Lunes, 20 Junio 2022 07:11

Democracia ¿Para qué?

El reverendo William Barber durante su discurso en la Marcha Moral el fin de semana, en Washington. La Campaña de los Pobres en Estados Unidos ha declarado que hay un problema moral en el país, el cual ha generado injusticia social, racismo, guerras y devastación ecológica, y por ello se requiere una "revolución de valores", receta recomendada por el reverendo Martin Luther King, en 1968. Foto Ap

 

En la segunda semana consecutiva en el que un comité del Congreso continuó documentando públicamente cómo se intentó un golpe de Estado en Estados Unidos y siguió advirtiendo que esa amenaza derechista prevalece hoy día, tal vez lo más sorprendente es que esto aún no ha provocado una ola popular masiva por la defensa de lo que supuestamente es la esencia fundamental de este país: su democracia.

Mas aún, todo apunta a que el Partido Republicano que se ha subordinado, por ahora, a Trump, retomará el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre, con su liderazgo prometiendo revancha contra aquellos que se atrevieron a investigar los delitos antidemocráticos del ex presidente y sus cómplices.

¿Será que en el faro mundial de la democracia, ya se está fundiendo esa palabra tan sagrada?

Vale recordar que hace año y medio la mayoría de los votantes expulsó al bufón neofascista y apoyó al candidato que prometió "el gobierno más progresista desde Franklin Delano Roosevelt" y declaró que su presidencia marcaba el fin de cuatro décadas de políticas neoliberales (sin usar esa palabra).

Más aún, vale subrayar que en las encuestas, mayorías apoyan toda una gama de políticas progresistas: desde el derecho al aborto, un mayor control de armas de fuego, un sistema de acceso básico a salud y educación, que los ricos paguen su parte en impuestos para reducir la desigualdad, hasta una reforma migratoria para legalizar a la mayoría de los indocumentados, entre otras políticas. Biden y el liderazgo demócrata prometieron promoverlas, y en parte por ello ganaron la Casa Blanca y el control de ambas cámaras del Congreso, pero poco despues empezó a imperar el juego de Washington, donde la voluntad de las mayorías no se implementa.

Como resultado, el desencanto, una vez más, es palpable por todas partes, y en particular, como lo fue con Obama antes, entre los jóvenes.

Ese tipo de desencanto fue en gran medida lo que motivó el triunfo electoral de Trump, sobre todo entre sectores de trabajadores y granjeros que seguían perdiendo sus empleos, tierras y oportunidades para sus familias e hijos. Algunas manifestaciones de una creciente desesperación social son las epidemias de opiaceos, violencia con armas de fuego y suicidios, entre otros factores que causan muertes prematuras y que están elevando la tasa de mortalidad de manera inusitada y diferente a la de otros países ricos.

La Campaña de los Pobres insiste en que hay un problema moral en Estados Unidos, generado por demasiada injusticia social, racismo, guerras y la devastación ecológica, y que ahora "el país tiene que ser rescatado de sí mismo" con una "revolución de valores", una receta recomendada por el reverendo Martin Luther King en 1968.

Ante un obvio desencanto con lo que oficialmente se llama "democracia", se puede decir que hay dos caminos visibles en Estados Unidos en esta coyuntura: una propuesta neofascista basada en una agenda supremacista blanca antimigrante, o una propuesta progresista que busca cumplir con las necesidades y demandas de las mayorías y a favor de la justicia social y económica.

Observar el deterioro de "la democracia" del país más poderoso del mundo ha sido la tarea periodística desde la elección de Trump en 2016, aunque ese proceso empezó mucho antes y en gran parte –como en tantos países– está relacionado directamente con la era neoliberal de las últimas cuatro décadas. Que hubo un intento de golpe de Estado y que hay un proyecto neofascista explícito apoyado por millones y por uno de los dos partidos nacionales, algo impensable hace sólo unos años, sigue definiendo la coyuntura actual de Estados Unidos. Con ello queda en el aire la pregunta sobre si el pueblo defenderá o no lo que se llama "democracia".

Las consecuencias de esa decisión, por tratarse de la superpotencia, afectarán a casi todos en el planeta, y de manera inmediata a sus vecinos.

Sly and the Family Stone. Stand. https://open.spotify.com/track/68DqLs1hv7zI08EBvu53wV?si=xDw5HWsdRcm1z1zvvgRN-Q

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Tercera embestida del Congreso contra Pedro Castillo en Perú

Le abrieron una demanda de juicio político por "traición a la patria" 

En menos de un año la derecha ya había intentado dos veces destituirlo alegando “incapacidad moral”. Ahora va por otra vía.

 

 El gobierno de Pedro Castillo se acerca a cumplir su primer año -asumió el 28 de julio de 2021- agobiado por la inestabilidad, las acciones sin pausa que promueve la derecha para destituirlo del cargo y por sus errores. Su permanencia en la presidencia está constantemente amenazada. La derecha parlamentaria acelera en su afán golpista y avanza procesos de acusaciones constitucionales contra Castillo y su vicepresidente Dina Boluarte, buscando destituirlos. El plan es tumbarse a los dos para que la presidencia pase a manos del Congreso controlado por la oposición. En ese caso, asumiría la presidencia del país quien en ese momento esté al frente del Parlamento -ahora la presidenta del Congreso es la derechista María del Carmen Alva-, con lo que la derecha que perdió las elecciones presidenciales, con el fujimorismo y otros grupos de ultraderecha marcándole la pauta, tomaría el control del Ejecutivo, además del Legislativo que ya lo tiene. Con todo el poder en sus manos, la derecha tendría la mesa servida para capturar los organismos electorales y otras instituciones estratégicas, una tarea que ya ha iniciado, y en ese escenario convocar y organizar unas elecciones para asegurarse la victoria.

No resiste análisis

En menos de un año, la derecha ha intentado dos veces sin éxito destituir al profesor rural y sindicalista que le ganó las elecciones alegando una supuesta “incapacidad moral”. Con problemas para conseguir los 87 votos necesarios para alcanzar los dos tercios del Parlamento unicameral para activar la “incapacidad moral”, ahora la oposición apuesta por una acusación constitucional contra el presidente para sacarlo del cargo, para lo que no necesita 87 votos, sino solo una mayoría simple de 66 votos. La acusación es por traición a la patria. El cargo no resiste un análisis serio, pero el caso igual sigue avanzando en el Congreso. A Castillo lo acusan por haber declarado en una entrevista dada a CNN que no descartaba la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia y que podría darse un referéndum en ese sentido. El Ejecutivo aclaró rápidamente que la propuesta no contemplaba una cesión territorial ni renuncia a soberanía, sino que se refería a profundizar acuerdos pactados por gobiernos anteriores para facilitar un acceso de Bolivia al mar por la costa sur del Perú. Pero esa aclaración, ni el hecho que el asunto quedó solo en una declaración periodística y nunca hubo una acción de gobierno sobre este asunto, han impedido que la derecha arme esta acusación sin sustento por traición a la patria buscando con eso derrocar al mandatario.

A diferencia del delirante cargo por traición a la patria, hay acusaciones por corrupción contra el gobierno que tocan a Castillo y lo pueden complicar seriamente. Las acusaciones han sido hechas por dos lobistas que estuvieron en el entorno del presidente y ahora están procesados por operar para ganar irregularmente licitaciones de obras públicas. Esas acusaciones son investigadas por la fiscalía, pero la derecha desesperada por tomar el poder no quiere esperar el resultado de esas investigaciones. En paralelo al juicio político por traición, la ultraderecha maniobra para activar un tercer proceso por “incapacidad moral” argumentando corrupción sin esperar las conclusiones de las investigaciones. El objetivo no es aclarar las denuncias ni enfrentar la corrupción, para la derecha solo se trata de encontrar un motivo para justificar el derrocamiento del presidente. Otro caso que le mueve el piso a Castillo es una denuncia de haber plagiado su tesis de maestría en piscología de la educación.

