumaron a las más de trescientas organizaciones sin fines de lucro, ONG y doce universidades que el régimen ha ilegalizado en lo que va del año.

Con el fin de obstaculizar las donaciones que recibían las organizaciones de la sociedad civil muchas de las cuales surgieron, paradójicamente, desde el sandinismo para suplir los vacíos de atención a sectores populares después de la derrota electoral sandinista de 1990, Ortega diseñó una legislación expresamente dirigida a reprimirlas. El Ministerio de Gobernación, que regulaba y recibía reportes de éstas y emitía un certificado anual de probidad que les autorizaba a seguir operando, dejó de emitir estos certificados tras las protestas de 2018.  A fines de 2020 la Asamblea dictó una ley donde se sometía a todas las instituciones sin fines de lucro a regulaciones draconianas. Recibir dinero de proyectos de cooperación o donaciones -como sucede con la mayoría de estas organizaciones- les obligaba a inscribirse como "agentes extranjeros" y abstenerse de cualquier actividad política. Sus miembros perdían su derecho a ocupar o aspirar a cargos públicos. La ley obligaba a pormenorizados y engorrosos controles burocráticos, imposibles sin un personal numeroso. Juntas Directivas y miembros debían renunciar a la privacidad de sus datos.  En un régimen que persigue y acusa de lavado de dinero o terrorismo a quien se le antoja, resultó clara la intención de esa legislación.  Aún así, instituciones como el Festival de Poesía de Granada y la Academia de la Lengua, intentaron una y otra vez someter sus documentos a la oficina encargada. Una y otra vez se los rechazaron, aludiendo a nuevas exigencias. O sea, el gobierno, en su actuar maquiavélico, creó la trampa con la que hoy acusa a la sociedad civil de no cumplir sus obligaciones.

Con el fin de cancelar cualquier presunta amenaza a su poder, el régimen se ha ocupado, sobre todo, de eliminar aquellas instituciones que promueven el libre flujo de ideas dentro de la sociedad y que reúnen a intelectuales y artistas. Además de universidades, han ilegalizado institutos de pensamiento, asociaciones de periodistas, de fomento de la lectura, de promoción de la democracia y la ciudadanía, de defensa de los derechos humanos y de las mujeres

El caso de la Academia Nicaragüense de la Lengua es especialmente llamativo y absurdo. Se trata de una entidad que tiene personería desde 1928, una entidad protegida por un tratado internacional de 1960, suscrito por Nicaragua, donde los gobiernos latinoamericanos participan y apoyan la conformación de la Asociación de Academias de la Lengua Latinoamericanas, ASALE. La Academia Nicaragüense ha contado a través de los años con pensadores, estudiosos de la lengua y escritores destacados del país. Sus miembros de número son miembros correspondientes de la Real Academia Española. Entre sus logros están muchos estudios y diccionarios sobre las particularidades del español que se usa en Nicaragua, la incorporación de éstas en diccionarios de la Real Academia Española, la formación mediante becas de jóvenes filólogos y lexicógrafos, el seguimiento de cuanto se publica con relación a Rubén Darío: el Repertorio Dariano, libros y otras publicaciones especializadas en dar a conocer la cultura e idioma de Nicaragua y una revista "Lengua" fundada por Pablo Antonio Cuadra. Este último fue uno de los grandes poetas del país, además de editor del suplemento literario del diario La Prensa, ahora confiscado por Ortega, que también apresó a su director y a Pedro Joaquín y Cristiana Chamorro, parte de su directiva.

Absurda es también la cancelación del Festival Internacional de Poesía de Granada. Éste se llevó a cabo por dieciocho años en esa ciudad nicaragüense, homónima de la española, con la participación en ese período de más de mil doscientos poetas de distintas partes del mundo, que leían sus poemas en las plazas y atrios locales con la participación de miles de personas de un público ávido y feliz. El Festival no sólo nutría la tradición poética de un país cuyo héroe nacional es Rubén Darío, sino que dotaba a la colonial ciudad de Granada de actividad económica hotelera y gastronómica y un turismo nacional e internacional significativo.

¿Por qué designios el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decide sancionar a estas instituciones? ¿Por qué, al suspender su personería jurídica, las inhabilitan para abrir y poseer cuentas bancarias, realizar contratos, nóminas y otras funciones y participar en proyectos de cooperación internacional?  No hay una respuesta lógica. Lo que hay es la expresión de un poder atemorizado y paranoico que teme que existan espacios de libertad de expresión que alimenten el pensamiento y amplíen el horizonte de la ciudadanía.  Se trata de impedir otro pensamiento que no sea el promovido por su propaganda. Con este ataque a la sociedad civil y a las instituciones culturales más relevantes pretenden crear esas cárceles mentales interiores que conducen a que la gente pierda el sentido de su propia libertad y se someta a la dictadura.

Por fortuna, la historia de rebelión de Nicaragua tiene aún en su pasado reciente la derrota de un tirano. Sabemos que las dictaduras pueden desplomarse como un castillo de arena cuando sube la marea. Contamos con la solidaridad de otras Academias de la Lengua. Tenemos la sombra de Rubén Darío la bajo la cual ampararnos.

Por Gioconda Belli, Poetisa y novelista nicaragüense

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Amnistía Internacional denunció "graves violaciones" a los derechos humanos en El Salvador

La organización sostiene que 18 personas murieron bajo tutela del Estado durante el estado de excepción

El informe se da a conocer cuando empieza el cuarto año de gobierno del presidente Nayib Bukele, quien dio un discurso a la nación en el que aseguró estar ganando la "guerra contra las pandillas".

 

Una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando "graves violaciones a los derechos humanos" en el marco del estado de excepción vigente desde fines de marzo. La organización denuncia que al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado durante los poco más de dos meses del decreto de emergencia que busca combatir a las pandillas en el país centroamericano. Este informe se da a conocer cuando empieza el cuarto año de gobierno del presidente Nayib Bukele, quien el miércoles por la noche dio un discurso a la nación en el que aseguró estar ganando la "guerra contra las pandillas".

