La coalición de Boric dividida ante la privatización del litio en Chile

Este viernes 14 de enero el Gobierno saliente de Sebastián Piñera dará a conocer qué empresa se adjudicará los derechos de exploración y explotación del mineral. El rechazo suscitado por esta medida ha sido "matizado" por el equipo del presidente electo Gabriel Boric, lo que habría reavivado las tensiones en la futura coalición de Gobierno sin que se debata un plan concreto para frenar el saqueo empresarial de los recursos naturales.

 

La coalición Apruebo Dignidad que llevó al triunfo a Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile cruje ante la presión del mandatario saliente, Sebastian Piñera y su ofensiva privatizadora sobre el litio.

La decisión de Piñera de licitar la explotación de 400.000 mil toneladas de litio por 29 años a empresas privadas no sólo encendió el debate público, también se ha visto tensionada la coalición política del presidente electo. La “cuestionada licitación” ha sido objeto de críticas de parte de la opinión pública por diversos factores. El primero de ellos es que el Gobierno se negó a dar a conocer a la cámara de diputados el detalle de las bases de la licitación argumentando que para acceder a ellos los participantes habrían pagado.

El sitio El Mostrador publicó en su portal web las bases de la licitación por las que había que pagar. Si bien la cantidad de toneladas licitadas representa un pequeño porcentaje del total de reservas del mineral que se estima que existen, los detractores a la licitación consideran que esta abre la puerta a una política de estado que mantendrá el saqueo de las trasnacionales y los empresarios de los recursos naturales. Es más, CODELCO, la minera estatal, que ya ha iniciado en pequeña escala proyectos ligados a la exploración del litio, ni siquiera habría sido considerada entre los participantes de la licitación con el argumento de que las ganancias asociadas al mineral no serían comparables con el negocio del cobre.

Las bases de la licitación tampoco incluyeron requisitos detallados respecto a cómo sería la extracción eventual del mineral ni del impacto ambiental en materia de contaminación y afectación de las comunidades atacameñas (las que tampoco fueron consultadas). Esta situación habría generado fuertes discusiones en la coalición oficialista Apruebo Dignidad y en el mundo de la centroizquierda.

Fuertemente tensionado por los medios de comunicación y los empresarios, el equipo de Gabriel Boric se ha esforzado en mostrar, pese a su amplio triunfo en las urnas, una imagen dócil y moderada con los grandes grupos económicos y la legalidad vigente. Esta actitud dócil habría sido replicada por los miembros de su equipo.

Diego Pardow, coordinador programático del equipo de Boric y parte del equipo económico, declaró en el programa de La RED, Mentiras, Verdaderas, que “hemos analizado preliminarmente con nuestro equipo legal los antecedentes, y no hemos visto vicios legales. se adjudica conforme a lo que ha sido este proceso, al siguiente gobierno le tocaría respetar una decisión que fue hecha en los marcos institucionales”.

Estas declaraciones habrían sido reafirmadas por el coordinador de minería de Boric, Willy Kracht, quién declaró a la revista Pulso que “Postergar o suspender aparentemente está fuera de las bases de la licitación. Las bases, como están redactadas, no dejan espacio para suspender o postergar”

Este “apego a la legalidad” de dos voceros del futuro equipo de Gobierno generaron roces en la militancia de los partidos que conforman Apruebo Dignidad y habrían marcado otro capítulo en la ya tensionada relación entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Esto debido a que en la bancada parlamentaria de la futura coalición del Gobierno electo, donde el PC es el partido mayoritario, se habría impuesto la línea, al menos discursivamente, de rechazar la licitación del gobierno presentando un proyecto de ley en el congreso para impedir dicha licitación.

Una acción que no deja de ser testimonial y un saludo a la bandera toda vez que está por iniciar el receso parlamentario y la licitación sería adjudicada este día viernes, 14 de enero. En la misma línea “legal” pero sumándose al sector que exige el rechazo a esta licitación, estaría insistiendo el gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz, perteneciente al mundo de la centroizquierda, al presentar en Contraloría un requerimiento para frenar la concesión del Litio.

Esta situación habría generado un “ajuste” en el discurso pero sin salir de su tono dócil, Boric señaló que también estaría en contra de dicha licitación dado que se aleja de una de sus propuestas de campaña de crear una Empresa Nacional del Litio. Según el equipo de Boric los asesores jurídicos del presidente electo estarían estudiando las bases de la licitación para encontrar algún vicio que les permita anular dicha licitación.

Un saqueo imparable

Actualmente las exportaciones de Litio alcanzan los US$1.000 millones. La cifra si bien está lejos de los US$38 mil millones de envíos del cobre, esto se debe a sobre todo a que es un mineral mucho menos escaso y además porque la mayoría de las reservas estimadas del mineral se encuentran sin explorar ni explotar.

Esta enorme fuente de potenciales ganancias estaría atrayendo a importantes inversionistas de empresas trasnacionales. Este interés en invertir en el desarrollo de la extracción del Litio se encuentra impulsada por la batalla global por proveerse de suministro para fabricar artículos electrónicos, en un contexto de escasez de estos, lo que ha disparado la inflación a nivel mundial y augura nuevas guerras comerciales.

Y mientras las grandes empresas internacionales buscan asegurar sus fuentes de futuras ganancias, el gobierno de Piñera estaría nuevamente entregando al saqueo de las potencias imperialistas los recursos naturales, permitiendo que esas ganancias en vez de garantizar derechos para los trabajadores se convierta en fuente de nuevas miserias, saqueo y destrucción del medioambiente.

Las tensiones en Apruebo Dignidad no dejan de mostrar la impotencia, con diferentes énfasis, de quienes apuestan por que el respeto de la legalidad pinochetista pueda frenar este saqueo de los recursos naturales. Pese a declarar que están por una "Empresa Nacional del Litio" ninguno de los partidos que apoyan a Boric han presentado un plan de acción concreta para detener el saqueo de los recursos naturales ni en los lineamientos del futuro gobierno ni en la convención constitucional y todos han manifestado su interés en no "asustar" a los inversionistas extranjeros.

Martes 11 de enero

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Foto: Daniel Quintero Alcalde de Medellín

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia anunció que fueron aprobadas las firmas para que sean los habitantes de la capital antioqueña quienes decidan si el burgomaestre continúa o no en su puesto

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia avaló, este viernes 24 de diciembre, 133.000 firmas de las 91.000 requeridas para iniciar el proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, capital del departamento de Antioquia, Daniel Quintero.

La entidad señaló en el resumen del informe técnico sobre el procedimiento de verificación de firmas del proceso de revocatoria del mandatario de Medellín, que de las 383.685 firmas recolectadas, 133.242 fueron validadas, por lo que el proceso de revocatoria continuará su curso.

 “Esto es histórico, es un hecho único en la historia de esta ciudad. Quintero se va, se va por malo, por perverso, por bandido. Tenemos las firmas, quedamos en manos del gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, para que fije las fechas de votaciones. Gracias a todos los ciudadanos que aportaron su firma”, señaló Andrés Rodríguez, presidente del grupo ciudadano ‘Medellín Cuenta Conmigo’, que lidera el proceso de revocatoria.

A su vez, el movimiento indicó que la Registraduría tiene dos meses para notificar a la Gobernación de Antioquia con el propósito de fijar la fecha en la que se realizará la votación en la que los ciudadanos de la capital antioqueña decidirán si el alcalde se queda o se retira de su puesto.

Asimismo, el líder de la revocatoria señaló que esperaban que la fecha de votación fuera el próximo el 13 marzo, en el que al menos 314.000 habitantes de Medellín deben asistir a las urnas y la mayoría debe decidir revocar al mandatario que ha sido crítico del proceso de recolección de firmas.

Daniel Quintero aseguró que comité revocatorio no alcanzó las firmas necesarias para continuar con proceso de destitución

En un episodio más entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el comité de ciudadanos que buscan su revocatoria, el primero afirmó que las firmas obtenidas por dicho comité no son, en su mayoría, de Medellín.

El mandatario, quien cuenta con una copia de las firmas de los ciudadanos que se inscribieron para revocar su mandato, aseguró que los organizadores no alcanzaron los apoyos necesarios para continuar con dicho proceso.

Además, insistió, en que hubo un proceso sistemático de falsificación y uniprocedencias en la recolección de las firmas necesarias, un 30 % de la votación alcanzado o su equivalente a 92.000, entregadas a la Registraduría.

Para Quintero, es claro que, “el comité revocatorio no logró los apoyos necesarios” en la búsqueda por terminar anticipadamente su mandato.

Lo anterior, motivó al alcalde de Medellín a informar que procederá con la sistematización de las pruebas para entregarlas a las autoridades electoralescompetentes y ante la Fiscalía General de la Nación dentro de los cinco días siguientes al informe que sobre el caso presente la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El pronunciamiento de Daniel Quintero fue realizado desde su cuenta de Twitter el pasado 22 de diciembre. Esto escribió el alcalde de Medellín:

Después de revisar las firmas de la revocatoria podemos afirmar que el comité revocatorio no logró los apoyos necesarios. En cambio sí, existió un proceso sistemático de falsificación, uniprocedencias y más del 60% de los ciudadanos reales ni siquiera eran de Medellín.

24 de Diciembre de 2021

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¿Quién ganó, quién perdió y qué se jugó en las elecciones argentinas?

Aunque la coalición peronista Frente de Todos logró mejorar su performance electoral respecto de las primarias, fue derrotada ampliamente por el frente opositor Juntos por el Cambio. Emergen nuevos actores a la izquierda y a la derecha del escenario político. Aunque con algo de aire adicional, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tiene menos margen para la inconsistencia. 

El peronista Frnte de Todos sufrió este domingo una derrota por nueve puntos porcentuales frente a la alianza conservadora Juntos por el Cambio en las elecciones de medio término en Argentina. Con 42% de los votos nacionales en la categoría de diputados frente a 33,6% del oficialismo, la coalición fundada por el ex-presidente Mauricio Macri volvió a cosechar una ventaja abismal en Córdoba —tercera provincia en cantidad de electores— y ratificó amplios triunfos en Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires; todos ellos, entre los distritos más habitados del país. 

El resultado determina que la bancada de senadores del oficialismo se reducirá de 41 a 35 asientos, dos menos de los necesarios para tener la mayoría absoluta del cuerpo de 72, ya que el Frente de Todos perdió en seis de las ocho provincias que renovaron bancas. Desde diciembre, el oficialismo deberá negociar mayorías en la Cámara Alta con representantes de partidos provinciales, fuerzas en general pragmáticas, accesibles para quien ocupa la Casa Rosada.

