La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, adelantó en un discurso ante la Asamblea Nacional que el gobierno controlará de forma inminente 100 por ciento del capital de la compañía abastecedora de energía en el país

Seremos la primera gran nación en salir de los combustibles fósiles, pero necesitamos manejar la producción, argumenta

 

Madrid. Francia anunció un cambio histórico en pos de recuperar la soberanía energética perdida durante las últimas décadas por la liberalización del sector: la nacionalización total de la energía eléctrica, que en este caso está gestionada por el empresa Electricidad de Francia (EDF). La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, adelantó en un discurso ante la Asamblea Nacional que el gobierno controlará de forma inminente 100 por ciento del capital de la compañía abastecedora de energía en el país, con el objetivo de fortalecer su independencia energética y alcanzar las emisiones cero.

En un contexto cada vez más volátil, en el que el precio de la electricidad se decide en el mercado mayorista y a expensas de las subastas y las pujas de las grandes multinacionales, Francia decidió dar un vuelco en la tendencia europea para mitigar la cada vez más acuciante pérdida de soberanía energética, dos palabras que en los últimos meses han vuelto al debate público, así como el de la nacionalización. El gobierno francés augura que en unas circunstancias como las actuales, agravadas con la guerra en Ucrania, el resto de los mercados de la energía en Europa seguirán sus pasos, con nacionalizaciones totales o parciales.

El Estado francés controla actualmente 83.88 por ciento de la empresa EDF, es de los pocos países europeos que no han renunciado a controlar desde el Estado un sector tan crucial y esencial para vida de la ciudadanía, si bien ahora se dará un paso y se llevará a cabo una nacionalización total.

Estamos en un periodo de la historia en que los países deben ganar también la batalla de la energía y la producción, por eso les confirmo hoy que el Estado tiene la intención de controlar 100 por ciento del capital de EDF, anunció Borne, que además defendió el modelo francés, que mantiene en actividad sus centrales nucleares al tiempo que impulsa los modelos alternativos más limpios.

Seremos la primera gran nación ecológica en salir de los combustibles fósiles, pero para eso necesitamos tener el control total de la producción y de nuestro futuro energético, advirtió la funcionaria francesa, quien no ocultó que su decisión también está vinculada a la volatilidad provocada por la guerra en Ucrania: Aunque nuestro país es menos dependiente del gas ruso que nuestros vecinos, no podemos creer ni hacer creer que seremos inmunes a las decisiones unilaterales de Rusia. Si Rusia cortara sus exportaciones de gas, también nos veríamos afectados. Así que a partir de ahora debemos considerar todos los escenarios posibles, incluso los más difíciles, y compartir sus consecuencias con todos los actores y con el pueblo francés. Podemos resistir, pero todos debemos poner de nuestra parte.

El gas y la industria nuclear, energías verdes para la UE

La medida adoptada por Francia también está relacionada con los cambios jurídicos y estratégicos adoptados por la Unión Europea (UE), que a partir de ahora considera el gas y la industria nuclear como energías verdes. Para dejar atrás el carbono adoptaremos un mix energético equilibrado alrededor de las energías renovables y de la nuclear. Aceleraremos el despliegue de energías renovables e invertiremos en la nuclear con la construcción de nuevos reactores e innovaciones para la energía nuclear del futuro, aseguró.

Arrastra pasivos por 43 mil millones de euros

La medida provocó una ola de reacciones en Europa, tanto a nivel bursátil como político, ya que muchos países se están planteando volver a las nacionalizaciones de la energía eléctrica ante la escalada sin freno de los precios y la vulnerabilidad que está provocando en la sociedad.

EDF arrastra un pasivo de 43 mil millones de euros (900 mil millones de pesos), con el que tendrá que asumir el objetivo impuesto por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de poner en marcha a partir de 2035 seis nuevos reactores nucleres, con un precio estimado de 52 mil millones de euros, monto al que hay añadir 50 mil millones de euros, necesarios para mantener en servicio el parque atómico actual, compuesto de 58 reactores que normalmente generan 70 por ciento de la electricidad del país.

El anuncio de la nacionalización provocó una subida inmediata de la cotización bursátil de la empresa, que se mantenía a la baja desde la apertura de la sesión en el mercado europeo, por debajo de los 7.3 euros, pero tras conocerse la noticia subió cerca de 8 por ciento hasta casi 8.6 euros.

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Las dos caras de un mismo drama: El país en la deriva confrontacional

Ante el agotamiento y decadencia del modelo masista

“La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven”. Eric Hobsbawm., Historia del Siglo XX.

  1. INTRODUCCIÓN.

En una extraña situación paradojal y como queriendo ir a contramarcha de procesos e insurgencias que están ocurriendo en países vecinos que anuncian esperanzadores avances y cambios (como en Colombia, Chile, Ecuador insurgente, y tal vez Brasil); nuestro país, Bolivia, parece como si estuviese empeñado en cumplir aquel extraño karma por el cual, como en el pasado, habiendo sido protagonista del primer grito libertario republicano de Latinoamérica aquel 16 de Julio de 1809, terminó siendo uno de los últimos países en lograr la independencia en 1825.

Es como como si se hubiese perdido el rumbo, porque habiendo marcado la ruta ya a inicios de este nuevo siglo, cuando sucesivamente se produjeron la guerra del agua en abril del año 2001, la guerra del gas en octubre de 2003 (que terminaron expulsando al neoliberalismo y transnacionales del país), y posteriormente la Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva Constitución Política del Estado (cosa que países vecinos se encuentran recién emprendiendo luego de prácticamente dos décadas); ahora nos encontramos en una situación de incertidumbre confrontacional, sin haber cumplido el mandato encomendado, ni haber realizado las tareas planteadas en aquella coyuntura performativa.

Por ello, si bien a poco más de una década y media de tiempo desde que se estableció el actual régimen de gobierno, quizás no exista aún la distancia y serenidad necesarias para ejercitar una evaluación histórica; pero a cambio, si se tienen ya elementos, factores y hechos que pueden permitir realizar un ejercicio prospectivo de lo que podría suceder a futuro.

En esa perspectiva, aleccionado por esa dura sentencia de Eric Hobsbawm con respecto de aquella juventud de fines del siglo XX, y precisamente para evitar y revertir esa suerte de rompimiento con el pasado (cuya cita se transcribe al inicio de este trabajo), la idea es alertar y prevenir acerca de lo que previsiblemente nos depara el actual curso de los acontecimientos y la forma de cómo se está encarando el proceso nacional. Al efecto, aludiendo al anverso y reverso de una moneda, ensayaré un análisis crítico acerca de lo que podemos llamar las dos caras del mismo proceso: el régimen de gobierno y la oposición política.

  1. EL RÉGIMEN DE GOBIERNO DEL MAS.

No es posible entender la deriva del régimen masista luego de los más de 15 años que lleva en el gobierno, sin hacer referencia a la decadencia y agotamiento del modelo que decidió adoptar e imponer. Asumiendo el criterio de Octavio Paz en referencia al concepto de decadencia en ese su tan lúcido análisis sobre la colonización española en México, también “baste con decir que el signo inequívoco de todas las decadencias es la pérdida de un proyecto nacional” 1/.

Y esto es precisamente lo que sucedió con el MAS. A lo largo de algo más de la década y media que ya lleva gobernando, si bien por ahora no se conocen ni es posible entender las razones de fondo que motivaron su accionar, en cambio sí existen hechos y decisiones incontrovertibles que dan cuenta de la decadencia y agotamiento de su modelo, en vista del extravío del proyecto nacional.

¿Cómo se explica esta situación que más allá de endilgar una grave responsabilidad respecto de un régimen de gobierno, en realidad evidencia la pérdida de aquel instrumento principal de construcción del futuro y el destino del país?. Lamentablemente la extensión de este trabajo no permite desarrollar con el detenimiento necesario cada una de las manifestaciones del proceso seguido en esta última década y media. Sin embargo, a efecto de ejemplificar y mostrar con claridad los hechos que dan cuenta semejante deriva, se hará mención a los hitos y expresiones más destacables.

Un Proyecto Nacional no es un asunto puntual que se construya a similitud de lo que se hace con un programa de gobierno o un plan de desarrollo. Es más, se trata de procesos de maduración, e inclusive conflicto y crisis, que no se circunscriben a un episodio circunstancial, menos burocrático, en el desempeño de la sociedad. Por ello, para contar con un proyecto nacional, no basta con disponer de un diseño o una propuesta para la gestión de gobierno. En realidad implica un acuerdo y un compromiso de carácter nacional que emerge de momentos constitutivos 2/ generalmente excepcionales que no surgen en situaciones de regularidad normal ni cotidiana, y que además demandan el involucramiento decisivo del todo el conjunto del país.

Ahora bien, después de la revolución de 1952 que también dio paso a uno, esto es lo que sucedió con el país aproximadamente desde inicios del año 2000 hasta que la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Se trata de un proceso donde se condensan y asumen todo el conjunto de aspiraciones, luchas y propuestas (incluyendo por ejemplo la histórica agenda nacional de Octubre 3/) que en principio se habían expresado como movimientos de insurgencia y rebelión popular en las guerras del agua y del gas, para terminar siendo plasmadas y traducidas en una versión equivalente de mandato constitucional, que deviene como resultado del debate y la concertación nacional alcanzada en la Asamblea Constituyente, pocos años después. Por eso puede sostenerse que la nueva Constitución contiene el mandato soberano y es equivalente a lo que se entiende por un Proyecto Nacional que terminó desplazando, expulsando y derrotando al proyecto neoliberal que (influenciado por la corriente mundial de la llamada escuela de Chicago) se había adoptado en Bolivia desde 1986.

Este es el Proyecto Nacional que el régimen del MAS abandona, traiciona y termina envileciendo. Tanto es así que llega al punto no solamente de cerrar y negarle al país la oportunidad de resolver los problemas nacionales y saldar las deudas históricas que le aquejan, sino también al dar continuidad a aquellos perversos ciclos de expoliación, enajenación antinacional y usurpación de nuestros recursos naturales tan dramáticamente denunciados por Sergio Almaraz 4/. A diferencia de los ciclos anteriores, en el caso del régimen del MAS han llegado inclusive al extremo de la destrucción de la naturaleza y la vida, la pérdida de inmensas extensiones de bosques, recursos genéticos y la biodiversidad del patrimonio nacional, para terminar recalando en el litio, como el nuevo recurso a disposición.

Aunque evidentemente ningún proceso histórico tiene carácter lineal ni es mecánicamente ordenado en vista de los cambiantes factores y fuerzas que intervienen, en este caso el abandono, la traición, y el envilecimiento al que hicimos referencia, se expresaron como una sucesión paulatina, acumulativa y sistemática de hechos y decisiones que terminaron extraviando y perdiendo aquel Proyecto Nacional popular que se había pergeñado con tanto sacrificio.

El primer peldaño y muestra del abandono del Proyecto Nacional, se exteriorizó por medio de aquella negociación congresal que dio curso al cambio de varios aspectos del contenido de la Constitución aprobada en Asamblea Constituyente 5/. Ese hecho constituye el antecedente primigenio de un proceso que, independientemente de la responsabilidad del régimen masista de entonces, ha terminado dejado desguarnecido al país.

Junto a ello, es imposible dejar de mencionar el abandono y tácito incumplimiento de tareas como la descolonización (que vaciada de toda perspectiva se ha convertido en una vergonzosa función de folclorización y negocio cultural, en la más optimista de las visiones), la despatriarcalización, o la construcción de un estado intercultural, etc., solo para mencionar ejemplos de una larga lista de asuntos nacionales que fueron a parar en el olvido, o que sencillamente adoptan el rostro de la farsa.

