Ecuador: el Congreso rechazó la destitución de Guillermo Lasso luego de 18 horas de debate

Con 11 abstenciones, 42 votos en contra y 84 a favor, la votación quedó muy cerca de los 92 votos requeridos para que la moción fuera aprobada. Más temprano, el gobierno había suspendido el diálogo con los movimientos indígenas por la muerte de un militar durante las protestas.

Luego de tres sesiones y 18 horas de debate, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, promovido por un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa. La moción fue votada por una importante mayoría de los congresistas--81 votos a favor, 42 en contra-- y estuvo a apenas ocho votos de ser aprobad. Había sido presentada bajo la causal contemplada en la Constitución ecuatoriana de "grave crisis política y conmoción interna", en el marco de las protestas indígenas contra el gobierno por el aumento del costo de vida y los combustibles. Lasso había sido noticia más temprano al rechazar cualquier posibilidad de diálogo con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, al responsabilizar al movimiento que lidera de estar detrás del ataque en la provincia de norteña de Sucumbíos a un convoy que custodiaba camiones cisterna en el que murió un militar.

Molesto por la acusación, Iza le respondió a Lasso que "está muy alejado de la realidad", aunque reconoció que ambas partes "necesitan bajar de tono". Un segundo día de conversaciones entre la Conaie y una delegación del Ejecutivo liderada por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fracasó este martes ante la ausencia de la representación oficial. Entre los diez puntos de la agenda propuesta por el movimiento indígena se destaca la reducción de los precios de los combustibles, ya que la dispuesta por el gobierno fue valorada como insuficiente.

La votación en la Asamblea

La del martes fue la tercera sesión del pleno de la Asamblea de Ecuador para debatir la continuidad del derechista Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia hace poco más de un año luego de superar en segunda vuelta al candidato correísta, Andrés Arauz. Para destituir al jefe de Estado y convocar inmediatamente a elecciones se requería el voto favorable de dos tercios de la Cámara.

Las principales fuerzas políticas a favor de la salida de Lasso eran las bancadas de Unión por la Esperanza (Unes), cercanas al expresidente Rafael Correa; y un sector del movimiento indigenista Pachakutik, brazo político de la Conaie. 109 asambleístas intervinieron a lo largo de las sesiones aunque varios de los argumentos, e incluso los videos que algunos legisladores utilizaron para realizar sus exposiciones, parecían calcados.

En uno de los últimos discursos previos a la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, le pidió a Lasso que reconsidere su postura y vuelva a la mesa de diálogo. "Estamos a un pequeño paso de resolver el conflicto social que vive el país", aseguró el jefe del Legislativo al recordar la serie de avances que se produjeron durante la jornada del lunes, en la que participaron representantes de todos los poderes del Estado.

En su cadena nacional previa al debate y posterior votación en la Asamblea, Lasso había acusado al correísmo de intentar "asaltar la democracia" en Ecuador con la moción para destituirlo. El gobernante rechazó "las amenazas, chantajes, persecuciones e intimidaciones a quienes con su voto en la Asamblea Nacional están dispuestos a defender la institucionalidad y la paz".

Las palabras de Lasso fueron rápidamente respondidas por el expresidente Correa desde su cuenta de Twitter, donde le pidió al actual jefe de Estado que "ya no sea ridículo". "Por su engreimiento, cobardía e incapacidad tiene al borde de guerra civil. (...) Gradúese de demócrata, vamos a elecciones, y no siga llenándose las manos de sangre", señaló el expresidente ecuatoriano, actualmente asilado en Bélgica.

"No volveremos a sentarnos a dialogar"

En el fragmento más agresivo de su discurso al país, Lasso disparó: "El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases". El mandatario de derecha agregó que solo "cuando se cuente con legítimos representantes" de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador se sumará a la mesa de diálogo.

Horas antes de la difusión de este mensaje por cadena nacional, el gobierno había informado que un militar falleció y 12 resultaron heridos por el ataque a un convoy que custodiaba camiones cisterna en una ruta de la Amazonía del país. "Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas", apuntó Lasso al recordar también que, en la sureña provincia andina de Azuay, fue impedido el paso de un camión que transportaba oxígeno para enfermos hospitalizados.

"Lasso rompe con el pueblo"

Luego del mensaje de Lasso, miles de indígenas volvieron a manifestarse en Quito. A su paso los comercios, que habían abierto luego de un lunes calmo, volvían a cerrar sus puertas. "Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo", dijo la Conaie en su cuenta de Twitter. La confederación indígena aseguró que la ruptura del diálogo confirma el "autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad" del gobierno para resolver los problemas del país. 

El gobierno se ausentó de la mesa de diálogo con los indígenas que tiene lugar en la Basílica del Voto Nacional de Quito desde el lunes. "Fue un ataque brutal. Pero, ¿cómo podemos saber que si realmente salió o no salió de los manifestantes?, se preguntó Iza en la mañana durante la frustrada reunión. En ese sentido, pidió formar una comisión independiente para que investigue los hechos.

El presidente de la Conaie dejó en claro que el movimiento indígena y los otros colectivos sociales que llevan adelante las protestas jamás han querido "desestabilizar" al gobierno, como afirmó más temprano Lasso. Iza también rechazó la afirmación de que el movimiento indígena haya "sitiado" Quito. "Lo que ha sitiado a los ecuatorianos es la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico. De tanta pobreza nuestras comunidades no tenemos más que luchar", advirtió el líder indígena, al tiempo que dijo que el diálogo "no es una imposición de un lado ni del otro".

La ONU en alerta por los niños

Al margen del ataque del martes a un convoy, las protestas dejan hasta el momento cinco manifestantes muertos, más de 500 heridos entre uniformados y civiles, y unos 150 detenidos, según diversas fuentes. El Comité de Derechos del Niño de la ONU exhortó a las autoridades de Ecuador a cesar la violencia contra niños y adolescentes de parte de las fuerzas de seguridad en medio de las movilizaciones contra el gobierno. La entidad internacional también instó a una investigación de los incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los niños.

El comité de la ONU además denunció que muchos niños en Quito se encuentran sin protección alguna ni contacto con sus parientes adultos como consecuencia de las acciones represivas del Estado, y realizó un llamado a todas las partes a que "escuchen, cuiden y protejan a todos los niños, niñas y adolescentes durante las manifestaciones".

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Manifestantes rodean el edificio de la Asamblea mientras esperan el juicio político a Lasso. . Imagen: EFE

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, derogó ayer el estado de excepción en las seis provincias donde se han registrado protestas indígenas contra su gobierno desde hace ya 13 días, horas después de que funcionarios de su gobierno hablaron en un primer acercamiento con el líder indígena Leonidas Iza, en momentos en que la Asamblea Nacional avanzó en una sesión maratónica en la que se debate la posible destitución del mandatario.

Mediante el decreto ejecutivo 461, firmado por Lasso y difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se dispuso la terminación del estado de excepción que ordenó días después del inicio de las protestas ante la "grave conmoción interna" en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde se han acentuado las movilizaciones de los grupos indígenas.

"El gobierno nacional ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz, en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades", se informó en un comunicado.

La Asamblea Nacional inició una sesión extraordinaria para tratar, a pedido de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), la destitución de Lasso, quien antier denunció un intento de golpe de Estado en su contra supuestamente impulsado por Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Antes de abrir el debate virtual entre los legisladores, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, informó al pleno sobre la eventual conformación de una comisión que viabilice el diálogo entre el gobierno y la mayor organización indígena del país y ponga fin a un paro nacional que cumple su decimotercer día.

La reunión se llevó a cabo en la iglesia Basílica del Voto Nacional, ubicada en el casco colonial de Quito, a la que acudió Iza acompañado por otros dirigentes indígenas, así como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el canciller, Juan Carlos Holguín, y otros funcionarios del régimen, informó Saquicela en declaraciones a la prensa.

“No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la Conaie… de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo”, aseguró Saquicela, y ratificó que "de parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente".

El titular del Legislativo indicó que se trata de "un avance", pues "hemos pedido que se bajen las tensiones, que se bajen los enfrentamientos mientras se da este diálogo y se encuentra una solución".

