Un viaje a través de la libertad: Nydia Tobón

Para Nydia, Mi madre (1929-2022-¿?)

A las aladas almas de las rosas/ del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas,/compañera del alma, compañera. M. Hernández

Et par le pouvoir d'un mot/Je recommence ma vie/ Je suis né pour te connaître/Pour te nommer/Liberté. Paul Eluard.

 

Ahora que llega ese momento que no quisiéramos que pasara, ese golpe que nos dice que la vida siempre tiene un límite, me habita ese mar profundo y áspero de la tristeza y el vacío. Con ese sentido de lo trágico, vuelvo a entender que “el sol no mostrará su rostro a causa de su duelo” en este instante que el tiempo se desvanece en dolores de segundos, en que pasan los minutos y se acumulan tristezas, y en que las hojas no caerán entonces de los árboles. Pero es precisamente a través de esa ausencia tan grande, de esa cortina de lágrimas, en la que se filtran los recuerdos de una vida que fue un elogio a la libertad, desde sus primeros pasos en Viotá, ese pueblo en el extremo sur occidental de Cundinamarca en el que se enorgullecía de haber nacido, pasando por Bogotá, Londres, París, su retorno y todos sus viajes.   Alguna vez le dije que era lo más cercano al embajador del Gran Khan trayéndonos noticias de la redondez del mundo y presentes de otras tierras; no era solo el viaje y las fotos sino el sentido de lo humano y lo universal que comprendía, el contexto y su momento.   De allí emergían relatos fascinantes y curiosas anécdotas de personajes y ciudades que nos embelesaban cada año.

Fue una libertad que, desde muy joven, en esa Viotá del alma, entendió asociada a la justicia social y de allí su militancia de lo que se entendía como revolucionario. El coronel Rico, su abuelo, había luchado en los ejércitos liberales en la Guerra de los Mil Días, mi abuela, María, había sido flor del trabajo en ese beligerante municipio. Después se encendió ese fervor comunista que vivió intensamente en los tiempos agrestes de dictaduras y frentes, junto a mi padre Alfonso Romero Buj, quien sería asesinado en 1976, tiempos de persecuciones, de estado de sitio y capturas presidenciales a discreción, lo que fui conociendo a pedazos, cuando me contó que me había llevado a visitarlo en la Cárcel Modelo y que había interpuesto habeas corpus para que lo liberaran. Pero no podía quedarse quieta y su libertad se extendió contra el opresivo patriarcalismo, contra esa negación de los derechos de las mujeres. La vi cómo lloraba en la casa de mi abuela cuando se marchaba para Londres huyendo de todo lo que implicaba su unión; sintió que tenía que irse y dejar la jaula, volar. Después fueron los sucesos de Carlos Ilich Ramírez y su prisión por más de ocho meses bajo el cargo de complicidad con el buscado “terrorista”, hoy en día preso de los franceses.

Regresaría a Colombia con ese INRI, que nunca negó, y entre sus bellas quimeras libertarias fue directora de la primera revista Fotografía en el país, Fotografía Contemporánea, una utopía en la que participaron Jorge Mario Múnera y Hernán Díaz. En esa fascinante versatilidad de vida, desempolvó su tarjeta de abogada, modelo 64, para asesorar a poseedores que eran tildados como invasores en los predios en lo que ahora es la avenida circunvalar. Allí desplegó lo mejor de sus conocimientos como abogada litigante.  

Los días pasaron velozmente en esas décadas de violencia voraz, asesinatos diarios como el de mi tío Henry, y tuvo que buscar un nuevo exilio, en su París del corazón. Y no fue fácil. Debía luchar entonces contra su historia y lo logró empecinadamente, después de muchos años, hasta conseguir la ciudadanía. Allá presenció el derrumbe de esa visión del mundo que se desvaneció como un castillo de naipes; aún así, se mantuvo fiel a esos principios, desde su propia orilla, en los márgenes de esos partidos y agrupaciones y con su libertad querida. Allá desembarcamos un tiempo con la pequeña Nydia, aún de brazos, y empezamos a conocer ese mundo de ella de las rue, el metro, la torre y el París para los no turistas del barrio 20 y sus contornos, de los célebres comunards de 1871. Pude comprender, como dijera Baudelaire que uno ama a esa ciudad por lo infame: porque sentí con ella toda la nostalgia de ese espejismo diario que amanece en la Rue Malar y estalla afuera. Conocí de su mano ese París hasta el desgaste con sus bonjours, ça va, merci et excuse moi de vous dérenger.

Así empezamos a reconstruir los lazos. Yo afincado en poemas y dibujos y ella iniciando su fase de pintura y máscaras sin dejar esas otras actividades en Droit Solidarité, una organización en defensa de los excluidos. En las tardes hacía escritos y estaba en reuniones con su admirado Rolland Weyl, muy cerca de Bastilla, y en las mañanas recibía clases de pintura …No paraba entonces pues me hablaba de un grupo del té, de la asociación de los sonidos de la ballena, del tai chi. Era una sinfonía diaria que nos dejaba exhaustos. La fui entendiendo más y recuperando ese amor que me transmitía con su dimensión protectora que sabía y presentía todo. Así descubrí que podíamos contemplar los atardeceres y muchas puestas de sol sin musitar palabra, como en ese refugio de olas de Palomino en que estuvimos con Sofía, mi segunda hija.   Entendí que no se es, sino que va siendo y que, como lo dijera Machado, se hace camino al andar.