Después del abandono (aunque no necesariamente en forma cronológica sino inclusive simultánea), se patentizó la traición. Ello lleva a preguntarse: ¿Dónde quedó el gobierno de los pueblos indígenas que se decía representar y defender?. ¿Cómo se explican las violentas represiones, los enfrentamientos, cercos militares, etc., como en Chaparina, Takovo Mora o Caranavi donde al margen de atentar flagrantemente contra derechos constitucionales inclusive se cobraron muertos y delitos que quedaron en la impunidad?. Tampoco puede dejar de mencionarse la aprobación de normas como la de deslinde jurisdiccional, o las autonomías por ejemplo. En ellas, a contra ruta de cumplir el mandato constitucional reafirmando el carácter plurinacional por medio de la promoción de la interculturalidad y el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas; más bien terminan distorsionando, supeditando y anulando toda posibilidad de ejercer plenamente derechos como a la consulta previa, la autodeterminación, la autonomía y hasta inclusive el respeto a sus territorios y su forma de vivir que sistemáticamente son avasallados, intervenidos y hasta destruidos 6/.

La traición no solo es la ausencia, incumplimiento o falta de correspondencia entre la palabra o el compromiso ofrecido y su realización; también es un delito cometido contra un deber u obligación pública que se ha jurado respetar y hacer respetar. Por eso, también se comete traición cuando se quebranta o transgrede una norma (mandato legal), que viene a representar y entraña un compromiso de cumplimiento. En ese sentido, la sustitución y suplantación del Proyecto Nacional contenido en la Constitución, por la imposición de Planes Nacionales de Desarrollo, no puede ser comprendida sino como un acto de traición evidente, porque no solo deja de lado un mandato y una obligación constitucional, sino que la suplanta con una versión que altera y es ajena (muy a pesar de que pueda alegarse amplios espacios de consulta y participación, porque ellos estaban alejados y despojados de los fines y objetivos constitucionales). Para ello, basta ver la mutación paulatina pero totalmente evidente que se produjo en el contenido de los planes nacionales de desarrollo, para terminar imponiendo el modelo desarrollista y salvajemente extractivista, denominado como agenda patriótica 2025.

Ello marca otra de las características del extravío y la pérdida del Proyecto Nacional. Se trata de su envilecimiento y distorsión hasta un punto en el que ya no basta haberlo dejado de lado, sino que se impone otro, no solo diferente, sino completamente antagónico. Mandatos como el Vivir bien en armonía con la naturaleza, descolonización, independencia y soberanía nacional, o cualquiera de los valores enunciados en la Constitución 7/, mismos que se encuentran en la antípoda de la competencia, el individualismo y la explotación que caracterizan al sistema imperante; solo han pasado a ser letra muerta, sin ninguna correspondencia con lo que sucede en la práctica y el Estado aplica actualmente.

En los hechos no se trata únicamente de la sustitución conceptual y terminológica, sino de la injerencia de una voluntad política impostora que suplanta la Constitución (convirtiéndola en una quimera inútil), a cambio de un sucedáneo de contenido y enfoque diferentes. La aplicación del modelo impuesto así lo demuestra claramente, porque en los hechos se traduce en la destrucción de la naturaleza, los territorios, áreas protegidas y bosques; la pérdida y enajenación del patrimonio nacional; el extractivismo salvaje de los recursos naturales; el avasallamiento ilegal, el tráfico de tierras, y la usurpación de derechos; la contaminación y envenenamiento de la tierra y los recursos acuíferos por mercurio y explotación salvaje del oro; el uso indiscriminado de agroquímicos venenosos, la pérdida de recursos biogenéticos, semillas nativas y diversidad natural; la creciente e incontrolada dependencia y sometimiento a los intereses corporativos internacionales; la pérdida de soberanía e independencia alimentaria; la enajenación de recursos estratégicos; la imposición de normas que legalizan lo ilegal (como la quema y los chaqueos extensivos de grandes extensiones de bosques), o la ampliación de la frontera agrícola y la flexibilización de normas que garantizaban la conservación y sostenibilidad en el manejo de recursos, inclusive yendo en contra de la vocación natural de la tierra y el suelo… En fin, una cadena destructiva y salvajemente extractivista que también está íntimamente vinculada con la corrupción y el aliento de actividades ilegales. Así, la degradación y extravío del Proyecto Nacional ya no se manifiesta únicamente como vacío o ausencia en un proceso decadente; en realidad puede traducirse como inviabilidad nacional. Más adelante veremos, las implicaciones de tal situación.

  1. LA OPOSICIÓN POLÍTICA.

En consonancia a un concepto tradicional y estrictamente representativo, los partidos políticos han sido entendidos como la expresión máxima de la democracia. Esta distorsión ha sido predominante a lo largo de los años. Tratándose efectivamente de uno de los factores principales de contrapeso al poder del Estado y requisito importante de la vida democrática (no más), inclusive se les otorgó un rol determinante y hasta exclusivo que implica el establecimiento de un régimen partidocrático, en el que no se puede ejercer los derechos políticos, sin intermediación de estas organizaciones. De esa manera, la participación y el ejercicio político quedan secuestrados y los partidos actúan cual si fueran dueños de la voluntad política del pueblo y la ciudadanía. Es decir, se dio paso a un régimen que no toma en cuenta otras y diferentes formas de ejercer la democracia, la relación Estado-sociedad y las nuevas formas de decidir, participar y elegir; como es el caso de la democracia directa y participativa, o la comunitaria, que están contempladas en la Constitución. La democracia quedó deformada y los derechos políticos cercenados.

Ahora bien, en la última década y media transcurrida en Bolivia, esta realidad sufrió algunas mutaciones que vale la pena destacar.

Luego de la derrota ideológica y la expulsión material del neoliberalismo que se produjo a inicios del nuevo siglo en nuestro país, aquella corriente económica y política pasó a convertirse en la principal fuerza de oposición nacional; la misma que se expresaba mediante y por medio de diferentes siglas partidarias que van desde sus extremos más reaccionarios y racistas, hasta las versiones liberal republicanas, pero igualmente conservadoras y vinculadas a los intereses empresariales y patronales de carácter tradicional.

Debilitados y derrotados en lo político, así como despreciados y rechazados por el sentimiento popular mayoritario que los identifica con las privatizaciones, la enajenación de los recursos nacionales y la subordinación a intereses antinacionales; todavía contaban con un poder económico importante que les permitía defender sus intereses privados y empresariales, inclusive promoviendo movimientos de resistencia y rechazo a medidas que consideraban atentatorias a su visión de país. Sin embargo, esa resistencia opositora predominantemente neoliberal no duró mucho tiempo. Al estado de debilidad, derrota y desprecio nacional que sufría, se sumó su división y fraccionamiento.

Sucede que a medida que pasaron los años desde las elecciones nacionales de 2005 (incluyendo episodios muy oscuros que no terminaron nunca de esclarecerse completamente) 8/, no solo se produjo el encarcelamiento o la huida de varios y connotados líderes políticos y cívicos de esa oposición conservadora que quedó desguarnecida; sino que muy sugestivamente (con un gobierno que teniendo dos tercios determinantes en la Asamblea Legislativa no descuidó la aplicación de la política del palo y la zanahoria con la oposición), también derivó en la cooptación y el establecimiento de alianzas, precisamente con una parte de aquellos sectores conservadores y reaccionarios que hasta entonces fungían de oposición.

Maltrecha y sufriendo en carne propia el resultado de sus propias acciones y aventuras, así como el abandono y descabezamiento de sus líderes y referentes más connotados, pero también aleccionada por aquella conseja gubernamental amenazante que les había dicho que respetaría cualquier iniciativa empresarial y económica privada mientras no se meta en política, una buena parte de esa oposición neoliberal y empresarial (especialmente los acostumbrados a cuotearse y negociar el poder), entendió que no le quedaba otra que aliarse al oficialismo si no quería desaparecer.

Para comprobar este extremo, basta revisar las listas de candidatos presentados en las elecciones nacionales y subnacionales que se sucedieron, la propia composición de autoridades elegidas en diversos departamentos y municipios, o inclusive el contenido de diversas normas, las graciosas concesiones, los incentivos y hasta perdonazos ilegales que se negociaron y aprobaron en favor de sus intereses.

Este recuento breve sirve para entender mejor lo que sucede actualmente con la oposición política en Bolivia. Especialmente el por qué (a pesar de la prevalencia de un criterio partidocrático), durante varios años los partidos políticos de oposición pasaron a ser prácticamente unas organizaciones vaciadas de representatividad, huérfanas de apoyo, e inclusive sujetas del desprecio mayoritario del país. Pero como nada es estático, en el discurrir de los acontecimientos y mientras la oposición política partidaria se debatía intentando salir y recuperarse del ostracismo en el que se encontraba; la sociedad civil comenzó a articular y organizarse de una manera inédita y autoconvocada. Lo hizo a través de plataformas, grupos de solidaridad, organizaciones de activistas, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres que adquirieron un rol protagónico fundamental, etc. El motivo principal de esta inédita insurgencia social estaba alimentada fundamentalmente por el rechazo y la resistencia intransigente frente a la intención anticonstitucional y antidemocrática que buscaba perpetuar en el gobierno a Evo Morales. Pero también expresaba el malestar social acumulado frente a las medidas antipopulares y contra la inocultable tendencia del gobierno que ya para entonces había tomado un rumbo que no correspondía con el mandato constitucional recibido, y tampoco atendía las justas demandas sociales por derechos y libertades conculcados.

Los movimientos sociales espontáneos, autoconvocados y de resistencia, fueron el germen y principal canal de las luchas pacíficas y las victorias democráticas que el pueblo movilizado logró a partir del referéndum nacional del 21F de 2016. Arropados en la fuerza de las causas justas que emprendieron, pero con la debilidad y la limitación de su espontaneidad que se circunscribe al logro de objetivos concretos e inmediatos, estos movimientos y movilizaciones sociales tomaron tal protagonismo político nacional, que no solo permitieron echar de menos a los partidos políticos que se suponía debían encarar la oposición, las luchas y las reivindicaciones sociales, sino que se convirtieron en una real preocupación para el gobierno, que despreciativamente los consideraba marginales e irrelevantes por su dispersión, diversidad y ausencia de cohesión orgánica.

Como todas las cosas no tienen solamente una faceta positiva, aquí es importante realizar una breve digresión para destacar un fenómeno que a la postre tendrá enorme significación en la forma cómo se canaliza el curso de los acontecimientos. Se trata del hecho de que junto al carácter fundamentalmente espontáneo, inmediatista y reactivo frente a los acontecimientos de coyuntura (lo cual delata la ausencia de un proyecto, o de objetivos mayores que no sean los meramente circunstanciales); estos movimientos sociales tienen una conformación fundamentalmente urbana y de clase media, que solo de manera ocasional (especialmente cuando se produce la confluencia de causas y luchas de interés común) se articularon con otros sectores populares. Es decir, que a tiempo de hacer prevalecer sus causas de lucha particulares y hasta excluyentes, nunca lograron una organicidad deseada y tampoco articular fuerzas con otros sectores (principalmente con los populares), que tuvieran un carácter permanente. Por eso, regularmente, una vez alcanzado el objetivo planteado y logradas las conquistas buscadas, estos movimientos tendieron a desarticularse y se desmovilizaron. Como podrá apreciarse más adelante, estas características de los movimientos de resistencia ciudadana autoconvocada, se convertirán en factores limitantes a la hora de encarar desafíos mayores.

Por ello, advertidos del riesgo que implicaban especialmente con respecto a las pretensiones de perpetuarse en el poder, el gobierno del MAS (en una maniobra de la más sucia astucia política), no dudó en aprobar a topa tolondras y con abuso de su mayoría legislativa la Ley 1096 de organizaciones políticas en el mes de septiembre de 2018.

Dicha norma, que a decir del entonces Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, había sido propuesta para que entre vigencia recién a partir de la subsiguiente gestión gubernamental; fue puesta en vigencia inmediatamente, precisamente para anular, impedir y coartar el protagonismo de las plataformas civiles (que ya le habían propinado importantes reveces a sus inclinaciones autocráticas y algunas medidas que pretendía imponer), pero que además devolvía a la vida política y reinstalaba un régimen partidocrático, orientado a usurpar, concentrar y monopolizar todos los derechos y la actividad política en sus manos 9/.