Casos de tortura y malos tratos

"Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos", sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador. Guevara Rosas indicó que, en las últimas semanas, AI "documentó en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos que corresponden a 35 personas". 

"Hasta el 28 de mayo se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días", dijo la abogada, quien denunció "casos de tortura y malos tratos" en los centros de detención y prisiones, además de detenciones indiscriminadas. 

"El país más seguro de América latina"

El presidente Bukele aseguró el miércoles por la noche que su país está "muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas", en un mensaje ante el Congreso transmitido en cadenas de radio y televisión con motivo de su tercer año de gobierno. Bukele recordó que desde el fin de la guerra civil (1980-1992) las pandillas o maras habrían sido las causantes de la muerte de al menos 120 mil personas.

El Salvador, con unos 70 mil pandilleros, lucha por escapar de la lista de los países con más homicidios del mundo. Luego del asesinato de 87 personas en el país del 25 al 27 de marzo, el Congreso, controlado por aliados del gobierno y a pedido de Bukele, decretó un estado de excepción que fue prorrogado por la Asamblea Legislativa.

La "guerra" de Bukele contra las pandillas puso a miles de soldados a patrullar las calles y llevó en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36 mil presuntos integrantes de las maras, que se suman a 16 mil más que ya se encontraban en prisión. El mandatario dijo que gracias a las acciones tomadas por su gobierno el país va a pasar de ser el "más inseguro del mundo al país más seguro de América latina", y puso como ejemplo que en mayo solo se registraron 17 homicidios en el país.

"Populista y autoritario"

El discurso de Bukele despertó fuertes críticas en la oposición. El secretario general del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, dijo que los "procesos populistas y autoritarios envejecen rápido y muy mal". "Más temprano que tarde, esta etapa oscura y sus protagonistas tendrán que rendir cuentas por sus abusos, ilegalidades, mentiras y errores", escribió el dirigente izquierdista en su cuenta de Twitter.

Por su parte el referente de la bancada del partido centroderechista Arena, René Portillo Cuadra, aseguró que Bukele "se dedicó a atacar a la comunidad internacional" y "en ningún momento habló de los proyectos ni de las promesas cumplidas".

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Miércoles, 18 Mayo 2022 06:11

#ParaQueNoSeRepita

#ParaQueNoSeRepita

 En audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica el 12 de y 13 de mayo de 2022, el equipo de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR–, presentamos los hechos de hostigamiento en contra nuestra labor de defensa de derechos humanos de los que hemos sido víctimas por décadas. Exigimos verdad, justicia y reparación para estos hechos, y que no se repitan.

Los hechos se inician en 1980 cuando en ese entonces el Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior, nos niega la constitución legal basándose en el Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala, por nuestro trabajo de defensa de presos políticos. De ahí en adelante los hechos de hostigamiento, estigmatización y desprestigio pasan por la inclusión de varios integrantes en informes de inteligencia de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, campañas de desprestigio mediático, amenazas, robos, atentados, desplazamientos y exilios, así como una gigantesca operación de inteligencia cuyo objetivo era silenciarnos. Estas acciones para restringir nuestra labor no han cesado hasta la fecha. La continua persecución a las víctimas en este caso se basa en la noción de “guerra jurídica”, según la cual, quienes hacemos uso del derecho para prevenir y responder a violaciones de derechos humanos somos –bajo la doctrina de seguridad nacional–, parte del enemigo a combatir.

En la audiencia resaltamos el abuso de inteligencia de parte del Estado a la luz de las operaciones denominadas Transmilenio, Intercambio, Imprenta, Europa, Arauca, Encuentro, entre otras, ejecutadas para afectar las diversas dimensiones del trabajo del CAJAR. Estas operaciones nos generan profundos cuestionamientos: ¿Qué efectos tiene la información falsa consignada en informes de inteligencia que relaciona a integrantes de CAJAR con grupos armados?, ¿Cuál es el uso que el Ejército Nacional iba a dar o dio a los perfilamientos ilegales develados en 2020?, ¿Qué ha hecho el Estado con la información de inteligencia ilegal recopilada respecto de la misma Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y las ONG’s litigantes CAJAR y CEJIL, en el marco de la operación intercambio del DAS?.

El Estado sostiene que la adopción de la ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia representó “un avance significativo” en la regulación interna. Sin embargo, según el perito Federico Andreu esta normativa tiene falencias importantes: 1) permite el monitoreo del espectro electromagnético, es decir la captación masiva de metadatos sin autorización judicial; 2) el ejercicio de inteligencia no cuenta con adecuados controles civiles independientes previos, durante o posteriores; 3) no existe un mecanismo de acceso, corrección y depuración de la información recaudada y la ley prevé la reserva de la información recopilada por un espacio de 30 años; y 4) por el tiempo en que fue expedida –hace 10 años– no tuvo en cuenta las nuevas tecnologías que permiten acceder a equipos de manera remota.

Por su parte el perito Rodrigo Uprimny dijo que la ley de inteligencia y contrainteligencia debe ser reformada, avanzando con un control civil autónomo e independiente. Es necesario avanzar hacia la entrega de la información recopilada respecto de las victimas de nuestro caso, sumando los artículos 11, 13 y 25 de la Convención Americana, y cumplir las recomendaciones del órgano político emitidas por la Comisión Asesora de Depuración de Datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, instalada en 2014.

¿Qué esperamos de la Corte?

Primero, que Estado debe reconocer el carácter pluriofensivo, circular, continuado y sistemático de las agresiones, como señaló la perita Ángela María Buitrago. Debe asegurar investigaciones diligentes, que comprendan todos los autores y todas las conductas, que consideren impactos diferenciales en las mujeres, y cuyos resultados sean públicos.

