Unidades de la Guardia Nacional de Ucrania realizan ejercicios cerca de la frontera con Rusia en enero de 2022. Foto cortesía del Ministerio del Interior de Ucrania

Rusia manda 100.000 soldados a la frontera ucraniana y realiza maniobras militares en Bielorrusia. EEUU responde con 600 millones de dólares en armamento militar para Ucrania. Lo que se disputa detrás de esta crisis es el papel que deben jugar los países exaliados del Pacto de Varsovia y del espacio postsoviético: si deben aliarse con la OTAN, Rusia o permanecer neutrales.

 

La crisis ruso-ucraniana alcanzó una nueva dimensión el 17 de diciembre después de que Rusia enviara dos borradores de acuerdo a EE UU en los que Moscú exige detener la expansión de la OTAN hacia Europa del Este (incluyendo Ucrania y Georgia), devolver a las fuerzas armadas de la Alianza al lugar donde estaban estacionadas en 1997 y el compromiso de que ni EE UU ni Rusia desplieguen misiles de corto o medio alcances fuera de sus territorios. Tanto para Washington como para la OTAN, las demandas rusas son “inaceptables”.

Rusia no quiere que más países de la órbita postsoviética ingresen en una alianza militar contraria a sus los intereses geopolíticos y exige que los países bálticos y de los Balcanes, algunos de ellos exaliados del Pacto de Varsovia, salgan de la Alianza. Mijaíl Gorbachov asegura que recibió garantías de que esa expansión no se iba a producir (un acuerdo no plasmado por escrito) y ahora Putin reclama que esas garantías se firmen en sendos documentos.

Sin embargo, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, defiende que la organización “nunca ha prometido no expandirse” en torno a Rusia, y cita su texto fundacional en el que se establece que todos los Estados europeos pueden convertirse en miembros. Pese a ello, Rusia se siente amenazada y para hacer creíble su misiva; Putin incluso ha anunciado que negociará con Cuba y Venezuela la instalación de bases militares en dichos territorios. EE UU se ha comprometido a responder por escrito esta semana a las exigencias rusas.

Escalada de tensión

Durante los últimos dos meses, Rusia ha ido acumulando hasta 100.000 soldados en la frontera ucraniana, lo cual ha desatado el temor de Kiev, que recuerda el antecedente de 2014, cuando el Kremlin anexionó a su territorio la península de Crimea. Como respuesta, EE UU ha mandado en los últimos días armamento militar y de defensa por valor de 600 millones de dólares.

España también se ha sumado a la estrategia de Washington, con el envío de un cazabombarderos del Ejército del Aire a Bulgaria y la incorporación de la fragata Blas de Lezo a la flota de la OTAN que navegará por el mar Negro. Por su parte, el presidente Joe Biden acusa a Rusia de querer llevar a cabo algún tipo de ataque o invasión sobre el país ucraniano de manera inminente. Putin niega todas las acusaciones. En caso de que ocurriera, Washington, Londres y Bruselas amenazan con sanciones internacionales sin precedentes sobre Rusia y que, según El País, podrían abarcar desde la suspensión de cualquier tipo de cooperación económica con Moscú a un drástico recorte de las relaciones comerciales, incluida la importación de gas y petróleo ruso. Sin embargo, ninguno de los expertos y expertas consultados por El Salto cree que vaya a producirse una guerra en territorio europeo.

Posibles escenarios futuros

“Si Rusia se anexiona Donetsk y Lugansk, dos regiones del este de Ucrania relativamente pobres [aunque Donetsk sí que tiene algo más de riqueza por la industria del carbón y del acero], la comunidad internacional va a aplicar sanciones internacionales muy duras a Rusia y, de manera indudable, va a inclinar la balanza de Ucrania hacia el lado pro-occidental”, apunta a El Salto Fernando Arancón, director de El Orden Mundial. Además, según el analista, Suecia y Finlandia ya se están planteando entrar en la OTAN y, un nuevo enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, podría empujarles definitivamente.

En palabras de Arancón, es una jugada poco rentable, pues el coste por conseguir dos regiones pequeñas y de poco valor, sería “inmenso”. Por eso, Arancón cree que Rusia no va a entrar, pero que si lo hace, tiene que tener una estrategia muy clara y definida, para que la victoria sea arrolladora. “Si entran, no ocupan toda Ucrania sino que llegan hasta el río Dniéper”, que es la zona, con muchos matices, “rusófila” del país, quedando a las puertas de Kiev.

Según esta hipótesis, por la dificultad de llevar a cabo una operación de semejante magnitud y que contaría con una gran resistencia por parte de Ucrania, la UE y EE UU, llegados a este punto, Rusia podría aprovechar esta posición para retirarse de la zona y negociar. “Si te pasas y luego cedes, tu planteamiento parece mucho más razonable. Me retiro del Dniéper si me dejáis quedarme con Donetsk y Lugansk”, plantea Arancón.

No obstante, las condiciones no parecen precisamente favorables a una invasión. Habría que tomar ciudades importantes y Rusia podría quedarse estancada en un asedio grande, prosigue Arancón. “Llegar a Kiev podría llevar medio año, Occidente daría armas a Ucrania y estos a lo mejor lanzarían un contraataque. Y en medio del verano, Rusia igual no ha llegado todavía a la capital, mientras mueren soldados suyos. Por eso, si entran, “lo tienen que tener clarísimo”, continúa Arancón, que apunta entre otros inconvenientes el hecho de que Ucrania no tiene buenas infraestructuras, hay muchos caminos de tierra y, a partir de marzo, el hielo se va a fundir, filtrándose y volviéndose barro.

Pese a la superioridad militar rusa, Arancón se plantea también la hipótesis de qué pasaría con las unidades pesadas y blindadas en caso de deshielo y barro y lanza un recordatorio: además de la insurgencia contraria a la invasión, Ucrania no es Georgia ni Chechenia. Así que la única manera de  reducir la tensión del conflicto, considera Arancón, es dejar a un lado las posiciones maximalistas y negociar una solución asumible para Moscú, Kiev y la OTAN.

Presión con las tropas

“No creo que nadie quiera la guerra, tampoco creo que la quiera Putin. Pero nadie renuncia tampoco a sus objetivos y ese es el problema”, explica a El Salto Pilar Bonet, corresponsal de El País durante 34 años en la URSS, Rusia y el espacio postsoviético, quien define el texto enviado por Rusia a EEUU en el que exige a la OTAN volver a sus fronteras de 1997 como “un ultimátum”. Cuando se le pregunta sobre cómo desescalar en el conflicto, se muestra frustrada. Sin embargo, el movimiento de tropas en la frontera ucraniana y el interior de Bielorrusia no necesariamente significa que Rusia vaya a invadir territorio ucraniano. “Es un elemento de presión y negociación, un constante mantenimiento de la tensión”, asevera. Entre las opciones: renunciar al Donbás (algo que cree que no puede hacer porque su electorado se le pondría en contra), declararlo independiente o anexionárselo, “lo que es una apuesta política arriesgada”. Cree que Putin necesita, de cara a las elecciones de 2024, una nueva victoria, que podría ser zamparse un trozo de Ucrania “en nombre de la reunificación de las tierras rusas”, creando un corredor entre Crimea y Donbás. El movimiento de tropas podría indicar eso, pero, “si lo hará o no, no lo sabemos”, insiste.

Después de la anexión de Crimea, Putin tuvo mucho apoyo popular en Rusia, pero Bonet no tiene claro que ahora sucediera lo mismo. Define a Rusia como un país con “una conciencia nacional muy clara que se pliega muy bien a las estructuras autoritarias”, y en este sentido, al frente del Estado ruso hay una élite con “mentalidad perversa”, que aprovechará “cualquier error” de Ucrania para “aplastar” al país. Sobre Crimea, Bonet explica que “no se puede discutir con un ruso que Crimea no es Rusia”. Sin embargo, recuerda, la península fue conquistada durante la Rusia zarista por Catalina La Grande en 1783. A día de hoy, la población local es mayoritariamente favorable a tender lazos con Rusia, sin embargo, insiste Bonet, eso no significa que Crimea sea rusa.  “La población es mayoritariamente prorrusa porque ahí están todos los jubilados de la flota del Mar Negro. Es una enorme población de carácter militar. El interior agrícola, en cambio, siempre ha estado ocupado por los ucranianos, que cultivaban la tierra”, concluye.

Limitación de los derechos lingüísticos

Por otro lado, critica con dureza al gobierno ucraniano, “tan ineficaz como el anterior o más”. Uno de los asuntos en los que el gobierno ucraniano comete errores es en su política lingüística. Partiendo de concepciones diferentes, Bonet ve ciertas similitudes en la política lingüística de Rusia y de Ucrania. En el caso ruso, “parte de la desconfianza y temor de las pequeñas lenguas nacionales de las repúblicas, que tenían estatus oficial en sus respectivos territorios”. Es decir, es un miedo que viene de “los fantasmas del separatismo” que rondan la cabeza de los dirigentes del Kremlin, pese a que, aclara Bonet, el ruso como idioma no tiene nada que temer. En el caso ucraniano, “parte de la necesidad de asentar y hacer arraigar un idioma que no está lo suficientemente arraigado, lo que se traduce en una política lingüística que conculca los derechos de las minorías reconocidos por el Consejo de Europa”, explica. 

Ucrania, sigue explicando Bonet, es un país con muchísima diversidad y muchas comunidades culturales, pero al igual que Rusia aunque en menor medida, en lugar de integrarlas, cercena sus derechos. “Los Estados que son débiles tienen problemas para aceptar la diversidad y el federalismo y tienden hacia un Estado unitario, porque piensan que así tendrán más controlada la situación. Hay que tener en cuenta también las diferencias entre Oeste y Este, por sus diferentes trayectorias históricas”, sostiene.

Estas tensiones empeoraron con dos hechos. Primero, la derogación de la ley de 2012, que declaraba oficial el ruso en las regiones donde el idioma formara parte de más de un 10% de los habitantes. “Turchínov (presidente ucraniano en febrero del 2014) abolió una ley que era bastante equilibrada y eso fue aprovechado por Rusia. Después de su abolición, no solo los rusos, otras muchas minorías se cabrearon, entre ellos los húngaros y los rumanos”, sostiene Bonet. Segundo, con la aprobación en el Parlamento ucraniano en abril de 2019 de una ley que convertía al ucraniano en el único idioma estatal y de uso obligatorio para los funcionarios del Gobierno.

Entre otros problemas que han acentuado el conflicto, Bonet critica fuertemente el bloqueo comercial que inició Ucrania en 2017 para impedir el tráfico de mercancías entre las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL, que ocupan un tercio de las provincias) y el resto de Ucrania. “La gente que está en el poder en Ucrania no necesita la zona del Donbás (Donetsk y Lugansk) porque no les votan. Por tanto, no tienen ningún interés. Pero Rusia tampoco”, aclara. El Donbás es una zona con mucha cultura minera e industrial venida a menos que, según Bonet, necesita una reconversión industrial importante, que es muy costosa. Para destensar la situación, cree que Kiev debería intentar facilitar la vida de los ciudadanos del Donbás. Y pone un ejemplo. Hay familias de la región de Donetsk y Lugansk en las cuales parte de la familia vive en la zona ucraniana y otra parte en la rusa. Para cobrar la pensión, los jubilados ucranianos que viven en la zona rusa tienen que pasar al otro lado de la frontera, pero tardan mucho tiempo en hacerlo porque la frontera se ha endurecido todavía más con la crisis del covid.

En cuanto a una posible intervención rusa en la zona, Bonet considera que no necesitan tener tropas en el Donbás, solo controlar la situación y si se descontrolara, ya intervendrían. Por tanto, subraya, es muy importante que Ucrania actúe “con la máxima transparencia posible” y que haya “testigos y observadores” en la zona. Asimismo, recuerda los errores “garrafales” que Georgia cometió en 2008 y que condujeron a que Rusia reconociera como Estados independientes Osetia del Sur y Absajia.

Expansión de la OTAN al Este

Cuando se disuelve la URSS, la OTAN, aprovechando la debilidad del presidente ruso Boris Yeltsin, fue incorporando países de Europa del Este a su Alianza, remarca Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau. “Esto durante muchos años no ha sido un problema, pero ahora es uno de los elementos que está usando Putin, que simplemente quiere legitimar su liderazgo y conseguir apoyo popular para ganar las elecciones (de 2024)”, asegura. Para un personaje político como Putin, el nacionalismo y la identificación de un enemigo externo como la OTAN ayudan mucho, aunque no se puede perder de vista que en 1989 la OTAN estaba en un punto y en 2022 está en otro muy diferente.

“De una manera u otra, lo que está pasando también viene animado por una OTAN que no ha mirado de buscar soluciones que no pasen por una lógica militar”, argumenta. Y en el otro lado está la Organización de Cooperación de Shanghái (China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India, Irán y Pakistán), que podría dar apoyo militar a Rusia en caso de conflicto. Sin embargo, Calvo descarta esta confrontación. “Este conflicto tiene una complejidad enorme, con intereses económicos muy concretos, entre ellos tener acceso a mayor cantidad de recursos y materias primas. No tendría ningún sentido que se embarcaran en un enfrentamiento militar en el sentido tradicional”, explica y puntualiza, que lo que sí que se está produciendo es el enfrentamiento en otros ámbitos, como en las fake news, influir a través de medios de comunicación e internet, desestabilizar la democracia o utilizar Bielorrusia para provocar una crisis migratoria en Polonia, sabiendo que estos acontecimientos crearán confrontación e inestabilidad entre los países de la UE. Del aspecto de las fake news alerta Bonet constantemente. “Uno de los grandes problemas de Ucrania es que la narrativa rusa cala muchísimo en Occidente”, advierte. Calvo coincide con Arancón y Bonet en que Rusia no puede aceptar perder el control del Donbás porque eso le sirve a Putin para mantener su discurso de la “Gran Rusia”, que tiene con todos los países del espacio postsoviético. Eso no quiere decir, aclara, que se anexione el territorio oficialmente.