De esa forma se asestaba un golpe demoledor a todos los movimientos sociales espontáneos que hasta entonces se habían encargado de dar la cara por la sociedad frente a los abusos del poder, porque al devolverles protagonismo a los partidos políticos tradicionales y reinstalar la partidocracia, también inseminó la tentación del poder y la ambición política, que solo puede canalizarse a través de candidaturas en esos partidos políticos que para entonces eran una especie de zombies cadavéricos. La trascendencia de este ardid tenía otras consecuencias mayores y más graves. Al inducir y obligar a que los derechos y la actividad política transite mediada exclusivamente por medio de los partidos políticos, lo que en verdad se estaba provocando es que todas las controversias y diferencias políticas sólo podían resolverse en el plano electoral. Es decir, un escenario en el que lo determinante ya no son las causas, propuestas o proyectos de las tendencias, sectores sociales o corrientes ideológicas; menos el abordaje y solución de los problemas nacionales, sino la mera y mezquina disputa por el poder.

El resultado inmediato fue la desmovilización, desarticulación y la rápida desaparición de muchos grupos y plataformas, muchas de las cuáles (incluidos sus comprometidos representantes), pasaron a formar parte de las coaliciones y candidaturas electorales. Más allá de la legítima aspiración o ambición política para alinearse detrás de cualquier corriente ideológica que se puede argüir como razón para transitar a los partidos políticos y sus listas de candidaturas; lo cierto es que a tiempo de hacer prevalecer mezquinos intereses de poder por encima de la causa democrática que decían abanderar y defender, también traicionaron las luchas de resistencia y recuperación de la democracia en la que se habían involucrado. Es más, al oficializar sus candidaturas y entrar en la farsa electoral, lo que provocaban era la legalización fáctica de la repostulación anticonstitucional y antidemocrática contra la que se había luchado.

La trampa no podía haber dado mejores resultados. La nueva norma de organizaciones políticas imponía la primacía de los partidos políticos, pero también sembraba una semilla para abonar el camino de la confrontación, con el añadido de que la oposición partidista y los movimientos autoconvocados ya no estarían dispersos en varios frentes de atención, sino que al tener como único canal de expresión a la partidocracia tradicional, el esfuerzo se concentraba y acotaba en dos únicos antagonistas. Nótese que al perder independencia de criterio y terminar adscribiéndose a un determinado partido, lo que sucedía es que se perdía una oportunidad para conformar, diferenciarse y representar otras alternativas que no sean el neoliberalismo partidocrático, ni el populismo autocrático pseudo izquierdista.

Después de las elecciones de 2019 y de la insurgencia pacífica que paralizó el país como consecuencia del rechazo al fraude electoral que derivó en el abandono y huida de Evo Morales y la casta autocrática de su gobierno 10/; a esa trama urdida se sumó la creación del falso relato sobre el golpe de Estado. El falso discurso al margen de servir de coartada para la manipulación de la justicia, el abuso de poder, la venganza política, la persecución y la búsqueda de condena y cárcel para sus enemigos opositores; también está destinado a radicalizar aquella polarización confrontacional que constituye la herramienta principal de su forma de entender la política.


El problema tiene varias aristas y radica en que la oposición política nacional (incluidas plataformas, comités cívicos e inclusive CONADE), han decidido priorizar ese juego y actuar en forma conjunta como un solo bloque sin diferenciaciones. Importa y se impone la beligerancia y el rechazo al régimen, por encima de cualquier otra causa. De esa manera no solamente pierden y disuelven en la práctica sus identidades propias, la independencia de acción y alguna diferenciación de criterio y posicionamiento que podría albergar la esperanza de alguna alternativa diferente; sino que refuerzan y confirman el criterio (tan hábilmente aprovechado y subrayado por el oficialismo), de que se trata de una oposición predominantemente neoliberal y reaccionaria. Es decir, se configura una oposición que habiendo abandonado otras perspectivas de lucha, y dando las espaldas a los problemas nacionales que atingen a los sectores más vulnerables y mayoritarios, solo atina a entrar y responder el juego confrontacional propiciado e inducido por el MAS. Entrampados en dicha disputa confrontacional (que a lo largo de los varios años transcurridos ya ha dado suficiente muestra de su inutilidad e impotencia), aquel movimiento de resistencia ciudadana autoconvocada queda subsumida por los partidos políticos tradicionales, con lo cual refuerza el sistema partidocrático reinstalado por el régimen del MAS. Las consecuencias e implicaciones nacionales y políticas que ya se intuyen de este escenario descrito, las veremos en el acápite final de análisis prospectivo.

Al efecto, antes de entrar en el acápite final de este trabajo, efectuaré un breve punteo sobre el falso debate golpe de Estado/fraude electoral. En primera instancia, el falso debate instalado por el MAS para encubrir y salvaguardar en la impunidad a su cúpula autocrática beligerante, además de haberse convertido en su método preferente para proseguir con la confrontación y la polarización nacional; no es sino un artilugio inventado (que buscando imponer un falso relato sobre los hechos históricos sucedidos, transformando los hechos en ficción y la historia en farsa), no tiene otro propósito que ocultar, distraer y falsear el verdadero sentido que los bolivianos (y especialmente esa boba oposición partidocrática tradicional) no logran ver con claridad. Me refiero a que independientemente y más allá de la sórdida y falsa argumentación que han utilizado para defender y sustentar su despropósito acerca de que se produjo un golpe de Estado, sucede que el factor determinante que se impuso fue la reafirmación (insurgente, movilizada y al mismo tiempo pacífica), de que el verdadero poder no residía en un caudillo autócrata que quiso controlar y perpetuarse en el gobierno, sino en la voluntad y la fuerza de un pueblo movilizado en las calles, que le hizo saber que si no quería respetarse su voluntad soberana en las urnas, también estaba dispuesta a hacerla prevalecer en las calles. En otras palabras, es la cancelación del respaldo a una manera de dirigir el Estado que había devenido en autocrática, para hacer prevalecer la indeclinable decisión popular de gobernarse en libertad.

Por tanto y como segundo apunte, lo que verdaderamente terminó detonando aquella paralización total del país con pititas, no fue de ninguna manera alguna oscura intención por derrocar, conspirar o realizar algún golpe contra el gobierno constituido (porque para ello no se habría llegado hasta el punto de acudir masivamente a las urnas), cuanto el haber tomado finalmente conciencia de la amenaza y el ya inocultable riesgo de que un régimen autócrata termine usurpando libertades y derechos, así como anulando la precaria democracia que todavía quedaba. Es el triunfo de la voluntad indeclinable por vivir en libertad, frente a un aparato de poder que se ensañaba en usurpar y secuestrar la democracia para imponer sus intereses autocráticos. El fraude fue el detonante de tal insurgencia. Lo que nunca entró en sus cálculos, fue el hecho de que este mismo episodio histórico en el que desplegaron todos sus esfuerzos confrontacionales y belicosos con tal de retener el poder a cualquier costo, iba a convertirse en el germen de las disputas intestinas y la división interna de su propio instrumento político, que irónicamente conspira, atenta contra la credibilidad e idoneidad gubernamental, y está poniendo en riesgo la propia estabilidad de la gestión de su gobierno. Los golpistas son ellos mismos.

  1. ANÁLISIS PROSPECTIVO.

Resultado de la dinámica de los acontecimientos del reciente proceso histórico seguido hasta aquí, se puede constatar que Bolivia ha perdido y desperdiciado la oportunidad de efectivizar el Proyecto Nacional que había construido tan sacrificadamente a inicios del presente siglo. A cambio, lo que se ha impuesto como consecuencia, está circunscrito a una beligerante confrontación de dos fuerzas que, compartiendo esencialmente el mismo modelo desarrollista y salvajemente extractivista que se ha impuesto en suplantación de aquel Proyecto Nacional (salvo diferencias en la forma de ejecutarlo), en el fondo lo único que disputan es el acceso al poder y la definición de la forma cómo se acomodarán las castas dominantes.

Tampoco existe un liderazgo diferenciado, alternativo y dirimidor 11/ que plantee una oportunidad para la esperanza, porque ninguna de las corrientes en pugna se ha planteado siquiera debatir una visión de país diferente, encarar la raíz (no los síntomas) de los problemas nacionales, y menos de construir un Proyecto Nacional.
Consiguientemente la única alternativa que surge y es posible visualizar en ese escenario, está limitada a escoger cuál de las ofertas electorales será la menos dañina (en el marco de la continuación del modelo depredador), porque sabiendo perfectamente los límites y alcances de las propuestas ideológicas que actualmente discurren en el contexto nacional, ni siquiera es posible tener la esperanza de que atiendan y aborden los problemas nacionales que aquejan al país.

Tal es la deplorable situación en la que se encuentra el país, que enzarzados en esa disputa confrontacional que da las espaldas a los problemas y verdaderas angustias del país, no resultaría extraño que se termine adoptando un régimen similar a los que imperan en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la democracia no existe, la crisis es endémica y sistémica, la vida es un drama donde no parece existir esperanza de futuro, y es el pueblo en su generalidad que sufre el estado calamitoso en el que se encuentra su país 12/.

Allí, lo mismo que en Bolivia, puede señalarse que sus oposiciones a los regímenes despóticos existentes (precisamente porque solo quieren sustituir al régimen imperante y están lejos de abanderar el verdadero sentimiento nacional), no han logrado la fuerza ni el respaldo nacional necesario, y tampoco la sociedad ha alcanzado el estado de disponibilidad indispensable para resolver su problemática. Su encrucijada es similar: las dos fuerzas enfrentadas no son, no representan, ni tienen una alternativa real.

Aquí, ensimismados en una pugna interminable (que ocasional, pero oportunamente se rompe por la rebeldía, irreverencia y hastío popular sobre el estado de cosas), no se logra percibir (menos preocuparse) porque el mundo, la naturaleza, la vida y la esperanza de avizorar algún futuro, ya han llegado a un límite de soportabilidad tal, que de no cambiar la lógica de nuestro relacionamiento con ellos, solo podremos esperar la catástrofe. Es cuando menos preocupante, porque cuando deberíamos encontrarnos en un plano de mayor libertad y profundización de un Proyecto Nacional, irónicamente sucede que estamos en un contexto de recuperación de las libertades básicas, los derechos y la propia democracia. Es como si hubiésemos perdido el futuro y el horizonte estuviese secuestrado.

El panorama se muestra oscuro y sombrío para el país, pero como algo tiene que ocurrir indudablemente, con seguridad encontrará algún cause de solución (que sólo habrá que esperar que sea otro diferente al que actualmente se perfila dadas las condiciones). En todo caso y utilizando para el final otra cita textual de Eric Hobsbawm, lo que queda claro hasta aquí es que: “No sabemos a dónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este punto y(…)por qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de temer un futuro (y a nuestro turno el propio país, n.p.), no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad” 12/.

La decisión libre (no aquella “pueril” intención de pretender elegir un desenlace como si “la historia fuese un escaparate” a decir de Sergio Almaraz 13/), está en manos del pueblo, como siempre. Sin embargo, debemos estar concientes que el estado de ánimo de la población (extraña y adicionalmente alterada por las airadas disputas internas de poder del propio MAS), está llegando a un punto de ebullición que podría adoptar causes insospechados.
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(+) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Julio 1 de 2022.
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1/ Octavio Paz., Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Ed. Fondo de cultura económica. México, 2018.

2/ “Por momento constitutivo se podría entender al punto originario de las sociedades en su sentido más remoto, por ejemplo Egipto y el riego del Nilo o la conquista del hábitat en el Ande. En el sentido que lo usamos nosotros, tiene referencia a la manera que adquiere el tono ideológico y las formas de dominación del Estado, es decir, al momento de su construcción. Ver: René Zavaleta Mercado., Lo nacional-popular en Bolivia. Ed. Siglo XXI. México 1986.

3/ La agenda de Octubre de 2003 surge como consecuencia de la llamada guerra del gas. En ella se definen y establecen las siguientes tareas principales: rechazo a la venta del gas a Estado Unidos vía Chile; nacionalización de empresas estratégicas y recursos naturales; convocatoria a la Asamblea Constituyente; y renuncia y expulsión del gobierno de Sanches de Lozada (entendido como representación del neoliberalismo repudiado).