Amanda Yépez, del colectivo Geografía Crítica, alertó que hay "agresiones graves del Estado" contra los manifestantes, registradas el pasado día 14, mientras Viviana Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos, informó que "existen 68 incidentes de violación de derechos humanos: 123 detenciones, 166 personas heridas y cinco fallecidas, en el contexto de la represión".

El mandatario no compareció

Lasso fue convocado para presentar su defensa, pero no asistió. En su lugar acudió Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, quien leyó una carta a nombre del mandatario en la que afirmó: "no hay pruebas del incumplimiento del programa ofrecido en campaña y su nexo con la crisis política y conmoción interna", como acusó la Unes.

Sin embargo, reconoció "que el país actualmente enfrenta problemas que deben ser solventados".

Al iniciarse el debate entre legisladores, Patricia Núñez, de la Unes, firmó la carta para iniciar el proceso de "muerte cruzada", mecanismo en el que se destituye a la presidencia y se disuelve la Asamblea Nacional. Al recordar a las víctimas del paro nacional, aseguró que hay un uso excesivo de la fuerza en las protestas.

Marlon Cadena, jefe de la bancada de Izquierda Democrática, rechazó el vandalismo y la represión que han marcado el paro, negó compromisos con el gobierno, pero enfatizó que no respaldarán la destitución del presidente.

Por parte del Partido Social Cristiano, el congresista Esteban Torres se congratuló del diálogo iniciado entre el gobierno y la Conaie e indicó que su partido no votará la destitución del mandatario porque eso no resuelve los problemas estructurales del país.

Hasta el cierre de esta edición sólo habían intervenido 15 asambleístas de 135.

Luego del debate, la Asamblea Nacional tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 legisladores.

De ser aprobada, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero el mando del gobierno, y el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de siete días, convocaría a elecciones presidenciales y legislativas.

Corredores humanitarios

En la mañana, Iza indicó en la Universidad Central que abrirán vías como "corredores humanitarios" para permitir el ingreso de alimentos a Quito y reiteró que el paro continúa.

"No venimos a dejar regando la sangre de los hermanos aquí, venimos con una propuesta", agregó Iza en la concentración de manifestantes, a quienes señaló que sólo cuando haya sido contestada, concluirá el paro.

Entre los 10 puntos que reclama la organización constan la reducción de los precios de los combustibles y subsidios a campesinos.

El dirigente dijo que no llegaron a la capital a cometer "vandalismo" y pidió pacificar el país para no enfrentarse entre hermanos; sin embargo, calificó como un "ataque brutal de violencia" el operativo con el que fueron desalojados el viernes de la Casa de la Cultura donde celebraban una asamblea popular y a la cual dijo retornarían para efectuar una minga y limpiarla, al igual que en los lugares donde son acogidos.

En las inmediaciones del parque El Arbolito, la tarde de ayer manifestantes se expresaron en medio de danzas, bailes y silbidos. Un importante contingente militar y policial permanece en el lugar, sin que hasta el momento haya habido enfrentamientos.

En la mañana cientos de mujeres organizaron un ritual en el norte de la capital y luego marcharon contra el gobierno. Algunas indígenas iban con los ojos pintados con franjas rojas y portaban plantas medicinales.

"Toda la canasta básica está muy cara y nuestros productos del campo (...) no valen nada", declaró Miguel Taday, un productor de papa de la sureña Chimborazo, a unos 200 kilómetros de Quito.

La Conaie participó en revueltas sociales que derrocaron a los presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). En 2019 encabezó más de una semana de protestas contra el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), que dejaron 11 muertos.

Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis política. El gobierno asegura que reducir los precios del combustible costaría al Estado más de mil millones de dólares al año en subsidios.

Las últimas dos noches Quito ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes con bombas molotov, cohetes pirotécnicos, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

La rebelión indígena deja seis civiles muertos y un centenar de heridos en 13 días, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Las autoridades registraron más de 180 lesionados entre militares y policías y prometieron reprimir más enérgicamente las manifestaciones.

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Un vehículo policial dispara gas lacrimógeno a los manifestantes durante una protesta contra el Gobierno de Ecuador en Quito. — Adriano Machado / Reuters

Guillermo Lasso asegura que esto es un golpe de Estado en el que se busca "el derrocamiento del Gobierno".

 

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó para este sábado una sesión para debatir como único punto del día una petición de destitución del presidente del país, Guillermo Lasso, quien lo ha calificado de un intento de golpe de Estado contra él.

La convocatoria, confirmada por la Agencia Efe, fue realizada este viernes a petición de al menos un tercio de los asambleístas al alegar una grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto coste de la vida y las políticas económicas del Gobierno.

La activación del procedimiento de destitución presidencial ya había sido anticipada este viernes por un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa y por un sector del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal promotora de las protestas.

La sesión del Legislativo ecuatoriano se desarrollará en la sede de la Asamblea, a escasa distancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del aledaño parque de El Arbolito, que durante los dos últimos días ha sido escenario de un enfrentamiento casi constante entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo presidente para exponer sus alegaciones.

El Parlamento tiene 72 horas para votar

Tras el debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.

En caso de conseguirlo, el vicepresidente asumiría la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de siete días tras publicada la resolución, y convocaría para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

En un mensaje a la nación difundido en televisión y redes sociales, Lasso denunció este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas e hizo una llamada "a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador".

El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar "el derrocamiento del Gobierno".

El gobernante agradeció el apoyo ya anticipado de grupos parlamentarios de la oposición como Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y una parte de Pachakutik, lo que permitiría ganar la moción y mantener el poder.

Doce días de protestas

Las protestas comenzaron el 13 de junio convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes.

Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos.

25/06/2022 09:48

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Ecuador: indígenas y gobierno miden fuerzas

Reportan desabasto tras 10 días de protestas y bloqueos // La Conaie, dispuesta al diálogo sin intermediarios

 

Quito. El gobierno de Ecuador se negó ayer a derogar el estado de excepción en seis de las 24 provincias del país y en la capital, como exige el movimiento indígena para negociar una salida a la crisis que cumple 10 días de protestas con saldo de dos muertos, decenas de heridos y detenidos, además de policías desaparecidos.

La ciudad de Puyo se encontraba sitiada ayer por los manifestantes, sin custodia policial y en crisis por la falta de alimentos, tras una violenta noche en que los manifestantes indígenas incendiaron un cuartel policial, saquearon negocios y atacaron bienes públicos y privados, luego de que un comunero fue abatido por fuerzas de seguridad.

Ríos de manifestantes aumentan la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno ecuatoriano miden fuerzas sin que se vislumbre una solución.

Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta mantuvo la presión para exigir una reducción de precios de los combustibles, entre otras medidas.

Llegados de varios puntos, unos 10 mil indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos. A su vez, los militares protegen la sede de la presidencia con vallas de alambre de púas. La ciudad está semiparalizada por la protesta.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene las "manos manchadas de sangre", denunció Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que llamó al paro nacional.

Entre lunes y martes murieron dos personas en las protestas, informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que además registra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. Según la policía, hay 101 efectivos y soldados lesionados.

Iza reiteró su disposición al "diálogo" sin intermediarios, pero con la supervisión ciudadana que garantice "resultados".

Como punto de partida, la Conaie exige que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuarteles y se decretó un toque de queda nocturno en Quito.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó: "no podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir", advirtió en entrevista para el canal Teleamazonas.

Tras la negativa del gobierno a los puntos planteados por el dirigente Iza la noche del martes, la Conaie envió ayer por la tarde una carta a Lasso, y el ministro Jiménez tuiteó que revisaban el texto para "comenzar un proceso de diálogo efectivo", sin dar más detalles.

La fiscalía en Quito fue atacada por segundo día consecutivo. La Coanaie comentó al respecto: "dejamos claro que los autores de estos graves hechos no forman parte del movimiento indígena; nosotros, de hecho, seguimos llamando a evitar el vandalismo".

Al cabo de 10 días de protestas con bloqueos y movilizaciones, comienza el desabasto, mientras en las calles retumba el grito de los indígenas: "¡Fuera Lasso!"