Disparan sobre Boluarte

La derecha enfrenta el problema que si saca a Castillo asumiría su vicepresidenta Dina Boluarte, a la que tampoco quiere. Por eso, en el Congreso se ha iniciado el proceso para una acusación constitucional contra Boluarte para destituirla. La acusan de que siendo ministra -la vice también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social- ha ejercido funciones en la directiva del Club Departamental Apurímac, lo que se señala es una infracción constitucional porque la Constitución establece que un ministro no puede ejercer ninguna otra actividad excepto la docencia. El Club Apurímac es una asociación sin fines de lucro y sin relación con el Ejecutivo, que agrupa a los pobladores de ese departamento andino que han migrado a la capital, como es el caso de Boluarte. La vicepresidenta y ministra ha señalado que pidió licencia y se alejó de sus funciones directivas en el Club Apurímac cuando fue nombrada ministra, pero un informe de la Contraloría dice que luego que asumió el ministerio firmó documentos de este club. La defensa de Boluarte alega que se trata de documentos que tienen que ver con regularizaciones registrales, sin relación con la gestión de esa institución, que es lo que Constitución prohíbe.

Aunque sea suicida, no se descarta que un sector del oficialismo se sume a la extrema derecha para destituir a Boluarte, quien hace unos meses fue expulsada del partido de gobierno Perú Libre (PL) por sus diferencias con el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, quien ya ha dado muestras de que en su afán de copar el poder desplazando a todos los que no sean sus incondicionales está dispuesto a aliarse con el golpismo. El secretario general de PL se despacha con un discurso de izquierda radical, pero más de una vez ha sumado sus votos en el Congreso a la ultraderecha. Recientemente los legisladores cerronistas se aliaron a la derecha para censurar a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, también separada de PL por sus diferencias con Cerrón. Chávez venía impulsando un nuevo código laboral que defienda derechos de los trabajadores. Días antes de esa censura, Castillo había cambiado cuatro ministros, entre ellos el titular de Energía y Minas, un incondicional de Cerrón, lo que desató las iras y amenazas del secretario general de PL contra el mandatario.

Alianza con el fujimorismo

Legisladores cerronistas se aliaron con el fujimorismo y otros grupos para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), entregándole a la derecha el control de este estratégico organismo, la máxima instancia judicial del país. Con el TC en el bolsillo, ahora la derecha busca capturar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), promoviendo en el Congreso acusaciones contra sus titulares para reemplazarlos por personajes cercanos a sus intereses, con la mira puesta en elecciones adelantadas si Castillo cae. En las últimas elecciones, el JNE y la ONPE impidieron que prospere la intención golpista de la derecha que intentó anular el triunfo electoral de Castillo denunciando un falso fraude electoral, descartado por las investigaciones de la fiscalía y los observadores internacionales.

En medio de este agitado panorama en el que la ultraderecha avanza, el oficialismo pone una cuota importante para favorecer el juego del golpismo: una administración que se debate entre la falta de rumbo y alarmante ineficiencia, el distanciamiento de sus propuestas de cambio, escándalos de corrupción que tocan al mandatario, divisiones internas y un sector del oficialismo que prefiere aliarse con la ultraderecha antes que compartir el poder con otros sectores de izquierda, debilitan al gobierno y juegan a favor de la derecha golpista. 

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Perú: la ofensiva contra Pedro Castillo vuelve a tomar fuerza

La oposición retoma la narrativa del fraude electoral buscando destituir al presidente

La derecha parlamentaria promovió esta última semana la interpelación de cuatro ministros, incluyendo el jefe del gabinete, Aníbal Torres.

La ofensiva contra el gobierno de Pedro Castillo vuelve a tomar fuerza. De la mano de un empresario encarcelado por corrupción, la extrema derecha ha resucitado en estos días la narrativa del falso fraude electoral en las elecciones que ganó Castillo. El objetivo de esta arremetida es deslegitimar al presidente y armar un caso para destituirlo. Lo del falso fraude electoral se vuelve a lanzar en un contexto de acusaciones contra Castillo -por cargos de corrupción y la última por plagio de su tesis de maestría-, inestabilidad y conspiraciones golpistas en el Congreso. Como parte de su ofensiva contra el gobierno, la derecha parlamentaria ha promovido esta última semana la interpelación de cuatro ministros, incluyendo el jefe del gabinete, Aníbal Torres. En paralelo, en la última semana la derecha ha copado el estratégico Tribunal Constitucional, mientras la bancada del partido oficialista Perú Libre (PL) se ha dividido por segunda vez con la renuncia de diez legisladores. Ahora el oficialismo está fraccionado en tres bancadas.

El nuevo capítulo de la farsa del fraude electoral se escenificó en el Congreso y en una cárcel de Lima. Esta vez ya no se habla de fraude en la segunda vuelta, como hizo la derecha después del triunfo de Castillo sobre Keiko Fujimori, denuncia desvirtuada por múltiples evidencias, sino de una supuesta alteración de votos en la primera vuelta. El empresario Zamir Villaverde, que ha sido parte del entorno de Castillo y ahora está en prisión preventiva acusado de operar como intermediario entre empresarios y el gobierno en la adjudicación irregular de obras públicas, se presentó desde la prisión, vía zoom, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y leyó un guion que llevó preparado sobre un supuesto fraude electoral para favorecer a Castillo. Sin presentar una sola evidencia, acusó al mandatario de haber “planificado, organizado y liderado” un fraude electoral en la primera vuelta para asegurarse el triunfo y pasar al ballotage.

Villaverde dijo que el actual presidente se había reunido antes de las elecciones con los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para tramar el fraude en el conteo de los votos. Pero el JNE, que ha rechazado esta imputación, no tiene ninguna intervención en el conteo de los votos y sus miembros solo acceden a las actas de votación cuando hay alguna impugnación. El proceso electoral es organizado y supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no por el JNE. Todos los observadores internacionales avalaron la limpieza de esas elecciones, y el conteo rápido de la encuestadora Ipsos, insospechada de simpatía con Castillo, dio un resultado muy similar al oficial que le otorgó el triunfo al actual mandatario.

“Es imposible que ese fraude haya ocurrido. Esto es un invento, una fantasía. Para que eso suceda tendrían que cambiarse miles de actas y las actas en su gran mayoría estaban en la página web desde el primer día, entonces cómo un grupo de magistrados que no tienen acceso a las actas sino recién cuando las elevan para que resuelvan sobre alguna cosa específica podían hacer ese fraude. Villaverde dice cosas insostenibles, pero en un contexto de mucha crispación y polarización, donde ya ha habido una campaña previa sostenida sobre el tema. Es un operativo que tiene beneficiarios”, le declaró a PáginaI12 el politólogo de la Universidad Católica Fernando Tuesta, experto en temas electorales y exjefe de la ONPE.