4/ “Bolivia enfrenta su destino de país oprimido en un nuevo ciclo. La opresión extranjera describe círculos: plata, salitre, goma, estaño, petróleo. Con cada nuevo ciclo se va un girón de vida nacional, cada etapa llega a su término con una nueva mutilación de la independencia nacional”. Ver: Sergio Almaraz., Petróleo en Bolivia, pág. 335. En: Obra reunida. Biblioteca del bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

5/ Entre fines del año 2007 (cuando se aprueba la nueva Constitución en Asamblea Constituyente), y febrero de 2009 cuando vía Referéndum Aprobatorio se admite el texto final; el Congreso Legislativo con mayoría del MAS se arrogó una competencia totalmente al margen de sus atribuciones. Ella consistió en introducir modificaciones al texto y contenido de la Constitución Política del Estado aprobada en Asamblea Constituyente (la única instancia competente). Lo hicieron sobre la base de acuerdos y negociaciones entre el oficialismo mayoritario y la oposición conservadora y neoliberal, bajo el argumento de viabilizar el Referéndum constitucional aprobatorio de 2009. En perspectiva y a la vista de lo sucedido en años posteriores, esta práctica (que al principio fue hecha con los sectores conservadores y tradicionalmente dominantes que se encontraban en férrea oposición, pero que después pasaron a formar parte aliada del gobierno), se ha convertido en el mecanismo recurrente para favorecer y privilegiar esos mismos intereses antinacionales, por encima y en contra del mandato constitucional y de aquellas tareas de transformación y cambio que debieron haber sido encaradas. Es decir, se trata del antecedente primigenio de lo que a la postre se convirtió en uno de los mecanismos más recurrentes de la traición y el abandono del Proyecto Nacional.

6/ Para aproximarse a una revisión de la problemática a través de diversos enfoques y especialistas, sugiero Ver: OEP-TSE, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Autonomìas, CONAIOC, PNUD., Diversidad Institucional. Autonomías indígenas y Estado Plurinacional de Bolivia. Ed. PNUD La Paz, Bolivia 2018.

7/ Constitución Política del Estado. Capítulo Segundo. Principios, valores y fines del Estado. Art. 8. Inc. II) “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

8/ Se hace referencia a la masacre de El Porvenir en Pando y el operativo militar de asalto violento en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que cobró varias muertes y se conoció como parte de la lucha contra el terrorismo internacional vinculado con sectores políticos nacionales. Para ampliar el contexto y acercarse al significado de esta coyuntura tan especial, Ver: Boris Miranda., La mañana después de la guerra. Ed. El cuervo. La Paz, Bolivia 2012.

9/ La ley 1096 de organizaciones políticas tiene un innegable carácter, regresivo, partidocrático e inclusive colonial que debería merecer un análisis más circunstanciado que en este trabajo no es posible abordar.

10/ Para una aproximación y consulta de fuentes analíticas, testimoniales y documentales sobre el tema, se sugiere Ver: Jan Souverein y José Luis Exeni R. (coordinadores)., Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020). Ed. FES Bolivia. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.; Roberto Navia, Marcelo Suarez., Nadie se rinde. Una epopeya boliviana. Grupo editoral La Hoguera. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2020.; Página Siete., La revolución de las pititas. Compañía editora Luna Llena S.A.La Paz, Bolivia 2019.; Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)., Relato de un pueblo. Derechos humanos y resistencia democrática en 2019. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.

11/ Entendiéndose que un liderazgo nacional no es lo mismo que la consabida aparición de varias candidaturas que, desgajadas y separadas ‘oportunamente’ del bloque opositor que funge ‘unificado’, establecen sus propias tiendas (como ya ha sucedido tantas veces en las coyunturas electorales), cuya característica principal es el sectarismo y la exclusión, al punto de rechazar y negarse rotundamente a conformar alianzas frente al adversario común, como ha sido su costumbre en forma recurrente. La ambición de poder no es privativa ni exclusiva de ninguna sigla política.

12/ Para tener una crónica testimonial actualizada de lo que ocurre en Latinoamérica (incluidos estos países y Bolivia), sugiero muy especialmente el libro de: Jon Lee Anderson., Los años de la espiral. Crónicas de América Latina. Ed. Sexto piso S.A. Madrid, España 2020.

13/ Eric. Hobsbawm., Historia del siglo XX. Ed. Critica, grupo editorial Planeta. Buenos Aires, Argentina 2021.

14/Sergio Almaraz., Réquiem para una república. p, 547. En: Obra reunida. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

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EFE/Alberto Valdés

Tras un año de discusión, el borrador de la nueva constitución Chilena es mucho más moderado que las demandas de la rebelión que la parió. Así y todo la derecha se juega con todo a que se rechace en el referéndum de septiembre.

El pasado 28 de junio se realizó el último plenario de la Convención Constituyente de Chile y este lunes se realizó la ceremonia oficial de cierre donde se presentó el borrador final que será sometido a un plebiscito el 4 de septiembre.

El gobierno de Gabriel Boric tiene una nueva prueba de fuego en esta elección y está profundamente preocupado porque muchas encuestas apuntan a que el texto será rechazado. Y aunque es difícil saber a ciencia cierta cuánto hay de verdad y cuánto de operación, la realidad es que vastos sectores de los trabajadores y el pueblo pobre chileno se sienten defraudados, no solo por el texto final sino por todo el proceso constituyente.

Es que el texto resultante es demasiado moderado para las enormes expectativas que condensaba la constituyente surgida de la Rebelión Popular de 2019, cuyas demandas requerían cambios estructurales históricos. Además la convención mantuvo la impunidad para los responsables de la brutal represión con la que el gobierno de Piñera respondió a la revuelta y se negó explícitamente a tratar un proyecto de norma que indultara a los presos políticos.

Apruebo y Rechazo

De cara al plebiscito de salida los grandes poderes económicos ya definieron posiciones. La derecha y algunos sectores empresariales ya están haciendo campaña por el rechazo. Representan al ala más directamente ligada al pinochetismo que quiere defender con uñas y dientes lo más que puedan la herencia de la dictadura. Por otro lado, una minoría de la burguesía chilena se juega a aprobar la constitución con la idea de moderar las expectativas de las masas y apuestan a la posibilidad de reformar la nueva constitución más adelante para recuperar algunas de las cuestiones que tuvieron que ceder.

Por su parte, el gobierno de Boric (Apruebo Dignidad) y sus aliados como el Frente Amplio y el Partido Comunista necesitan aprobar el nuevo texto constitucional. Su objetivo es modernizar el régimen político chileno para recomponer la gobernabilidad, pero sin tocar los pilares fundamentales de la estructura capitalista del país. Pero además de la traición a los presos políticos cada vez se ve más claro su doble discurso. Mientras hablan de plurinacionalidad y derechos sociales, reponen el estado de excepción en el Wallmapu y fortalecen la represión.

Los Movimientos Sociales Constituyentes y grupos que surgieron desde La Lista del Pueblo, se concentraron en la disputa institucional, entrando en una dinámica totalmente parlamentaria sin usar sus tribunas para convocar y organizar movilizaciones o acciones de lucha coordinada. Sus constituyentes, muchos de ellos con asambleas de base en las espaldas, no expresaron esa amplia base social que los votó y prefirieron jugar bajo las reglas del juego que impuso el régimen.

Dauno Tótoro, militante del Partido de los Trabajadores Revolucionarios de Chile y candidato a Constituyente dijo en declaraciones a La Izquierda Diario “Sabemos que muchos compañeros y compañeras votarán por el Apruebo para acabar con la Constitución de la dictadura. Y la lucha contra toda la herencia de Pinochet, incluyendo su Constitución, es una lucha que compartimos y de la que somos parte. Pero es necesario poner blanco sobre negro de qué se trata esta nueva Constitución.”

El borrador de nueva Constitución elimina varios enclaves autoritarios de la Constitución de Pinochet, reconociendo formalmente derechos negados, como derechos sexuales y reproductivos, derechos sindicales, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Hay algunos aspectos más revulsivos para los grandes empresarios como el establecimiento del agua como bien incomerciable y la plurinacionalidad de Chile. Sin embargo, mantiene aspectos fundamentales de la institucionalidad republicana como el presidencialismo y un Congreso bicameral. Además se mantiene el dogma neoliberal del Banco Central autónomo y se rechazó la nacionalización de las empresas estratégicas como las mineras.

En cuanto a pensiones, el pleno rechazó el sistema de reparto y el nuevo sistema quedará así en manos del Congreso. Al respecto, asesores de varios bancos comerciales confían en que las odiadas AFP no dejarán de existir y esperan incluso que haya mayor libertad de elección.

En el fondo, el punto clave es que no toca los ejes de la acumulación capitalista en Chile. La propia Convención se alejó completamente de las necesidades obreras y populares y de las demandas de octubre, que se han profundizado con la pandemia y la recesión económica, ya que mientras se debatía el borrador de la nueva Constitución, los salarios se desplomaban producto de la inflación.

Tótoro agregó que “La nueva Constitución es un nuevo ropaje para vestir la explotación y la opresión del Chile capitalista y patriarcal. Por esto es que tenemos que confiar en el camino de la movilización, de la auto organización, con un programa que se proponga atacar la ganancia empresarial para resolver las necesidades de las grandes mayorías populares”.

Lunes 4 de julio

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La normalización de los progresismos latinoamericanos

Considerando la historia colombiana, la victoria de Gustavo Petro ha generado una legítima euforia. Pero para que los festejos no opaquen nuestra capacidad crítica, cabe reflexionar sobre las tendencias de fondo de los progresismos latinoamericanos.

Algunos la considerarán una buena noticia. Otros —entre los que me incluyo— verán sus aspectos problemáticos e inclusive dramáticos. Pero, guste o no, lo cierto es que los progresismos latinoamericanos han terminado de normalizarse, asimilarse y adecuarse al orden existente, defendiéndolo de las embestidas que, más por derecha que por izquierda, lo están amenazando.

En efecto, a raíz de la persistencia e inclusive del resurgimiento de las derechas en América Latina en el último lustro, tanto los gobiernos progresistas tardíos (México, Chile, Perú y ahora Colombia) como los de segunda mano (Argentina, Bolivia y, eventualmente, Brasil) reflejan un proceso de normalización, es decir, un «desperfilamiento» en relación con sus raíces nacional-populares y/o izquierdistas. De esta manera, se definen en antítesis a las derechas más por una postura defensiva y conservadora que por aspectos propositivos y transformadores, exhibiendo una colocación más centrista, institucional y moderada, más o menos explícita según los casos.

Esto refleja una tendencia mundial de mediana duración pero que había sido contenida a escala latinoamericana por la combinación de la ola de movimientos antineoliberales de entre fines de los años 90 y principios de los 2000, y por la instalación de gobiernos progresistas en la primera mitad de esa década. La reconducción de la originalidad o excepcionalidad latinoamericana a la normalidad de una izquierda solo geométrica por simetría —y, por lo tanto, relativa y variable en función del adversario— es un rasgo que se podía percibir ya desde la involución de los progresismos de la primera ola, pero que termina de afirmarse en los años más recientes.

Se trata de una recomposición política general, a escala latinoamericana (es decir, transversal y sincrónica), pero que presenta particularidades y aristas especificas nacionales y otras tantas que pueden relevarse agrupando países en relación con la continuidad o la novedad de los distintos gobiernos progresistas, distinguiendo a los que hemos denominado «de segunda mano» de los que definimos como «tardíos».

A nivel general —dejando para otra ocasión el análisis de las especificidades—, se pueden rastrear los orígenes de este corrimiento hacia el centro en el cambio de clima económico y político. En lo económico, el fin de la bonanza del consenso de las commodities, que ya era perceptible en el fin del ciclo progresista, alrededor de 2015-2016, se agravó con la pandemia y con los efectos de la guerra en Ucrania. El crecimiento del tamaño del pastel era la condición sine que non de la hipótesis progresista de conciliación de clases, y el estancamiento de esta tendencia marcó no casualmente el punto de inflexión de la que he llamado la pax progresista, en la cual prosperaban tirios y troyanos.