El subsecretario estadunidense de Estado para el Hemisferio Occidente, Brian Nichols, llamó a "todas las partes a que se abstengan de la violencia", luego de que Washington aumentó el nivel de alerta para viajar a Quito.

Las embajadas de la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Italia, España y Suiza, externaron su "preocupación por los disturbios, en especial porque afectan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", e invitaron a las partes al diálogo y "la concreción de acuerdos".

Al cierre de esta edición se informó que el presidente Lasso dio positivo a covid-19. "No presenta síntomas y cumplirá con los protocolos médicos correspondientes", informó la oficina de comunicación de su gobierno.

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Un tren de alta velocidad une Pekín con Wuhan. El avance de China hace parecer inevitable que superará a EU como primera potencia económica.Foto Xinhua

Parece que Estados Unidos ha iniciado una nueva guerra fría con China y Rusia a la vez. Y la dirigencia estadunidense la presenta como una confrontación entre la democracia y el autoritarismo, lo cual resulta sospechoso, sobre todo cuando esa misma dirigencia corteja activamente a un violador sistemático de los derechos humanos como Arabia Saudita. Esta hipocresía hace pensar que, al menos en parte, lo que está en juego aquí es la hegemonía global más que una cuestión de valores.

Tras la caída de la Cortina de Hierro, Estados Unidos fue durante dos décadas el número uno indudable. Luego llegaron las desastrosas guerras en Medio Oriente, el derrumbe financiero de 2008, el aumento de la desigualdad, la epidemia de opioides y otras crisis que parecieron poner en duda la superioridad del modelo económico estadunidense. Además, sumando la victoria electoral de Donald Trump, el intento de golpe en el Capitolio, las numerosas matanzas en tiroteos, los intentos de supresión de votantes por parte del Partido Republicano y el auge de cultos conspirativos como QAnon, hay pruebas más que suficientes para pensar que algunos aspectos de la vida política y social de Estados Unidos se han vuelto profundamente patológicos.

Por supuesto que Estados Unidos no quiere que lo destronen. Pero que China lo supere en lo económico es sencillamente inevitable, cualquiera sea el indicador oficial que se use. No sólo su población es cuatro veces mayor a la de Estados Unidos, sino que su economía también creció al triple (https://bit.ly/3HI3Bgv) durante muchos años, de hecho, ya superó (https://bit.ly/39InWWB) a Estados Unidos por paridad del poder adquisitivo en 2015.

Aunque China no haya lanzado un cuestionamiento estratégico directo a Estados Unidos, las señales son claras. En Washington hay consenso bipartidario (https://brook.gs/2IQTAmB) respecto de que China puede plantear una amenaza estratégica, y que lo menos que debe hacer Estados Unidos para mitigar el riesgo es dejar de colaborar con el crecimiento de la economía china. Según esta visión, se justifica tomar medidas preventivas, aunque eso implique violar las normas de la Organización Mundial del Comercio, en cuya redacción y promoción Estados Unidos tuvo una importante participación.

Este frente de la nueva guerra fría ya estaba abierto mucho antes de la invasión rusa a Ucrania; después de lo cual, altos funcionarios estadunidenses exhortaron (https://wapo.st/3NpkYnT) a que la guerra no desvíe la atención de la amenaza real a largo plazo: China. Puesto que la economía de Rusia es más o menos igual en tamaño a la de España, su alianza ilimitada con China no parece tener mucha importancia económica (aunque su prontitud para las actividades disruptivas en todo el mundo puede resultarle útil a su más grande vecino del sur).

Pero un país en guerra necesita una estrategia, y Estados Unidos no puede ganar una nueva carrera entre grandes potencias solo; necesita amigos. Sus aliados naturales son Europa y las otras democracias desarrolladas de todo el mundo. Pero Trump hizo todo lo posible por alejarlas, y los republicanos (que todavía están completamente atados a él) han dado amplios motivos para dudar de que Estados Unidos sea un socio fiable. Además, Estados Unidos también tiene que ganarse la buena voluntad de miles de millones de personas en los países en desarrollo y emergentes; no sólo para tener los números de su lado, sino también para garantizarse acceso a recursos críticos.

Para congraciarse con el mundo, Estados Unidos tendrá que recuperar mucho terreno perdido. Su larga historia de explotar a otros países no ayuda, como tampoco su profundamente arraigado racismo (una fuerza que Trump canaliza con pericia y con cinismo). El último ejemplo es la contribución de las autoridades estadunidenses al “ apartheid vacunatorio” (https://bit.ly/3HKAnOo) global, por el que los países ricos consiguieron todas las dosis que necesitaban, mientras la gente de los países pobres quedó librada a su suerte. En tanto, los adversarios en la nueva guerra fría estadunidense pusieron sus vacunas a disposición (https://go.nature.com/3zU0VdN) de otros países a precio de costo o inferior y los ayudaron a desarrollar capacidad de producirlas por sí mismos.

La falta de credibilidad se magnifica en lo relacionado con el cambio climático, que afecta en forma desproporcionada a los países del Sur Global (https://bit.ly/3NbN5GE), que son los menos preparados para hacerle frente. Aunque los principales mercados emergentes hoy son la fuente principal de gases de efecto invernadero, la emisión acumulada de Estados Unidos sigue siendo con diferencia la mayor (https://bit.ly/3n4Bcb4). El mundo desarrollado no deja de sumar emisiones, y para peor ni siquiera ha cumplido sus exiguas promesas de ayudar a los países pobres a manejar los efectos de una crisis climática que causaron los países ricos. Por el contrario, los bancos estadunidenses contribuyen al riesgo de crisis de deuda (https://bit.ly/3QAyl7f) en muchos países, exhibiendo a menudo una perversa indiferencia respecto del sufrimiento resultante.

Europa y Estados Unidos son muy buenos para dar lecciones a otros sobre lo que es moralmente correcto y económicamente razonable. Pero el mensaje termina siendo haz lo que yo digo y no lo que yo hago (algo que la persistencia de los subsidios agrícolas de Estados Unidos y Europa pone en claro). Más aún después de Trump, Estados Unidos ya no tiene ningún derecho a la superioridad moral, ni credibilidad para dar consejos. El neoliberalismo y la economía del derrame jamás gozaron de mucha aceptación en el Sur Global, y ahora están perdiéndola en todas partes.

Al mismo tiempo, China se ha destacado por su capacidad para proveer infraestructuras físicas (https://bit.ly/3zPy1vz) a los países pobres en vez de dar lecciones. Es verdad que a menudo esos países terminan muy endeudados; pero viendo cómo se han portado los bancos occidentales como acreedores en el mundo en desarrollo, Estados Unidos y otros no están en posición para lanzar acusaciones.

Podría seguir, pero creo que mi argumento ya está claro: si Estados Unidos se va a embarcar en una nueva guerra fría, tiene que comprender qué necesita para ganarla. Las guerras frías se ganan en última instancia con el poder blando de la atracción y la persuasión. Para salir airosos, tenemos que convencer al resto del mundo de que nos compre no solamente nuestros productos, sino también el sistema social, político y económico que vendemos.

Estados Unidos sabrá hacer los mejores bombarderos y sistemas misilísticos del mundo, pero aquí no nos servirán de nada. Por el contrario, tenemos que ofrecer a los países en desarrollo y emergentes ayuda concreta, comenzando con la suspensión de derechos de propiedad intelectual sobre todo lo relacionado con el covid, para que esos países puedan fabricar vacunas y tratamientos por sí mismos.

Igual de importante, Occidente debe lograr que su sistema económico, social y político vuelva a ser la envidia del mundo. En Estados Unidos, el primer paso es reducir la violencia con armas de fuego, mejorar la regulación ambiental, combatir la desigualdad y el racismo y proteger los derechos reproductivos de las mujeres. Hasta que hayamos demostrado que merecemos liderar, no podemos esperar que otros nos sigan.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia e integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.

Traducción: Esteban Flamini

Copyright: Project Syndicate, 2022.www.project-syndicate.org

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La "desglobalización neoliberal política (sic)" impacta a Francia y Colombia

La desglobalización neoliberal financierista en curso tiene su reflejo en la "desglobalización neoliberal política (sic)" como se detectó en las elecciones de Francia y Colombia, pero también en la erupción de la revuelta indígena contra el globalista neoliberal Guillermo Laso en Ecuador: vulgar artefacto del efímero TikTok (https://bit.ly/3y3qNlh).

