Nancy Pelosi en Taiwán: Una arriesgada provocación para el imperialismo

El aterrizaje del presidente de la Cámara de los Estados Unidos en Taiwán abre un escenario impredecible para la escalada de las malas relaciones entre Washington y Peckin

 

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aterrizó en Taiwán la noche del martes (hora local). Esta provocación del imperialismo estadounidense ante las amenazas de la dictadura bonapartista china –Xi Jinping le había dicho a Joe Biden que “quien jugara con fuego perecería” en los asuntos de Taiwán– es motivo de confusión entre los propios analistas. En plena guerra en Ucrania, no están claros los objetivos del Gobierno demócrata de intensificar los roces entre Washington y Pekín, aliado de Rusia y que hasta el momento se había comprometido a no asistir militarmente a la ofensiva de Putin.

Esta es una nueva escalada con consecuencias indeterminadas. La visita de Pelosi a Taipei, parte de una gira que incluye a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, es la presencia de más alto nivel de un funcionario estadounidense en décadas, desde que Newt Gingrich lo hiciera en 1997, también como presidente de la Cámara. En ese momento, en una situación en la que China era mucho más frágil económica y militarmente y estaba sufriendo la destrucción producto de la restauración capitalista en el país, la administración de Bill Clinton acababa de recibir la visita del líder taiwanés Lee Teng-hui. Tal visita en 1995, entendida por la República Popular como una salida de Washington de la política de "Una China", provocó la llamada Crisis del Estrecho de Taiwán, en la que China disparó una serie de misiles en aguas taiwanesas en represalia. El gobierno de EE. UU. respondió organizando la mayor exhibición de poderío militar imperialista en Asia desde la Guerra de Vietnam.

Hoy, el gobierno chino condenó la visita de Nancy Pelosi como una "grave violación de la soberanía nacional y la integridad territorial" de la República Popular.

Antes de su llegada, el Ejército Popular de Liberación realizó maniobras aéreas y marítimas en el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán, así como una serie de ejercicios militares en otras áreas costeras. El peligro de escaramuzas militares hizo que el avión de la fuerza aérea estadounidense que transportaba a Pelosi y su delegación cambiara de rumbo, abandonando la ruta anterior de Kuala Lumpur a Taipei, dando un amplio rodeo por Borneo y Filipinas.

Horas antes, el canciller chino, Wang Yi, acusó a EE. UU. de "vaciar" su política de "Una sola China", según la cual reconoce la visión de Beijing de que Taiwán es parte de China, y sugirió que Washington actúa como "el mayor destructor de la paz en la actualidad". . China recibió apoyo inmediato de Rusia, que acusó a Estados Unidos de “provocar” a China, en aparente reciprocidad por el apoyo tácito de Beijing a la invasión reaccionaria de Putin a Ucrania. "Todo sobre esta gira y la posible visita [de Pelosi] a Taiwán es puramente provocador", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según Reuters. La torre de televisión Ostankino en Moscú se iluminó con un mensaje que decía “¡China, estamos contigo!”.

La Casa Blanca ha dado muchas señales contrarias durante la escalada de las últimas semanas. La prensa informó con entusiasmo que el presidente Joe Biden envió a varios altos funcionarios, incluido el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, para tratar de convencer a Pelosi de que no viajara a Taiwán. Biden también dijo recientemente que el ejército de EE. UU. no creía que la visita fuera "una buena idea", aunque los funcionarios de defensa dijeron que el general Mark Milley, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, solo se había limitado a exponer los escenarios que podrían surgir en torno a su visita. Por otro lado, no menos curioso, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby,

No se puede descartar que podamos estar enfrentando desacuerdos entre las altas esferas del Estado norteamericano, especialmente en medio de la presión que las elecciones intermedias ejercen sobre los Demócratas, quienes probablemente perderán la mayoría legislativa ante los Republicanos de Donald Trump, que disputan con el Partido Demócrata quién tiene la retórica más vociferante contra Beijing. Pese a la continuidad de la postura agresiva heredada del gobierno de Donald Trump, el actual presidente Biden no se ve como un mandatario lo suficientemente firme en la conducción de la política de competencia-cooperación con China e incluso en la guerra de Ucrania, es criticado por supuesta delicadeza en el trato con Moscú, a pesar de estar al frente del mando logístico de la OTAN y de la interferencia militarista (sin tropas sobre el terreno) sobre el ejército ucraniano. La postura de Estados Unidos frente a las amenazas chinas es un elemento fuerte que afecta la campaña política tanto de republicanos como de demócratas. Pese a las advertencias del Pentágono, Biden reconoce que no podía simplemente retractarse de la advertencia explícita de Xi Jinping, que mostraría a Washington en una posición defensiva frente a la potencia asiática, y podría leerse como un estímulo a los planes de incorporación militar de la isla por parte de la República Popular China.

Pero, aun dentro de las casi ciertas fisuras en el establishment , “hay método en la locura”. El régimen imperialista bipartidista, y en particular Joe Biden, atraviesan dificultades internas para las que, tradicionalmente, Estados Unidos utiliza la política exterior como válvula de escape. La economía estadounidense se contrajo 0,2% en el segundo trimestre de 2022, lo que técnicamente la ubica dentro de la definición de recesión económica (en el primer trimestre la economía se contrajo 0,4%). La tasa de inflación de EE.UU., tras los efectos de la guerra en Ucrania, subió este año hasta el 9,1%, la más alta desde 1981, lo que obligó a la Reserva Federal a subir dos veces seguidas la tasa oficial de interés en 0,75 puntos., un ataque directo al poder adquisitivo de millones de trabajadores y sectores medios. La devaluación de los salarios y las pésimas condiciones laborales en el período pospandemia, a pesar de un nivel de empleo estable, llevó a una nueva generación de jóvenes trabajadores a luchar por la sindicalización en grandes monopolios como Amazon y Starbucks, además del surgimiento de huelgas. en sectores estratégicos como la aviación con la huelga de los trabajadores de Boeing. Es probable que esta situación empeore en 2023, especialmente debido a los planes de economistas de un amplio espectro del establishment, desde Jay Powell hasta Paul Krugman, para intentar “resolver” la inflación congelando los salarios y aumentando la tasa de desempleo.

La economía de China también se desaceleró en el segundo trimestre, impactada por los "bloqueos" en varias ciudades del país a causa del Covid-19, y creció un 0,4%, según datos oficiales (los expertos esperaban que la economía china creciera entre un 0,9% y un 1% en el mismo período).

Es posible que estos dos factores trabajen juntos. A ellos se suma un tercer elemento importante, que es la importancia de este año para el destino de Taiwán . El 20º Congreso del Partido Comunista chino (PCCh) se llevará a cabo en noviembre, y entronizará a Xi Jinping para un tercer mandato sin precedentes (posiblemente allanando el camino para un gobierno de por vida). Desde 2013, la política de China se ha vuelto abiertamente más agresiva contra Taiwán. En 2019, Xi Jinping declaró que la incorporación de la isla se produciría de todos modos ("No prometemos renunciar al uso de la fuerza, y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias"), así como en 2021 durante la celebración de los 100 años del PCCh, en la que afirmó que la unificación con Taiwán era "una misión histórica y un compromiso inquebrantable" del Partido.

Taiwán es la joya de la corona del sudeste asiático y ha sido considerada por China como una parte integral de su territorio, no como una nación autónoma, desde el final de la Guerra Civil de 1946-49, cuando la derrota de Chiang Kai-shek llevó al Kuomintang a emigrar a la isla. La toma de Taiwán, encabezada por la independentista Tsai Ing-wen (del Partido Democrático Popular burgués), forma parte del plan de rejuvenecimiento de la nación china, según Xi Jinping, por dos motivos centrales: su capacidad para facilitar el acceso a las aguas profundas del Océano Pacífico (que China no tiene), y la existencia de una infraestructura tecnológica avanzada, siendo Taiwán el hogar de los semiconductores de última generación más valiosos del mundo: la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Estados Unidos, que acaba de aprobar en el Congreso una legislación que favorece a las empresas productoras de semiconductores, rechaza cualquier perspectiva de que China se haga cargo de la estructura tecnológico-industrial responsable de suministrar el 70% de los microchips de última generación del mundo. El viaje a Taipei sería una fuerte señal contra las intenciones chinas antes del 20º Congreso.

Todavía en Taiwán, Biden aumentó la presión durante su primera visita a Asia como comandante en jefe en mayo de 2022. Cuando se le preguntó si EE. UU. estaría militarmente involucrado en un ataque chino en Taiwán después de negarse a enviar tropas a Ucrania para luchar contra los rusos invasores, dijo afirmativamente que ese era el compromiso asumido. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China atacó a Biden casi inmediatamente después de los comentarios, a pesar de que los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la política estadounidense no había cambiado. El ministerio dijo que Beijing "no tiene espacio para compromisos" sobre preocupaciones clave, incluido Taiwán, y que tomaría medidas firmes para defender sus intereses de seguridad.

Estos factores no hacen que la jugada sea menos riesgosa para el imperialismo estadounidense, y existe controversia sobre sus resultados. Thomas Friedman, un destacado columnista del New York Times , vinculado a los demócratas, califica la visita de Pelosi de "completamente imprudente, peligrosa e irresponsable". El principal riesgo que ve es dar a China razones para cambiar su postura de apoyo pasivo a Rusia y enfrentar a dos potencias militares al mismo tiempo contra la política de Washington en Europa. “Hay momentos en las relaciones internacionales en los que es necesario estar pendiente del premio. Hoy ese premio está muy claro: debemos asegurarnos de que Ucrania sea capaz, como mínimo, de mitigar -y, como mucho, revertir- la invasión de Vladimir Putin que, de tener éxito, supondrá una amenaza directa para la estabilidad de la toda la Unión Europea. Para ayudar a crear la mejor oportunidad de Ucrania de revertir la invasión de Putin, Biden y su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, sostuvieron una serie de duras reuniones con los líderes de China, implorando a Beijing que no ingrese al conflicto de Ucrania prestando atención a la asistencia militar a Rusia, y particularmente ahora. cuando el arsenal de Putin se ha reducido por cinco meses de dura guerra. Biden, según un alto funcionario estadounidense, le dijo personalmente a Xi Jinping que si China entraba en la guerra de Ucrania del lado de Rusia, Beijing estaría arriesgando el acceso a sus dos mercados de exportación más importantes: Estados Unidos y la Unión Europea. Los funcionarios estadounidenses me dicen que China respondió no brindando asistencia militar a Putin, en un momento en que Estados Unidos y la OTAN han estado brindando a Ucrania apoyo de inteligencia y una cantidad significativa de armas avanzadas que han causado graves daños a las fuerzas armadas de Rusia, el aparente aliado de China".

Mientras Friedman se pregunta por qué arriesgarse a un conflicto con China por Taiwán, "provocado por una visita arbitraria y frívola del presidente de la Cámara", el trumpista The Wall Street Journal afirma, por el contrario, que la visita en gran medida simbólica de Pelosi no sería "una buena razón para provocar un enfrentamiento entre Estados Unidos y China". Aprovechando la torpeza de los demócratas, el WSJ sugiere que es hora de cambiar la comprensión de la política de "Una China" si Beijing toma represalias. "Taiwán ya se ha convertido en un foco de conflicto entre Estados Unidos y China. Durante 50 años, el entendimiento mutuo ha sido que China esperará la reunificación pacífica mientras EE. UU. reconoce ’Una China’, siendo ambivalente sobre la defensa de Taiwán. Eso ya no funciona. Xi quiere unificar a China durante su mandato presidencial, y la retórica y la postura militar de Beijing son cada vez más beligerantes. Si China abandonara su promesa de reunificación pacífica, que ha hecho en comunicados diplomáticos durante décadas, esa sería una razón para que la administración Biden cambiara la política oficial de EE. UU. para dejar en claro que EE. UU. defenderá a Taiwán”.