Alemania, el gasoducto ruso y la posición europea

Otro de los elementos que juega un papel clave en esta crisis es el gasoducto Nord Stream II que conecta Rusia con Alemania sin pasar por Ucrania, pero que no ha entrado en funcionamiento todavía, a la espera de recibir las certificaciones para poder operar. Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, avisó hace unas semanas: “No se puede imaginar que, por un lado, pensamos en imponer sanciones y, por otro lado, abrir una infraestructura (Nord Stream II). Está ciertamente ligado a la situación militar de Ucrania”, advirtió. Un proyecto que estaría operado por el gigante gasístico estatal ruso Gazprom, y que Alemania necesita por su dependencia energética, pese a que no gusta a EE UU ni a los países del Este.

“Creo que puede ser una ventana de oportunidad para dejar de hablar de enfrentamiento militar y empezar a hablar más de intereses, de dependencia. Crear espacios de paz es generar interdependencia”, analiza Calvo. Cortar el gasoducto, argumenta, no interesa a nadie y es una postura que no durará mucho. Tal vez, detrás de todo este conflicto, también se esté negociando un acuerdo en torno a los precios del gas que satisfagan a todo el mundo. La política exterior alemana respecto a Rusia es diferente, sostiene Calvo, debido a esta dependencia energética y a la historia reciente, la Segunda Guerra Mundial y el Muro de Berlín.

Otros analistas, en cambio, creen que Rusia tiene poder con los gasoductos especialmente en invierno, pero cuando llega marzo empieza a hacer buen tiempo y los precios de la energía se empiezan a reequilibrar. “Evidentemente, puede afectar, pero Europa tiene otras herramientas que puede utilizar. A malas, Alemania puede poner en funcionamiento las centrales de carbón. Contaminan, pero al menos no das dinero a Rusia, si decide invadir Ucrania”, opina Arancón.

Por otro lado, Calvo cree que detrás de la retórica de la UE de tener más autonomía estratégica respecto a la OTAN y fijar sus propias posiciones, está “crear el consentimiento en la población de que es necesario tener un ejército europeo o una defensa europea reforzada”, que estaría controlado básicamente por Alemania y Francia. De este modo, Europa duplicaría esfuerzos y recursos destinados a la militarización, no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la producción de armamento. “La industria armamentística europea es la que está detrás de este cambio de mentalidad”, asegura Calvo. A esta idea del hard power Calvo contrapone volver al soft power que hasta hace una década imperaba en la UE, es decir, conseguir sus objetivos de otra manera: crear una unión con avances democráticos, libertad de movimientos, ser un ejemplo en cuanto al respeto de los Derechos Humanos y promover la paz y el diálogo. Tanto Calvo como Bonet lamentan que la retórica belicista que estamos presenciando se parece demasiado al clima que había antes de la Primera Guerra Mundial. “La carrera armamentística, las capacidades militares, los presupuestos de defensa y las exportaciones de armamento están aumentando”, advierte Calvo.

Los meses del Maidán

El 21 de noviembre del 2013 comenzaron una serie de protestas en la Plaza de la Independencia de Kiev (Maidán), un día después de que el Gobierno ucraniano bajo el mando del presidente rusófilo Víktor Yanukóvich, suspendiera la firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la UE. Las protestas, iniciadas por grupos de estudiantes universitarios a los que se fueron uniendo diferentes sectores de la población, empezaron siendo pacíficas. Sin embargo, en enero, grupos ultranacionalistas ucranianos y de extrema derecha empezaron a instigar a los disturbios y la violencia callejera. Entre estos grupos estaba el partido Pravy Sektor (Sector Derecho), ultra-nacionalista ucraniano y de extrema derecha y el partido parlamentario Svoboda (Libertad), ideológicamente similar, englobado en el ultranacionalismo ucraniano y la extrema derecha.

Como consecuencia de los disturbios y los enfrentamientos entre la policía, la oposición y los grupos paramilitares, el 22 de enero murieron cinco personas, que se empezaron a contar por decenas en las siguientes semanas. La noche del 19 al 20 de febrero hubo un intento de alto el fuego entre el Gobierno ucraniano y la oposición que se rompió a las pocas horas. El 20 de febrero fue considerado el día más violento de los disturbios, con más de 60 fallecidos. Un día después, Yanukóvich y la oposición llegan a un acuerdo, con la mediación de tres ministros de Exteriores de la UE (Radosław Sikorski, de Polonia, Laurent Fabius de Francia y Frank-Walter Steinmeier de Alemania) para formar un gobierno de coalición, elecciones anticipadas y volver a la Constitución de 2004 para frenar la violencia. Sin embargo, Yanukóvich no ratificó los acuerdos y huyó del el país.

La mañana del 22 de febrero los opositores ocuparon las principales instituciones de Kiev. La oposición acusa a Yanukóvich de dejación de sus funciones presidenciales y el Parlamento aprobó su destitución con una mayoría aplastante, haciendo presidente a Turchínov. Estos hechos crearon controversia, porque como describió Pilar Bonet en su crónica de El País de aquel día, desde el punto de vista constitucional, “la destitución del presidente es más que cuestionable, ya que, además de una mayoría de dos tercios de la cámara (450 diputados), se requiere también la formación de una comisión investigadora de los motivos por los que se pretende destituirlo. A todo eso se superponía la ambigüedad sobre el marco jurídico, entre la constitución de 2010 y la constitución de 2004, a la que Ucrania retorna en función de un acuerdo firmado la víspera entre los jefes del la oposición parlamentaria y Yanukóvich”. Rusia y el propio Yanukóvich denuncian un golpe de Estado, pero Turchínov cogió el cargo como presidente interino de un gobierno provisional. Meses después se celebraron elecciones en las que resultó ganador Petró Poroshenko, quien podría enfrentarse a 15 años de cárcel por “alta traición”, después de haber sido acusado por la fiscalía ucraniana el pasado 20 de diciembre. ¿La razón? Comprar carbón en los territorios de las repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk. Con esa compra, Ucrania sostiene que Poroshenko ha financiado la lucha de los rebeldes prorrusos.

Contexto histórico del conflicto

“Son dos visiones (OTAN-Rusia) antagónicas, pero tienen una razón para ambos. El Imperio Ruso y la Unión Soviética después fueron un conglomerado multiétnico, incluyendo la zona este de Europa”, explica Arancón. El asunto es bien complejo y tiene muchos matices. Cuando se disuelve la URSS en 1991, todas las nacionalidades que estaban integradas en ella, y que no eran étnica y lingüísticamente rusos, quisieron formar sus propios Estados. Para conseguir su independencia, continúa Arancón, necesitaban aliados que les permitieran defenderse de las conquistas que habían sufrido históricamente por parte del Imperio ruso y, durante la Segunda Guerra Mundial, por la ocupación nazi-fascista. “Esa organización defensiva que les proteja, pensaron, es la OTAN”, añade Arancón. Así, entraron a formar parte de ella Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. No todos ellos formaban parte de la URSS, pero todos ellos formaban parte del espacio de influencia soviética, que llegaba hasta Alemania Oriental (República Democrática Alemana). Por este motivo, a Rusia no le gusta que esos países se estén alineando con Occidente, expone Arancón. “Confían en esa Rusia como un ente multiétnico: no es una cuestión de que los ucranianos tengan que ser rusos, sino que los lituanos, bielorrusos, letones, kazajos, tienen cabida dentro de Rusia”, prosigue. Según la cosmovisión rusa, su origen nacional es la Rus de Kiev (Estado que existió desde el año 882 —conquista de Kiev— hasta el año 1240 —invasión de los mongoles—), que comprendía territorios de Bielorrusia, Ucrania y Rusia.

En la cosmovisión rusa, tener líderes fuertes equivale a esplendor de Rusia. “Da igual que sea Pedro El Grande, Catalina La Grande, Stalin o Putin. Es cuando el país ha sido respetado internacionalmente. Y cuando el líder ha sido débil, como Yeltsin, el país ha sido un cachondeo”, sostiene Arancón. Si Ucrania o Bielorrusia empujan hacia Europa, ya solo quedarían ellos. “Y ellos, como se conciben a sí mismos como un imperio, con todo el esplendor y el orgullo que conlleva, ven una posible entrada en Europa como una cuestión absolutamente deshonrosa”, aclara Arancón.

Este conflicto se mantuvo, sin solución, durante el siglo XX y continuó después del colapso de la URSS, con periodos más pacíficos y otros más conflictivos. “La Ucrania más proeuropea, que tiene centros cosmopolitas como Kiev, intenta decantar la balanza hacia la UE y el este del país, más rusófilo, se decanta más hacia Rusia”, argumenta Arancón. Una inestabilidad que, concluye, continuó en el siglo XXI con la Revolución Naranja, una serie de protestas que tuvieron lugar en Ucrania desde finales de noviembre de 2004 hasta enero de 2005, en el contexto de las elecciones presidenciales, en las que hubo acusaciones de corrupción, intimidación y fraude electoral directo y en las que se impuso Víktor Yanukóvich, conservador-rusófilo, sobre Víktor Yúshchenko, conservador-europeísta. Después de una serie de manifestaciones y huelgas que tuvieron en Kiev su foco principal, el Tribunal Supremo de Ucrania ordenó convocar nuevas elecciones el 26 de diciembre 2004, dando la victoria al candidato pro-europeísta. Seis años después, Yanukóvich se convirtió en el sucesor de Yúshchenko, en unas elecciones que fueron calificadas como justas por las autoridades ucranianas y los observadores internacionales. 

Sobre el asunto de la corrupción, es interesante consultar el índice de percepción que elabora Transparency International. El último, que data del año 2020, sitúa a Ucrania en el puesto 117 y a Rusia en el 129.

Acuerdos de Minsk

El 11 de febrero de 2015 se celebró una cumbre en Minsk entre Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, con la supervisión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), para firmar un acuerdo que aliviara la guerra ruso-ucraniana en Donetsk y Lugansk. Todos los analistas consultados por El Salto coinciden en que no ha habido voluntad por parte de Rusia y Ucrania de respetar los acuerdos.

Entre otras medidas, el acuerdo plantea dotar de cierta autonomía a las regiones del Donbás por parte de Ucrania y la retirada de todas las formaciones armadas extranjeras, equipo militar, mercenarios y desarme de todos los grupos ilegales, bajo la supervisión de la OSCE. “Para conseguir esa autonomía hay que abrir un proceso constitucional en Ucrania y Ucrania no quiere”, apunta Arancón. Del mismo modo, prosigue, Rusia debería retirar tropas pero no quiere hacerlo, quiere proteger sus zonas de influencia del Donbás porque “teme que Ucrania incumpla como intentó hacer Georgia en el año 2008 invadiendo Osetia del Sur”. Es decir, que si Rusia se retira a su frontera y deja esas tropas de protección que disuaden a Ucrania de atacar a los paramilitares de las repúblicas populares autónomas de Donetsk y Lugansk, cree que los ucranianos podrían aprovechar para recuperar el control que está bajo dominio ruso. Por tanto, ninguna de las dos partes da un paso para que el otro pueda avanzar, debido a la desconfianza mutua.

“Estaba claro desde el primer día que no se iban a cumplir porque, ¿qué va primero, elecciones de acuerdo a los estándares de la OSCE o retirada de las tropas rusas de la frontera?”, plantea Bonet. Las partes llevan años discutiendo el texto, pero los acuerdos no se cumplen, tampoco el alto el fuego. Las direcciones políticas lo han aceptado debido a las presiones internacionales, pero sobre el terreno se da una dinámica de fronteras. En opinión de Calvo, los acuerdos son “papel mojado” porque Rusia no quiere renunciar a su influencia en los antiguos territorios de la URSS y en los países exaliados del Pacto de Varsovia.

Las negociaciones continuarán

Las negociaciones para evitar un conflicto de mayor gravedad en Ucrania continúan. La guerra de baja intensidad en el Donbás, también. Y en caso de que se agrave, los principales afectados serán los ucranianos. Entre los asuntos que los ucranianos consideran más importantes, un 45% señala la corrupción en las instituciones públicas; un 34% la inflación; un 31% el incremento de los precios de la energía; un 30% el desempleo; un 20% el conflicto militar del Donbás y otro 20% señala a su gobierno como incompetente, según recoge un estudio reciente elaborado por el Sociological Group “Rating” junto al Center for Insights and Survey Research (CISR) y el International Republican Institute (IRI). El estudio arroja otro dato muy importante: en los últimos diez años, el apoyo de los ucranianos a ingresar en la UE ha subido 22 puntos: pasando de un 36 a un 58%. En la misma medida, 22 puntos, ha caído el apoyo a establecer relaciones con Rusia: solo un 21 por ciento apoya una unión aduanera con Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Una ocupación en el país podría decantar definitivamente la balanza ucraniana en el lado europeo.

Como dice Pilar Bonet, de momento hablan, por lo tanto, “lo militar es un elemento más que forma parte de un conjunto presidido por la diplomacia”. Arancón asegura que la solución pasa por encontrar una postura asumible para Rusia, Ucrania y la OTAN. Y Calvo, opina que “para crear espacios de paz debemos generar interdependencia”. Esperemos que esa deseada diplomacia se imponga.