Las acusaciones sin fundamento de Villaverde que buscan apoyar el derribo del gobierno de Castillo han tenido amplia repercusión política y mediática. El legislador del partido fascista Renovación Popular, el almirante en retiro Jorge Montoya, anunció que en base a lo dicho por el empresario preso pedirá abrir un nuevo proceso de destitución de Castillo por “incapacidad moral”. Con su operativo del falso fraude, Villaverde estaría buscando apoyo de la derecha para conseguir su libertad a cambio de acusar a Castillo. Villaverde tiene un amplio prontuario: fue expulsado de la Fuerza Aérea por actos delictivos, tiempo después condenado por asaltar un restaurante y luego de ser liberado sentenciado por colusión y falsificación de documentos, está acusado por su expareja de haberla agredido y ahora está preso por corrupción en licitaciones públicas.

En los últimos días, el profesor Castillo también ha sido acusado de haber plagiado su tesis de maestría en psicología educativa. Otro caso que suma a las maniobras de una destitución por “incapacidad moral”. La Universidad César Vallejo, donde Castillo cursó esa maestría, ha admitido que la tesis tiene un 43 por ciento de “similitud” con otros trabajos que no son citados, pero señala que “mantiene un aporte de originalidad”, por lo que, concluye, no hay plagio. El problema para Castillo con ese informe que lo exculpa es que se trata de una universidad de cuestionado prestigio que ha hecho de la entrega de títulos un negocio millonario.

Fuego amigo

Mientras la extrema derecha arremete para derribar al gobierno de Castillo, un importante sector de la bancada oficialista, encabezado por el secretario general de PL Vladimir Cerrón, pacta con esa derecha en el Congreso para elegir un nuevo Tribunal Constitucional (TC) a la medida del fujimorismo y los sectores más reaccionarios. El TC es la máxima instancia judicial del país. Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón tienen en común problemas con la justicia por cargos de corrupción y un TC con magistrados que les deben a ellos su elección los podría salvar de la cárcel.

“Básicamente es un pacto por la impunidad. No es la primera vez que estos sectores (el fujimorismo y el cerronismo) convergen en una votación. Ideológicamente los une un trasfondo conservador, antiderechos, el no respeto a la diversidad. Cerrón ha apoyado a los candidatos de la derecha para el TC porque se asegura magistrados conservadores en esos temas y porque espera que llegado el momento esos magistrados le devuelvan el favor de su elección”, le señaló a este diario el historiador y analista político Nelson Manrique, profesor de la Universidad Católica.

El fin de semana manifestantes favorables a la derecha golpista y defensores del gobierno de Castillo se enfrentaron en las calles del centro de Lima. La ultraderecha moviliza grupos violentos que agreden a quienes no se alinean con su extremismo. Este viernes hubo una movilización contra el Congreso rechazando la elección del nuevo TC y una ley que liquida la reforma de la educación que buscaba terminar con el negocio de las universidades de mala calidad, norma aprobada también por la alianza entre el fujimorismo y el cerronismo. El gobierno de Castillo, que ha abandonado sus propuestas de cambio, no encuentra un rumbo, suma personajes cuestionados y se ahoga en la inoperancia y sus errores, está muy debilitado, pero el desprestigio del Congreso dominado por la derecha que conspira para destituirlo es mayor. Según un sondeo de Ipsos publicado este domingo, la desaprobación de Castillo es 72 por ciento, mientras la del Congreso se eleva hasta 82 por ciento.

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Reconoce el premier de Perú que Castillo "puede caer" por la crisis social

Lima. Una protesta ayer en la región de Ica, al sur de Lima, esta vez con la exigencia del cierre del Congreso, dejó un civil muerto y 12 policías heridos, luego que en la víspera otra manifestación, que pedía la renuncia del presidente Pedro Castillo, provocó destrozos en la capital.

El premier Aníbal Torres reconoció la posibilidad de que la crisis social lleve a la caída del gobierno de Castillo. "Esto ya viene desde algunos años atrás, en el quinquenio anterior. Hemos tenido cinco presidentes y tres congresos en cinco años. Esa situación no se ha superado, nosotros tratamos de dialogar con la parte contraria, pero ésta sólo se fija en su propio interés", declaró en entrevista con Blu Radio, en la cual descartó que vaya a renunciar.

Sobre las movilizaciones, aseveró que hay personas "infiltradas" y alentadas por la oposición, donde existen sectores que desde que comenzó el mandato de Castillo no reconocieron su victoria, y lamentó que la Policía Nacional no cuente con los efectivos ni la preparación suficiente para hacer frente a las movilizaciones.

El choque con la policía ocurrió en una carretera de Ica. Los inconformes bloquearon la vía y pidieron el cierre del Congreso, así como el cambio de la actual Constitución, dos nuevos pedidos que se sumaron a la lista nacional de reproches por el alza de precios de combustibles, alimentos y fertilizantes.

En la marcha se distinguió una pancarta en la cual se leía: "cierre del Congreso" y criticaban a la policía por disparar contra Jhony Quinto, campesino de 25 años y padre de dos niños, cuya muerte por una herida de arma de fuego en la cabeza fue confirmada más tarde por las autoridades de salud de la región.

En Ica la protesta empezó el lunes y existen varios puntos de la carretera Panamericana Sur –que conecta con Lima– que estaban bloqueados, pero durante la jornada fueron liberados por la policía. En otro punto más al sur los manifestantes protestaron contra el presidente Pedro Castillo y el dirigente Julio Carbajal pidió su renuncia.

Tras ocho meses de gobierno, tanto el Congreso como el presidente tienen elevados índices de impopularidad entre los peruanos.

El mandatario ha modificado cuatro veces su gabinete, es criticado por su descuido en designar a los titulares de ministerios claves y tiene tres investigaciones por presunta corrupción que están congeladas hasta el fin de su mandato.

El Congreso es criticado por apoyar proyectos de ley que debilitan la lucha contra la corrupción, que obstruyen la calidad educativa y por promover intereses empresariales.

En la víspera, otra protesta contra Castillo dejó 25 policías heridos y el centro de Lima con destrozos. Los asistentes a la marcha intentaron incendiar el archivo de la Corte Superior, apedrearon la fiscalía, el Tribunal Electoral, rompieron cajeros automáticos y saquearon una tienda.

Los manifestantes desobedecieron antier el toque de queda decretado la medianoche del lunes por Castillo para tratar de calmar una semana de protestas en otras partes del país. Ante el rechazo social, la medida fue derogada.

El presidente y el Congreso están enfrentados desde que empezó la gestión de ambos poderes, el 28 de julio de 2021.

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Martes, 29 Marzo 2022 05:06

Castillo se defendió con argumentos

Castillo se defendió con argumentos

Fracasó el nuevo intento de la ultraderecha de destituirlo

El presidente habló ante los parlamentarios y defenestró una causa armada con recortes periodísticos y testigos cuestionables. 

 

El Congreso peruano rechazó el pedido para destituir al presidente Pedro Castillo por supuesta “incapacidad moral”. La iniciativa contó con 55 votos a favor y 54 en contra, en una votación en la que hubo 19 abstenciones. Así, no consiguió los 87 respaldos necesarios para ser aprobada ni tampoco los 76 con los que contó para ser admitida a trámite en el Congreso.

La acusación fue promovida por la ultraderecha, que ya en diciembre pasado fracasó en un primer intento por sacar de la presidencia al profesor rural y sindicalista de izquierda que los derrotó en las elecciones de 2021. Los cálculos previos ya revelaban que este segundo intento de la derecha de dar un golpe parlamentario tampoco pasaría. El bloque de la ultraderecha golpista tiene 43 votos, mientras al frente, en la defensa del mandatario, el oficialismo cuenta con 44 votos, el número exacto para bloquear un pedido de destitución, que para ser aprobado requiere el respaldo de 87 de los 130 legisladores del Congreso unicameral. 