A la espera del recuento final, el reparto de bancas en la Cámara de Diputados no tendrá variaciones sustanciales. El Frente de Todos no tenía mayoría absoluta en la Cámara Baja y ahora quedará levemente por encima del principal bloque opositor. Otros datos salientes de la jornada fueron que la derecha extrema, que en el país se denomina «liberal-libertaria», logró notables resultados y diputados por la ciudad y la provincia de Buenos Aires, mientras que el trotskista Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) sumó representantes en esos mismos distritos y en la norteña Jujuy, en un apreciable avance nacional.

A simple vista, la caída del frente que conducen Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se percibe categórica, a tan solo dos años de su contundente victoria en la primera vuelta presidencial de 2019. Entonces, Macri dejaba la Casa Rosada con un balance signado por el aumento de la pobreza y la desigualdad, una deuda externa tomada en tiempo récord que amenazaba con volverse una lápida y el enseñoreamiento en el seno del Estado de prácticas institucionales intoxicadas (espionaje ilegal, persecuciones judiciales). Los peronistas se habían entusiasmado con la posibilidad de dar vuelta la página del neoliberalismo por largo rato, pero mucho antes de lo previsto un proyecto de ese cuño se puso nuevamente en carrera.

Sin embargo, los rostros del comando del frente peronista de centroizquierda montado en el barrio de Chacarita de Buenos Aires parecían, si no de festejo, al menos de alivio. Al presidente se le escapó la palabra «triunfo» cuando se dirigió a sus partidarios en la noche electoral. Ese lapsus de Fernández dialogaba con miradas en las instalaciones sobre la costanera de la capital argentina elegidas por Juntos por el Cambio. Aunque dirigentes y candidatos claves de esa alianza liderada por el conservador Propuesta Republicana (PRO) y la tradicional Unión Cívica Radical (UCR) tenían motivos para festejar, a algunos la victoria les dejó un sabor amargo.

La razón que explica por qué unos parecían celebrar una derrota y otros tramitaban con decepción una victoria se encuentra en el contraste con las primarias del 12 de septiembre, cuando el peronismo unido se topó con el peor resultado de su historia. El mapa de hace dos meses ratificó el dominio de la centroderecha en el eje central del país, de los Andes al Río de la Plata, que incluye la región más habitada y de mayor capacidad productiva, pero también mostró debacles de hasta 30 puntos porcentuales para el Frente de Todos en uno de sus bastiones, la Patagonia, y retrocesos en provincias del norte. El macrismo había recuperado en las primarias la provincia de Buenos Aires, que alberga por sí sola 37% de los votantes habilitados.

Ante ese vuelco, líderes políticos, analistas y la prensa afín a Juntos por el Cambio —muy mayoritaria— se precipitaron a decretar el final del kirchnerismo y, en particular, de Cristina Fernández de Kirchner, en línea con pronósticos por el estilo barajados en media docena de oportunidades en los pasados 15 años. Las evaluaciones habían dado por terminadas ciertas seguridades de la política argentina, entre ellas, la adhesión al peronismo de una parte significativa de los sectores populares. Alberto Fernández fue descripto en la prensa como un dirigente acabado, desprovisto de luces y de poder de mando, que solo por inercia podría completar sus últimos dos años de mandato presidencial.

Lecturas del escrutinio

El mapa de este domingo habilitó interpretaciones distantes de las prenunciadas. El Frente de Todos logró revertir las derrotas de septiembre en dos provincias (Chaco, en el noreste, y Tierra del Fuego, extremo sur), sumó votos en general y redujo a poco más de un punto el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires, casi un «empate». Quedó configurada una distribución electoral algo más reconocible para la tradición reciente: el eje central agroindustrial del país para Juntos por el Cambio, el norte con dominio del Frente de Todos, la Patagonia variopinta y la provincia de Buenos Aires, en paridad.

Entre los líderes de Juntos por el Cambio que quedaron algo descolocados por los resultados se encuentra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Estratega electoral y orfebre de su propia candidatura presidencial para 2023, Rodríguez Larreta usó un lápiz preciso para relegar en las listas a referentes de los dos principales «halcones» de su propia coalición: Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Con amabilidad, les mostró la puerta de salida a su ex-jefe y a la ex-ministra se Seguridad.

La candidatura presidencial de Rodríguez Larreta parecía un trámite, al amparo de una preferencia indisimulable del establishment. Aunque con un muy buen resultado, las legislativas dejaron a la lista encabezada por María Eugenia Vidal en la capital argentina, bastión de Juntos, por debajo de las expectativas (obtener 50%), mientras que el virtual empate en provincia de Buenos Aires terminó por aguar la fiesta del alcalde de Buenos Aires.

Bullrich, en cambio, comprobó victorias nítidas de aliados en varias provincias que recelan de Rodriguez Larreta, quien procura mostrar un enfoque moderado del espacio macrista. La ex-ministra y Macri no muestran objeción alguna en ampliar la propuesta electoral hacia la derecha «libertaria»; pero esa vía, para el proyecto de apariencia «centrista» del alcalde porteño, sería un problema. Javier Milei, la estrella libertaria, considera a Rodríguez Larreta un «zurdo» y hasta «comunista», y no dudó en insultarlo durante la campaña.

El resultado general, no obstante, es inequívoco: el gobierno perdió por amplio margen.

Una razón de primer orden, ineludible para el análisis, fue el trauma de la pandemia. El Ejecutivo no estuvo muchas veces a la altura de una respuesta coherente ante las urgencias. Se embarcó en una retórica grandilocuente hasta que la gastó y llevó a cabo aperturas y restricciones contradictorias e injustificadas. La falta de ejemplaridad en la conducta de funcionarios —empezando por el presidente, que incumplió protocolos y organizó un festejo ilegal del cumpleaños de su pareja en plena cuarentena— jugó un papel en el descrédito, mientras que la asistencia económica a las familias que perdieron su fuente de ingresos fue más bien limitada. La recesión desatada en 2018, la falta de dólares en el Banco Central y la imposibilidad de endeudamiento —porque el gobierno de Macri superó con creces los límites permitidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)— marcaron un techo para las ayudas. Las prioridades fijadas por el propio Fernández, que mantuvo y hasta expandió algunos de los privilegios forjados por su predecesor, hicieron el resto.

Más allá del coronavirus, una mirada sobre el comportamiento electoral en décadas recientes permite vislumbrar continuidades en el carácter cambiante de los liderazgos políticos argentinos.

El argumento de que el kirchnerismo no vence en una elección legislativa de medio término desde 2005 (perdió las de 2009 y 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández, y la de 2017, con Macri en la Presidencia) tuvo amplio recorrido en los prolegómenos de los comicios. Si se extiende la mirada, desde 1995 —cuando la pelea bipartidista entre el peronismo y el radicalismo quedó desbaratada por la irrupción de escisiones y terceras fuerzas— solo se registró una victoria consecutiva de un mismo signo entre las legislativas de 1997 y las presidenciales de 1999 (Alianza UCR-Frepaso), entre 2003 y 2005 (inicio de los años de Néstor Kirchner), y en 2015 y 2017, con Macri.

La secuencia da la pauta de la alta competitividad electoral entre los campos políticos que en este siglo se fueron configurando entre una centroizquierda y una centroderecha «a la argentina», y el corto plazo del crédito dado a propuestas capaces de perder un tercio de sus apoyos en el término de dos años. Para un segmento de la sociedad, el sufragio parece ser antes que nada un elemento de castigo, incluso a costa de premiar a quien había sido penalizado dos años antes.

Urgencias hacia 2023

En este sentido, precipitar la condena y la consagración de figuras políticas en función del resultado de una elección de medio término sería, una vez más, un error. El resultado de 2021 no dice demasiado sobre las presidenciales de 2023, por los antecedentes, pero más todavía por el marco de una pandemia que determinó un periodo singularísimo e irrepetible, que trastrocó las condiciones en que se percibieron, pensaron y debatieron los temas públicos y se ejerció el derecho a voto.

De por sí, la vida de hoy no es la de septiembre, cuando tuvieron lugar las primarias y los argentinos recién estaban empezando a asomarse a su vida «normal» tras año y medio de confinamiento y restricciones, gracias a la vacunación masiva y la baja de casos. En estos dos meses, todos los niños pudieron volver a clases y comenzaron a ser vacunados a gran escala, las reuniones familiares y sociales se volvieron frecuentes y la vida urbana fue dejando de lado protocolos y limitaciones. La disminución del agobio acaso haya sido uno de los motivos que generó un aumento de la participación electoral hasta 71,8% del padrón —todavía por debajo de los estándares históricos—, elemento clave de la morigeración de la derrota del kirchnerismo.

En los pasados dos meses, el gobierno implementó medidas de urgencia, algunas meramente ornamentales, para reparar en algo la frustración de muchos sectores que vieron incumplida la promesa de recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones perdido entre 2015 y 2019. Quedan por delante reformas de mucho mayor calado que requieren decisión y capacidad de gestión, dos aspectos en los que el presidente no se destacó hasta ahora.

Argentina enfrenta una realidad social crítica. Su economía vivió un serrucho de alzas y bajas que redundó en estancamiento entre 2011 y 2017, y de caída desde 2018. La debacle del PIB de 9,9% del primer año de la pandemia podría revertirse casi en su totalidad este año. Los números de la pobreza indican que, durante la gestión de Macri, el porcentaje pasó de 28% a 35%, y en el registro del primer semestre de 2021 llegó a 40,2% (no son números comparables con otros países de América Latina dado que varían los umbrales estadísticos).

Tras una baja consistente entre 2003 —a la salida del derrumbe del modelo de la convertibilidad y apertura económica— y 2013, la línea de pobreza es ascendente. Con recetas a veces antagónicas y otras similares, ni el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) ni el de Macri (2015-2019) acertaron a superar lastres recurrentes de la economía argentina. De allí que se entienda el agobio de ciudadanos sometidos a una dura realidad cotidiana que no puede modificar su propio esfuerzo frente a estructuras y gobiernos que no solo yerran el diagnóstico, sino que además demuestran una praxis precaria y micro y macrocontubernios a la hora de implementar políticas públicas.

Con necesidades sociales acuciantes, compromisos de pago con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 46.000 millones de dólares hasta diciembre de 2024 (esquema firmado por Macri en 2018) y dólares disponibles en el Banco Central para menos de 15% de esos compromisos, Fernández se dispone a transitar la segunda mitad de su mandato.

En 2019, el Frente de Todos prometió cambiar la tendencia y, pandemia mediante, no lo hizo. La recuperación que exhibe la economía argentina este año, que sería superior a 9%, duplica los pronósticos de hace un año del propio FMI, los bancos internacionales y la inmensa mayoría de los economistas argentinos que son consultados por los medios. El presidente conoce esa historia, porque cuando fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) se topó con predicciones que desacertaban año tras año. Con Macri en la Casa Rosada, esos mismos diagnosticadores también se equivocaban, pero en sentido inverso, al sobreestimar un crecimiento que terminó siendo caída.