Como contraparte, las derechas alzaron la cabeza y levantaron la mano, aspirando a representar directamente los intereses de las clases dominantes no dispuestas a negociar a la baja sus privilegios en términos de acumulación de riqueza. A la reaparición en escena de las derechas tradicionales bajo viejos o nuevos ropajes después de una década de marginalidad política, se sumó la aparición de derechas más abiertamente reaccionarias que nunca antes habían logrado tener protagonismo en la historia latinoamericana (salvo cuando se escudaron detrás de los militares).

El desdoblamiento de las derechas solo las debilitó en apariencia, ya que en realidad expresa su crecimiento cuantitativo, a cuyo interior se inserta la radicalización de un sector que canaliza y capitaliza el rechazo al progresismo. Se trata este de un rechazo ideológico de fondo pero también experiencial y coyuntural, ligado a la vivencia de los años de gobierno en un formato que fue estabilizándose y volviéndose régimen, una modalidad de gestión reformista de lo existente que aspiraba a volverse institucional, a confundirse con una forma político-estatal duradera.

Los alcances de la franja radical de las derechas latinoamericanas son diversos (Bolsonaro llegó sorpresivamente a la presidencia, mientras que Milei o Kast siguen siendo —al menos hasta ahora— outsiders) pero su aparición modificó los equilibrios partidarios y permitió a las derechas tradicionales dos movimientos solo superficialmente contradictorios: por una parte, presentarse como moderadas de cara a las variantes extremas; por la otra, aprovechando su empuje, sostener posturas más radicales en clave conservadora y antiprogresista. Más allá del debate sobre su caracterización como neofascistas o posfascistas, las asperezas de estas nuevas-viejas derechas modificaron el escenario político y generaron una alerta que trastocó tácticas y estrategias de las izquierdas latinoamericanas, en particular las progresistas, populistas o nacional-populares.

Apareció lo que podemos llamar el «reflejo del frente popular». De manera análoga, la amenaza fascista —real o imaginada— tiende a producir un efecto defensivo de compactamiento que induce la alianza entre las izquierdas y sectores democráticos progresistas, general o tendencialmente bajo el liderazgo o las posiciones programáticas e ideológicas de estos últimos. Esta recomposición política, en sus últimas consecuencias, al volverse partido o alianza orgánica y permanente, tiende a disolver las diferencias y anular los márgenes de maniobra de las franjas más izquierdistas. Es una forma de realizar la aspiración de Cristina Kirchner: no tener a su izquierda más que la pared.

De esta manera, el esquema binario antifascista produce el mismo efecto práctico que el anticomunista esgrimido por la derecha (aunque sus contenidos sean abismalmente distintos a nivel de valores y principios): a unos es asignado el papel del partido del orden y al otro el de la barbarie, y viceversa. Pero, más allá de la eficacia puntual del dispositivo antifa/anticom, la diferencia de fondo es que el anticomunismo se basa en la hipótesis de una amenaza por el momento inexistente y, por lo tanto, es a todas luces una artimaña o un espejismo sin fundamento, mientras que la posibilidad del fascismo (o de algo que se le parezca) corresponde realmente a una época de derechización, un ciclo largo iniciado a finales del siglo XX que hemos logrado solo por momentos frenar pero no revertir.

Los progresismos realmente existentes pueden efectivamente operar temporalmente como un dique o un antídoto al desbordamiento de las derechas de todo tipo y color: por ello son considerados un «mal menor» no solo respecto de una restauración del neoliberalismo más puro sino también de versiones racistas, autoritarias y culturalmente regresivas de un orden jerárquico en última instancia dictado por la lógica del capital. Al mismo tiempo, su normalización en clave socialdemócrata o socialiberal (que no pretende siquiera ni puede aspirar a ser revolución pasiva) difícilmente podrá clausurar las contradicciones de fondo y solo puede ser considerada una solución precaria y provisional en tiempos convulsos, en los cuales impera la crisis orgánica y no puede afianzarse ninguna hegemonía duradera.

En tiempos de monstruos, reales o imaginarios, el progresismo aspira ser el paladín —único, de preferencia— de los valores liberal-democráticos, el baluarte del humanismo y de la civilización.

Este clima político, vale la pena señalarlo, es muy distinto al que cobijó la primera ola progresista. Aquella ola estaba marcada a fuego por el empuje de un intenso ciclo de luchas populares, por el entusiasmo y la esperanza de una superación del neoliberalismo que permeó los programas y las filas de los progresismos. Así, tanto viejos como nuevos progresismos aprovecharon el espaldarazo de los movimientos y entraron, como nunca antes en la historia latinoamericana, de forma sincrónica y duradera a los palacios de gobiernos antes asediados por las multitudes.

Bajo formatos distintos, estos progresismos contenían elementos humanos y programáticos disruptivos. De talante izquierdista, nacional-popular, populista y plebeyo, estaban entreverados con las clases subalternas y sus aspiraciones. Sobre esta base fundaron su capacidad hegemónica, que logró sostenerse a lo largo de una década. A mediano plazo, sin embargo, y una vez pasado el impulso inicial, mostraron sus pliegues contradictorios. Revelaron ser revoluciones pasivas, hegemónicamente eficaces pero cuyos restringidos alcances reformistas se teñían siempre de más conservadurismo. Su transformismo y cesarismo contribuyeron a desmovilizar a las clases subalternas y a restablecer y garantizar un orden estatal por medio de reformas estabilizadoras cuyo limitado alcance redistributivo no pasaba de ser precario y coyuntural y estaba sometido a los vaivenes de la economía mundial y los designios de los gobiernos de turno.

Por ello, a la par del flanco derecho, en el fin de ciclo se asomaba ya el costado izquierdo de la protesta, producto de un malestar social que empezaba a politizarse pero que —salvo excepciones— no terminó cuajando en una oposición de izquierda organizada y durable. Ese mismo universo social y político de movimientos y organizaciones que, a pesar de los avances de las derechas y la consolidación normalizada del progresismo, se resiste a desaparecer porque es tan irreductible cuanto los son las brechas societales de las cuales nace. 

De allí que la rebelión, esa recurrente forma política latinoamericana y la fuente de su originalidad en la historia mundial reciente, que ha sido un recurso en contra de la derecha (salvo excepciones: en Ecuador contra Correa, el gasolinazo en 2010 en Bolivia, en 2013 en Brasil o en Nicaragua en 2018), podría no tardar en alzarse en contra del partido del orden de turno, sin distinciones, sea cual sea su coloración y su autoadscripción, evocando y generalizando el «que se vayan todos» del 19 y 20 de 2001 argentino (que fue, justamente, un grito de rechazo en contra de la normalización de una alternancia sin alternativa, una centroizquierda que se asimilaba a la centroderecha, asegurando la continuidad del orden neoliberal). Puede que a la izquierda de Cristina Kirchner y de los progresismos en general ya no haya una pared sino cristales, que pueden ser rotos por piedras como las que fueron lanzadas en ocasión de las recientes protestas en ese país contra el acuerdo con el FMI.

La normalización y banalización de los progresismos, depurados de sus aristas izquierdistas y nacional-populares, parece anunciar la caída de una noche en donde todos los gatos parecen pardos porque un tigre anda suelto.

Ahora, al interior de este fenómeno que ya es latinoamericano, caben las ya mencionadas diferencias nacionales y, en particular, como ya mencionamos, entre «progresismos de segunda mano» y «progresismos tardíos». Cabe señalar que en estos últimos, en los cuales se fincan hoy las esperanzas de muchos, el corrimiento normalizador que se operó en el proceso de ascenso, no en el reflujo —como en los casos de segunda mano— fue parte de la operación de construcción del consenso electoral, de lo que se consideró como un inevitable (para algunos deseable) «acentramiento» para buscar espacios de arraigo en sociedades neoliberalizadas y/o siempre más atravesadas por un sentido común profundamente antizquierdista.

A pesar de que hay que valorar el empuje de las rebeliones detrás del ascenso de los gobiernos de Perú, Chile, Colombia y —solo de forma diferida y mediada— de México, se impuso, ya sea por voluntad, por cálculo o por necesidad, una lógica institucionalista, de apego al orden político existente. La lógica de la lucha política orientada a la conquista del 50% de los votantes, en tiempos normales, de ordinaria vida cotidiana, fue concebida como un acercamiento al ciudadano elector (con sus vicios y virtudes) mientras que solo en tiempos extraordinarios, de catarsis colectiva, sea por crisis por arriba o rebeliones por abajo, se abrió, por fuera de los sistemas políticos y electorales, la posibilidad excepcional de un corrimiento hacia la izquierda. Portales a dimensiones alternativas que se cerraron abruptamente, no sin dejar la sensación de que otros mundos eran y siguen siendo posibles en la medida en que se rechace radicalmente lo inaceptable de este.

Los progresismos tardíos, más allá de la indiscutible ruptura simbólica y cultural que significan, por su propia composición y trayectoria, llegaron al poder con una limitada capacidad y disposición reformista. La retórica no puede ocultar el corto alcance de las transformaciones que proponen e impulsan. Por válidas y necesarias que sean, no dejan de ser intervenciones mínimas, de corte sistémico o, peor aún, paliativos. El humanismo y el principio de equidad son valores universales del mejor liberalismo pero dejaron de ser un criterio de distinción de izquierda hace más de un siglo. Y el nacionalismo sin adjetivos tampoco alcanza a ser un clivaje significativo en este sentido, ni siquiera en nuestro suroccidente dependiente.

En un contexto de derechización, con el espectro del fascismo rondando, aparentan o son percibidas como progresistas o de izquierda posturas y acciones de conservación o promoción de mínimos y elementales principios de convivencia social. Así que los progresismos tardíos llegan normalizados a la cita con la historia y parecen mostrar sus límites incluso antes de ser asediados o presionados por derechas viejas o nuevas, conservadoras o reaccionarias que, más temprano que tarde, en ausencia de una poderosa antítesis desde abajo, volverán a ejercer su poder de veto y a rellenar su caudal electoral.

Porque al ascenso de la derecha no parece poder hacer frente la paulatina moderación de progresismos siempre más conservadores, que hacen las veces de izquierdas simplemente geométricas (por ser simétricas a las derechas existentes) y aritméticas (por sumar votos y puestos de gobierno). Hasta que no se retomen, por necesidad más que por virtud, los principios del algebra, es decir, la compresión y la acción sobre las reglas y las estructuras económicas, políticas y culturales que rigen a las sociedades que conforman nuestra específica región del mundo capitalista, es posible que haya que reconocer que el progresismo está desnudo.

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La universidad necesaria para América Latina

¿La enseñanza superior impartida hasta ahora ha generado resultados satisfactorios para el planeta y la humanidad? No, simplemente. De otra manera la Unesco no habría convocado en mayo pasado a la Conferencia Mundial de Educación Superior con una temática indudable sobre sus propósitos: "Reformular los ideales y prácticas de la educación superior" para asegurar el desarrollo sostenible del mundo y la humanidad.

Esa reformulación se enmarca en los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU; concretamente: "Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas, así como velar para que todos los seres humanos puedan explotar su potencial con dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable." Los Objetivos del Milenio planteaban hace dos décadas algo semejante. Nadie se atrevería a afirmar que se hayan cumplido en sus mínimos. Más bien se puede decir que han fracasado.

Si las agendas de la ONU y sus organismos especializados tuvieran cierto margen de concreción no seríamos testigos del mundo en que vivimos. Pobreza –al grado de causar hambrunas en algunas regiones–, violencia, emigración, racismo, discriminación social y, junto a ello, destrucción de recursos naturales (aguas, oxígeno, suelos, flora y fauna). Las consecuencias de esto último se comenzaron a sentir hace ya medio siglo: alteración en los ecosistemas naturales, extinción de especies, calentamiento ambiental. Y frente a unas y otras realidades, la incapacidad de los gobiernos para evitar profundas lesiones a la humanidad y a su hábitat.

En el último decenio del siglo XX, el balance sobre la educación que hacía la ONU, después de cuatro décadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, era francamente sombrío. Entre la población sin acceso a la escuela, analfabetos y ayunos de lectura y acceso a las tecnologías de la información, más de un tercio de la humanidad se hallaba al margen de los beneficios de una educación útil para la sobrevivencia digna y la capacidad de participar en cualquier cambio.