Los discursos de los miembros de los distintos grupos de centroderecha, un tercer bloque heterogéneo que aglutina a los 43 parlamentarios restantes, revelaban que en este sector no habría un voto uniforme, lo que anunciaba una derrota del intento golpista. Incluso la ultraderecha vio reducido el apoyo de 76 votos que hace dos semanas respaldaron iniciar el proceso de destitución contra Castillo. En las afueras del Congreso hubo manifestaciones a favor y en contra del gobierno.

Las acusaciones contra Castillo

El pliego acusatorio con el que se pretendía destituir al presidente incluye acusaciones por supuesta corrupción en licitaciones que están en investigación en la fiscalía y en los que no hay conclusiones de responsabilidades, cuestionamientos al desempeño de algunos ministros, lo que insólitamente se hace pasar como “incapacidad moral” del presidente por haberlos nombrado, la existencia de un supuesto “gabinete en las sombras” que estaría integrado por un grupo de asesores, reuniones fuera de Palacio de Gobierno en lo que la prensa llama “un despacho paralelo”, críticas a declaraciones periodísticas del jefe de Estado -como decir que no estaba preparado para ser presidente u ofrecer una posible salida al mar a Bolivia, y hasta acusaciones contra terceros que se cargan contra el mandatario.

El juicio político exprés de un solo día a Castillo, realizado el día que el gobierno cumple ocho meses, se inició con la presentación del presidente ante el Congreso. Fue breve, habló solo doce minutos. “Todos saben que la moción de vacancia (destitución) no contiene un solo elemento que la sostenga válidamente”, argumentó en su defensa. “El escrito de vacancia ha sido elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones. No cuenta con pruebas ni argumentos válidos. Solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios. No se sustenta en los hechos, en el derecho y carece de pruebas”.

Los argumentos del Presidente

Castillo cuestionó que se le vuelva a acusar por hechos que ya fueron vistos en un anterior pedido de destitución rechazado en diciembre pasado, como supuestas presiones para los ascensos militares, tema en investigación. Las primeras pesquisas han determinado que el mandatario preguntó por algunos oficiales, pero no impuso ningún ascenso. “Esto vulnera el derecho a no ser procesado y juzgado dos veces por un mismo hecho”, señaló el Presidente.

“Se relatan (en la acusación) hechos que tienen que ver con la actuación de otras personas. ¿Cómo es posible que se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros? Todos los casos (incluidos en la acusación) están en fase de investigación preliminar, los fiscales ni siquiera han formulado acusación. ¿Cómo se puede sancionar utilizando hechos no corroborados?”, cuestionó.

Aseguró que no se opone a que los hechos por los que se le acusa sean investigados, pero insistió en cuestionar que se le pretenda condenar antes de las investigaciones. “Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección, ello no puede continuar. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados, todo lo contrario, estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes”.

“Les pido votar por la democracia, por el Perú, en contra de la inestabilidad”, fue el pedido con el que cerró su presentación, en la que hizo un llamado a la unidad.

Debate con escandalete

Después de su alegato, Castillo le dejó la posta a su abogado, José Palomino, y se retiró del hemiciclo sin quedarse a escucharlo. Cuando el abogado comenzaba a exponer, la legisladora fujimorista Vivian Olivos colocó en su curul, en acto provocador, un cartel en el que se leía “Vacancia Ya”. La provocación tuvo efecto. El oficialismo protestó, se desató un griterío y la sesión se tuvo que suspender por cerca de una hora. Castillo se había retirado antes del incidente. Cuando el abogado retomó la defensa del presidente, su exposición, que duró cerca de una hora, continuó en la línea de lo dicho por el presidente de que la acusación se basaba en hechos sin pruebas, casos en investigación, acusaciones contra terceros, por lo que no tenía sustento. El abogado ahondó en detalles y citas jurídicas.

El vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, abrió el debate. Calificó como “antidemocrático” el comportamiento de la oposición que pide la destitución del presidente. Recordó que esos mismos sectores desconocieron el legítimo triunfo electoral de Castillo alegando un inexistente fraude electoral. “Nunca aceptarán a Castillo como presidente”, señaló. Calificó las acusaciones en su contra como “calumnias” y “difamaciones”.

Ruth Luque, vocera de la coalición progresista Juntos por el Perú, criticó a la derecha golpista y ratificó su apoyo al presidente, pero dijo que el mandatario “debe rectificar”. A Castillo se le cuestionan nombramientos de personajes criticados que han complicado al gobierno y un repliegue en buena parte de las políticas de cambio ofrecidas.

Resignado a la derrota, el vocero del fujimorismo Hernando Guerra García admitió que “posiblemente no se consigan los votos (para la vacancia)”. Sobre la falta de pruebas en las acusaciones contra el presidente, respondió diciendo que no se necesitan pruebas para acusarlo y destituirlo “porque este es un foro político, no judicial”. Es decir, para el fujimorismo en el “foro político” vale todo, hasta destituir a un presidente legítimo con acusaciones sin pruebas. 

Otros representantes de la derecha golpista siguieron esa misma línea, un reconocimiento que sus acusaciones carecen de pruebas sólidas. La extrema derecha aprovechó la jornada y las cámaras que transmitían en directo la sesión para disparar contra el presidente con todo tipo de ataques.

Castillo ha llegado a este proceso de destitución debilitado: según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) su aceptación ha caído a 24 por ciento, mientras el rechazo a su gestión es de 68 por ciento. Pero el Congreso controlado por la derecha que lo quiere destituir tiene alto descrédito, con un rechazo de 79 por ciento y solo 17 por ciento de respaldo. 

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Domingo, 27 Marzo 2022 05:10

Perú: semana clave para Pedro Castillo

Pedro Castillo se defenderá en el Congreso peruano.. Imagen: EFE

Este lunes enfrentará un poceso de juicio político en el Congreso

El Congreso, controlado por la oposición de derecha, votará un pedido para destituirlo por supuesta “incapacidad moral”. 

Este lunes será un día decisivo para el gobierno de Pedro Castillo, y para la democracia peruana. El Congreso, controlado por la oposición de derecha, debatirá y votará un pedido para destituir al mandatario por supuesta “incapacidad moral”. Se trata de una ambigua figura que los parlamentarios están forzando para colocar bajo ese membrete acusaciones por corrupción que todavía están en investigación, denuncias contra terceros que son cargadas al mandatario, cuestionamientos a nombramientos de ministros y críticas a declaraciones periodísticas del jefe de Estado. Cargos débiles o abiertamente inconsistentes con los que se intenta sacar de la presidencia, por segunda vez en menos de ocho meses de gobierno, al maestro rural y sindicalista de izquierda que sorprendió en las elecciones de 2021 y ha desplazado del poder a la derecha, que ahora contraataca con maniobras golpistas.

Embate de la ultraderecha

El pedido de destitución de Castillo es promovido por la ultraderecha, con el fujimorismo en un rol clave, y para llegar a debatirse este lunes en el Congreso ha tenido el respaldo de bancadas de centro derecha. El inicio del proceso de destitución fue aprobado por 76 votos de 130 miembros del Parlamento unicameral. Para concretar el derrocamiento de Castillo se necesitan 87 votos. Se considera altamente improbable que la ultraderecha consiga esos votos, pero la política peruana suele dar sorpresas.

