Las dos caras de un mismo drama: El país en la deriva confrontacional

Ante el agotamiento y decadencia del modelo masista

“La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven”. Eric Hobsbawm., Historia del Siglo XX.

  1. INTRODUCCIÓN.

En una extraña situación paradojal y como queriendo ir a contramarcha de procesos e insurgencias que están ocurriendo en países vecinos que anuncian esperanzadores avances y cambios (como en Colombia, Chile, Ecuador insurgente, y tal vez Brasil); nuestro país, Bolivia, parece como si estuviese empeñado en cumplir aquel extraño karma por el cual, como en el pasado, habiendo sido protagonista del primer grito libertario republicano de Latinoamérica aquel 16 de Julio de 1809, terminó siendo uno de los últimos países en lograr la independencia en 1825.

Es como como si se hubiese perdido el rumbo, porque habiendo marcado la ruta ya a inicios de este nuevo siglo, cuando sucesivamente se produjeron la guerra del agua en abril del año 2001, la guerra del gas en octubre de 2003 (que terminaron expulsando al neoliberalismo y transnacionales del país), y posteriormente la Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva Constitución Política del Estado (cosa que países vecinos se encuentran recién emprendiendo luego de prácticamente dos décadas); ahora nos encontramos en una situación de incertidumbre confrontacional, sin haber cumplido el mandato encomendado, ni haber realizado las tareas planteadas en aquella coyuntura performativa.

Por ello, si bien a poco más de una década y media de tiempo desde que se estableció el actual régimen de gobierno, quizás no exista aún la distancia y serenidad necesarias para ejercitar una evaluación histórica; pero a cambio, si se tienen ya elementos, factores y hechos que pueden permitir realizar un ejercicio prospectivo de lo que podría suceder a futuro.

En esa perspectiva, aleccionado por esa dura sentencia de Eric Hobsbawm con respecto de aquella juventud de fines del siglo XX, y precisamente para evitar y revertir esa suerte de rompimiento con el pasado (cuya cita se transcribe al inicio de este trabajo), la idea es alertar y prevenir acerca de lo que previsiblemente nos depara el actual curso de los acontecimientos y la forma de cómo se está encarando el proceso nacional. Al efecto, aludiendo al anverso y reverso de una moneda, ensayaré un análisis crítico acerca de lo que podemos llamar las dos caras del mismo proceso: el régimen de gobierno y la oposición política.

  1. EL RÉGIMEN DE GOBIERNO DEL MAS.

No es posible entender la deriva del régimen masista luego de los más de 15 años que lleva en el gobierno, sin hacer referencia a la decadencia y agotamiento del modelo que decidió adoptar e imponer. Asumiendo el criterio de Octavio Paz en referencia al concepto de decadencia en ese su tan lúcido análisis sobre la colonización española en México, también “baste con decir que el signo inequívoco de todas las decadencias es la pérdida de un proyecto nacional” 1/.

Y esto es precisamente lo que sucedió con el MAS. A lo largo de algo más de la década y media que ya lleva gobernando, si bien por ahora no se conocen ni es posible entender las razones de fondo que motivaron su accionar, en cambio sí existen hechos y decisiones incontrovertibles que dan cuenta de la decadencia y agotamiento de su modelo, en vista del extravío del proyecto nacional.

¿Cómo se explica esta situación que más allá de endilgar una grave responsabilidad respecto de un régimen de gobierno, en realidad evidencia la pérdida de aquel instrumento principal de construcción del futuro y el destino del país?. Lamentablemente la extensión de este trabajo no permite desarrollar con el detenimiento necesario cada una de las manifestaciones del proceso seguido en esta última década y media. Sin embargo, a efecto de ejemplificar y mostrar con claridad los hechos que dan cuenta semejante deriva, se hará mención a los hitos y expresiones más destacables.

Un Proyecto Nacional no es un asunto puntual que se construya a similitud de lo que se hace con un programa de gobierno o un plan de desarrollo. Es más, se trata de procesos de maduración, e inclusive conflicto y crisis, que no se circunscriben a un episodio circunstancial, menos burocrático, en el desempeño de la sociedad. Por ello, para contar con un proyecto nacional, no basta con disponer de un diseño o una propuesta para la gestión de gobierno. En realidad implica un acuerdo y un compromiso de carácter nacional que emerge de momentos constitutivos 2/ generalmente excepcionales que no surgen en situaciones de regularidad normal ni cotidiana, y que además demandan el involucramiento decisivo del todo el conjunto del país.

Ahora bien, después de la revolución de 1952 que también dio paso a uno, esto es lo que sucedió con el país aproximadamente desde inicios del año 2000 hasta que la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Se trata de un proceso donde se condensan y asumen todo el conjunto de aspiraciones, luchas y propuestas (incluyendo por ejemplo la histórica agenda nacional de Octubre 3/) que en principio se habían expresado como movimientos de insurgencia y rebelión popular en las guerras del agua y del gas, para terminar siendo plasmadas y traducidas en una versión equivalente de mandato constitucional, que deviene como resultado del debate y la concertación nacional alcanzada en la Asamblea Constituyente, pocos años después. Por eso puede sostenerse que la nueva Constitución contiene el mandato soberano y es equivalente a lo que se entiende por un Proyecto Nacional que terminó desplazando, expulsando y derrotando al proyecto neoliberal que (influenciado por la corriente mundial de la llamada escuela de Chicago) se había adoptado en Bolivia desde 1986.

Este es el Proyecto Nacional que el régimen del MAS abandona, traiciona y termina envileciendo. Tanto es así que llega al punto no solamente de cerrar y negarle al país la oportunidad de resolver los problemas nacionales y saldar las deudas históricas que le aquejan, sino también al dar continuidad a aquellos perversos ciclos de expoliación, enajenación antinacional y usurpación de nuestros recursos naturales tan dramáticamente denunciados por Sergio Almaraz 4/. A diferencia de los ciclos anteriores, en el caso del régimen del MAS han llegado inclusive al extremo de la destrucción de la naturaleza y la vida, la pérdida de inmensas extensiones de bosques, recursos genéticos y la biodiversidad del patrimonio nacional, para terminar recalando en el litio, como el nuevo recurso a disposición.

Aunque evidentemente ningún proceso histórico tiene carácter lineal ni es mecánicamente ordenado en vista de los cambiantes factores y fuerzas que intervienen, en este caso el abandono, la traición, y el envilecimiento al que hicimos referencia, se expresaron como una sucesión paulatina, acumulativa y sistemática de hechos y decisiones que terminaron extraviando y perdiendo aquel Proyecto Nacional popular que se había pergeñado con tanto sacrificio.

El primer peldaño y muestra del abandono del Proyecto Nacional, se exteriorizó por medio de aquella negociación congresal que dio curso al cambio de varios aspectos del contenido de la Constitución aprobada en Asamblea Constituyente 5/. Ese hecho constituye el antecedente primigenio de un proceso que, independientemente de la responsabilidad del régimen masista de entonces, ha terminado dejado desguarnecido al país.

Junto a ello, es imposible dejar de mencionar el abandono y tácito incumplimiento de tareas como la descolonización (que vaciada de toda perspectiva se ha convertido en una vergonzosa función de folclorización y negocio cultural, en la más optimista de las visiones), la despatriarcalización, o la construcción de un estado intercultural, etc., solo para mencionar ejemplos de una larga lista de asuntos nacionales que fueron a parar en el olvido, o que sencillamente adoptan el rostro de la farsa.

Después del abandono (aunque no necesariamente en forma cronológica sino inclusive simultánea), se patentizó la traición. Ello lleva a preguntarse: ¿Dónde quedó el gobierno de los pueblos indígenas que se decía representar y defender?. ¿Cómo se explican las violentas represiones, los enfrentamientos, cercos militares, etc., como en Chaparina, Takovo Mora o Caranavi donde al margen de atentar flagrantemente contra derechos constitucionales inclusive se cobraron muertos y delitos que quedaron en la impunidad?. Tampoco puede dejar de mencionarse la aprobación de normas como la de deslinde jurisdiccional, o las autonomías por ejemplo. En ellas, a contra ruta de cumplir el mandato constitucional reafirmando el carácter plurinacional por medio de la promoción de la interculturalidad y el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas; más bien terminan distorsionando, supeditando y anulando toda posibilidad de ejercer plenamente derechos como a la consulta previa, la autodeterminación, la autonomía y hasta inclusive el respeto a sus territorios y su forma de vivir que sistemáticamente son avasallados, intervenidos y hasta destruidos 6/.

La traición no solo es la ausencia, incumplimiento o falta de correspondencia entre la palabra o el compromiso ofrecido y su realización; también es un delito cometido contra un deber u obligación pública que se ha jurado respetar y hacer respetar. Por eso, también se comete traición cuando se quebranta o transgrede una norma (mandato legal), que viene a representar y entraña un compromiso de cumplimiento. En ese sentido, la sustitución y suplantación del Proyecto Nacional contenido en la Constitución, por la imposición de Planes Nacionales de Desarrollo, no puede ser comprendida sino como un acto de traición evidente, porque no solo deja de lado un mandato y una obligación constitucional, sino que la suplanta con una versión que altera y es ajena (muy a pesar de que pueda alegarse amplios espacios de consulta y participación, porque ellos estaban alejados y despojados de los fines y objetivos constitucionales). Para ello, basta ver la mutación paulatina pero totalmente evidente que se produjo en el contenido de los planes nacionales de desarrollo, para terminar imponiendo el modelo desarrollista y salvajemente extractivista, denominado como agenda patriótica 2025.

Ello marca otra de las características del extravío y la pérdida del Proyecto Nacional. Se trata de su envilecimiento y distorsión hasta un punto en el que ya no basta haberlo dejado de lado, sino que se impone otro, no solo diferente, sino completamente antagónico. Mandatos como el Vivir bien en armonía con la naturaleza, descolonización, independencia y soberanía nacional, o cualquiera de los valores enunciados en la Constitución 7/, mismos que se encuentran en la antípoda de la competencia, el individualismo y la explotación que caracterizan al sistema imperante; solo han pasado a ser letra muerta, sin ninguna correspondencia con lo que sucede en la práctica y el Estado aplica actualmente.

En los hechos no se trata únicamente de la sustitución conceptual y terminológica, sino de la injerencia de una voluntad política impostora que suplanta la Constitución (convirtiéndola en una quimera inútil), a cambio de un sucedáneo de contenido y enfoque diferentes. La aplicación del modelo impuesto así lo demuestra claramente, porque en los hechos se traduce en la destrucción de la naturaleza, los territorios, áreas protegidas y bosques; la pérdida y enajenación del patrimonio nacional; el extractivismo salvaje de los recursos naturales; el avasallamiento ilegal, el tráfico de tierras, y la usurpación de derechos; la contaminación y envenenamiento de la tierra y los recursos acuíferos por mercurio y explotación salvaje del oro; el uso indiscriminado de agroquímicos venenosos, la pérdida de recursos biogenéticos, semillas nativas y diversidad natural; la creciente e incontrolada dependencia y sometimiento a los intereses corporativos internacionales; la pérdida de soberanía e independencia alimentaria; la enajenación de recursos estratégicos; la imposición de normas que legalizan lo ilegal (como la quema y los chaqueos extensivos de grandes extensiones de bosques), o la ampliación de la frontera agrícola y la flexibilización de normas que garantizaban la conservación y sostenibilidad en el manejo de recursos, inclusive yendo en contra de la vocación natural de la tierra y el suelo… En fin, una cadena destructiva y salvajemente extractivista que también está íntimamente vinculada con la corrupción y el aliento de actividades ilegales. Así, la degradación y extravío del Proyecto Nacional ya no se manifiesta únicamente como vacío o ausencia en un proceso decadente; en realidad puede traducirse como inviabilidad nacional. Más adelante veremos, las implicaciones de tal situación.

  1. LA OPOSICIÓN POLÍTICA.

En consonancia a un concepto tradicional y estrictamente representativo, los partidos políticos han sido entendidos como la expresión máxima de la democracia. Esta distorsión ha sido predominante a lo largo de los años. Tratándose efectivamente de uno de los factores principales de contrapeso al poder del Estado y requisito importante de la vida democrática (no más), inclusive se les otorgó un rol determinante y hasta exclusivo que implica el establecimiento de un régimen partidocrático, en el que no se puede ejercer los derechos políticos, sin intermediación de estas organizaciones. De esa manera, la participación y el ejercicio político quedan secuestrados y los partidos actúan cual si fueran dueños de la voluntad política del pueblo y la ciudadanía. Es decir, se dio paso a un régimen que no toma en cuenta otras y diferentes formas de ejercer la democracia, la relación Estado-sociedad y las nuevas formas de decidir, participar y elegir; como es el caso de la democracia directa y participativa, o la comunitaria, que están contempladas en la Constitución. La democracia quedó deformada y los derechos políticos cercenados.