Pronto aparecieron las iniciativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que convirtieron a las instituciones de educación superior en maquiladoras cognitivas al servicio del mercado global. Las universidades fueron su blanco preferido. Un blanco al que habían preparado ciertos gobiernos, como el de Pinochet en Chile.

En la sostenibilidad ve la Unesco el gran recurso, si no es que la panacea, para evitar el deterioro creciente del planeta y de la humanidad que lo habita. Y llama a que la educación superior sea la que aporte las condiciones adecuadas para conseguir ese objetivo.

En su expresión más avanzada y consciente del suelo que pisan, los movimientos universitarios en el subcontinente americano –por lo general contrainstitucionales–, desde la reforma de Córdoba de 1918 han producido cambios cualitativos en la enseñanza superior y en el tejido político y social.

El espíritu de esa reforma –un espíritu imaginativo y democrático– se vino manifestando con gran vigor en varios países de América Latina durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Con frecuencia increíble, la respuesta de los gobiernos a las demandas universitarias era balazos y bombazos. Como editor de la revista Universidades, el órgano de difusión de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), me tocó conocer a numerosos y distinguidos universitarios que encontraban asilo en México debido a la violencia y la persecución de que eran objeto en sus naciones. Algunos de ellos nutrieron mi programa La universidad latinoamericana, que era difundido por Radio UNAM. Ambas instituciones, la Udual y Radio UNAM continúan siendo baluartes de lo mejor que ha producido el espíritu universitario de Córdoba.

Al contenido de la convocatoria de la Unesco, la propia Udual propuso un punto de vista específico sobre sus ejes temáticos. Esa especificidad geohumana se refería al ámbito de América Latina y el Caribe. Y en ella había una valoración insoslayable que no estaba en el documento oficial de la Conferencia. El énfasis de la Conferencia estuvo puesto en el covid-19 y sus efectos en la educación superior. “La educación superior en el mundo entero –dice el documento de la Udual– se ha visto afectada profundamente por la pandemia que, conviene recordar, surgió en un momento en el que enfrentábamos otra crisis sistémica derivada de un modelo civilizatorio excluyente y depredador, que afectaba de distintas maneras a nuestras universidades”.

Tal modelo excluyente y depredador, al que los numerosos eventos de la ONU suelen no aludir y menos llamar por su nombre es el que las universidades de América Latina y el Caribe deben cuestionar, so pena de ser cómplices de sus efectos contrarios a la vida y la naturaleza. No hay recetas para ello, pero con alentar el debate, la duda ("No nos enseñan a dudar", se quejaba Ortega y Gasset), el análisis de los problemas reales, la solidaridad con las causas que buscan su solución y la elaboración de propuestas que sirvan a ello se logrará que la educación por competencias –cara a la OCDE– modifique su carácter conductista por uno de crítica y discusión abierta al examen y al cambio.

Las universidades de América Latina y el Caribe no pueden atenerse a las decisiones de los organismos polinacionales que dominan a Occidente. Los suyos son problemas que esos organismos no han podido resolver a lo largo de tres cuartos de siglo.

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De una política de muerte a una utopía por la vida

Luego de la euforia colectiva y algunas lágrimas de alegría experimentadas el 19 de junio del 2022, me he detenido a recolectar algunos gestos sustraídos de los medios de comunicación, las redes sociales , las calles atestadas de éxtasis y celebraciones de gentes diversas. Esos registros visuales y frases desbordantes de emoción dieron la sorpresa de contribuir a una democracia posible e incluyente, que haciendo sonar pitos y cantos bajo el imperativo de una “vida sabrosa”, parecen romper mágicamente una prolongada fatalidad vivida por una   “izquierda” colombiana resignada a conmemorar más muertos que logros.

La utopía de una “vida sabrosa”, como posibilidad de acceder a un bien estar de la existencia que incluya a pieles negras, cabellos crespos, pueblos indígenas, diversidad de géneros, mujeres y hombres provenientes de una nación diversa y polícroma, que reclaman la posibilidad de re-existir y re-inventar una esperanza que incluya un mayor número de seres vivientes. Justamente el nuevo presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez han transmitido desde sus primeros mensajes, el reconocimiento a una multitud que creyó en ellos; evocaron la memoria de aquellos masacrados por defender idearios de justicia social y así mismo hicieron alusiones a las “manos callosas” de los antepasados oprimidos;   poco tiene que ver esto con otros mensajes de triunfo electoral enunciado por presidentes recién elegidos, donde los colores son casi ausentes y la evocación a un país de grandes desigualdades resulta inexistente.

Una imagen que llamó poderosamente mi atención fue el momento del empalme entre la vice-presidenta Martha Ramírez y la entrante Francia Márquez quien de manera espontánea rompió el protocolo de la bienvenida, dirigiéndose prioritariamente a estrechar las manos de las mujeres que realizan las labores domésticas en aquel lugar, dando mayor relevancia a las cuidadoras. Entiendo esta acción como un auténtico reconocimiento de igualdad, un pequeño símbolo que contiene el germen de una revolución de las pequeñas acciones, una gratitud orientada a esa clase trabajadora invisible que durante años ha tenido que aceptar jornadas extensas de trabajo físico, pagos irrisorios y contratos deleznables “…que encarnan otro tipo de violencia al servicio de un deseo-amo que se impone bajo un horizonte de amenazas”( (Lordon, 2015, pág. 121)

En el caso del electo presidente Gustavo Petro, fue su primera alocución la que me generó admiración, al proponer una historia que parte de la liberación de los jóvenes detenidos en la protesta social, dándole al país un mensaje que dista de los dirigentes colombianos que hemos tenido, caracterizados por apoltronarse encima de los ciudadanos, generando una enorme distancia con el pueblo, recurriendo al ethos de la “blanquitud”. La utopía por su parte tiene que ver con superar la idea de que el progreso en Colombia esté supeditado a un proceder de sospecha hacia el   pueblo; una potestad gubermental, usada durante dos décadas, por una máquina necro-política que no ha parado de masacrar, desaparecer, torturar, exiliar o simplemente condenar a vivir en las márgenes, bajo una especie de “castigo social” a quienes disienten. El Leviatán se manifiesta como capacidad ofensiva y defensiva de quienes usan el Estado para estigmatizar, eliminar la vida, produciendo seres   destinados a la muerte.

En conclusión, este tiempo que inicia, podría acoger expectativas de quienes hacen parte de una nación rota y buscan reconocerla diversa, ancestral, moderna y eficiente.   Si queremos dar un salto de la “seguridad democrática” a la utopía de una “vida sabrosa” habrá que seducir a esa otra mitad temerosa del “espectro rojo”, de la inminente “expropiación” y del declive de la “propiedad privada”. El reto de los llamados intelectuales y artistas hoy, podría ser aportar sin renunciar a su conciencia crítica, creativa, irónica, a través de relatos y obras que no estén “performadas” por quienes tienen miedo a perder privilegios; contribuyendo en la construcción de una memoria de la justicia y la imaginación capaces de interpelar a quienes actúan desde el prejuicio, la visceralidad, el desprecio. Vuelve a resonar, en el imaginario de un continente poblado de iniciativas populares anchurosas como ríos, la utopía que busca pasar   de una política tanática a una erótica, recuperando el principio utópico de la esperanza, la idea de mandar obedeciendo enquistada en las comunidades ancestrales. Es la hora del salto del puma al pasado, para abrir la ventana que por siglos los guardianes han mantenido clausurada.

Por Alberto Antonio Berón Ospina

Escritor.

Profesor Titular Universidad Tecnológica de Pereira

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David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia.  . Imagen: Enrique García Medina

El vicepresidente de Bolivia advierte que "nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global"

De visita en Buenos Aires, donde celebró el Año Nuevo Andino, el también excanciller boliviano asegura que estamos frente a un tiempo de cambios en el que "no hay que tenerle miedo a nada".

 

Con la certeza de que estamos frente a un momento crítico a nivel mundial, David Choquehuanca llama a perder el miedo y cuestionarlo todo. El vicepresidente de Bolivia advierte que el "modelo de desarrollo occidental capitalista nos ha llevado al desastre" y por eso es urgente una renovación liderada por los jóvenes. De visita en Buenos Aires, donde celebró el Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño 5530, Choquehuanca recibe a Página/12y llama a los pueblos a despertarse porque "nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global".

Choquehuanca nació el siete de mayo de 1961 en la comunidad aimara de Cota Cota Baja, departamento de La Paz. Es el vicepresidente de Bolivia desde el ocho de noviembre de 2020. Antes fue ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia entre 2006 y 2017, durante los tres gobiernos de Evo Morales. Fue en aquellos años que sugirió cambiar el sentido de las agujas del reloj de la Asamblea Legislativa como gesto de descolonización porque "si no queremos violentar las leyes de la naturaleza, nuestro reloj también tiene que funcionar hacia el sur".

- ¿Está conforme con la condena a diez años de cárcel a la expresidenta de facto Jeanine Áñez?

- No se trata de estar conforme con una sentencia, se trata de que se haga justicia. Mira, nuestra democracia ha sido interrumpida después de 40 años y en 2019 hemos vivido un año de terror, de desilusión, de represión, de violación de los derechos humanos. Hubo masacre. Todo el mundo sabe esto. Y nosotros en nuestra campaña hemos prometido justicia. Es lo único que buscamos, y quien administra justicia no es el poder ejecutivo ni el poder legislativo. La justicia es un poder independiente, ellos son los que tienen que asumir su responsabilidad con el pueblo y con las víctimas.

- Usted dijo hace un mes que el pueblo boliviano se está cansando de los dirigentes que se eternizan en el poder. ¿A qué se refería exactamente?

- El mundo tiene que renovarse. Hay un desorden global. Hay incertidumbre, hay caos. Necesitamos cambios, revolución de ideas. ¿Y quiénes tienen que ser los protagonistas? Los jóvenes, ellos son quienes tienen que despertar su creatividad y no esperar que las personas mayores les digan lo que tienen que hacer. Estos jóvenes tienen que tener la capacidad de leer su realidad, y lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar instrumentos para que estos jóvenes puedan despertar su rebeldía. En el mundo hay carencia de líderes y los revolucionarios queremos cambios. Somos semillas. Tenemos que sembrar. Si la papa no se siembra y no se renueva, la papa desaparece.

- El fin de semana se reunió con el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, en un momento en el que los medios de su país hablan mucho de diferencias internas.

- Es bueno tener diferencias. ¡Si no se contradice a la ciencia, no se desarrolla! Nosotros estamos en función de gobierno, la organización política que está en función de gobierno es el MAS-IPSP, y este tiene a su presidente que es Evo Morales. Nuestro presidente en funciones es el hermano Luis Arce y yo estoy acompañando como vicepresidente. Y somos un gobierno de las organizaciones. En estas reuniones nos encontramos, no es la primera ni será la última. Somos actores, podemos hacer mucho por nuestro pueblo y a todos los temas hay que discutirlos.

- Hace poco de visita en España sostuvo que la democracia vista desde la perspectiva occidental se "ha destruido a sí misma". ¿Habría que ir hacia una instancia superadora?

- No hay que tenerle miedo a nada. La cultura del miedo y el odio llega con el colonialismo. Nosotros tenemos nuestra propia forma de organización donde no se acepta que se someta a nadie. En democracia las minorías se someten a las mayorías. Existe la palabra someter, y someter al prójimo no es vivir bien, como robar no es vivir bien, como mentir no es vivir bien. Y lo que nosotros buscamos es el vivir bien, buscamos la armonía. Nuestra lucha es contra el sometimiento, no solamente entre los seres humanos, también con nuestra madre tierra. Tenemos que cuestionar palabras como democracia, no tenemos que repetir como si fuéramos loros. ¿Por qué no podemos explicarnos desde nuestro lugar? Es hora de cuestionar todo. Hasta el desarrollo nos hemos dejado imponer.

- ¿Y cómo se puede cambiar esa forma de desarrollo?