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No lo llames "cerco": Washington tensa el lazo alrededor de China

La palabra cerco no aparece en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) de 2022, ratificada por el presidente Joe Biden el 27 de diciembre, ni en otras declaraciones recientes del gobierno sobre su política exterior y militar. Tampoco figura ese clásico término de la guerra fría que era contención. No obstante, los máximos dirigentes de EE UU han consensuado una estrategia encaminada a cercar y contener a la nueva gran potencia, China, a base de alianzas militares hostiles, a fin de impedir que ascienda a la categoría de plena superpotencia.

La voluminosa ley de defensa de 2022 ‒aprobada con el apoyo aplastante de ambos partidos‒ contiene un esquema detallado del cerco a China mediante una red potencialmente asfixiante de bases y tropas militares estadounidenses y países aliados cada vez más militarizados. El propósito es capacitar a Washington para encerrar al ejército chino dentro de su propio territorio y posiblemente paralizar su economía en una hipotética crisis futura. Para los dirigentes chinos, que sin duda no pueden tolerar que el país quede rodeado de esta manera, esto es una invitación abierta a… bueno, no hay razón para quitar punta a la expresión… a romper como sea el confinamiento.

Al igual que todas las leyes de defensa precedentes, la NDAA de 2022, que fija un gasto de 768.000 millones de dólares, está repleta de obsequios sumamente generosos a los proveedores del ejército en forma de pedidos de las armas predilectas del Pentágono. Estos incluirían cazas F-35, submarinos de la clase Virginia, destructores de la clase Arleigh Burke y un amplio surtido de misiles guiados. Tal como señala la comisión de asuntos militares del Senado en un resumen de la ley, también incorpora una serie de partidas concretas e iniciativas políticas destinadas a cercar, contener y potencialmente subyugar a China. Entre estas figura una cantidad extra de 7.100 millones de dólares para la Iniciativa de Disuasión del Pacífico, o PDI, un programa iniciado el año pasado con vistas a potenciar las fuerzas estadounidenses y aliadas en el Pacífico.

Tampoco se trata de partidas aisladas en esta ley de 2.186 páginas. La ley de autorización incluye una medida de “sentido cooperativo” centrada en tejer “alianzas y colaboraciones de defensa en la región indopacífica” que proporcione un programa conceptual de cara a esta estrategia de cerco. De acuerdo con dicha ley, el ministro de Defensa ha de “reforzar las alianzas y colaboraciones con EE UU en la región indopacífica a fin de reforzar la ventaja comparativa de EE UU en la competencia estratégica con la República Popular China” (PRC).

El hecho de que la NDAA de 2022 se aprobara sin apenas oposición en el Congreso y el Senado indica que el apoyo a estas medidas y otras similares es sólido en ambos partidos. Algunos Demócratas progresistas trataron de reducir la cuantía del gasto militar, pero sus colegas de la comisión de asuntos militares de ambas cámaras votaron, por el contrario, a favor del aumento de la asignación de este año al Pentágono, que de por sí ya resulta abrumadora, en otros 24.000 millones de dólares, particularmente para contener (o combatir) mejor a China. La mayor parte de esos dólares de la población contribuyente que se han añadido se destinarán a la construcción de misiles hipersónicos y otras armas avanzadas que apuntarán contra la RPC, a la realización de más maniobras militares y al refuerzo de la cooperación en materia de seguridad con los aliados de EE UU en la región.

Para los gobernantes chinos no puede haber ninguna duda sobre el significado de todo esto: diga lo que diga Washington sobre la competencia pacífica, el gobierno de Biden, como el de Trump bajo la anterior presidencia, no tiene intención de permitir que la RPC alcance la paridad con EE UU en el escenario mundial. De hecho, está dispuesto a utilizar cualquier medio, incluida la fuerza militar, para impedir que esto ocurra. Así, a Pekín solo le queda una alternativa: o bien ceder a la presión estadounidense y aceptar ser un país de segunda en los asuntos globales, o bien desafiar la estrategia  de contención de Washington. Resulta difícil imaginar que el liderazgo actual del país acepte la primera opción, mientras que la segunda, si se aprobara, conduciría con toda seguridad, pronto o tarde, al conflicto armado.

La sempiterna tentación del cerco

De hecho, la idea de rodear a China mediante una cadena de potencias hostiles se postuló por primera vez como política oficial durante los primeros meses de la presidencia de George W. Bush. En aquel entonces, el vicepresidente Dick Cheney y la consejera de seguridad nacional  Condoleezza Rice decidieron establecer un sistema de alianzas antichinas en Asia, siguiendo las directrices expuestas por Rice en un artículo publicado en enero de 2000 en la revistas Foreign Affairs. En el mismo, la autora lanzó una advertencia frente a los esfuerzos de Pekín por “alterar el equilibrio de fuerzas en Asia a su favor”, una dinámica a la que EE UU debía responder profundizando “la cooperación con Japón y Corea del Sur” y manteniendo “su compromiso con una presencia militar robusta en la región”. Además, señaló que había que “prestar más atención al papel de India en el equilibrio regional”.

Esta noción ha seguido formando parte desde entonces del guion de los sucesivos gobiernos de EE UU, aunque en el caso del gabinete de Bush su aplicación quedó aparcada abruptamente el 11 de septiembre de 2001, cuando combatientes islámicos atentaron contra las torres gemelas de Nueva York y la sede del Pentágono en Washington, D.C. y el gobierno declaró la “guerra global contra el terrorismo”.

Pasó una década hasta que en 2011 la política oficial de Washington recuperó la estrategia de Rice-Cheney de rodear a China y cercenar o suprimir su creciente poder. En noviembre de aquel año, en un discurso ante el parlamento australiano, el presidente Barack Obama anunció el “giro a Asia” de EE UU: una iniciativa encaminada a restablecer el predominio de Washington en la región induciendo a sus aliados de allí a intensificar los esfuerzos por contener a China.“Como presidente, he… tomado una decisión deliberada y estratégica”, declaró Obama en Canberra. “Como nación ribereña del Pacífico, EE UU desempeñará un papel más activo y a largo plazo en la configuración de esta región y de su futuro… He ordenado a mi equipo de seguridad nacional que a medida que concluyamos las guerras actuales [en Oriente Medio], dé prioridad a nuestra presencia y nuestra misión en la parte asiática del Pacífico”.

Sin embargo, al igual que anteriormente el equipo de Bush, la presidencia de Obama se vio absorbida por los acontecimientos en Oriente Medio, concretamente la conquista en 2014 de partes importantes de Irak y Siria por el Estado Islámico, viéndose forzada a dejar en suspenso su giro al Pacífico. Tan solo en los últimos años de la presidencia de Donald Trump volvió  cobrar protagonismo la idea de rodear a China en el pensamiento estratégico estadounidense.

Dirigido por el secretario de Estado Mike Pompeo, el esfuerzo de Trump resultó ser mucho más sustancial, pues comportó la ampliación de las fuerzas estadounidenses acantonadas en el Pacífico, la intensificación de la cooperación con Australia, Japón y Corea del Sur en el terreno militar y una mayor atención a India. Pompeo incorporó además varios nuevos elementos a la panoplia: una alianza cuatrilateral de Australia, India, Japón y EE UU (llamada Quad); lazos diplomáticos más estrechos con Taiwán; y la demonización explícita de China como enemiga de los valores occidentales.

En un discurso pronunciado en julio de 2020 en la Biblioteca Presidencial Richard Nixon, Pompeo expuso con claridad la nueva política con respecto a China. Para impedir que el Partido Comunista Chino (PCC) acabe con el “orden basado en reglas que nuestras sociedades se han esforzado tanto en construir”, declaró, “hemos de dibujar en la arena líneas comunes que no puedan ser borradas por los tratos o halagos del PCC”. Esto no solo exigía incrementar las fuerzas estadounidenses en Asia, sino también crear un sistema de alianzas similar al de la OTAN para frenar el crecimiento ulterior de China.

Pompeo lanzó asimismo dos iniciativas cruciales dirigidas contra China: la institucionalización de la Quad y la expansión de las relaciones diplomáticas y militares con Taiwán. La Quad, cuyo nombre formal es Diálogo de Seguridad Cuatrilateral, se había formado inicialmente en 2007 por decisión del primer ministro japonés, Shinzo Abe (con el apoyo del vicepresidente Dick Cheney y de los dirigentes de Australia e India), pero quedó en suspenso durante años. Se reavivó en 2017, cuando el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, se reunió con Abe, el primer ministro indio Narendra Modi y Trump con ánimo de impulsar un mayor esfuerzo por contener a China.

Con respecto a Taiwán, Pompeo subió la apuesta aprobando el envío de misiones diplomáticas a su capital, Taipei, compuestas por altos cargos del gobierno, como el secretario de Salud Alex Azar y el subsecretario de Estado Keith Krach, los miembros de mayor rango del gobierno estadounidense que visitaban la isla desde 1979, cuando Washington rompió las relaciones formales con el gobierno taiwanés. Ambas visitas fueron criticadas rotundamente por las autoridades chinas, que las calificaron de graves violaciones de los compromisos contraídos por Washington ante Pekín al amparo del acuerdo por el que establecía relaciones con la RPC.

Biden adopta la estrategia de cerco

Al acceder a la Casa Blanca, el presidente Biden prometió revertir muchas de las políticas impopulares de su predecesor, pero estas no incluían la estrategia con respecto a China. En efecto, su gobierno ha hecho suya de buena gana la estrategia de cerco diseñada por Pompeo. A resultas de ello, los preparativos de cara a una posible guerra con China constituyen ahora, por desgracia, la máxima prioridad del Pentágono, como en el caso del departamento de Estado el aislamiento diplomático de Pekín.

De acuerdo con esta perspectiva, el requerimiento presupuestario del departamento de Defensa para  2022 señala que “China constituye el principal desafío a largo plaza para EE UU” y que por tanto “el departamento dará prioridad a China como nuestro desafío número uno y desarrollará los conceptos, recursos y planes operativos adecuados para reforzar la capacidad de disuasión y mantener nuestra ventaja competitiva”.

Mientras tanto, como instrumento clave para reforzar los vínculos con sus aliados en la región  Asia-Pacífico, el gobierno de Biden ha hecho suya la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (Pacific Deterrence Initiative, PDI) impulsada por Trump. El gasto propuesto para la PDI se incrementó un 132 % en el requerimiento presupuestario del Pentágono para 2022, pasando de los 2.200 millones de dólares de 2021 a 5.100 millones este año. Y si se quiere calibrar el clima actualmente imperante con respecto a China, tómese nota de lo siguiente: incluso este aumento resultaba insuficiente para la mayoría de congresistas Demócratas y Republicanos, que han añadido otros 2.000 millones de dólares a la asignación al PDI en 2022.

A fin de dejar todavía más claro el compromiso de Washington con una alianza antichina en Asia, los dos primeros jefes de Estado o de gobierno extranjeros invitados a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Biden fueron el primer ministro japonés Yoshi Suga y el presidente surcoreano Moon Jae-in. En sus respectivas entrevistas, Biden subrayó la importancia de unir esfuerzos frente a Pekín. Tras su reunión con Suga, por ejemplo, Biden insistió públicamente en que su gobierno está “comprometido a cooperar para hacer frente a los desafíos planteados por China… a fin de asegurar un espacio indopacífico libre y abierto”.

El 24 de septiembre, líderes de la Quad se reunieron en primicia con Biden en una cumbre en la Casa Blanca. Aunque el gobierno de EE UU destacó iniciativas no militares en su informe oficial sobre los resultados de la reunión, el principal punto del orden del día fue sin duda el refuerzo de la cooperación militar en la región. En este sentido es revelador que Biden aprovechara la ocasión para sacar a relucir un acuerdo que acababa de firmar con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, con el fin de facilitar a este país la tecnología de propulsión para una nueva flota de submarinos de propulsión nuclear, una iniciativa que evidentemente apunta contra China. Hay que señalar asimismo que pocos días antes de la cumbre, EE UU constituyó una nueva alianza con el Reino Unido y Australia, llamada AUKUS, que también apunta contra China.

Finalmente, Biden ha seguido incrementando los contactos diplomáticos y militares con Taiwán, incluso en su primer día en el cargo, cuando Hsiao Bi-jim, el embajador de facto de Taipei en Washington, asistió a su toma de posesión. “El presidente Biden estará al lado de amigos y aliados para impulsar nuestra prosperidad compartida, nuestra seguridad y nuestros valores comunes en la región Asia-Pacífico, y esto incluye a Taiwán”, declaró un portavoz de la presidencia por aquellas fechas. Pronto siguieron otros contactos de alto nivel con autoridades taiwanesas, inclusive personal militar.

Una estrategia general de contención

De lo que han carecido hasta ahora todas estas iniciativas es de un plan general para frenar el ascenso de China, asegurando de esta manera la supremacía permanente de EE UU en la región indopacífica. Los autores de la NDAA de este año han prestado especial atención a esta deficiencia y varias disposiciones de la ley contemplan la elaboración precisamente de este plan general. Se trata de una serie de medidas encaminadas a incorporar a Taiwán en el sistema de defensa estadounidense alrededor de China y de la exigencia de elaborar una estrategia general de contención de este país en todos los frentes.