Ahora bien, en la última década y media transcurrida en Bolivia, esta realidad sufrió algunas mutaciones que vale la pena destacar.

Luego de la derrota ideológica y la expulsión material del neoliberalismo que se produjo a inicios del nuevo siglo en nuestro país, aquella corriente económica y política pasó a convertirse en la principal fuerza de oposición nacional; la misma que se expresaba mediante y por medio de diferentes siglas partidarias que van desde sus extremos más reaccionarios y racistas, hasta las versiones liberal republicanas, pero igualmente conservadoras y vinculadas a los intereses empresariales y patronales de carácter tradicional.

Debilitados y derrotados en lo político, así como despreciados y rechazados por el sentimiento popular mayoritario que los identifica con las privatizaciones, la enajenación de los recursos nacionales y la subordinación a intereses antinacionales; todavía contaban con un poder económico importante que les permitía defender sus intereses privados y empresariales, inclusive promoviendo movimientos de resistencia y rechazo a medidas que consideraban atentatorias a su visión de país. Sin embargo, esa resistencia opositora predominantemente neoliberal no duró mucho tiempo. Al estado de debilidad, derrota y desprecio nacional que sufría, se sumó su división y fraccionamiento.

Sucede que a medida que pasaron los años desde las elecciones nacionales de 2005 (incluyendo episodios muy oscuros que no terminaron nunca de esclarecerse completamente) 8/, no solo se produjo el encarcelamiento o la huida de varios y connotados líderes políticos y cívicos de esa oposición conservadora que quedó desguarnecida; sino que muy sugestivamente (con un gobierno que teniendo dos tercios determinantes en la Asamblea Legislativa no descuidó la aplicación de la política del palo y la zanahoria con la oposición), también derivó en la cooptación y el establecimiento de alianzas, precisamente con una parte de aquellos sectores conservadores y reaccionarios que hasta entonces fungían de oposición.

Maltrecha y sufriendo en carne propia el resultado de sus propias acciones y aventuras, así como el abandono y descabezamiento de sus líderes y referentes más connotados, pero también aleccionada por aquella conseja gubernamental amenazante que les había dicho que respetaría cualquier iniciativa empresarial y económica privada mientras no se meta en política, una buena parte de esa oposición neoliberal y empresarial (especialmente los acostumbrados a cuotearse y negociar el poder), entendió que no le quedaba otra que aliarse al oficialismo si no quería desaparecer.

Para comprobar este extremo, basta revisar las listas de candidatos presentados en las elecciones nacionales y subnacionales que se sucedieron, la propia composición de autoridades elegidas en diversos departamentos y municipios, o inclusive el contenido de diversas normas, las graciosas concesiones, los incentivos y hasta perdonazos ilegales que se negociaron y aprobaron en favor de sus intereses.

Este recuento breve sirve para entender mejor lo que sucede actualmente con la oposición política en Bolivia. Especialmente el por qué (a pesar de la prevalencia de un criterio partidocrático), durante varios años los partidos políticos de oposición pasaron a ser prácticamente unas organizaciones vaciadas de representatividad, huérfanas de apoyo, e inclusive sujetas del desprecio mayoritario del país. Pero como nada es estático, en el discurrir de los acontecimientos y mientras la oposición política partidaria se debatía intentando salir y recuperarse del ostracismo en el que se encontraba; la sociedad civil comenzó a articular y organizarse de una manera inédita y autoconvocada. Lo hizo a través de plataformas, grupos de solidaridad, organizaciones de activistas, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres que adquirieron un rol protagónico fundamental, etc. El motivo principal de esta inédita insurgencia social estaba alimentada fundamentalmente por el rechazo y la resistencia intransigente frente a la intención anticonstitucional y antidemocrática que buscaba perpetuar en el gobierno a Evo Morales. Pero también expresaba el malestar social acumulado frente a las medidas antipopulares y contra la inocultable tendencia del gobierno que ya para entonces había tomado un rumbo que no correspondía con el mandato constitucional recibido, y tampoco atendía las justas demandas sociales por derechos y libertades conculcados.

Los movimientos sociales espontáneos, autoconvocados y de resistencia, fueron el germen y principal canal de las luchas pacíficas y las victorias democráticas que el pueblo movilizado logró a partir del referéndum nacional del 21F de 2016. Arropados en la fuerza de las causas justas que emprendieron, pero con la debilidad y la limitación de su espontaneidad que se circunscribe al logro de objetivos concretos e inmediatos, estos movimientos y movilizaciones sociales tomaron tal protagonismo político nacional, que no solo permitieron echar de menos a los partidos políticos que se suponía debían encarar la oposición, las luchas y las reivindicaciones sociales, sino que se convirtieron en una real preocupación para el gobierno, que despreciativamente los consideraba marginales e irrelevantes por su dispersión, diversidad y ausencia de cohesión orgánica.

Como todas las cosas no tienen solamente una faceta positiva, aquí es importante realizar una breve digresión para destacar un fenómeno que a la postre tendrá enorme significación en la forma cómo se canaliza el curso de los acontecimientos. Se trata del hecho de que junto al carácter fundamentalmente espontáneo, inmediatista y reactivo frente a los acontecimientos de coyuntura (lo cual delata la ausencia de un proyecto, o de objetivos mayores que no sean los meramente circunstanciales); estos movimientos sociales tienen una conformación fundamentalmente urbana y de clase media, que solo de manera ocasional (especialmente cuando se produce la confluencia de causas y luchas de interés común) se articularon con otros sectores populares. Es decir, que a tiempo de hacer prevalecer sus causas de lucha particulares y hasta excluyentes, nunca lograron una organicidad deseada y tampoco articular fuerzas con otros sectores (principalmente con los populares), que tuvieran un carácter permanente. Por eso, regularmente, una vez alcanzado el objetivo planteado y logradas las conquistas buscadas, estos movimientos tendieron a desarticularse y se desmovilizaron. Como podrá apreciarse más adelante, estas características de los movimientos de resistencia ciudadana autoconvocada, se convertirán en factores limitantes a la hora de encarar desafíos mayores.

Por ello, advertidos del riesgo que implicaban especialmente con respecto a las pretensiones de perpetuarse en el poder, el gobierno del MAS (en una maniobra de la más sucia astucia política), no dudó en aprobar a topa tolondras y con abuso de su mayoría legislativa la Ley 1096 de organizaciones políticas en el mes de septiembre de 2018.

Dicha norma, que a decir del entonces Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, había sido propuesta para que entre vigencia recién a partir de la subsiguiente gestión gubernamental; fue puesta en vigencia inmediatamente, precisamente para anular, impedir y coartar el protagonismo de las plataformas civiles (que ya le habían propinado importantes reveces a sus inclinaciones autocráticas y algunas medidas que pretendía imponer), pero que además devolvía a la vida política y reinstalaba un régimen partidocrático, orientado a usurpar, concentrar y monopolizar todos los derechos y la actividad política en sus manos 9/.

De esa forma se asestaba un golpe demoledor a todos los movimientos sociales espontáneos que hasta entonces se habían encargado de dar la cara por la sociedad frente a los abusos del poder, porque al devolverles protagonismo a los partidos políticos tradicionales y reinstalar la partidocracia, también inseminó la tentación del poder y la ambición política, que solo puede canalizarse a través de candidaturas en esos partidos políticos que para entonces eran una especie de zombies cadavéricos. La trascendencia de este ardid tenía otras consecuencias mayores y más graves. Al inducir y obligar a que los derechos y la actividad política transite mediada exclusivamente por medio de los partidos políticos, lo que en verdad se estaba provocando es que todas las controversias y diferencias políticas sólo podían resolverse en el plano electoral. Es decir, un escenario en el que lo determinante ya no son las causas, propuestas o proyectos de las tendencias, sectores sociales o corrientes ideológicas; menos el abordaje y solución de los problemas nacionales, sino la mera y mezquina disputa por el poder.

El resultado inmediato fue la desmovilización, desarticulación y la rápida desaparición de muchos grupos y plataformas, muchas de las cuáles (incluidos sus comprometidos representantes), pasaron a formar parte de las coaliciones y candidaturas electorales. Más allá de la legítima aspiración o ambición política para alinearse detrás de cualquier corriente ideológica que se puede argüir como razón para transitar a los partidos políticos y sus listas de candidaturas; lo cierto es que a tiempo de hacer prevalecer mezquinos intereses de poder por encima de la causa democrática que decían abanderar y defender, también traicionaron las luchas de resistencia y recuperación de la democracia en la que se habían involucrado. Es más, al oficializar sus candidaturas y entrar en la farsa electoral, lo que provocaban era la legalización fáctica de la repostulación anticonstitucional y antidemocrática contra la que se había luchado.

La trampa no podía haber dado mejores resultados. La nueva norma de organizaciones políticas imponía la primacía de los partidos políticos, pero también sembraba una semilla para abonar el camino de la confrontación, con el añadido de que la oposición partidista y los movimientos autoconvocados ya no estarían dispersos en varios frentes de atención, sino que al tener como único canal de expresión a la partidocracia tradicional, el esfuerzo se concentraba y acotaba en dos únicos antagonistas. Nótese que al perder independencia de criterio y terminar adscribiéndose a un determinado partido, lo que sucedía es que se perdía una oportunidad para conformar, diferenciarse y representar otras alternativas que no sean el neoliberalismo partidocrático, ni el populismo autocrático pseudo izquierdista.

Después de las elecciones de 2019 y de la insurgencia pacífica que paralizó el país como consecuencia del rechazo al fraude electoral que derivó en el abandono y huida de Evo Morales y la casta autocrática de su gobierno 10/; a esa trama urdida se sumó la creación del falso relato sobre el golpe de Estado. El falso discurso al margen de servir de coartada para la manipulación de la justicia, el abuso de poder, la venganza política, la persecución y la búsqueda de condena y cárcel para sus enemigos opositores; también está destinado a radicalizar aquella polarización confrontacional que constituye la herramienta principal de su forma de entender la política.


El problema tiene varias aristas y radica en que la oposición política nacional (incluidas plataformas, comités cívicos e inclusive CONADE), han decidido priorizar ese juego y actuar en forma conjunta como un solo bloque sin diferenciaciones. Importa y se impone la beligerancia y el rechazo al régimen, por encima de cualquier otra causa. De esa manera no solamente pierden y disuelven en la práctica sus identidades propias, la independencia de acción y alguna diferenciación de criterio y posicionamiento que podría albergar la esperanza de alguna alternativa diferente; sino que refuerzan y confirman el criterio (tan hábilmente aprovechado y subrayado por el oficialismo), de que se trata de una oposición predominantemente neoliberal y reaccionaria. Es decir, se configura una oposición que habiendo abandonado otras perspectivas de lucha, y dando las espaldas a los problemas nacionales que atingen a los sectores más vulnerables y mayoritarios, solo atina a entrar y responder el juego confrontacional propiciado e inducido por el MAS. Entrampados en dicha disputa confrontacional (que a lo largo de los varios años transcurridos ya ha dado suficiente muestra de su inutilidad e impotencia), aquel movimiento de resistencia ciudadana autoconvocada queda subsumida por los partidos políticos tradicionales, con lo cual refuerza el sistema partidocrático reinstalado por el régimen del MAS. Las consecuencias e implicaciones nacionales y políticas que ya se intuyen de este escenario descrito, las veremos en el acápite final de análisis prospectivo.

Al efecto, antes de entrar en el acápite final de este trabajo, efectuaré un breve punteo sobre el falso debate golpe de Estado/fraude electoral. En primera instancia, el falso debate instalado por el MAS para encubrir y salvaguardar en la impunidad a su cúpula autocrática beligerante, además de haberse convertido en su método preferente para proseguir con la confrontación y la polarización nacional; no es sino un artilugio inventado (que buscando imponer un falso relato sobre los hechos históricos sucedidos, transformando los hechos en ficción y la historia en farsa), no tiene otro propósito que ocultar, distraer y falsear el verdadero sentido que los bolivianos (y especialmente esa boba oposición partidocrática tradicional) no logran ver con claridad. Me refiero a que independientemente y más allá de la sórdida y falsa argumentación que han utilizado para defender y sustentar su despropósito acerca de que se produjo un golpe de Estado, sucede que el factor determinante que se impuso fue la reafirmación (insurgente, movilizada y al mismo tiempo pacífica), de que el verdadero poder no residía en un caudillo autócrata que quiso controlar y perpetuarse en el gobierno, sino en la voluntad y la fuerza de un pueblo movilizado en las calles, que le hizo saber que si no quería respetarse su voluntad soberana en las urnas, también estaba dispuesta a hacerla prevalecer en las calles. En otras palabras, es la cancelación del respaldo a una manera de dirigir el Estado que había devenido en autocrática, para hacer prevalecer la indeclinable decisión popular de gobernarse en libertad.