La situación está abierta a escaladas impredecibles. La primera consecuencia inmediata será una nueva ronda de ejercicios militares chinos más agresivos en el Estrecho de Taiwán, y no es imposible que lo haga con Rusia. Tilman Pradt, quien escribió en 2016 el libro “La nueva política exterior de China: modernización militar, multilateralismo y la ’amenaza china”, sistematiza la periodicidad prácticamente anual en la que China y Rusia sostienen ejercicios navales conjuntos en una amplia zona de cobertura del territorio asiático, incluidos los mares del Sur y del Este de China, ejercicios dominados por operaciones antisubmarinas y de defensa aérea. Al comentar sobre el ejercicio militar conjunto de julio de 2021 en las afueras de Taiwán, Song Zhongping, ex instructor del Ejército Popular de Liberación, dijo que este ejercicio, aunque solo es una pequeña parte de una operación real para apoderarse de Taiwán, aumentó aún más la capacidad de combate del Ejército chino y reflejó la creciente confianza de China en la implementación de una misión militar holística (es decir, aterrizar, invadir y mantener el control de la isla). “La disuasión no puede resolver los problemas, solamente acciones concretas pueden funcionar para defender la soberanía e integridad territorial de Pekín" dice Song.

Las disputas se agudizan en un escenario de crisis económica inflacionaria en prácticamente todo el globo, lo que ha dado lugar a agudas crisis de regímenes políticos y caídas de gobiernos, incluso en países centrales (Boris Johnson en Reino Unido, Mario Draghi en Italia) y tendencias a las rebeliones (Sri Lanka en el sur de Asia, Panamá en América Central, Ecuador en América del Sur, manifestaciones contra el hambre en varios países africanos: Ghana, Sierra Leona, Mozambique y Sudáfrica) además de luchas obreras (huelgas de amplia apoyo popular en Gran Bretaña, huelgas de estibadores y aeronautas en Alemania). Un escenario que se convierte en un polvorín de cara al conflicto EE. UU.-China.

Por André Barbieri@AcierAndy

Martes 2 de agosto

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El paramilitarismo, los empresarios y la “verdad”

El documento de la Comisión de la Verdad, titulado Hallazgos y Recomendaciones pretende ser un escrito que revele una verdad hasta el momento desconocida o parcialmente conocida por la sociedad colombiana. Lo cierto es que en Colombia luego de décadas de un conflicto que comenzó antes de que la mayor parte de la población actualmente viva naciera, junto con la propaganda de los medios, las iglesias y los partidos políticos tiene mucho aspectos que no son conocidos por toda la población. No por eso es un documento que revela o destapa esas verdades.  Si miramos al tema del paramilitarismo y como la CEV lo trata vemos varios de los problemas con esta comisión.

Dicen varias verdades sobre el paramilitarismo, que inicialmente puede dar alguna esperanza sobre el contenido del informe.

El paramilitarismo no es solo un actor armado –entendido como ejércitos privados con estrategias de terror contra la población civil–, sino más un entramado de intereses y alianzas también asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del uso del terror y la violencia, y también a través de mecanismos de legitimación, establecimiento de normas y reglas.[1]

Sí, es cierto que el paramilitarismo es mucho más que las masacres, pero la CEV no sólo no nos explica cuáles son esos intereses sino confunde quién manda y quién sirve. Invierte los papeles muchas veces y además aunque reconoce el papel que jugó, por no decir juega todavía, el Estado, lo presenta casi como una víctima más de los paramilitares.

La CEV reconoce que los EE.UU. jugaron un papel en los años 60.

Las recomendaciones de misiones estadounidenses que visitaron el país en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) derivaron en el Decreto 1381 de 1963, el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 de Defensa Nacional, a través de los cuales se institucionalizó la vinculación de civiles al conflicto armado.[2]

 Pero no exploran mucho más ese papel, parece que si los diversos gobiernos norteamericanos no jugaron más papel que eso, que ellos no han sido el gran constante en la historia del conflicto, como si su apoyo a todos los gobiernos colombianos, el entrenamiento de militares colombianos en la Escuela de las Américas no contara para nada, y por supuesto el Plan Colombia, que sí es tratado por el informe.

Tampoco exploran el papel del Estado que aprobó esas leyes.  Parece si las leyes aparecían por arte de magia. Reconocen que el paramilitarismo gozó de una legalidad durante largo tiempo, pero no ponen nombre y apellido al asunto ni quien beneficiaba de esas leyes o cuales eran los intereses de los presidentes y congresistas involucrados en la aprobación de esas leyes y decretos. Nos habla de cómo Virgilio Barco suspendió la legalidad del paramilitarismo en 1989 pero se revivió, según la CEV, en la práctica bajo las cooperativas de seguridad rural, conocidas como las Convivir.[3] Es muy discutible decir que las Convivir fueron el paramilitarismo legal en la práctica y no el paramilitarismo legal de jure, pues no es que esas cooperativas fueran corrompidas. Siempre se pretendía legalizar el paramilitarismo a través de esa figura y en eso jugaron un papel importante el presidente Cesar Gaviria y su ministro de Defensa, Rafael Pardo quienes firmaron el decreto que les dio vida y además el presidente Samper quien ejecutó dicho decreto durante su gobierno.  No menciona a estos personajes como promotores del paramilitarismo.

 Para la CEV, el paramilitarismo es una especie de rueda suelta, independiente del Estado, y con vida propia. Los males del país son el resultado del accionar de esta rueda suelta y como penetra el Estado, las instituciones, incluyendo los militares y como coopta espacios. [4]

 Así, la institucionalización –a través de distintos gobiernos de turno– de grupos armados al servicio de intereses privados por vía legal, así como su legitimación política desde la década de los sesenta, dan cuenta no solo de la tolerancia, sino también del impulso del Estado a la delegación de la seguridad pública (negrilla no es del original). La cobertura legal y la legitimación política han permitido el sostenimiento y expansión del paramilitarismo, estructuras que fueron cooptadas por jefes paramilitares. [5]

 Para la CEV el paramilitarismo fue una delegación de la seguridad a entidades privadas que salió mal. El Dr. Frankenstein pensaba que creaba vida y su creación se convirtió en monstruo a pesar de sus deseos.  En todo el documento se habla así del paramilitarismo, existe y actúa con la complacencia de sectores nombrados, pero la responsabilidad no cae en ninguna persona conocida. Es incapaz de decir que Samper y Gaviria legalizaron a los paramilitares. Samper tenía plena consciencia de lo que eran las Convivir y las defendió a capa y espada durante su gobierno, arremetió contra quienes denunciaban las Convivir como estructuras paramilitares.  Samper nunca puso fin a las Convivir, sino fue la Corte Constitucional la que declaró que no podían tener armas de uso privativo de las fuerzas armadas del Estado, así el paramilitarismo ya no tenía necesidad de usar esta fachada si no podía conseguir armas por vía legal.

El paramilitarismo fue una política de Estado y se ve en las leyes y decretos aprobados, en los ascensos de los militares involucrados en masacres y en la impunidad y también en la persecución de los actores sociales, las organizaciones de derechos humanos y en varios casos el asesinato sistemático de testigos. La CEV habla de estas cosas pero no las relaciona entre sí como una política estatal.  Acepta sin sonrojar las excusas de Uribe que le mintieron, la cara de yo no fui de Santos, o la “todo se hizo a mis espaldas” de Samper. Una comisión realmente de verdad, intentaría no sólo decirnos que pasó sino quien lo hizo (con nombres y apellidos) y además el porqué.

La misma actitud indulgente que tiene con el Estado lo repite con los empresarios.  Habla de intereses pero sin poner nombre. Pero gracias al trabajo durante décadas de organizaciones sociales, podemos poner nombres y apellidos a muchos casos.  La CEV no lo hace y sigue con el cuento de algunos sectores.  Pero esos sectores han sido más honestos que la CEV. La CEV nombra a la asociación de ganaderos en Puerto Boyacá, Acdegam, como una pieza clave en la formación de los grupos paramilitares.[6] Pero no menciona el papel de Texaco. Carlos Medina Gallego en su libro Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia describe el nacimiento de este grupo.

El proceso se inicia en la región con la creación de un ejército privado o grupo paramilitar, para que combatiera conjuntamente con el ejército a la subversión, este grupo se constituye durante la alcaldía militar del Capitán Oscar Echandía, en una reunión en que la que además del alcalde asisten representantes de la Texas Petroleum Company, miembros del Comité de Ganaderos, jefes políticos, la defensa civil, miembros de las FF.MM, comerciantes y otros invitados especiales;[7]

Tampoco menciona a la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan.  El presidente de Fedegan, sin embargo, reconoció el papel que ellos jugaron. En 2006, en entrevista con la revista Cambio dijo que sí habían pagado a paramilitares, tal como lo hicieron otros como los floricultores, arroceros y demás.[8] Por las mismas fechas, 10.000 ganaderos, comerciantes e industriales firmaron una carta reconociendo y justificando su financiación de los paramilitares.[9]

La CEV describe al paramilitarismo como algo inestable y cambiante y que “ha tenido diversos actores, motivaciones y formas de actuación, lo cual deriva en dificultades a la hora de intentar una definición estática.”[10] Sí, es cierto que el paramilitarismo ha cambiado a lo largo de la historia, como el mismo Ejército, el Estado, los partidos políticos, las guerrillas y hasta la sociedad.  Nada es estático, pero no por eso no podemos hacer una aproximación a lo que es, teniendo en cuenta las variables, de eso se trata el estudio de la historia, la política y de hecho casi cualquier ramo de conocimiento.  Así la CEV no describe al paramilitarismo como política estatal, no por ser un fenómeno cambiante sino porque no quiere. Aborda diversas formas del paramilitarismo y deja por fuera uno ejemplo claro muy diciente: el AAA (Alianza Americana Anticomunista).

La AAA fue una estructura paramilitar fundada por la comandancia del Batallón Charry Solano, entre ellos el teniente coronel Harold Bedoya, quien luego llegaría a convertirse en comandante de las fuerzas militares. La existencia de dicha estructura paramilitar operando dentro del batallón fue de conocimiento público, cinco militares lo denunciaron ante la presidencia, la Procuraduría, la OEA e incluso la noticia salió en la prensa mexicana.  Esta estructura no está mencionada en el informe de la CEV.

Otra estructura paramilitar, parcialmente tratada en el informe es la Red 07 de Inteligencia.   Sin embargo, no se ahonda en la realidad de esa Red y el significado de su actividad como parte de una política estatal.

Se destaca por su gravedad el caso de la Red de Inteligencia N.° 07 de la Armada, con sede en Barrancabermeja y que operaba en parte de Bolívar y de Cesar.  Según la jurisdicción penal ordinaria, la red funcionó como un poderoso «escuadrón de la muerte» con medios logísticos y personal entrenado para matar y fue responsable de decenas de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres, cuyas víctimas fueron, principalmente, sindicalistas, políticos, líderes comunitarios y activistas. La red de la Armada financió grupos paramilitares con el uso de gastos reservados. [11]

 Es que la Red fue la estructura paramilitar por excelencia. No obstante la cita de la CEV, no lo tratan en mayor profundidad pues, no se puede abordar el tema y concluir que fue un asunto de algunos funcionarios y no la unidad militar como tal.  Esta Red asesinó a por lo menos 68 personas, aunque algunos cálculos ubican la cifra en 430.  Los militares implicados fueron exonerados por el comandante en jefe de las fuerzas oficiales del Estado, general Fernando Tapias.  Para la CEV este caso es otro caso de manzanas podridas.  Pero ¿realmente se puede explicar más de 60 años de violencia como el resultado de algunos militares, algunos políticos, algunos funcionarios y algunos empresarios?  Hablamos de decenas de miles de muertos, torturados, desaparecidos y es el resultado del actuar de algunos… y no de una política de Estado.

…el fenómeno paramilitar ha mantenido una participación de componentes del Estado como la fuerza pública, entidades de seguridad y de inteligencia, órganos estatales colegiados (Congreso, asambleas y concejos), instituciones judiciales y organismos de control, así como sectores económicos agroindustriales, extractivos y de infraestructura y empleados públicos y candidatos a cargos de elección popular. Además, se ha permeado a sectores de la Iglesia y de los medios de comunicación. Sin la articulación estrecha de este conjunto de sectores en la vía armada paramilitar, este fenómeno no habría desencadenado las profundas heridas que causó ni habría sido persistente.[12]

Aquí no hay políticas, no hay guerra sucia del Estado sino un compendio de masacres cometidas por sanguinarios que cooptaron a los demás.  Es decir, Colombia es un manicomio al aire libre.