La reversión del derrumbe de 2020 se proyectará hacia un crecimiento el año próximo, aunque, otra vez, hay disparidad de visiones sobre su magnitud. Sería el primer bienio de alza de la economía desde 2010-2011. La administración de buenas noticias podría mejorar el ánimo colectivo, en contraste con el primer año y medio del frente peronista de centroizquierda en la Casa Rosada, que consistió en un cúmulo de prohibiciones de circulación, paliativos insuficientes y explicaciones sobre el empeoramiento de las condiciones de vida.

Sin más espacio para la inconsistencia

La sustentabilidad del crecimiento está por verse. Por lo pronto, los Fernández se ven obligados a solucionar una característica esencial de su gobierno: la inconsistencia.

En el seno del Frente de Todos se suele presentar un debate que ubica a Alberto Fernández como continuador de la política de su predecesor. De hecho, la vicepresidenta lo dejó por escrito en una dura carta publicada tres días después de la derrota de las primarias. La oposición mayoritaria, en cambio, apunta la crítica a un intervencionismo que describe de mala calidad y poco racional, que logra lo contrario de lo que dice proponerse.

Un ejemplo de un dilema estéril que atasca al gobierno es el de las tarifas de servicios públicos. En la emergencia de su búsqueda de reelección, Macri congeló las tarifas de agua, luz y gas en 2019, tras haberlas aumentado en porcentajes de cuatro cifras durante los tres años previos. Las empresas de generación y distribución de gas y electricidad habían multiplicado los márgenes de ganancia en forma obscena a costa del bolsillo de las familias. Fernández, como era esperable, prorrogó el esquema no bien asumió.

Pero el Frente de Todos eternizó el congelamiento u otorgó aumentos módicos en un país con una inflación anual de 50%; en consecuencia, las tarifas de servicios quedaron reducidas a precios muy bajos incluso para las familias con alto poder adquisitivo: departamentos cotizados en los selectos barrios de Palermo o Recoleta de la ciudad de Buenos Aires pagan un quinto que sus similares de Pocitos en Montevideo, Las Condes en Santiago o el Jardim paulista.

Funcionarios «albertistas» y «cristinistas» se enzarzan en internas de largo aliento sobre si corresponde segmentar y aumentar tarifas, o si ello sería contraproducente en el contexto de la recuperación. Las empresas prestadoras, privatizadas en la década de 1990, encuentran motivos para no invertir y se deteriora el servicio.

Mientras tanto, la diferencia entre el costo «real» y el abono de las familias es afrontada por el Estado mediante subsidios, que crecieron al menos 113% en términos reales desde diciembre de 2019, según la consultora PxQ. Los subsidios cuestan 1,8% del PIB, más de la mitad del déficit primario previsto para 2022. Sin acceso al crédito, el Banco Central emite los pesos necesarios para mantener las tarifas congeladas, que redundan en inflación que a su vez termina erosionando el poder adquisitivo de los salarios.

El supuesto debate sobre las tarifas intracoalición oficialista mantiene intocable un aspecto crucial: el precio de la generación en plantas termoeléctricas y renovables. Parte de las empresas responsables de generar energía pertenecen o fueron creadas por quienes Fernández denunciaba en la campaña de 2019 como «los amigos de Macri», beneficiados por los contratos forjados por los ministros Juan José Aranguren (ex-ejecutivo de la petrolera Shell) y Javier Iguacel (ex-Pluspetrol). Con sus ingresos en dólares a prueba de crisis sociales y pandemias, los «amigos de Macri» participan de inauguraciones y de licitaciones por nuevos negocios, como si hoy fueran amigos de los Fernández (Alberto y Cristina).

La lista de inconsistencias del Frente de Todos podría extenderse a los espasmódicos cambios en políticas de seguridad, la gestión en educación o la decisión de elevar el piso de eximición del impuesto a la renta, que en Argentina pagan menos de 10% de los trabajadores.

En un discurso pronunciado en la noche del domingo, el mandatario argentino anticipó que en diciembre enviará al Congreso un plan con metas plurianuales que contendría las negociaciones acordadas con el FMI para reprogramar los pagos por 46.000 millones de dólares. Afirmó que el proyecto fue consensuado con la vicepresidenta y que no implicará más privaciones para una población sin margen para más penurias. Por ahora, se desconoce quién y cómo pagará la cuenta.

Sobrevivir a los medios

Un capítulo aparte merece la política de comunicación y el abordaje de los medios. El actual presidente dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando el kirchnerismo y el Grupo Clarín acababan de romper los puentes. Ya con Fernández afuera, el Ejecutivo de entonces logró aprobar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con principios regulatorios favorables a la diversidad informativa como los vigentes en países como Alemania o Canadá. La ley aprobada en 2009 quedó atenazada entre el poder de lobby de Clarín en los tribunales, que postergó la aplicación durante cuatro años, y la implementación arbitraria por parte del gobierno de Fernández de Kirchner. Cuando asumió la Presidencia, en diciembre de 2015, Macri se tomó menos de tres semanas para desmontar los aspectos centrales de la ley mediante un decreto y resoluciones administrativas.

Antes, durante y después del debate sobre la ley de medios, Alberto Fernández se manifestó contrario a la regulación de políticas de comunicación. Es un político propenso a negociar tensiones y ello quedó comprobado en su vínculo con Clarín durante su paso por la Jefatura de Gabinete, entre 2003 y 2008. Puesto de candidato presidencial, repitió aquel abordaje con algunas precarias definiciones sobre libertad de expresión y el papel de los medios públicos, y desconocimiento cabal de la legislación internacional.

Con el Grupo Clarín consolidado como un actor primordial de las telecomunicaciones y el avance de los gigantes globales y las redes en el territorio comunicacional, el debate hoy es más complejo y empinado que hace diez años.

El presidente parece haber tomado de su propia medicina. No abundan ejemplos en países democráticos ni en la historia argentina desde el fin de la dictadura en que los medios de mayor difusión muestren una preferencia tan marcada por un sector político. Las vertientes de Juntos por el Cambio se ven eximidas de abordar aspectos críticos. Por el contrario, las multipantallas de los grupos Clarín y La Nación, y, en general, las web, radios, diarios y canales de televisión con más audiencia actúan como explicadores, anestesistas o enterradores de los temas que pueden afectar a las principales figuras de Juntos por el Cambio, sean Macri, Bullrich o Rodríguez Larreta.

La alquimia mediática permite que las consecuencias de la deuda en dólares con el exterior contraída por Macri, quien quebró el récord de emisión de bonos internacionales para mercados emergentes en 2016 y 2017, y contrajo el mayor préstamo en la historia del FMI en 2018, sean corridas de la escena. Incluso es puesto en debate si fue Cristina o es Alberto el principal impulsor de la deuda argentina.

El partidismo mediático adquiere posturas extremistas que dejan en segundo plano a los sectores moderados de Juntos por el Cambio. Así, por esas pantallas circulan insultos a los referentes del gobierno proferidos por opositores y presentadores de canales de noticias.

El presidente y la vicepresidenta suelen ser mencionados en términos delictivos, y ello tiene un correlato en la simpatía con que son tratadas las figuras emergentes de la alt right. Los libertarios José Luis Espert y Javier Milei, algún artista y hasta algún periodista tienen vía libre para verter amenazas de golpizas, reivindicación de asesinatos contra delincuentes y proclamas negacionistas poco solapadas sobre el terrorismo de Estado y la pandemia.

Allí radica una diferencia. En la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos, los medios del mainstream, incluidos muchas veces los conservadores, levantaron alertas contra la irrupción de la rebeldía de ultraderecha, en sus diferentes versiones. En Brasil, Folha de S. Paulo y el Grupo Globo pasaron de la desconfianza a la oposición a Jair Bolsonaro. En Argentina, Milei es descripto por los medios dominantes como un rebelde pintoresco que expresa el sentido común ante los abusos de los políticos tradicionales.

Tal escenario debería llevar a Alberto Fernández a emprender políticas que garanticen la libertad de expresión y la diversidad, y que administren con mirada en el derecho a la información la modificación del ecosistema de la comunicación que llevan a cabo sin pedir permiso las oligopólicas plataformas digitales.

En la democracia argentina no hay espacio para la censura directa de contenidos, de modo que ese riesgo en nombre de medidas intervencionistas parece aventado. A su vez, la experiencia de Néstor y Cristina Kirchner demostró el vuelo corto del manejo partidista de los medios estatales y la conformación de multimedios oficialistas con fondos o favores públicos con el fin de rivalizar con los opositores, aunque esa parece ser la vertiente a baja escala por la que optó el actual presidente.

La agitación del debate sobre la pandemia (las restricciones de circulación hicieron proliferar denuncias sobre características dictatoriales, nazis y estalinistas del Frente de Todos) dejó expuesto el riesgo de un campo mediático tan desnivelado, pero el gobierno ni siquiera atina a un sistema de comunicación oficial que aclare las reales posturas del presidente y sus funcionarios ante tergiversaciones de la agenda. Por el contrario, hasta las primarias, prevaleció un abordaje frívolo y arbitrario de la comunicación pública, que proveía de respuestas extemporáneas y mal enunciadas ante chispazos con la prensa.

Para los argentinos, la implementación de políticas eficientes de comunicación se presenta como una necesidad para mejorar la democracia. Para los Fernández, es una cuestión de supervivencia. 

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Según el historiador Niall Ferguson, en caso de que Kamala Harris fuera candidata a la presidencia en 2024 –cuando Joe Biden tendría 82 años– sería fácilmente derrotada por Trump, que tendría 78 años. En la imagen de ayer en la Sala del Comedor del Estado de la Casa Blanca, el presidente estadunidense habla sobre la ley de infraestructura. Foto Ap

En vísperas de la elección de Virginia, comenté: "Quizá el verdadero mapa de ruta y cronograma del COP26 se decida en la elección crucial a gobernador de Virginia; no en Glasgow ni en Roma" (https://bit.ly/2ZXEC7L). Fue precisamente lo que sucedió con la debacle tectónica de Biden/Kamala Harris(KH), los Clinton y Soros (https://bit.ly/3EPqEDA).

La óptima autocrítica del Partido Demócrata proviene del connotado estratega electoral James Carville, quien encumbró a Bill Clinton e inculpó al "estúpido wokenismo" del desastre: "No vean sólo a Virginia y Nueva Jersey. Vean Long Island, Buffalo, vean Mineápolis, vean aún más a Seattle, Washington. Me refiero a la insanidad de desfondar a la policía, quitar el nombre de Abraham Lincoln de las escuelas, la gente ve eso. Y realmente tiene un efecto supresivo contra los demócratas en todo el país. Algunas de estas personas necesitan ir a un centro para desintoxicarse (sic) del wokenismo. Necesitamos cambiar esto y no estar cambiando diccionarios y leyes" (https://fxn.ws/3wiYRbI).