La pude entender cuando se desgranó con la muerte de mi hermano mayor, Alfonso, y se recompuso de ese golpe, llevando ese dolor sin límites por esa desaparición temprana. Hay golpes en la vida, tan fuertes… Ella pudo seguir con ese ángel guardián en que se convirtió su hijo, apoyada por mi primo Elías y soportada por Francia, su hermana, y saber que la vida sigue a pesar de ese absurdo.   No dejó de lado sus entrañables manifestaciones del simbólico 1° de Mayo y, hace tres años, viviría esa tragedia de un trombo que la dejó pérdida todo un día en las calles de París entre las refriegas de los Chalecos Amarillos y ocho horas en un metro, como me alcanzó a escribir. Regresó a nosotros como otra oportunidad para tejer lazos más fuertes. Lo hicimos hasta ese último minuto en que dos neumonías la socavaron para escoger su viaje y abrir la puerta a la eternidad este 1° de Mayo.

Por eso puede decir que fue, sin ostentación, diploma o reconocimiento, una de las grandes luchadoras de este país que fueron rompiendo las oprobiosas cadenas de la sumisión. Por eso es posible decir de ella, parodiando a Berthold Brecht, que “Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero los hay que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles”.

Les hablo, entonces, lacerado con la desolación, reconociendo que quedará mucho por decir de ella que era un continente. Una persona de estas proporciones nunca muere, no pasa por la tumba –como lo dijera Artaud–, porque no fue solo ese bello cuerpo que habitó y que ahora sembramos en la tierra. Estará en esa otra dimensión en sus luchas cotidianas, sabiendo que nos dio eso que el zorro, el curioso personaje de El Principito, confiesa que recibió de su compañero: el color del trigo.   Mi epitafio es el siguiente:

Nada detendrá tu viaje por las ensenadas,

Penínsulas y archipiélagos de la libertad:

Viotá, Bogotá, Londres, París.

Ni este momento

Navegarás en esa travesía eterna

En el barco azul de nuestros recuerdos.

 

Por Juan Fernando Romero Tobón, 3 de mayo de 2022

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Foto:  Enrique García Medina

El ministro de Educación boliviano trabaja sobre una "reestructuración curricular que responda a la pospandemia"

El profesor oriundo de Potosí asegura que el gobierno de facto de Jeanine Áñez fue "nefasto". Define a Luis Arce como un presidente que "responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos"

Para Edgar Pary, ministro de Educación de Bolivia desde el 19 de noviembre de 2021, el gran desafío del presente pasa por emprender una "reestructuración curricular que responda a la pospandemia". De visita en Buenos Aires para participar de la 3º Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, Pary habló con Página/12 y destacó que su cartera está luchando contra la pesada herencia del gobierno de facto de Jeanine Áñez, un periodo "nefasto" en el que "han sido cerradas las unidades educativas, clausurada la gestión escolar, quitado el derecho a la educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas".

Este profesor y político nacido en el departamento de Potosí rechaza sin dudarlo la implementación de las pruebas PISA, "una institución transnacional que nos puede venir a decir que nuestra educación está mal", teniendo disponible al Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, "una instancia descentralizada e independiente" contemplada en la Constitución. Pary recuerda que, hasta la asunción de Evo Morales en 2006, la educación se encontraba muy deteriorada: "Teníamos 36 pueblos indígenas en donde la enseñanza era homogénea para todos, no respondía a ese contexto diverso que tenemos en Bolivia". Por eso el ministro celebra la continuidad del proyecto transformador de Morales, ahora bajo el mando de Luis Arce, un presidente que "responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos".

- ¿Cómo se hizo visible el impacto del gobierno de Jeanine Áñez en la educación?

- Cuando tomó el poder el gobierno golpista, la inversión pública definitivamente se quitó y ahí se produjo el desastre económico, particularmente para nuestra gente que trabajaba, que vendía, que tenía pocos recursos económicos en el bolsillo. En educación nosotros desarrollamos un modelo sociocomunitario productivo. Esa educación productiva está basada en el modelo de la escuela Ayllu de Warisata, que se estableció durante los años 50. Era un modelo educativo que respondía a los pueblos indígenas originarios campesinos. Y eso se establece en la Ley 070 de Educación, pero lamentablemente en 2020 han sido cerradas las unidades educativas, clausurada la gestión escolar, quitado el derecho a la educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas, y lamentablemente todo el avance que tuvimos durante la gestión iniciada en 2006 se cortó. Nuestras hermanas y hermanos comprendieron que el modelo que intentó implementar el gobierno golpista de la derecha no resulta, no va a resultar nunca porque Bolivia necesita trabajar para su pueblo, para la gente pobre que realmente necesita. Por eso recuperamos la democracia con el hermano Luis Arce Catacora y el hermano David Choquehuanca.