Una medida oficiosa prevista en esta ley otorga una coherencia general a esas iniciativas inconexas, estipulando la creación de una cadena ininterrumpida de Estados centinela armados por EE UU que se extiende desde Japón y Corea del Sur en el norte del Pacífico hasta Australia, Filipinas, Tailandia y Singapur en el sur, con India en el flanco suroccidental de China, con el fin de rodear y contener a la RPC. Taiwán también está incluida en la proyectada red antichina.

El futuro papel que se contempla para esta isla en el plan estratégico previsto se pone de manifiesto en una disposición titulada “Proposición no vinculante sobre las relaciones con Taiwán en materia de defensa”. Esencialmente, esta medida insiste en que la promesa hecha por Washington en 1978 de poner fin a sus lazos militares con Taipei y el tratado subsiguiente entre EE UU y China, suscrito en 1982, en que el primero se compromete a reducir la calidad y la cantidad de sus suministros de armas a Taiwán, han dejado de tener validez debido al “comportamiento cada vez más coercitivo y agresivo” de China con respecto a la isla. Así, la proposición aboga por reforzar la coordinación militar entre los dos países y la venta a Taiwán de sistemas de armas más sofisticados, junto con la tecnología para su fabricación.

Sumando todo esto tenemos la nueva realidad de la presidencia de Biden: la disputada isla de Taiwán, a un tiro de piedra del territorio continental de China y considerada una provincia por la RPC, se convierte ahora en una aliada militar de facto de EE UU. Difícilmente puede haber una transgresión más directa de una línea roja china: el principio de que pronto o tarde la isla debe aceptar la integración pacífica con el continente o enfrentarse a una acción militar.

Además de reconocer que la política expuesta en la NDAA de 2022 representa una amenaza fundamental para la seguridad de China y su deseo de desempeñar un papel más importante en el ámbito internacional, el Congreso indicó asimismo al presidente que presentara una “estrategia general” con respecto a las relaciones de EE UU con China en los próximos nueve meses. Dicho documento debería incluir una evaluación de los objetivos globales de este país y un inventario de sus recursos económicos, diplomáticos y militares que requiere EE UU para frenar su ascenso. Por otro lado, insta al gobierno de Biden a examinar “los supuestos y el resultado o los resultados finales de la estrategia estadounidense a escala global y en la región indopacífica con respecto a la RPC”. No se explica el significado de la expresión “el resultado o los resultados finales”, pero es fácil imaginar que los autores de esta propuesta estaban pensando en el posible colapso del gobierno comunista chino o alguna forma de guerra entre los dos países.

¿Cómo responderán los gobernantes chinos a todo esto? Nadie lo sabe todavía, pero el presidente Xi Jinping dio al menos una pista sobre lo que podría ser la respuesta en un discurso del 1 de julio, pronunciado con motivo el centenario del PCC. “Nunca permitiremos que una fuerza extranjera nos acose, oprima o subyugue”, declaró mientras desfilaban los blindados, misiles y cohetes más nuevos de China. “Quienquiera que lo intente se situará en un rumbo de colisión con una gran muralla de acero forjada por más de 1.400 millones de personas chinas.”

Bienvenidas a la guerra fría del siglo XXI en un planeta que necesita desesperadamente otra cosa.

13/01/2022

https://tomdispatch.com/none-dare-call-it-encirclement/

Traducción: viento sur

Publicado enInternacional
Ilustración: @marcoprile

Entrevista a Lisbeth Moya González

Conversamos con Lisbeth Moya González, quien es una joven periodista, escritora y activista política como parte de la izquierda crítica cubana. En esta interesante entrevista, realizada en los últimos días de diciembre, se consideran distintos aspectos de la difícil problemática económica, política y social que recorre la isla, cuyo destino es de gran interés para los trabajadores y pueblos de América Latina y el mundo. Sin compartir algunas de las diversas cuestiones que desarrolla, consideramos de suma importancia dar a conocer su visión sobre lo que acontece en el interior de la propia isla y los caminos que se proponen para una salida de la actual crisis cubana. Esta entrevista es parte de un conjunto que estamos realizando a una parte de la llamada izquierda crítica cubana; próximamente estaremos publicando un artículo sobre la situación y el programa, donde abordamos nuestra visión y posición como parte de los debates en curso.

Las movilizaciones del 11 de julio de 2021 marcaron un antes y un después en la situación política en Cuba. ¿Cuáles fueron, para ti, las causas de esas movilizaciones?

El 11 de julio fue un día bastante polémico, fue un día que para mí no fue una sorpresa. Sabíamos con anticipación que las cosas estaban mal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del descontento de la gente, y que eventualmente iban a explotar. No sabíamos de qué manera, pero sí que algo se iba a armar. Yo vivo en un barrio marginal que se llama Jesús María, en el centro de La Habana vieja, y todo el tiempo sentíamos el descontento popular. Estaba todo muy caldeado. También sabía, pues conozco otras partes de la historia, porque tengo a mis padres, por ejemplo, que viven en el interior del país, que allí la situación económica era mucho más terrible que en La Habana.

Por otro lado, hay que considerar que en Cuba pasamos por un período especial y si bien tuvimos un maleconazo el 5 de agosto de 1994, este fue un pequeño estallido social, comparado con el 11 de julio. La ciudadanía está acostumbrada, por falta de tradición política o porque se les educa en obedecer y ser parte de un sistema, como un engranaje continuo, a no rebelarse. Porque además el derecho de manifestación en Cuba no existía en lo más mínimo, hasta hace muy poco que en la nueva Constitución sí se habla del derecho a manifestación.

Entonces, en Cuba no existe tradición de protesta. No existen sindicatos que ejerzan esa función; aunque existe la Central de Trabajadores de Cuba, que es como un gran sindicato que está controlado por el Gobierno, pero no ejerce la función de sindicato. Cuando tienes problemas en el trabajo con tu jefe o cualquier cosa el sindicato no te va a respaldar de la misma manera. Cuando tienes un problema con los efectos de las medidas económicas que se apliquen a nivel macro en el país no vas a ver a un sindicato en la calle reclamando tus derechos. O ante situaciones como las que se enfrentaron hace un tiempo, cuando ocurrió una especie de despidos masivos, que acá se le llamó en ese momento un “proceso de idoneidad” dentro de los trabajos, que sencillamente te decían que ya no, porque se abría el sector privado, y se buscaba echar a la calle a trabajadores del sector estatal, hacían un proceso de selección y sencillamente echaron a la calle a un montón de gente para que fueran precisamente la mano de obra de ese sector privado. Eso le dolió a mucha gente porque muchas personas estaban adaptadas a su trabajo y sencillamente verte sin trabajo de un día para otro no es nada gracioso y ahí no hubo un sindicato, por ejemplo, que protestara, y no sucedió nada.

Con esto no estoy diciendo que en Cuba no exista una tradición política de protesta. Tenemos una historia que es de antes del ‘59, que era una historia convulsa de protestas, de lucha, pero luego se vino a eliminar toda posibilidad de asociación, de disenso, o sea, básicamente, actualmente, si no estás de acuerdo con lo que se plantea desde arriba, esa verticalidad, si no estás de acuerdo con ellos, no puedes protestar.

Entonces el 11 de julio llega en el punto álgido de un montón de contradicciones, contradicciones de tipo económico que tenían que ver con la situación cubana que estaba mal desde antes. En Cuba nunca hemos estado económicamente bien, desde el período especial hasta los días de hoy, que nadie se engañe. La situación más reciente tiene que ver con la desaparición total de los productos básicos, conseguir un pomo de aceite, carne o lo que sea, acá es muy difícil. Tiene que ver con la gran inflación que existe, descomunal, que se dice era del 6900%, no sé bien la cifra, pero era una brutalidad, pero es que las cifras oficiales nunca están a mano.

Pero yo creo que el fenómeno es mucho más complejo que eso. Para analizarlo hay que pensar, por ejemplo, que no se puede olvidar un momento que fue clave de lo que sucedió en Cuba en enero, que fue la Tarea Ordenamiento Económico, que fue un momento en la economía que, en medio de la crisis económica y sanitaria que implica el COVID-19, se decidió hacer algo que el gobierno había atrasado durante mucho tiempo, algo que estaba planificado, pero que no se había hecho, y como ya estábamos en una crisis muy grande e insostenible, pues decidieron meter esa medida económica, un paquetazo de una vez para tratar de “cambiar algo” y tratar de “revitalizar la economía”. Estoy utilizando palabras que ellos mismos emplean.

Y que en realidad representó un ataque enorme a las condiciones de vida del pueblo cubano…

Sí. Cuando hablo de esto me acuerdo de Alejandro Gil, ministro de economía, diciendo en la televisión que se iban a abrir las tiendas en moneda libremente convertible, llamadas MLC, donde tendrían acceso las personas que reciben remesas o que reciben dólares, euros u otras monedas extranjeras. Esas personas que tenían esas monedas se harían una tarjeta MLC, donde esta moneda tendría un valor asociado, según la fluctuación del MLC en el mercado, a partir de la cotización de las distintas monedas extranjeras. Con esta tarjeta podrían comprar en tiendas especiales, en las cuales Alejandro Gil dijo que se ofertarían productos de “alta gama”; de esta forma se refieren a productos que no se encuentran normalmente en las tiendas comunes.

Esto fue presentado por el gobierno como una manera de captar los dólares y otras monedas extranjeras que entraban a Cuba, y supuestamente con esos recursos poder invertir y llenar las otras tiendas. Cuando oí eso dije: esto es un apartheid económico, no sé qué voy a hacer yo y todo el mundo porque a estas tiendas no voy a poder acceder nunca. En aquel momento recuerdo que tuve muchos debates y que muchas personas me decían: “no es así, en las tiendas comunes va a haber cosas”, en fin. Esto porque desde el gobierno se afirmó que nunca se dejaría de abastecer a las demás tiendas, y que serían unas pocas tiendas en MLC en cada municipio, en cada localidad.

Pero la realidad es que cada día hay más tiendas en MLC y menos tiendas normales. Hay pueblos donde solo existen una o dos tiendas normales y el resto son tiendas en MLC. Todo esto en un país en donde a los obreros, a los trabajadores no se les paga en MLC, sino en pesos cubanos. Recordemos que estas medidas fueron presentadas para sacar de circulación el CUC, que había sido una moneda emergente que habían implantado durante el periodo especial, para eliminar la circulación del dólar en Cuba. Este proceso de dolarización entra entonces de una manera novedosa y conveniente para ellos.

Y entonces ¿qué sucedió? Que cada día había más tiendas en MLC. Cada día los precios en las tiendas MLC estaban más altos y se decidió comercializar en esas tiendas más productos de los que no se encontraban en ninguna parte: por ejemplo, los cigarros, que solamente se venden en MLC. Y cada día las tiendas normales, donde puedes comprar en pesos cubanos, son menos y están más vacías.

Y cada día, los cubanos tienen que acudir a un mercado negro, con precios descontrolados. Se trata de personas que consiguen el MLC en el mercado negro, donde lo compran a precios elevadísimos, por ejemplo 70 u 80 pesos por un MLC y con eso adquieren los productos. Esto implica que hay un mercado especulativo del MLC, por un lado; de los dólares y euros por otro, y finalmente de los productos de primera necesidad y de todo tipo. Por ejemplo, para comprar un paquete de pollo tienes que dar como 600 pesos cubanos. Eso era inconcebible antes, cuando un paquete de pollo te costaba 8 dólares, que era como 200 pesos, y estoy dando un precio alto. Un pomo de aceite que antes costaba uno o dos dólares ahora cuesta el equivalente a 10 y a veces hasta 15 dólares. Y así todo.

Al mismo tiempo está la crisis sanitaria: no hay medicamentos, prácticamente no hay test para saber si la gente tiene coronavirus. Las cifras de la pandemia son ficticias, porque hay mucha gente contagiada que no puede hacerse test, que tienen los síntomas pero que no se les contabiliza porque no hay test para hacerle. Conozco muchísimos casos que han estado con coronavirus en su casa sin poder testearse. Entonces, si a eso le sumas en el contexto del Covid-19 que la crisis sanitaria había tocado un pico pandémico enorme, que había ciudades que estaban desbordadas y hospitales colapsados, si a eso le sumas los sarcásticos del noticiero de la televisión cubana y de los medios de prensa, diciendo que todo está bien, que no pasa nada. Y esto es porque en Cuba no hay transparencia periodística, y los medios alternativos son totalmente asediados. Y buena parte de los “medios alternativos”, esa crítica tengo que hacerles, a veces son una locura porque realmente están pagados por Estados Unidos y eso no se puede negar, y son terriblemente malos informando, o sea calumnian todo el tiempo. Hay realidades tristes que contar, pero ellos se pasan o inventan, pero también hay medios alternativos muy respetables, eso sí, no lo olvidemos.

Entonces, llegado el 11 de julio teníamos la crisis, teníamos un pueblo, un pueblo que no puede más económicamente hablando, teníamos a la televisión mintiendo todo el tiempo.

Queríamos preguntarte sobre los antecedentes en ese terreno de lo que vienes desarrollando.