Políticos y funcionarios públicos fueron otro de los sectores ampliamente implicados dentro del plan paramilitar de «penetrar todo el poder político: alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas de las zonas que manejábamos [...] en últimas, poderes regionales que en suma garantizarían para las autodefensas un poder nacional». Las relaciones entre política y paramilitarismo también fueron en doble vía, pues muchos políticos y funcionarios a su vez buscaron a los comandantes de los grupos paramilitares para beneficiarse de su poder armado.[13]

 En este discurso repugnante, los paramilitares son los que penetran el Estado y algunos políticos los buscan, los paramilitares no son una política contrainsurgente del Estado, una política para implementar los proyectos de “desarrollo” que pretenden, sino al revés, la excusa es “los paras nos lo hicieron hacer”. Parece un cuento de niños llorones intentando culpar al otro sobre quien rompió la ventana, pero no son ventanas rotas, sino decenas de miles de cuerpos rotos. Y la CEV no quiere responsabilizar a quien debe.  Reconoce que el Estado jugó un papel, pero lo reduce a la conducta de individuos e intereses particulares y no a una estrategia.

Ni siquiera el genocidio cometido contra la Unión Patriótica es considerado como una política de Estado sino el Estado es otra vez víctima del paramilitarismo.  La CEV lo describe así.

Eran los tiempos de los intentos de apertura democrática y políticas de paz del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En este marco, el entramado paramilitar desde Puerto Boyacá buscó contener los intentos de democratización y de paz a través de acciones de violencia sistemática (persecución, exterminio y destierro) contra miembros de grupos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica y el Partido Comunista, sindicalistas y líderes sociales. [14]

La realidad es que nadie esperaba que la UP tuviese el éxito que tuvo y la oligarquía se asustó y respondió como siempre ha hecho: con violencia.  El exterminio de la UP no fue un intento de contener supuestos intentos de democratización del presidente Betancur, sino un intento de suprimir un grupo político de izquierda. Olviden los de la CEV que Betancur permitió que los militares atacaran e encendieran al Palacio de Justicia en 1985, que quedaba a escasos metros del Palacio Presidencial. No era un hombre justo, cuyos intentos de paz fueron socavados por los injustos.

Por último debemos considerar como describen a los empresarios.

Los actores económicos fueron parte fundamental del entramado paramilitar. Algunos empresarios nacionales e internacionales, poderes económicos locales y regionales y sectores productivos lo apoyaron de diferentes maneras porque tenían intereses en la guerra. [15]

 No nos debe sorprender que la CEV dirigido por un hijo predilecto de la burguesía colombiana, como Francisco de Roux llegue a estas conclusiones. Es que De Roux escribió un resumen ejecutivo del informe antes siquiera de formalmente asumir la presidencia de la CEV.  En marzo 2017, poco antes de comenzar su trabajo en la CEV publicó una columna en El Tiempo con el sencillo titular Pido Perdón[16]. La columna hace varias aseveraciones entre las cuales se destacan.

Caigo en la generalización cuando escribo que los paramilitares recibieron financiación de los empresarios. Cuando la verdad es que algunos grupos paramilitares recibieron financiación de algunos empresarios, mientras la mayoría de las mujeres y los hombres a quienes se les debe la producción de los bienes y servicios del país no financiaron paramilitares.[17]

Es decir, como dice el informe de la CEV sólo fueron algunos. Sigue con otra afirmación donde dice que varios lo hicieron como una respuesta a la violencia guerrillera, repitiendo una de las grandes mentiras de los gremios y el Estado sobre la naturaleza del paramilitarismo.

Otros, después del secuestro y del pago de rescate, apoyaron con rabia a las Auc para atacar a los secuestradores. Otros lo hicieron porque no confiaban en las fuerzas de seguridad del Estado.[18]

Y por último, esta perla donde reduce la guerra sucia a las actuaciones de algunos.

Debo igualmente reconocer que he sido injusto cuando he generalizado sobre los soldados y policías de Colombia. Reconozco que tengo una repugnancia intelectual y sensible contra las armas de todos los lados. Que soy un seguidor de Jesús, que separó definitivamente a Dios de todas las guerras y enseñó la no violencia eficaz. Pero sé que han sido muchos, y son cada vez más, los hombres y las mujeres que en las Fuerzas Armadas ven el servicio a la patria como servicio a la dignidad y los derechos de todo ser humano y al bien colectivo de la paz. [19]

Surge una pregunta. Teniendo en cuenta que De Roux con su columna esbozó un resumen ejecutivo del futuro informe de la CEV, ¿por qué no nos ahorró el tiempo, el dinero, el esfuerzo escribiendo él solo un informe 100% a su medida? Habría tenido la ventaja de no vender esperanzas falsas a las víctimas del conflicto. 

 

[1] CEV (2022) Hallazgos y Propuestas. CEV p.296

[2] Ibíd., p.303

[3] Ibíd., pp. 304 y 305

[4] Ibíd., p.299

[5] Ibíd., p.305

[6] Ibíd., p.310

[7] Medina Gallego, C. (1990). Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia. Editorial Documentos Periodísticos. Bogotá p.173

[8] El Cambio No 704 diciembre 2006/enero 2007 Diez Preguntas (Entrevista con José Félix Lafaurie) p.48

[9] El Espectador (17/12/2006) La hora de los ganaderos, pág 2A

[10] CEV (2022) Op. Cit. P.296

[11] Ibíd., p.502

[12] Ibíd., p.299

[13] Ibíd., p.299

[14] Ibíd., p.310

[15] Ibíd., p. 350

[16] Francisco de Roux (01/03/2017) Pido perdón https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16832051

[17] Ibíd.,

[18] Ibíd.,

[19] Ibíd.,

Publicado enColombia
¿Una nueva política frente a los cultivos de uso ilícito? ¿Regular es la salida ante la urgencia de un problema difícil?

Apuntes sobre el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el tema narcotráfico.

 

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) sobre el tema de narcotráfico ha concluido en una propuesta general de “implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga”. Recomienda que se debe superar su tratamiento como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Señala que el narcotráfico es un factor fundamental de la persistencia del conflicto armado porque mientras siga siendo ilegal proveerá los recursos suficientes para seguir haciendo la guerra, corromper las instituciones encargadas de combatirlo y financiar ejércitos privados para la protección violenta de sus intereses. De lo contrario, si no se cambia el paradigma y se afronta el problema de manera integral con un enfoque de regulación, seremos testigos de un reciclaje permanente de los conflictos armados.[1]

A lo largo del texto se teje una narrativa en la cual se considera el narcotráfico como un fenómeno que involucra a paramilitares y guerrillas, ejército y policía, políticos de los niveles locales, regionales y del ámbito nacional que culminó en una instrumentalización de la guerra contra las drogas para dirigirla a golpear los niveles más vulnerables de la cadena de drogas, principalmente los productores, quienes han sido criminalizados y tratados como parte del enemigo interno al ser señalados de tener un relacionamiento con las guerrillas. No obstante, se diferencia que mientras el involucramiento del narcotráfico con los paramilitares es orgánico, con las guerrillas esa relación buscaba recursos para la guerra.

Adicionalmente el fenómeno narcotizó las relaciones con Estados Unidos y contribuyó a que la ayuda militar en nombre de la guerra contra las drogas se articulase a un contexto contrainsurgente y se afianzaran acciones dirigidas contra los productores de materia prima para procesar psicoactivos.

Hoy en día “las disputas por el control de las economías regionales de la cocaína es uno de los factores de persistencia del conflicto armado interno. Al ser un mercado ilegalizado, los actores armados y los entramados que han entrado en la pugna por controlarlo han sido tanto ilegales (insurgencias, paramilitares y narcotraficantes) como agentes de la fuerza pública involucrados en el negocio. Las propias leyes de prohibición aumentan el beneficio de la elaboración y el tráfico en cada eslabón de la cadena.”[2] Todo ello se dirige a afianzar la propuesta de regulación como única salida a la persistencia del conflicto.

Más allá de los notorios problemas metodológicos y algunos sesgos del informe sobre narcotráfico y que redundan una muy mediana elaboración máxime si se tiene en cuenta el tiempo para su preparación, su financiación y el contexto político que abrió la CEV para el acceso a información difícil de obtener, la conclusión principal y que se presenta como novedad llega con dos años de retraso: ya en Colombia existe una iniciativa de ley de regulación de la coca y sus derivados presentada el 25 de agosto de 2020 y con unas consideraciones de sustentación difícilmente rebatibles.

Para no detenernos en las deficiencias metodológicas sólo señalemos brevemente algunas debilidades del informe: el narcotráfico es un fenómeno que en Colombia adquiere características particulares a nivel regional con protagonistas diferenciados, modelos de economía de la coca diversos, instauración de mecanismos de protección asociados a esa geografía, impactos diferenciados en lo socio económico y cultural, entre otros. El informe de la CEV desconoció o no supo aprovechar esa rica diversidad geográfica y su traducción en procesos geopolíticos importantes en el marco de la confrontación interna y el fenómeno ilegal. Las escasas referencias geográficas no se trabajaron ordenadamente ni se dio cuenta, en ese contexto, de una secuencia histórica del fenómeno enmarcado en el trascedente y esclarecedor proceso geopolítico interno que contribuye a precisar mucho más las interrelaciones complejas entre narcotráfico y conflicto armado y las dinámicas de sus protagonistas en armas.

Incluso en el interior de un mismo departamento es errático darle un tratamiento homogéneo a la economía ilegal de la coca como en el caso del Guaviare, en donde encontramos la especificidad histórica del municipio de Miraflores frente al resto de municipios.

Otro ejemplo es el uso de la anacrónica relación mecánica entre zonas cocaleras y violencia donde se cruzan estadísticas de áreas y de violencia tratando los municipios cocaleros como si allí sólo existiese la coca, desconociendo complejos procesos de presencia en muchos de ellos de minería, contrabando, dinámicas de control territorial armado, entre otras, las cuales son fuentes claras de violencia.

El informe es notoriamente superficial en el tratamiento del tema de consumo de psicoativos y la conflictividad interna; la mirada sobre los escenarios urbanos, narcotráfico e impactos serios de violencia; sin mencionar la falta de precisiones rigurosas - así hubiesen sido sintéticas - sobre Plan Colombia y el tema de las fumigaciones. Sorprende así mismo el desconocimiento de la gravísima situación de la erradicación manual forzosa y sus impactantes efectos en vidas y seguridad personal de los implicados en esa actividad, así como de los productores lesionados y muertos donde escasamente se da una referencia sin conexiones rigurosas.

De otro lado, uno de los sesgos más notorios del informe se encuentra en el escaso tratamiento del vínculo de las FARC y el narcotráfico, donde la única conclusión posible es que la CEV queda con una significativa deuda con la sociedad colombiana sobre esta temática.

A pesar de que en el informe pesa bastante el testimonio de víctimas aunado a algunas referencias documentales, se puede concluir que el manejo metodológico testimonial es extremadamente exigente y difícil porque fácilmente se puede caer en una sumatoria de anécdotas sin fuertes conexiones o explicaciones que estaría a cargo de sus autores. En ese sentido, este capítulo no logró un manejo riguroso de la fuente testimonial como soporte de explicaciones de fondo y conclusiones complejas a un problema que demanda un tratamiento que desvele las múltiples interrelaciones que le caracterizan.

La conclusión sobre regulación se sustenta en afirmaciones reiteradas del tipo: “Si Colombia no encuentra, como sociedad, una solución de fondo y negociada nacional e internacionalmente al problema del narcotráfico, el conflicto armado continuará” o “El narcotráfico provee recursos para seguir haciendo la guerra, por lo que, si no se integran salidas efectivas a este problema en el proceso de construcción de paz, los conflictos armados que persisten serán probablemente insolubles”.[3] Sin negar la importancia de una iniciativa como la regulación de la coca y sus derivados y a cuyos desafíos dedicaremos lo que sigue del presente texto, es indudable que en ese tipo de afirmaciones del informe de la CEV, se infiere entonces que el narcotráfico es el núcleo de los intereses de la guerra y por tanto la salida es la regulación.

Fácilmente desde el ELN o del Frente 33 de las FARC en el Catatumbo – por solo referirnos a un par de actores armados - puede uno escuchar una respuesta contundente que destruye ese tipo de afirmaciones de la CEV: “Uds. podrán regular efectivamente el narcotráfico, pero el conflicto continuará mientras no se resuelvan los factores que o desataron y lo mantienen vivo y nosotros seguiremos financiándonos con el petróleo y en perspectiva, el carbón”.[4]

Para culminar este aparte, la CEV debió conocer y entender que su principal conclusión sobre narcotráfico no sólo se ha venido discutiendo y analizando desde hace años en Colombia, sino que ya hay en el congreso una iniciativa para avanzar en esa dirección y su principal aporte, en tres años y medio de trabajo, debió ser contribuir a responder la gran pregunta: ¿Cómo llevar a cabo una regulación de la coca y sus derivados en Colombia?