- ¿Y cómo están revirtiendo ese retroceso educativo que menciona?

- Ni bien ingresamos al gobierno devolvimos el derecho a la educación. Abrimos nuevamente las unidades educativas en plena pandemia, teníamos que buscar alternativas para poder responder a la educación y eso es lo que hicimos. Implementamos las modalidades de atención, coordinamos con nuestros gobiernos subnacionales, con los gobiernos municipales, con quienes trabajamos para poder poner en condiciones las unidades educativas, implementamos modalidades de atención. Implementamos la educación a distancia en contextos urbanos, donde había mayor contagio del covid-19, y también la educación semipresencial y la presencial en contextos en donde no había contagios. Tenemos que hacer una reestructuración curricular para que responda justamente a una educación pospandemia, identificando nuevas formas de atender a la educación. Y ese trabajo es justamente el que está haciendo en este momento el ministerio de Educación con cursos de actualización para las maestras y los maestros de manera permanente.

- Imagino que una de las mayores dificultades en materia educativa debe ser llegar en igualdad de condiciones a las áreas rurales o a aquellas que están más alejadas de las grandes ciudades.

- Desde el gobierno central se está implementando la dotación de textos educativos de manera universal. Tenemos cerca de tres millones de estudiantes y tenemos que llegar desde el nivel inicial, primario y secundario, educación alternativa y especial a todos. Desarrollamos bibliografía de manera gratuita para los estudiantes y para los maestros, que no tiene ningún costo al ingresar a la plataforma educativa. De la misma forma estamos trabajando con tele-educación para contextos urbanos donde hay señales de televisión, pero para los lugares donde no llegan las señales de televisión estamos implementando la radio-educación a través de radios comunitarias que tenemos en contextos rurales. Estos son complementos al desarrollo de la educación presencial, no podemos nosotros quitar ni mucho menos dejar de seguir desarrollando esto porque sabemos muy bien que se viene la quinta ola y pueden venir más olas.

- Bolivia no realiza las pruebas PISA desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Cómo evalúan entonces la calidad educativa?

- Nuestra Ley 070, dentro de su estructura organizativa, tiene lo que es el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, una instancia descentralizada e independiente que debe trabajar en ese tema, pero hoy en día no podemos desarrollarlo. ¿Por qué? Porque en 2021 recién estamos empezando casi de cero. Mas bien hay que prepararse para el futuro. Cuando hablamos de PISA, es una instancia privada que desarrolla una evaluación estandarizada que no se puede desarrollar en Bolivia porque Bolivia es diversa. Nosotros desarrollamos una educación diversa para 36 pueblos indígenas originarios, y PISA desarrolla la evaluación de la calidad educativa de manera estandarizada para todos desde la lógica de unidades educativas privadas. En Bolivia desde la Constitución Política del Estado y la Ley 070 se establece que la educación es completamente gratuita desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Nosotros tenemos la suficiente capacidad para poder desarrollar nuestra evaluación, no queremos que pueda ingresar una institución transnacional para que nos venga a decir que nuestra educación está mal y nos pueda condicionar financiamiento.

- Algunos sectores del MAS-IPSP piden una mayor intensidad de gobierno en algunas áreas. ¿Cómo ve usted al gobierno desde adentro?

- Nuestro gobierno está trabajando más que nada en seguir avanzando en el desarrollo socioeconómico. Es fuerte el desafío que tiene nuestro hermano presidente Luis Arce en los diferentes ministerios, y tenemos que trabajar de acuerdo a la propuesta de gobierno que se ha establecido en un principio y hay que responder, porque esa es la confianza y el desafío que nos ha depositado nuestro pueblo. El presidente está trabajando día y noche sin descanso. Obviamente existieron algunos temas de división y demás cosas, pero para nosotros el instrumento político está prácticamente unido en todas sus instancias. Es importante destacar este trabajo mancomunado en equipo desde la mirada del pueblo, juntamente con nuestras organizaciones sociales. Vemos, y ustedes seguramente también en medios de prensa y demás, cómo es recibido nuestro hermano presidente cuando visita cada departamento de Bolivia. Arce responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos, y eso es lo que caracteriza a nuestro gobierno.

- ¿No le da miedo que haya otro intento golpista como el de 2019?

- El pueblo no lo va a permitir tomando en cuenta la experiencia de la gestión 2020, de ninguna manera. Obviamente hay sectores de la derecha que han intentado rearticularse y demás pero el pueblo es el pueblo, es el soberano, el que define y el que puede aplacar si es que hubiera algunas amenazas de la derecha. Algunos medios de prensa han estado trabajando para intentar rearticular desde diferentes instancias, pero eso no ha resultado. Estamos fortalecidos pero obviamente no nos podemos descuidar. El pueblo necesita trabajo, obras, desarrollo y estabilidad, y para nosotros la garantía es el hermano Luis Arce. 

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Muertes por desnutrición no cesan en el norte de Colombia

Uribia. Bajo el inclemente sol de La Guajira, al norte de Colombia, mueren cada año decenas de niños por desnutrición, a pesar de que una sentencia de la Corte colombiana obligó a las instituciones a garantizar el agua, la alimentación y la salud al pueblo indígena wayú, que sufre las peores consecuencias de la pobreza.