Vale la pena sopesar el punto de vista del historiador financiero (sic) Niall Ferguson (NF) sobre el probable retorno del trumpismo en 2022, con su recuperación de la Cámara de Representantes y del Senado, así como con la presidencia en 2024 (Daily Mail, 5/11/21).

NF –autor del panegírico libro La Casa de los Rothschild (https://amzn.to/3k8dSrZ), quien se define sin rubor como "miembro plenamente pagado (sic) por la mafia imperialista" (https://bit.ly/3qeGyn2)– suele ser muy errático en su prospectiva debido a su proselitista y solipsista sesgo propagandístico carente de antítesis dialéctica.

NF tolera en forma piadosa a Biden –para nada un "presidente transformador"– cuando debió ser el candidato en lugar de Hillary Clinton, y no cuatro años después, mientras despedaza a la malhadada KH, cuya única gracia –si la tuviera, ya que ha fracasado en todos los temas que le han sido encomendados: desde la migración, pasando por su fallida gira en el sudeste asiático hasta su "apoyo" al perdedor gobernador saliente de Virginia Terry McAuliffe(TM)– fue haber sido una "cercana amiga" de Beau, el hijo de Biden, "que murió de cáncer en 2015".

NF es muy severo contra KH, hoy de 57 años, quien en caso de ser la candidata a la presidencia del Partido Demócrata en 2024 –cuando Biden tendría 82 años–, sería fácilmente derrotada por Trump, que tendría 78 años.

La derrota del gobernador banquero TM de Virginia –donde pesó intensamente el tema de la educación y el papel de los padres–, conspicuo operador de los Clinton, no es menor, ya que representa(ba) a uno de los principales controladores de la maquinaria electoral y financiera del Partido Demócrata.

Según NF, el triunfador gobernador de Virginia, Glenn Youngkin(GY) –banquero del Grupo Carlyle, cercano al nepotismo dinástico de los Bush–, "movilizó la base rural de Trump y ganó a muchos moderados suburbanos, en especial a las mujeres(sic) blancas que habían votado por Biden hace un año".

Le faltó a NF señalar el crucial voto "latino" que se volcó por GY y por su primer fiscal estatal Jason Miyares, además de un importante sector afro que votó por la ex marine (también casada con un marine) la hoy vicegobernadora afrojamaiquina Winsome Sears, favorable al porte de armas ligeras y apologista del "sueño estadunidense" –en contraste con la mayoría afro que enarbola el wokenismo–. También le faltó a NF señalar el voto de los "independientes" a favor de GY.

Señales del mundo posVirginia: la "bipartidista"(sic) Enmienda de Infraestructura, despedazada por el exagerado financierismo, fue aprobada gracias a 13 votos republicanos, pese a la férrea oposición de las seis "progresistas" del SQUAD, las grandes perdedoras del 3 de noviembre.

El peor error que cometió KH, íntima de los Clinton (Bill y Hillary), del que se arrepentirá toda su vida, fue haber definido estratégicamente que la elección en Virginia representa(ba) la ruta triunfal a las elecciones de 2022 y 2024 (https://politi.co/3D4RSG1). El 3 de noviembre Estados Unidos giró al "centro-derecha".

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Viernes, 29 Octubre 2021 05:34

Las dos izquierdas latinoamericanas

Fuentes: Jacobin [Foto vía CELAG]

La izquierda latinoamericana debe dar respuesta a la emergencia climática tanto como a la necesidad de estructurar un proyecto de desarrollo distributivo y de integración.

En un artículo publicado en 2006 que llegó a ser bastante influyente, Jorge Castañeda buscó trazar una línea divisoria entre los distintos gobiernos de cuño progresista de la región que por esa época protagonizaban el «ciclo progresista» u «ola rosa». Castañeda distinguía entre dos izquierdas: una correcta, de carácter moderno, reformista, global y de mente abierta, y otra incorrecta, de tradición populista, radical, nacionalista, de mente cerrada y de acciones estridentes. 

De aquel momento al presente, esa distinción parece estar medianamente superada, no solo por la capacidad que tuvieron las candidaturas de derecha de arrebatarle primeras magistraturas a ambos tipos de izquierda —afectando una de las principales características del ciclo: la capacidad de reelegirse y mantenerse en el poder— sino, sobre todo, por el fracaso de una de las principales referencias del ideal de «izquierda correcta» en el análisis de Castañeda. La Concertación de Partidos por la Democracia de Chile entró en una crisis terminal que acabó por entregarle dos veces el gobierno al derechista Sebastián Piñera, a pesar de sus intentos por incorporar elementos más propios de lo que —para Castañeda— sería la «incorrección política», en un esfuerzo por responder al creciente malestar de la población con las consecuencias sociales y económicas de un neoliberalismo avanzado y extremo.

Hoy resultaría difícil sostener que un proyecto político que no asuma un horizonte claro de superación del neoliberalismo pueda ser considerado de izquierda. La Revuelta Popular del 18 de octubre de 2019 en Chile pareció ponerle una pala de sal al modelo que se consideró ejemplar para la región: la vía chilena al neoliberalismo. A pesar de la promesa de los movilizados de que Chile sería «la cuna del neoliberalismo, pero también su tumba», la superación de este paradigma, aunque unifica diferentes vertientes de la izquierda latinoamericana, aún presenta nudos críticos que dificultan su traducción a un modelo alternativo. La izquierda en la región enfrenta una nueva tensión que la divide.

¿Vivir bien?

En 2011, una serie de artículos publicados por Pablo Stefanoni que retrataban lo que irónicamente denominó como el embate entre «pachamámicos» versus lo que sus detractores tacharon de «modérnicos», dejaron en evidencia una de las principales contradicciones del proceso boliviano. A saber, la pugna en el campo de la izquierda local (pero extensible a la región) de dos tendencias: una vertiente neodesarrollista y extractivista, asociada al gobierno de Evo Morales, y otra identitario-ambientalista, asociada al movimiento indígena y a buena parte de la intelectualidad que terminó rompiendo con el MAS.

Para Stefanoni, el «pachamamismo», munido de una pose de autenticidad ancestral, más parecería una filosofía próxima a un «indigenismo new age» que, entre otras cosas, elude los problemas políticos del ejercicio del poder y del Estado, así como las discusiones en torno a un nuevo modelo de desarrollo que logre superar el extractivismo y la reprimarización. En sus palabras, en lugar de discutir cómo combinar las expectativas de desarrollo con un eco-ambientalismo inteligente, el discurso pachamámico nos ofrece una catarata de palabras en aymara, pronunciadas con tono enigmático, y una cándida lectura de la crisis del capitalismo y de la civilización occidental.

Los momentos constituyentes que acompañaron la instalación de los gobiernos de Bolivia y Ecuador se identifican con un proceso de coincidencia estratégica entre estas posiciones que hoy se han vuelto cada vez más antagónicas. Las cartas magnas fueron extremamente innovadoras al incluir, entre otras cosas, la perspectiva andina del «buen vivir» (suma qamaña en aymara y allin kawsay o sumak kawsay en quechua), o sea, la promoción de un bienestar holístico cuya base es la armonía con la naturaleza y con la comunidad. 

Sin embargo, tal como lo resume Andreu Viola, por más positivo que sea el cambio de actitud hacia valores y estilos de vida no occidentales que la reivindicación de este término implica, el mismo no deja de ser una tradición que no ha logrado precisarse de un modo más concreto, quedando ambiguamente plasmada en las Constituciones. Más aún: el «buen vivir» no ha conseguido reflejarse en los planes económicos de esos gobiernos progresistas, que mantuvieron las visiones economicistas y tecnocráticas del desarrollo. 

Así las cosas, el problema radica, por un lado, en la idealización del mundo rural andino y, por otro, en la discordancia de estos ideales con las políticas macroeconómicas impulsadas por esos gobiernos.

La izquierda del «buen vivir» ha contribuido a poner de relieve en las agendas de la región la urgente necesidad de la protección del medio ambiente, reivindicando las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas como un modelo alternativo a las lógicas depredadoras del capitalismo neoliberal. Según el antropólogo colombiano Arturo Escobar, es un tipo de pensamiento posdesarrollista que se construye «desde abajo, por la izquierda y con la tierra». Sin duda, este movimiento intelectual ha entregado poderosas herramientas conceptuales para la reemergencia de grupos indígenas y de comunidades ambientalistas que resisten ante la expansión extractivista latinoamericana. Pero ha descuidado los debates sobre un modo de producción alternativo que genere condiciones de bienestar material para la población.

Si bien, como ha procurado mostrar Álvaro García Linera, en el comunitarismo andino no solo hay expresiones precapitalistas sino también anticapitalistas —que pueden ser la base de una reorganización económica—, estas experiencias no son suficientes para responder a la pregunta de con qué reemplazar el actual modelo de (sub)desarrollo en la región.

Desarrollismo sin desarrollo

Lo paradojal es que la perspectiva desarrollista, que pone en el centro de sus preocupaciones y prácticas la cuestión económica, tampoco parece tener una respuesta consistente a este desafío. Tal como lo ha retratado Maristella Svampa en sus estudios críticos sobre el periodo político reciente en América Latina, la ola rosa, aunque asociada a una expansión de la frontera de derechos sociales, también estuvo ligada a una ampliación de las fronteras del capital, particularmente en territorios indígenas. 

El ciclo posneoliberal se sostuvo gracias al auge de los precios de los commodities, reemplazando el consenso de Whashington por uno que mantiene un crecimiento basado en la exportación de materias primas, proceso que la autora denomina «Consenso de los Commodities», es decir el ingreso a un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.

Este modelo extractivo-exportador, afirmado principalmente en megaproyectos invasivos, ha tenido como resultado una fuerte ambientalización de las luchas sociales y ha consolidado una nueva racionalidad ambiental posdesarrollista, aumentando la brecha entre estas dos izquierdas. Por otra parte, aunque el ciclo progresista habría estimulado un «regionalismo latinoamericano desafiante», según Svampa, también ha inaugurado nuevas formas de dependencia, a partir del intercambio asimétrico con China, nuestro principal socio comercial en la región, en tanto comprador de materias primas.

Aunque la ola rosa se afirmó desde un horizonte posneoliberal, parece no haber alterado uno de los pilares de las lógicas neoliberales: el aprovechamiento de las ventajas comparativas de los países emergentes, que no es otra cosa sino la renuncia a una opción industrial en favor de la explotación de materias primas.