Castillo he rechazado las acusaciones en su contra –“yo no he venido a robarle un centavo al pueblo”, ha repetido- y ha acusado a un sector de la oposición parlamentaria de querer destituirlo desde el primer día de su gobierno. Una referencia a la ultraderecha que no aceptó su triunfo electoral, intentó evitar que asuma el poder y que desde el inicio del gobierno conspira para derrocarlo.

Advertencia de la CIDH

Organismos internacionales han expresado su preocupación por el futuro de la democracia peruana por este uso forzado de la “incapacidad moral” para buscar destituir a un presidente legítimo. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha solicitado al Congreso que se permita que a la sesión parlamentaria en la que se decidirá la destitución o continuidad de Castillo asistan tres observadores de ese organismo. Los promotores del pedido de vacancia presidencial -como se llama a la destitución del presidente por “incapacidad moral” en el Congreso- han expresado su malestar con este pedido de la OEA. Desde el oficialismo respaldan la participación de estos observadores. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresa en un comunicado su “preocupación por el uso de esta figura jurídica (la incapacidad moral) de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso”. En diciembre pasado, el Congreso ya intentó destituir a Castillo por “incapacidad moral”, pero no alcanzó los votos necesarios para concretar el golpe parlamentario. La CIDH señala que un proceso de destitución del presidente debe “fundarse en conductas señaladas con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso”. En este proceso, que es sumario y donde todo se decide en un solo día sin un juicio político previo, con cargos que no adjuntan pruebas sólidas y con una evidente voluntad de un sector del Congreso de derrocar como sea a Castillo, esas garantías que exige la CIDH no se dan.

“Si cae Castillo, caemos todos, todos los pueblos del Perú”, ha dicho el jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres. “Esos ladrones que nos han robado miles de millones en gobiernos anteriores están detrás de la vacancia de Pedro Castillo porque han perdido la mamadera”.  

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Perú: Pedro Castillo llamó a una concertación

Tras la aprobación en el Congreso de un proceso para destituirlo

Debilitado por la guerra que desde el primer día le ha declarado la extrema derecha pero también por sus errores, el presidente busca una salida a la crisis de polarización e inestabilidad.

 

El presidente Pedro Castillo ha pedido una tregua a la oposición parlamentaria, llamándola a una concertación. Lo hizo después que la ultraderecha diera un paso adelante logrando en el Congreso el apoyo necesario para hacer aprobar un proceso para destituirlo. “Tiendo mi mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país”, le dijo Castillo a la representación parlamentaria, que un día antes a ese discurso había aprobado por 76 votos de un total de 130 llevar a Castillo ante el Congreso como acusado por “incapacidad moral”. Debilitado por la guerra que desde el primer día le ha declarado la extrema derecha y la mayor parte de los medios, pero también por sus errores, retrocesos en la agenda de cambios y sospechas de corrupción en su entorno que lo salpican, el presidente ha buscado con ese mensaje concertador una salida a la crisis de polarización e inestabilidad.

Convencer a la centro derecha

Tarea complicada para Castillo construir puentes de entendimiento con una oposición que en buena parte se ha mostrado abiertamente golpista y tiene como objetivo principal destituirlo. Con una ultraderecha obsesionada con derrocarlo y que ha dado señales de que solo podría aceptar un acuerdo si el mandatario se somete a su control y termina como su títere, la esperanza concertadora de Castillo mira a las bancadas de centro derecha, que se han plegado al pedido de destitución promovido por la extrema derecha, pero a las que el gobierno espera atraer para que tomen distancia del golpismo.

En la línea concertadora que le imprimió a su mensaje extraordinario ante el Congreso, dado a su pedido en respuesta al inicio del proceso para destituirlo, Castillo pidió terminar con la polarización entre el Congreso y el Ejecutivo, la cual, dijo, ha generado “una grave crisis”. Anunció que presentará a la representación parlamentaria una serie de propuestas de reforma política para enfrentar esa crisis, que calificó de “sistémica”, pero no dio detalles de su contenido. Reconoció errores de su gobierno, aunque no precisó cuáles eran, y dijo estar decidido a corregirlos, pero negó enfáticamente estar involucrado en actos de corrupción, como señalan quienes promueven su destitución. Para la derecha la autocrítica no fue suficiente. El tono concertador de su mensaje no evitó que Castillo denuncie que un sector político, que no mencionó, pero a todos quedó claro a quiénes se refería, no acepta su triunfo electoral y busca desestabilizar su gobierno para sacarlo de la presidencia.

Argumentos débiles

Como la cereza sobre el pastel concertador que llevó al Congreso, antes de retirarse del hemiciclo el presidente se acercó a las bancadas opositoras para darle la mano a los legisladores que han votado para iniciar un proceso sumario para sacarlo de la presidencia. El lunes 28 será el día decisivo en este proceso sumario de destitución. La acusación contra Castillo tiene argumentos muy débiles, algunos absurdos, que fuerzan hasta la ilegalidad la figura de la “incapacidad moral”. La imputación central tiene que ver con una supuesta corrupción en licitaciones, por casos que sin embargo están en investigación sin conclusiones sobre responsabilidades. En la acusación se señala insólitamente que los cuestionamientos contra algunos ministros son prueba de “incapacidad moral” del presidente por haberlos nombrado, y se afirma que el mandatario debe ser destituido por declaraciones periodísticas en las que dijo que llegó a la presidencia sin estar preparado para gobernar o se refirió a la posibilidad de ofrecer una salida al mar a Bolivia.

En su mensaje al Congreso, Castillo rechazó todos los cargos que se le hacen, pero no entró en detalles. Lo tendrá que hacer el lunes 28 cuando deba volver al Parlamento para responder en el proceso de destitución. Para destituirlo se requieren 87 votos, dos tercios del total. Los cálculos adelantan que la oposición golpista no los conseguiría, aunque el presidente se mueve con los votos justos para bloquear la aprobación de su destitución. Con su discurso concertador ante el Congreso, que terminó con un llamado a “la más amplia unidad”, busca ganar votos que le den más aire.

Cambio de ministro

Este sábado, Castillo cambió sorpresivamente a su ministro de Justicia, Angel Yldefonso Narro, cuya salida exigía la oposición. La inesperada decisión de la oposición más radical de retroceder en la censura planteada en el Congreso contra el ministro de Salud, Hernán Condori, el más cuestionado miembro del gabinete por denuncias en su contra de mala práctica médica y corrupción, lanzó las especulaciones de un probable acercamiento entre la ultraderecha parlamentaria y el Ejecutivo. Una posibilidad que sería letal para la legitimidad de Castillo, distanciándolo definitivamente de los sectores democráticos y populares que le dieron el triunfo electoral y quedando en manos de esa ultraderecha que ahora lo quiere sacar. Un acuerdo con la ultraderecha sería suicida.

Escándalo

Pero la explicación a ese retroceso de la extrema derecha parlamentaria en el caso del ministro de Salud podría tener otra explicación a la de una señal de acercamiento como algunos han visto. El escándalo mayúsculo y la multitudinaria indignación, expresada en movilizaciones en las calles, contra la decisión tomada el último jueves por el Tribunal Constitucional (TC) que ordena liberar al exdictador Alberto Fujimori, en prisión desde 2007 condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, podría explicar un repliegue temporal del fujimorismo y otros grupos de ultraderecha para no agitar más las aguas cuando tienen como prioridad consumar la ilegal liberación del exdictador. Eso podría jugar a favor de Castillo en el pedido de destitución. Sin embargo, por otro lado, la reacción del gobierno rechazando la decisión del TC de liberar a Fujimori, que ha sido criticada duramente por varios ministros, alimenta el enfrentamiento del fujimorismo y el resto de la ultraderecha contra Castillo a días de debatirse el pedido de destitución. El último viernes, Castillo recibió a las víctimas de la dictadura fujimorista, un claro gesto contra la decisión del TC a favor el exdictador y de respaldo a las demandas de justicia de las víctimas. El gobierno apoyaría una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar dejar sin efecto este fallo del TC que consagra la impunidad de Fujimori.