En sólo dos meses el presidente francés, Emanuel Macron –anterior empleado del banco Rothschild–, relegido para otro quinquenio, sufre una “cachetada (Washington Post dixit), al perder su mayoría absoluta (245 escaños con 38.6 por ciento de votos), que pone en riesgo sus reformas globalistas neoliberales ante el ascenso de la coalición de izquierda –NUPES con 131 escaños (31.6 por ciento), encabezada por Jean Luc Mélenchon (JLM)–, y el tsunami de la extrema derecha de Marine Le Pen (MLP) que arranca por primera vez 89 escaños (17.3 por ciento). Fue la revancha de los chalecos amarillos. Así Macron, criticado acerbamente por ser elitista y estar alejado de los problemas citadinos y rurales de los ciudadanos, se encuentra atrapado entre el Escila de la "coalición de izquierda" y el Caribdis de la extrema derecha que, según los hermeneutas de la política doméstica, augura una ingobernabilidad, si es que no desemboca en caos.

Pese a obtener una mayoría legislativa –que no le otorga la facilidad de pasar sus controvertidas reformas neoliberales a contracorriente histórica–, el descalabro de Macron sacude a toda Europa, ya que Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea de 27 países que pueden quedar huérfanos y a la deriva para ser presas del arsenal nuclear de la dupla anglosajona de EU/Gran Bretaña (GB) dentro de la OTAN. ¿Ganó Putin y perdió el comediante Zelensky en las elecciones legislativas en Francia, cuando tanto Mélenchon como Le Pen son antieuropeos y anti-OTAN?

No le produjo beneficio alguno a Macron su demagógica visita electorera a Kiev, donde tuvo un abrazo, catalogado de "muy extraño", con Zelensky, lo cual, en última instancia, resultó contraproducente en la sique rebelde del electorado francés. En forma insólita, más que inédita, la asamblea exhibe tres polos totalmente opuestos entre sí, a grado de que el rotativo Le Figaró, de la llamada "derecha", alega que “Macron tiene la prueba de una Francia ingobernable (https://bit.ly/3zTtTL6)”.

Le Soir asienta que el resultado es "inquietante también para Europa", ya que la única potencia nuclear europea sale debilitada frente a “crisis mayores (guerra en Ucrania, recuperación económica, crisis ambiental) con una asamblea tan dividida que sin duda jamás había sido tan antieuropea (https://bit.ly/3n4uim2)”.

La elección en Francia exhibe que la dicotomía añeja entre "izquierda" y "derecha" del siglo XVIII –curiosamente emanada de la definición topográfica de los realistas girondinos, que se sentaban a la derecha, y los jacobinos que lo hacían a la izquierda– ha quedado rebasada en la misma Francia –donde prospera más la dicotomía hoy vigente entre "globalistas neoliberales" y “soberanistas nacionalistas (https://bit.ly/3HGspWg)”.

En Francia y Colombia se gestó una revuelta ciudadana, con diferentes entonaciones, contra el antropófago modelo globalista neoliberal. En Colombia es más dramático, porque desde la primera vuelta fue humillado el uribismo de Medellín, hermano simbiótico del fugaz y rapaz calderonismo en México.

Más allá del triunfo apretado del izquierdista Gustavo Petro frente al empresario de extrema derecha Rodolfo Hernández, que sepulta militar y teóricamente el paramilitarismo del narcouribismo, llamó poderosamente la atención la felicitación inmediata del secretario de Estado, el jázaro Antony Blinken, cuando EU detenta "nueve cuasi-bases" militares (https://bit.ly/3QEdIag)” que todavía no han sido motivo de cuestionamiento alguno (https://bit.ly/3bkQlm9). Todo lo contrario: asombrosamente Blinken "desea estrechar (sic)" sus relaciones con Petro, quien, por cierto, promete una "agenda ambientalista verde" nada disímbola del Partido Demócrata de EU.

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Miembros de las fuerzas armadas bloquean el acceso a la carretera E35 para una marcha de protesta de cientos de indígenas de la provincia de Cotopaxi.- EUROPA PRESS

Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la baja del precio de los combustibles. Las movilizaciones dejan hasta el momento un muerto y 61 heridos.

Miles de indígenas bloquearon este martes las principales calles de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en el noveno día de protestas, mientras las Fuerzas Armadas prometieron defender la democracia contra lo que consideran una "grave amenaza". Convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles y los productos de primera necesidad. Lasso aceptó este martes sentarse a dialogar con representantes de Conaie, por lo que se espera una respuesta del movimiento indígena. Las protestas dejan hasta el momento un muerto y 61 manifestantes heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Represión y estado de excepción

"Bajen las armas, somos pueblos de paz", exclamaban algunos de los más de cinco mil indígenas que llegaron el lunes en caravana a Quito. Un grupo numeroso que chocó con la policía salió de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito. 

Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.

La Fiscalía denunció que su sede central fue atacada, y que puso "a buen recaudo la información sensible de los casos que lleva adelante", al tiempo que también hizo "un llamado público a la paz y el respeto a la ley". La Conaie, que lidera las protestas a las que se plegaron más de 50 organizaciones, rechazó lo sucedido y aseguró que quienes cometieron el ataque no forman parte de las organizaciones indígenas.

En otros puntos de la ciudad también hubo varios cortes de calles que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios "hasta que las condiciones en las vías sean favorables".

Los motivos de este paro, por tiempo indefinido, son los precios elevados de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, los altos precios de los combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agricultor y la privatización de empresas públicas, entre otros.

"A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas (insumos y abonos) y nuestros productos no suben nada", dijo Tito Zamora, un indígena de la aldea de Sigchos en Cotopaxi. Zamora explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.

La reacción del gobierno

El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo este martes que la democracia está en "serio riesgo", horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento indígena. "Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes", aseguró Lara, escoltado por la plana mayor del Ejército.

El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes el diálogo propuesto por la Conaie y aseguró que aguarda una respuesta. El mandatario de derecha indicó que "desde su mejor predisposición" y la de su gabinete, está dispuesto a participar en un proceso de diálogo "franco y respetuoso" entre la Conaie y el resto de las organizaciones de la sociedad civil "que deseen sumarse al proceso" y poder así "buscar soluciones a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas".

Alerta de Amnistía Internacional

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió al presidente Lasso que la represión policial de las protestas "está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019".  El informe de AI sostiene que durante la represión a las protestas de 2019, "organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad".

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, urgió al presidente Lasso a "cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica" y solicitó que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. "El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia", indicó Guevara Rosas.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil. El mismo colectivo de derechos humanos ecuatoriano había denunciado el lunes la primera muerte en medio de la protesta, que se produjo cuando un contingente policial trató de detener a un grupo de manifestantes que buscaba ingresar a Quito procedente de la norteña provincia de Imbabura.


 El estallido social recorre Ecuador: un pueblo en pie frente al neoliberalismo autoritario del banquero presidente

Adoración Guamán, profesora de derecho en la Universitat de València

Virgilio Hernández, Parlamentario Andino

Diario Público

21/06/2022

América Latina vive un momento de cambio trascendental. La reciente victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia se suma a la llegada de Gabriel Boric al gobierno chileno y puede ser el preludio del triunfo de Lula en Brasil que confirmaría el giro regional de corte progresista y la evidencia del declive de la agenda neoliberal.

Los estallidos sociales que han sacudido la región desde el año 2019 han influido de manera decisiva en el impulso de los cambios antedichos. Los levantamientos populares del momento pre-pandemia enfrentaron la estrategia autoritaria y represiva de gobiernos como el de Duque, Piñera o Moreno, cuya única estrategia posible para imponer los ajustes económicos brutales fue la represivo-autoritaria. En algunos escenarios, como Colombia o Chile aquellas protestas tuvieron la capacidad de reconfigurar alianzas político-sociales y estructuras político-partidistas, articulándose sujetos capaces de disputar el poder y ganar procesos electorales no sólo frente a la derecha clásica sino frente a las expresiones de las nuevas extremas derechas.