En efecto, todo modelo de desarrollo supone un modo de acumulación, regulación y distribución. En el caso del neoliberalismo, la acumulación se basa en las ventajas comparativas y en una fuerte financierización económica; al mismo tiempo promueve una fuerte (des)regulación económica, basada en la retracción estatal; y finalmente, distribuye mediante la creencia en el derrame económico y en la intervención focalizada de la pobreza extrema. En América Latina, el extractivismo y la reprimarización parecen ser una constante tanto en gobiernos neoliberales como en aquellos que se supone aspiran a superarlo; aunque han promovido un resurgimiento de las capacidades estatales para intervenir y regular la economía, sobre todo a través de la nacionalización de los recursos estratégicos. Finalmente, los gobiernos progresistas han estado lejos de implementar políticas sociales universales que consoliden derechos; han optado por lógicas focalizadas de transferencia de renta, en la medida que los altos precios de los commodities lo han permitido. Con todos los avances y contradicciones político-sociales de los gobiernos progresistas, estos no innovaron en cómo dejar atrás el neoliberalismo.

Aunque se le acusa a estos gobiernos de neodesarrollistas —en alusión, sobre todo, al pensamiento cepalino del siglo XX—, del balance de este ciclo no podemos desprender nada equivalente a un proyecto como el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, tal como ha mostrado, entre otros, el sociólogo José Maurício Domingues. Sin duda, la industrialización sigue siendo un término clave para el futuro. La cuestión pasa por cómo lidiamos con el hecho de que se puede incrementar la presencia industrial en el continente sin modificar la posición subordinada de nuestras economías en la división internacional de trabajo. El cruce de fronteras de las maquiladoras estadounidenses a México en busca de mejores condiciones de extracción de plusvalía, industrializa, pero al mismo tiempo subordina. 

Tal como señalaba la economista Alice Amsden, el desafío de los países periféricos es pasar de una estrategia «compradora» de tecnología, como en el caso de las maquiladoras, a una sustentada en la «producción» de tecnología. Para eso es indispensable que el Estado asuma un rol de ser «conducto y conductor» de ese desarrollo, pues otros actores económicos difícilmente romperán con la comodidad de un rentismo poco inclinado a la inversión estratégica y acostumbrada a amplios márgenes de ganancia, basados en la renta de la tierra y en la superexplotación del trabajo —precario— latinoamericano. Al mismo tiempo, ese desarrollo debe considerar los límites plantarios y la necesidad de un nuevo pacto socioecológico que contribuya a revertir la crítica situación climática y ambiental que han hecho más patente la advertencia de Jameson de que «es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo».

Construir futuro

La izquierda latinoamericana difícilmente será alternativa de futuro si no es capaz de responder tanto a la emergencia climática como a la necesidad de estructurar un proyecto de desarrollo que permita distribuir riqueza e integrar a los ciudadanos excluidos de la región al consumo y a estándares materialmente más elevados de vida. ¿Pero, es posible? ¿Acaso la superación de la pobreza y el aumento de la capacidad de consumo no van de la mano con un incremento de los factores que empeoran la crisis climática? 

La respuesta no es fácil. Pero el actual estado de cosas nos obliga a pensar ordenamientos económicos más racionales para aminorar nuestro impacto en el medioambiente y para reducir la desigualdad económica que campea en la región. El capitalismo neoliberal se caracteriza por destruir las principales fuentes de producción de la riqueza: la naturaleza y el trabajo. La izquierda latinoamericana tiene la misión de superar su actual contradicción y contribuir a hacer más fácil pensar el fin de ese capitalismo que nos tiene al borde del fin del mundo. 

Por Alexis Cortés | 29/10/2021

[*] El autor agradece al Proyecto FONDECYT 1200841, marco en el cual se ha desarrollado esta reflexión.

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Sábado, 23 Octubre 2021 07:15

Viejos fantasmas

Viejos fantasmas

Los términos izquierda y derecha nunca han sido tan confusos como hoy en América Latina, pero sobre todo tropezamos con valladares de entendimiento cuando nos referimos a la izquierda, que padece de un síndrome de identidad.

Hay una izquierda conservadora metida en el túnel del tiempo que no puede orientarse hacia la salida del siglo XXI porque tiene enfrente de los ojos la enorme piedra filosofal de la añoranza soviética. El partido, duro y monolítico, que guía a las masas hacia un futuro sin mácula, y está la otra, de los viejos guerrilleros ideológicos que ven en la lucha armada un ideal que saben desgastado, pero para el que no encuentran sustituto.

Los acuerdos de paz conseguidos en Colombia bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, significaron la renuncia a las armas de las FARC, el más viejo de los movimientos guerrilleros de América Latina, ya cuando la lucha armada como método de toma del poder había perdido todo prestigio.

Antes, los acuerdos de paz de Esquipulas, conseguidos bajo el plan impulsado por el presidente Arias de Costa Rica, terminaron con las guerras de la década de los 80 del siglo pasado en Centroamérica: la que se libraba en Nicaragua entre el régimen de guerrilleros sandinistas en el poder respaldados por la Unión Soviética, y los contras financiados por Estados Unidos, y las guerrillas del FMLN en El Salvador, y la URNG en Guatemala, cuyos dirigentes pasaron a la vida política civil.

Pero lo que se dio entonces fue una situación de orfandad. Estos procesos de paz de antes del fin del siglo coincidían con la caída del Muro de Berlín. La década de los 90 fue de agonía para la izquierda ortodoxa, que nunca estuvo dispuesta a hacer concesiones, porque sus ideas fundamentales quedaron desmanteladas: el partido único o hegemónico en control del Estado; éste como empresario único; y la democracia proletaria, contraria a la democracia burguesa.

Para quienes se negaron a aceptar que aquel mundo, en parte irreal y en parte real –se habló mucho entonces del socialismo real a la hora del derrumbe– había dejado de existir, todo se quedó en una nostalgia viciosa. No vieron, y muchos aún no lo ven desde esa estricta ortodoxia, que la única salida para la izquierda es hacerse parte del sistema democrático sin apellidos, que empiezan por competir por el poder en elecciones, y aceptar que a través de los procesos electorales se gana o se pierde.

Pero entonces, antes de empezar el nuevo siglo, el desgaste del sistema democrático en Venezuela, que perdió credibilidad por falta de renovación, le abrió las puertas al fenómeno populista de Chávez, algo que no era nuevo en América Latina –basta recordar a Perón y a Getulio Vargas–, pero que venía insuflado de un nuevo espíritu mesiánico y redentor, y volvió a poner de moda el lenguaje anquilosado de la izquierda tradicional.

Es cuando se crean las mayores confusiones acerca de la izquierda, porque detrás del populismo de Chávez, con sus petrodólares benefactores, un viejo ortodoxo como Ortega aparece también como populista en Nicaragua, porque puede disponer de los cerca de 5 mil millones de dólares que le llegan desde Venezuela a lo largo de varios años, y populista es también Evo Morales en Bolivia. Todos, junto con la Cuba de Fidel Castro, que sin la munificencia de Chávez no hubiera sido capaz de sobrevivir.

El populismo de izquierda que desangra a Venezuela. Pero entrado el siglo XXI, el populismo pasa a ser también de derecha, un populismo cerrado ideológicamente, el que Trump alienta en Bolsonaro, sectario, intransigente, demagógico. Pero también Maduro, el heredero de Chávez, es un demagogo que erige su discurso altisonante sobre las ruinas de una nación empobrecida al extremo por la corrupción y el dispendio.

Y un dirigente político de la vieja guardia de izquierda, como Cerrón en Perú, hasta hace poco seguro en su papel de poder detrás del trono del profesor Castillo, exhibe un discurso homofóbico y misógino, un conservador de izquierda, que se toca con el de Bolsonaro. Y en el mismo saco, las leyes de Ortega que castigan a quienes él juzga que atentan contra la soberanía nacional, son leyes como las de Putin, pero también como las de Mussolini.

Los grandes polos políticos en América Latina continuarán siendo los partidos de izquierda y de derecha dispuestos a aceptar la alternancia como la regla fundamental del juego. Una izquierda o una derecha tramposas, que al llegar al poder por la vía electoral asuman el designio de quedarse para siempre, concentrando todo el poder a cualquier costo, son la negación misma de la democracia, y lo único que hacen es crear nuevos ciclos de violencia.

El caudillo, sea de izquierda o sea de derecha, es un viejo fantasma que hace sonar sus cadenas de fanatismo, sectarismo, y represión de las ideas y de la libre expresión del pensamiento.

Una obsolescencia de nuestra historia, que conspira contra toda posibilidad de modernidad.

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Viernes, 22 Octubre 2021 06:20

La Constituyente, de rodillas

La Constituyente, de rodillas

La declaración de los estados de excepción en Chile y Ecuador es la mejor muestra del fracaso de las mal llamadas democracias. En Ecuador sucede luego de que los Papeles de Pandora revelaron que el presidente Guillermo Lasso tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales y blinda a militares y policías de cualquier juicio por sus actuaciones.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera envía soldados, tanques y helicópteros de guerra a territorio mapuche, para frenar la recuperación de tierras del movimiento. Este hecho se produce mientras la Convención Constituyente sesiona para redactar un texto que supere la carta heredada del régimen de Pinochet.

Lo más objetable es que la mayoría de izquierda de la Constituyente, los movimientos sociales que la integran y el sector de los pueblos originarios que decidieron participar, apenas han hecho declaraciones sin tomar ninguna medida enérgica contra el estado de excepción.

Meses atrás dije que la Constituyente sería la tumba de los movimientos (https://bit.ly/3C0mHuT). Estaba equivocado. En realidad, la lucha popular está mostrando los límites del proceso iniciado en noviembre de 2019 para desviar la lucha callejera hacia las instituciones.

El 12 de octubre, la Comunidad Autónoma de Temucuicui difundió un comunicado donde nombra la realidad en los términos más claros. “Es la demostración objetiva del fracaso de la Convención Constitucional y los escaños reservados, donde la lucha histórica del pueblo mapuche ha sido relativizada y reducida a una abstracción de "pueblos"; ahora en plena discusión y proclamación del Estado plurinacional se ha declarado oficialmente la militarización y la continuación del genocidio del cual el pueblo mapuche ha sido víctima de manera histórica” (https://bit.ly/3mVgTw8).

En un comunicado del 16 de octubre, la Coordinadora Arauco Malleco reafirma su línea histórica de "recuperaciones con base en el control territorial y la transformación de estos lugares, recuperando espacios vitales para la vida mapuche" (https://bit.ly/3jl8eT0).

El texto, firmado por decenas de comunidades, agrega que "el enemigo es el gran capital-extractivista inserto en nuestros territorios y no iglesias, ni el campesinado común", y considera que "la militarización impuesta por este gobierno fascista responde al avance sustantivo del proceso de recuperación político y territoriales".

En los hechos, la declaración del estado de excepción pretende frenar la recuperación de tierras que se viene multiplicando en los dos últimos años. De hecho, en los primeros meses de 2021 se ocuparon cinco veces más fundos que el año anterior y la movilización del pueblo mapuche no hace más que intensificarse.