Sí, te puedo decir que en el ámbito de lo político habían sucedido varias cuestiones que eran también bastante fuertes, y es que en Cuba existe una oposición que había hecho acciones desde hace muchísimo tiempo, una oposición que no tiene matiz de izquierda, una oposición en buena medida de derecha, aunque la izquierda y la derecha se ha transfigurado un poco en los sucesos asociados a esa oposición en los últimos años. Me refiero, por ejemplo, a los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, donde durante meses estuvieron sitiados y en huelga los miembros del movimiento San Isidro, como Luis Manuel Otero Alcántara y el resto de sus integrantes. Estaban en huelga, protestando precisamente por el encarcelamiento de Denis Solís, un rapero cubano, también opositor, causado por enfrentarse a un policía. Solís había sido condenado a prisión por esto y por otras arbitrariedades del Gobierno. Entonces, estaba San Isidro en huelga, llegaron a las casas de ellos con excusas del Covid-19, de que había alguien que había entrado al país que era Carlos Manuel Álvarez, el periodista, y desalojan a San Isidro. Además de esto a Luis Manuel se lo llevan preso.

Entonces esto fue un punto álgido, digamos, de colapso político, en particular para los artistas y los escritores jóvenes, porque un grupo grande de simpatizantes, inicialmente de simpatizantes de San Isidro, pero después sencillamente de jóvenes, de personas que veían en lo que estaba sucediendo una arbitrariedad más del Gobierno, del tema de la censura y de la no posibilidad de disenso en Cuba.

Yo estuve el 27 de noviembre. Estuve porque quería ver qué sucedía; como periodista debo ver qué sucede políticamente en mi país. Aunque no coincidía con Luis Manuel Otero Alcántara tenía que ver qué estaba pasando y, además de eso, sí estuve allí de convicción por el tema del disenso y la represión en Cuba, que para mí es fundamental ahora mismo y lo era en ese momento. El tema de la represión y del disenso en Cuba es preocupante, acá no hay libertad de manifestación ni de asociación. Mientras en otros países ustedes se manifiestan, aunque los repriman o no, en Cuba no podemos: aquí te manifiestas, te agarran preso y te acusan de delitos contra la seguridad del Estado que implica una cantidad de años encima.

Entonces, volviendo, el caso del 27 de noviembre, que si bien no era de izquierda sí encendió la llama de muchas cosas. Entonces en ese día se congregaron frente al Ministerio de Cultura 500 personas como mínimo. Éramos jóvenes que teníamos miedo, que estábamos allí tratando de dialogar con las instituciones y exigir precisamente en torno a temas como la libertad de Luis Manuel, así como el derecho al disenso, la libertad de expresión y demás. Sin embargo, ese 27 de noviembre no había una conciencia política colectiva de grupo ni mucho menos. Ya después se intentó crear, con los que participaron, un grupo que se llamó 27N, que terminó dispersándose porque precisamente, después de eso, la seguridad del Estado, la policía política, se encargó de desmembrarlo mediante el método de la prisión o el exilio. Esta es la respuesta que se da desde el Estado, a ti te dicen que en tu país no puedes estar y si estás vas a la cárcel. Y tienes que irte de tu país. Porque disientes, porque políticamente no estás de acuerdo con lo que el Gobierno plantea y es el momento en el que tu vida se reduce a estar preso en tu casa o en una prisión sin poder trabajar, sin poder decir ni hacer nada, donde tus libertades civiles y políticas son eliminadas y te obligan a irte pues te dicen o te vas o te hacemos todo esto. En mi caso, que soy de izquierda, he sido hostigada en mi trabajo. Entonces, basado en ese concepto, podemos decir que la seguridad del Estado se ha encargado de desmembrar toda la disidencia y toda oposición.

Después del 27N ocurrieron otras cosas, una serie de momentos de manifestación política. Pero todos los que salieron a la calle después de ese día fueron reprimidos y apresados, están en la cárcel esperando sentencia, como es el caso de Luis Robles, que al parecer se lo hicieron el otro día, pero ahora no sé ni lo que le salió en materia de años. Y antes del 27 de noviembre también... habíamos tenido una marcha que fue el 11 de mayo de 2019. Esa fue una manifestación de la comunidad LGBT, muy masiva, que también fue reprimida, y algunos de sus miembros fueron apresados, y de allí surgió 11M, que es una plataforma que lucha por los derechos de la comunidad LGBT y con la que tengo la suerte de colaborar, porque hacen un trabajo de activismo hermoso.

Entonces tenemos todos estos antecedentes de represión y de un despertar de la sociedad civil cubana en materia de activismo. Sin embargo, es curiosísimo que la marcha del 11 de julio no fue organizada por la sociedad civil cubana. Los artistas, la comunidad LGBT, los intelectuales y demás solo fuimos simples participantes o espectadores ese 11 de julio. Fue el pueblo de centro Habana, de Jesús María, de Marianao, de Los Pocitos, de la Güinera, etc., que son los barrios pobres de La Habana, los marginados, los que más están sufriendo la crisis económica; fue de allí de donde surgió la manifestación, desde donde salieron a las calles, en un fenómeno que fue bastante fuerte y simultáneo en muchos lugares del país.

Se ha criticado que la marcha fue violenta de parte de los manifestantes. Yo realmente no sé qué espera el Gobierno cubano. No quiero minimizar la violencia de los manifestantes – sé que hicieron cosas como intentar tomar cuarteles de policía o virar patrullas de policía– pero sí vi y viví en carne propia la violencia del Estado sobre los manifestantes. Está el caso de Leonardo Romero Negrín, que estaba conmigo ese día y que fue apresado injustamente sin hacer nada, solo porque le pedimos cuentas a un policía que estaba golpeando a un menor de edad. Leonardo fue reprimido, le fracturaron las costillas, le sucedieron muchas cosas dentro de la prisión y estaba desaparecido. No lo encontrábamos. Y una semana después, que pudimos dar con él gracias a la presión social y política, logramos que saliera. Pero no todos los presos tienen la suerte de Leonardo Romero.

¿Cómo vinculas las políticas gubernamentales, y en particular la Tarea Ordenamiento, con el aumento de la desigualdad social y el avance de la restauración capitalista?

Yo diría que la restauración capitalista es algo que ha venido sucediendo, de a poco. Es innegable que en Cuba la economía es una especie de Frankenstein. Yo la llamaría una economía de resistencia: todo el tiempo estamos resistiendo. A mi modo de ver, en Cuba el tema de los medios de producción nunca se ha afrontado como debería hacerse en un país que se plantea construir el socialismo: que es socializar los medios de producción de manera cooperativa, y no centralizarlo todo, porque el Estado cubano siempre ha sido bastante centralizado y ha querido siempre tener el poder económico. Nunca se ha laborado en la construcción de esa economía ideal, ya sea por el bloqueo o ya sea por la mala gestión de la burocracia en Cuba.

Evidentemente vivimos el bloqueo y el asedio norteamericano, porque estamos al lado del imperio que no quiere que el socialismo exista en ningún país porque es su opuesto histórico. Hemos vivido siempre en un estado de alarma, en un estado sitiado, y el desarrollo de la economía ha sido bastante centralizado y muy poco socializado.

Entonces en medio de esto viene el avance de la restauración capitalista, que tiene que ver también con las nuevas generaciones que detentan el poder en Cuba, y tiene su cara más brutal en el paquetazo neoliberal que fue la Tarea Ordenamiento. Estas medidas fueron otro paso más, porque ya se habían tomado medidas para llegar hasta aquí, como lo que comenté respecto a los despidos. Esto no fue algo sorpresivo, en la Constitución que se aprobó años atrás se sentaban las bases para esa restauración capitalista, y efectivamente, entonces, el 11 de julio responde a ese proceso de restauración.

Y obviamente el avance de la restauración capitalista ha traído consigo la desigualdad y la desigualdad se ve cada día más. En La Habana, por ejemplo, se ve en que los barrios están cayendo, se están derrumbando, y los hoteles, la mayoría lujosos, se están levantando. El otro día hubo un derrumbe muy fuerte. Se ve en que la inflación crece, los precios aumentan y la gente no tiene para comer. Se ve cómo los negocios privados aumentan con unos precios escandalosos y no hay tiendas para comprar productos básicos. Hay muchas manifestaciones desde el punto de vista social y económico por el descontento por esa restauración capitalista y sus consecuencias. Se ve cómo en Cuba surgen nuevas clases sociales, surge la pequeña burguesía, y se mezcla allí de una manera muy interesante con, yo diría, la burguesía de sangre azul que ya existía, que son los hijos de quienes dirigen Cuba y sus familias, que tienen otras prebendas, lujos, que la población no tiene.

Es muy interesante lo que mencionas, respecto al proceso que se da en torno a la emergencia de estos sectores privilegiados. ¿Podrías ampliar en torno a esto?

Sí. En Cuba siempre han existido los privilegios de los hijos de los burócratas y sus familiares. Antes, como no había internet, esos privilegios se podían ocultar un poco más. Con el internet se evidencian más muestras de eso. Además, particularmente en la capital, se ven más esos privilegios, porque esos hijos ya no se esconden y tienen negocios propios.

Con la Constitución de 2019 se abrió la propiedad privada, y este fenómeno al que me refiero (el de los negocios propios, N de la R.) se muestra más. Además, estas personas -los familiares de los burócratas- van a tener mayores ventajas en sus negocios, les va a ir bien, mucho mejor que a otros emprendedores privados, porque tienen ventajas tanto económicas, como para resolver los trámites infinitos que hay que hacer en Cuba para lograr cualquier cosa.

Este proceso de emergencia de la pequeña burguesía, y de hijos y familiares de la burocracia dedicados a sus negocios privados, ¿qué tan extenso es respecto al conjunto de la población?

Obviamente son una minoría, pero es una minoría creciente. La Habana es una ciudad turística, basada en los servicios como economía de subsistencia, y aquí se ve cada día más esa serie de negocios, y cómo el modo de vida de mucha gente va cambiando. Esta crisis, que está viviendo muy duramente el pueblo, los obreros, la están aprovechando esos sectores, que son la burocracia y los pequeños burgueses. Hay gente que posee negocios y riquezas, en tanto hay quienes, la gran mayoría, solo tienen sus manos, tienen que trabajar y comprar productos básicos en el mercado negro porque no le queda de otra. Es precisamente esa gente la que salió a la calle el 11 de julio.

¿Cuál es la situación que están atravesando hoy los presos políticos por protestar en Cuba?

La situación de los presos políticos en Cuba es terrible. El 11 de julio se realizaron detenciones masivas, con cientos de presos; se ha documentado que ese día fueron 1271 personas detenidas. Han enfrentado procesos penales, muchos de ellos con prisión preventiva. Esto significa que llevan 6 meses presos esperando una sanción, en tanto otros tienen medidas cautelares en su casa o en el trabajo. Dentro de estos presos hay menores de edad, hay personas de izquierda, y hay de distintos estratos económicos y sociales. Actualmente quedan más de 600 en prisión, enfrentando penas y peticiones fiscales desde 6 meses hasta 20 o 30 años. Es peligroso porque le acusan de delitos contra la seguridad del Estado, cuando son personas que ejercieron una libertad básica en cualquier lugar del mundo, que es la libertad de manifestación, y que están siendo llevados a juicios sumarios, incluso sin poder acceder a un abogado. Mientras algunos, por ser más visibles, por ser activistas o artistas, pudieron salir, quienes están pagando los platos rotos son precisamente los habitantes de barrios marginados que se manifestaron. Muchos de ellos van a enfrentar o están enfrentando ya condenas muy grandes, por sencillamente salir a manifestarse o por cometer algún hecho “vandálico” –como dicen acá–, que puede haber sido tirar una piedra en respuesta a la violencia policial o enfrentarse a la policía, por ejemplo. Entonces la situación de los presos políticos en Cuba es terrible.

Además, hay un miedo generalizado, muchos llamaban a no denunciar en las redes o públicamente la situación de sus familiares, a mantenerse en el anonimato y asumir esa condena. Esto ocurrió porque la seguridad del Estado se ha encargado de asediarlos. Es un proceso ejemplarizante y de demostración de poder por parte del Estado, para decirle a la gente: “miren lo que soy capaz de hacer, miren lo que les va a pasar si vuelven a intentar manifestarse”. Y esto ha sido asumido, de una manera totalmente manipuladora, por los medios de comunicación nacionales. Porque a esas personas se les ha tildado de mercenarios y de ser pagados por el Gobierno estadounidense, una campaña de descrédito. Yo no dudo que haya personas que han sido pagadas por el gobierno de Estados Unidos. Pero la cantidad de personas del pueblo que salieron el 11 de julio no recibieron dinero por eso. Los presos políticos están pagando el empeño de un gobierno por mantenerse en el poder y están siendo el ejemplo de lo que el gobierno no quiere que suceda en el futuro para garantizar su gobernabilidad.

¿Cuál es la relación que encuentras entre estas medidas represivas y las medidas económicas que nos relatabas previamente?

Por supuesto que el aumento de la represión tiene que ver con la necesidad de ejecutar el plan neoliberal del que estamos hablando. Para decirles a los gobiernos extranjeros o a inversores extranjeros que inviertan en Cuba se tiene que garantizar la paz. Y la paz pasa por un pueblo que no se manifieste y que no exija derechos. Y deben demostrar la solidez de un sistema político.

La represión pasa por ahí: el Gobierno está tratando de que haya paz. Y está tratando que la gente esté en calma y asuma su destino como ellos dictan que debe ser, para poder ejecutar todos esos planes. He ahí la relación. Lo otro, es que la revolución cubana se ha caracterizado por no asumir cuestionamientos, no permitir que nadie cuestione; por eso la no posibilidad de asociación y la falta de participación política y popular. Entonces, en un momento de crisis económica, donde hay un estallido social, la represión va a ser directamente proporcional. Ellos tienen que controlar eso y han decidido hacerlo sin asumir un diálogo con la gente. No han decidido escuchar a la gente, ver qué piden y tratar de girar las decisiones a favor de los de abajo.