Numerosos políticos han hecho campaña en La Guajira durante el actual periodo electoral, pero los pobladores denuncian que cuando sean elegidos se olvidarán de ellos.

"Una tiene que seguir adelante, por sus otros niños. Hay que ser fuerte. Yo soy fuerte", dice la wayú Sonia Epieyú, mientras vela a su hijo de apenas nueve meses de edad sobre las vías del tren que conduce a la mina de carbón El Cerrejón.

El pequeño murió en un hospital de la capital regional, Riohacha, después de haber sido trasladado desde su comunidad rural de origen, conocida como Toolomana, tras sufrir numerosos vómitos. Sus familiares aseguran que estaba desnutrido.

"Cuando los funcionarios llegaban a la comunidad me lo pesaban y me daban la tallita. Nada más. Me ofrecieron una receta de una fórmula (de vitaminas, alimenticia) pero no me la quisieron dar en la tienda porque me dijeron que quien tiene que hacer el documento es la nutricionista", denuncia Sonia.

El pequeño ataúd blanco al que todos miran da cuenta de la tragedia que se vive en La Guajira. No es un caso aislado. En lo que va del año han fallecido 21 niños menores de cinco años por desnutrición o causas asociadas a ésta, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

El flagelo tampoco es nuevo. Al menos 118 niños murieron por las mismas dolencias en 2018, 84 en 2019, 65 en 2020 y una veintena el año pasado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Son las consecuencias de la miseria en una región donde 63 por ciento de los habitantes sufren pobreza monetaria y 52 por ciento multidimensional.

La mayoría del departamento, situado en el extremo norte colombiano –y sudamericano– tiene un clima semidesértico, con muy escasas precipitaciones que impiden el acceso al agua potable, garantizado para apenas 20 por ciento de la población, una posibilidad casi nula en las zonas alejadas de centros urbanos de la media y la alta Guajira

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Un perro callejero camina en una escuela destruida en la aldea de Vilkhivka, cerca de Kharkiv, el 25 de mayo de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. SERGEY BOBOK / AFP

Durante la llamada por Putin "Operación militar especial", las fuerzas rusas manifiestan haber descubierto pruebas que demostrarían que el Ministerio de Salud de Ucrania estaría empeñado en una limpieza de emergencia con la tarea de llevar a cabo una destrucción completa de bioagentes; también manifiestan haber descubierto documentos semidestruidos relacionados con una operación secreta de Estados Unidos en laboratorios en Kharkiv y Poltava, insistiendo en el carácter altamente militarizado de los biolaboratorios ucranianos y en un exceso de patógenos.

A este respecto, China ha solicitado una investigación internacional sobre las actividades biológicas militares en Ucrania. Ucrania, por su parte, insiste en que las instalaciones  eran civiles y se dedicaban a la salud pública, y que por las indicaciones de la OMS destruyeron cualquier agente altamente peligroso para evitar el riesgo de brotes en caso de que algún laboratorio sea golpeado por las fuerzas rusas.

Mientras, las respuestas de Washington solo aumentan la preocupación y sospechas. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, reconoce la existencia de biolaboratorios secretos estadounidenses en Ucrania, así como haber recomendado destruir las pruebas antes de que cayeran en manos rusas ("Estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas", ha declarado). Por supuesto, no falta la acusación a la otra parte; así, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, acusa a Rusia de buscar un pretexto para lanzar su propio ataque con armas biológicas contra Ucrania.

La guerra biológica, o guerra de gérmenes, es el uso de toxinas biológicas o agentes infecciosos como bacterias, virus, insectos y hongos con la intención de matar, dañar o incapacitar a humanos, animales o plantas como un acto de guerra.

Pasaron muchos siglos hasta que a algún mando militar se le ocurrió utilizar dardos envenenados para matar con sufrimiento a las tropas enemigas; más tarde, se perfeccionaron las armas enviando a los enfermos de tularemia a tierras enemigas, se envenenaron los pozos enemigos con el hongo cornezuelo de centeno o a los caballos del adversario. Ya más cerca de nuestros tiempos, se le ocurrió al comandante en jefe de las fuerzas británicas en América del Norte, Sir Jeffrey Amherst, enviar viruela a las "tribus de indios descontentas", aunque ha sido el ántrax el bioarma más utilizado desde el inicio del siglo XX.

Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania usó ántrax y muermo para enfermar a los caballos de las tropas de Estados Unidos y Francia, y los franceses infectaron a los pobres animales de la caballería alemana con burkholderia. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohíbe el uso, pero no la posesión, el desarrollo y almacenamiento de armas biológicas y químicas. Además, los estados podrían recurrir a estas armas como represalia a un bioataque.

El ejército imperial japonés produjo armas biológicas y las usó contra soldados y civiles chinos  durante las Segunda Guerra: bombardeó Ning-Bó con bombas llenas de pulgas que transportaron la peste bubónica. Reino Unido hizo lo mismo probando tularemia, ántrax, brucelosis y botulismo en la isla Gruinard de Escocia.