Se pueden sacar algunas conclusiones de esta deriva del Estado de Chile, de la parálisis de la Constituyente y de la persistencia de las comunidades autónomas.

La primera es que el gobierno de Sebastián Piñera y el Estado no encuentran más recursos que repetir y profundizar la militarización para resolver un conflicto histórico. A mediano y largo plazo, no conseguirán sus objetivos, como viene sucediendo cada vez que reprimen. Todo lo contrario, conseguirán más apoyo y solidaridad con el pueblo-nación mapuche.

La segunda consiste en el fracaso de la Convención Constituyente. Por un lado, está siendo paralizada por la derecha y la extrema derecha que buscan su fracaso. Pero, sobre todo, por la debilidad de las y los constituyentes que responden a la izquierda y a los movimientos sociales, que no atinan a tomar medidas drásticas, por lo menos tan radicales como la decisión del gobierno de enviar al ejército a territorio mapuche.

Piñera siguió la onda de los camioneros que paralizaron la circulación en el sur, exigiendo medidas ante el avance del sabotaje mapuche al transporte. Un gremio ultraderechista, que vive del despojo del territorio por el modelo extractivo de grandes plantaciones de pinos para la exportación.

Pero el fracaso de la convención es, también, la derrota de la gran maniobra para conducir la lucha de calles al redil de las instituciones, empeño en el que destacó Gabril Boric, el candidato de la izquierda a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre. En rigor, Boric traicionó la lucha de millones de personas contra el modelo pospinochetista, ya que firmó un Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución sin consultar ni siquiera a su propio partido.

La tercera conclusión, es la fundamental: como demuestra la amplia movilización del 18 de octubre, en el segundo aniversario de la revuelta, amplios sectores de la juventud chilena están retomando el camino de la calle para expresar su rechazo al neoliberalismo militarista chileno. Hubo dos muertos, pero Boric "condenó tajantemente los destrozos, saqueos y enfrentamientos" (https://bit.ly/3G1gT6L).

Es evidente que si llega a la presidencia va a continuar con el extractivismo, seguirá militarizando territorio mapuche y reprimirá con la misma dureza a quienes sigan en las calles.

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Jueves, 07 Octubre 2021 05:55

El laborismo británico gira a la derecha

El laborismo británico gira a la derecha

Lo que tiene que cambiar no es el capitalismo: es la gente. Eso es lo que piensa Keir Starmer, el líder del Partido Laborista británico, que dedicó su discurso anual a defender el legado de Blair y a omitir los graves problemas de los servicios públicos privatizados. El ala derecha del laborismo -que recuperó el poder tras el paréntesis de Corbyn- prefiere no hablar de nacionalizaciones, algo que ahora hasta los conservadores se animan a hacer.

El largamente esperado primer discurso presencial de Keir Starmer en la conferencia anual de los laboristas británicos fue, como se podía suponer, aburrido: una lección de historia con eje en la Revolución Industrial y el gobierno de Tony Blair, mientras omitía silenciosamente todo lo que iba desde Clement Atlee hasta Jeremy Corbyn. En términos de política, prometió gastar más en la salud mental de los jóvenes, en caso de llegar a gobernar, sin mencionar la privatización generalizada de ese sector, mientras casi la mitad de los fondos del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) son canalizados hacia empresas de salud privadas. También prometió «dar a nuestros jóvenes herramientas para el futuro» en términos de habilidades «digitales» y «para la vida». La información que circulaba antes del discurso sugería que, sobre este punto, lo que Starmer tenía en mente era capacitar a los jóvenes para que entiendan mejor los sistemas de puntaje crediticio, sus cuentas privadas de ahorro previsional y los contratos que los propietarios les piden que firmen.

Entonces, ¿cuál es la gran oferta de Starmer? Un gobierno laborista que le enseñará a los británicos a navegar mejor por las embravecidas aguas del capitalismo, mientras paga a otra empresa para que mitigue sus preocupaciones cuando el estrés se vuelva abrumador. «Todo lo que tenemos que hacer es aprender a adaptarnos», dijo Starmer, mientras elaboraba una extensa analogía sobre la fábrica de su padre y la necesidad de «reformarnos» nosotros mismos.

Los jóvenes quieren más. Lejos de aceptar su destino como simples «luchadores por la libertad que viajan en Uber, se alojan con Airbnb y piden comida a Deliveroo», tal como Liz Truss –ahora secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno conservador– los describió de manera memorable en 2018, quieren la certeza y la seguridad de tener servicios públicos. Las encuestas muestran habitualmente que –al igual que sus padres y abuelos– los jóvenes apoyan la propiedad pública, desde los autobuses hasta los servicios de salud, pasando por la energía y el agua. Pero según la ministra de Hacienda en las sombras Rachel Reeves, estas no son «cuestiones primordiales».

Pero dígale eso a la persona joven que ve su esperanza y su seguridad erosionadas por la rutina diaria de lo que Reeves llama «economía cotidiana». No es que «nada les venga bien», como diría mi madre. Simplemente están hartos de que su empresa privatizada de autobuses aumente las tarifas y reduzca los servicios de los que dependen para ir a la universidad, trabajar o divertirse. Están desesperados porque no pueden pagar su propia vivienda, debido a que las facturas de los servicios públicos privatizados y los alquileres privados están por las nubes. Están hartos de que las empresas privatizadas de cuidados y los call centers paguen salarios miserables, que eluden los requisitos básicos de salario mínimo para los adultos contratando jóvenes. Están estresados por tener que competir en todas partes –en pruebas interminables, en su «marca» en internet–, en un intento desesperado por conseguir una oportunidad decente en un país donde, después de casi cuatro décadas de privatizaciones, todo es mercado. 

Hoy, solo los privilegiados pueden acudir a sus familias en busca de ayuda, ya que muchos padres y madres enfrentan los mismos problemas que sus hijos e hijas. No es de extrañar que los jóvenes se sientan abatidos. Eso ya pasaba antes de que llegara el impacto de amenazas globales como la pandemia, el cambio climático, las guerras culturales financiadas por la derecha y la forma en que el Brexit ha terminado con las posibilidades de movilidad social. Starmer tiene razón al enfocarse en la salud mental. Sin embargo, a pesar de sus promesas de priorizar la prevención, su discurso sugiere que, en realidad, tratará los síntomas, no las causas.

Una promesa de más dinero para financiar la asistencia en las escuelas y acceder así más rápidamente al tratamiento a través de los «centros de salud mental» locales será bien recibida por las organizaciones benéficas de salud mental. Pero Starmer no dijo nada sobre el hecho de que la salud mental de los jóvenes está como está, en parte, porque en los últimos años ese ha sido el sector más privatizado del NHS. En la actualidad, 44% del desembolso del NHS en esta área se destina al sector privado y llega a 97% del desembolso total del NHS cuando se trata de los jóvenes con más problemas. Ya ha habido numerosas historias de terror sobre los resultados.

Starmer dijo con razón que el futuro del NHS no podía ser «solo más dinero». ¿Pero reconoció la necesidad de frenar la salida de los miles de millones que fluyen al sector privado? No. Por el contrario, se mostró entusiasmado con la forma en que la salud sería «rehecha» gracias a una cantidad «apabullante» de robots y realidad virtual. «Podría hablar de esto todo el día», dijo, mientras en realidad sonaba tan experto en tecnología como Boris Johnson en su infame discurso sobre la tecnología en la en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde habló de cómo «tu colchón controlará tus pesadillas».

También hubo otro efímero rayo de esperanza en el discurso de Starmer: que, si bien no iba a hacer que los servicios básicos volviesen a ser de propiedad pública, al menos regularía mejor a las empresas que los prestan. A las empresas que recortan todos los gastos, explotan al personal, restringen la posibilidad de hablar con un ser humano y cargan con más trabajo a los desafortunados consumidores, no les falta fibra moral, sino que simplemente están cumpliendo con su obligación legal de maximizar los beneficios para los accionistas. Entonces, cuando Starmer anunció que modificaría las obligaciones legales de los directores de las empresas, por un momento feliz pensé que estaba a punto de comprometerse a introducir obligaciones legales más estrictas para que estos protegieran no solo las ganancias, sino también a las personas y el planeta. Esta modificación ha sido exigida durante mucho tiempo por activistas y sindicalistas. Pero el plan de Starmer no tenía nada que ver con eso. En su lugar, se trataba de hacer «del éxito a largo plazo de las empresas la principal prioridad».

En ese contexto, el llamado de Starmer a trabajar como «socios» no implicará ninguna diferencia. «El orgullo nace del trabajo», anunciaba Starmer entre interrupciones. Pero ni una palabra sobre para quién trabajas ni sobre quién es el dueño de tu empleo y tus servicios. El discurso de Starmer fue solo la última decepción en la conferencia laborista en Brighton.

La secretaria de Vivienda en las sombras Lucy Powell prometió dar a quienes compraran por primera vez «prioridad» en los nuevos desarrollos y expresó sus deseos de mayor cantidad de viviendas sociales, pero no dijo nada sobre la regulación de los alquileres privados. Eso significa que cualquier impuesto superior con el que se grave a los propietarios privados simplemente será transferido a los inquilinos –aunque los inquilinos escoceses parecen estar mejor protegidos, según los planes de la nueva coalición del Partido Nacional Escocés (SNP) con el Partido Verde, que Starmer calificó hoy desdeñosamente como un «mal gobierno»–.

El secretario de Transporte en la sombra, Jim McMahon, dijo que quería que «el transporte público funcionara para el bien común» y Reeves prometió «la mayor ola de contratación no tercerizada en una generación», pero no dieron detalles en ninguno de los casos. Si su propio líder puede salirse con la suya afirmando que cuando dijo que apoyaba la nacionalización de los servicios públicos, en realidad no hablaba en serio, entonces las esperanzas de un cambio radical más bien se desvanecen. El mayor problema de Jeremy Corbyn no era que a los votantes no les agradara su mensaje, sino que simplemente no creían que cumpliría. ¿Cómo puede alguien creerle a Starmer (sentir confianza y seguridad en lo que promete) cuando esta semana nos dijo que gustosamente daba marcha atrás con sus promesas si a cambio obtenía un rédito político?

De hecho, Starmer y sus colegas ministeriales en la sombra generalmente hablan de contratación no tercerizada solo en referencia a quienes hacen aportes al Partido Conservador y a los contratos relacionados con el covid-19, lo que deja la clara impresión de que las empresas que no aportan al Partido Conservador no tienen motivo para preocuparse por sus planes de subcontratación. Después de todo, algunos de los mayores beneficiarios de la privatización de ciertos sectores de la asistencia social y la salud mental y física son empresas fundadas por personas que hicieron generosos aportes al Partido Laborista durante los años de Blair.