A mí me molesta mucho cuando algunas personas, que son defensoras acérrimas del Gobierno cubano, incluso miembros de partidos de izquierda del mundo entero, esgrimen el argumento de que no se puede comparar la represión en Cuba con la represión de Chile, por ejemplo, dicen: “no, porque miren en Cuba, no es como en Chile, que en una manifestación te golpean o que en una manifestación te sacan un ojo”. En Cuba es más brutal aún porque no hay manifestaciones, porque no tienes el derecho de salir a la calle.

Sin embargo, sí existe la represión física brutal como lo vimos el 11 de julio. Es cierto, en Cuba no matan activistas. Sin embargo, la represión es muy fuerte, con juicios sumarios con condenas de cárcel por muchos años por el simple hecho de participar en una protesta, y a estas personas las ahogan al punto de que tengan que emigrar, o les hacen emigrar, les anulan social y políticamente. Les acosan todo el tiempo. La represión no es solamente desaparecerte físicamente. Es también desaparecer política y socialmente, un acto terrible y represivo porque te están matando en vida. Te están anulando, te están borrando de la historia, que es otro proceso que se da acá. A los activistas, a las personas que disienten, las borran de la historia. Sencillamente deciden no reflejar más su obra, en caso de que seas artista, no te mencionan más en los medios. Y si se les menciona, es para difamarles.

Para finalizar, ¿nos podrías comentar sobre la izquierda crítica en Cuba?

Mira, en Cuba la izquierda crítica es sumamente heterogénea y pequeña, además está muy poco organizada y están tratando de eliminarnos fuertemente –créeme, esto lo estoy viviendo en carne propia–. Yo diría que lo que han surgido son voces emergentes, de izquierda crítica. Entonces, si bien existen diversos colectivos, estas voces emergentes que se han pronunciado a raíz del día 11, yo pienso que la izquierda crítica en Cuba va a tener que esperar o va a tener que madurar mucho más para para lograr hacer una fuerza política constante y coherente.

Tienes a esa izquierda gubernamental, oficial, en la juventud, que te dicen que sí, que ellos tienen inquietudes, pero que la manera de hacerlo no es enfrentarse al Gobierno, sino que se trata de estar dentro de él para cambiar las cosas, y eso es una gran mentira, porque al final lo que sucede es que esa burocracia y esa comodidad en un país tan precario como el nuestro ahora mismo les asimila y básicamente les dan casa, les dan carro, tienen una vida y una posición económica mucho mejor que tienen que mantener y se mantiene acatando órdenes. Y sencillamente se convierten en los burócratas del futuro. Eso está sucediendo, es asimilación.

En cambio, la izquierda crítica está siendo tratada, en cuanto a disenso, igual que cualquier disidente de derecha actualmente. Nos están tratando de aniquilar, no te voy a mentir, no, no les conviene que existamos. La última vez que me citó la persona de la seguridad del Estado me dijo mercenaria, me dijo contrarrevolucionaria, me dijo que yo no era de izquierda. Y además de eso, el ataque de la izquierda gubernamental a la izquierda crítica es increíble, siempre prima el cuestionamiento de si somos izquierda. Si yo me pongo a trabajar con los obreros de una fábrica, por ejemplo, para tratar de cambiar las cosas, yo no voy a entrar por la puerta de la fábrica porque a mí me van a desaparecer políticamente, eso lo sabemos todos. En este marco, entonces, pienso que lo que nos queda es hacer en el campo de las ideas y en el campo de la denuncia social. Y lo intentamos, pero nos falta mucho. Te podría enumerar numerosos colectivos que existen en Cuba, pequeños pero que se mantienen activos, y se me hace difícil enumerártelos acá. Pero te repito, nos falta mucha maduración en la izquierda crítica para lograr ser una fuerza política coherente e importante también.

Transcripción de Manuel Aguilar

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Martes, 25 Enero 2022 05:31

Golpe de Estado en Burkina Faso

El depuesto presidente Roch Kaboré. Foto: AFP

Militares detuvieron al presidente Roch Kaboré

Una serie de motines militares desencadenaron en un golpe militar contre el presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, en medio de un amplio descontento social por la incapacidad del gobierno de responder a los constantes ataques de grupos yihadistas. Según confirmaron las agencias internacionales, Kaboré fue detenido y recluido en un cuartel de Uagadugú, capital del país de África occidental. 

"El presidente Kaboré, el jefe del parlamento (Alassane Bala Sakandé) y los ministros están efectivamente en manos de los soldados" en el cuartel de Sangoule Lamizana en Uagadugú, dijo una fuente de seguridad a la agencia AFP. 

Militares amotinados

La detención ocurrió tras un domingo tenso en el país, en el que se registraron disparos en varios cuarteles militares en un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas, que se enfrentan sin éxito a grupos armados yihadistas, afiliados a Al Qaida y al grupo Estado Islámico. 

Los ataques, dirigidos a civiles y militares son cada vez más frecuentes en la ex colonia francesa y se concentran en el norte y el este del país. La violencia de los grupos yihadistas ha matado a más de 2.000 personas en casi siete años y ha obligado a 1,5 millones a huir de sus hogares. Una situación similar a la que viven los países vecinos de Malí y Níger. 

Los soldados se amotinaron el domingo en varios cuarteles de Burkina Faso para exigir la renuncia de los jefes del ejército así como "medios adecuados" para luchar contra los yihadistas, que actúan en el país desde 2015. El domingo por la noche se oyeron disparos cerca de la residencia del jefe de Estado y un helicóptero sobrevoló la zona con todas las luces apagadas, según los residentes.

Esta mañana, un periodista de la AFP vio a una decena de soldados encapuchados y armados apostados frente a la sede de la Radio Televisión de Burkina (RTB), que emitía programas de entretenimiento. 

La presidencia de Kaboré

El presidente Kaboré llegó al poder en 2015 --tras el largo periodo del gobierno fraudulento de Blaise Compaoré-- y fue reelegido en noviembre de 2020, con el 57,8% de los votos, con la promesa de convertir en prioridad la lucha contra los yihadistas. Sin embargo, el aumento de los ataques lo tenían en el foco de las críticas. 

En los últimos meses hubo varias manifestaciones de protesta en el país para denunciar la incapacidad de las autoridades para contrarrestar el creciente número de atentados yihadistas. 

Además, Kaboré enfrentaba un vacío de poder generado por la oposición, que no aceptó el resultado de los comicios por presunto fraude electoral. 

Burkina Faso: una ex colonia francesa cruzada por el autoritarismo y los golpes de Estado  

La República de Burkina Faso --"Tierra de los hombres incorruptibles", en lengua local-- está situada en el oeste de África y es uno de los países más pobres del mundo. Limita al norte y al oeste con Malí; al sur con Benin, Togo, Ghana y Costa de Marfil; y al este, con Níger.  

Formó parte de la colonia del Alto Volta, creada en 1919 por Francia, que en 1932 lo dividió entre las colonias francesas de Sudán (posteriormente Mali), Níger y Costa de Marfil. En 1947, Francia lo incorporó a los territorios del África Occidental Francesa. Esta región, tras obtener la autonomía en 1958, proclamó la independencia el 5 de agosto de 1960 como República Independiente del Alto Volta. Su historia se caracterizó por la inestabilidad política, con numerosos golpes de Estado.

Después de la primera presidencia de Maurice Yameogo (1960-1966), se sucedieron gobiernos militares encabezados por Sangoulé Lamizana (1966-1980), Saye Zerbo (1980-1982) y Jean Baptiste Ouedraogo (1982-1983). En 1983, Thomas Sankara lideró un golpe de estado e instauró un régimen marxista-leninista que modificó el nombre del país, la bandera y el himno nacional.

Cuatro años después fue derrocado por otro golpe, encabezado por Blaise Compaoré, quien dirigió el país durante 27 años. En 1991, Compaoré promulgó una constitución democrática y estableció un sistema multipartidista, pero desde entonces fue reelegido ininterrumpidamente con denuncias de fraude, su gobierno se enfrentó a numerosas protestas y fue acusado de violaciones de derechos humanos.

Su intento de modificar la Constitución para perpetuarse en el poder fue respondido con un levantamiento popular que culminó en octubre de 2014 con el incendio del Parlamento y su derrocamiento.

Tras huir del país, fue sustituido por el coronel Yacouba Isaac Zida, que consensuó con otros representantes políticos un proceso de transición democrática. Sin embargo, fue abortado por una facción del ejército en septiembre de 2015.

La presión internacional consiguió que el gobierno civil fuera restaurado. En las elecciones de noviembre de 2015 Christian Kabore fue elegido presidente. Este lunes, tras ser reelegido en noviembre, otro golpe militar volvió a marcar la suerte del país africano. 

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Lunes, 24 Enero 2022 06:09

Cuba: el espíritu de la Revolución

Cuba: el espíritu de la Revolución

La tristeza y la desesperanza que inundaron muchos hogares cubanos en este tránsito de año, me hizo meditar sobre el espíritu de la Revolución, aquellas ideas claves que inspiraron y movilizaron a amplios sectores de la sociedad contra una dictadura y por un nuevo proyecto de país.

Han pasado sesenta y tres años desde aquel triunfo de enero. El país ha vivido restructuraciones, rectificaciones, reformas, procesos constitucionales y ordenamientos. El pueblo ha resistido por la Revolución que el gobierno dice representar, aunque hace más de treinta años no ve progreso ni esperanzas; simplemente sobrevive y resiste.   

Todo indica que estamos en un callejón sin salida. Volver al origen puede ofrecer algunas luces para verificar cuánto nos apartamos de aquellos ideales.

-I-

Entre 1953 y 1958 se esbozaron y articularon ideas clave que configuraron el espíritu de la Revolución y permitieron articular la unidad. Estas se encuentran en cinco documentos: La historia me absolverá, la Carta de México, el Manifiesto de la Sierra, el Manifiesto del Movimiento 26 de julio al Pueblo y el Pacto de Caracas, que permitió conformar el Frente Cívico Revolucionario con las principales y diversas fuerzas políticas opositoras.[1]

El primero de ellos —título con el que trascendió el alegato de autodefensa de Fidel en el juicio por los asaltos armados en Santiago de Cuba y Bayamo—, sentó las bases, por la denuncia, el diagnóstico y la integralidad de su visión del cambio..

Tales denuncia y diagnóstico contemplaron: la ilegitimidad del gobierno y el pisoteo sistemático de la Constitución; la existencia de «un poder único que ha usurpado y reunido en uno solo los (….) de la nación», en lugar de la separación del legislativo, ejecutivo y judicial,  de modo «que se equilibren y contrapesen unos a otros». 

También la represión, falta de libertades públicas, primacía de los militares sobre el derecho, violaciones del debido proceso —aislamiento, obstáculos para asistencia letrada y violaciones de la privacidad abogado-cliente—; juicios cerrados, con poca prensa y fuertemente custodiados por fuerzas militares; lo absurdo de mantener en prisión a intelectuales y las torturas para obtener declaraciones falsas. Igualmente, la desigualdad y pobreza existentes frente a inversiones para favorecer intereses de sectores acomodados y conservadores.  

-II-

La visión del cambio se puede resumir en cuatro pilares expuestos en el primero y ratificados en los otros documentos:

1.- Democracia y preservación de la tradición republicana y civilista de Cuba con apego a la Constitución y las leyes.Garantía absoluta de todos los derechos y libertades públicas consagradas en la Constitución; derecho de rebelión o resistencia al orden existente amparado en la soberanía popular, sin el cual «no puede concebirse la existencia de una colectividad democrática», apego de las instituciones armadas a la Constitución y al pueblo y «el propósito de apartar al Ejército de la política».

2.- Primacía de la soberanía popular, la integridad nacional y el rechazo a toda injerencia de otras naciones en los asuntos internos. Devolver a Cuba el «honor y la integridad nacional», «la paz ansiada y el encauzamiento democrático que conduzcan a nuestro pueblo al desarrollo de su libertad, (…) riqueza y (…) progreso».

3.- El sujeto y destinatario de la Revolución es el pueblo: «la gran masa irredenta (…) que anhela una patria mejor y más digna y más justa», los desempleados, obreros del campo e industriales, agricultores pequeños, maestros y profesores, pequeños comerciantes, profesionales jóvenes «que salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida».

4.- Resolver los problemas socioeconómicos fundamentales—tierra, industrialización, vivienda, desempleo, educación y salud—, lograr una «política financiera sana que resguarde nuestra moneda» y eliminar la injusticia, la pobreza y las desigualdades en pos del mejoramiento humano y el progreso.

-III-

¿Cuál es la realidad actual en Cuba? Señalo algunos elementos que evidencian su disonancia con el espíritu de la Revolución.

1.- Tenemos un poder único constitucionalmente, carecemos de mínimos democráticos y contamos con un partido político que está, incluso, por encima de la Constitución. Las instituciones armadas están imbricadas en la política y los poderes públicos, tienen impunidad, invaden la vida ciudadana y concentran el poder económico ensamblado en el poder político.

La Constitución está más en función de defender al Estado y la autoridad del Partido, que a ponerle límites a este y proteger los derechos ciudadanos. En texto reciente, el jurista Eloy Viera Cañive concluyó que el cubano es ante todo un modelo «autocrático en el que la falta de libertades, de toda índole, constituye (…) la base de todo».

Las denuncias de Fidel relativas a violaciones del debido proceso judicial en aquella época, son tímidas comparadas con las de hoy. En redes sociales y medios alternativos pululan denuncias sobre violaciones en tal sentido, celdas de castigo, persecución y hostigamiento a familiares, encarcelamiento de cientos de personas, incluidos menores de edad.