- Es mejor si nosotros tomamos nuestras decisiones mediante el consenso. Consenso no es lo que yo quiero, consenso no es lo que la hermana quiere, consenso no es lo que el vecino quiere, consenso no es lo que el de abajo quiere. Consenso es lo que todos queremos. Es saber encontrar el centro, el eje, el taypi. Es saber encontrar el eje que pone en movimiento una sociedad, una comunidad, una organización. Necesitamos estar en movimiento. Tiene que haber un proceso de autointerpelación. Tiene que haber una revolución de ideas. Las turbinas del viejo sistema se están apagando, y este modelo de desarrollo occidental capitalista nos ha llevado al desastre.

- En relación a lo que plantea, en su paso como canciller propuso cambiar el sentido de las agujas del reloj ubicado en el edificio del Congreso. ¿En qué se basó para tomar esa decisión?

- El planeta se divide en sur y norte por la línea del Ecuador. Nosotros estamos en el sur. En el sur la sombra gira a este lado, en el norte gira al otro lado. Los marineros conocen esto: cuando cruzan la línea del Ecuador cambian su dirección. Y como estamos en el sur y no queremos violentar las leyes de la naturaleza, nuestro reloj también tiene que funcionar hacia el sur. Muchas cosas nos han traído del norte. En Navidad nosotros ponemos nuestros arbolitos con nieve, como si estuviéramos en el norte. Hasta el Papa Noel nos han traído ellos. Pero los niños en Bolivia dicen que como el Papa Noel no es nuestro no le dejan entrar a la casa, ¡y por eso quiere echarse por la chimenea! (risas) Nosotros tenemos nuestro ekeko, que es la energía de la abundancia, del vivir bien. Tenemos nuestras propias categorías económicas, pero no se enseñan en las universidades. Europa no nos ha traído la civilización, nos ha traído la barbarie. Por eso en Bolivia nosotros hablamos del proceso de descolonización. Tenemos que volver a ser, porque ya no somos. ¡Y somos del sur!

- ¿Qué sensaciones le generó el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y qué puede significar para la región?

- Todos nos hemos alegrado. Algunos hemos celebrado incluso más que los colombianos. Tenemos la esperanza de que las cosas cambien en Colombia. Y Petro tiene la autorización con el voto para que se puedan superar todos los males que el pueblo colombiano ha vivido. Pero este resultado también es una fortaleza para nuestra región. Queremos que se respete nuestra soberanía. Queremos decidir nosotros y no fuerzas extracontinentales. Necesitamos construir integración. Si nosotros vamos solos a otros espacios multilaterales, no vamos a poder plasmar nuestras ideas. Pero si vamos juntos y nos sentamos de igual a igual, por ejemplo con la Unión Europea, no solo nos van a escuchar, también nos van a respetar.

- ¿Qué balance realiza de la última Cumbre de las Américas? Bolivia fue uno de los países que se negó a asistir en solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

- La Cumbre de las Américas está en crisis, al igual que la OEA. Pregúntale a nuestros jóvenes, ya no les interesa. La realidad es que no todos tenemos que pensar igual. Donde dos personas piensan igual, dicen que uno no piensa. Ningún país tiene la capacidad de encarar solo, por más desarrollado que sea, los problemas que son globales. Nos necesitamos. Necesitamos discutir cómo podemos hacer que las riquezas no se concentren en manos de unos pocos. Hacerlos tomar conciencia de que nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global. Y si hay esta catástrofe global nos vamos todos, los pobres y también los ricos.

22 de junio de 2022

Publicado enSociedad
En El capital en el siglo XXI, Thomas Piketty evitó defender el socialismo. Ahora ha adoptado el término. (Foto: Universidad Centroeuropea / Flickr)

Hace años que Thomas Piketty viene articulando una convincente crítica del capitalismo del siglo veintiuno. Ahora parece estar avanzando más allá de la crítica y convoca a un socialismo del siglo veintiuno.

El artículo que sigue es una reseña de ¡Viva el socialismo! Crónicas 2016-2020 de Thomas Piketty.

Es un un signo de época que uno de los intelectuales más importantes publique un libro de ensayos titulado ¡Viva el socialismo! Como explica Piketty en la larga introducción a esta obra, «si en 1990 alguien me hubiese dicho que en 2020 publicaría una compilación de artículos titulada en francés Vivement le socialisme!, hubiera pensado que era un mal chiste».

Sin embargo, como sucedió con tantas personas en todo el mundo, las últimas tres décadas de lo que Piketty denomina «hipercapitalismo» lo llevaron a cuestionar las verdades heredadas sobre el sistema económico dominante. Y aunque el autor todavía rehuía defender el socialismo cuando publicó El capital en el siglo XXI, su obra magna sobre la desigualdad y éxito de ventas en 2013, ahora acoge la palabra argumentando que, más allá de la carga que imponen sus connotaciones estalinistas, «sigue siendo el término más apropiado para describir la idea de un sistema económico alternativo al capitalismo».

Pero la cuestión está lejos de agotarse en una disputa terminológica. Como explica Piketty, su reconciliación con el socialismo refleja su nueva convicción de que «uno no puede estar “en contra” del capitalismo o del neoliberalismo: uno debe estar también y sobre todo “a favor” de otra cosa, y eso implica precisamente designar el sistema económico ideal que uno desea establecer». Alimentada por una desigualdad brutal y por la sombría catástrofe climática, la furia contra el capitalismo está bastante extendida. Por eso, según Piketty, ahora necesitamos más que nada persuadir a todo el mundo en función de una «alternativa explicada con claridad». 

Un socialismo nuevo

Piketty resume su defensa de «una nueva forma de socialismo» con los adjetivos «participativo y descentralizado, federal y democrático, ecológico, multirracial y feminista». La perspectiva que nos convida empalma sin duda con la tradición del socialismo democrático, que busca profundizar y expandir las instituciones representativas y las libertades políticas codificadas en las democracias capitalistas contemporáneas. Lejos de avizorar un levantamiento insurreccional, Piketty argumenta que «no es nada improbable avanzar gradualmente hacia un socialismo emancipador mediante la transformación del sistema legal, fiscal y social».

Desde su punto de vista, esta transición está en marcha: «Si asumimos una perspectiva de largo plazo, la larga marcha hacia la igualdad y hacia el socialismo participativo empezó hace bastante tiempo». Aunque el progreso se detuvo en la época neoliberal, Piketty destaca que la gran historia de los países capitalistas desde el siglo diecinueve es la historia de la «reducción aguda» de las desigualdades y del crecimiento imponente del Estado de bienestar. 

En Europa Occidental —foco geográfico del libro— el gasto público total de comienzos del siglo veinte representaba apenas un 10% de los ingresos nacionales. Hoy oscila entre el 40 y el 50%, y está dedicado sobre todo a financiar servicios como la educación, la salud y las jubilaciones. De acuerdo con Piketty, este progreso es el resultado de la presión popular codificada en las políticas gubernamentales, es decir, no se trató de una maniobra de la clase dominante para impedir el cambio radical, ni es la consecuencia inevitable del desarrollo capitalista librado a sus propias fuerzas.

Aunque Piketty argumenta que promover la expansión de los servicios públicos —que debería incluir, sobre todo, medidas para hacer que la educación superior sea accesible para todos— es esencial para avanzar hacia el socialismo, su perspectiva no se reduce a reconstruir Estados de bienestar robustos. Si queremos una igualdad real, debemos repensar «todo el espectro de relaciones de poder y dominación». En el núcleo de su concepción sobre la transición al socialismo está la redistribución de la riqueza combinada con la extensión del poder de influencia de los empleados en las empresas privadas. 

Una de las propuestas más innovadoras de ¡Viva el socialismo! es incrementar considerablemente los impuestos progresivos para garantizar que todos tengan un «mínimo de herencia» de aproximadamente 180 000 dólares cuando cumplan los veinticinco años. A través de esta política, Piketty prevé la construcción de una sociedad en la que «todos poseerán unos cuantos cientos de miles de euros, algunos tal vez poseerán unos cuantos millones, pero las grandes fortunas […] solo serán temporarias y serán rápidamente aplanadas por el sistema impositivo hasta alcanzar niveles más racionales y más útiles en términos sociales». 

Garantizar que todos tengan un colchón financiero generoso traería muchos beneficios, entre los que cabe destacar que liberaría a los trabajadores de las presiones que ejerce la necesidad material y que los lleva a aceptar malas condiciones de trabajo, bajos salarios y despotismo fabril. En síntesis, una redistribución general de la riqueza que opere de arriba abajo ayudaría a «redefinir el conjunto de relaciones de poder y de dominación social».

Con el fin de profundizar este desplazamiento de poder, Piketty también propone que todos los países adopten un sistema de cogestión en el que representantes elegidos por los trabajadores ocupen la mitad de las mesas directivas de todas las grandes empresas. Esta política, destaca, existe en algunos países como Suecia y Alemania, y produjo una «transformación considerable de la lógica accionaria clásica». 

Sin embargo, Piketty también advierte contra la idealización de las formas en que este sistema de cogestión fue implementado en el pasado, argumentando que es posible diseñar formas más ambiciosas. El autor concluye su argumentación a favor del socialismo destacando que todas sus propuestas tienen un carácter provisional: las políticas específicas que elabora «apuntan a abrir el debate, nunca a cerrarlo» porque el «socialismo participativo que defiendo no vendrá de arriba».

Un cambio bienvenido

El hecho de que un pensador tan influyente como Piketty haya acogido el socialismo es significativo en sí mismo y pavimenta el camino a que cada vez más personas comiencen a imaginar un mundo más allá del capitalismo. Pero, ¿qué decir de su perspectiva de transformación socialista?

Sin duda, el discurso de un avance hacia el socialismo relativamente gradual y que está en marcha hace bastante tiempo hará que muchos radicales, formados en la escuela de la ruptura revolucionaria en el Estado y en la economía, levanten las cejas con escepticismo. Sin embargo, no debemos subestimar esta perspectiva gradualista. 

La verdad es que no tenemos ninguna manera de predecir con precisión la forma que adoptará la transición al socialismo en una democracia capitalista avanzada. Es probable que la insistencia de Piketty en el hecho de que las reformas radicales que propone deberán conquistarse a través de la lucha contra el poder empresarial —y no adecuándose a sus mandatos— baste como horizonte estratégico en el futuro próximo. Aunque cabe esperar que una ruptura revolucionaria más rápida y menos pacífica llegue a estar en agenda cuando se haga sentir la reacción minoritaria de los patrones, la verdad es que la proyección de una revolución inmediata como única vía posible no responde a la necesidad ni implica un beneficio político.

Algunos radicales también desconfiarán de la insistencia de Piketty en que la transición al socialismo está en marcha según los datos del crecimiento del Estado de bienestar y de la disminución correlativa de la desigualdad económica. Pero el autor también tiene un punto en este caso: las reformas conquistadas por los socialistas, por los trabajadores organizados y por los movimientos sociales durante el siglo pasado efectivamente tuvieron consecuencias sobre las relaciones mercantiles. 

A pesar de los estragos del neoliberalismo, el Estado de bienestar sigue existiendo incluso en lugares como Estados Unidos y el Reino Unido, y las luchas presentes y futuras por la desmercantilización se desarrollan sobre una base social mucho más elevada que la de, por ejemplo, los años 1930. En ese sentido, la crítica más pertinente contra la socialdemocracia —y Piketty está de acuerdo— no es que hayan sido gradualistas, sino que en última instancia mostraron ser incapaces de ser gradualistas efectivos. En vez de transmitir cada vez más poder y control a manos de los trabajadores, los partidos socialdemócratas, a partir de los años 1980, abandonaron en gran medida este proyecto frente a la crisis económica, la globalización y la resistencia patronal.

Tampoco tiene sentido criticar a Piketty por omitir el llamado a nacionalizar las instituciones económicas más importantes. Existen buenos argumentos para sostener que los mercados de bienes privados son perfectamente compatibles —y tal vez hasta sean necesarios— con una sociedad socialista próspera, en la que se supone que el Estado socavó radicalmente el poder y la riqueza de los capitalistas, que la democracia económica en los lugares de trabajos es un hecho y que las políticas de bienestar garantizan que todo el mundo acceda a los servicios necesarios. Dicho todo esto, la defensa que Piketty hace del socialismo podría haber sido más convincente si se hubiera comprometido con las propuestas de democratizar completamente las empresas, como anticipaba el célebre plan Meidner de Suecia. 