Pero no todo han sido victorias en la región y mientras celebramos el triunfo del vivir sabroso en Colombia, una nueva oleada de violencia institucional y de autoritarismo azota a un país que se ha convertido en la representación regional de la captura corporativa. La República del Ecuador, primero en manos de Lenin Moreno (entregado a la voluntad de Estados Unidos y de los intereses de del capital trasnacional) y ahora gobernado por un cártel bancario personalizado en Guillermo Lasso, se encuentra sumido en una deriva de represión, desinstitucionalización y vulneración de derechos humanos que se recrudece día a día.

El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondomonetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliar las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer.

En el momento presente, la situación se ha vuelto insostenible para las mayorías sociales que asisten a un aumento acelerado de los precios de los productos de la canasta básica, del transporte y de los productos para la producción. Los paralelismos con el Paro Nacional de octubre de 2019 frente al gobierno de Moreno son cuantiosos y merece la pena recordar lo sucedido en aquel momento, cuando el primer ajuste duro en cumplimiento del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional trajo consigo la adopción de una serie de medidas económico-sociales con un fuerte impacto sobre a la amplia mayoría población ecuatoriana. El detonante definitivo de aquella protesta social fue la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente desde hace 40 años. Aquellos doce días que paralizaron el país y en los que se contabilizaron centenares de heridos, más de una decena de fallecidos, miles de detenidos y una intensa persecución política, se cerraron en falso, con una dura mesa de diálogo entre el gobierno y distintos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador donde se llegaron a acuerdos posteriormente incumplidos por Moreno.

El nuevo ciclo de movilizaciones que sacuden Ecuador se asienta de nuevo en el rechazo al modelo neoliberal, ahora aplicado, agravado y perfeccionado por el gobierno de Lasso. En esta ocasión la CONAIE ha planteado un decálogo claro de reivindicaciones cuyo primer punto es la congelación de los precios de los combustibles y la focalización de subsidios para sectores vulnerables. Además, entre las exigencias del movimiento indígena se encuentra la moratoria de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y la condonación para pequeños y medianos productores; los precios justos en los productos del campo, el subsidio agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio (cabe recordar que la Constitución del Ecuador todavía prohíbe la firma de tratados con sistema de arbitraje inversor-Estado, algo que el gobierno parece desconocer); la generación de empleo, la regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicación y organización de la clase trabajadora; la moratoria a la expansión de la frontera extractiva petrolera y minera y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos; la prohibición de la privatización de sectores estratégicos; las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad; la garantía del acceso a la educación superior y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud. Finalmente, en el listado se incluye como pieza clave la cuestión de la seguridad, tema que ha protagonizado el último año en un país asolado por el aumento de la violencia de manera general, con índices de criminalidad similares a las que se registraban hace 20 años y que se expresa con particular virulencia en las cárceles, donde han sido asesinadas en estos últimos 12 meses más de 350 personas y que afecta particularmente a jóvenes racializados.

Ante la falta de voluntad de acuerdo del gobierno y la situación insostenible de las mayorías sociales, el 13 de junio comenzó la protesta, convocada por diversas organizaciones (CONAIE, FENOCIN; FEINE; entre otras) que llamaron a un Paro Nacional para reivindicar el decálogo mencionado. El paro inició con el cierre de vías en 12 de las 24 provincias del país y la respuesta del gobierno fue tan desmedida como ilegal y torpe, con la detención del Presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acusado de paralización de servicios públicos en un proceso plagado de irregularidades, sin orden judicial, sin el proceso debido, sin defensa técnica inmediata y sin información en Kichwa. Además, para su traslado se organizó un impresionante operativo policial y militar, deteniéndolo en una base aérea. Finalmente, tras su puesta a disposición judicial, se le dejó en libertad con la obligación presentarse en fiscalía dos veces por semana, prohibición de salir del país y audiencia fijada para el 4 de julio, para ser juzgado a través de un proceso directo, que junta todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia en la que podría ser sentenciado y encarcelado. La indefensión y la violación del debido proceso son evidentes y han sido resaltadas por diversos juristas del país.

La detención de Leónidas Iza aceleró el estallido. El hastío, descontento, cansancio y sufrimiento popular se combinaron con la indignación y el sentimiento de agravio por la utilización ilegal del aparato judicial contra el líder indígena, como ocurrió en el 2019 contra determinados líderes de la Revolución Ciudadana. Tras su liberación, Leonidas Iza afirmó que la CONAIE se mantendría movilizada hasta que el Gobierno diera respuestas concretas a sus 10 puntos de demandas.

Una vez más, el libreto típico de la represión se ha puesto en funcionamiento, como un guion bien engrasado. El primer paso fue la deslegitimación de la movilización en los medios de comunicación, aliados de manera mayoritaria con el gobierno, que difundieron las fake news provenientes del jefe de los servicios de Inteligencia y del Ministro del Interior que afirman una supuesta financiación de las protestas por grupos políticos ligados al crimen transnacional con voluntad de desestabilizar al gobierno. Además, y de nuevo, el mantra de que "la culpa es de Correa" volvía a airearse aun cuando el líder de la Revolución Ciudadana, acosado por la estrategia de Lawfare desde hace años, lleva ya un lustro fuera de país y tiene asilo político en Bélgica. Tal y como ocurrió en el paro del 2019, el gobierno no ha dudado en utilizar las noticias falsas para involucrar en una supuesta confabulación golpista a las pocas instituciones gobernadas por la oposición, como la prefectura de la provincia de Pichincha a cuyo frente está la lideresa Paola Pabón. No podemos olvidar que la Prefecta fue igualmente víctima de una persecución política que la llevó a pasar meses en prisión preventiva acusada infundadamente de rebelión por el gobierno de Lenín Moreno y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas a su favor. Con Lasso, y a pesar de prometer un "gobierno del encuentro", continúa y se agrava la estrategia represiva y el Lawfare, que combina, como antaño, la utilización ilegítima del aparato judicial, la fiscalía, la policía y los medios de comunicación.

En paralelo y para facilitar las estrategias de represión de la protesta, se ha recurrido a una herramienta clásica: la declaración del Estado de Excepción. En esta ocasión, se adoptó un primer decreto, el 455, cuyo texto prohíbe no sólo la libertad de movimiento a determinadas horas del día sino que limita el derecho de reunión y asociación y, de forma inaudita, restringe los servicios de telecomunicaciones fija, móvil e internet, autoriza el uso de la fuerza letal para reprimir las movilizaciones y permite detenciones y allanamientos, sin orden de juez. Además, el texto decretó al Distrito Metropolitano de Quito como "Zona de Seguridad" a cargo de las Fuerzas Armadas, encargadas de "mantener el orden" de manera "complementaria" a la Policía Nacional. Para bochorno nacional y ante la indignación por lo extralimitado del texto, el gobierno difundió la noticia de que este Decreto (firmado por el presidente) era un "borrador". A continuación, se promulgó otra versión del texto, donde solo se eliminó la restricción de las telecomunicaciones y la autorización para el uso de armas letales.

La reacción de las fuerzas de oposición representadas en la Asamblea Nacional, fundamentalmente la Revolución Ciudadana (la bancada de UNES) y una parte de Pachakutik (escindido entre aquellos que apoyan a la CONAIE de Leónidas Iza y los que decidieron apoyar al gobierno) se han unido para debatir la pertinencia y proporcionalidad de este Decreto del Estado de Excepción. Ante la inminente alianza para derogar el texto, el lunes 20 de junio el Gobierno decidió eliminarlo de manera unilateral, para impedir su debate por parte del órgano legislativo, obturando una vez más los cauces de debate necesarios en situaciones de en normalidad democrática. Al mismo tiempo, Lasso expidió un nuevo decreto, el 459, en el que amplía el estado de excepción a las provincias de la Sierra Central y a la de Pastaza, en la Amazonía. La Asamblea tendrá la oportunidad de derogarlo, pero debe esperar ser notificada oficialmente. Es especialmente destacable la rotundidad de la bancada de UNES que emitió un comunicado con exigencias claras en materia social, económica y de derechos fundamentales. Además, la bancada de la Revolución Ciudadana cierra el comunicado señalando la posibilidad de una "muerte cruzada", que según el modelo institucional ecuatoriano permite la destitución del Presidente y abre la puerta a la convocatoria de elecciones.