2.- La soberanía popular fue usurpada por una nueva clase, que no rinde cuentas al pueblo y usa la defensa nacional frente a los EE.UU. para asegurarse consenso y justificar vacíos democráticos. El gobierno ha sido eficiente en el control social mediante instituciones armadas y organizaciones sociales y de masas. En consecuencia, no se tolera ningún tipo de disenso o resistencia.

3.- Las medidas implementadas con el triunfo lograron resultados beneficiosos para las mayorías durante las primeras décadas. Invito a repasar los problemas fundamentales de la nación hoy, sus puntos de contacto con los de entonces y a reflexionar cómo resolverlos sin un nuevo proyecto de país. A mediados del 2019, por ejemplo, el economista Omar Everleny examinó el crecimiento de la pobreza y la desigualdad en Cuba. En esa fecha el Coeficiente Gini había ascendido a más del 0.40, lo que evidencia una sociedad muy desigual.

4.- El pueblo de hoy no es el mismo de hace sesenta y ocho años, pero siguiendo la lógica de su definición entonces, al presente tampoco serían los «sectores acomodados y conservadores», sino «la gran masa irredenta», los desempleados, profesionales frustrados, estudiantes, obreros, que vienen protagonizando protestas hace tiempo. Desde octubre de 2020 estas han crecido exponencialmente. Más del 68% por temas de carácter cívico y político, con tendencia a ser individuales o de pocos implicados por la ola de terror impuesta en el país. En diciembre pasado fueron el doble respecto a ese mes del año anterior, sobre todo a causa de la injusticia que se comete contra los manifestantes del 11-J.

Los listados de la Comisión Justicia 11-JPrissioner Defenders muestran datos alarmantes. El Informe más reciente de esta última —que contiene testimonios de encarcelados—, reconoce 842 prisioneros políticos en diferentes categorías. Además, otros 11.000 jóvenes civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, la mayoría convictos, y más de 2.000 con penas de dos años y  diez meses de cárcel por «conductas pre-delictivas».

Cuando menos, sobresaltan las condenas de 1953 [2] por asaltos armados comparadas con las de hoy. Las numerosas y arbitrarias sanciones por las protestas de julio del año pasado y el incremento de la represión, caen como cubos de hielo sobre el espíritu de la Revolución. ¿Se le puede invocar cuando el país se hunde económicamente, miles emigran a cualquier parte, otros van presos y los que mejor salen pierden el trabajo y reciben por respuesta la muerte civil en su país?

La represión y el incremento de destierros y exilios no frenarán indefinidamente la protesta, expandirán el disenso y radicalizarán posiciones. Porque, como ocurrió en los cincuenta del pasado siglo y bien expresó el mexicano Ricardo Flores Magón: «No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes».

El espíritu de la Revolución puede ayudar a refundar la esperanza. Necesitamos un nuevo proyecto de país donde la soberanía popular y nacional, la democracia, la justicia social, el progreso, la tradición republicana y civilista con apego al Estado de derecho sean una realidad. Vuelvo a aquel alegato cívico de 1953: «Cuba debería ser baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo».

23/01/2022

Notas:

[1] Excepto el Partido Socialista Popular (comunista) que apoyó luego la lucha sumándose a la unidad.

[2] Los 32 juzgados recibieron condenas de entre 7 meses y 15 años que fue la máxima impuesta a Fidel. Los de 3 años y más solo cumplieron 22 meses. En mayo de 1955 todos los asaltantes fueron amnistiados por el dictador Fulgencio Batista  en virtud de la presión popular encabezada por amigos, familiares y sobre todo, las madres.

Ivette García González

Doctora en Ciencias Históricas, Profesora Titular y escritora cubana.

Fuente:

https://jovencuba.com/author/ivettegarcia/

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Plan de EU para crear un "Afganistán" en Europa

Estados Unidos está anunciando que podría hacer en Ucrania contra Rusia "lo que ya hizo en Afganistán contra la (entonces) URSS. El papel que desempeñaron en Asia los yihadistas de Osama bin Laden lo harían" en Europa los neonazis de la plaza Maidan, denuncia el reconocido politólogo italiano Manlio Dinucci (https://bit.ly/3tNuCdx).

Al hablar –con propiedad– de neonazis, se refiere al ultranacionalista Sector Derecho, cuyos integrantes fueron los más activos y violentos protagonistas del golpe de Estado gestado por Washington en Ucrania en 2014 contra el presidente Viktor Yanukovich, que giró en torno a los disturbios en la mencionada plaza. Añade que "el objetivo estratégico del gobierno de Joe Biden es evidente: precipitar la crisis ucrania creada por aquel golpe, para que Rusia se vea forzada a intervenir militarmente en defensa de las poblaciones rusas del Donbass y acabar en una situación análoga a la que llevó a la Unión Soviética a empantanarse en Afganistán".

En el Donbass, situado en la parte oriental de Ucrania fronteriza con Rusia, habita una mayoría de población rusoparlante, muchos de origen ruso, y gobiernan las autoproclamadas repúblicas populares de Donetz y Lugansk, la cuales no reconocen al gobierno de Kiev. Añade Dinucci que según The New York Times, Estados Unidos ha anunciado a los demás miembros de la OTAN que "toda victoria rusa rápida en Ucrania sería seguida de una insurrección sangrienta similar a la que obligó la Unión Soviética a retirarse de Afganistán", insurrección que tendría el apoyo de la CIA y el Pentágono. Continúa: “El almirante estadunidense James Stavridis –ex jefe del Comando de la OTAN en Europa– recuerda que Washington sabe cómo hacerlo, pues a finales de los 70 y en los años 80 entrenó y armó a los muyahidines contra las tropas soviéticas en Afganistán. Pero ahora, según el almirante, "el nivel de apoyo militar de Washington a una insurrección ucrania haría parecer poca cosa lo que dimos contra la Unión Soviética en Afganistán". “

Mirar al Sur piensa que Washington es capaz de concebir un plan tan criminal e irresponsable. Pero Putin hace lo imposible por no caer en la trampa.

Twitter:@aguerraguerra

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Lunes, 24 Enero 2022 06:01

¿Defender qué?

Según encuesta, 76% de estadunidenses considera que la democracia está en peligro. El tema llegó al centro del debate nacional desde el asalto al Capitolio el año pasado (en la imagen) y ante las iniciativas republicanas para suprimir el derecho al voto .Foto Ap

¿Vale la pena defender la democracia estadunidense? Durante meses, desde la Casa Blanca, legisladores demócratas, prominentes intelectuales y comentaristas, ex oficiales militares, editorialistas de los principales medios y más han advertido y gritado que la democracia estadunidense está bajo amenaza existencial y acusan que republicanos están realizando una subversión del proceso electoral e impulsando golpes duros y suaves, ataques violentos por terroristas domésticos y hasta una guerra civil.

Pero no hay, hasta ahora, una movilización masiva, ni un sentido de "emergencia" nacional para rescatar a la supuestamente sagrada democracia estadunidense.

¿Por qué? ¿Estarán exagerando los que por todas partes suenan la alarma? ¿O nadie les cree? ¿O será que a las mayorías no les importa?

Un 76 por ciento de estadunidenses, opina que existe una amenaza a su democracia, según la encuesta más reciente de NBC News; o sea, hay conciencia. Y por supuesto hay expresiones de protesta, algunas marchas, denuncias, acciones no violentas impulsadas por organizaciones como la Campaña de los Pobres y otros para denunciar a los cómplices políticos de estos esfuerzos antidemocráticos. Existen investigaciones criminales y legislativas sobre el asalto al Capitolio. Muchas ONG y organizaciones político-electorales están solicitando contribuciones para defender o rescatar la democracia. Pero por ahora, no hay millones en las barricadas –ni en las virtuales– para defender a esta democracia

Por supuesto que todo ser consciente sabe que la democracia estadunidense está viciada de aspectos antidemocráticos como conformación y quehacer del propio Senado, y ni hablar de que no hay voto directo para presidente. Más aún, desde hace décadas las mayorías no creen que los políticos electos expresan la voluntad del pueblo, sino que trabajan para sus patrocinadores, quienes pagan por esta "democracia".

No ayudan a generar confianza pública en la "democracia" espectáculos políticos como el que los senadores realizaron la semana pasada, cuando pretendieron garantizar el derecho al voto en un proyecto de ley que todos sabían que fracasaría de antemano, pero que usarían para pretender que "hicieron algo".

Pero a la vez, esta ofensiva derechista está logrando, a nivel estatal, suprimir y subvertir el proceso electoral con enormes consecuencias reales para el futuro del país, sobre todo para los sectores minoritarios y los pobres.

“Sigo absolutamente asombrado de que nosotros (gente negra) ahora simplemente tenemos que observar… los esfuerzos de supresión masiva del voto dirigidos contra nosotros, porque los estadunidenses ‘optaron’ por no frenar esto. Ni sé cómo traducir mi ira en palabras. Me enferma, estoy asqueado”, escribe Charles Blow, columnista del New York Times.

Mientras, en esta crisis de la democracia junto con la pandemia lo que sigue funcionando, y muy bien, es el sistema económico para los más ricos. La riqueza de los 745 multimillonarios estadunidenses más ricos se disparó 70 por ciento –o sea, agregaron $2.1 billones a su fortuna colectiva– desde el inicio de la pandemia (https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/). El nivel de desigualdad económica se ha acelerado bajo gobiernos demócratas y republicanos en las últimas cuatro décadas llegando a su nivel más alto en casi un siglo.

Noam Chomsky –quien considera que en su país procede un "golpe blando" por fuerzas protofascistas– suele citar a James Madison, uno de los padres fundadores del país, quien argumentó que el objetivo primario del gobierno debería ser "proteger a la opulencia de la minoría contra la mayoría".

Para los ricos el sistema no está descompuesto, y para los demás, pues, no queda muy claro. Y por lo tanto, no queda claro que es lo que se necesita defender.

El debate sobre si es posible tener una democracia política sin democracia económica es antiguo –hasta Aristóteles lo abordó– y tal vez eso tiene que resolverse primero para que el debate sobre "democracia" sea más urgente y real para el demos.

B.B. King & Tracy Chapman. Thrill is gone. https://www.youtube.com/watch?v=xVxCtt3s_1M

Cat Empire. Coming to Meet You. https://open.spotify.com/track/0roxrfpflJg4KPquNIYBfN?si=f4VDV9i3Q8WpEyyzKg75ag

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Viernes, 21 Enero 2022 06:21

China socava el patio trasero de EEUU

China socava el patio trasero de EEUU

Un reciente informe publicado en Asia Times sobre las relaciones entre China y América Latina (un tema escasamente tratado en los medios orientales), permite hacerse una imagen bastante acertada de la importancia que va adquiriendo el Dragón en el continente latinoamericano.

El profesor David Arase, del Hopkins-Nanjing Center, asegura que "la cantidad y distribución de proyectos de inversión portuaria es impresionante y puede hacer que la Ruta de la Seda Marítima de China circunnavegue el mundo, desde el Pacífico Sur hasta América Latina, a través del Canal de Panamá y el Caribe hasta Brasil, y luego a los puertos del Cinturón y la Ruta en África Occidental".

La respuesta de Estados Unidos oscila entre la crítica y la histeria, porque es inocultable que el avance de China socava la noción de que América Latina es el patio trasero de EEUU. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de EEUU, dijo recientemente a NBC News: "La influencia china es global, y está en todas partes en este hemisferio, y avanza de manera alarmante".

Si se observa el largo plazo, los avances de China en el continente son notables. "En 1955, solamente 23 países del mundo mantenían relaciones diplomáticas con la República Popular China, fundada en 1949", nos recuerda Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China.

El resto de naciones mantenían su alianza con la República de China (Taiwán), trasladada a la isla tras la derrota del Kuomintang (KMT) en la larga guerra civil. Actualmente Taiwán cuenta en toda la región con 9 aliados del total de 15 que conserva actualmente en el mundo. De ellos, sólo Paraguay, en América del Sur.

En la actualidad más de 2.500 empresas chinas se encuentran en esta región. Según datos de la CEPAL, el intercambio entre América Latina y el Caribe y China creció 22 veces en los últimos 14 años.

La participación en la iniciativa china la Franja y la Ruta ya suma 19 países de los 33 países de ALC que han firmado memorándum o acuerdos de cooperación, mientras otros ocho se incorporaron al AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank).

En los últimos años las "pérdidas" de aliados de Taiwán que pasan a engrosar los vínculos con la República Popular China, han sido importantes: República Dominicana, Panamá y El Salvador se sumaron a Costa Rica, que cambió su alineamiento unos años antes.

El último país en cambiar de lado fue Nicaragua, el pasado diciembre.

Según el ministro de Hacienda, Iván Costa, "la adhesión de Nicaragua a la iniciativa la Franja y la Ruta le permitirá, a mediano plazo, fortalecer las salida al océano Pacífico para establecer una comunicación marítima directa con China y acceder al mercado global que representa el gigante asiático".

La relación con China le permite a Nicaragua, el país más pobre de la región luego de Haití, desarrollar puertos sobre el Pacífico y el Caribe y una red ferroviaria que los una, como parte de "un sistema de servicios para las multinacionales que utilicen la infraestructura y comunicación de Nicaragua", según el ministro Costa.