Segundo, que ordene que en la investigación de los hechos del caso, se atienda a estándares internacionales contemplados para otros graves crímenes, que comprenda: el desarrollo de investigaciones en contexto, la construcción de comunidad de prueba e identificación de patrones, la utilización del tipo penal de tortura, desplazamiento y otros, la atención al fin de las agresiones.

Tercero, que disponga la adopción de una política pública integral para la protección y garantía de las personas defensoras, que tome en cuenta lo establecido en el Acuerdo de Paz, las propuestas de las redes de derechos humanos y los lineamientos señalados en la pericia escrita de Lourdes Castro y Leonardo Díaz.

Cuarto, que en línea con las pericias de Federico Andreu y Rodrigo Uprimny, disponga la modificación de la ley de inteligencia y contrainteligencia, que incluya un control civil autónomo e independiente. Se debe disponer la entrega de la información recopilada respecto de las victimas de este caso, y cumplir las recomendaciones de la Comisión Asesora de Depuración de Datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

Quinto, que la Corte reconozca a todas las víctimas que representamos y ordenar al Estado reconocer y reparar a otras incluidas en archivos e informes de inteligencia que no conocemos dado el secretismo estatal.

Sexto, que ordene un acto de reconocimiento presidido por el Presidente de la República en el que se exalten los aportes de CAJAR a la justicia y al fortalecimiento democrático.

Séptimo, que la Corte ordene el desarrollo de una campaña permanente para legitimar en la opinión pública el ejercicio de defensa de derechos y rechazar los sesgos y prejuicios existentes derivados de doctrinas militares que nos ven como “enemigos”, las cuales deben desmontarse.

Si no se protege a quienes defendemos derechos humanos ¿de qué democracia estamos hablando? #ParaQueNoSeRepita

 

Por Rafael Barrios Mendivil | May 16, 2022 

Publicado originalmente en: Confidencialcolonbia.com

 

 

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La estética dialéctica de Karel Kosik

Muertos Joseph Stalin y el stalinismo (entre las dos caídas media cierto tiempo), en los países socialistas del este europeo comenzaron a florecer trabajos de pensadores que estaban ocultos o silenciados antes. En Polonia, los de Adam Schaff y Leszek Kolakowski; en Alemania Oriental el grupo de Ernst Bloch y sus discípulos; mientras en Hungría el peso de Georg Lukács, Jozsef Revai, Béla Fogarasi reclinaron la balanza hacia artistas, poetas, narradores, gentes de teatro.

Karel Kosik es un filósofo checo cuyos trabajos se difunden con mayor repercusión en las décadas del 60 y 70, y se apoyan en los inéditos en vida de Carlos Marx, los Manuscritos de 1844 y sobre todo los célebres Grundrisse (Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie) (1859) y los trabajos preparatorios de El Capital, de 1862-63. En tal sentido, preconiza Kosik la continuidad esencial de preocupaciones filosóficas de los Manuscritos respecto de temas como la alienación, el hombre total, la dialéctica sujeto-objeto, la relación entre necesidad y libertad. Sin esa elaboración filosófica, sostiene Kosik, El Capital sería incomprensible.

Nacido en Praga en 1926 y fallecido en la misma ciudad en 2003, como militante del Partido Comunista de Checoslovaquia participó activamente en la lucha clandestina contra el nazismo. Después de liberado su país, realizó estudios filosóficos en Moscú y Leningrado, y estudió Filosofía y Sociología en la Universidad Carolina de Praga. Desde 1953 trabajó en el Instituto Filosófico de la Academia de Ciencias checa. En 1956 se dio a conocer con un artículo crítico sobre Hegel, en una discusión sobre la filosofía marxista y suscitó, a su vez, agudas objeciones. En 1958 publicó un volumen de carácter histórico: La democracia radical checa. Más tarde participó en el Coloquio Internacional de Royaumont sobre la dialéctica, con una intervención que hoy constituye el primer capítulo de su libro más conocido, Dialéctica de lo concreto, y que fue publicada originariamente en la revista italiana Aut, en 1961. En 1963 asistió al XIII Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en México, donde presentó una importante comunicación: “¿Wer ist der Mensch?” (“¿Quién es el ser humano?”), provocando un enorme interés y acalorados comentarios no sólo entre los filósofos checos, sino en los medios intelectuales más diversos. Posteriormente, en 1964, participa en un coloquio del Instituto Gramsci, de Roma, sobre Moral y Sociedad (junto a Jean Paul Sartre, Roger Garaudy, Galvano Della Volpe, Cesare Luporini), donde da a conocer una brillante ponencia titulada “Dialéctica de la moral y moral de la dialéctica”, y pronuncia una conferencia sobre “La razón y la historia” en la Universidad de Milán.

Kosik participó activamente en la Primavera de Praga; de allí en adelante, perdió sus cargos como docente y no apareció más públicamente hasta 1989, aunque siguió escribiendo en privado. El 25 de abril de 1975 había sido allanada su casa y la policía política incautado manuscritos inéditos suyos, entre los cuales estaban las obras De la práctica y De la verdad. No fue sino hacia 1990 que volvió a la universidad, donde dictó conferencias hasta 1992. Cuando su visita a México, joven todavía, destacó Adolfo Sánchez Vázquez: “Estábamos, efectivamente, ante una de las obras más ricas en pensamiento, más sugerentes y atractivas que conocíamos en la literatura marxista”.