Ajena a esta maraña de normas y actuaciones políticas, la Policía no tardó en hacer un uso abusivo de la fuerza amparándose en el extralimitado paraguas del Estado de Excepción para allanar el pasado domingo la Casa de la Cultura de Quito. Las razones de la ocupación policial de la Casa de la Cultura son evidentes. Allí se refugiaron los manifestantes en el paro de 2019 y en momentos anteriores, siendo el lugar emblemático de concentración de las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Con esta actuación el Gobierno trata de impedir que se repitan los episodios de solidaridad y apoyo popular de la población de Quito al movimiento indígena y a las personas que protestan. Muchas voces relevantes dentro del progresismo ecuatoriano han señalado que esta ocupación es un parteaguas, una muestra de autoritarismo que no se veía en el país desde los años 60 del siglo pasado. Mientras esto ocurre, y mientras escribimos estas páginas, las protestas se siguen sucediendo, con episodios de represión cada vez más violentos. Se reportan heridos, incluso fallecidos, las universidades abren sus puertas como espacio humanitario para las comunidades que llegan desde otras provincias, se suceden los comunicados de alerta y protesta. Incluso la Directora para las Américas de Amnistía Internacional ha señalado en un comunicado que la organización pide "al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse".

La situación se agrava y una vez más vemos a Ecuador, como vimos a Chile o a Colombia, sacudido por un estallido social que evidencia la incompatibilidad entre el momento actual del neoliberalismo y la democracia. El momento autoritario, como señala el profesor Ramírez, se vuelve inevitable para conseguir imponer a las mayorías sociales un ajuste incompatible con la vida. Ante las protestas, la activación del aparato brutalmente represor, combinado con la destrucción de la imagen de toda disidencia que pasa a ser "enemigo del Estado" y la utilización del poder judicial y policial ya son herramientas del libreto que lleva años reproduciéndose en América Latina.

Las enseñanzas de otros países marcan un camino por el que se debe transitar para que el estallido sea la chispa que permita la acumulación de fuerzas con capacidad para generar alianzas, complicidades y diálogos capaces de traducirse en una victoria electoral de lo popular con capacidad transformadora. Son muchas las disonancias en el pasado entre las y los que ahora luchan contra un banquero que preside un gobierno dispuesto a acabar de saquear por completo al país, pero son más las causas comunes, los anhelos, las sintonías y las esperanzas que unen a las que hoy recorren las calles del Ecuador exigiendo un vivir bien, un vivir sabroso, una vida digna y una esperanza para el país.

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David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia.  . Imagen: Enrique García Medina

El vicepresidente de Bolivia advierte que "nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global"

De visita en Buenos Aires, donde celebró el Año Nuevo Andino, el también excanciller boliviano asegura que estamos frente a un tiempo de cambios en el que "no hay que tenerle miedo a nada".

 

Con la certeza de que estamos frente a un momento crítico a nivel mundial, David Choquehuanca llama a perder el miedo y cuestionarlo todo. El vicepresidente de Bolivia advierte que el "modelo de desarrollo occidental capitalista nos ha llevado al desastre" y por eso es urgente una renovación liderada por los jóvenes. De visita en Buenos Aires, donde celebró el Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño 5530, Choquehuanca recibe a Página/12y llama a los pueblos a despertarse porque "nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global".

Choquehuanca nació el siete de mayo de 1961 en la comunidad aimara de Cota Cota Baja, departamento de La Paz. Es el vicepresidente de Bolivia desde el ocho de noviembre de 2020. Antes fue ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia entre 2006 y 2017, durante los tres gobiernos de Evo Morales. Fue en aquellos años que sugirió cambiar el sentido de las agujas del reloj de la Asamblea Legislativa como gesto de descolonización porque "si no queremos violentar las leyes de la naturaleza, nuestro reloj también tiene que funcionar hacia el sur".

- ¿Está conforme con la condena a diez años de cárcel a la expresidenta de facto Jeanine Áñez?

- No se trata de estar conforme con una sentencia, se trata de que se haga justicia. Mira, nuestra democracia ha sido interrumpida después de 40 años y en 2019 hemos vivido un año de terror, de desilusión, de represión, de violación de los derechos humanos. Hubo masacre. Todo el mundo sabe esto. Y nosotros en nuestra campaña hemos prometido justicia. Es lo único que buscamos, y quien administra justicia no es el poder ejecutivo ni el poder legislativo. La justicia es un poder independiente, ellos son los que tienen que asumir su responsabilidad con el pueblo y con las víctimas.

- Usted dijo hace un mes que el pueblo boliviano se está cansando de los dirigentes que se eternizan en el poder. ¿A qué se refería exactamente?

- El mundo tiene que renovarse. Hay un desorden global. Hay incertidumbre, hay caos. Necesitamos cambios, revolución de ideas. ¿Y quiénes tienen que ser los protagonistas? Los jóvenes, ellos son quienes tienen que despertar su creatividad y no esperar que las personas mayores les digan lo que tienen que hacer. Estos jóvenes tienen que tener la capacidad de leer su realidad, y lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar instrumentos para que estos jóvenes puedan despertar su rebeldía. En el mundo hay carencia de líderes y los revolucionarios queremos cambios. Somos semillas. Tenemos que sembrar. Si la papa no se siembra y no se renueva, la papa desaparece.

- El fin de semana se reunió con el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, en un momento en el que los medios de su país hablan mucho de diferencias internas.

- Es bueno tener diferencias. ¡Si no se contradice a la ciencia, no se desarrolla! Nosotros estamos en función de gobierno, la organización política que está en función de gobierno es el MAS-IPSP, y este tiene a su presidente que es Evo Morales. Nuestro presidente en funciones es el hermano Luis Arce y yo estoy acompañando como vicepresidente. Y somos un gobierno de las organizaciones. En estas reuniones nos encontramos, no es la primera ni será la última. Somos actores, podemos hacer mucho por nuestro pueblo y a todos los temas hay que discutirlos.

- Hace poco de visita en España sostuvo que la democracia vista desde la perspectiva occidental se "ha destruido a sí misma". ¿Habría que ir hacia una instancia superadora?

- No hay que tenerle miedo a nada. La cultura del miedo y el odio llega con el colonialismo. Nosotros tenemos nuestra propia forma de organización donde no se acepta que se someta a nadie. En democracia las minorías se someten a las mayorías. Existe la palabra someter, y someter al prójimo no es vivir bien, como robar no es vivir bien, como mentir no es vivir bien. Y lo que nosotros buscamos es el vivir bien, buscamos la armonía. Nuestra lucha es contra el sometimiento, no solamente entre los seres humanos, también con nuestra madre tierra. Tenemos que cuestionar palabras como democracia, no tenemos que repetir como si fuéramos loros. ¿Por qué no podemos explicarnos desde nuestro lugar? Es hora de cuestionar todo. Hasta el desarrollo nos hemos dejado imponer.

- ¿Y cómo se puede cambiar esa forma de desarrollo?

- Es mejor si nosotros tomamos nuestras decisiones mediante el consenso. Consenso no es lo que yo quiero, consenso no es lo que la hermana quiere, consenso no es lo que el vecino quiere, consenso no es lo que el de abajo quiere. Consenso es lo que todos queremos. Es saber encontrar el centro, el eje, el taypi. Es saber encontrar el eje que pone en movimiento una sociedad, una comunidad, una organización. Necesitamos estar en movimiento. Tiene que haber un proceso de autointerpelación. Tiene que haber una revolución de ideas. Las turbinas del viejo sistema se están apagando, y este modelo de desarrollo occidental capitalista nos ha llevado al desastre.

- En relación a lo que plantea, en su paso como canciller propuso cambiar el sentido de las agujas del reloj ubicado en el edificio del Congreso. ¿En qué se basó para tomar esa decisión?