El 3 de diciembre de 2021 se realizó la tercera reunión de ministros del Foro China-CELAC en forma de videoconferencia. El mencionado informe de Asia Times destaca que "durante la última década, la inversión de China en América Latina y el Caribe (ALC) ha aumentado sustancialmente en volumen y se ha diversificado más".

Quedaron atrás los tiempos en que las inversiones de China se centraban en hidrocarburos, minería y agricultura, o sea recursos naturales. Progresivamente sus inversiones se inclinan "hacia industrias de manufactura y servicios como transporte, electricidad, servicios financieros y tecnología de la información y las comunicaciones".

Asia y China representan casi un tercio del volumen de inversión extranjera directa que ingresa en América Latina y el Caribe. Entre ellas destacan las negociaciones para construir una nueva planta de energía nuclear en Argentina y las inversiones en puertos e instalaciones portuarias, con proyectos en México y Centroamérica, Bahamas y Cuba, Panamá, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.

Aunque aún faltan integrarse a la Franja y la Ruta las tres grandes economías de la región (Brasil, Argentina y México), China es ahora el socio comercial más importante de Brasil, Argentina y de la mayor parte de América del Sur, con las excepciones de Colombia, Ecuador y las Guayanas.

Uno de los objetivos centrales de la política de China hacia ALC —como sostiene el libro China y América Latina: Una asociación estratégica integral, recientemente publicado por el Centro Venezolano de Estudios sobre China—, consiste en "ocupar los espacios vacíos", erosionando indirectamente poder de EEUU en la región" (p. 326).

Por supuesto EEUU se empeña en frenar y hacer retroceder los crecientes lazos de China con los países latinoamericanos. Pero lo hace al estilo tradicional, imponiendo la militarización de los vínculos. En diciembre se realizaron los mayores ejercicios militares entre Brasil y EEUU, desde la segunda guerra mundial.

Las Operaciones Combinadas y Ejercicio de Rotación (CORE por sus siglas en inglés), son dirigidas por el Comando Sur de EEUU y comenzaron a planificarse en 2016 (año de la destitución de Dilma Rousseff). En su reciente edición desplegaron mil soldados durante diez días (200 de ellos estadounidenses) simulando incluso combates urbanos.

Debe recordarse que en septiembre de 2020, en plena pandemia, EEUU y las fuerzas armadas de Brasil realizaron un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela. En esa ocasión utilizaron artillería brasileña como los proyectiles Astros 2020, en una de las maniobras militares más controvertidas de los últimos años.

El concepto clave, como señala el Departamento de Defensa de EEUU, es la "interoperabilidad" entre fuerzas de varios países, con el objetivo declarado de "responder rápidamente a cualquier contingencia del Comando Sur de EEUU en el hemisferio occidental".

Según la prensa brasileña, en los ejercicios participó la 101ª División Aerotransportada del ejército de EEUU, que " participó recientemente de operaciones de contraterrorismo en Irak y en Afganistán". Esto puede dar una idea más clara de qué tipo de operaciones está planificando el Comando Sur en la región.

El contraste entre las políticas de China y de EEUU hacia América Latina no puede ser mayor. El Dragón habla de "beneficio muto" y de "intereses comunes", proponiendo relaciones en las cuales las dos partes obtengan ventajas, lo que denominan la política de "ganar-ganar". En tanto, Washington sigue apostando por la contención militar, sin dejar margen para el desarrollo de naciones cuyas poblaciones padecen creciente pobreza.

Enero 21/22

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Investigadores advierten que la contaminación química superó el “límite seguro” para la vida en la Tierra (+ Video)

Un equipo internacional de investigadores publicó recientemente un estudio en la revista Environmental Science & Technology, en el que advierten que los niveles de contaminación química del planeta ya provocan le desestabilización de los ecosistemas y, por lo tanto, constituyen una grave amenaza para los humanos y el resto de seres vivos.

Si bien existen muchos tipos diferentes de contaminación provocada por los humanos que afectan a la Tierra, la química es una de las más peligrosas.

Entre los peores contaminantes de este tipo están los plásticos, pues son extremadamente duraderos y se han detectado en los rincones más aislados del mundo, como el fondo del océano o las cimas de las montañas.

De acuerdo con los investigadores, otros 350 000 productos químicos sintéticos (incluidos pesticidas, compuestos industriales y antibióticos) también constituyen una seria fuente de preocupación, pues entre todos han posibilitado que la contaminación química cruce un “límite planetario”, el punto en el que los cambios provocados por el hombre en la Tierra son tan impactantes que generan reacciones en cadena desestabilizadoras.

“Ha habido un aumento de 50 veces en la producción de productos químicos desde 1950 y se prevé que se triplique nuevamente para 2050”, explicó a The Guardian Patricia Villarrubia-Gómez, coautora del estudio y asistente de investigación en el Centro de Resiliencia de Estocolmo (Suecia). 

“El ritmo al que las sociedades están produciendo y liberando nuevos productos químicos al medio ambiente no es consistente con permanecer dentro de un espacio operativo seguro para la humanidad”, precisó.

Los investigadores determinaron que la tasa de producción de productos químicos está aumentando rápidamente y su liberación al medio ambiente ocurre a mucha más velocidad que la capacidad de las autoridades para rastrear o investigar los impactos.

“Hay evidencia de que las cosas apuntan en la dirección equivocada en cada paso del camino”, advirtió la profesora Bethanie Carney Almroth de la Universidad de Gotemburgo.

“Por ejemplo, la masa total de plásticos ahora excede la masa total de todos los mamíferos vivos. Eso para mí es una indicación bastante clara de que hemos cruzado un límite. Estamos en problemas, pero hay cosas que podemos hacer para revertir algo de esto”, añadió. 

Entre las amenazas que ya se han abordado de forma masiva y efectiva están los clorofluorocarburos, químicos responsables de la destrucción de la capa de ozono que ya se han prohibido en la mayoría de países.

No obstante, los científicos concluyen que aún existe una gran cantidad de compuestos químicos en uso y que solo una pequeña fracción de estos ha sido evaluada para determinar su seguridad.

20 enero 2022

Publicado enMedio Ambiente
Haití se hunde en la inseguridad. Una mujer muestra una señal con su mano junto a una barricada en llamas durante una jornada de protesta, el 6 de enero de 2022, en Pétion-ville (Haití). — Johnson Sabin / efe

Desde el asesinato del presidente Moïse en julio, el país caribeño sigue a la deriva, con un gobierno interino muy cuestionado, el auge de las pandillas criminales y la incompetencia de la comunidad internacional

 

Al periodista haitiano Jean Dominique, azote de los poderosos, lo mataron el 3 de abril de 2000 a la puerta de la emisora de radio donde trabajaba en Puerto Príncipe. Había sido un feroz opositor a la dictadura de los Duvalier (1957-1986) y desde los micrófonos de Radio Haití-Inter también denunciaba la corrupción enquistada en las instituciones democráticas. A día de hoy todavía no se sabe quién lo mandó matar. Dos décadas después de ese crimen que conmocionó a Haití, nada parece haber cambiado en ese rincón del Caribe. La impunidad campa a sus anchas. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado ha dejado un país ingobernable, cada vez más empobrecido, víctima de las constantes rencillas entre la clase política y dominado por unas violentas pandillas que pretenden suplantar al Estado ante la incompetencia de la comunidad internacional.

Secuestros, asesinatos y extorsiones son el pan de cada día en Haití. El año pasado se registraron casi mil secuestros, entre ellos los de 55 extranjeros, según el Centro de Análisis e Investigaciones de Derechos Humanos de Haití (CARDH). El primer ministro, Ariel Henry, salía ileso de un atentado a principios de este mes. Desde el gobierno se acusa del ataque a bandas del crimen organizado. Apoyado en un primer momento por el denominado Core Group (EE.UU., Canadá y Francia, entre otros países), Henry ha ido perdiendo credibilidad desde que la justicia lo vinculara con el magnicidio. El fiscal Bedford Claude reveló en septiembre que Henry había hablado por teléfono horas después del atentado con uno de los principales sospechosos del caso, Joseph Badio, y pidió que se abriera una investigación al respecto. Para defenderse, el primer ministro pasó a la ofensiva y ordenó al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, que cesara al fiscal. Como Vincent no le hizo caso, Henry destituyó al ministro y despidió al fiscal de una tacada.

Hay cerca de medio centenar de personas arrestadas por el asesinato de Moïse, entre ellas 18 mercenarios colombianos y varios mandos policiales haitianos. Pero no se ha podido demostrar todavía quiénes fueron los autores intelectuales de un atentado que tiene muchos interrogantes sin resolver. Los miembros de la seguridad del mandatario no opusieron resistencia al comando armado que irrumpió en la residencia presidencial el 7 de julio. En una entrevista con The New York Times, Rodolphe Jaar, empresario ligado en el pasado al narcotráfico, ha admitido su colaboración en la trama. Según su relato, puso 130.000 dólares de su bolsillo, armas y una casa para albergar a los exmilitares colombianos.

Ahora que acaba de ser detenido en República Dominicana a petición de Estados Unidos, tal vez tenga tiempo para dar más explicaciones. Entre otras revelaciones, Jaar le contó al diario norteamericano que Badio le había hablado maravillas de Henry, un aliado político al que supuestamente tenía bajo su control. El plan inicial era deponer a Moïse pero no matarlo, de acuerdo con la declaración de Jaar, quien se habría unido a la confabulación después de que Badio le asegurara que los conspiradores contaban con el apoyo de Estados Unidos. Según esa hipótesis, Moïse, en el poder desde 2017, habría perdido el favor de Washington por su errática forma de gobernar.

El académico haitiano Laennec Hurbon, lamentaba ya en febrero de 2021 la "deriva autoritaria" de Moïse. En un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad, Hurbon señalaba también la responsabilidad de la Casa Blanca: "La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato (de cinco años) finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional, representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití (…) Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe". Moïse pretendía permanecer en el poder hasta febrero de 2022, bajo el argumento de que tardó un año en asumir el cargo debido a las irregularidades detectadas en los comicios de finales de 2015 y la repetición electoral un año después. En enero de 2020 disolvió el Parlamento y se negó a convocar elecciones legislativas.

Mientras la investigación del magnicidio continúa, Haití sigue tan inestable como siempre. El asesinato de Moïse provocó una dura pugna por el control del poder. Henry, un neurocirujano de 72 años que ya fue ministro del Interior en el gobierno de Michel Martelly (2011-2016), se impuso a sus rivales con la promesa de una reforma constitucional y una convocatoria electoral. No ha cumplido su palabra todavía, aunque se espera que lo haga a lo largo de este año.

En todo caso, Haití precisa de un consenso social y político previo a cualquier proceso electoral, y un mayor esfuerzo de la comunidad internacional para aliviar la grave crisis humanitaria que padece. Como si se tratara de una maldición bíblica, la tierra tembló otra vez un mes después del magnicidio. Aunque el terremoto del 14 de agosto no fue tan devastador como el de 2010 (en el que murieron unas 300.000 personas), hubo más de 2.000 muertos y 300 desaparecidos.

El poder de las pandillas

A la inestabilidad política se suma la cada vez más violenta presencia de las pandillas criminales en las calles de la capital. Hombres armados mataron hace diez días a dos periodistas que investigaban precisamente sobre las disputas entre bandas rivales en un barrio de Puerto Príncipe. Históricamente, el poder político se ha valido de esas pandillas, a las que ha formado y financiado con la ayuda de empresarios sin escrúpulos. Los sátrapas François y Jean-Claude Duvalier tenían como fuerza de choque a los tristemente célebres Tontons-Macoutes. Ya en democracia, Jean-Bertrand Aristide contó en sus diferentes mandatos con el fanatismo de los Chimères. Y Moïse también se apoyó en varias pandillas.

El informe anual de Human Rights Watch denuncia esa connivencia entre actores institucionales y un centenar de grupos armados. Pero esa dinámica podría estar cambiando. Organizaciones de Derechos Humanos de Haití alertan sobre la creciente independencia de las bandas, cuyo perfil va pareciéndose al de las maras centroamericanas. Un caso paradigmático es el de la G-9 an fanmi (G9 y familia, una alianza de nueve pandillas), comandada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y acusada de varias masacres. A mediados de septiembre, las pandillas pusieron en jaque al país al tomar varios puertos y hacerse con el control de los depósitos de combustible.

La encrucijada en la que se encuentra Haití no tiene visos de resolverse a medio plazo. Dos millones de haitianos (casi el 20% de la población) han emigrado en los últimos años. Para el 50% de los que se quedan, la lucha por la vida se libra con menos de dos dólares al día. No hay soluciones fáciles para el país caribeño, hundido en una recesión económica y castigado también por la pandemia. Un reciente informe del International Crisis Group sugiere que antes de embarcarse en un proceso electoral, Haití debería acometer sin más dilación reformas profundas con la ayuda de la comunidad internacional: “Los donantes y organismos extranjeros deben actuar de inmediato para respaldar reformas al poder judicial, a la policía y al sistema penitenciario, enfocadas en la lucha contra los delitos graves de alto impacto".

Jean Dominique era la voz de los que no tienen voz. Desde los micrófonos de Radio Haití-Inter les hablaba en créole a esos miles de haitianos que nacen y mueren en una bidonville. Pese a las amenazas de muerte recibidas, denunció hasta el último momento a políticos y empresarios corruptos. Soñaba con un Haití más justo, menos desigual. Casi veintidós años después de que silenciaran su voz, la corrupción, la violencia institucional y una pobreza secular son todavía las señas de identidad de un territorio ingobernable.

16/01/2022 21:26

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