Adentrémonos en esa pregunta y algunos problemas que muestran la tremenda dificultad de hacerla una realidad.

 

Un intento loable de regulación: Algunos problemas del Proyecto de Ley “Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones.” [5]

 

En el marco de la iniciativa de regulación de la coca y sus derivados, existe una disociación total entre la naturaleza dominante de la producción y distribución hacia el mercado internacional y el conjunto de iniciativas referidas a la cocaína que apuntan al mercado interno colombiano. Es decir, Colombia no puede controlar el volumen de psicoactivo que se orienta hacia la demanda por su naturaleza internacional y en consecuencia todo el andamiaje que se estructura, comenzando por una hipotética compra de la hoja de coca para producir cocaína y distribuirla, es frágil y no pasa de ser un acto simbólico sin mayores repercusiones en el corazón del problema.

En contra de lo que se piensa, el modelo previsto puede disparar aún más las siembras de hoja de coca y el mismo modelo de distribución interno de cocaína se puede convertir en otra fuente de desvíos hacia el mercado más poderoso y atractivo que sigue siendo el comercio internacional.

En general el proyecto carece de evidencia y de tratamiento riguroso en los apartados relacionados con el tamaño de la demanda interna de derivados psicoactivos de la hoja de coca. No se sabe cuánta área se requiere para satisfacer la demanda interna y no se conoce la magnitud del consumo (número de gramos por persona, frecuencia de uso, etc.). Es decir, el proyecto se elabora sobre supuestos sin fundamentación rigurosa estadística salvo algunas referencias a la macroeconomía del negocio, soslayando con ello un análisis riguroso sobre el tema de salud pública que en este caso es el fundamento de la iniciativa de regulación. La visión económica (oferta demanda principalmente) sustituye el rigor de una mirada de los problemas internos relacionados con impactos en la salud de los usuarios.

El proyecto no distingue tampoco entre usuario y uso problemático. La exigencia de registro del usuario equivale a darle un tratamiento de enfermo o eventual enfermo que debe pasar por la supervisión del médico.

La apertura alegre de distribución con una institucionalidad política totalmente permeable a la corrupción como alcaldías, gobernaciones, secretarías de salud configura una debilidad grande del proyecto. No se parte tampoco de un diagnóstico serio sobre los temas de institucionalidad en materia de salud y en general del manejo de un problema de gran complejidad.

No hay una precisión territorial, ni geográfica sobre las zonas susceptibles de compra de la hoja de coca a lo cual se anteponen unas consideraciones socio económicas y políticas con lo cual se abre un escenario caótico en términos del manejo de las zonas productoras para ese fin.

Es sorprendente en la iniciativa que se pase de largo sobre el tema del bazuco. Surgen muchas preguntas: Siendo este uno de los principales problemas de salud pública en Colombia y siendo por excelencia uno de los principales derivados de la hoja de coca para uso psicoactivo ¿Cómo es posible que se guarde silencio frente a este fenómeno? Ese mutismo le resta seriedad y solvencia para tratar los problemas derivados de la prohibición en la iniciativa de ley.

La falta de una respuesta con evidencia frente a la adicción del bazuco fue justamente la principal limitante del modelo de los CAMAD implementado en Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. No hubo experiencias concretas de manejo de adictos al bazuco más allá de atender problemas de salud asociados al consumo. Loable pero limitado.

En consecuencia, si se observan los objetivos principales de la regulación del mercado de cocaína en el país y su consistencia surgen muchos interrogantes e inquietudes. Veamos:

Objetivo

  • Recuperar la vigencia de la Constitución y la Ley en los territorios cocaleros para que el Estado tenga la presencia y ejerza la autoridad que le corresponde en el marco de la democracia y las comunidades y los pobladores estén rodeados de garantías para la convivencia, así como de oportunidades para el progreso y el bienestar en condiciones dignas.

Comentario: Las medidas previstas no garantizan ese propósito. La brecha entre zonas susceptibles de compra (que no están determinadas ni hay metodología o criterios para establecerlas desde el punto de vista geográfico) y las que satisfacen la producción para la demanda internacional son grandes.

  • Así mismo, poner bajo control del Estado el monopolio de las armas, someter los grupos armados al margen de la ley y reprimir las conductas delictivas en dichos territorios.

El argumento es muy débil. Para hacer eso no se necesita regular las drogas. En otras palabras, esa acción del Estado no tiene que pasar por la legalización de los psicoactivos prohibidos. Si se refiere a que los grupos armados viven del narcotráfico y se cree que este va a ser controlado por el Estado, es bueno recordar que esos grupos tienen un portafolio de economías ilegales amplio y poderoso. Entonces resulta ingenua la pretensión de los legisladores.

  • Reconocer los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre la hoja de coca y salvaguardar los usos tradicionales y ancestrales de las comunidades.

Ya está en las convenciones internacionales, en la legislación colombiana y en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Otra cosa es la falta de desarrollos de los mismos por múltiples problemas diferentes a la falta de regulación.

  • Evitar que los cultivos de coca se extiendan y continúen causando destrozos sociales y ambientales.

Con las medidas que se anuncian eso no se logra. La producción colombiana es fundamentalmente para un mercado internacional. Es probable que con la propuesta de compra de cosecha dinamicen aún más los cultivos porque se seguirá necesitando materia prima para atender esa demanda.

  • Regular el proceso de producción y la calidad de la cocaína con el fin de reducir los riesgos ambientales, laborales y sanitarios.

Igual al anterior. La propuesta no garantiza que sea el Estado el que controle la transformación de la PBC. La infraestructura de procesamiento de la hoja de coca seguirá funcionando para atender la creciente y sostenida demanda internacional.

  • Reducir los gastos fiscales en la lucha contra el cultivo y la comercialización de la coca y la cocaína y recaudar recursos adicionales para la acción del Estado.

Esa lucha va a continuar porque la propuesta no garantiza el monopolio por parte del Estado.

  • Reducir los riesgos de corrupción de las instituciones por cuenta del narcotráfico.

Igual al anterior. El Estado seguirá siendo un elemento fundamental del dispositivo para garantizar la continuidad del negocio ilegal a través de la venta de protección. Como se señaló, la improvisada propuesta de la responsabilidad de distribución a instancias territoriales del orden local, departamental amplía la posibilidad de desvíos de cocaína para los mercados internacionales.

  • Disminuir la carga social de los delitos relacionados con el narcotráfico.

Igual al anterior. Los delitos asociados al narcotráfico se mantienen o acentúan porque la producción para atender la demanda internacional seguirá creciendo.

  • Poner en marcha una política solvente de salud pública encaminada a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y mitigar los daños asociados a dicho consumo.

Para eso no se necesita la legalización, sino que es una condición previa que se debe propiciar en el corto plazo para que la regulación sea seria y consistente.

El proyecto idealiza una situación que es difícil de materializar, porque el logro de la regulación nacional no garantiza que se detenga la producción, transformación de sustancias psicoactivas, sino que el motor es una demanda internacional para la cual el proyecto de ley no dice mayor cosa salvo una lánguida e hipotética demanda de cocaína legal establecida en estos momentos por una ciudad de Canadá.

Los legisladores desconocen que un proyecto de este tipo demanda una fase compleja de preparación con equipos muy especializados y en alianza con los desarrollos que centros de investigación inter y multidisciplinarios llevan a cabo principalmente en el escenario internacional. El afán por obtener un efecto de corto plazo les lleva a improvisar la mayor parte de los contenidos del proyecto, repitiendo la situación donde se reconoce que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

¿Qué se pueda hacer hoy?

  1. Desarrollar proyectos pilotos sobre tratamiento del bazuco (modelos de atención, experimentación con cannabis u otras sustancias, continuar experiencias de los CAMAD), incluyendo intercambio de saber y experiencia con otros países como Brasil que tiene procesos adelantados alrededor del uso fumable de derivados de la coca (pitillo, bazuco, etc.). Desde allí poder responder a la pregunta: ¿Qué es una apuesta de reducción de daños completa e integral para el bazuco?
  2. Apoyar, financiar y desarrollar los procesos de investigación sobre usos legales de la hoja de coca y marihuana.
  3. Comprometiendo a la academia nacional y a través de redes de conocimiento internacional, financiar y desarrollar procesos de investigación inter y multidisciplinarios alrededor de la cocaína (conocimiento detallado desde las perspectivas de salud pública, criminalidad, incidencia cultural, impactos socio económicos, etc.,) de modo que se lidere una dinámica internacional desde Colombia hacia la creación de una masa crítica para proyectar un proceso mundial de cambio de percepción e iniciativas de regulación.
  4. Adelantar diagnósticos sólidos sobre administración pública principalmente del sector salud y propuestas para un tratamiento adecuado de la reducción de daños de la cocaína y el bazuco, de modo que se pueda blindar de eventuales desviaciones hacia mercados ilegales.
  5. Incorporar la masa crítica que se obtenga sobre coca y sus derivados en diálogos internacionales sobre política de drogas hacia la generación de espacios multilaterales amigos de un cambio de política.
  6. Desarrollar una detallada investigación sobre el Estado como vendedor de mercancías políticas y en consecuencia prestador de protección a las redes de cocaína y desmontar las complejas estructuras que manejan rutas desde aeropuertos, puertos y zonas de frontera. El propósito incluye desvelar a fondo casos que comprometen diplomáticos o entidades como la misma Migración Colombia.
  7. Intervenir seriamente las estructuras de lavado de dineros, mecanismos, involucramiento de estructuras estatales, zonas francas, inversiones encubiertas, sacada de recursos hacia paraísos fiscales de modo que Colombia no siga siendo un espacio óptimo en el retorno de dineros originados en el narcotráfico.
  8. Desarrollar procesos piloto de reducción de daños (convivencia con cultivos de uso ilícito y gradualidad en la desaparición de los mismos a través de acuerdos con control social) en zonas de producción iniciando en territorios indígenas y territorios colectivos.
  9. Entender que la regulación no es un decreto o una ley. Es un proceso complejo largo, dispendioso, de mucho conocimiento riguroso con el comprometimiento del sector salud e incluidas sus experiencias de manejo hasta hoy. Es una dinámica que debe ir de la mano de una incidencia internacional “sin prisa pero sin pausa”, para un cambio de percepción y creación de condiciones diplomáticas que faciliten el cambio de paradigma.

 

Por, Ricardo Vargas M.

 

[1] Véase Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y lo no Repetición, “Hay futuro si hay verdad”, Informe Final, Pág.387.

[2] Véase pág.425.

[3] CEV Ibidem pág.457.

[4] Siguiendo el particular razonamiento de la CEV, entonces ¿hay que acabar con el petróleo y el carbón para terminar el conflicto armado?

[5] Versión radicada el 25 de agosto de 2020.

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Sede de la OTAN en Bruselas, a 16 de abril de 2022. — ZHENG HUANSONG / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO / Europa Press

 

Los dos países del norte de Europa reconocen que su petición de ingreso en la Alianza Atlántica está motivada por la invasión de Ucrania por Rusia. Pero, es un desacierto identificar la apuesta de la primera por entrar en la OTAN con la de los dos países bálticos.

 

La eventual adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN pondrá de manifiesto la incapacidad de Rusia, ni siquiera con el uso de la fuerza, para detener el acercamiento de la Alianza Atlántica a sus fronteras. Pero también esa futura incorporación dejará claro otro asunto. Pese a todo lo que sucede en Ucrania, pese a todas las amenazas que se puedan sentir en territorio europeo, la defensa regional en Europa queda en manos de la OTAN y por tanto al albedrío del líder absoluto en esta organización, Estados Unidos.

La guerra de Ucrania muestra, así, el triunfo de la OTAN, pero también la ralentización de la defensa regional europea. Ciertamente, los países de la Unión Europea se han comprometido a aumentar su presupuesto militar hasta un 2% de su PIB. Pero este incremento no redundará en beneficio del tantas veces retrasado proyecto europeo de defensa, sino que, de momento, acabará fortaleciendo las huestes europeas en el seno de la OTAN y aliviando la contribución principal a la Alianza por Estados Unidos, líder indiscutible de este pacto militar.

De hecho, ha sido el presidente estadounidense, Joe Biden, como cabeza de facto de la OTAN, el primero en recibir con júbilo a los mandatarios finlandés y sueco tras la decisión de sus respectivas administraciones de solicitar su integración en la OTAN, paso que los dos países del norte de Europa reconocen que está motivado por la invasión de Ucrania por Rusia.