- El planeta se divide en sur y norte por la línea del Ecuador. Nosotros estamos en el sur. En el sur la sombra gira a este lado, en el norte gira al otro lado. Los marineros conocen esto: cuando cruzan la línea del Ecuador cambian su dirección. Y como estamos en el sur y no queremos violentar las leyes de la naturaleza, nuestro reloj también tiene que funcionar hacia el sur. Muchas cosas nos han traído del norte. En Navidad nosotros ponemos nuestros arbolitos con nieve, como si estuviéramos en el norte. Hasta el Papa Noel nos han traído ellos. Pero los niños en Bolivia dicen que como el Papa Noel no es nuestro no le dejan entrar a la casa, ¡y por eso quiere echarse por la chimenea! (risas) Nosotros tenemos nuestro ekeko, que es la energía de la abundancia, del vivir bien. Tenemos nuestras propias categorías económicas, pero no se enseñan en las universidades. Europa no nos ha traído la civilización, nos ha traído la barbarie. Por eso en Bolivia nosotros hablamos del proceso de descolonización. Tenemos que volver a ser, porque ya no somos. ¡Y somos del sur!

- ¿Qué sensaciones le generó el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y qué puede significar para la región?

- Todos nos hemos alegrado. Algunos hemos celebrado incluso más que los colombianos. Tenemos la esperanza de que las cosas cambien en Colombia. Y Petro tiene la autorización con el voto para que se puedan superar todos los males que el pueblo colombiano ha vivido. Pero este resultado también es una fortaleza para nuestra región. Queremos que se respete nuestra soberanía. Queremos decidir nosotros y no fuerzas extracontinentales. Necesitamos construir integración. Si nosotros vamos solos a otros espacios multilaterales, no vamos a poder plasmar nuestras ideas. Pero si vamos juntos y nos sentamos de igual a igual, por ejemplo con la Unión Europea, no solo nos van a escuchar, también nos van a respetar.

- ¿Qué balance realiza de la última Cumbre de las Américas? Bolivia fue uno de los países que se negó a asistir en solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

- La Cumbre de las Américas está en crisis, al igual que la OEA. Pregúntale a nuestros jóvenes, ya no les interesa. La realidad es que no todos tenemos que pensar igual. Donde dos personas piensan igual, dicen que uno no piensa. Ningún país tiene la capacidad de encarar solo, por más desarrollado que sea, los problemas que son globales. Nos necesitamos. Necesitamos discutir cómo podemos hacer que las riquezas no se concentren en manos de unos pocos. Hacerlos tomar conciencia de que nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global. Y si hay esta catástrofe global nos vamos todos, los pobres y también los ricos.

22 de junio de 2022

Publicado enSociedad
Pobladores de la ciudad de Tambillo regalan botellas de agua a indígenas que marchan en caravana hacia Quito, en repudio a medidas económicas del gobierno. Foto Ap

Este lunes se cumplió el octavo día de movilizaciones, con el arribo a la ciudad de Quito de miles de manifestantes, sobre todo del movimiento indígena. Las medidas de lucha se mantienen a pesar del nuevo decreto de estado de excepción y el avance represivo del gobierno de Lasso.

Margarita Valencia Lic. en Psicología

Lunes 20 de junio

A pesar del impacto de las medidas de control y represión, hasta hoy y de conjunto, ni el estado de excepción dictaminado para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que este lunes por la tarde Guillermo Lasso amplió por decreto 459, a tres provincias más: Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, ni el allanamiento y ocupación policial de la Casa de la Cultura del Ecuador, ni la detención de casi 50 manifestantes, ni tampoco los falsos llamados al diálogo por parte del Gobierno nacional, han logrado frenar la movilización de 14 de las 24 provincias del país.

Durante el día miles de Indígenas y campesinos, sobre todo desde la Sierra Centro y Norte, emprendieron la marcha hacia Quito y llegaron hasta las entradas de la ciudad. Luego se fueron sumando colectivos de estudiantes y pequeños comerciantes. Los diarios ecuatorianos hablan de la ciudad de Quito convertida ahora en el epicentro de la protesta.

Hace más de una semana, se vienen desarrollando distintas medidas de lucha contra el aumento del combustible, la reducción del presupuesto de salud y educación, la estafa del sistema bancario contra quienes por necesidad tuvieron que endeudarse por los niveles de pobreza, a pesar de la relativa recuperación económica y todas las medidas de ajuste propias del sometimiento que dicta el FMI al país llevadas adelante por el gobierno neoliberal y representante de la banca.

El decreto 455 (ahora derogado y cambiado por el 459) de estado de excepción, llegó de forma escandalosa a hablar de controlar el internet y el flujo de información -cuestión sobre la que el gobierno tuvo que retroceder- . El nuevo decreto ordena -al igual que el anterior- el uso progresivo de la fuerza, que incluye la fuerza letal.

Este lunes, a cuatro días de haberse decretado la prohibición de concentraciones y de habilitar la coordinación del ejército en las calles junto a la Policía Nacional, con una importante avanzada represiva que ya dejó cerca de 50 heridos, la oposición institucional de la Asamblea Nacional, por pedido de 72 de los 137 legisladores, se disponía a discutir el levantamiento del primer decreto, cuestión que quedó sin sentido, una vez conocido el 459.

La intención de la oposición era bajar el estado de excepción para habilitar una mesa de diálogo entre la CONAIE y otras organizaciones con el Gobierno. El mismo rol que jugó en el 2019 con la intención de desmovilizar.

El acuerdo derechista para mantener el estado de excepción

El Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática, que vienen jugando de opositores al gobierno, cerraron filas y anunciaron que no apoyarían la derogación del decreto, haciéndose eco de la línea oficialista represiva de mano dura. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri (PSC) habló directamente de cercar la ciudad con ayuda de inteligencia del ejército, mientras que el alcalde de Quito estaba tramitando una medida cautelar para impedir que la Asamblea votara la derogación.

Por su parte, la UNES (coalición del ex presidente Rafael Correa) y Pachakutik apoyan levantar la excepción y la convocatoria a una mesa de diálogo, sin embargo, cabe recordar que fue la UNES, y con críticas, uno de los sectores del propio Pachakutik, quienes apoyaron en su momento, la ley de Uso Progresivo de la Fuerza que presentó el oficialismo para fortalecer el aparato represivo, bajo pretexto de la violencia en las cárceles.

Un llamado a dialogar, con represión en las calles

En medio de la crisis por el enorme descontento social contra las medidas de ajuste, los llamados al diálogo por parte del gobierno, solo ratifican el cinismo de quien ofrece medidas parciales que no responden a la cuestión profunda, mientras reprime en las calles, saluda con honores a los militares en el día del padre, (con todo el simbolismo que implica que el propio presidente se vista de camuflaje) y anunciar casi al mismo tiempo un nuevo decreto (el 457) de precarización laboral, donde se eliminan los viáticos para los trabajadores y se limitan las contrataciones (abriendo las puertas a nuevos despidos), entre otras medidas de recorte al sector público.

En este marco, un sector de los partidos de la Asamblea Nacional tuvo que responder (con bastante tiempo de demora), a una cuestión básica de libertades democráticas, presionados por la denuncia constante de los manifestantes sobre la escalada represiva y de avanzada contra el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo, buscan de fondo descomprimir las manifestaciones con un “llamado a mesas de diálogo”, donde se ofrece a la Asamblea como “mediadora” de la crisis, pero un “llamado al diálogo” en medio de las condiciones de represión, con los nuevos ataques del Gobierno Nacional y que busque sacar a los manifestantes de las calles, solo constituye una farsa y la consolidación del ajuste que Lasso busca aplicar.

Las demandas de las y los trabajadores y los sectores populares tienen que triunfar

Por el momento la CONAIE declaró que si hay diálogo, no va a ser retirándose de las calles, usando las movilizaciones como presión in extremis, pero es fundamental la alerta al conjunto de los manifestantes, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales (que como dijimos llegaron por miles a Quito, donde está la sede del gobierno), frente a los intentos de contener y disolver las manifestaciones.

El miércoles 21 está convocada una movilización nacional de organizaciones sociales y de trabajadores, que se sumarán a las manifestaciones que en varias provincias está protagonizando el movimiento indígena. La ampliación del estado de excepción también busca anticiparse a eso.