Ya en trabajos no exactamente dedicados al arte sino en el Encuentro en el Instituto Gramsci, inicia su intervención diciendo: “Bien conocido es, por ejemplo, que la teoría de Plejánov sobre el arte nunca alcanzó el análisis propiamente dicho del arte ni la determinación de la esencia de una obra de arte, sino que se agotó en una descripción prolija de sus condiciones sociales /.../ En realidad, nunca superó el estadio preparatorio, y ello, no por haber carecido de tiempo, sino por el hecho de que su punto de partida filosófico no le permitía penetrar en los problemas mismos del arte. Sus fatigosas investigaciones de las condiciones sociales y de un equivalente económico señalaban, no un comienzo que permitiese ir más lejos y más hondo, sino una limitación interior que el estudio nunca podía superar”.

Kosik penetra, siempre con mirada crítica, en cuestiones capitales del marxismo y, en primer lugar, en la cuestión del verdadero papel de la economía. Contribuye a poner las cosas en claro partiendo de la distinción marxista esencial entre estructura económica y factor económico, distinción que corresponde a la que otros subrayan entre papel determinante y papel principal de lo económico. Él aclara que la estructura económica, y no un supuesto “factor económico” (“concepto sociológico vulgar, extraño al marxismo”), constituye la clave de la concepción materialista de la historia. La distinción citada le sirve, a su vez, tanto para rechazar todo reduccionismo (del arte, por ejemplo) a lo económico, como para fundamentar el primado de la economía.

En su libro Dialéctica de lo concreto, Kosik se ocupa en dos ocasiones del arte. Una vez, lo hace al rechazar la reducción, de origen plejanoviano, del arte a las condiciones sociales (búsqueda de su “equivalente social”), y otra, al abordar, en un terreno distinto del gnoseológico en el que lo abordó Lenin, la dialéctica de lo absoluto y lo relativo. Ante una concepción historicista de las relaciones entre obra de arte y situación dada, enfrenta la conocida cuestión de cómo y por qué sobrevive aquélla a su época. En esta vital cuestión, que Marx planteó dejando en suspenso la solución, Kosik nos ofrece respuestas esclarecedoras. También al examinar el problema de las relaciones entre lo genéricamente humano y la realidad humana históricamente dada.

Específicamente, del trabajo artístico sostiene el carácter dialéctico de la praxis artística: "En la sociedad capitalista moderna el elemento subjetivo de la realidad social ha sido separado del objetivo, y los dos se alzan el uno contra el otro, como dos sustancias independientes: cual subjetividad vacía de un lado y como objetividad cosificada de otro. Aquí tienen su origen estas mistificaciones: por una parte el automatismo de la situación dada; por otro la psicologización y la pasividad del sujeto. Pero la realidad social es infinitamente más rica y concreta que la situación dada y las circunstancias históricas, porque incluye la praxis humana objetiva, la cual crea tanto la situación como las circunstancias". /.../ “Un templo griego, una ca­tedral medieval, o un palacio renacentista, expresan la realidad, pero a la vez crean esa realidad. Pero no crean solamente la reali­dad antigua, medieval o renacentista; no sólo son elementos constructivos de la reali­dad correspondiente, sino que crean como perfectas obras artísticas una realidad que so­brevive al mundo histórico de la Antigüedad, del Medioevo y del Renacimiento. En esa supervivencia se revela el carácter específico de su realidad”.

Mario Goloboff es escritor y docente universitario.

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Byung-Chul Han.. Imagen: EFE

Planteos del filósofo coreano en su último libro, "Infocracia"

El autor de La sociedad del cansancio expone en su nuevo trabajo el modo en que el "régimen de la información" ha sustituido al "régimen disciplinario". Han señala que la gran hazaña de la infocracia es haber inducido en sus consumidores/productores una falsa percepción de libertad. Y concluye: "El intento de combatir la infodemia con la verdad está condenado al fracaso. Es resistente a la verdad".

 

Byung-Chul Han es un portador sano del cuadro social y comunicacional que expone su obra: sus libros son breves, de consumo rápido, transparentes. Cada uno de ellos propone apenas un puñado de conceptos, fácilmente reductibles a una frase-slogan que fluye a través de las redes sociales y sirve de "comodín" para reforzar opiniones de diversa índole. Su gran aporte al pensamiento de las últimas décadas seguramente haya sido su análisis del individuo autoexplotado, nuevo sujeto histórico del capitalismo. Pero más allá de esta idea-fuerza, el principal mérito del filósofo coreano es haber captado la "atmósfera" de esta época para después traducirla a textos en los que un ciudadano común con cierta sensibilidad -política, cultural, gremial- se siente reflejado. 

En su último libro, Infocracia, recientemente publicado por el sello Taurus, Han indaga en el modo en que el "régimen de la información" ha sustituido al "régimen disciplinario". De la explotación de cuerpos y energías tan bien analizada en su momento por Michel Foucault se ha pasado a la explotación de los datos. Hoy la señal de detentación de poder no está vinculada con la posesión de los medios de producción sino con el acceso a la información, que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el pronóstico del comportamiento individual.

En su exposición genealógica, Han describe la declinación de aquel modelo de sociedad diseccionado por el autor de Vigilar y castigar, y encuentra puentes con otros autores del siglo XX como Hannah Arendt, de quien rescata ciertos enfoques sobre el totalitarismo. Han dice que hoy estamos sometidos a un totalitarismo de nuevo cuño. El vector no es el relato ideológico sino la operación algorítmica que lo sostiene. 

El filósofo rodea los temas que ya había expuesto en otros trabajos (la compulsión hacia el "rendimiento" que describió en La sociedad del cansancio; la aparición de un habitante voluntario del panóptico digital, plasmado en La sociedad de la transparencia; el acomodamiento al imperativo del "like" como analgésico del presente tratado en La sociedad paliativa ) y pone el foco en el cambio estructural de la esfera pública, atravesada por la indignación digital, que debilita lo que alguna vez entendimos como democracia. 