Por tanto y como segundo apunte, lo que verdaderamente terminó detonando aquella paralización total del país con pititas, no fue de ninguna manera alguna oscura intención por derrocar, conspirar o realizar algún golpe contra el gobierno constituido (porque para ello no se habría llegado hasta el punto de acudir masivamente a las urnas), cuanto el haber tomado finalmente conciencia de la amenaza y el ya inocultable riesgo de que un régimen autócrata termine usurpando libertades y derechos, así como anulando la precaria democracia que todavía quedaba. Es el triunfo de la voluntad indeclinable por vivir en libertad, frente a un aparato de poder que se ensañaba en usurpar y secuestrar la democracia para imponer sus intereses autocráticos. El fraude fue el detonante de tal insurgencia. Lo que nunca entró en sus cálculos, fue el hecho de que este mismo episodio histórico en el que desplegaron todos sus esfuerzos confrontacionales y belicosos con tal de retener el poder a cualquier costo, iba a convertirse en el germen de las disputas intestinas y la división interna de su propio instrumento político, que irónicamente conspira, atenta contra la credibilidad e idoneidad gubernamental, y está poniendo en riesgo la propia estabilidad de la gestión de su gobierno. Los golpistas son ellos mismos.

  1. ANÁLISIS PROSPECTIVO.

Resultado de la dinámica de los acontecimientos del reciente proceso histórico seguido hasta aquí, se puede constatar que Bolivia ha perdido y desperdiciado la oportunidad de efectivizar el Proyecto Nacional que había construido tan sacrificadamente a inicios del presente siglo. A cambio, lo que se ha impuesto como consecuencia, está circunscrito a una beligerante confrontación de dos fuerzas que, compartiendo esencialmente el mismo modelo desarrollista y salvajemente extractivista que se ha impuesto en suplantación de aquel Proyecto Nacional (salvo diferencias en la forma de ejecutarlo), en el fondo lo único que disputan es el acceso al poder y la definición de la forma cómo se acomodarán las castas dominantes.

Tampoco existe un liderazgo diferenciado, alternativo y dirimidor 11/ que plantee una oportunidad para la esperanza, porque ninguna de las corrientes en pugna se ha planteado siquiera debatir una visión de país diferente, encarar la raíz (no los síntomas) de los problemas nacionales, y menos de construir un Proyecto Nacional.
Consiguientemente la única alternativa que surge y es posible visualizar en ese escenario, está limitada a escoger cuál de las ofertas electorales será la menos dañina (en el marco de la continuación del modelo depredador), porque sabiendo perfectamente los límites y alcances de las propuestas ideológicas que actualmente discurren en el contexto nacional, ni siquiera es posible tener la esperanza de que atiendan y aborden los problemas nacionales que aquejan al país.

Tal es la deplorable situación en la que se encuentra el país, que enzarzados en esa disputa confrontacional que da las espaldas a los problemas y verdaderas angustias del país, no resultaría extraño que se termine adoptando un régimen similar a los que imperan en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la democracia no existe, la crisis es endémica y sistémica, la vida es un drama donde no parece existir esperanza de futuro, y es el pueblo en su generalidad que sufre el estado calamitoso en el que se encuentra su país 12/.

Allí, lo mismo que en Bolivia, puede señalarse que sus oposiciones a los regímenes despóticos existentes (precisamente porque solo quieren sustituir al régimen imperante y están lejos de abanderar el verdadero sentimiento nacional), no han logrado la fuerza ni el respaldo nacional necesario, y tampoco la sociedad ha alcanzado el estado de disponibilidad indispensable para resolver su problemática. Su encrucijada es similar: las dos fuerzas enfrentadas no son, no representan, ni tienen una alternativa real.

Aquí, ensimismados en una pugna interminable (que ocasional, pero oportunamente se rompe por la rebeldía, irreverencia y hastío popular sobre el estado de cosas), no se logra percibir (menos preocuparse) porque el mundo, la naturaleza, la vida y la esperanza de avizorar algún futuro, ya han llegado a un límite de soportabilidad tal, que de no cambiar la lógica de nuestro relacionamiento con ellos, solo podremos esperar la catástrofe. Es cuando menos preocupante, porque cuando deberíamos encontrarnos en un plano de mayor libertad y profundización de un Proyecto Nacional, irónicamente sucede que estamos en un contexto de recuperación de las libertades básicas, los derechos y la propia democracia. Es como si hubiésemos perdido el futuro y el horizonte estuviese secuestrado.

El panorama se muestra oscuro y sombrío para el país, pero como algo tiene que ocurrir indudablemente, con seguridad encontrará algún cause de solución (que sólo habrá que esperar que sea otro diferente al que actualmente se perfila dadas las condiciones). En todo caso y utilizando para el final otra cita textual de Eric Hobsbawm, lo que queda claro hasta aquí es que: “No sabemos a dónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este punto y(…)por qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de temer un futuro (y a nuestro turno el propio país, n.p.), no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad” 12/.

La decisión libre (no aquella “pueril” intención de pretender elegir un desenlace como si “la historia fuese un escaparate” a decir de Sergio Almaraz 13/), está en manos del pueblo, como siempre. Sin embargo, debemos estar concientes que el estado de ánimo de la población (extraña y adicionalmente alterada por las airadas disputas internas de poder del propio MAS), está llegando a un punto de ebullición que podría adoptar causes insospechados.
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(+) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Julio 1 de 2022.
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1/ Octavio Paz., Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Ed. Fondo de cultura económica. México, 2018.

2/ “Por momento constitutivo se podría entender al punto originario de las sociedades en su sentido más remoto, por ejemplo Egipto y el riego del Nilo o la conquista del hábitat en el Ande. En el sentido que lo usamos nosotros, tiene referencia a la manera que adquiere el tono ideológico y las formas de dominación del Estado, es decir, al momento de su construcción. Ver: René Zavaleta Mercado., Lo nacional-popular en Bolivia. Ed. Siglo XXI. México 1986.

3/ La agenda de Octubre de 2003 surge como consecuencia de la llamada guerra del gas. En ella se definen y establecen las siguientes tareas principales: rechazo a la venta del gas a Estado Unidos vía Chile; nacionalización de empresas estratégicas y recursos naturales; convocatoria a la Asamblea Constituyente; y renuncia y expulsión del gobierno de Sanches de Lozada (entendido como representación del neoliberalismo repudiado).

4/ “Bolivia enfrenta su destino de país oprimido en un nuevo ciclo. La opresión extranjera describe círculos: plata, salitre, goma, estaño, petróleo. Con cada nuevo ciclo se va un girón de vida nacional, cada etapa llega a su término con una nueva mutilación de la independencia nacional”. Ver: Sergio Almaraz., Petróleo en Bolivia, pág. 335. En: Obra reunida. Biblioteca del bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

5/ Entre fines del año 2007 (cuando se aprueba la nueva Constitución en Asamblea Constituyente), y febrero de 2009 cuando vía Referéndum Aprobatorio se admite el texto final; el Congreso Legislativo con mayoría del MAS se arrogó una competencia totalmente al margen de sus atribuciones. Ella consistió en introducir modificaciones al texto y contenido de la Constitución Política del Estado aprobada en Asamblea Constituyente (la única instancia competente). Lo hicieron sobre la base de acuerdos y negociaciones entre el oficialismo mayoritario y la oposición conservadora y neoliberal, bajo el argumento de viabilizar el Referéndum constitucional aprobatorio de 2009. En perspectiva y a la vista de lo sucedido en años posteriores, esta práctica (que al principio fue hecha con los sectores conservadores y tradicionalmente dominantes que se encontraban en férrea oposición, pero que después pasaron a formar parte aliada del gobierno), se ha convertido en el mecanismo recurrente para favorecer y privilegiar esos mismos intereses antinacionales, por encima y en contra del mandato constitucional y de aquellas tareas de transformación y cambio que debieron haber sido encaradas. Es decir, se trata del antecedente primigenio de lo que a la postre se convirtió en uno de los mecanismos más recurrentes de la traición y el abandono del Proyecto Nacional.

6/ Para aproximarse a una revisión de la problemática a través de diversos enfoques y especialistas, sugiero Ver: OEP-TSE, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Autonomìas, CONAIOC, PNUD., Diversidad Institucional. Autonomías indígenas y Estado Plurinacional de Bolivia. Ed. PNUD La Paz, Bolivia 2018.

7/ Constitución Política del Estado. Capítulo Segundo. Principios, valores y fines del Estado. Art. 8. Inc. II) “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

8/ Se hace referencia a la masacre de El Porvenir en Pando y el operativo militar de asalto violento en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que cobró varias muertes y se conoció como parte de la lucha contra el terrorismo internacional vinculado con sectores políticos nacionales. Para ampliar el contexto y acercarse al significado de esta coyuntura tan especial, Ver: Boris Miranda., La mañana después de la guerra. Ed. El cuervo. La Paz, Bolivia 2012.

9/ La ley 1096 de organizaciones políticas tiene un innegable carácter, regresivo, partidocrático e inclusive colonial que debería merecer un análisis más circunstanciado que en este trabajo no es posible abordar.

10/ Para una aproximación y consulta de fuentes analíticas, testimoniales y documentales sobre el tema, se sugiere Ver: Jan Souverein y José Luis Exeni R. (coordinadores)., Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020). Ed. FES Bolivia. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.; Roberto Navia, Marcelo Suarez., Nadie se rinde. Una epopeya boliviana. Grupo editoral La Hoguera. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2020.; Página Siete., La revolución de las pititas. Compañía editora Luna Llena S.A.La Paz, Bolivia 2019.; Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)., Relato de un pueblo. Derechos humanos y resistencia democrática en 2019. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.

11/ Entendiéndose que un liderazgo nacional no es lo mismo que la consabida aparición de varias candidaturas que, desgajadas y separadas ‘oportunamente’ del bloque opositor que funge ‘unificado’, establecen sus propias tiendas (como ya ha sucedido tantas veces en las coyunturas electorales), cuya característica principal es el sectarismo y la exclusión, al punto de rechazar y negarse rotundamente a conformar alianzas frente al adversario común, como ha sido su costumbre en forma recurrente. La ambición de poder no es privativa ni exclusiva de ninguna sigla política.

12/ Para tener una crónica testimonial actualizada de lo que ocurre en Latinoamérica (incluidos estos países y Bolivia), sugiero muy especialmente el libro de: Jon Lee Anderson., Los años de la espiral. Crónicas de América Latina. Ed. Sexto piso S.A. Madrid, España 2020.

13/ Eric. Hobsbawm., Historia del siglo XX. Ed. Critica, grupo editorial Planeta. Buenos Aires, Argentina 2021.

14/Sergio Almaraz., Réquiem para una república. p, 547. En: Obra reunida. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

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La normalización de los progresismos latinoamericanos

Considerando la historia colombiana, la victoria de Gustavo Petro ha generado una legítima euforia. Pero para que los festejos no opaquen nuestra capacidad crítica, cabe reflexionar sobre las tendencias de fondo de los progresismos latinoamericanos.

Algunos la considerarán una buena noticia. Otros —entre los que me incluyo— verán sus aspectos problemáticos e inclusive dramáticos. Pero, guste o no, lo cierto es que los progresismos latinoamericanos han terminado de normalizarse, asimilarse y adecuarse al orden existente, defendiéndolo de las embestidas que, más por derecha que por izquierda, lo están amenazando.

En efecto, a raíz de la persistencia e inclusive del resurgimiento de las derechas en América Latina en el último lustro, tanto los gobiernos progresistas tardíos (México, Chile, Perú y ahora Colombia) como los de segunda mano (Argentina, Bolivia y, eventualmente, Brasil) reflejan un proceso de normalización, es decir, un «desperfilamiento» en relación con sus raíces nacional-populares y/o izquierdistas. De esta manera, se definen en antítesis a las derechas más por una postura defensiva y conservadora que por aspectos propositivos y transformadores, exhibiendo una colocación más centrista, institucional y moderada, más o menos explícita según los casos.

Esto refleja una tendencia mundial de mediana duración pero que había sido contenida a escala latinoamericana por la combinación de la ola de movimientos antineoliberales de entre fines de los años 90 y principios de los 2000, y por la instalación de gobiernos progresistas en la primera mitad de esa década. La reconducción de la originalidad o excepcionalidad latinoamericana a la normalidad de una izquierda solo geométrica por simetría —y, por lo tanto, relativa y variable en función del adversario— es un rasgo que se podía percibir ya desde la involución de los progresismos de la primera ola, pero que termina de afirmarse en los años más recientes.