Las bioguerras de Estados Unidos

A pesar de que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética firmaron la Convención sobre Armas Biológicas en 1972, que prohíbe el desarrollo, la producción, la adquisición, la transferencia, el almacenamiento y el uso de armas biológicas, continuaron con sus proyectos, aunque el país norteamericano es el único en utilizarlas de forma masiva, tanto contra su propia población como contra otras naciones.

Entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950, en la llamada Operación Sea-Spray, la Marina estadounidense lanzó, desde mangueras gigantes a bordo de un dragaminas, una fuerte dosis de bacterias Serratia Marcescens  y Bacillus Globigii en forma de nube, sobre 800.000 habitantes de la bahía de San Francisco, con el objetivo de monitorear la vulnerabilidad de una gran urbe a un ataque biológico, su huella sobre el medio ambiente y la forma adecuada de detenerlo. Se trata de uno de los mayores experimentos con armas bacteriológicas de la historia, y se supo en 1976 por una investigación del diario Longday Newsday. En otra Operación, la Big Buzz (1955), el Pentágono produjo un millón de mosquitos A. Aegupti y colocó 300 mil de ellos en municiones para lanzarlos desde aviones al estado de Georgia, en busca de la sangre humana.

Y las "operaciones" continuaron: Bajo la clave de la operación Ranch Hand (1962-1971), lanzada contra Vietnam, Estados Unidos utilizó bioherbicidas y micoherbicidas (agente naranja) para destruir bosques y cultivos del país asiático, dejando a su paso tres millones de muertos y medio millón de niños nacidos con malformaciones congénitas. Bajo la presión de la opinión pública, Nixon prohibió en 1969 las investigaciones de dichas armas para su uso ofensivo, aunque no defensivo.

Pero quizás ninguna de estas armas pueden ser tan baratas como lo que ha ido viniendo después. Tras décadas de investigación, han llegado a la conclusión de que se podrá matar a 600.000 personas por solo 0.29 dólares de coste por cabeza, aunque el afán de las compañías de armas no es matar a más gente, sino ganar más dinero: mejor una mini bomba nuclear de 16 kilos que cuesta 10 millones de dólares. Según Newsweek, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) de Estados Unidos está creando una nueva clase de armas biológicas que se enviarían a través de insectos infectados con virus: la guerra entomológica (de insectos).

Según China, Estados Unidos, que insiste en la destrucción de estas armas químicas y biológicas de otros países, es el único país que las posee y se niega a destruir las propias.

En 1982, el ejército de estadounidense realizó un experimento con las moscas de la arena para que portasen el virus del dengue, el zika, el chikungunya y la encefalitis equina oriental; obviamente, no se trata precisamente de un arma "defensiva".

Y mientras en 2002 acusaba a Irak de la tenencia de armas químicas y bacteriológicas como ántrax, ocultaba al mundo que los sobres con esporas de esta bacteria y destinatarios civiles estadounidenses se echaban en el buzón desde el propio suelo de Estados Unidos (laboratorio bioterrorista de la base militar de Fort Detrick) por un militar compatriota llamado Bruce Ivins. Años después, en 2015, un laboratorio estadounidense en Utah había enviado "por error" muestras de ántrax vivo a una de sus bases militares en Corea del Sur.

Después de la muerte masiva de ganado por una enfermedad extraña cerca del laboratorio del Pentágono en Alma-Ata, Kazajistán, en julio de 2021, los partidos socialistas y comunistas de Kazajstán, Georgia, Letonia y Pakistán exigieron el cierre de los laboratorios biológicos militares de Estados Unidos en Asia Central, certificando las actividades criminales de los biolaboratorios militares.

La peligrosidad del ántrax  es tal que durante  un incidente en Sverdlovsk, Unión Soviética, al liberarse  accidentalmente esporas de ántrax de una instalación militar el 2 de abril de 1979, murieron un centenar de personas. Este accidente se denominó "el Chernóbil biológico"

¿Cómo protegernos de este tipo de armas y de investigación destinada no a objetivos militares legítimos, sino a población civil y a causar daños innecesarios desde el punto de vista militar? El sistema de protección de los derechos humanos, una arquitectura construida a lo largo de muchos decenios, prevé instrumentos que en caso de funcionar con efectividad evitarían la mayoría de los conflictos internacionales, y en particular los conflictos bélicos, verdadera finalidad de la creación de las Naciones Unidas ("Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…", dice la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas). Los tres pilares de la protección de los derechos humanos -El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario- han surgido tras un largo proceso en el que han intervenido juristas de extraordinario prestigio y méritos: Desde Lemkin y Lauterpacht para idear los crímenes de genocidio y contra la humanidad, hasta Louis Joinet con su informe contra la impunidad, pasando por el jurista ruso F.F. Martens (autor de la famosa "cláusula Martens" todavía citada en autos). El enorme y talentoso trabajo de juristas de esta categoría es pisoteado por la realpolitik. Una reciente conferencia del diplomático José Antonio Zorrilla recordaba el principio por el que se rige la política internacional, que no es otro que la lucha descarnada por el poder en función de los intereses nacionales, sin consideraciones morales ni jurídicas.