Biden recibió el jueves en la Casa Blanca a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y al presidente finlandés, Sauli Niinistö. El presidente estadounidense exhibió la futura incorporación de los dos países a la Alianza Atlántica como un triunfo de la organización. La OTAN "es más necesaria que nunca" y muestra así su eficacia, aseveró. "Finlandia y Suecia harán más fuerte a la OTAN", insistió Biden, que subrayó también cómo ambos países cumplen con creces los requisitos de Bruselas para que esa adhesión se produzca cuanto antes. Si no hubiera obstáculos, ese periodo de espera durará entre seis meses a un año.

Sin embargo, esos obstáculos existen. La aceptación de nuevos socios requiere la unanimidad de los treinta miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y ya al menos uno de ellos, Turquía, ha señalado que no ve con buenos ojos ese paso. El Gobierno de Ankara acusa a los de Helsinki y Estocolmo de acoger y amparar a miembros del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Estos milicianos y otros de origen kurdo son considerados como terroristas en Turquía por su apuesta por la independencia del Kurdistán y por los métodos armados con los que sustentan sus reclamaciones. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, podría presionar más sobre sus aliados de la OTAN y especialmente sobre Estados Unidos para lograr algunas concesiones en este sentido y también para que se levanten a Turquía diversas sanciones que pesan sobre este país por la adquisición de material militar ruso.

Esa es la cuestión más candente en este futuro proceso de ampliación de la OTAN, porque Turquía es, en la Alianza Atlántica. el Estado más cercano a Rusia, con una confluencia de intereses geopolíticos y económicos en Transcaucasia y el Asia Central ex soviético. El difícil equilibrio en torno al Mar Negro, donde Rusia y Turquía tienen las costas más extensas, es otra cuestión delicada para la Administración Erdogan, que no está dispuesta a que el ambiente bélico al norte de esa cuenca marina acabe de alguna u otra forma afectando a la península de Anatolia.

Otro elemento de preocupación en este proceso de adhesión finesa y sueca a la OTAN aparece en el enclave ruso de Kaliningrado, rodeado por territorio de Lituania y Polonia. La propaganda de la OTAN reduce el valor de ese territorio a un arsenal, un polvorín cercado también por el norte si Suecia entra en la Alianza. Sin embargo, esta antigua región alemana, llamada antaño Königsberg e incorporada a la Unión Soviética como botín de guerra al terminar la segunda contienda mundial, ha sido durante décadas un motor de crecimiento industrial en Rusia y un modelo de la cooperación con Alemania, gracias a las factorías que este país dispone en ese territorio, especialmente de la industria del automóvil.

Pero si aún así se considera solo su importancia geoestratégica, Kaliningrado, más que un bastión rodeado por países de la OTAN y sobre el que Polonia tiene puestos sus ojos, es en realidad una espina clavada muy profundamente en territorio de la Alianza. Una cabeza de puente hacia Occidente que esperemos que nunca pueda se utilizada como tal.

La incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN encabezará el programa de la Cumbre que la Alianza celebrará en Madrid los próximos 29 y 30 de junio. Aunque el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha invitado al presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, a asistir a la Cumbre, no parece que el entusiasmo de Ucrania vaya a ser el mismo que el de Suecia y Finlandia. A pesar de la insistencia estadounidense para que Ucrania se incorporara también a la OTAN, la guerra ha dado al traste con esta posibilidad. Salvo que el conflicto dé un giro inesperado, Ucrania tiene un problema insalvable para los estándares de Bruselas a la hora de admitir un nuevo socio: la existencia de conflictos armados o secesionistas latentes en su territorio, en este caso, en el Donbás y en Crimea. Sin contar, claro está, con toda la porción oriental de Ucrania conquistada por Rusia desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero.

La invasión se lanzó con las premisas del Kremlin de que Ucrania no debía incorporarse a la OTAN, pues ello habría acercado la Alianza Atlántica a la frontera sur de Rusia, la zona estratégica más sensible de este país. Moscú se sintió amenazada y desató esta guerra brutal. Al menos éste es uno de los argumentos del Kremlin. Otro era que el ejército ucraniano estaba a punto de lanzar una ofensiva contra el Donbás, la región del este de Ucrania que se separó de facto en 2014, con una guerra de secesión respaldada por Moscú.

Ahora, sin tener aprendidas las lecciones sobre las posibles y temidas "respuestas asimétricas" rusas, la OTAN da los pasos para expandirse de nuevo hasta las fronteras de Rusia y rodear algunos de los puertos rusos más importantes en el mar Báltico y el Ártico. La pregunta en Estocolmo y Helsinki ha sido la siguiente: Si Rusia ha invadido un país como Ucrania de 44 millones de habitantes, que tenía un poderoso ejército formado en parte en la ex Unión Soviética y armado por Estados Unidos desde su independencia en 1991 ¿qué le impediría a Moscú tomar Suecia y Finlandia?

Esta premisa, sin embargo, contiene varios errores de apreciación. El primero es pensar en Rusia como un estado sin estrategia, llevado únicamente por una necesidad de expansión más propia de países decimonónicos. El segundo error reside en el desconocimiento de los perjuicios económicos y de seguridad insoportables que supondría para Rusia la invasión de alguno de sus vecinos escandinavos.

El tercer error aparece al ignorar la doctrina básica de seguridad de Rusia, en concreto su necesidad de tener territorios de contención neutrales, entre el territorio ruso y los territorios más amenazadores de sus contrincantes. Esta doctrina se remonta a los siglos XVIII y XIX, con ejemplos como Polonia y Afganistán. Así, Moscú considera a Ucrania como un país que, o bien queda bajo la batuta rusa, o bien se constituye en un territorio neutral entre la OTAN y Rusia.

En este sentido, es un desacierto identificar la apuesta de Ucrania por entrar en la OTAN con la de Finlandia y Suecia. La eventual entrada de aquel país siempre fue considerada por Moscú como un paso inaceptable, un casus belli advertido una y otra vez por Rusia antes de la invasión sin que se le hiciera caso alguno ni en Washington ni en Bruselas. La incorporación de Suecia y Finlandia plantea muchos desafíos de orden estratégico y militar para Rusia, pero en ningún caso una "amenaza existencial", como siempre dejó el Kremlin claro que ocurría con Ucrania.

Pese a los titulares aparecidos en la prensa occidental estos días, la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica no acorrala más a Rusia, ni siquiera por el potencial que los dos nuevos ejércitos proporcionarán a la fuerza militar de la OTAN. Lo que hace esta adhesión es reducir los cortafuegos que, entre los dos bloques, suponen los territorios neutrales. Y más inquietante: convierte a las armas nucleares tácticas en un elemento de contención más real y factible de ser utilizado por una Rusia que ve relegado aún más su protagonismo global, aunque de momento no considere como una "amenaza para su existencia" la nueva aproximación de la OTAN a sus fronteras

madrid

20/05/2022 21:21

Por Juan Antonio Sanz

Publicado enInternacional
Un manifestante sostiene un títere con la cara del presidente ruso Vladimir Putin durante una protesta contra la invasión rusa de Ucrania frente a la embajada rusa en Sofía el 9 de mayo de 2022. — AFP

La apuesta de Finlandia y Suecia para incorporarse a la Alianza Atlántica cambia el horizonte de seguridad en el norte de Europa y el Ártico y aleja un poco más la posibilidad de negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

 

La apuesta de Finlandia y Suecia para incorporarse a la OTAN cambia el horizonte de seguridad en el norte de Europa y el Ártico, augura una impredecible presión rusa sobre el Báltico y aleja un poco más la posibilidad de negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Los desafíos geoestratégicos y geoeconómicos que está generando la invasión rusa de su vecino del sur han abierto una nueva etapa de desconfianza, armamentismo y riesgo de ampliación del actual conflicto hacia Europa, y abre una insalvable grieta entre Occidente y Rusia que marcará de forma muy peligrosa la década actual.

Rusia ha fracasado a la hora de frenar los avances de la OTAN hacia sus fronteras, una de las razones de su invasión de Ucrania, y se ha enfangado en un conflicto que puede durar mucho más tiempo del calculado inicialmente por el Kremlin. La reducción del suministro de gas ruso hacia Europa que se está concretando estos días tensa más esa cuerda, añade incertidumbres mayores a la situación geopolítica y asegura graves problemas en la Unión Europea hasta que se encuentre una fuente de suministro de hidrocarburos que sustituya a Rusia, pero sobre todo ahonda la brecha con Moscú y asegura el retorno inexorable hacia una Guerra Fría con focos muy calientes en el viejo continente.

El mensaje de Finlandia de sumarse "cuanto antes" al Tratado del Atlántico Norte lanzado por su presidente, Sauli Niinistö, y su primera ministra, Sanna Marin, y el respaldo a la adhesión de un informe oficial del Parlamento sueco desbaratan la idea de que la OTAN es una reliquia de otros tiempos. También queda claro, con la amenaza rusa de tomar "medidas de represalia" y dar "una respuesta de carácter técnico militar", que Moscú esta dispuesto a mantener su dureza en el teatro de seguridad europeo. El envite finés y sueco no está desprovisto de obstáculos y ya el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha adelantado que su país no ve con agrado esa adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, debido al refugio que esos dos países han dado tradicionalmente a milicianos kurdos. Turquía es el país de la OTAN más afín a Rusia, lo que añade más sombras a las intenciones de los escandinavos.

A las nuevas incorporaciones a la OTAN se une el toque de clarines en Bruselas para coordinar el "rearme" de Europa y su coordinación en todos los frentes. No es suficiente la OTAN, liderada por Estados Unidos, y ahora los grandes de Europa, es decir, Alemania y Francia, que reclaman su poder de decisión en el tema militar, obviando el inevitable golpe económico que supondrá esta reorganización de la defensa común para la UE en unos momentos de gran debilidad tras la pandemia de la covid y con la amenaza ya concretada de no recibir los hidrocarburos rusos. Energía que en estos precisos momentos no será posible sustituir a corto plazo y quizá tampoco a medio, por mucho que Estados Unidos se muestre tan solícito en vender a Europa su gas licuado, producto del fracking, una técnica de extracción muy agresiva con el medio ambiente.

El último paso en la 'guerra de la energía', paralela a la guerra en el campo de batalla y en la que Europa está en primera línea de fuego, lo ha dado Rusia con el anuncio del corte del gas que llega a Europa por Polonia a través del gasoducto Yamal Europe. Esta decisión es un contragolpe contra las sanciones europeas sobre Rusia y se ha producido después de que Ucrania decidiera también esta semana detener el flujo de gas por un paso del este del país que está en territorio controlado por los rusos.

El anuncio al respecto realizado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pretende presionar a Europa para que no reduzca el envío de armas a Ucrania y es una respuesta airada a los tímidos intentos de Alemania y Francia para recuperar la mesa de las negociaciones. Con Rusia afianzada en el este del país, el Gobierno de Kíev no parece tener muchas expectativas de que un acuerdo de paz no pase por la división de facto de Ucrania y la pérdida, no solo del Donbás y Crimea, sino de buena parte de su costa oriental.

Sin embargo, el hecho de que Alemania esté ya sintiendo la caída del flujo de gas ruso y la perspectiva de que los depósitos de este combustible queden vacíos antes del próximo invierno (como ocurrirá también en Polonia y Bulgaria), no será un buen aliciente para prolongar la guerra con armas pesadas alemanas destinadas al ejército ucraniano, y más bien podría respaldar la posición de quienes defienden la necesidad de acudir a las negociaciones y detener cuanto antes el conflicto.

El consejero delegado de la empresa española Repsol, Josu Jon Imaz, lo ha dicho en Bilbao en un encuentro empresarial: en estos momentos "no se pueden sustituir los 150.000 millones de metros cúbicos de gas que Europa recibe de Rusia". Imaz ha dejado claro que un 40% de ese combustible no será cubierto en los próximos tiempos. La guerra del gas ya está servida, no solo para Alemania y otros países centroeuropeos que dependen directamente de los hidrocarburos, sino para todo el continente, pues suministradores como Argelia se están moviendo para atender otras necesidades, no solo las españolas. Por eso son imprescindibles las negociaciones, para detener la masacre humana en Ucrania y para impedir el colapso económico (y también social, por ende) en los próximos meses en toda Europa. Las cifras son claras: en 2021, el 45% del gas que consumió Europa era ruso y sustituirlo no es cuestión de dos días.