Se trata de una recomposición política general, a escala latinoamericana (es decir, transversal y sincrónica), pero que presenta particularidades y aristas especificas nacionales y otras tantas que pueden relevarse agrupando países en relación con la continuidad o la novedad de los distintos gobiernos progresistas, distinguiendo a los que hemos denominado «de segunda mano» de los que definimos como «tardíos».

A nivel general —dejando para otra ocasión el análisis de las especificidades—, se pueden rastrear los orígenes de este corrimiento hacia el centro en el cambio de clima económico y político. En lo económico, el fin de la bonanza del consenso de las commodities, que ya era perceptible en el fin del ciclo progresista, alrededor de 2015-2016, se agravó con la pandemia y con los efectos de la guerra en Ucrania. El crecimiento del tamaño del pastel era la condición sine que non de la hipótesis progresista de conciliación de clases, y el estancamiento de esta tendencia marcó no casualmente el punto de inflexión de la que he llamado la pax progresista, en la cual prosperaban tirios y troyanos.

Como contraparte, las derechas alzaron la cabeza y levantaron la mano, aspirando a representar directamente los intereses de las clases dominantes no dispuestas a negociar a la baja sus privilegios en términos de acumulación de riqueza. A la reaparición en escena de las derechas tradicionales bajo viejos o nuevos ropajes después de una década de marginalidad política, se sumó la aparición de derechas más abiertamente reaccionarias que nunca antes habían logrado tener protagonismo en la historia latinoamericana (salvo cuando se escudaron detrás de los militares).

El desdoblamiento de las derechas solo las debilitó en apariencia, ya que en realidad expresa su crecimiento cuantitativo, a cuyo interior se inserta la radicalización de un sector que canaliza y capitaliza el rechazo al progresismo. Se trata este de un rechazo ideológico de fondo pero también experiencial y coyuntural, ligado a la vivencia de los años de gobierno en un formato que fue estabilizándose y volviéndose régimen, una modalidad de gestión reformista de lo existente que aspiraba a volverse institucional, a confundirse con una forma político-estatal duradera.

Los alcances de la franja radical de las derechas latinoamericanas son diversos (Bolsonaro llegó sorpresivamente a la presidencia, mientras que Milei o Kast siguen siendo —al menos hasta ahora— outsiders) pero su aparición modificó los equilibrios partidarios y permitió a las derechas tradicionales dos movimientos solo superficialmente contradictorios: por una parte, presentarse como moderadas de cara a las variantes extremas; por la otra, aprovechando su empuje, sostener posturas más radicales en clave conservadora y antiprogresista. Más allá del debate sobre su caracterización como neofascistas o posfascistas, las asperezas de estas nuevas-viejas derechas modificaron el escenario político y generaron una alerta que trastocó tácticas y estrategias de las izquierdas latinoamericanas, en particular las progresistas, populistas o nacional-populares.

Apareció lo que podemos llamar el «reflejo del frente popular». De manera análoga, la amenaza fascista —real o imaginada— tiende a producir un efecto defensivo de compactamiento que induce la alianza entre las izquierdas y sectores democráticos progresistas, general o tendencialmente bajo el liderazgo o las posiciones programáticas e ideológicas de estos últimos. Esta recomposición política, en sus últimas consecuencias, al volverse partido o alianza orgánica y permanente, tiende a disolver las diferencias y anular los márgenes de maniobra de las franjas más izquierdistas. Es una forma de realizar la aspiración de Cristina Kirchner: no tener a su izquierda más que la pared.

De esta manera, el esquema binario antifascista produce el mismo efecto práctico que el anticomunista esgrimido por la derecha (aunque sus contenidos sean abismalmente distintos a nivel de valores y principios): a unos es asignado el papel del partido del orden y al otro el de la barbarie, y viceversa. Pero, más allá de la eficacia puntual del dispositivo antifa/anticom, la diferencia de fondo es que el anticomunismo se basa en la hipótesis de una amenaza por el momento inexistente y, por lo tanto, es a todas luces una artimaña o un espejismo sin fundamento, mientras que la posibilidad del fascismo (o de algo que se le parezca) corresponde realmente a una época de derechización, un ciclo largo iniciado a finales del siglo XX que hemos logrado solo por momentos frenar pero no revertir.

Los progresismos realmente existentes pueden efectivamente operar temporalmente como un dique o un antídoto al desbordamiento de las derechas de todo tipo y color: por ello son considerados un «mal menor» no solo respecto de una restauración del neoliberalismo más puro sino también de versiones racistas, autoritarias y culturalmente regresivas de un orden jerárquico en última instancia dictado por la lógica del capital. Al mismo tiempo, su normalización en clave socialdemócrata o socialiberal (que no pretende siquiera ni puede aspirar a ser revolución pasiva) difícilmente podrá clausurar las contradicciones de fondo y solo puede ser considerada una solución precaria y provisional en tiempos convulsos, en los cuales impera la crisis orgánica y no puede afianzarse ninguna hegemonía duradera.

En tiempos de monstruos, reales o imaginarios, el progresismo aspira ser el paladín —único, de preferencia— de los valores liberal-democráticos, el baluarte del humanismo y de la civilización.

Este clima político, vale la pena señalarlo, es muy distinto al que cobijó la primera ola progresista. Aquella ola estaba marcada a fuego por el empuje de un intenso ciclo de luchas populares, por el entusiasmo y la esperanza de una superación del neoliberalismo que permeó los programas y las filas de los progresismos. Así, tanto viejos como nuevos progresismos aprovecharon el espaldarazo de los movimientos y entraron, como nunca antes en la historia latinoamericana, de forma sincrónica y duradera a los palacios de gobiernos antes asediados por las multitudes.

Bajo formatos distintos, estos progresismos contenían elementos humanos y programáticos disruptivos. De talante izquierdista, nacional-popular, populista y plebeyo, estaban entreverados con las clases subalternas y sus aspiraciones. Sobre esta base fundaron su capacidad hegemónica, que logró sostenerse a lo largo de una década. A mediano plazo, sin embargo, y una vez pasado el impulso inicial, mostraron sus pliegues contradictorios. Revelaron ser revoluciones pasivas, hegemónicamente eficaces pero cuyos restringidos alcances reformistas se teñían siempre de más conservadurismo. Su transformismo y cesarismo contribuyeron a desmovilizar a las clases subalternas y a restablecer y garantizar un orden estatal por medio de reformas estabilizadoras cuyo limitado alcance redistributivo no pasaba de ser precario y coyuntural y estaba sometido a los vaivenes de la economía mundial y los designios de los gobiernos de turno.

Por ello, a la par del flanco derecho, en el fin de ciclo se asomaba ya el costado izquierdo de la protesta, producto de un malestar social que empezaba a politizarse pero que —salvo excepciones— no terminó cuajando en una oposición de izquierda organizada y durable. Ese mismo universo social y político de movimientos y organizaciones que, a pesar de los avances de las derechas y la consolidación normalizada del progresismo, se resiste a desaparecer porque es tan irreductible cuanto los son las brechas societales de las cuales nace. 

De allí que la rebelión, esa recurrente forma política latinoamericana y la fuente de su originalidad en la historia mundial reciente, que ha sido un recurso en contra de la derecha (salvo excepciones: en Ecuador contra Correa, el gasolinazo en 2010 en Bolivia, en 2013 en Brasil o en Nicaragua en 2018), podría no tardar en alzarse en contra del partido del orden de turno, sin distinciones, sea cual sea su coloración y su autoadscripción, evocando y generalizando el «que se vayan todos» del 19 y 20 de 2001 argentino (que fue, justamente, un grito de rechazo en contra de la normalización de una alternancia sin alternativa, una centroizquierda que se asimilaba a la centroderecha, asegurando la continuidad del orden neoliberal). Puede que a la izquierda de Cristina Kirchner y de los progresismos en general ya no haya una pared sino cristales, que pueden ser rotos por piedras como las que fueron lanzadas en ocasión de las recientes protestas en ese país contra el acuerdo con el FMI.

La normalización y banalización de los progresismos, depurados de sus aristas izquierdistas y nacional-populares, parece anunciar la caída de una noche en donde todos los gatos parecen pardos porque un tigre anda suelto.

Ahora, al interior de este fenómeno que ya es latinoamericano, caben las ya mencionadas diferencias nacionales y, en particular, como ya mencionamos, entre «progresismos de segunda mano» y «progresismos tardíos». Cabe señalar que en estos últimos, en los cuales se fincan hoy las esperanzas de muchos, el corrimiento normalizador que se operó en el proceso de ascenso, no en el reflujo —como en los casos de segunda mano— fue parte de la operación de construcción del consenso electoral, de lo que se consideró como un inevitable (para algunos deseable) «acentramiento» para buscar espacios de arraigo en sociedades neoliberalizadas y/o siempre más atravesadas por un sentido común profundamente antizquierdista.

A pesar de que hay que valorar el empuje de las rebeliones detrás del ascenso de los gobiernos de Perú, Chile, Colombia y —solo de forma diferida y mediada— de México, se impuso, ya sea por voluntad, por cálculo o por necesidad, una lógica institucionalista, de apego al orden político existente. La lógica de la lucha política orientada a la conquista del 50% de los votantes, en tiempos normales, de ordinaria vida cotidiana, fue concebida como un acercamiento al ciudadano elector (con sus vicios y virtudes) mientras que solo en tiempos extraordinarios, de catarsis colectiva, sea por crisis por arriba o rebeliones por abajo, se abrió, por fuera de los sistemas políticos y electorales, la posibilidad excepcional de un corrimiento hacia la izquierda. Portales a dimensiones alternativas que se cerraron abruptamente, no sin dejar la sensación de que otros mundos eran y siguen siendo posibles en la medida en que se rechace radicalmente lo inaceptable de este.

Los progresismos tardíos, más allá de la indiscutible ruptura simbólica y cultural que significan, por su propia composición y trayectoria, llegaron al poder con una limitada capacidad y disposición reformista. La retórica no puede ocultar el corto alcance de las transformaciones que proponen e impulsan. Por válidas y necesarias que sean, no dejan de ser intervenciones mínimas, de corte sistémico o, peor aún, paliativos. El humanismo y el principio de equidad son valores universales del mejor liberalismo pero dejaron de ser un criterio de distinción de izquierda hace más de un siglo. Y el nacionalismo sin adjetivos tampoco alcanza a ser un clivaje significativo en este sentido, ni siquiera en nuestro suroccidente dependiente.

En un contexto de derechización, con el espectro del fascismo rondando, aparentan o son percibidas como progresistas o de izquierda posturas y acciones de conservación o promoción de mínimos y elementales principios de convivencia social. Así que los progresismos tardíos llegan normalizados a la cita con la historia y parecen mostrar sus límites incluso antes de ser asediados o presionados por derechas viejas o nuevas, conservadoras o reaccionarias que, más temprano que tarde, en ausencia de una poderosa antítesis desde abajo, volverán a ejercer su poder de veto y a rellenar su caudal electoral.

Porque al ascenso de la derecha no parece poder hacer frente la paulatina moderación de progresismos siempre más conservadores, que hacen las veces de izquierdas simplemente geométricas (por ser simétricas a las derechas existentes) y aritméticas (por sumar votos y puestos de gobierno). Hasta que no se retomen, por necesidad más que por virtud, los principios del algebra, es decir, la compresión y la acción sobre las reglas y las estructuras económicas, políticas y culturales que rigen a las sociedades que conforman nuestra específica región del mundo capitalista, es posible que haya que reconocer que el progresismo está desnudo.

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Viernes, 24 Junio 2022 05:45

Movimientos precongresuales en el PCCh

El presidente de China, Xi Jinping, junto a soldados de la guardia de honor en una ceremonia de entrega de medallas en el 70 aniversario de la Victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, en la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. REUTERS / Jason Lee

Con el horizonte del XX Congreso del PCCh a la vista, los movimientos en la política china revisten gran interés en la medida en que es en estos meses previos cuando las grandes decisiones se van cerrando de cara a la crucial cita de otoño.

Pasado el momento de tensión por los rebrotes de la Covid-19 en importantes ciudades del país, el Consejo de Estado ha reaccionado con un millonario plan de impulso económico con vistas a estabilizar la situación general y garantizar al máximo el cumplimiento de los objetivos principales para el presente ejercicio. En ese contexto, las especulaciones en torno al resurgimiento político del primer ministro Li Keqiang, incluso sugerido como hipotético rival de Xi Jinping, carecen de sustento. Ese protagonismo, plasmado en la videoconferencia con 100.000 gestores clave de todo el país el pasado 25 de mayo, es revelador de la situación de emergencia de la economía china y sus prioridades absolutas pero en modo alguno traduce otras certezas respecto al futuro político de Li, condicionado por una jubilación inminente y prácticamente cerrada a día de hoy.