Una generación de viejos blairistas como Peter MandelsonJohn McTernanPhil Collins y sus acólitos que trabajan ahora para Starmer han hecho fila para aconsejar a su nuevo líder que haga su propia versión de la «campaña de seducción del sector financiero realizada por Blair», una nueva abolición de la Cláusula 4 por parte de Starmer, si se quiere, haciendo mucho hincapié en la «seguridad». «Apoyarse en [su] marca» como ex director de la fiscalía británica.

Pero, ¿cómo podemos tener seguridad cuando sabemos que nuestras necesidades básicas están siendo explotadas con fines de lucro, en lugar de ser administradas por el bien común? ¿Dónde está nuestra recompensa por el «trabajo duro» cuando nos vemos obligados a hacer un segundo turno al final de un día agotador, comparando precios en los «mercados» menos divertidos de la historia, en un intento desesperado por no ser estafados?

Sobre la asistencia social, el secretario de Salud en la sombra, Jonathan Ashworth, nos dice que su plan es «de tan largo alcance como el plan de Aneurin Bevan para el NHS». Pero en 1948 Bevan hizo que los hospitales fueran controlados por el Estado y aseguró la cobertura universal, mientras que, en la actualidad, el Partido Laborista solamente promete que los trabajadores de la asistencia social podrán negociar mejores salarios con sus empleadores en gran parte privatizados (aunque no, por supuesto, 15 libras la hora). Quizás se supone que estos trabajadores se sienten reconfortados por las –sin duda– sentidas palabras de Starmer sobre la «nobleza de la asistencia» y la noción de que ese trabajo es una «vocación». Y sobre los requisitos para la asistencia social, ni Starmer ni Ashworth dijeron nada sustancial. Además, el considerable monto de dinero que Reeves prometió para hacer una reforma verde de la economía, a juzgar por sus discursos y los de Starmer, irá a parar casi en su totalidad a los bolsillos de las empresas, incluso aquellas que han pasado años ejerciendo presión contra objetivos de cuidado del clima más estrictos.

Los que sugieren que la propiedad pública podría ser un mejor enfoque –como Andy Burnham sobre asistencia social y Ed Miliband sobre energía– han provocado, según se dice, furia en las oficinas del líder laborista. Starmer puede haber subido al escenario con «Right Here, Right Now» de Fatboy Slim y terminado con la promesa de «aprovechar el momento». Pero ahora no es el momento de hablar de nacionalización, le dijo Starmer a Andrew Marr el domingo, aunque los mercados de asistencia social y salud mental se tambaleen, el mercado del gas y la electricidad colapsen y los conservadores (¡los conservadores!) estén poniendo nuevamente bajo control estatal otra franquicia ferroviaria fallida.

Al enfrentar una repregunta por la incumplida promesa de campaña sobre la propiedad pública, Starmer le dijo esta semana a Laura Kuenssberg, de la BBC, que «el mundo ha cambiado». En efecto, ha cambiado. Solo que Starmer no parece haber notado de qué modo.

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Martes, 14 Septiembre 2021 06:21

El columpio latinoamericano

El columpio latinoamericano

 

 El geopolítico brasileño José Luis Fiori analiza, en un reciente artículo, los virajes casi permanentes que se instalaron en su país desde la década de 1980, aguzados desde la destitución de Dilma Rousseff en 2015 (https://bit.ly/2YSrwrt). Asegura que Brasil ingresó en una “década perdida” de estancamiento económico pero, sobre todo, de políticas que no tienen norte y naufragan en las contradicciones.

Cuando un país borra en un período lo hecho en el anterior, para volver luego a producir nuevos e intempestivos virajes, entra en una situación de “columpio”, de vaivén que lo lleva de políticas desarrollistas a neoliberales, por ejemplo, que no terminan de fraguar una orientación definida. El desarrollismo entró en crisis en la década de 1980, en todo el continente, para dos décadas después retornar de la mano de gobiernos progresistas a una senda similar al desarrollismo, pero ahora sin industria nacional sino a caballo del extractivismo minero y los monocultivos.

Después de esta camada de gobiernos, entre 2000 y 2015, se retornó a una suerte de liberalización radical, de la mano de gobiernos como los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Sin embargo, la principal característica del período posprogresista es la inestabilidad, la ingobernabilidad y los tumbos o vaivenes que caracterizan el columpiarse como menciona Fiori.

Según Fiori, Argentina es el caso más longevo y paradigmático de este columpio regional: “Después de 1940, Argentina entró en un proceso entrópico de división social y crisis política crónica, ya que no logró unirse en torno a una nueva estrategia de desarrollo, adecuada al contexto geopolítico y económico creado por el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

El triunfo de la derecha neoliberal en las elecciones primarias del domingo 12 anticipa una holgada victoria en las legislativas de noviembre, que se plasmará en una suculenta derrota del gobierno. En suma, todo indica que si lo hecho durante una década kirchnerista/progresista (2003-2015) fue deshecho en cuatro años de gobierno de la derecha macrista (2015-2019), ahora volverá a suceder lo mismo pero con intervalos mucho menores.

Brasil entró en ese proceso recién hacia el fin de la dictadura militar, en la década de 1980. En el mencionado artículo, Fiori define este columpiarse como “hacer y deshacer lo mismo docenas de veces, prácticamente sin moverse, o peor aún, moviéndose cada vez más fuera de lugar”. Esta es una de las claves del deterioro de nuestra región, aunque todavía resta ingresar en las causas profundas.

Esa mezcla de estancamiento y retrocesos conduce inevitablemente a la descomposición social y al caos político. Sin embargo, las razones deben encontrarse en un doble empoderamiento: de las clases populares y de la burguesía y las clases medias en las que se sostiene. Ambos sectores han ganado en fortaleza, una vez que el proyecto integrador del desarrollismo por sustitución de importaciones fue quebrado, precisamente, por ese doble tironeo en sentidos contrarios.

La insurrección del 17 de octubre de 1945 en Argentina y la enorme movilización contra la dictadura (por elecciones “Directas Ya”, en 1984) enterraron cualquier proyecto integrador, además, evidentemente, de los virajes imperiales cada vez más agudos y desconcertantes.

Si esta descripción fuera correcta, debemos concluir que estamos en un proceso de declive estratégico inexorable de la región sudamericana y, probablemente, de toda América Latina. O por lo menos de sus principales países.

Además de Argentina y Brasil, Ecuador y Chile ingresaron ya en ese proceso de desorientación. Ecuador por el fallido gobierno de Rafael Correa, incapaz de elegir un sucesor y ahora con un viraje neoliberal radical; Chile porque el levantamiento de octubre de 2019 desbarató el proyecto de la derecha pospinochetista, sin que haya proyectos alternativos viables.

Es posible que Colombia siga pasos similares, en tanto México (creo que el caso más complejo de todos) comenzó a columpiarse luego del ciclo del PRI entre la derecha radical y un progresismo extractivista que no consigue estabilizarse ni presenta nada realmente diferente.

Si tuviera que reducir las razones de esta descomposición social y política en una sola causa (siempre problemático, claro), diría que el modelo extractivo es la causa principal, aunque no excluyente. La cuarta guerra mundial contra los pueblos no puede enfrentarse con los modos tradicionales, ni los electorales ni los que conocen los movimientos sociales.

 

 

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Castillo le toma juramento a Francke, quien asume como ministro de Economía. Imagen: EFE

La sorpresiva designación de Bellido y las renuncias de Francke y Torres, cuando ya todo estaba listo para la jura del gabinete, había gatillado el conflicto. 

 

El presidente Pedro Castillo completó su gabinete ministerial, que había quedado incompleto por diferencias internas. Después de un día de tensiones y especulaciones, en la noche del viernes el economista Pedro Francke, figura clave en el equipo de Castillo, volvió al gabinete para ocupar la cartera de Economía y Finanzas. Lo mismo hizo el jurista Aníbal Torres, que había dejado vacante el portafolio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos se habían bajado en el último minuto del gabinete ministerial que fue juramentado cerca de la medianoche del jueves. Lo hicieron por discrepar con la designación del congresista del oficialista partido Perú Libre, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros.

Bellido es cuestionado por pasadas declaraciones homofóbicas y machistas, recordadas ahora y criticadas duramente por sectores progresistas aliados a Castillo. Desde la derecha, con un masivo apoyo mediático, lo pretenden descalificar adjudicándole supuestas simpatías con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace más de dos décadas, por haberse referido a los senderistas como “peruanos equivocados que también tienen derechos”.

Compromiso

El jefe del gabinete ministerial emitió un comunicado en un intento de bajarle el tono a las críticas que se le hacen. Señaló que ratificaba su “más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos” y su rechazo “categórico” a “toda forma de violencia y de terrorismo”. De origen andino, indicó haber vivido “en carne propia” la discriminación y expresó que trabajará por la igualdad de derechos. “Juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que están profundamente arraigados en el país”, escribió, rectificando pasadas afirmaciones.

Retorno

La sorpresiva designación de Bellido y las renuncias de Francke y Torres, cuando ya todo estaba listo para la jura del gabinete, gatilló la primera crisis del gobierno recién estrenado. Castillo habló con ellos y los convenció de volver. Asumieron sus cargos la noche del viernes, quedando así completo el primer gabinete del histórico gobierno de izquierda encabezado por un campesino y maestro rural que ha logrado una importante conexión con los sectores populares, de los que él mismo proviene.

Pedro Francke, de 60 años, es un respetado economista con larga militancia en la izquierda. Fue jefe del plan económico de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, de la coalición progresista Juntos por el Perú. Para la segunda vuelta, las izquierdas se unieron para respaldar a Castillo y Francke pasó a convertirse en su principal asesor en temas económicos. Fue pieza clave en elaborar el llamado “Plan Bicentenario” presentado por Castillo para la segunda vuelta y base de lo que será su política económica.

El “Plan Bicentenario” se distancia de las propuestas más radicales del gobernante Perú Libre, que se define marxista-leninista, como la estatización de la economía, que Francke ha descartado. También lo ha hecho Castillo. La propuesta de Francke incluye un aumento de la inversión pública, incrementar impuestos a las transnacionales mineras, facilitar créditos para los campesinos y micro y pequeños empresarios, entre otros puntos. Según ha trascendido, Francke habría exigido para volver al gabinete que se respalde su plan económico. Castillo le dio esa seguridad. Eso quedó evidenciado en un mensaje que el jefe del gabinete mandó por sus redes sociales antes que se confirme el retorno del economista: “Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el Plan Bicentenario”.