Washington, principal adversario de Moscú

El peso del retorno al diálogo no está, sin embargo, en manos de Berlín o París. Es Washington el principal adversario de Moscú y el Kremlin no aceptará a otro en la mesa de las negociaciones. Y Estados Unidos, con su presidente Joe Biden al frente, no ha cejado en su apuesta incondicional por Ucrania, por su importancia estratégica y por los negocios pendientes en este país. Por ello, Estados Unidos ya ha comprometido cerca de 40.000 millones de dólares en armas y ayuda a Ucrania, un monto que supera las aportaciones federales para la lucha global contra el cambio climático.

La eventual unión a la OTAN de Finlandia a Suecia no tiene para Rusia el nivel de amenaza que suponían una Ucrania y una transcaucásica Georgia dentro de la Alianza, pero es, aún así, un notable motivo de preocupación que podría llevar al despliegue de armamento nuclear ruso en torno al mar Báltico como contrapeso a la nueva ampliación atlántica y la instalación probable de sistemas antimisiles en los territorios de los nuevos miembros.

Y no solo está la seguridad del Báltico en juego. Rusia lleva apostando muchos años por la activación del comercio a través de los pasos libres de hielo del océano Glacial Ártico en cooperación directa con China, que ve en ese corredor un atajo para abastecer los mercados europeos con su tecnología y productos. Hasta ahora la hegemonía en el Ártico era rusa, pero una posible adhesión de Finlandia y Suecia cambia las cosas en la región. El deshielo en el Ártico, con la reducción progresiva de la banquisa polar por el calentamiento global, ha permitido abrir nuevas vía de navegación, como la llamada Ruta Marítima del Norte (NSR, en sus siglas en inglés) que manejan China y Rusia. También ha llevado a Moscú a tejer una nueva estrategia de seguridad en el área, con el despliegue de sistemas de misiles, radares, aeropuertos y puertos en toda su costa norte. Además, se cree que en el Ártico hay unas reservas de 90.000 millones de barriles de petróleo y de siete billones de metros cúbicos de gas natural. Más de la mitad de esos yacimientos de petróleo y casi la totalidad de las reservas de gas están en territorio ruso.

Ni Rusia ni China permitirán que una OTAN ampliada hacia el norte suponga el mínimo riesgo para un comercio que ambos países consideran de vital importancia. El trasiego del gas ruso podrá ser redireccionado hacia Asia con el tiempo, una vez Europa vaya adquiriendo su deseada independencia energética de Moscú, pero el tráfico comercial de China hacia Occidente no podrá pararse y pasa también por territorio ruso, por tierra o por la costa ártica. En este sentido, es un error pensar que van a perdurar en el tiempo las predominantes opiniones que hoy día en el seno de la UE y en Washington apuestan por arrinconar a Rusia y convertir a este país en un estado paria. Como ha vuelto a señalar al respecto el presidente francés, Enmanuel Macron, sobre unas eventuales negociaciones, la paz "no se hará con la negación ni con la exclusión de nadie".

13/05/2022 23:35

Por Juan Antonio Sanz

Publicado enInternacional
La invasión de Ucrania, crisis no sólo de energía sino de supervivencia

El gas no es sólo energía, es estrategia, política y diplomacia. Y también, en el futuro inmediato, pura supervivencia de nuestra economía.

La  guerra paralela a la que hay sobre el terreno. Nos daremos cuenta cada vez más más de ello, y más ahora que la batalla por el gas ruso está llegando al corazón del asunto, mientras se interrumpe el suministro (fuente: Reuters) del  gasoducto Yamal (uno de los tres directos a Europa), con una alerta preventiva de Alemania y Austria, y con el Kremlin aplazando, de momento, los pagos de sus materias primas en rublos. Putin avanza y retrocede en la campaña militar, pero también en el frente del gas, para poner a prueba la dependencia de los europeos.

Las perspectivas para europeos e italianos son, con todo, poco tranquilizadoras.

No es posible sustituir de la noche a la mañana el gas ruso, que cubre el 38% de todas las importaciones (unos 28.000-29.000 millones de metros cúbicos de un total de 76.000 millones de metros cúbicos de consumo anual). Según algunas estimaciones (Nomisma Energia) – a pesar de las contramarchas y de un poco de gas licuado norteamericano – podría faltar en última instancia, ya durante el verano, una cuota de entre 10 y 12 mil millones de metros cúbicos. En el próximo invierno, una vez quemadas las reservas, se perfila el racionamiento.

Se entiende bien, con estas cifras, la importancia de la llamada telefónica de ayer entre Draghi y Putin. Estratégica para nosotros, pero también para Moscú. Desde que Putin ha invadido Ucrania, Europa ha gastado más de 17.000 millones de euros en comprar gas, petróleo y carbón a Rusia.

Alemania e Italia son especialmente dependientes del gas ruso, y en 2021 han gastado respectivamente 14.000 y 10.000 millones de euros. La batalla del gas en nuestro país se desarrolla en dos frentes. Uno, en Ucrania, una tragedia, a ojos vista de todos, que comenzó, primero  subterránea y luego cada vez más abiertamente, a lo largo de las rutas de los gasoductos, y acompañada por la expansión de la OTAN hacia el Este. Otro, en Libia -un teatro que nadie quiere mencionar- tiene un aspecto casi de comedia, con una tragedia, real, que se quiere mantener oculta.

El lado libio de la comedia es principalmente italiano. Draghi se reunió con Erdogan en la OTAN y no pronunció ni una palabra sobre Libia, donde se disputan el poder dos primeros ministros, Daibaba y Bashaga.

Nadie se atreve a preguntar: ¿qué está pasando en Libia? Como si no fuera éste el país del oleoducto Greenstream y de los pozos del ENI [Ente Nazionale Idrocarburi, la mayor empresa petrolera italiana, originariamente pública]. Y sin embargo, Libia -donde los huidos de la diáspora africana han desaparecido de los medios de comunicación, pese a que siguen sufriendo una violencia inaudita en la más completa  impunidad- sería nuestro surtidor de gasolina y energía debajo de casa. El condicional es obligatorio: el Greenstream, en funcionamiento desde 2004, tiene una capacidad de 30.000 millones de metros cúbicos, cuando esté a pleno rendimiento, pero hoy desempeña un papel casi insignificante en nuestros suministros.

De Libia preferimos no hablar, porque la han perdido dos veces nuestros estrategas. Una vez, en 2011, con las incursiones decididas por Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, a las que se unió Italia bajo bandera de la OTAN. La segunda, en 2019, cuando -con Trípoli bajo asedio de Haftar- la defensa del gobierno de Sarraj, que nos había pedido una modesta ayuda, se dejó en manos de la Turquía de Erdogan. Así que nadie ha invertido más en Libia, que tiene muchas más reservas de gas que Argelia, por poner un ejemplo.

El otro frente de gas es como descubrir el Mediterráneo. ¿Hacía falta una guerra para saber que Europa dependía de Moscú? La atroz  iniciativa de Putin ha convulsionado Ucrania, pero también ha dejado fuera de juego a Europa, que obtiene de Rusia entre el 40 y el 50% de su gas. Ahora son los Estados Unidos los que nos venderán gas con precios superiores a los de los rusos, un 20% más de media.

El caso del Nord Stream 2 es emblemático de cómo entran en conflicto los intereses norteamericanos y europeos. No se trata sólo de una cuestión económica, sino estratégica. Fuertemente deseado por la ex canciller Angela Merkel, el Nord Stream 2 era la verdadera palanca política y económica que disuadía a Putin de llevar a cabo acciones insensatas como la guerra. Muchos no lo habían entendido porque atribuían al gas ruso un valor solamente económico: tenía, por el contrario, un enorme valor político para mantener a Moscú enganchado  a Europa.

Con Merkel fuera de escena, los Estados Unidos se han encontrado con el campo libre. La guardiana de Putin y del gas ya no estaba, y los norteamericanos han comprendido que el presidente ruso se había vuelto más peligroso, pero también más vulnerable. Durante dos meses, los Estados Unidos han advertido de la invasión de Ucrania, porque sabían que, oponiéndose al Nord Stream 2, como han hecho, se abría una brecha en el corazón del continente. Los gasoductos han sido el cordón umbilical que unía a Moscú con Europa, nuestra dependencia daba a Putin una sensación de seguridad, el instrumento para condicionar a los europeos y hacerlos más flexibles e interesados en la suerte de Rusia.

Cuando Moscú ha comprendido que, con el débil canciller Scholz, el Nord Stream 2 no sería algo seguro, empezó a amenazar a Ucrania, a la que rusos y alemanes habían pagado previamente para que no protestara demasiado por la construcción del gasoducto, tan temido por Polonia, en tanto en cuanto lo veía como instrumento de expansión de la influencia de Putin. Además, los norteamericanos ya habían puesto a Merkel contra las cuerdas, obligándola a comprar incluso gas licuado norteamericano, del que Berlín no tenía entonces necesidad alguna,  ya que ni siquiera disponía de regasificadores.

Y así con la guerra, estamos en rendición de cuentas. Europa tendrá que pagar más por su cuota de la OTAN, comprando evidentemente más armas y aviones de combate norteamericanos, y también más gas estadounidense. Todo en beneficio de las corporaciones y del complejo militar-industrial. Esta es la receta de Biden, tentado de prolongar un conflicto que desgasta a Putin y llena las arcas norteamericanas. Un mundo perfecto para «exportar» una vez más la democracia.

16/04/2022

Por Alberto Negri, prestigioso periodista italiano, ha sido investigador del Istituto per gli Studi degli Affari Internazionali y, entre 1987 y 2017, enviado especial y corresponsal de guerra para el diario económico Il Sole 24 Ore en Oriente Medio, África, Asia Central y los Balcanes. En 2007 recibió el premio Maria Grazia Cutuli de periodismo internacional y en 2015 el premio Colombe per la Pace. Su último libro publicado es “Il musulmano errante. Storia degli alauiti e dei misteri” del Medio Oriente, galardonado con el Premio Capalbio.

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EU y la OTAN calientan frontera colombo-venezolana

Cambian las administraciones de republicanos y demócratas en la Casa Blanca, pero las estrategias de tensión y desestabilización sistemática del Estado profundo (la estructura secreta que se sitúa por encima de las apariencias democráticas y a espaldas de la opinión pública estadunidense) contra países considerados "enemigos" de Washington, permanecen. Una constante en las últimas dos décadas han sido las políticas de "cambio de régimen" contra Venezuela. Objetivo: el petróleo. Y eliminar un modelo político alternativo a la dominación estadunidense en América Latina y el Caribe.

En la coyuntura, siguiendo el esquema del conflicto ucraniano en Europa, la administración demócrata de Joe Biden continúa la política de su antecesor, el republicano Donald Trump, utilizando a Colombia como plataforma para la agresión a Venezuela. Desde finales de 2021, Wa­shington ha venido utilizando al gobierno cipayo de Iván Duque, en la activación de líneas de tensión en la frontera del río Arauca entre Colombia y Venezuela, importante región geopolítica y geoestratégica por ser acceso a reservas de petróleo y gas, agua dulce, minerales, biodiversidad y otros recursos naturales.

La sucesión de hechos violentos provocados por grupos armados no estatales colombianos infiltrados en el Estado venezolano de Apure, fronterizo con el departamento de Arauca, Colombia, busca atraer al gobierno de Nicolás Maduro a una guerra similar a la que la OTAN ha estado provocando en la frontera entre Rusia y Ucrania. Al respecto, no se puede ocultar la profunda relación existente entre el gobierno del uribista Iván Duque con los grupos narcoparamilitares Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Águilas Negras −bajo supervisión de la DEA y del embajador de EU, Philip Goldberg, quien desestabilizó a la ex Yugoslavia en 1999 y fue expulsado de Bolivia en 2008 por conspirar contra el gobierno de Evo Morales−, parecida a la que sostiene el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, con grupos paramilitares neonazis.

En 2013, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suscribió un acuerdo con la OTAN como "socio global" (o “extra OTAN), erigiendo al país sudamericano en un caballo de Troya regional de esa fuerza militar multinacional comandada por Estados Unidos, que se atribuye al derecho de intervenir en cualquier parte del mundo.