En las calles se viene mostrando que hay fuerzas para poder enfrentar el programa político del gobierno de Lasso, del empresariado ecuatoriano y el FMI y que triunfen las demandas de los trabajadores y los sectores populares, que no están dispuestos a que esta crisis se descargue nuevamente sobre sus espaldas.


"Buscan derrocarme; no voy a escapar": Presidente Lasso

Miles de indígenas se acercan a Quito con pliego de 10 demandas

Desafían el estado de excepción y piden bajar precios de combustibles, limitar la expansión minera y mejorar servicios de salud y educación

Quito. Miles de indígenas de Ecuador se concentraron ayer en las afueras de Quito con miras a llegar a la capital, como parte de sus protestas contra el gobierno desde la semana pasada, al tiempo que el presidente Guillermo Lasso dijo que las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) buscan derrocarlo y que él no va a escapar.

Los indígenas llegaron en camiones y a pie en medio de un estado de excepción decretado por Lasso en tres provincias andinas –incluida Quito– en un intento por frenar las protestas, que se han tornado violentas con retención de uniformados, ataques a fincas de flores y toma de pozos petroleros.

La Conaie confirmó el ingreso de manifestantes a barrios del sur de Quito y dijo que llegaría un mayor número de indígenas a la ciudad.

Uno de los manifestantes que formaba parte de una columna que empezó la marcha desde Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha, hacia Quito, falleció ayer al caer desde una gran altura, informó El Universo.

El incidente ocurrió cuando las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno contra los manifestantes y en medio de la confusión todos corrieron a refugiarse. Entre cinco y siete personas cayeron por una quebrada. Algunos lograron salir por sus propios medios, pero un joven falleció debido a la caída, que según el informe de las autoridades fue desde 100 metros.

Las protestas empezaron el lunes de la semana pasada con un pliego petitorio de 10 puntos que incluye una reducción del precio de los combustibles, mayor plazo para cubrir las deudas financieras de los pequeños agricultores, limitar la expansión petrolera y minera y mejorar el sistema de salud pública.

En Ecuador el galón de diésel subió 90 por ciento (se vende a 1.90 dólares) y el de gasolina corriente en 46 por ciento (a 2.55 dólares) en casi un año. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social. La Conaie exige rebajarlos a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente.

Para aceptar conversar, los indígenas piden que Lasso atienda el pliego, que incluye también la prohibición de concesiones mineras en sus territorios.

Lasso ha llamado al diálogo a los grupos sociales y anunció medidas de compensación para los sectores vulnerables, como un subsidio al precio de fertilizantes, mayor presupuesto para salud y educación indígenas y condonación de deudas vencidas por 3 mil dólares.

Aunque las medidas ofrecen algo de ayuda, los manifestantes dicen que no solucionan los problemas que enfrentan miles de familias cada día.

"Hemos venido a resistir sobre una política neoliberal que afecta más y más a los pobres", aseveró el presidente de Conaie, Leonidas Iza, en redes sociales.

Lasso tuiteó ayer: "hemos tendido la mano, llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz..., buscan el caos, quieren botar al presidente".

"Yo no voy a escapar, pero estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres", agregó Lasso en un video en el que mostró disturbios y aseveró que que "no han subido y no subirán los precios de los combustibles, pues están congelados desde octubre de 2021".

En el mismo tuit, el jefe de Estado advirtió: "no permitiré que se imponga el caos" durante las manifestaciones, que dejan ya 63 agentes heridos, según la policía. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 79 detenidos y 55 civiles heridos.

El cierre intermitente de vías se ha extendido a más de la mitad de las 24 provincias, según reportes del estatal Servicio de Seguridad.

Lasso declaró el estado de excepción desde el sábado para las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura,y la extendió ayer a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

Las Universidades Católica de Ecuador y Salesiana, junto con la Federación de Cámaras de Comercio se ofrecieron para mediar entre las autoridades del gobierno y la Conaie.

Con información de Afp, Reuters y Sputnik

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Lunes, 20 Junio 2022 07:11

Democracia ¿Para qué?

El reverendo William Barber durante su discurso en la Marcha Moral el fin de semana, en Washington. La Campaña de los Pobres en Estados Unidos ha declarado que hay un problema moral en el país, el cual ha generado injusticia social, racismo, guerras y devastación ecológica, y por ello se requiere una "revolución de valores", receta recomendada por el reverendo Martin Luther King, en 1968. Foto Ap

 

En la segunda semana consecutiva en el que un comité del Congreso continuó documentando públicamente cómo se intentó un golpe de Estado en Estados Unidos y siguió advirtiendo que esa amenaza derechista prevalece hoy día, tal vez lo más sorprendente es que esto aún no ha provocado una ola popular masiva por la defensa de lo que supuestamente es la esencia fundamental de este país: su democracia.

Mas aún, todo apunta a que el Partido Republicano que se ha subordinado, por ahora, a Trump, retomará el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre, con su liderazgo prometiendo revancha contra aquellos que se atrevieron a investigar los delitos antidemocráticos del ex presidente y sus cómplices.

¿Será que en el faro mundial de la democracia, ya se está fundiendo esa palabra tan sagrada?

Vale recordar que hace año y medio la mayoría de los votantes expulsó al bufón neofascista y apoyó al candidato que prometió "el gobierno más progresista desde Franklin Delano Roosevelt" y declaró que su presidencia marcaba el fin de cuatro décadas de políticas neoliberales (sin usar esa palabra).

Más aún, vale subrayar que en las encuestas, mayorías apoyan toda una gama de políticas progresistas: desde el derecho al aborto, un mayor control de armas de fuego, un sistema de acceso básico a salud y educación, que los ricos paguen su parte en impuestos para reducir la desigualdad, hasta una reforma migratoria para legalizar a la mayoría de los indocumentados, entre otras políticas. Biden y el liderazgo demócrata prometieron promoverlas, y en parte por ello ganaron la Casa Blanca y el control de ambas cámaras del Congreso, pero poco despues empezó a imperar el juego de Washington, donde la voluntad de las mayorías no se implementa.

Como resultado, el desencanto, una vez más, es palpable por todas partes, y en particular, como lo fue con Obama antes, entre los jóvenes.

Ese tipo de desencanto fue en gran medida lo que motivó el triunfo electoral de Trump, sobre todo entre sectores de trabajadores y granjeros que seguían perdiendo sus empleos, tierras y oportunidades para sus familias e hijos. Algunas manifestaciones de una creciente desesperación social son las epidemias de opiaceos, violencia con armas de fuego y suicidios, entre otros factores que causan muertes prematuras y que están elevando la tasa de mortalidad de manera inusitada y diferente a la de otros países ricos.

La Campaña de los Pobres insiste en que hay un problema moral en Estados Unidos, generado por demasiada injusticia social, racismo, guerras y la devastación ecológica, y que ahora "el país tiene que ser rescatado de sí mismo" con una "revolución de valores", una receta recomendada por el reverendo Martin Luther King en 1968.

Ante un obvio desencanto con lo que oficialmente se llama "democracia", se puede decir que hay dos caminos visibles en Estados Unidos en esta coyuntura: una propuesta neofascista basada en una agenda supremacista blanca antimigrante, o una propuesta progresista que busca cumplir con las necesidades y demandas de las mayorías y a favor de la justicia social y económica.

Observar el deterioro de "la democracia" del país más poderoso del mundo ha sido la tarea periodística desde la elección de Trump en 2016, aunque ese proceso empezó mucho antes y en gran parte –como en tantos países– está relacionado directamente con la era neoliberal de las últimas cuatro décadas. Que hubo un intento de golpe de Estado y que hay un proyecto neofascista explícito apoyado por millones y por uno de los dos partidos nacionales, algo impensable hace sólo unos años, sigue definiendo la coyuntura actual de Estados Unidos. Con ello queda en el aire la pregunta sobre si el pueblo defenderá o no lo que se llama "democracia".

Las consecuencias de esa decisión, por tratarse de la superpotencia, afectarán a casi todos en el planeta, y de manera inmediata a sus vecinos.

Sly and the Family Stone. Stand. https://open.spotify.com/track/68DqLs1hv7zI08EBvu53wV?si=xDw5HWsdRcm1z1zvvgRN-Q

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