Desgraciadamente, en materia de derechos humanos el derecho internacional no dispone de medios de coerción ni de sanción para castigar los crímenes internacionales (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión) más que en los casos de criminales pertenecientes a países débiles. Es así como la Corte Penal Internacional en más de dos décadas solo ha resuelto nueve casos; es así como el delito de genocidio, aprobado en 1948 no se ha aplicado hasta 1998 (caso Ruanda). Las guerras y los numerosos atropellos instigados por la OTAN, los crímenes cometidos por sus tropas han quedado fuera del radar de la Corte Penal Internacional.

Si algún día se consiguiera que el aparato sancionador funcionara y los crímenes fuesen castigados fueran quienes fueran sus autores, sin dobles raseros, quizás estaríamos a un paso de evitar las guerras. Esta evolución permitiría, además de que la Corte Penal Internacional fuera respetada por los países poderosos -en el sentido de que gobernantes y altos militares de estos países pudieran ser encausados-, contemplar actuaciones que deberían ser delictivas y que no son contempladas hoy por hoy en la descripción de las conductas que conforman los crímenes de genocidio o contra la humanidad, o bien que aunque sean contemplados no son objeto de vigilancia. Es el caso de lo que pueden ser considerados crímenes económicos contra la humanidad (decisiones que se toman a sabiendas de que van a costar miles o millones de vidas, como en el caso de especulación con alimentos o con fármacos), o bien la negligencia en controlar el tráfico de armas hacia países que no respetan los derechos humanos (empresas españolas exportando armas a Arabia Saudí, por ejemplo), o las actividades de investigación sobre armas prohibidas, como las químicas y bacteriológicas, por ejemplo.

Como hemos visto más arriba, se van acumulando datos y pruebas de la existencia de laboratorios biológicos secretos que investigan este tipo de armamento, prohibido por la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (1972), cuyo control dista de ser satisfactorio. Seguramente esto parte de que investigar sobre el desarrollo de este tipo de armas altamente letales y lógicamente prohibidas puede ser complicado y requiere una voluntad política que a día de hoy no existe. No obstante, el derecho penal internacional considera que "la realización de experimentos médicos y científicos es penalizada cuando no obedece a fines terapéuticos, sino solo a la obtención de conocimientos científicos" (Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, § 904). Por otro lado, una enmienda de 2017 al artículo 8 del Estatuto (crímenes de guerra, armas biológicas) "insertó un artículo que define como crimen de guerra el uso de armas que utilizan agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, cualquiera sea su origen o método de producción".

Cuando se hallan casos de lo que Occidente considera enemigos (p. ej., Saddam Hussein, Bashar al Assad o en estos días Putin), recibimos informaciones detalladas (a veces falsas) de cómo han utilizado armamento prohibido, pero cuando el uso ha estado a cargo de "los nuestros", las informaciones no se encuentran en los medios hegemónicos. Son casos como Iraq (el documental Faluya, la masacre escondida, en la que se muestran los devastadores efectos de armas químicas utilizadas por Estados Unidos, curiosamente, es difícil de encontrar) o Afganistán, donde fueron empleadas armas químicas prohibidas por la Convención sobre las Armas Químicas (1993).

Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,  se permite declarar recientemente con total indignación que en estos días en Ucrania "cualquier uso de armas químicas cambiaría enormemente la naturaleza del conflicto, sería una flagrante violación de la ley internacional y tendría consecuencias generalizadas y severas". Hay que resaltar que Estados Unidos es parte tanto de la Convención sobre Armas Bacteriológicas como de la Convención sobre Armas Químicas.

Es particularmente preocupante la existencia de laboratorios biológicos secretos tanto en Ucrania como en otros lugares. Que la actividad sea secreta no augura nada bueno, evidentemente no es necesaria la clandestinidad para realizar actividades legales y legítimas. De manera que el desarrollo de una investigación destinada a fabricar armamento biológico, considerado criminal por el Estatuto de Roma y otras normas, debe ser calificado como una actividad criminal, y por tanto, lo lógico es que sea una actividad punible dada su gravedad.

¿Para cuándo la comunidad internacional estará dispuesta a perseguir eficazmente actividades clandestinas de investigación de armamento prohibido por su alta criminalidad? Para ello, es necesaria voluntad política y acuerdos tanto en el castigo como en el control. Quizás contribuiríamos con ello a forjar una sociedad algo más decente que la que tenemos.

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Miércoles, 18 Mayo 2022 05:02

El asesinato y la ocupación de Palestina

El asesinato y la ocupación de Palestina

La muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh conmocionó a la opinión pública mundial. Aunque el gobierno de Israel niega su responsabilidad sobre los hechos, no son pocos los que lo sindican como autor del crimen y piden que se lo excluya como parte de cualquier investigación, sobre todo tras la feroz represión de las fuerzas policiales durante el funeral de la reportera. Este caso ha reavivado las iniquidades de la ocupación israelí de los territorios palestinos.

En esta ocasión no hubo calma que precediera a la tormenta. Luego de un turbulento mes de Ramadán con una ola de atentados en ciudades israelíes y una conducta extremadamente violenta de sus fuerzas de seguridad contra militantes palestinos en Cisjordania y fieles musulmanes que rezaban en su mes santo, sucedió lo que nadie se había imaginado: el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh mientras cubría una redada del ejército israelí contra milicianos en la ciudad cisjordana de Jenin. 