Ni un paso adelante sin los trabajadores

Una limitación más significativa es que Piketty no dice casi nada sobre la importancia de reconstruir el poder de los trabajadores organizados. Se contenta con algunas observaciones al pasar cuando habla de «repensar las instituciones y las políticas, incluidos los servicios públicos y, en particular, la educación, la legislación laboral, las organizaciones y el sistema impositivo», cuando dice que hay que «terminar con el menosprecio de los sindicatos, el salario mínimo y las escalas salariales». Sin embargo, la relativa desatención del autor hacia el trabajo organizado no deja de ser sorprendente dado el encomiable cuidado que pone en la urgencia de recuperar la política de la clase obrera, y su conocimiento consistente de la importancia histórica que tuvieron los sindicatos en la reducción de la desigualdad. 

Tal vez Piketty, priorizando su experticia en el relevamiento de datos que permite identificar tendencias históricas y soluciones políticas, siente que es mejor dejar que otros doten de espesor a las líneas estratégicas necesarias para conquistar el horizonte que nos propone. Como sea, sin un movimiento obrero revitalizado, que apunte a cambiar el equilibrio de poder entre las clases, es improbable que se concreten las soluciones más ambiciosas del autor, y muchas otras podrían desembocar en consecuencias indeseadas. 

La cogestión de los trabajadores, por ejemplo, efectivamente puede servir en términos generales como una herramienta para incrementar la influencia de los trabajadores, siempre que esté acompañada por sindicatos robustos. Pero sin la relación de fuerzas relativamente favorable que garantizan las organizaciones de la clase obrera, y sin la amenaza creíble de una acción obrera en los lugares de trabajo, los planes de cogestión corren el riesgo de convertirse, en el mejor de los casos, en un instrumento desdentado, y, en el peor, en un mecanismo de control que fuerza a los trabajadores a ratificar las prerrogativas de los patrones.

Nada de esto desmerece la importancia de ¡Viva el socialismo! ni la fortaleza de la perspectiva que nos convida. El esfuerzo que Piketty pone en esbozar una alternativa al capitalismo debería ser un motivo de reflexión para todos los progresistas que todavía mantienen su escepticismo frente a la «s» de socialismo. Y los militantes más radicalizados, cuya efectividad política en las democracias capitalistas tiende a debilitarse por el apego doctrinario a fórmulas articuladas en otras épocas y en otros contextos políticos, harían bien en considerar las obras de este autor francés. En la tarea de conquistar un mundo mejor, es probable que la apertura intelectual de ¡Viva el socialismo! termine siendo más útil que sus propuestas políticas concretas.

Por Eric Blanc

Traducción: Valentín Huarte

Publicado enEconomía
Pensar y actuar desde las heterogeneidades

La homogeneidad de los sujetos colectivos no fue más que un sueño imposible del pensamiento crítico, que hoy es cuestionado por la realidad. El esfuerzo para uniformizar el campo popular desembocaba en la política de la unidad que atravesaba el sindicato, las diversas organizaciones sociales y el partido, porque se estimaba que era clave para la conquista del Estado.

Desde sus más tempranas obras, como el Manifiesto comunista (1848), Marx trabajó en la idea de que la sociedad se dividiría cada vez más en dos campos opuestos y que cada uno sería homogéneo, porque defenderían intereses comunes que primaban por sobre las "contradicciones secundarias", como las bautizó Mao.

Consideró Marx que "las condiciones de existencia de los proletarios se igualan cada vez más", por el desarrollo fabril que los sume en la pobreza, pero además creyó que "sólo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria". Las demás tienden a desaparecer o son reaccionarias, como pensaba que lo era el campesinado.

Pero si estas ideas no eran justas, menos lo sería la aplicación de ciertos "principios" derivados de ellas en la acción política. Aparecieron así centrales "únicas", como las CUT de Brasil y Chile, entre otras, e incluso la central "única" campesina de Bolivia, la CSUTCB. Existen cientos de "sindicatos únicos" por rama, cada uno de los cuales encarna la "unidad".

Estos conceptos de unidad y único encarnan una voluntad expresa de excluir y aplanar lo diverso, todo aquello que no se subordina a una estrategia que necesita sujetos colectivos homogéneos. Porque se supone que la unidad labrada en la homogeneidad, permite que existan sujetos potentes capaces de tomar el poder y de imponer la hegemonía del campo revolucionario.

Luego pasa lo que pasa: se encumbra una dirección que representa la unidad y termina usurpando el papel de los sectores populares que dice representar. Hasta que ese cogollo de arriba se convierte en una nueva clase dominante, o como quiera llamarse a la manada de los Putin, Ortega y Xi, que mandan mandando.

En la década de 1970, y hasta hace poco tiempo, los defensores de la unidad acusaban a las feministas de dividir a la izquierda y a los sindicatos, y que sus demandas se materializarán cuando ellos (los varones dirigentes) llegaran al poder. Lo mismo se le dijo a los pueblos originarios y negros. La carta de Aimé Césaire a Maurice Thorez renunciado al Partido Comunista Francés (1956) es una de las más brillantes piezas de denuncia de esa política (https://bit.ly/3HD4JCp).

Lo cierto, y lo esperanzador, es que desde que han comenzado a emerger otros sujetos colectivos como los pueblos originarios y las mujeres, las cosas empezaron a cambiar y ya no se habla tanto de homogeneidad y de unidad. Pero han surgido nuevos problemas.

Resistir y luchar en la heterogeneidad ha llevado a colectivos y personas a defender temas acotados y estrechos, desentendiéndose de los problemas comunes. Anclarse en la defensa de las opresiones que se sufren, pero luchar también contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, no es lo habitual en estos tiempos.

De ese modo, el poder ha aprendido a cooptar adoptando un barniz verde, sustentable, diciendo apoyar a las mujeres, las disidencias sexuales, los indígenas y afros. Ha sido el modo de agrandar su base social incorporando a las élites de movimientos, pero tendiendo un cerco político contra los anticapitalistas, acusándolos de radicales.

En realidad el poder hace su juego. El problema, como casi siempre, está en nuestro campo. Sólo podemos salir adelante si sentimos que todas las opresiones nos interpelan, que debemos apoyar todas las resistencias, más allá de la geografía de cada quien, del atractivo de tal o cual discurso o dirigente.

Como dijo León Felipe: "Nunca cantemos la vida de un mismo pueblo / ni la flor de un solo huerto / Que sean todos los pueblos y todos los huertos ­nuestros".

Un tema central es cómo relacionarnos entre personas y colectivos diferentes, entre las heterogeneidades que resisten. Aquí los vocablos único y unidad estorban. Los pueblos originarios de Brasil crearon una "articulación", la APIB. Los nasa del Cauca colombiano crearon un "consejo regional", el CRIC. Ahí está el Concejo Indígena de Gobierno como ejemplo de similar propósito.

Otros han creado coordinadoras, plenarias y las más diversas formas con la intención de incluir las diferencias, alentando su expresión en un arcoíris en el cual todos los colores conviven sin que uno se imponga al resto. Para abrazar a todos los pueblos, a todas las opresiones y resistencias, no se valen ni las vanguardias ni las contradicciones principales y secundarias.

Construir en la heterogeneidad, respetando los tiempos y los modos de caminar de cada quien, como proponen los zapatistas, es un proceso de aprendizaje inacabado, siempre incompleto, que nos exige estar dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir soltando egos individuales y colectivos.

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La estéril ilusión del cambio por arriba

Colombia, Ecuador y Chile nos muestran procesos recientes relativamente similares. Gobiernos de la derecha neoliberal enfrentados por grandes revueltas populares de larga duración, que abrieron brechas en la dominación y pusieron en jaque la gobernabilidad. El sistema político respondió encauzando la disputa hacia el terreno institucional, con beneplácito y entusiasmo de las izquierdas.

Durante las revueltas se fortalecen las organizaciones de base y se crean nuevas. En Chile, más de 200 asambleas territoriales y más de 500 ollas comunitarias en Santiago cuando se declara la pandemia. En Ecuador el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, con más de 200 organizaciones. En Colombia decenas de "puntos de resistencia", territorios libres donde los pueblos crean nuevas relaciones entre ellos.

Los resultados de la opción institucional suelen hacerse visibles tiempo después, cuando la potencia de los levantamientos empieza a desfibrarse y casi no quedan or­ganizaciones de base. El Parlamento ecuatoriano ya no funciona. Las asambleas chilenas se han debilitado en cantidad y participación. Igual sucede en Colombia.

El caso de Chile es el más dramático, ya que toda la potencia de la revuelta fue pronto neutralizada con la firma de un acuerdo para una nueva Constitución, aunque sabemos que el objetivo final era sacar a la población de las calles, porque es la amenaza principal para el dominio de las élites económicas y políticas.

Chile es el único de esos tres países en que el proceso electoral coronó a alguien que dijo representar la revuelta, el actual presidente Gabriel Boric. ¿Qué más se podía pedir? Un joven que fue activo en la protesta estudiantil y que forma parte de la "nueva" izquierda agrupada en torno al Apruebo Dignidad.

Es la mayor decepción imaginable, para quienes apostaban a un cambio gestionado desde arriba en ancas de la protesta. Fue Boric quien firmó el pacto con la derecha y el centro, con la elitista clase política, para convocar la constituyente. Fue quien dijo una y otra vez que las cosas cambiarían con su gobierno y prometió desmilitarizar territorio mapuche, Wall Mapu.

Dos meses después de asumir la presidencia decidió establecer el estado de excepción en esas tierras. Igual que Sebastián Piñera, el presidente derechista odiado por medio Chile. Igual que todos los gobiernos anteriores, incluyendo por supuesto al régimen de Pinochet.

El estado de excepción se dirige contra el activismo mapuche que recupera tierras y sabotea a las empresas extractivas que destruyen la madre tierra. En particular, se dirige contra la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Liberación Nacional Mapuche (LNM), así como contra organizaciones de resistencia territorial autónomas.

La ocupación militar de la Araucanía responde al pedido de camioneros y latifundistas. Para Héctor Llaitul, dirigente de la CAM, es "la plena expresión de la dictadura militar que nosotros, los mapuche, siempre sufrimos"; en tanto la RML considera que "Boric dejó las nuevas políticas represivas en las manos del Partido Socialista, con el aval del crimen organizado" (https://bit.ly/3lYSpSC).

Sólo cabe agregar que el área económica fue entregada a uno de los más destacados defensores del neoliberalismo y la ortodoxia económica, Mario Marcel. No habrá cambios. Apenas maquillaje. La popularidad de Boric se despeñó: 57 por ciento lo desaprueban, sólo dos meses después de asumir (https://bit.ly/3x2dkcz).

Lo de Chile no es la excepción, sino la regla. Algo similar sucede en Ecuador, aunque la presidencia la ganó el derechista Guillermo Lasso. En Colombia, lamentablemente, el movimiento social se entrampó en las urnas al desorganizar sus propios territorios urbanos. Algunas reflexiones.

Primero: la política electoral depende mucho más del marketing que de programas y propuestas. Así como el consumismo es una "mutación antropológica" (Pasolini), el marketing electoral remodela de arriba abajo los mapas y las conductas políticas.

Dos: el poder, el verdadero poder, no nace de las urnas ni está en los parlamentos ni en los gobiernos, sino lejos de la visibilidad pública, en el capital financiero ultraconcentrado, en el 1% invisible que controla medios de comunicación, fuerzas armadas y policiales, gobiernos de cualquier nivel y, sobre todo, a los grupos ilegales narcoparamilitares que rediseñan el mundo.

Tres: los gobiernos electos no pueden –en el hipotético caso de que lo intentaran– tocar los intereses de los verdaderos poderes y de los poderosos. Ellos están blindados detrás de varios ejércitos, estatales y privados, de un opaco sistema judicial y de los grandes medios.

Cuatro: se trata de tomar otros caminos, no de insistir en los que ya sabemos que no conducen más que a relegitimar lo existente y a debilitar los mundos otros que nacen. No disputar el poder de ellos (ni su salud, ni sus medios, ni su educación). Crear lo nuestro. Y defenderlo.

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