Han sostiene que en esta sociedad marcada por el dataísmo, lo que se produce es una "crisis de la verdad". Escribe: "este nuevo nihilismo no supone que la mentira se haga pasar por verdad o que la verdad sea difamada como mentira. Más bien socava la distinción entre verdad y mentira". Donald Trump, un político que funciona como si fuera él mismo un algoritmo y solo se guía por las reacciones del público expresadas en las redes sociales, no es, en ese sentido, el clásico mentiroso que tergiversa deliberadamente las cosas. "Más bien es indiferente a la verdad de los hechos", señala el filósofo. Esta indiferenciación, sigue Han, supone un riesgo mayor para la verdad que el instaurado por el mentiroso.

El pensador coreano diferencia los tiempos actuales de aquellos no tan lejanos en que dominaba la televisión. Define a la TV como un "reino de apariencias", pero no como "fábrica de fake news". Señala que la telecracia "degradaba las campañas electorales hasta convertirlas en guerras de escenificaciones mediáticas. El discurso era sustituido por un show para el público". En la infocracia, por el contrario, las disputas políticas no degeneran en un espectáculo sino en una "guerra de información".

Porque también las noticias falsas son, ante todo, información. Y se sabe que "la información corre más que la verdad". Por eso, concluye con el pesimismo que le es característico: "El intento de combatir la infodemia con la verdad está, pues, condenado al fracaso. Es resistente a la verdad".

Define la situación actual con una frase-slogan de esas que tanto le gustan al autor de No-cosas: "La verdad se desintegra en polvo informativo arrastrado por el viento digital". 

Pero, ¿cómo es esta víctima arrastrada por el viento digital? ¿Cómo se comporta? "El sujeto del régimen de la información no es dócil ni obediente. Más bien se cree libre, auténtico y creativo. Se produce y se realiza a sí mismo". Este sujeto --que en el actual sistema también se realiza como objeto- es simultáneamente víctima y victimario. En ambos casos el arma utilizada es el smart phone. 

A través de esta herramienta los medios digitales han puesto fin a la era del hombre-masa. "El habitante del mundo digitalizado ya no es ese 'nadie'. Más bien es alguien con un perfil, mientras que en la era de las masas solo los delincuentes tenían un perfil. El régimen de la información se apodera de los individuos mediante la elaboración de perfiles de comportamiento".

La gran hazaña de la infocracia es haber inducido en sus consumidores/productores una falsa percepción de libertad. La paradoja es que "las personas están atrapadas en la información. Ellas mismas se colocan los grilletes al comunicar y producir información. La prisión digital es transparente". Es precisamente esa sensación de libertad la que asegura la dominación. Actualiza, por último, el mito platónico: "Hoy vivimos presos en una caverna digital aunque creamos que estamos en libertad".

Una revolución en los comportamientos que excluye toda posibilidad de revolución política. Dice Han: "En la prisión digital como zona de bienestar inteligente no hay resistencia al régimen imperante. El like excluye toda revolución".

En tiempos de microtargeting electoral se produce, de todos modos, un fenómeno paradojal: la tribalización de la red. Intereses segmentados que se expresan a través de discursos previamente diseñados y que van erosionando lo que Jürgen Habermas había definido teóricamente como "acción comunicativa". "La comunicación digital como comunicación sin comunidad destruye la política basada en escuchar", escribe Han, quien destaca que en el viejo proceso discursivo los argumentos podían "mejorarse", en tanto ahora, guiados por operaciones algorítmicas, apenas se "optimizan" en función del resultado que se busca. 

Es la derecha la que más capitaliza este fenómeno de tribalización de la red, asegura el filósofo, porque en esa franja es mayor la demanda de "identidad del mundo vital". En una sociedad desintegrada en "irreconciliables identidades sin alteridad", la representación, que por definición genera una distancia, se ve sustituida por la participación directa. "La democracia digital en tiempo real es una democracia presencial", que pasa por alto su ámbito natural de representación: el espacio público. Así se llega a una "dictadura tribalista de opinión e identidad". 

El sujeto autoexplotado de la sociedad del cansancio, el habitante voluntario de la sociedad transparente, el individuo que se entrega a la sociedad paliativa, también se somete, concluye Han, a la fórmula del régimen de la información: "nos comunicamos hasta morir". 

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La burocracia china y la política cero COVID: entre la ineficiencia y la locura

A finales de este año, Xi Jinping planea conseguir un tercer mandato sin precedentes como líder del Partido Comunista Chino. Para conseguirlo, Xi debe demostrar su eficacia en dos ámbitos: que su política contra el COVID19 está funcionando y que la mayor economía de Asia es resistente.

Una vez más la autoridad del máximo dirigente chino se pone a prueba como nunca antes. Hasta ahora China había logrado escapar a la condena universal tras el brote de la pandemia de Covid-19 en Wuhan, a la vez que el descalabro que la extensión de la misma había generado en todo el mundo contrastaba con el relativo pequeño número oficial de muertos dado por Pekín, así como de la continuidad del crecimiento económico. Su política de cero COVID le permitió proclamar, ya en septiembre de 2020, su victoria en la batalla contra la pandemia. La misma hasta ahora gozaba de un gran consenso político y social. Tanto el gobierno como el pueblo sentían que su sistema tenía ventajas únicas sobre Occidente, lo que demostraba que China estaba en la cima y que las cosas iban mejor. Todo esto se derrumba ante el brote de la variante Omicron y sus derivados, mucho más contagiosos que los anteriores. El aumento sin precedentes del número de casos y muertes –o quizás su mayor visibilidad– fueron suficientes para que las ineficacias e irracionalidades del funcionamiento del poder chino queden repentinamente expuestas al mundo.