Por su parte, el presidente Xi multiplica sus apariciones y movimientos, a la par que en su entorno se propician los indicios que avisan a navegantes de la firme consolidación de su posición y expectativas de cara al congreso. Su gira de inspección en Sichuan, que el 1 de junio sufrió un fuerte terremoto, rememora aquel espíritu con el que inició su mandato en 2012, de "cercanía con el pueblo", aletargado (y también por ello, criticado) en otras calamidades similares en las que, a diferencia de Li Keqiang, no supo responder con la debida celeridad.

Se especula ahora con su presencia en los fastos por el 25 aniversario de la retrocesión de Hong Kong, el próximo 1 de Julio, para certificar la estabilización de la región tras las multitudinarias protestas de 2019. Trataría con ello de capitalizar los beneficios políticos de todo ello, pasando de puntillas respecto a cuanto ha supuesto en términos de daño a la imagen internacional de China. No obstante, internamente, su reivindicación del patriotismo y la seguridad como claves de bóveda para la solución del problema se ha impuesto sobre cualquier otra expectativa.

De igual modo, Xi ha tendido otro puente con una política que le hizo ganar popularidad en los primeros años: la lucha contra la corrupción, objeto de una reciente sesión de estudio grupal del Buró Político, con vistas a capitalizar también la severidad exhibida en este aspecto frente a "tigres, moscas y zorros", que ha alcanzado niveles nunca vistos en la China reciente.

Huang Kunming, máximo responsable de propaganda en el Comité Central del PCCh, quien también inspeccionó recientemente la provincia de Anhui, va dando el tono territorial para ensalzar "los grandes logros de la nueva era". Otro tanto se puede esperar de sus más fieles en el Buró Político y en su Comité Permanente. A partir de ahí, es previsible que asistamos en las próximas semanas a un torrente de pronunciamientos de líderes provinciales para significar la lealtad a Xi. Y también de autoridades centrales relevantes como el propio Hu Chunhua, que se afirma como claro sustituto de Li Keqiang el próximo año y figura en ascenso como número dos del PCCh. El coro de reconocimientos de la condición de "núcleo" de Xi y de su pensamiento como guía rectora del Partido marca el ritmo hacia el inusual tercer mandato, a pesar de las resistencias que pueda encontrar.

En lo discursivo, la multiplicación de publicaciones antológicas de sus discursos en diversas áreas revelan el pleno apogeo del xiísmo, acompañada de su presentación como el impulsor de una nueva etapa histórica en la sinización del marxismo, solo comparable doctrinalmente al salto sugerido por Mao cuando se distanció del dogmatismo soviético. He Yiting, subdirector de la Escuela del Partido, no ha dudado en calificar el xiísmo como "el marxismo del siglo XXI". La reciente publicación del "esquema de estudio del pensamiento económico de Xi Jinping", podría marcar el inicio de un nuevo salto en la canonización de su pensamiento y en su equiparación normativa con el de Mao.

En su agenda internacional inmediata, es previsible algún contacto telefónico con Joe Biden, mientras una cumbre presencial deberá esperar a finales de año si las cosas no se tuercen en el plano bilateral, un afán que en estos momentos ambos líderes parecen compartir a fin de controlar el delicado marco de disensiones. Si bien las espadas siguen en alto (como se evidenció en el foro de seguridad de Shangri-La del 10 al 12 de junio), algunos signos de apaciguamiento se manifestaron en el encuentro no anunciado previamente entre Yang Jiechi y Jake Sullivan en Luxemburgo el 13 de junio.

Frente a algunas críticas de excesiva proximidad de Xi a Putin, la conversación telefónica mantenida por ambos el 15 de junio, hizo alarde de una cooperación que no se verá sustancialmente afectada por la guerra de Ucrania.

Por tanto, la reafirmación de los ejes determinantes de su doble mandato condiciona la precampaña de Xi Jinping y su programa de cara a ese tercer quinquenio al frente de los destinos del PCCh y de China que se avizora como imperioso.

A la espera de la cumbre informal de verano en Beidaihe, la reunión llevada a cabo del 10 al 14 de junio en la capital china, preparativa de los documentos del XX Congreso, ha validado ya decisiones trascendentales como la no modificación del límite de dos mandatos de los dirigentes del partido y del Estado o los límites de edad de los dirigentes; no obstante, todo indica que alguna excepción habrá.

Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China

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La estéril ilusión del cambio por arriba

Colombia, Ecuador y Chile nos muestran procesos recientes relativamente similares. Gobiernos de la derecha neoliberal enfrentados por grandes revueltas populares de larga duración, que abrieron brechas en la dominación y pusieron en jaque la gobernabilidad. El sistema político respondió encauzando la disputa hacia el terreno institucional, con beneplácito y entusiasmo de las izquierdas.

Durante las revueltas se fortalecen las organizaciones de base y se crean nuevas. En Chile, más de 200 asambleas territoriales y más de 500 ollas comunitarias en Santiago cuando se declara la pandemia. En Ecuador el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, con más de 200 organizaciones. En Colombia decenas de "puntos de resistencia", territorios libres donde los pueblos crean nuevas relaciones entre ellos.

Los resultados de la opción institucional suelen hacerse visibles tiempo después, cuando la potencia de los levantamientos empieza a desfibrarse y casi no quedan or­ganizaciones de base. El Parlamento ecuatoriano ya no funciona. Las asambleas chilenas se han debilitado en cantidad y participación. Igual sucede en Colombia.

El caso de Chile es el más dramático, ya que toda la potencia de la revuelta fue pronto neutralizada con la firma de un acuerdo para una nueva Constitución, aunque sabemos que el objetivo final era sacar a la población de las calles, porque es la amenaza principal para el dominio de las élites económicas y políticas.

Chile es el único de esos tres países en que el proceso electoral coronó a alguien que dijo representar la revuelta, el actual presidente Gabriel Boric. ¿Qué más se podía pedir? Un joven que fue activo en la protesta estudiantil y que forma parte de la "nueva" izquierda agrupada en torno al Apruebo Dignidad.

Es la mayor decepción imaginable, para quienes apostaban a un cambio gestionado desde arriba en ancas de la protesta. Fue Boric quien firmó el pacto con la derecha y el centro, con la elitista clase política, para convocar la constituyente. Fue quien dijo una y otra vez que las cosas cambiarían con su gobierno y prometió desmilitarizar territorio mapuche, Wall Mapu.

Dos meses después de asumir la presidencia decidió establecer el estado de excepción en esas tierras. Igual que Sebastián Piñera, el presidente derechista odiado por medio Chile. Igual que todos los gobiernos anteriores, incluyendo por supuesto al régimen de Pinochet.

El estado de excepción se dirige contra el activismo mapuche que recupera tierras y sabotea a las empresas extractivas que destruyen la madre tierra. En particular, se dirige contra la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Liberación Nacional Mapuche (LNM), así como contra organizaciones de resistencia territorial autónomas.

La ocupación militar de la Araucanía responde al pedido de camioneros y latifundistas. Para Héctor Llaitul, dirigente de la CAM, es "la plena expresión de la dictadura militar que nosotros, los mapuche, siempre sufrimos"; en tanto la RML considera que "Boric dejó las nuevas políticas represivas en las manos del Partido Socialista, con el aval del crimen organizado" (https://bit.ly/3lYSpSC).

Sólo cabe agregar que el área económica fue entregada a uno de los más destacados defensores del neoliberalismo y la ortodoxia económica, Mario Marcel. No habrá cambios. Apenas maquillaje. La popularidad de Boric se despeñó: 57 por ciento lo desaprueban, sólo dos meses después de asumir (https://bit.ly/3x2dkcz).

Lo de Chile no es la excepción, sino la regla. Algo similar sucede en Ecuador, aunque la presidencia la ganó el derechista Guillermo Lasso. En Colombia, lamentablemente, el movimiento social se entrampó en las urnas al desorganizar sus propios territorios urbanos. Algunas reflexiones.

Primero: la política electoral depende mucho más del marketing que de programas y propuestas. Así como el consumismo es una "mutación antropológica" (Pasolini), el marketing electoral remodela de arriba abajo los mapas y las conductas políticas.

Dos: el poder, el verdadero poder, no nace de las urnas ni está en los parlamentos ni en los gobiernos, sino lejos de la visibilidad pública, en el capital financiero ultraconcentrado, en el 1% invisible que controla medios de comunicación, fuerzas armadas y policiales, gobiernos de cualquier nivel y, sobre todo, a los grupos ilegales narcoparamilitares que rediseñan el mundo.

Tres: los gobiernos electos no pueden –en el hipotético caso de que lo intentaran– tocar los intereses de los verdaderos poderes y de los poderosos. Ellos están blindados detrás de varios ejércitos, estatales y privados, de un opaco sistema judicial y de los grandes medios.

Cuatro: se trata de tomar otros caminos, no de insistir en los que ya sabemos que no conducen más que a relegitimar lo existente y a debilitar los mundos otros que nacen. No disputar el poder de ellos (ni su salud, ni sus medios, ni su educación). Crear lo nuestro. Y defenderlo.

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Fuente: diarioconvos.com

El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío (sur) para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

 

Este lunes, el gobierno de Gabriel Boric ha claudicado nuevamente a la agenda de la derecha. La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches decretó el “estado de excepción” en el territorio ancestral del pueblo nación mapuche en dos regiones del sur del país trasandino. El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

"Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción)", anunció en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de La Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío (sur) para "resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento", señaló tras reconocer un aumento de la violencia en los últimos meses.

En estas y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas un reclamo territorial al Estado de algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

En este contexto, son cada vez más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas que luchan por recuperar su tierra.

Cambio de rumbo

Hasta ahora, el mandatario Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

El gobierno declaró que el decreto de estado de excepción constitucional en la Araucanía sería “acotado” exclusivamente a las carreteras. Sin embargo, en poco se diferencia de su predecesor Piñera si a la par de desplegar militares para el resguardo del orden público, presenta querellas contra líderes mapuche manteniendo el enfrentamiento histórico entre el estado de chile y el pueblo nación mapuche.

Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una estrategia de "diálogo" a través del despliegue territorial de diferentes autoridades. Esto no fue bien recibido por varios grupos indígenas, que continuaron saboteando varias visitas del Ejecutivo. Naturalmente, “diálogo” en este caso significa “ceder” territorio ancestral al Gobierno y a empresas que buscan hacer ganancias por fuera de los intereses indígenas y de las clases populares chilenas, aumentando el volumen de extracción de recursos y destruyendo el ambiente.

Desde la derecha y el centro, presionaron para que se tomaran más medidas de seguridad y acusaron extrañamente al presidente de "inacción" y de ser "cómplice de la violencia".

Además del despliegue militar, la ministra Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de 400.000 millones de pesos (460 millones de dólares) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona. También agregó una política de restitución de tierras vía la cuestionada CONADI.
Pero es difícil esperar algo diferente de los gobiernos anteriores que impulsaron medidas similares desde la institucionalidad hacia a la restitución de tierras, presupuestos, etc, pero nunca cesan la represión, de la cual hoy el Gobierno de Boric confirma que seguirá perpetuando a pesar de llamarse un Estado Plurinacional. A fin de cuentas se busca una rendición del pueblo mapuche a sus reclamos territoriales.

Entre críticas y logios

El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la oposición. Por supuesto recibió el repudio de los representantes de comunidades mapuches -la etnia mayoritaria del país- y algunos sectores de la izquierda, que denuncian un cambio drástico en la política del mandatario.

Boric prometía un “cambio”, pero en los hechos se asemeja más a los gobiernos del orden neoliberal de las últimas tres décadas que a un cambio de rumbo hacia las clases explotadas y oprimidas. Tras una serie de demostraciones de “fuerza” y respaldo a las fuerzas represivas del estado, como mantener al general de carabineros Ricardo Yañez en su cargo, y de negociaciones con la derecha, el gobierno finalmente dio el paso y cedió a la presión mediática para desplegar efectivos militares en el Wallmapu.

Por eso que la derecha le tira flores. "Valoramos que el Gobierno se haya dado cuenta que el estado de emergencia era una medida urgente para el sufrimiento de las medidas en Biobío y Araucanía", dijo el senador de Evópoli (derecha) Felipe Kast.

El expresidente y senador Ricardo Lagos (2000-2006) señaló en Twitter que apoya "las decisiones que tome Boric para poder dar más seguridad a la comunidad y a la vez impulsar el diálogo con una fuerte inversión en infraestructura pública y otras áreas".

Las organizaciones indígenas llaman a resistir frente a este nuevo intento de subordinación al pueblo mapuche. La semana pasada, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización indígena que se ha atribuido decenas de ataques desde la década de 1990, llamó a la "resistencia armada" ante la posibilidad de una militarización.