El miércoles 11 de mayo por la mañana, la periodista palestina que trabajaba desde hace 25 años en la cadena qatarí Al Jazeera, había salido como de costumbre desde su casa en Jerusalén Este (la parte árabe de la ciudad) hacia el norte de la Cisjordania ocupada. Su misión era cubrir las intensas operaciones de las fuerzas israelíes contra la insurgencia palestina. Mientras trataba de acercarse a la escena de los enfrentamientos junto a su productor Ali Al-Samudi (quien también resultó herido y se encuentra estable), Abu Akleh fue asesinada de un tiro en la cabeza a pesar de estar provista de un chaleco antibalas que llevaba en letras grandes la leyenda «PRENSA» sobre el pecho.

A partir de ese momento, aparecieron diversas versiones sobre el asesinato. Sin embargo, todos los periodistas que se encontraban trabajando junto a Shireen no dudaron en colocar unánimemente la responsabilidad del crimen en manos del ejército, argumentando que ellos se encontraban mucho más cerca del lado israelí que del palestino. A solo media hora del asesinato de Abu Akleh, el aparato de relaciones públicas de Israel comenzó a desarrollar en una estrategia de desvío de información. 

El periodista israelí Barak Ravid reveló en un informe en hebreo en el sitio web Walla que «hubo una consulta urgente de la Sede Nacional de Hasbara (órgano de propaganda) junto con representantes de la oficina del primer ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas de Defensa de Israel. Decidieron que el objetivo principal era tratar de defenderse de la narrativa que comenzaba a aparecer en los medios de comunicación internacionales, según la cual Abu Akleh había sido asesinada por fuego israelí». 

Así, horas después de su muerte, la Cancillería israelí publicó un video que mostraba a guerrilleros palestinos disparando contra blancos no definidos, al mismo tiempo que comentaban entre ellos que creían que habían herido a un soldado israelí. Para el Ministerio de Relaciones israelí esto era prueba suficiente de una supuesta responsabilidad palestina, debido a que en ese día no se habían reportado heridos en las fuerzas ocupantes. No obstante, la organización de derechos humanos israelí B'Tselem contradijo rápidamente la versión de su servicio exterior y mediante otra filmación que geolocalizaba de manera precisa la escena de los dos hechos (el asesinato y los disparos de los militantes) dejaba en claro que los protagonistas palestinos del video se encontraban demasiado lejos de la escena y no tenían ninguna trayectoria posible para realizar los disparos que  causaron el deceso de Abu Akleh. Incluso en un vergonzoso tuit, la Cancillería de Israel elucubraba que el chaleco y el casco que comúnmente utilizan los periodistas en zonas de conflicto habría confundido a los militantes palestinos. Pero la renombrada organización de investigación periodística Bellingcat –conocida por su estudio del uso de armas químicas por parte del gobierno sirio y los ataques rusos contra civiles en Ucrania– estableció las diferentes ubicaciones de los protagonistas del incidente, incluidos Shireem Abu Akleh, el ejército israelí y los militantes palestinos a través de un análisis forense de audio. 

A través de ese análisis se pudo indicar fehacientemente que los posteriores disparos contra un hombre que intentaba rescatar a la ya moribunda Shireen se realizaron desde unos 180 metros de distancia. Esto colocaba al tirador cerca de las posiciones del ejército israelí y muy lejos de las posiciones militantes palestinas. El informe agrega que las fuerzas israelíes estaban en una posición más directa para realizar el disparo, en contraste con «las posiciones más obstruidas y distantes de los grupos armados palestinos».

Rápidamente, las máximas autoridades de Israel se sumaron a la rauda negativa sobre la responsabilidad en los hechos. El primer ministro Naftali Bennett, sostuvo que existía la «posibilidad considerable» de que los culpables hayan sido «palestinos armados, que dispararon salvajemente». Con más experiencia en cuestiones de responsabilidad, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo: «pueden ser los palestinos quienes le dispararon. Trágicamente, también podría ser alguien de nuestro lado. Lo estamos investigando». 

En lo que sí coincidieron las autoridades israelíes es en que debía existir una investigación conjunta entre israelíes y palestinos. Los líderes palestinos se negaron terminantemente a ello. La Autoridad Palestina afirmó el sábado pasado que agradecería la participación de organizaciones internacionales en la investigación sobre la muerte de la reportera, pero sostuvo que a Israel aún no se le permitiría unirse a su investigación, citando el pasado israelí de autoexculparse en casi todos los casos en los que fue acusado de atacar, deliberadamente o no, a la prensa y a civiles palestinos. Asimismo, los propios familiares de la periodista palestina asesinada, quienes creen firmemente que los soldados israelíes son los responsables de su muerte, rechazaron los pedidos israelíes para una investigación compartida. «Apoyamos la participación de cualquier parte en la investigación, excepto de los israelíes. Si te acusan de un delito, no tiene sentido que lo investigues», sentenciaron. Estados Unidos, el aliado más cercano que tiene Israel, se sumó a los pedidos de una investigación rápida y efectiva, debido a que Abu Akleh era también ciudadana estadounidense. Sin embargo, Washington no se hace ilusiones con los resultados de la investigación. Y no le faltan razones. En enero de este año el palestino Omar Andalmajeed As'ad, que había vuelto a Cisjordania después de vivir cuatro décadas en Estados Unidos, perdió la vida luego al ser detenido en el norte de Ramallah mientras se dirigía tarde en la noche de regreso a su casa. Abdalmajeed As'ad murió de un paro cardiaco, esposado en el suelo en medio del frío y dentro de una obra en construcción donde los soldados israelíes lo habían amordazado y vendado los ojos después de golpearlo. El comandante del pelotón y el de la compañía de las tropas fueron reprendidos y excluidos de cualquier puesto de mando por los próximos dos años, pero los soldados no fueron castigados. 