El escenario es complejo y la inestabilidad grande. Está por verse qué está dispuesto a ceder Castillo en nombre de la concertación que propone. Por lo pronto, ya ha dejado en segundo plano buena parte de las propuestas de cambio que despertaron las esperanzas populares y con las que ganó las elecciones. Retroceso que lo ha distanciado de los sectores populares y progresistas que fueron la base de su triunfo electoral, lo que suma a su debilitamiento. La respuesta del gobierno rechazando la restitución del indulto a Fujimori lo reencuentra con esos sectores.   

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Otra intentona legislativa contra Castillo

Ahora acusan al presidente peruano por "incapacidad moral"

La ultraderecha en el Congreso vuelve a intentar un golpe institucional, buscando un juicio político. Esta vez, la derecha se alineó a la ultraderecha.

Avanza una nueva arremetida de la extrema derecha parlamentaria para derrocar al presidente Pedro Castillo. Este lunes, la mayoría del Congreso aprobó iniciar un proceso de destitución del presidente acusándolo de “incapacidad moral”. En menos de ocho meses de gobierno, este es el segundo intento del Parlamento de destituir al sindicalista de izquierda que se convirtió en presidente al derrotar a la ultraderechista Keiko Fujimori, un triunfo electoral que la extrema derecha se negó a reconocer y al que ha respondido maniobrando para derrocar a Castillo desde el primer día de su gestión. Darle luz verde al inicio del proceso de vacancia presidencial, como se denomina a la destitución del presidente por el Congreso por “incapacidad moral”, obtuvo 76 votos de 130 legisladores del Parlamento unicameral, superando ampliamente los 52 votos que se necesitaban para iniciar este proceso y llevar al presidente ante el Congreso como acusado. Hubo 41 votos en contra y una abstención. Sorprendentemente esa abstención fue de un congresista del partido oficialista Perú Libre. La extrema derecha logró aglutinar esta vez a bancadas de centro derecha que en diciembre pasado se habían opuesto a un primer intento de destitución del mandatario, que en esa ocasión fracasó al obtener solo 46 votos.

En dos semanas, el lunes 28, se definirá la suerte de Castillo. Ese día, el mandatario deberá concurrir al Congreso para responder los cargos por los que se le acusa de “incapacidad moral”, o podrá enviar a su abogado para que hable en su representación. Inmediatamente después la representación parlamentaria pondrá el caso a debate y votará si el presidente es destituido o no. Todo se resolverá en un solo día. Para concretar la destitución del jefe de Estado se requieren 87 votos, dos tercios de la cámara. Se estima como altamente improbable -aunque la política peruana es impredecible- que se alcancen esos 87 votos. Sin embargo, el margen a favor del presidente para bloquear su destitución es ajustado.

Antes de concurrir al Congreso para ser sometido a este proceso de destitución, Castillo hablará este martes ante la representación parlamentaria en un mensaje extraordinario. Lo hará a su pedido. Solicitó ir al Congreso días antes que se ponga a votación la moción para su vacancia y cuando buena parte de legisladores habían anunciado que la apoyarían para obligar al mandatario a concurrir al Legislativo para responder las críticas y acusaciones que la oposición le hace. Pero el anuncio de su presentación voluntaria no evitó que el proceso de destitución sea aprobado.

“Me apena que sigan las zancadillas”, fue la respuesta de Castillo a la aprobación del procedimiento de vacancia presidencial. “No hemos venido a robar, eso lo diremos en el Parlamento. Nadie nos distrae. El que nada debe, nada teme”, agregó, hablando ante pobladores de la región amazónica de San Martín.

En los últimos días, Castillo ha recibido respaldo internacional ante el intento por sacarlo de la presidencia de una ultraderecha que desde el inicio de su gobierno apuesta al golpismo parlamentario y ahora vuelve a atacar con una nueva ofensiva. El presidente argentino Alberto Fernández le ha enviado, a nombre de la CELAC, cuya presidencia pro témpore ejerce, un mensaje de apoyo a su gestión y a la defensa de la democracia peruana. En ese mensaje, Fernández señala que la CELAC expresa “su preocupación por la situación institucional” en el Perú y “enfatiza la necesidad de que se respeten el orden democrático y la voluntad popular expresada a favor del presidente Pedro Castillo”. El presidente argentino termina su comunicación anunciando que la CELAC continuará observando “con atención” lo que viene ocurriendo en el Perú, donde un sector del Congreso busca destituir al gobierno elegido en las urnas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también le mandó a Castillo un mensaje de apoyo, en el que destaca la legitimidad de su elección como presidente. Castillo agradeció esos respaldos.

La “incapacidad moral”, que por segunda vez se le quiere aplicar a Castillo, es una ambigua figura que al no precisarse qué se entiende como tal deja una puerta abierta para que la arbitrariedad y el golpismo parlamentario fuercen la destitución del jefe de Estado por cualquier razón en un proceso sumario en el que no se exige presentar pruebas de los cargos que se hacen. Todo queda en manos de la subjetividad, la arbitrariedad y la fuerza de los votos de los legisladores. La acusación contra Castillo incluye veinte cargos, algunos de los cuales se repiten del primer proceso de destitución que fue rechazado. Hay denuncias de corrupción por supuestas irregularidades en licitaciones, casos que están todavía en una etapa de investigación inicial, en los que no hay indicios que deben ser investigados pero no conclusiones sobre responsabilidades. Denuncias contra miembros del entorno presidencial, en las que hay comprometedoras evidencia pero que también están recién en investigación, son cargadas sobre el presidente para acusarlo por “incapacidad moral”. En un atentado a la memoria de los peruanos, entre los principales acusadores de Castillo por supuesta corrupción hay legisladores y agrupaciones políticas con una larga historia ligada a la corrupción, como es el caso del fujimorismo.

Los congresistas de la extrema derecha golpista suman al pedido de destitución otros cargos que lindan con lo absurdo, como calificar como prueba de “incapacidad moral” el nombramiento de ministros y otros funcionarios cuestionados, haber declarado a la prensa que no estaba preparado para ser presidente o haberse mostrado a favor de un posible referéndum para facilitar una salida al mar a Bolivia. Por esta última declaración, en la que Castillo no habló de cesión de soberanía y que no ha llevado a ninguna decisión de gobierno, en el Congreso se avanza en paralelo al pedido de destitución una disparatada acusación constitucional por traición contra el mandatario, un Plan B de la ultraderecha en caso no consiga esta vez los 87 votos para destituir a Castillo, que es lo más probable. La acusación constitucional por traición es un proceso más largo que la vacancia por “incapacidad moral”, pero para aprobarla y sacar a Castillo de la presidente por esta razón se necesitan solo 66 votos.

Nombramientos cuestionados, un repliegue en sus propuestas de cambio que levantaron las esperanzas populares, lo que lo ha alejado de buena parte de sus bases, un entorno presidencial envuelto en sospechosas relaciones con empresarios y lobistas, han debilitado al presidente Castillo y jugado a favor de la derecha golpista. En ese contexto de un gobierno debilitado por el acoso sin pausa de la derecha política y mediática, pero también por sus errores, se lanza este nuevo intento para destituir a Castillo. Aunque el presidente logre zafar de la destitución, la aprobación con una alta votación para iniciar este proceso es un duro golpe para un gobierno que hace ocho meses se inició con grandes esperanzas y ahora se desdibuja.