En una entrevista con un medio local, el líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a "preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía", a lo que el Ejecutivo respondió el domingo anunciando que presentará una querella en su contra.

Hoy cuando la crisis económica diluye día a día el poder adquisitivo de la clase trabajadora, la agenda de los partidos políticos chilenos está muy lejos de responder a dichas necesidades. Los empresarios claramente no quieren que esto se discuta por eso presionan a Boric que fácilmente cede antes que enfrentar con la movilización popular a los empresarios chilenos.

Dauno Totoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionario, declaró a La Izquierda Diario que “En todo este escenario, con un gobierno que decide reprimir a estudiantes secundarios, trabajadores y mapuches y alinearse con los intereses empresariales, hace falta una izquierda que no ceda ante la presión de los poderosos ni a su agenda, y que mantenga la pelea por conquistar las demandas de la rebelión.”

Hoy la salida para el Gobierno de Boric, no implica nada nuevo del viejo régimen, donde mantienen la dotación policial, el refuerzo de seguir en el camino de la militarización y buscar la salida por vía la CONADI para la entrega de tierras a los indígenas que no responde ni una pizca al histórico despojo sin tocar a ningún capital, como lo es la industria forestal. Incluso con el avance a la “integración” de la nación mapuche con el Estado capitalista en Chile, como lo es el Estado plurinacional, solo busca el reconocimiento de naciones originarias. También se nombra la “autodeterminación” pero esto debería suponer una lucha por la expropiación de las 2 millones de hectáreas de los grupos empresarios Matte y Angelini, que hoy siguen siendo protegidas por el Estado militarizado como lo ha hecho el cuestionado régimen pinochetista.

Martes 17 de mayo

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El gobierno Chileno quiere hacer ley la militarización contra los pueblos originarios

En la zona sur del Estado chileno, el presidente Gabriel Boric pretende establecer un "estado de excepción intermedio", hechos y justificación contra el Walmapu se parecen bastante a lo que hacía el ex presidente Sebastián Piñera.

Durante las últimas semanas, la derechización del gobierno en lo que refiere a su agenda de seguridad, ha escalado a niveles impensados hace tres o cuatro meses atrás. Produce indignación y muchos de sus votantes están preguntándose: ¿cómo es esto posible?

Si es que ya veíamos el violento accionar de las fuerzas represivas en contra de estudiantes y trabajadores, como la represión y detención acontecida en Hualpén, hacia los subcontratados de ENAP (Empresa Nacional del Petróleo), o las declaraciones de la vocera Camila Vallejo hablando del machi (autoridad mapuche) Celestino Córdova (fue acusado del incendio de una casa de agricultores medianos, que luego provocó su muerte. Nunca probaron su autoría pero está preso desde el 2014) como preso común, así como la represión a estudiantes secundarios, hoy el gobierno da sus primeros pasos en su propuesta represiva en el sector del Wallmapu.

“Estado de excepción intermedio” es el nombre con el que el gobierno busca lograr en el parlamento este proyecto de ley, que no es otra cosa que una acción difícilmente camuflada, para el sostenimiento de la militarización en la zona sur. Una iniciativa casi idéntica a la utilizada por Sebastián Piñera durante su mandato, cuando justificaba la coerción y represión de las “fuerzas del orden” en el contexto del estallido social.

"A diferencia de los Estados de Excepción, queremos concurrir con ayuda de las Fuerzas Armadas al resguardo de la infraestructura crítica y de gravedad para el libre tránsito, abastecimiento de la población o circulación de vehículos de emergencia, sin afectar ninguno de los derechos fundamentales que la Constitución asegura” señaló el secretario general de la presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, agregando "proponemos un Estado de Protección y Resguardo que no limite los derechos de las personas (como de movilidad o circulación). En este sentido, no caería en la causal de excepcionalidad".

Ya hace unos días, el actual presidente del senado, Álvaro Elizalde(del Partido Socialista), luego de una reunión sostenida con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (Partido por la Democracia -PPD, otro de los partidos de los odiados 30 años), y dueños de camiones incluidos -transportistas-, se refería a la celeridad con la que se buscará tramitar esta iniciativa en la Comisión Mixta, para ser votada lo más prontamente en las salas del Congreso, durante la próxima semana.

"Esta semana, la Comisión mixta debiera sesionar, votar esta iniciativa y podría perfectamente la próxima semana estar votándose en ambas salas del Congreso Nacional. De esa manera se daría canalización al debate respecto a la propuesta del Ejecutivo en torno a un estado de protección y resguardo a las rutas y vías”, señaló Elizalde.

Sin embargo, más allá del entusiasmo desde el gobierno, lo reprochable de la medida no se hizo esperar, incluso desde las filas de los partidos que conforman el gobierno. Cuestionamiento expuesto por la diputada del Partido Socialista (PS), Camila Nuyado:

“El gobierno no está dando cumplimiento a los compromisos que señaló en su propio programa, que era poder dialogar, avanzar en la restitución de tierras y de derechos del pueblo Mapuche", manifestó la diputada, agregando que votará en contra de la propuesta emanada desde el gobierno:

"Voy a votar en contra. Así se lo he manifestado a mi bancada, saben cuál es mi postura y se han molestado, pero me han respetado (…) el poder Ejecutivo, que es el gobierno del Presidente Gabriel Boric, ha olvidado al pueblo mapuche y no está poniendo el foco hoy en combatir la pobreza en aquellos territorios abandonados".

Con solo dos meses en el Poder Ejecutivo, el gobierno de Boric, conformado por el Frente Amplio, Partido Comunista, y partidos de la ex Concertación como el PS, y el PPD, los ataques hacia el pueblo trabajador han continuado, al igual que el blindaje de Carabineros, y la tranquilidad hacia el empresariado, que pareciera que le impone en los hechos su agenda de seguridad a este gobierno, cuyas promesas que sostuvo aceleradamente están quedando en el olvido.

El gobierno se apoya en Carabineros y Fuerzas Armadas, cuya legitimidad se encuentra profundamente cuestionada al estar vinculadas a casos de corrupción, y múltiples violaciones a los DD.HH, para mantener a raya a los pueblos originarios, ignorando sus reclamos más sentidos. Por lo mismo, hay que organizarse y luchar por la completa desmilitarización del Wallmapu, la libertad de las y los presos políticos y por la autodeterminación del pueblo mapuche.

Jueves 12 de mayo

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El Gobierno de Pedro Castillo decreta estado de emergencia para reprimir a los comuneros de las Bambas

La medida durará 30 días y afecta a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. El objetivo es acabar con la justa lucha de los comuneros que se oponen a los abusos de la minera Las Bambas.

Redacción LID Perú

Jueves 28 de abril

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encabezada por Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo, oficializaron este miércoles 27 de abril la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Esta medida de excepción que durará 30 días, permite la intervención del ejército y la policía para facilitar la represión de los campesinos y comuneros que se encuentran en pie de lucha contra la Minera MMG Las Bambas.

Esta medida antidemocrática y reaccionaria del ejecutivo, que pone de manifiesto una vez más el carácter pro empresarial y servil del gobierno, fue oficializada mediante el Decreto Supremo 042-2022-PCM, que en su primer artículo decreta que “la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. De esta manera, y así como lo viene haciendo con los comuneros de Torata-Moquegua, Castillo apela a la abierta represión de las fuerzas represivas para contener las demandas populares y congraciarse con los intereses de los grandes empresarios mineros.

Como se recuerda, en la zona donde se declaró el estado de emergencia, se venía desarrollando un conflicto social entre los comuneros y el capital minero, el cual, con la complicidad del gobierno, se negaba a resarcir los daños ambientales y económicos provocados en las comunidades aledañas como consecuencia de la actividad extractiva que les reporta grandes ganancias a los empresarios. Es por esta razón que los comuneros de Fuerabamba, cansados de la inacción del gobierno, desde el 14 de abril tomaron los terrenos de la mina MMG Las Bambas.

Como bien lo han manifestado los dirigentes de los comuneros, esta toma de tierras es por compromisos incumplidos por la empresa minera Las Bambas desde el 2014, año en que la compañía compró los terrenos de la comunidad para sus operaciones extractivas. Los dirigentes de Fuerabamba sostienen que son más de 100 compromisos de la minera todavía sin concretarse. Debido a esta medida de lucha, la empresa minera se vio obligada a paralizar sus actividades desde el 20 abril.

Al cierre de esta nota, se tenía conocimiento que durante el día miércoles se dio una violenta intervención de las fuerzas represivas con la cual se buscaba desalojar a los comuneros de los predios de la empresa minera. Mientras tanto, se calcula que un poco más de 200 comuneros permanecen aún en la zona y otro contingente continúa sumándose.


Desalojan a campesinos de mina de cobre china en Perú

Ap y Arn

Lima. La policía desalojó ayer a cientos de campesinos quechuas de la más importante mina china de cobre en Perú, a la cual ingresaron hace 14 días en demanda de que la empresa cumpla la promesa de entregarles 180 hectáreas como contraprestación por la explotación de sus recursos naturales.

El campamento instalado en la mina paralizó la producción de cobre la semana pasada. Otro paro duró 13 días en diciembre pasado. La mina Las Bambas es controlada por la la estatal china Minmetals mediante su filial MMG Limited.

El desalojo con gas lacrimógeno representa un viraje al uso de la fuerza del gobierno del presidente, Pedro Castillo, que más temprano decretó el estado de emergencia, que limita la libertad de reunión y de protesta por 30 días en la zona. Hace una semana hizo lo mismo para frenar otro conflicto en importante mina de capitales mexicanos.

Más de mil agentes antimotines lanzaron bombas lacrimógenas, mientras los comuneros respondieron con piedras. Algunos medios locales transmitieron el desalojo y mostraron a dos mujeres tiradas en el piso, una de ellas con el ojo izquierdo lleno de sangre.

Los campesinos de Fuerabamba –cuyo territorio fue comprado por la mina– alegan que la empresa no ha cumplido con la entrega de la tierra prometida. La minera construyó una nueva ciudad en los Andes, adonde trasladó a los campesinos de la región, quienes realizaron la protesta.

Es el más reciente problema entre la población local y Las Bambas, que genera entre 1.5 y 2 por ciento de la producción mundial de cobre. La empresa acumula diversos conflictos con otras comunidades de lengua quechua descontentas con el polvo que generan cientos de camiones de la minera que transportan por una larga vía el cobre que sacan de las montañas de los Andes.

La zona donde ocurre el conflicto ocupa las regiones de Apurímac y Cusco, las cuales votaron de forma mayoritaria por Castillo para elegirlo presidente en 2021

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Aumenta la desaprobación del gobierno de Gabriel Boric a solo un mes de haber asumido

Una encuesta de Cadem le da al mandatario un 40% de aprobación, otra de Pulso Ciudadano un 27,8% de aprobación ¿Cuáles son las razones?

El triunfo en la elección presidencial de Gabriel Boric generó altas expectativas que, a medida que pasaron los días desde su asunción han generado una creciente insatisfacción por no cumplirse.

La encuesta publicada por Cadem reveló la perdida de apoyo a la gestión presidencial. En su “track semanal”, otorgó un 40% de apoyo y un 50% de desaprobación, un aumento de 9 puntos porcentuales en una semana, a la gestión del presidente chileno.

La encuesta muestra un alza de 30% en la desaprobación desde que asumió Boric como jefe de Estado. La encuestadora también reveló que los segmentos donde se registra la desaprobación más alta recaen en las personas entre 35 y 54 años (61%), de sectores medios (56%) y bajos (54%), que se identifican con la derecha (80%) e independientes (59%) y que votaron por José Antonio Kast (86%) o no votaron (58%).

Otro sondeo, de la encuestadora Pulso Ciudadano, indica que la aprobación al nuevo mandatario llega a un 27,8%, mientras que su desaprobación ascendió al 51%, un número similar a la de Cadem.

Un “despegue con turbulencias” había definido el presidente al primer mes de su mandato que estuvo cruzado por cuestionamientos y el debilitamiento de su ministra del Interior, Izkia Siches, luego de que anunció una millonaria inversión en más represión en el Wallmapu, sur de Chile, y la creación de un nuevo sistema de inteligencia del Estado. Esto sumó debilidad al nuevo gobierno autodenominado “anti neoliberal” que comenzó a vivir las disputas internas entre las “dos coaliciones” sobre las que el Gobierno busca lograr estabilidad. Más de fondo la dificultad que encuentra Boric es la inexistencia, aún, de bases sólidas para lograr una “transición” política pacífica e institucional que termine por dejar atrás los efectos de la revuelta del 2019.