La ineficacia y el carácter dictatorial de la burocracia al desnudo

Los cierres sucesivos y draconianos que se están produciendo en China frente a la nueva oleada de COVID19 superan cualquier film distópico de no importa qué serie del último tiempo. Decenas de ciudades grandes o pequeñas están sometidas a confinamientos totales o parciales por el covid-19. Sin embargo, el punto crucial es Shanghái, la ciudad más grande y cosmopolita de China, con unos 26 millones de habitantes. Después de todo, Shanghai había sido la ciudad mejor gestionada de China durante los dos años de la pandemia, un modelo en el que las autoridades locales impusieron restricciones mínimas mientras se aseguraba de que los brotes estuvieran controlados. Esta megalópolis ya lleva la quinta semana de confinamiento duro como en los peores momentos de Hunan que sólo se ha aflojado ligeramente. Todos los indicadores apuntan a que Pekín va a sufrir el mismo destino.

Dos residentes describen la ciudad en el pico de la locura:

… a medida que los casos aumentaban hasta marzo, los residentes y los funcionarios se preocupaban. Un funcionario que dirige el departamento de salud mental de Shanghái salió en televisión para decir a los residentes que debían "reprimir el anhelo de libertad del alma", lo que provocó que los divertidos ciudadanos crearan memes que satirizaban un giro espiritual en la jerga oficial del partido. Diez días después, Shanghái declaró un cierre temporal y escalonado que rápidamente se convirtió en indefinido y global. Nuestro cierre rivalizó con dos de los más duros del país: Wuhan a principios de 2020 y Xi’an a finales de 2021.A los residentes sólo se les permitió salir de sus apartamentos para realizar pruebas de PCR. Pocos negocios podían funcionar. La gente luchaba por conseguir productos de primera necesidad, como suministros médicos, ayudas a los ancianos y alimentos. La mayoría de los restaurantes y supermercados ya no podían hacer entregas. Las autoridades locales se encargaron entonces de la distribución de alimentos, haciendo que los residentes dependieran de los paquetes de comida organizados por el gobierno. La gente no tardó en irritarse. Cuando empezaron a cantar y entonar cánticos en sus balcones, el gobierno envió un dron con un megáfono que repetía: "Por favor, repriman el anhelo de libertad del alma". La segunda vez no fue tan divertida. El impacto inmediato del cierre ha sido un aplanamiento social de la ciudad. Algunos hogares pudieron abastecerse de alimentos mejor que otros, pero la mayor parte de la ciudad –ricos y pobres, jóvenes y viejos, locales y extranjeros– está en el mismo barco: atrapada en casa con un acceso mínimo a la abundancia de Shanghai. Kathy Xu, una de las principales capitalistas de riesgo del país, pidió pan y leche en las redes sociales. Abundan las bromas sobre el hecho de que China haya alcanzado la "prosperidad común", la iniciativa emblemática presentada por Xi en 2021 para abordar la desigualdad, una década antes de lo previsto.

Este humor de encierro era una de las pocas formas de escapar a las medidas surrealistas en el terreno. Así, los funcionarios de Shanghái han instalado vallas metálicas para impedir que la gente salga de los edificios donde se ha registrado algún contagio. Hace unos días en Qianan, provincia de Hebei, en el norte de China, se ha ordenado a los residentes que entreguen las llaves de sus casas a las autoridades para garantizar que no salgan de ellas. Los residentes que se nieguen a cooperar verán sus puertas selladas desde el exterior y acordonadas con alambre de púa. Medidas que a su vez han creado un clima de terror, como en los peores momentos del régimen maoísta. Así, vídeos virales mostraban a agentes de policía golpeando o deteniendo a los que no cumplían, y a trabajadores sanitarios golpeando hasta la muerte a perros que habían sido abandonados por personas en cuarentena.

Sin embargo, a pesar de la creciente ira contra Xi y esta política, en su reunión del 5/5 el Comité Permanente del Partido ha dejado claro que ha decidido continuar con la política de "cero-Covid”; "La persistencia es la victoria", declaró la reunión. Dicho cónclave advirtió a los cuadros de no vacilar en la lucha: “La práctica ha demostrado que nuestra política de prevención y control está determinada por la naturaleza y el propósito del Partido, nuestras políticas de prevención y control pueden resistir la prueba de la historia, y nuestras medidas de prevención y control son científicas y eficaces. Hemos ganado la batalla para defender Wuhan, y seguramente podremos ganar la batalla para defender Shanghái”.

Detrás de estas medidas draconianas en la gestión de la crisis del COVID19, se revela una vez más la fragilidad del régimen chino. Es que debido a la infalibilidad del secretario general del PCCh ninguna crítica se puede hacer en relación a sus decisiones políticas de más en más controversiales y que hoy en día las masas chinas están pagando con un confinamiento dictatorial y escandaloso. Tiene razón la especialista Valérie Niquet, cuando afirma que:

Lejos del pragmatismo, el único factor que guió la toma de decisiones fue la imagen y el poder del Partido Comunista y de su líder Xi Jinping, que no podía ser cuestionado de ninguna manera; incluso a costa de un coste considerable, cuyo alcance probablemente aún no se conoce […] China compró la licencia de distribución de las vacunas de Pfizer, mientras se negaba a producirlas por nacionalismo tecnológico, para imponer mejor su control a Taiwán, que no puede abastecerse libremente. Según varios estudios, las vacunas chinas son mucho menos eficaces que las de ARN mensajero, pero Pekín no quiere atender a razones, en nombre de la supuesta superioridad de su sistema, como sostiene la propaganda oficial. Sobre todo, aunque imaginábamos que las campañas de vacunación estarían perfectamente organizadas, ahora sabemos que apenas más del 50 % de la población china estaría totalmente vacunada. Y que en esta proporción, las personas de mayor edad, las que no se desplazan, son las menos cubiertas.