El ministro de Economía juró “por un avance sostenido hacia el buen vivir, por la igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional”. Un claro mensaje al jefe del gabinete y sus pasadas expresiones discriminatorias contra las mujeres y las minorías sexuales. En un mensaje posterior enviado por twitter, Francke destacó "la necesidad urgente de recuperar el empleo respetando la propiedad privada, asegurando buen funcionamiento de mercados, promoviendo inversión privada y la pública”. Señaló que su gestión estará cercana “a los más vulnerables, impulsando de manera responsable el cambio que los peruanos esperan”.

Internas

El ministro de Justicia Aníbal Torres, de 78 años y nacido en la andina región de Cajamarca como Castillo, que volvió al gabinete junto con Francke, encabezó el equipo legal del presidente que se enfrentó en los tribunales electorales a las demandas del fujimorismo que pretendía anular votos de Castillo para robarle el triunfo. Todas esas demandas fueron ganadas por el equipo jurídico que dirigió Torres. El jurista había criticado a Vladimir Cerrón,  secretario general del partido de gobierno, Perú Libre, por una sentencia por corrupción que tiene, lo cual disgustó a la dirigencia partidaria, pero Castillo insistió con su designación. En el pulseo entre Castillo y Cerrón, con este último presionando para buscar ganar espacios de poder en el gobierno, la designación de Bellido es un punto para el segundo, pero el regreso de Francke y Torres fortalece a Castillo.

Aciertos y errores

“Hubiese sido grave que Pedro Francke no asuma como ministro, eso habría generado problemas económicos. El nombramiento de Bellido ha sido un error porque ha configurado un escenario de confrontación. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso y está obligado a negociar y concertar para gobernar. Es un gabinete atravesado por las contradicciones internas”, le señaló a Página/12 el historiador y analista político Nelson Manrique.

En opinión del sociólogo Alberto Adrianzén, "el regreso de Francke al gobierno es positivo, satisface a sectores de izquierda aliados a Castillo y también al centro, pero tiene poco significado para la derecha, que ha optado por la confrontación y la polarización, y que está en el camino de buscar tumbarse al gobierno. El comportamiento de la derecha y los medios en estos días es impresionantemente golpista. Creo que en los próximos meses la derecha apostará a destituir a Castillo desde el Congreso o a un golpe”.

Adrianzén dice que Bellido “quizá no es la mejor opción” para encabezar el gabinete, pero está convencido que “la derecha siempre va a encontrar algo para confrontar”. “La derecha que perdió las elecciones -precisa- quiere imponerle su política a Castillo y habría atacado igual con cualquier otro jefe de gabinete que no esté alineado con sus políticas. Que por unas opiniones se acuse a Bellido de apología al terrorismo como se está haciendo es puro macartismo”.

La oposición de derecha tiene los votos en el Congreso para negarle la confianza al gabinete Bellido que tanto critica, con lo que éste tendría que dimitir, pero hacerlo los pondría a un paso que el presidente Castillo pueda disolver el Parlamento y llamar nuevas elecciones legislativas, a lo que está habilitado si se censuran dos gabinetes. Eso los frenaría.

“El mayor peligro es que en el Congreso no dejen gobernar para crear las condiciones para sumar los votos necesarios para declarar la incapacidad moral del presidente y destituirlo”, advierte Manrique. La derecha tiene ahora 79 votos de los 87 que necesita para sacar al presidente. 

Por Carlos Noriega

31/07/2021


¿Cuáles son las propuestas de Pedro Francke, el nuevo ministro de Economía de Perú?

La designación del economista es la principal carta del flamante mandatario peruano para generar tranquilidad en los mercados.

31/07/2021

Las imágenes que transmitían los medios peruanos en la noche del jueves eran elocuentes: el economista Pedro Francke se retiraba por la puerta de atrás del Gran Teatro Nacional, caminando solo, sin hacer declaraciones, mientras que puertas adentro el presidente de Perú, Pedro Castillo, designaba a 16 de los 18 integrantes de su equipo, incluyendo al primer ministro Guido Bellido, un nombamiento que luego le costaría al gobierno múltiples críticas, por derecha y por izquierda.

Las fotos de Francke cabizbajo contrastan con otras imágenes que también tuvieron amplia difusión, en las que aparecía triunfante, festejando desde un balcón el triunfo electoral y con los brazo en alto, al lado de Castillo.

Desde aquel momento, apenas unas horas después de que se conocieran las proyecciones de voto favorables al candidato de izquierda, la opción de Francke como eventual ministro de Economía se consolidó como la versión más consensuada dentro de la danza de nombres para el gabinete, una certeza solo equiparable al nombramiento de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud.

Este viernes casi a la medianoche, y tras un cónclave de dos horas que tuvieron más temprano, Castillo logró finalmente nombrar a Francke como ministro de Economía y Finanzas. “Por un avance sostenido y el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional, sí juro”, dijo Francke al momento de la juramentación, en lo que podría interpretarse como un mensaje a Bellido y a los sectores alineados con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Lejos de las posiciones más conservadoras de la izquierda tradicional peruana, Francke ha cultivado un perfil técnico y moderado, tanto al frente de cargos públicos como en su rol de asesor de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, principal socia “limeña y urbana” de Castillo.

En los momentos más duros de la campaña electoral, Francke tuvo que reafirmarse en ese papel. "No tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela, no haremos expropiaciones y no haremos estatizaciones”, repetía Francke en cada entrevista, mientras Keiko Fujimori insistía con sus planes de “frenar la llegada del comunismo” al país.

La carrera y el programa económico

En el acto de juramentación lo llamaron por su nombre completo: Pedro Andrés Toribio Topiltzin Francke Ballvé. El profesor y magister, de 60 años, se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una amplia experiencia en la administración pública.

Fue director de Foncodes, un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y gerente del Seguro Social de Salud del Perú (conocido por el acrónimo Essalud) en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). También se desempeñó como asesor parlamentario en temas de educación y salud, y fue economista senior de desarrollo humano del Banco Mundial.

Como asesor técnico de la candidatura de Mendoza (Juntos por el Perú), Francke mostró sus cartas en materia de política económica. El programa de esa fuerza política tenía como meta recuperar tres millones de puestos de trabajo en 2022 y una fuerte apuesta a reactivar la economía desde el gasto público.

Se apuntaba al financiamiento de programas de empleo temporal, entrega de bonos a sectores vulnerables y compras públicas de productos agrícolas. Un programa del Ministerio de Economía llamado “Reactiva Perú” sería la herramienta para activar estos planes.

En una entrevista publicada el 21 de marzo por Ojo Público, Francke aseguraba que el Estado peruano está en condiciones de afrontar estas inversiones con los fondos disponibles en el Tesoro Público. Estos gastos públicos, según el economista, generarían condiciones macroeconómicas y de infraestructura que permitirían luego dinamizar la inversión privada.

“Es innegable que el sector privado genera más inversión que el público, pero en esta crisis, las empresas tampoco están en su mejor momento. No nos oponemos a que ingresen a dinamizar la economía, pero es un trabajo en que el Estado no puede estar de costado”, declaró el economista al medio peruano.

Luego de esa etapa para superar los impactos de la pandemia, el programa de Juntos por el Perú establecía metas más ambiciosas, como una reforma tributaria, un impuesto a las grandes fortunas (superiores a los 100 millones de dólares) y un aumento de la carga tributaria sobre las grandes propiedades.

En entrevistas más recientes, Francke propuso avanzar hacia una “economía popular con mercado”, según informó Radio Programas de Perú. “Queremos que progrese y se desarrollen la agricultura, las pequeñas empresas, las microempresas y los emprendedores que es donde vive y trabaja la enorme mayoría de peruanos”, declaró en julio, cuando su nombre ya se consolidaba como alternativa para el Ministerio de Economía.

“Nosotros vamos a respetar escrupulosamente los ahorros familiares, la propiedad privada, el funcionamiento de los mercados y mantendremos una inflación controlada, lo demás es pura mentira”, dijo el economista, en respuesta a los ataques que recibía del fujimorismo.

En cuanto al espacio tributario para aumentar la carga tributaria a empresas mineras, un tema sensible para la economía peruana, Francke se ha mostrado cauteloso pero resuelto a avanzar: “Hay un espacio económico que permite obtener más recursos al Estado, manteniendo respetando el hecho que las empresas requieren tener una ganancia razonable. El Perú necesita esos recursos para mejorar su educación y su salud, especialmente ahora. Es potestad del Estado cambiar las reglas tributaria”.

Las críticas de Cerrón y sus allegados

El gradualismo de Francke es una garantía para los mercados, pero también despierta críticas por izquierda, tal como se vio incluso antes de su nombramiento oficial.

Aunque no habló públicamente sobre el tema, los principales medios peruanos especulan que Francke no asumió el jueves debido a la molestia que le habría generado la designación de Guido Bellido como primer ministro. Bellido es un hombre cercano al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y antes de su designación había hecho comentarios críticos hacia Francke.

“Se está evaluando (para Economía) a otros profesionales que tienen todo el derecho como Pedro Francke. A mí no me molesta de manera personal, pero sí veo a dónde se orienta (económicamente) y no es en función al programa y postulados del partido”, había dicho Bellido.

El ahora “premier” también se había manifestado contra la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reservas (BCR), tal como pretenden Castillo y Francke. “¡Acaso no hay otro profesional patriótico que pueda asumir la dirección del BCR? ¿Por qué se quiere mantener a Julio Velarde? ¿Cuál es el truco? El pueblo votó por un cambio real y profundo”, posteó Bellido en su cuenta de Facebook.

Cerrón, por su parte, le salió al cruce a Francke, también desde sus redes sociales. “Francke repite con frecuencia que se necesitan funcionarios de “alto nivel”. Eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos”, tuiteó Cerrón el domingo 25.

La continuidad de Velarde en el Banco Central

En Perú el nombre de Julio Velarde es sinónimo de “tranquilidad en los mercados”. El presidente del BCR lleva 15 años en ese cargo técnico y a mediados de junio manifestó su intención de retirarse de la función pública. Sin embargo, Castillo le pidió el sábado 26 de junio que siga en el cargo.

"Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCR. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución", escribió Castillo en su cuenta de Twitter.

Francke reconoció que esa propuesta de Castillo buscó ser una señal para “reforzar la idea de continuar con la estabilidad monetaria” y mantener los niveles de inflación bajos “tal como lo viene trabajando el BCR”. Estas señales gradualistas generaron “calma en los mercados” y una reacción “positiva” en el tipo de cambio, según un relevamiento que publicó unas horas después el diario peruano La República. Francke también le pidió a Socorro Heysen, titular de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que siga en el cargo, para “cuidar el sistema financiero” del país.

Más allá de tensiones políticos y señales al mercado, Francke deberá enfrentar una situación compleja. La pandemia provocó la peor caída del PBI en los últimos 30 años y se estima que 30% de la población -unas tres millones de personas- perciben ingresos menores a los 100 dólares mensuales, según publicó The Economist.

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