Las disputas entre las "dos coaliciones" que Boric busca integrar en su gobierno no son más que la expresión de intentar unir a los sectores que confirman la plataforma Apruebo Dignidad que lo llevó a la presidencia, compuesta principalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), y la inclusión de sectores de la ex-Concertación (coalición que por ejemplo llevó a la presidencia a Michel Bachellet) sobre todo al Partido Socialista (PS).

Ese intento de integración se selló con el anuncio de gabinete, que cuenta con ministros de Apruebo Dignidad y del PS en la primera línea, y de otros partidos de la ex Concertación –como el Partido por la Democracia (PPD)- en las segundas y terceras líneas.

Así el nuevo gobierno quedó tensionado entre el reformismo PC y del progresismo neoliberal PS (parte fundamental en mantener el modelo neoliberal cuestionado por la rebelión de finales del 2019), como expresión de fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales que cruzan el Chile pos revuelta.

Estas tensiones internas cobran más peso cuando la inflación en Chile, que llega a un 9,4% anual, los efectos de la pandemia y el golpe a la economía global por la invasión rusa a Ucrania, generan turbulencias en la situación económica de millones de chilenos, muchos de los que votaron a Boric con la expectativa de un cambio más profundo.

Ante está situación, el gobierno que en campaña prometía el “Fin de las AFP” (sistema de pensiones privado), se encaminó en una moderación hacia la "derecha" y hoy puja para que su propia coalición no apruebe, en el Congreso, la posibilidad de que las personas hagan un quinto retiro adelantado de sus fondos. El cambio de postura ha sido desconcertante para muchas personas, sumado al rechazo popular que generó el salvataje que el gobierno terminó haciendo a las AFP.

Cómo afirma Pablo Torres en un articulo publicado en este diario "Las presiones en el régimen, en los medios y en el empresariado, buscan correr el cerco de la situación y del gobierno hacia la derecha. Los pedidos de renuncia a Siches, los cuestionamientos para fortalecer el orden público y las policías, la criminalización de la protesta, la instalación del discurso delincuencia, terrorismo en el sur. Los golpes a la Convención Constitucional por parte de todos los grandes personajes del régimen como Ricardo Lagos. Las amenazas –por parte de Hacienda, de banqueros, medios y empresas- de una inflación desatada de aprobarse un nuevo retiro de pensiones, el discurso de “austeridad” y de ajustarse los cinturones. Todo ese movimiento en las alturas se dirige hacia la derecha: a moderar las reformas y hacerlas con gradualidad, para no joder a las grandes empresas.".

La perdida de apoyo que vive la gestión de Gabrial Boric es expresión de los límites del proyecto “progresista anti neoliberal” que buscó representar y que por ahora, es más neoliberal progresista que otra cosa, decidido a no hacer cambios profundos que generen el descontento de los empresarios y otros sectores de poder.

Sumado a las condiciones económicas desfavorables (no hay súper ciclo del cobre que garantice muchos dólares, tampoco hay viento de cola favorable, más bien la inversión retrocede), el aumento de la inflación histórica en 30 años, en Chile, y en el mundo, son las "turbulencias" a las que se refirió Boric. Pero el actual presidente responde con las viejas recetas neoliberales, buscando “enfriar” la economía a costa de bajar el consumo de masas y evitar tocar las ganancias de los empresarios.

Mientras cada símbolo de Boric busca dialogar con el pueblo con “su” izquierda, cada gesto real, cada hecho, del gobierno lleva a la agenda hacia la derecha, sin responder a las expectativas de millones que lo apoyaron.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 18 de abril

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¿Algo positivo en la política de EU hacia AL?

Si bien muchas políticas del gobierno de Joe Biden hacia América Latina –en particular hacia Cuba, Venezuela y con respecto a las actividades de China– son en buena medida las mismas que en la era de Trump, algunas de las acciones y declaraciones sugieren enfoques más matizados sobre otros asuntos regionales.

El director del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental, Juan Gonzalez, ha sido la persona clave para mantener la línea dura hacia Venezuela y Cuba. A principios de marzo se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, quien más tarde declaró: "Hemos acordado trabajar en una agenda que mira hacia adelante", pero el gobierno negó que fuera así y sigue sosteniendo que el líder opositor Juan Guaidó es presidente de Venezuela.

Sobre Cuba, según varias fuentes, Gonzalez vetó el año pasado un plan prometido para dar marcha atrás a la suspensión dictada por Trump al flujo de remesas hacia la isla. En fecha reciente sostuvo que las nuevas sanciones contra Rusia llevan también la intención "por designio" de poner presión sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En audiencias en el Congreso celebradas en febrero y marzo, otros altos funcionarios han expuesto diversas prioridades del gobierno.

La jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, testificó que el hemisferio está "bajo asalto desde un montón de desafíos transfronterizos que amenazan directamente a nuestra patria". Dijo que, además de ayudar a la región con el covid-19 y la "crisis climática", la política estadunidense es contrarrestar la "marcha implacable" de China para expandir su influencia en la región y sus "retos a la influencia estadunidense". También juró combatir a las organizaciones criminales trasnacionales, que "operan casi sin oposición y dejan una huella de corrupción y violencia que crea condiciones que permiten a la República Popular China y a Rusia explotarlas, amenazar la seguridad de los ciudadanos y socavar la confianza pública en las instituciones de gobierno". Afirmó que su comando está "poniendo en acción una disuasión integrada".

En un testimonio vertido en febrero, el secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, elogió la reciente Cumbre por la Democracia del presidente Biden y reconoció que "demasiados ciudadanos ordinarios han visto que sus gobiernos fallan en cumplir sus aspiraciones de un futuro mejor". También señaló que la iniciativa Reconstruir un Mundo Mejor de su gobierno, que incluye inversiones para responder a las necesidades de infraestructura de países socios, contrarrestará la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y "ayudará a demostrar que las democracias pueden dar resultados para sus pueblos". Su contraparte en la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley, Todd Robinson, puso énfasis en los programas de fortalecimiento del estado de derecho conforme a la Estrategia de Causas de Raíz, aunque hizo notar que, "en ciertos casos", los gobiernos carecen de voluntad política para enfrentar la corrupción que está en la raíz de sus problemas nacionales.

La administradora asistente de la USAID para América Latina, Marcela Escobari, testificó que su prioridad es mitigar el daño causado por el covid-19 y el cambio climático. Al criticar el estado de la democracia y los derechos humanos en "casos extremos" como Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresó preocupación por el "retroceso democrático" en otras partes, señalando que "aun en democracias más establecidas, han surgido tendencias autoritarias".

El gobierno estadunidense no ha expresado de qué manera sus pasos difieren de los enfoques agresivos y transaccionales que caracterizaron el involucramiento del gobierno de Donald Trump con la región. La Casa Blanca presionó duramente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un arreglo con Argentina, a cuyo gobierno Trump mantuvo a distancia, y ayudarla a evitar un impago de su préstamo de emergencia de 2018. La vicepresidenta Kamala Harris ha dado fuerte apoyo a la presidenta hondureña Xiomara Castro desde que asumió el cargo, en enero, y probablemente ha contribuido a la decisión de Washington de solicitar la extradición del predecesor en la presidencia hondureña, Juan Orlando Hernández, aliado de Trump, bajo cargos de narcotráfico.

En sus testimonios ante el Congreso, los funcionarios actuales han hecho repetidas observaciones acerca de las percepciones y la realidad de los desafíos locales en América Latina. Su énfasis en la corrupción y la falta de voluntad para atender esos flagelos sugiere una conciencia de que no todo está bien, incluso en países que Washington considera democracias. Después de una lenta respuesta inicial, el gobierno ha sido generoso en dar apoyo a la distribución de vacunas y a elevar la capacidad de los sistemas de salud pública para responder con eficiencia a la pandemia de covid-19.

Estos factores sugieren que, si bien las gastadas políticas de cambio de régimen hacia Cuba y Venezuela y la "disuasión integrada" contra China y los cárteles de la droga podrían seguir en el centro del enfoque de Washington hacia los asuntos hemisféricos, existe conciencia de cómo una cooperación más profunda con la región podría promover al mismo tiempo los intereses de Estados Unidos y los de América Latina. La próxima Cumbre de las Américas podría ser la mejor oportunidad para que el gobierno estadunidense busque un significativo terreno común en torno al imperativo de fortalecer la gobernabilidad democrática, reto que el liderazgo de Washington percibe actualmente como compartido con virtualmente todas sus contrapartes en la región.

Por Fulton Armstrong, miembro de número y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University; ex funcionario de Inteligencia Nacional (2000-2004) y asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (2008-2011). Publicado originalmente en AULABlog del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos.

Traducción: Jorge Anaya

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Gabriel Boric: "Queremos dejar atrás al estado neoliberal".

Entrevista exclusiva al presidente de Chile en la víspera de su viaje a Argentina

Habla de la la relación bilateral, la política interna de su país, Mapuches y Carabineros, China, Cuba, Venezuela y EE.UU., violencia y desigualdad, Lula y Malvinas. 

 

El comedor de la presidencia, una mesa amplia y la bandera chilena en el Palacio de la Moneda. Ésa es la escenografía para la entrevista que deja ver la plataforma virtual a la espera de Gabriel Boric. Vestido con una camisa blanca, sin saco, con su proverbial estilo informal y el celular al alcance de la mano, abre una puerta, llega en el horario pautado, saluda y se sienta para dialogar con Página/12

Está en la víspera de su primer viaje como presidente, que será a la Argentina y donde este domingo lo espera su colega Alberto Fernández. En ese marco responde a cada una las preguntas sobre la relación bilateral, la política interna de su país, el movimiento estudiantil y los carabineros, la causa de la nación mapuche, los problemas de la región, China, Cuba, Venezuela y Estados Unidos, su deseo de que Lula gane las elecciones en Brasil, problemas estructurales de nuestras sociedades como la desigualdad y la violencia, más la Guerra de Malvinas en su 40° aniversario. 

También da su visión del movimiento feminista que quedó reflejado en la mayoría de mujeres de su gabinete, sus inquietudes personales y el fútbol que le ocupará las horas siguientes. Al final del encuentro con este medio – anuncia – no se perderá el clásico con la U de Chile. Es hincha de la Universidad Católica, recuerda que viene de cuatro derrotas consecutivas, pero su equipo le dio una alegría: ganó 2 a 1.

-¿Por qué eligió a la Argentina como primer destino de un viaje presidencial?

-Hay varios motivos. Ha sido una tradición de los últimos gobiernos en Chile que me pareció importante respetar. Cuando uno llega a habitar esta institución tiene que saber entender cuál es la continuidad de las cosas que hay que dar. Además tengo un profundo vínculo con la Argentina. Soy nacido y criado en la región de Magallanes. De chico era más cercano a la Patagonia austral que al centro de mi país. Nuestros viajes a Río Gallegos, a Río Turbio, por toda la Tierra del Fuego y mis primeras vacaciones en Chubut, Santa Cruz y Río Negro me hicieron tener un cariño entrañable por el pueblo argentino. Y además porque estoy convencido de que tenemos que fortalecer las relaciones con nuestro país hermano. Y fortalecerlas tanto en términos comerciales, políticos como culturales. Por eso voy ahora con una delegación amplia y diversa.

- ¿Cuáles serían los principales temas de interés bilateral? ¿Se puede anticipar algún tipo de acuerdo en determinada área?

- Prefiero que los detalles de los memorándums que se van a firmar, los entreguen los ministros de las áreas respectivas. Pero puedo adelantar que estamos trabajando en tratados de colaboración en materia energética, de género, de ciencia y tecnología y por cierto, en una cuestión que me interesa mucho y que va más allá de los acuerdos diplomáticos, y es cómo recuperamos desde América Latina una voz protagónica en los foros internacionales.

- Usted acaba de cumplir 22 días de gobierno. ¿Cuáles son las principales medidas internas que tomó hasta ahora como presidente?

- Estamos enfrentando una situación que tiene desafíos en múltiples dimensiones. El alza sostenida de los combustibles y el efecto que eso tiene en la cadena de suministros es muy alto. Presentamos un proyecto de ley para poder contener esa suba. Finalmente adherimos al acuerdo de Escazú en materia de participación medioambiental que el gobierno anterior había sido reacio a firmar. Estamos trabajando, y no exentos de dificultades, en recuperar la confianza en uno de los conflictos latentes que tiene nuestro país entre el estado chileno y el pueblo mapuche. Y vamos a presentar la próxima semana una serie de medidas económicas para tener una reactivación inclusiva hacia los sectores que han sido más postergados por la crisis devenida del estallido social, como por la pandemia y, hoy día, la inflación.

- Mencionó las medidas que están en curso o que ya tomó. ¿Cuáles son las más importantes que proyecta a futuro?