Los fracasos de la máxima dirigencia del PCCh han llevado a la China a su impasse actual:

Y de hecho, debido a las malas decisiones tomadas en materia de vacunas, relevar esta política expondría a China a cientos de miles de infecciones, a decenas de miles de muertes, incluso si Omicron parece ser menos letal que las variantes anteriores. Todo el argumento de la superioridad del régimen se derrumbaría. Esto es tanto más cierto cuanto que el sistema sanitario también revela sus debilidades. Detrás de los hospitales modelo, de los que Shanghái está bien equipada, se reconoce que la cadena asistencial -incluso en la ciudad, y más aún en el campo- no podría absorber a los pacientes, con el riesgo de aumentar el número de muertes [1].

Todo esto confirma el análisis realizado al comienzo de la pandemia en China de que la burocracia ahoga la economía, la vida social y cultural y que luego el control del COVID parecía desmentir frente a la debacle en el resto del mundo, incluido los principales países imperialistas, en especial los Estados Unidos. Más grave aún para esta casta enriquecida y parasitaria, las decisiones de Xi Jinping más allá del alto costo que las poblaciones está pagando, pueden tener un alto costo político ya que no tocan a sectores despreciados o periféricos del consentimiento social como el campo, sino que afecta en gran medida a las bases centrales de apoyo del Partido, aquellos sectores sociales que han asumido el pacto implícito de aceptar la falta de libertades políticas a cambio de los beneficios de la sociedad de consumo.

Peligro a su rol de mejor fuente de aprovisionamiento del mundo

Estos errores de la política sanitaria no solo pueden romper el consenso con los sectores beneficiados por las reformas capitalistas, sino que ponen en cuestión el rol de China como mejor fuente de aprovisionamiento del mundo.

Así, personajes altamente influyentes que se han beneficiado de esta mundialización productiva y que no se caracterizaban por ser enemigos de Pekín, comienzan a tirar la campana de alarma. Este es el caso del aleman Jörg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio europea en China, y de la filial china de la química BASF. En una entrevista publicada el 28 de abril pasado en el diario suizo The Market, afirma que el crecimiento no será de 5,5 % en 2022 como se había previsto, sino que será del 4 %. Según él, a causa de la política de cero Covid, “China va en camino a perder la credibilidad como mejor fuente de aprovisionamiento del mundo”. Asimismo, señala que las políticas económicas y sanitarias llevadas adelante actualmente están erradas, pero que por la proximidad del 20 Congreso que será en el otoño, cualquier cuestionamiento es imposible. “China no sale de la encrucijada en que la ha metido el Presidente. Los líderes son prisioneros de su propia narrativa. Es trágico” [2].

Esto no significa que vaya a haber una huida de inversores extranjeros [3] pero las dudas e incertidumbres a largo plazo del rol de la China dentro de la cadena de suministros globales se acrecientan, al tiempo que las multinacionales allí presenten se vuelven más cautelosas. Estas, por un lado, están obteniendo grandes beneficios y siguen esperando crecer. El grueso de las empresas multinacionales ganó mucho dinero con sus operaciones en China en 2020 y 2021, cuando el crecimiento de China superó al de la mayoría de los países del mundo. Pero el cierre de Shanghái y el trastorno más amplio de las duras políticas de Covid de China están imponiendo grandes costes económicos en 2022, y las empresas están luchando para decidir cómo ajustar sus estrategias. Según informa el Financial Times, General Electric achacó a las "importantes limitaciones de la cadena de suministro" la menor producción de su negocio de motores para aviones comerciales y el menor crecimiento de los ingresos de su división de salud, en la que las paradas en algunas regiones de China también estaban afectando a la demanda [4]. El mismo diario informa que los ejecutivos de Apple advirtieron que el grupo podría sufrir una caída de hasta 8.000 millones de dólares en el trimestre actual debido a los vientos en contra que incluyen la escasez de la cadena de suministro y el cierre de fábricas en China, lo que subraya que los desafíos que plantea la pandemia están lejos de terminar para la empresa más valiosa del mundo. "Las restricciones de suministro causadas por las interrupciones relacionadas con el virus Covid y la escasez de silicio en toda la industria están afectando a nuestra capacidad para satisfacer la demanda de nuestros productos por parte de los clientes", declaró el jueves a los analistas el director financiero de Apple, Luca Maestri [5]. Por último, según también el Financial Times, los cierres por coronavirus en China están mermando los ingresos de las grandes cadenas minoristas mundiales, con cientos de millones de residentes confinados en sus hogares en el mayor mercado de consumo del mundo. Starbucks y Yum China, propietaria local de las marcas KFC y Pizza Hut, se encuentran entre los grupos multinacionales que advierten de la caída de las ventas a medida que la inamovible política de cero COVID del presidente Xi Jinping erosiona la confianza de los consumidores y asfixia las cadenas de suministro en China [6].

Las multinacionales también tienen preocupaciones a más largo plazo en torno a las crecientes tensiones geopolíticas. Las empresas estadounidenses con operaciones en China han sufrido un golpe tras otro desde que Donald Trump entró en la Casa Blanca. Los halcones de las administraciones de Trump y Biden, así como del Congreso, han presionado para desvincularse, utilizando instrumentos políticos que incluyen aranceles, restricciones a la exportación, sanciones de bloqueo, prohibiciones de importación y órdenes de desinversión con el fin de cortar los vínculos económicos entre los dos países. En su mayor parte, las multinacionales han resistido por la razón de que China sigue siendo un mercado lucrativo. Pero, así como las cuestiones sociales en el activismo de izquierda, en el clima enrarecido actual de los Estados Unidos no puede descartarse que los responsables políticos estadounidenses hayan creado un clima de vergüenza moral por hacer negocios en China, lo que podría producir mayores sanciones más adelante. Un Congreso más beligerante, podría crear un mecanismo de revisión de las inversiones salientes en los próximos años. Y parte de la incertidumbre estratégica que pesa sobre la globalización, los ejecutivos son más abiertos a pensar lo que se consideraba eventos de baja probabilidad. En particular, la invasión rusa de Ucrania está concentrando las mentes en lo que podría ocurrir si Pekín inicia un conflicto por Taiwán. Una repetición de las sanciones impuestas a Rusia significaría probablemente el fin de China como historia de crecimiento para las multinacionales.