15 de marzo de 2022

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Lunes, 14 Marzo 2022 20:10

No es por dañar la fiesta, pero …

Foto El Paìs. España

En la noche del 13 de marzo, día de las elecciones, la euforia embargaba a los electores del Pacto Histórico, tanto en la sede nacional como en muchas regiones porque, según los datos del preconteo entregado por la página web de la Registraduría y utilizado por los analistas, el Pacto ocupaba el primer lugar en Senado y Cámara. Y especialmente había una alegría inmensa por el volumen de votación que alcanzó la consulta presidencial. Se festejaba una victoria sobre el establecimiento, lo cual daba una luz de esperanza en la transformación de este país tan destrozado en los aspectos social, económico y ambiental.

 

Pero la realidad es otra, y con mucho respeto y preocupación, me atrevo a decir que se está pecando de triunfalismo. Hoy, el día después de las elecciones, basado en los datos de la página que referencio (https://resultados.registraduria.gov.co/ ), creo que si bien el resultado obtenido es un fenómeno histórico no ocurrido antes, tampoco representa un triunfo, y lo peor, las cuentas no cuadran.

 

Vamos a confrontar los resultados que entrega la Registraduría entre tres posiciones en disputa: Primero, la alternativa[i] para transformar representada por el Pacto Histórico, Fuerza Ciudadana y Estamos Listas Colombia. Segundo, lo políticamente neutro o el autollamado Centro, representado por el partido Verde y el Nuevo Liberalismo. Y tercero, el establecimiento hegemónico, que cuenta con nada menos que seis partidos: Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, La U y Mira. Estos seis partidos han gobernado con Duque, lo han sostenido, han aprobado cuanta Ley ha propuesto, han impedido la discusión de las propuestas de otros sectores, se han repartido el botín burocrático y han entrado a saco en el presupuesto nacional, manteniendo un índice de corrupción exorbitante. Esto debe tenerse siempre presente.

 

Entonces, vamos a las cifras redondas. De las consultas interpartidistas, escrutado el 99,8%, en la alternativa hubo 5’567.000 votos, en el Centro hubo 2’158.500 votos y en el establecimiento hubo 3’987.100 votos, para un total de 11’712.600 votos. Pero al contrastar con la votación al Senado, la cual se hace en la misma forma física que la Consulta, con un solo tarjetón para todo el país[ii], hay un enorme desfase en lo que corresponde a la alternativa. Y este desfase es una alerta para prender las alarmas y exigir una respuesta clara y verdadera.

 

Resulta que para el Senado la alternativa aparece con 2’851.100 votos, lo cual representa un faltante de 2’715.900 votos para el Senado, y que podría representar unas 10 curules. ¿Cómo se explica que dos millones setecientas mil personas, las cuales votaron mayoritariamente por Gustavo Petro, el “coco” del establecimiento, no hayan votado por la lista alternativa y sí por las listas del establecimiento?

 

Las cifras del Centro son bastante dicientes y sirven como base de discusión. En la Consulta aparecen 2’158.500 votos y al senado aparecen 2’286.800 votos, lo que da una relación [consulta/senado] de 94,4%, lo cual es normal. Igualmente ocurre calculando el índice para el total nacional: 77,8%. Pero el mismo índice para la alternativa es ¡195,3%! Esto es completamente anormal[iii]. Además, se debe tener en cuenta que, en el aspecto formal, la consulta alternativa fue la que tuvo una mayor correspondencia con la lista presentada al senado.

 

Si se formalizan las cifras mostradas, las cosas no irán a cambiar y las transformaciones que pide la gente y requiere el país no llegarán nunca, pues en el Senado la alternativa tendría 15 curules contra 70 curules del establecimiento. Y aunque gane la presidencia Gustavo Petro, el candidato de la alternativa, con el próximo senado no podrá efectuar su programa de gobierno[iv].

 

Hace muchos años, un día de elecciones nos acostamos con un presidente, y amanecimos por arte de birlibirloque con otro, el candidato del gobierno. Ese fue el hecho coyuntural para que se organizara el Movimiento político-militar 19 de Abril - M19[v]. Tras 50 años de trastadas electorales de todo tipo, siguen los mismos con las mismas, y lo que muestra el desfase de datos anotado, unido a las múltiples denuncias por actos irregulares y a la clara postura impositiva del gobierno en cabeza de Iván Duque con el coro de su Registrador, es que el fraude electoral sigue a la orden del día, de múltiples formas, con múltiples actores, y en múltiples momentos.

 

No debe perderse de vista que las del 13 de marzo fueron elecciones legislativas, y tal parece que la consulta interpartidista no fue sino un aderezo, funcional al establecimiento, pues a este no le importa en sí el candidato que lo represente, ya que además de no diferenciarse mayormente unos de otros, maneja la turbia maraña del poder legislativo plasmada hoy en 9’925.400 votos. Esto es muy delicado porque los especialistas de Washington idearon hace algunos años la estrategia del “golpe blando”, mecanismo que recientemente se ha aplicado en varias ocasiones (Paraguay, Brasil), empleando precisamente al Congreso de cada país.

 

 

 

[i] Básicamente es una alternativa político-administrativa, pues aún no es una rotunda alternativa al capitalismo, ni un movimiento antisistémico. Donde mejor encaja es dentro del progresismo.

[ii] Distinto a la Cámara de Representantes, en la cual cada circunscripción electoral tiene sus particularidades.

[iii] Parece existir un formato que se repite. Por ejemplo, en el Valle del Cauca la relación Consulta/Cámara (%) es aproximadamente 180 %; en Bogotá la relación Consulta/Cámara (%) es aproximadamente 150 % y la relación Consulta/Senado (%) es aproximadamente 171%. Habría que hacer el cálculo para todas las circunscripciones electorales.

[iv] Tal parece que en la Cámara de Representantes la situación es similar. El análisis requiere más información, pues los resultados que aparecen en la página referenciada son algo confusos.

[v] En la noche del 19 de abril de 1970, día de elecciones presidenciales, aparecía como claro ganador Gustavo Rojas P., por sobre el representante del Frente Nacional (Liberal-Conservador) en el gobierno, Misael Pastrana B. El gobierno ordenó suspender la entrega continua de datos, y al día siguiente simplemente comunicó un resultado final que mostraba como ganador a Pastrana.

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Anahí Durand: Exministra de la Mujer y presidenta del partido de izquierda Nuevo Perú

Anahí Durand: Exministra de la Mujer y presidenta del partido de izquierda Nuevo Perú

Asediado por una derecha golpista, el gobierno peruano "no ha logrado unir a partidos de izquierda, sindicatos, organizaciones sociales, pequeños y medianos empresarios", advierte quien fue ministra hasta febrero. 

 

En medio de una permanente inestabilidad, otra crisis complica al presidente Pedro Castillo. Hace unos días se filtraron a la prensa declaraciones ante la fiscalía de la lobista Karelim López, investigada por corrupción en licitaciones de obras públicas, en las que, a cambio de beneficios legales, denuncia actos de corrupción en el gobierno e implica a Castillo. Sin embargo, el abogado de la lobista ha declarado que ella no ha sido testigo de acciones corruptas del mandatario. Castillo ha rechazado la acusación y ha denunciado un complot para derrocarlo. En base a lo dicho por López y sin que su testimonio haya sido corroborado, la derecha parlamentaria promueve la destitución de Castillo.