- A nosotros nos interesa poder construir un Estado que garantice derechos sociales universales. Y que vaya dejando atrás la lógica neoliberal en la que cada uno se salva como puede. Y en ese sentido la reforma tributaria que vamos a ingresar en el primer semestre va a ser muy importante. Vamos a invitar al mundo empresarial y a quienes tienen más recursos para que colaboren más, para que podamos construir una sociedad más cohesionada y así volver a crecer. Recordemos que Chile está estancado hace más o menos diez años en materia de crecimiento. La reforma en materia de salud para construir un sistema universal y la reforma del régimen de pensiones para conseguir un sistema de seguridad social en el que básicamente aseguremos estos derechos sin importar el tamaño de la billetera o dónde se nació. Son aspectos centrales de nuestro programa.

-La nación mapuche tiene reivindicaciones que exceden a Chile y hace pocos días la ministra del Interior, Izkia Siches, hizo declaraciones polémicas sobre el tema. ¿Cuál es su opinión sobre la cuestión territorial, ancestral, de los mapuches?

- En Chile tenemos un conflicto latente que desgraciadamente en los últimos años se ha visto solo en su arista de orden público. Y el orden público o la falta de este, es la consecuencia de un problema político e histórico mucho más profundo. Que tiene que ver con la usurpación y el despojo que sufrió la nación mapuche desde 1860 en adelante. Por lo tanto, primero debemos generar un proceso de verdad, segundo de reparación y tercero de reconstitución del pueblo mapuche como identidad y todo lo que eso significa. Es parte de los objetivos de nuestro gobierno. Sabemos que problemas de tan larga data no se solucionan de la noche a la mañana y seguramente tampoco en cuatro años. Debemos seguir el ejemplo de otros pueblos como Nueva Zelanda. Tuve una conversación muy útil y fructífera con la primera ministra Jacinta Ardern que me contó su experiencia, o el caso de Canadá o más cerca Bolivia.

-Usted proviene del movimiento estudiantil. ¿De qué manera piensa que va a poder instrumentar las respuestas a sus demandas, a ese fenómeno que sigue siendo tan dinámico como fuerte en las calles?

- Eso me parece bien. Me crié políticamente en el fragor del movimiento estudiantil, en grandes movilizaciones. El rol del movimiento es siempre interpelar al poder, independientemente de quién lo ejerza. Interpelarlo para obligarnos igual a cuestionarlo. Nuestra visión y perspectiva es de diálogo. En las dos últimas marchas han sido recibidos sus dirigentes en La Moneda y yo espero que en algún momento pueda reunirme con sus principales referentes para establecer un movimiento conjunto y coordinado. Porque a mí me tocó estar del otro lado. En Chile vivimos una situación bastante compleja como país, donde la violencia en diferentes expresiones, pareciera ser el primer recurso. Eso es algo que no está asociado solo a las movilizaciones, es por un problema mucho más profundo. Restablecer el vínculo entre individuos e instituciones es uno de los principales desafíos que tenemos en nuestro país.

-Presidente, usted habló de reformas profundas en Carabineros, el antagonista de ese movimiento estudiantil. ¿Cuáles son ellas?

-Todo estado de derecho requiere de una policía que sea legítima ante los ojos del pueblo para poder ejercer su labor. Y hoy día nosotros tenemos una crisis que está determinada por diversos factores. No solamente de las graves violaciones a los Derechos Humanos, sino también casos de corrupción en algunos sectores. Quiero ser muy claro en esto: no pueden pagar justos por pecadores. Acá existieron actos inaceptables que deben ser sancionados, pero confío en que la mayoría de los carabineros de mi país son personas honestas y trabajadoras. Y sin dudas se requiere una reforma profunda de Carabineros para poder recuperar su legitimidad ante la ciudadanía. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo estamos trabajando en conjunto con Carabineros y tiene que ver con la mejor formación en Derechos Humanos y también mejorar las técnicas de eficacia policial. Una de las principales preocupaciones en Chile es la inseguridad.

-Una de las principales acechanzas de la democracia es la actitud que han tenido las fuerzas armadas de la región. ¿Cómo ve esa situación y sobre todo después de que designó en la cartera de Defensa a la nieta del expresidente Salvador Allende?

- Las fuerzas armadas hoy en día son muy distintas a las de la Operación Cóndor, de los 70, 80 y también de los 90. Están subordinadas al poder civil. Son y deben ser colaboradoras del gobierno y el Estado y deben ser de todos los chilenos y chilenas. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con ellas en potenciar la labor que cumplen en conjunto con la sociedad civil. No solamente en apoyo a los momentos de catástrofes, y sí por ejemplo en la coordinación y conectividad territorial que en un país como Chile, de geografía tan accidentada, las fuerzas armadas son las que tienen mejor visión geopolítica de nuestro país.

- Los antecedentes recientes en la región han sido negativos, basta citar solamente el caso del golpe en Bolivia contra Evo Morales.

- Tengo la convicción de que las fuerzas armadas chilenas son profundamente profesionales y no se subordinan a ninguna presión de potencias extranjeras. Por lo tanto, no se prestarían en ningún caso para algo de esas características.

- Los resultados electorales de los últimos años en Latinoamérica permiten visualizar que hay muchas sociedades partidas en dos, en mitades semejantes, ¿Cuál es su análisis de esa situación?

- Nosotros no queremos en Chile una grieta. Soy una persona de izquierda y un militante desde muy joven de organizaciones de izquierda, pero ahora soy el presidente de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto mi deber es representarlos a todos, incluidos los que no votaron por mí. El proyecto de transformación que encabeza nuestro gobierno está relacionado con cuestiones que son compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad chilena. Y más allá de que en la segunda vuelta de la elección tuvimos un resultado bastante contundente del 55 al 45 % y que venimos de un proceso donde el 80 % de los chilenos se mostró favorable a cambiar la constitución, yo no diría que la sociedad chilena está intrínsecamente polarizada. Son las élites las que fomentan la polarización que escapa del sentido común de la mayoría de la población. Nuestro deber es representar ese sentido común mayoritario que quiere cambios con estabilidad, que quiere cambios con seguridad. Y eso es lo que representa nuestro gobierno.

-¿Cómo avanza el proceso para aprobar la nueva Constitución chilena?

-Es un proceso tremendamente esperanzador. Nuestro gobierno lo apoya de manera entusiasta y decidida. Estoy convencido de que vamos a tener como resultado una constitución por primera vez en nuestra historia reconstruida de manera democrática, paritaria y con participación de los pueblos originarios. Ojalá tengamos un resultado contundente que nos permita dar un paso adelante.

-Pasemos a los aspectos regionales de su política. Se notó el día del traspaso presidencial su empatía con Luis Arce, su par boliviano. ¿Cómo harán en ese marco para dialogar sobre la cuestión de la salida al mar que reclama Bolivia?

-Tengo un profundo respeto por Luis Arce, su trayectoria y el proceso del pueblo boliviano, el MAS y Evo Morales. Debemos poner por delante las cosas que nos unen antes de las que nos separan. Le dije explícitamente al presidente Arce que tenemos un punto donde hay una diferencia. Es la discusión sobre la soberanía. Pero tenemos quince, veinte puntos en común donde podemos profundizar y lograr una interacción y que dé como resultado final un restablecimiento de las relaciones diplomáticas que hace mucho tiempo no existen entre los dos países.

-Brasil es la potencia económica de la región y la gobierna un presidente que está en sus antípodas, ¿Cómo será la relación en los próximos meses con Bolsonaro?

-Brasil tiene elecciones a fines de este año y yo le deseo el mayor de los éxitos a Lula. Y espero que seamos capaces de encontrarnos en ese camino de colaboración, de respeto a la ciencia, de integración latinoamericana, de trabajo con los movimientos sociales y en el entretanto, por cierto debemos mantener relaciones de Estado. Yo como presidente de todos y todas las chilenas mantendré las mejores relaciones posibles con el estado federal de Brasil.

-Usted se define de izquierda y sabe que en el amplio campo de la misma ha recibido comentarios adversos por sus críticas a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Ratifica sus dichos?

-Ratifico y yo sé que a Atilio Borón no le va a gustar, pero me leí la edición de ¿Qué hacer?, de Lenin, con prólogo de él a principios de los 2000 y fue tremendamente aleccionador y me abrió la cabeza. Lamento esa polémica, pero yo creo que la izquierda para poder presentarse ante el mundo tiene que tener una postura inequívoca y un solo estándar en materia de respeto a los Derechos Humanos. No puede ser que cuando los Derechos Humanos son vulnerados por gobiernos que se consideran afines, miremos para un lado y cuando son vulnerados por gobiernos que consideramos adversarios, pongamos el grito en el cielo. Para que sea creíble nuestro compromiso debemos tener el mismo estándar y, claramente, lo que ha sucedido en Nicaragua donde las últimas elecciones se dieron con una parte importante de los candidatos de la oposición presos y ya no solamente los candidatos de oposición, sino figuras históricas como Dora María Téllez o el caso de Sergio Ramírez, un perseguido que no puede entrar a Nicaragua. Es sencillamente inaceptable y por lo tanto yo ahí no voy a retroceder en mi postura.

- Usted habla de doble estándar en materia de DDHH, pero generalmente se omite que esos países, como los casos de Venezuela y Cuba, con un bloqueo de más de 60 años a la isla, sufren sanciones y ataques permanentes contra sus propias economías de parte de Estados Unidos?

- Por supuesto que el bloqueo me parece criminal y la ley Helms-Burton y todo lo que implican, ha generado el daño a un pueblo. Yo no soy partidario de que cuando tengamos diferencias entre los gobiernos, se castigue a los pueblos. Por lo tanto, aprovecho para hacer un llamado al levantamiento de sanciones qué no contribuyen en nada a la solución del conflicto, más que a dañar a quienes habitan en esos países. Nosotros, por ejemplo en el caso de Venezuela, estamos participando como observadores en el grupo internacional de contacto que está realizando su labor en México con apoyo internacional. Creo que esa es la vía diplomática para poder resolver justamente estas diferencias y que sean los pueblos soberanos los que decidan qué camino seguir, pero no a través de sanciones.

-¿Cómo va a ser la relación de Chile con EEUU, la principal potencia hemisférica?

-Quiero ser muy claro en esto. Chile no se subordina ante ninguna potencia y vamos a ejercer la autonomía en materia de relaciones internacionales. Estamos insertos en el mundo y mantenemos una relación importante con China y Estados Unidos. Pero nuestro centro tiene que ser América Latina. Somos un país profundamente latinoamericano y tenemos que recuperar esa vocación que durante algún tiempo en nuestra élite estuvo algo perdida. Yo me siento mucho más cercano en eso a los sueños de San Martín y O’Higgins, que a quienes de una u otra manera despreciaron al vecindario.

- Chile tiene un volumen de intercambio importante con China. ¿Puede explicarnos un poco más esa relación con la principal potencia económica mundial?

- Chile fue el primer país de América Latina en reconocer a la República Popular China y desde entonces, mediados de la década del ‘50, que hemos mantenido una creciente y ascendente relación. Sin lugar a dudas, el centro del mundo hoy es el Pacífico. Por lo tanto, el intercambio que tenemos con los países del Asia-Pacífico es tremendamente relevante y ahí China tiene algo muy importante que decir. Hoy es nuestro primer socio comercial. Queremos profundizar nuestras relaciones y no solamente económicas. Es lo que hemos conversado a nivel epistolar con el presidente Xi Jinping.

-¿Cuál es su mirada sobre la guerra de Rusia y Ucrania?

- Por cierto que es tremendamente lamentable y yo creo que estamos ante una guerra de agresión de parte de Rusia hacia Ucrania. Los que terminan pagando las consecuencias de estas malas decisiones de sus líderes son los pueblos. Lo que hemos visto en estos últimos días en Mariupol es angustiante. Nuestra postura es que cese el conflicto inmediatamente y que se puedan retomar las conversaciones diplomáticas para asegurar la integridad territorial de Ucrania y las pretensiones de seguridad de la Federación Rusa.

- Hace 40 años la Argentina entraba en guerra con Inglaterra por la soberanía sobre nuestras islas Malvinas. ¿Le pedimos una última reflexión sobre el tema?

- Quiero enviarle un saludo y mi profundo respeto al pueblo argentino, a toda la generación que fue a pelear a una guerra que no eligieron, por un gobierno que no eligieron y que causó tanta tragedia. Como presidente de Chile no tengo dudas de qué lado estar y nosotros apoyamos la reclamación internacional que hace la República Argentina respecto a las Malvinas y las Islas Sandwich del Sur. Esto se tiene que resolver por la vía pacífica. Jamás voy a incentivar una resolución armada del conflicto y mi posición es de solidaridad con el pueblo argentino.

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