¿El 2008 chino?

El que habla de la situación actual así no soy yo, sino uno de los ejecutivos más amigos de China hasta hace poco. El fundador y presidente de uno de los mayores grupos de inversión de capital riesgo de Asia ha criticado al gobierno chino por unas políticas que, según él, han provocado una "profunda crisis económica" comparable al crack financiero mundial. Weijian Shan, cuyo grupo PAG gestiona más de 50.000 millones de dólares, dijo que su fondo se había diversificado fuera de China y estaba siendo "extremadamente cuidadoso" con su cartera en el país. "Creemos que la economía china está en este momento en la peor forma de los últimos 30 años", dijo en un vídeo de una reunión visto por el Financial Times. "El sentimiento del mercado hacia las acciones chinas también está en el punto más bajo de los últimos 30 años. También creo que el descontento popular en China está en el punto más alto de los últimos 30 años". En el vídeo, Shan dijo que gran parte de la economía china, incluido su centro financiero, Shanghái, había sido "semiparalizada" por las "draconianas" políticas de cero-codificación y que el impacto en la economía sería "profundo". "Para nosotros, China se parece a Estados Unidos y Europa en 2008", añadió Shan [7].

Probablemente su juzgamiento sea exagerado, pero habla del cambio de opinión de ejecutivos de grandes empresas o fondos de inversión o analistas económicos, fanáticos y defensores a ultranza contra todos los anunciadores de catástrofes del modelo chino en todos estos años, e incluso décadas. Otro giro sorprendente es el de Stephen Roach, un antiguo presidente de Morgan Stanley Asia que ha ganado mucho dinero con China. En una entrevista concedida a SupChina, un medio de comunicación online especializado en China, este economista, al que se escucha tanto en Wall Street como en Pekín, afirmó que los principales problemas de China –la política del cero de Covid, la proximidad con Rusia, el desarrollo de la tecnología, etc.– se deben a "un proceso de toma de decisiones asombrosamente rígido, que, en primer lugar, es incapaz de reconocer sus errores y, en segundo lugar, no es lo suficientemente flexible como para adoptar una estrategia diferente". Para él, "incluso un partido único y un Estado autoritario necesitan tener debates y ser capaces de mirarse en el espejo" [8].

Y como un ejemplo de esa falta de pensamiento crítico mismo al interior del régimen burocrático, citaba que hoy en día debido al poder absoluto de Xi, no hay nadie que pudiera hacer un comentario como el que el ex primer ministro Wēn Jiābǎo hizo en marzo de 2007, en una rueda de prensa después de la Asamblea Popular Nacional, en la que dijo: "La economía china es fuerte en la superficie, pero bajo la superficie, es inestable, desequilibrada, descoordinada y, en última instancia, insostenible" [9]. En la misma entrevista sostiene que hay una clara sensación de que el déficit de crecimiento es significativo y probablemente duradero, cuestión que he analizada a propósito de la crisis del gigante inmobiliario Evergrande y el difícil pasaje del “crecimiento ficticio” al “crecimiento genuino” en China. También habla de la angustia del mercado laboral, que rara vez es captada por los datos oficiales de desempleo en China, que según sus palabras “… puede ser una indicación de que la cadena de suministro y las repercusiones del COVID es más grave de lo que nos han hecho creer”.

En el marco del difícil equilibrio en el plano internacional como hemos señalado a propósito de la guerra de Ucrania, donde se mueve entre la alianza con Rusia y la dependencia de Occidente, todos estos frentes de nubarrones internos pintan un panorama altamente complejo a pocos meses de una reunión decisiva para el futuro del secretario general del PCCh y de China. Su idea de apaciguar las aguas en este año para que esta reunión decisiva se pase bien está volando por los aires. China se encuentra, pues, en una situación en la que hay dificultades internas y externas. Esto crea una mezcla peligrosa para Xi y la consolidación de su salto bonapartista, que podría ser puesto en cuestión más que en el próximo Congreso del partido en la realidad económica, social y de la lucha de clases que se avecina. La burocracia del PCCH arriesga ser cada vez más disfuncional si las fortalezas del milagro chino dan paso a sus vulnerabilidades.

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NOTAS AL PIE


[1] Valérie Niquet : “La République populaire de Chine s’est enfoncée dans une inefficacité dangereuse”, Le Monde, 27/4/2022.


[2] “Trois hommes d’affaires influents tirent la sonnette d’alarme: la Chine va mal”, Le Monde, 3/5/2022.


[3] La inversión estadounidense en China se mantuvo estable incluso durante lo peor de la guerra comercial del presidente Donald Trump, con una inversión extranjera directa de unos 14.000 millones de dólares al año en la década anterior a 2020, según Rhodium Group. Grandes fabricantes como Tesla y Apple han aumentado su presencia en el país, persiguiendo sus inigualables capacidades de producción, así como su creciente mercado. Los fabricantes de productos sanitarios y de consumo siguen viendo un aumento de la demanda entre la creciente clase media china, que puede permitirse productos de mayor calidad. Y empresas financieras como JP Morgan y BlackRock han obtenido licencias para operar en el país con empresas de su propiedad.


[4] “GE warns on outlook as China lockdowns worsen supply chain woes”, 26/4/2022.


[5] “Apple forecasts up to $8bn hit from supply chain problems”, 28/4/2022.


[6] “China lockdowns erode multinationals’ revenues”, 4/5/2022.


[7] “China in ‘deep crisis’, says Hong Kong private equity chief”, Financial Times, 28/4/2022.


[8] Ídem 3.


[9] “The China cushion has deflated - Q&A with Stephen Roach”, 29/4/2022.

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