En enero pasado, el ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, denunció la proyección latinoamericana de la OTAN, con Colombia y su red de bases militares como "peón", y la presencia cada vez más resuelta de medios castrenses y navales de la alianza atlántica en el "área de influencia" de Venezuela. Padrino se refería no sólo al acuerdo entre Colombia y la OTAN, sino también al segundo entrenamiento conjunto entre militares de Brasil y Estados Unidos, en el marco de la iniciativa CORE (siglas en inglés de Operaciones Combinadas y Ejercicios de Rotación), firmada en octubre de 2020 para "aumentar la interoperabilidad" entre sus ejércitos.

Las recientes revelaciones sobre las maniobras militares del Ejército argentino en 2019, para una invasión a Venezuela bajo el mando del Comando Sur del Pentágono, vienen a demostrar que Trump y su trío de sicópatas: John Bolton, Mike Pompeo y Elliot Abrams, estuvieron a punto de generar un conflicto bélico en el corazón de América del Sur. En esa coyuntura, tras la fabricación del títere Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela (reconocido por el entonces presidente argentino, Mauricio Macri) y en el marco de una campaña de intoxicación mediática propagandística, típica de la guerra híbrida y/o de cuarta generación −que empleó recursos diplomáticos, militares, de inteligencia y económico-financieros−, Wa­shington, con apoyo de la OTAN y el Grupo de Lima, intentó derrocar al gobierno legítimo de Maduro mediante un fracasado golpe de Estado que sería seguido por una "intervención humanitaria" de algunos ejércitos del área. Una maniobra imperial para tercerizar la guerra, donde la tarea del Ejército argentino era garantizar la seguridad de un "corredor humanitario" en la frontera de Colombia y Venezuela, mientras su homólogo brasileño cubriría el corredor desde las ciudades de Boa Vista y Pacaraima, en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela.

Como parte de la actual estrategia de tensión, no es ajeno a Washington el foro anticomunista organizado el pasado fin de semana en Bogotá, por el ultraderechista partido español Vox, con participación de sectores conservadores de varios países del área y disidentes cubanos y venezolanos. Como tampoco lo son los encuentros patrocinados por la red de lobbies ultracapitalistas Atlas Network (Red Atlas), que apoya a los presidentes Duque, de Colombia, y Guillermo Lasso, de Ecuador, así como a la Fundación Internacional para la Libertad, del escritor Mario Vargas Llosa, y la Fundación Friedrich Naumann de Alemania.

Esos encuentros son utilizados por los círculos de la inteligencia estadunidense para fabricar y potenciar operadores mediáticos que sirven a sus campañas de desestabilización contra Venezuela, Cuba, Bolivia, México y Nicaragua. A manera de ejemplo, está el caso de Agustín Antonetti, joven argentino de 21 años, promovido por la Red Atlas en varios medios regionales (Infobae, CNN Radio Argentina, el diario fujimorista Expreso, de Perú) y nombrado la personalidad del año de la Fundación Libertad, ligada a Macri, quien ha tenido un peso importante en las campañas en Twitter contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la etiqueta #AMLOVeteYa; contra el gobierno cubano con #SOSCuba y #15NCuba ; antes y durante el golpe de estado contra el ex presidente de Bolivia Evo Morales con #EvoDictador) y el actual Luis Arce #SOSBolivia.

En ese contexto, Estados Unidos busca reposicionar la narrativa de Venezuela como "Estado fallido", y utilizando al narcotráfico colombiano como punta de lanza, generar un conflicto multiforme en el eje fronterizo colombo-venezolano, que justifique la presencia de la OTAN con la difusa doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P).

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Lunes, 31 Enero 2022 07:48

2022, en catalejo

2022, en catalejo

Sin otra novedad que la tendencia a la agudización del conflicto que enfrenta a las grandes potencias, inclinadas hacia una colusión directa, las tendencias políticas, económicas, sociales, militares, en el orden nacional e internacional al comienzo del 2022, son continuidad de las dominantes al cierre del 2021. Difícilmente podría ser de otra manera, pues el cambio de calenda es algo que no corresponde a la geopolítica global y sí a fenómenos astronómicos, en este caso la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Las más relevantes de esas tendencias corresponden, para el caso nacional, a la agenda electoral que marca el primer semestre del año. Por primera vez en la historia del país este queda dibujado en tres alianzas, clara imagen de la sociedad que somos, dejando a un lado la típica y facilista confrontación reducida a dos, ricos y pobres, explotadores y explotados, opresores y oprimidos, derecha–izquierda, lo que permite visualizar la complejidad de nuestro tejido social, a la par de lo dinámica que es la política.

Estamos en un escenario electoral que por primera vez, también, marca un giro en la posibilidad del voto, lo que despierta una peligrosa sensación triunfalista en una de las alianzas, que –de no ser ratificada en las urnas– puede llevar a una debacle anímica en amplios sectores progresistas de la sociedad. “Nada peor que un guayabo electoral”, dijo hace años un dirigente de uno de los partidos tradicionales. Prepararse para ese escenario, con total conciencia, es parte de la responsabilidad que le cabe a la dirigencia de izquierda que hace parte de esa alianza.

A la par, se presenta la dinámica que lleva la economía, el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, los signos inflacionarios con sus variados impactos, el mayor empobrecimiento de millones de familias, la constante de la concentración de la riqueza y, para protegerla, junto con el poder, el autoritarismo y sus manifestaciones de constante violencia en contra de los liderazgos sociales, que se acentuará en la medida que se acerque la hora del sufragio.

De manera subterránea, aunque no tanto –y esto como una particularidad de la coyuntura electoral–, se realza el manejo direccionado de la política gubernamental para favorecer la continuidad en el poder de sus afines y, en contraparte, la resistencia de sus opuestos para menguar esa instrumentalización de dineros y otros recursos, manifiesto ello en las constantes denuncias de corrupción, favorecimiento de los ‘amigos’ a la hora de la contratación pública, y otros particulares.


Más allá

Fuera de nuestras fronteras persiste, en primera instancia en América Latina, la disputa entre continuidad y cambio, favorecida por la elección de gobiernos que se dicen no neoliberales aunque en la práctica poco logren romper con tal herencia. Extractivismo, direccionamiento de los movimientos sociales, endeudamiento creciente, alineamiento con Estados Unidos vs. China y Rusia, también son parte de esas constantes.


Las tensiones derivadas de allí despiertan denuncias de parte del bloque dominado por los Estados Unidos sobre la negación del modelo democrático liberal por parte de países salidos de su orbita, como Cuba, Nicaragua, Venezuela. El autoritarismo manifiesto en estos países no es distinto del también reinante en países como Colombia, Chile, Honduras, con tendencia a ser dominante también en Ecuador, Guatemala y otros países de esta parte del mundo. Una disputa del régimen político que solo puede ser resuelta de manera favorable para las mayorías por parte de los sectores alternativos, con autonomía de cualquiera de los imperios y con la puesta en marcha de proyectos soberanos en todos los renglones de la economía y de la vida diaria.

En otras latitudes, la confrontación entre imperios no ceja. El control del Pacífico, en particular es uno de los signos de esa realidad; también Rusia vs. Estados Unidos y sus aliados, asociados en la Otan, en un afán por encerrar al país euro-asiático y así dificultar el crecimiento de su poderío regional y más allá del mismo. La perla de esta realidad, además de la disputa creciente alrededor de Ucrania, se extiende al asunto del gas y los obstáculos para que el país de Putin vea retrasado hasta el máximo posible la puesta en flujo del gasoducto Nord Stream 2. Una renegociación de este proyecto seguramente será el resultado de las tensiones que hoy se destacan.

Este inmenso proyecto, con efectos notables en el poder que Rusia pueda tener sobre Europa, en tanto sea el factor fundamental para abastecerla mucho más allá del 40 por ciento con que hoy la surte, en esta ocasión a través de Bielorrusia, Polonia, Ucrania y el Mar Negro, tiene luz propia. La confrontación entre imperios que afecta a esta región es clara y no es casual. Por ahora, la población europea, con notable impacto en España, por ejemplo, paga a través de las crecientes tarifas del gas los coletazos de esta realidad, además de los efectos de políticas privatizadoras de este sector de los servicios públicos.

El incremento de la militarización en el mundo, así como el armamentismo de colosal poder, junto con la colisión por el control del espacio estelar, son otras de las manifestaciones reinantes, con la conformación de polos de países que recuerdan la antesala de las grandes confrontaciones armadas que marcaron el siglo XX.

La constante de la cuarta revolución industrial, con sus manifestaciones en variedad de campos que han propiciado que distintas multinacionales concentren hoy más poder que muchos países, también es parte de la disputa interimperial. En verdad, esos inmensos conglomerados, a pesar del peso del capital privado, son caballos de Troya de cada una de las potencias que hoy chocan.

Sin dar tregua –mientras la ciencia todavía no logra diseñar un biológico que en verdad pueda llamarse vacuna–, el covid-19 sigue afectando la vida de miles de millones de seres humanos en todo el planeta. Validos de esa realidad, desde instancias multilaterales, desde multinacionales de la farmacia, así como desde la mayoría de los gobiernos de los países que integran Naciones Unidas, se ponen en práctica mecanismos de control social cada vez más autoritarios y violadores de los derechos humanos. Son todo ello una clara tendencia a excluir, aislar, criminalizar y sancionar de diferentes modos a quienes no se someten al modelo imperante para enfrentar el virus que domina por doquier, y con ella el avance hacia la sociedad del apartheid.

Aunque las evidencias invitan a replantear el modelo impuesto por doquier para superar el virus, se persiste en su imposición. Entrando al tercer año de pandemia, y tras dos, tres vacunas, y anunciando en algunos países la cuarta, los ritmos de contagio por cientos de miles no se detienen. Los vacunados, que se suponía que estaban inmunes, padecen nuevos contagios, y también contagian. A la par, otras formas de valorar la pandemia y de afrontarla son negadas, aisladas, sancionadas, desconocidas. En el filo queda el cuestionamiento a una ciencia que ahora no se rige por principios básicos, como ensayo y error, sino que se asume como verdad impuesta desde el poder del capital, ¡y punto! De manera desconcertante, cuanto menos cómoda e irresponsable, en sus tendencias más reconocidas la izquierda guarda silencio ante esta realidad o, para mayor sorpresa, la apoya fervientemente, siendo más cientificista que la propia derecha.

Como epílogo de lo resumido en este editorial, el factor determinante que alimenta la disputa cada vez más abierta entre imperios, así como demás elementos retomados aquí, tenemos la continuidad de una crisis sistémica que marca el final de un ciclo civilizatorio y el avance hacia otro. Es decir, todo lo que hasta ahora fue comprendido como “palabra sagrada” está en cuestión; todo tiene que revalidarse de cara a una realidad cada vez más cambiante. Y en ese escenario los sectores alternativos, desde hace varias décadas sin piso firme para sostenerse, otear el mundo y actuar, tienen la oportunidad de recuperar la legitimidad que por décadas los mantuvo como el referente fundamental en la lucha contra el capital, y así levantar, con eco efectivo, banderas en favor de las mayorías, y hacerlas realidad. No falta sino arrojar a un lado los salvavidas que se niega a desechar, atreverse a saltar en alta mar y nadar en medio del océano bravío.

 

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Sábado, 29 Enero 2022 14:55

2022, en catalejo

2022, en catalejo

Sin otra novedad que la tendencia a la agudización del conflicto que enfrenta a las grandes potencias, inclinadas hacia una colusión directa, las tendencias políticas, económicas, sociales, militares, en el orden nacional e internacional al comienzo del 2022, son continuidad de las dominantes al cierre del 2021. Difícilmente podría ser de otra manera, pues el cambio de calenda es algo que no corresponde a la geopolítica global y sí a fenómenos astronómicos, en este caso la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Las más relevantes de esas tendencias corresponden, para el caso nacional, a la agenda electoral que marca el primer semestre del año. Por primera vez en la historia del país este queda dibujado en tres alianzas, clara imagen de la sociedad que somos, dejando a un lado la típica y facilista confrontación reducida a dos, ricos y pobres, explotadores y explotados, opresores y oprimidos, derecha–izquierda, lo que permite visualizar la complejidad de nuestro tejido social, a la par de lo dinámica que es la política.

Estamos en un escenario electoral que por primera vez, también, marca un giro en la posibilidad del voto, lo que despierta una peligrosa sensación triunfalista en una de las alianzas, que –de no ser ratificada en las urnas– puede llevar a una debacle anímica en amplios sectores progresistas de la sociedad. “Nada peor que un guayabo electoral”, dijo hace años un dirigente de uno de los partidos tradicionales. Prepararse para ese escenario, con total conciencia, es parte de la responsabilidad que le cabe a la dirigencia de izquierda que hace parte de esa alianza.