Sobre este convulsionado escenario político, la difícil situación de un gobierno asediado, la precaria coalición progresista que apoya a Castillo, las acusaciones contra el Ejecutivo de un giro neoliberal, el golpismo de la derecha y una posible caída del presidente, PáginaI12 conversó con la exministra de la Mujer, Anahí Durand, socióloga de 43 años que ocupó ese cargo entre julio, al inicio del gobierno de Castillo, y febrero pasados. Recientemente fue elegida presidenta del partido de izquierda Nuevo Perú en reemplazo de la excandidata presidencial Verónika Mendoza.

-¿Qué opina de las declaraciones ante la fiscalía de la lobista Karelim López que implicarían al gobierno, incluido el presidente Castillo, en actos de corrupción?

-Me parece una denuncia grave que debe investigarse a fondo. Ella ha sido lobista en varios gobiernos, si sus declaraciones se prueban se estaría evidenciando que no se han tomado las medidas necesarias para erradicar estas formas de manejo del Estado y los recursos públicos que favorecen a la corrupción. No hay que ser complacientes porque este país ha sido muy afectado por la corrupción. Creo que el presidente es una persona honesta, pero hay situaciones en su entorno que pueden dar una sospecha de corrupción, que deben investigarse rigurosamente y con objetividad.

-¿Cómo observa la ofensiva de la derecha para destituir a Castillo por las acusaciones de López sin una investigación previa?

-Esa ofensiva golpista siempre ha estado ahí. Esta acusación se tiene que investigar caiga quien caiga, pero lo que no puede pasar, y es justamente lo que ha pasado, es que esto se utilice para nuevamente generar un escenario de vacancia (destitución del presidente por el Congreso) y alentar el golpismo que le está haciendo mucho daño al país. Una vacancia de Castillo consolidaría una posible salida autoritaria. A eso está jugando la derecha.

-¿Coincide con la denuncia del presidente Castillo de que hay un complot para derrocarlo, en el que ha incluido a la fiscalía?

-No creo que complot sea el término preciso, pero sí hay una clara intencionalidad de los actores golpistas por instrumentalizar estas denuncias.

-La llegada a la presidencia de Castillo levantó una esperanza de cambio. ¿Esa esperanza se está perdiendo?

- Se ha desdibujado, hay cierta desilusión. Eso tiene que ver también con todo el ataque y el asedio constante al gobierno, que ha impedido avanzar y ha bloqueado a un gobierno precario.

-Hay una derecha que ataca permanentemente al gobierno y busca su caída, ¿pero no cree que errores del presidente juegan a favor de esa derecha?

-El principal error ha sido no tener una estrategia de conexión con las organizaciones sociales, no respaldarse en la gente que lo llevó al gobierno. Eso habría ampliado la correlación de fuerzas tan estrecha del gobierno. Un problema importante ha sido la dificultad para consolidar un proyecto estratégico y una línea de acción de hacía dónde ir, qué reformas avanzar. El presidente ha tenido dificultades grandes para consolidar un círculo de confianza político estratégico, eso ha terminado jugando en su contra.

-¿Una debilidad del gobierno es no haber podido consolidar una coalición de izquierda?

-No ha podido consolidar un bloque, pero no diría solo de izquierda, sino nacional popular, para ponerlo en términos peronistas, que incluya partidos de izquierda, sindicatos, organizaciones sociales, sectores nacionales de pequeños y medianos empresarios. Eso era lo que tocaba hacer ante el asedio y la brutalidad de la derecha y la ultraderecha.

-¿El gobierno ha dejado de lado la agenda de cambios?

-Hay una claudicación en la agenda de cambios que se planteó, que se ha postergado en aras de sobrevivir a una situación adversa con una coalición débil y con un Congreso permanentemente asediando. Vamos a ver si lo dejan sobrevivir.

-¿Con los recientes cambios ministeriales hay un giro del gobierno a la derecha?

-En parte sí, pero creo que esto no es un tema tan ideológico. Lo que hay es una disputa en medio de una gran precariedad e improvisación, que termina teniendo efectos en mantener el statu quo neoliberal. El actual gabinete ministerial es de sobrevivencia de corto plazo, que está más pendiente de cómo consigue votos en el Congreso que en cómo llevar adelante un programa de reformas. En esta estrategia de sobrevivencia se termina transando hacia la derecha. Este gabinete no está a la altura de los cambios propuestos. Está en terreno de disputa hacia dónde irá el gobierno.

-¿Cuál es ahora la relación de Nuevo Perú con el gobierno de Castillo? El secretario general del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, ha dicho que su principal enemigo es la izquierda ajena a PL que ha respaldado a Castillo, como ustedes.

-La coalición siempre fue precaria y una vez en el gobierno en lugar de fortalecerse se ha debilitado. Y ahí PL tiene una cuota de responsabilidad, que tiene que ver con el sectarismo, el hegemonismo. Ahora tenemos un distanciamiento con el gobierno, pero eso no significa que nos hayamos pasado a la oposición, pero sí hay una crítica al gobierno. Nosotros estamos con el sector popular que votó por cambios y quiere cambios, y que ve que esos cambios se están postergando.

.¿Qué salida podría haber a la crisis de inestabilidad política?

-Hay dos niveles de la crisis. Hay una crisis de fondo, que arrastramos desde el régimen del 93 (año de la Constitución fujimorista), que tiene que tener una salida constituyente. Ahora el Congreso le está quitando atribuciones al presidente y cerrando mecanismos democráticos como el referéndum. Esa crisis se tiene que resolver y la derecha la quiere resolver de espaldas a la población, beneficiando sus intereses, asegurándose mecanismos constitucionales para mantenerse ellos en el poder y sacar a Castillo. Para enfrentar esta crisis de fondo nosotros pedimos un referéndum para una Asamblea Constituyente. Otro nivel tiene que ver con el corto plazo. La solución a la crisis inmediata pasaría porque la derecha deponga su actitud golpista y deje trabajar al gobierno, y desde el Ejecutivo se debe gobernar de cara a la gente, el presidente tiene que retomar con fuerza las propuestas de cambio que ha postergado, construir ese bloque nacional popular al que me refería y tener mucha más determinación en la lucha contra la corrupción.

-¿Cree que Castillo va a terminar su mandato?

-El pronóstico es reservado.

-¿Si el Congreso destituye a Castillo los sectores populares saldrían a las calles a defender al gobierno?

-No lo sé, este país es impredecible. Tenemos un alto grado de desafección política, pero no hay que subestimar la capacidad de respuesta.

-¿Cómo ha sido para alguien identificada con la defensa de los derechos de las mujeres ser ministra de la Mujer en un gobierno considerado machista por el conservadurismo en temas de género del presidente Castillo y otros miembros del oficialismo?

-Fue satisfactorio encontrar una buena interlocución, una apertura del presidente para ver los temas del ministerio. Avanzamos en el tema de la autonomía económica de las mujeres como algo fundamental para erradicar la pobreza, el programa mujeres emprendedoras le interesó mucho al presidente y lo dejamos avanzado, sacamos la pensión para los huérfanos por la pandemia, dejamos un proyecto de ley avanzado para un curso para ministros sobre derechos de la mujer inspirado en la Ley Micaela de Argentina. Temas como los derechos sexuales y reproductivos están pendientes de avanzar. Lo que nos está faltando y queríamos trabajar es un feminismo más popular, más arraigado. 

Por Carlos Noriega

3 de marzo de 2022

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