A la par, se presenta la dinámica que lleva la economía, el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, los signos inflacionarios con sus variados impactos, el mayor empobrecimiento de millones de familias, la constante de la concentración de la riqueza y, para protegerla, junto con el poder, el autoritarismo y sus manifestaciones de constante violencia en contra de los liderazgos sociales, que se acentuará en la medida que se acerque la hora del sufragio.

De manera subterránea, aunque no tanto –y esto como una particularidad de la coyuntura electoral–, se realza el manejo direccionado de la política gubernamental para favorecer la continuidad en el poder de sus afines y, en contraparte, la resistencia de sus opuestos para menguar esa instrumentalización de dineros y otros recursos, manifiesto ello en las constantes denuncias de corrupción, favorecimiento de los ‘amigos’ a la hora de la contratación pública, y otros particulares.


Más allá

Fuera de nuestras fronteras persiste, en primera instancia en América Latina, la disputa entre continuidad y cambio, favorecida por la elección de gobiernos que se dicen no neoliberales aunque en la práctica poco logren romper con tal herencia. Extractivismo, direccionamiento de los movimientos sociales, endeudamiento creciente, alineamiento con Estados Unidos vs. China y Rusia, también son parte de esas constantes.


Las tensiones derivadas de allí despiertan denuncias de parte del bloque dominado por los Estados Unidos sobre la negación del modelo democrático liberal por parte de países salidos de su orbita, como Cuba, Nicaragua, Venezuela. El autoritarismo manifiesto en estos países no es distinto del también reinante en países como Colombia, Chile, Honduras, con tendencia a ser dominante también en Ecuador, Guatemala y otros países de esta parte del mundo. Una disputa del régimen político que solo puede ser resuelta de manera favorable para las mayorías por parte de los sectores alternativos, con autonomía de cualquiera de los imperios y con la puesta en marcha de proyectos soberanos en todos los renglones de la economía y de la vida diaria.

En otras latitudes, la confrontación entre imperios no ceja. El control del Pacífico, en particular es uno de los signos de esa realidad; también Rusia vs. Estados Unidos y sus aliados, asociados en la Otan, en un afán por encerrar al país euro-asiático y así dificultar el crecimiento de su poderío regional y más allá del mismo. La perla de esta realidad, además de la disputa creciente alrededor de Ucrania, se extiende al asunto del gas y los obstáculos para que el país de Putin vea retrasado hasta el máximo posible la puesta en flujo del gasoducto Nord Stream 2. Una renegociación de este proyecto seguramente será el resultado de las tensiones que hoy se destacan.

Este inmenso proyecto, con efectos notables en el poder que Rusia pueda tener sobre Europa, en tanto sea el factor fundamental para abastecerla mucho más allá del 40 por ciento con que hoy la surte, en esta ocasión a través de Bielorrusia, Polonia, Ucrania y el Mar Negro, tiene luz propia. La confrontación entre imperios que afecta a esta región es clara y no es casual. Por ahora, la población europea, con notable impacto en España, por ejemplo, paga a través de las crecientes tarifas del gas los coletazos de esta realidad, además de los efectos de políticas privatizadoras de este sector de los servicios públicos.

El incremento de la militarización en el mundo, así como el armamentismo de colosal poder, junto con la colisión por el control del espacio estelar, son otras de las manifestaciones reinantes, con la conformación de polos de países que recuerdan la antesala de las grandes confrontaciones armadas que marcaron el siglo XX.

La constante de la cuarta revolución industrial, con sus manifestaciones en variedad de campos que han propiciado que distintas multinacionales concentren hoy más poder que muchos países, también es parte de la disputa interimperial. En verdad, esos inmensos conglomerados, a pesar del peso del capital privado, son caballos de Troya de cada una de las potencias que hoy chocan.

Sin dar tregua –mientras la ciencia todavía no logra diseñar un biológico que en verdad pueda llamarse vacuna–, el covid-19 sigue afectando la vida de miles de millones de seres humanos en todo el planeta. Validos de esa realidad, desde instancias multilaterales, desde multinacionales de la farmacia, así como desde la mayoría de los gobiernos de los países que integran Naciones Unidas, se ponen en práctica mecanismos de control social cada vez más autoritarios y violadores de los derechos humanos. Son todo ello una clara tendencia a excluir, aislar, criminalizar y sancionar de diferentes modos a quienes no se someten al modelo imperante para enfrentar el virus que domina por doquier, y con ella el avance hacia la sociedad del apartheid.

Aunque las evidencias invitan a replantear el modelo impuesto por doquier para superar el virus, se persiste en su imposición. Entrando al tercer año de pandemia, y tras dos, tres vacunas, y anunciando en algunos países la cuarta, los ritmos de contagio por cientos de miles no se detienen. Los vacunados, que se suponía que estaban inmunes, padecen nuevos contagios, y también contagian. A la par, otras formas de valorar la pandemia y de afrontarla son negadas, aisladas, sancionadas, desconocidas. En el filo queda el cuestionamiento a una ciencia que ahora no se rige por principios básicos, como ensayo y error, sino que se asume como verdad impuesta desde el poder del capital, ¡y punto! De manera desconcertante, cuanto menos cómoda e irresponsable, en sus tendencias más reconocidas la izquierda guarda silencio ante esta realidad o, para mayor sorpresa, la apoya fervientemente, siendo más cientificista que la propia derecha.

Como epílogo de lo resumido en este editorial, el factor determinante que alimenta la disputa cada vez más abierta entre imperios, así como demás elementos retomados aquí, tenemos la continuidad de una crisis sistémica que marca el final de un ciclo civilizatorio y el avance hacia otro. Es decir, todo lo que hasta ahora fue comprendido como “palabra sagrada” está en cuestión; todo tiene que revalidarse de cara a una realidad cada vez más cambiante. Y en ese escenario los sectores alternativos, desde hace varias décadas sin piso firme para sostenerse, otear el mundo y actuar, tienen la oportunidad de recuperar la legitimidad que por décadas los mantuvo como el referente fundamental en la lucha contra el capital, y así levantar, con eco efectivo, banderas en favor de las mayorías, y hacerlas realidad. No falta sino arrojar a un lado los salvavidas que se niega a desechar, atreverse a saltar en alta mar y nadar en medio del océano bravío.

 

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Publicado enEdición Nº287
El conflicto de Ucrania y la nueva guerra fría

La confrontación con Rusia le interesa especialmente a EEU U pues con ella da sentido al organismo multilateral OTAN, que siempre ha utilizado para ejercer presión sobre Europa occidental frente a un competidor geopolítico como es Rusia.

 Para entender que pasa en Ucrania hay que retroceder a las grandes perturbaciones que atravesó este país y que son en buena parte las causantes del conflicto actual. Y es que la historia siempre cuenta, y, como en este conflicto, condiciona el presente. Conocer la historia de Ucrania es a la vez conocer los orígenes de la Rusia contemporánea. No se entiende Rusia sin los mitos que surgen del corazón de Ucrania y de la península de Crimea. El puerto de Odessa, la batalla de Balaklava, la base militar rusa de Sebastopol o los acuerdos de Yalta tras la Segunda Guerra, éstos son nombres en los que se asienta parte de la mitología de la nación rusa, una nación de naciones, la multicultural e inmensa Rusia que tiene varios millones de personas de procedencia rusa fuera de sus fronteras y una buena parte en Ucrania.

En la Ucrania de hoy, la población está dividida entre los partidarios de la Europa occidental y la oriental. Las barbaridades cometidas por unos y otros en suelo ucraniano condicionaban y mucho el posicionamiento de la población a la hora de inclinarse hacia uno u otro bando. No se puede olvidar que Stalin sometió a la población ucraniana a una hambruna, tras el despojo de sus cosechas en 1932, que mató de hambre a millones de personas y que deportó a diversas minorías, entre otras, judías y polacas, provocando un gran resentimiento entre la población ucraniana hacia Rusia. Tampoco se olvida que durante la 2ª Guerra Mundial los ejércitos de la Alemania nazi con la colaboración de grupos nacionalistas ucranianos exterminaron a varios millones de personas prorrusas, en parte, como represalia a las hambrunas infringidas por la URSS de Stalin.

Respecto a Crimea también sufrió dramáticas vicisitudes: una limpieza étnica por parte de Stalin, que deportó en 1944 a Asia central a la población tártara por el apoyo de sus dirigentes a los nazis, y repobló con rusos Crimea; y más adelante, en 1954, Nikita Jrushchov decidió regalar de forma arbitraria Crimea a Ucrania, sin pensar que algún día la URSS podía colapsar y desintegrarse y que Ucrania se convertiría en una república independiente.

Una vez mostrados estos antecedentes, seria pecar de ingenuos pensar que Rusia se cruzaría de brazos viendo cómo la revuelta de Maidán de 2014, en Kiev, auspiciada por el bloque euroatlántico, hacía caer un gobierno prorruso y se lanzaba en brazos de la UE y pedía la entrada en la OTAN. Sobre todo, pensando que la parte oriental el Donbás (Luganks y Donnetsk) y el sur de Ucrania, junto a Crimea, son de población mayoritaria rusa y que comparten lazos culturales y de lengua muy estrechos con Rusia. Además, en Crimea, Rusia tiene en Sebastopol una base militar para su armada desde donde tiene acceso al Mediterráneo. Una península de vital importancia para los intereses geoestratégicos de Rusia.

Obviar todo eso es no querer entender el conflicto de Ucrania. Un conflicto que en buena parte vienen provocado desde el exterior. Una UE que ha actuado con manifiesta mala fe intentando que Ucrania se incorporara a su bloque económico; Estados Unidos que deseaba su entrada en la OTAN; Rusia que no piensa abandonar unos territorios que considera por historia suyos. Cierto es que la respuesta rusa ocupando Crimea es una violación del derecho internacional, porque esta península formaba parte del Estado de Ucrania. Pero se debe recordar que nuestra OTAN hizo lo mismo en Kosovo y EE UU en Iraq. Por tanto, es de un enorme cinismo acusar a Rusia de violar la legalidad cuando EE UU lo ha hecho en innumerables ocasiones en el pasado. Y de una ingenuidad absoluta pensar que Rusia se quedaría de brazos cruzados ante los ataques del ejército ucraniano para recuperar el Donbás; o de que EE UU enviara ayuda militar a esta región sin que Rusia respondiera con la misma moneda. Aunque cierto es que el envío de un ejército de 100.000 militares a la frontera con Ucrania por parte de Rusia es una amenaza. Pero es insensato pensar que Rusia invadirá Ucrania pues la OTAN respondería ayudando a la Ucrania occidental, empezando una guerra en el centro de Europa de insospechadas consecuencias para todas las partes. Especialmente porque los intereses de Europa occidental y de Rusia son interdependientes, especialmente por la dependencia energética de Europa occidental de Rusia que hace inimaginable una confrontación armada.

Rusia, primero por pasiva y ahora por activa (la presión en la frontera de Ucrania) está reclamando a Europa Occidental y a EE UU que la OTAN no la amenace en sus fronteras. ¿Qué respuesta daría EE UU si Rusia instalará misiles o un escudo antimisiles en Cuba o Venezuela?

La confrontación con Rusia le interesa especialmente a EE UU pues con ella da sentido al organismo multilateral OTAN y que siempre ha utilizado para ejercer presión sobre Europa occidental frente a un competidor geopolítico como es Rusia. Como lo demuestran las varias crisis anteriores generadas por la instalación del escudo antimisiles en Polonia y Rumania (también está en Rota, Cádiz); o cuando Georgia inició un ataque militar en Osetia del Sur y pretendía incorporarse a la OTAN. Unas actuaciones que se deben considerar cómo una amenaza para la seguridad de Rusia y que explican su reacción de entonces y de ahora.

Lo deseable sería que los gobiernos europeos se distanciaran del alineamiento al lado los intereses particulares de EE UU, tampoco situándose al lado de Rusia, pero sí buscando una neutralidad que rebaje las tensiones entre ellas en Ucrania y en otros puntos. Pero escuchando las lastimosas declaraciones de José Borrell como representante de Exteriores de la UE y de otros cancilleres europeos, hay que temer que Europa occidental se alineará una vez más al lado de Estados Unidos para dar paso a una nueva guerra fría, aunque eso sí, de mucha menor gravedad que la anterior.

20 ene 2022 06:03

Publicado enInternacional
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