Los palestinos también citan los casos del periodista Yasser Murtaja, del joven de 14 años Mohamed Ayoub y de la médica Razan al Najar, todos asesinados por francotiradores israelíes durante las protestas contra el bloqueo de Gaza en 2018. El primero fue muerto por una bala en el abdomen mientras lucía un chaleco protector con la leyenda de «Prensa», el segundo recibió un tiro en la cabeza mientras estaba a una distancia considerable de la cerca que separa a la Franja de Gaza de Israel y la tercera fue abatida mientras atendía a un grupo de heridos. El caso de Al Najar mereció una exhaustiva pesquisa del respetado Equipo de Investigaciones Visuales del New York Times, que dejó en claro la responsabilidad de francotiradores israelíes en su deceso. 180 palestinos fueron asesinados por balas israelíes en el marco de las protestas de ese año en Gaza, lo que suscitó una investigación interna del propio ejército israelí encabezada por el brigadier general Moti Baruch, quien concluyó que ninguna de todas esas muertes fueron «intencionales», sino producto de «percances operativos».

Vale la pena recordar que, de acuerdo a la organización Reporteros sin Fronteras, 35 periodistas fueron asesinados trabajando en Israel y los territorios palestinos desde 2000. El año pasado, en medio de una guerra de baja intensidad entre Israel y el grupo islámico Hamas, misiles israelíes derribaron un edificio de 11 pisos donde se ubicaban las redes de medios palestinos y la agencia estadounidense Associated Press. Israel justificó la destrucción diciendo que Hamás estaba utilizando el edificio para refugiarse, pero aún no ha aportado pruebas concluyentes para sostener la acusación. «Con el debido respeto hacia nosotros, digamos que la credibilidad de Israel no es muy alta en tales eventos», afirmó Nachman Shai, actual ministro de Asuntos de la Diáspora Judía y famoso ex-portavoz del ejército durante la Guerra del Golfo de 1991. A solo dos días del asesinato de Shireen Abu Akleh, en una discusión interna del Estado Mayor de Israel se sostenía que «la posibilidad de que soldado israelí le haya disparado (de manera no intencional) a la periodista de Al Jazeera es muy razonable».

El mismo 13 de mayo se vieron imágenes que dieron la vuelta al mundo e hicieron desconfiar aún más a la comunidad internacional de que los israelíes pudiesen realizar una investigación justa y transparente. Todo empezó la misma tarde del asesinato de Abu Akleh, cuando la policía israelí se apersonó en un velorio improvisado sin el cuerpo y le exigió a la familia de la periodista que bajasen las banderas palestinas de la puerta del recinto donde se realizaba el servicio fúnebre. Ante la negativa, se desplegó a la temida policía de frontera israelí que, junto al oficial a cargo, procedió a secuestrar las banderas. Es importante recalcar que, desde la sanción de los Acuerdos de Oslo, no está penado por la ley mostrar o flamear las banderas palestinas en Israel, por lo que la policía se atribuyó una peligrosa prerrogativa que la coloca por encima de la propia ley del estado judío. No contentos con ese vergonzoso atropello sobre los dolientes, lo peor estaba aún por llegar. 

Durante el funeral de Abu Akleh, que sin duda ha sido uno de los más concurridos de la historia palestina de los últimos 50 años (personalmente solo recuerdo el de Faisal Husseini con una cantidad de concurrentes similar), la policía israelí procedió a reprimir no solo a los asistentes, sino también a quienes llevaban en andas al féretro hacia el cementerio cristiano del Monte Zion en Jerusalén (la periodista profesaba esa confesión religiosa y vivía en la histórica ciudad). Aún para quienes desde hace décadas cubrimos desde el terreno las terribles vicisitudes del conflicto israelí-palestino, las imágenes de las fuerzas de seguridad israelíes golpeando violentamente con bastones a los portadores del féretro en un día de recogimiento fueron brutalmente singulares y serán difíciles de olvidar. En esta ocasión, la policía también intentó ensayar una justificación de lo injustificable, esgrimiendo que había intervenido a pedido de la familia (que supuestamente no quería que se llevase el féretro en andas hasta el cementerio) y solo luego de que la multitud hubiera agredido a los oficiales. Para respaldar la acusación, la policía volvió a compartir otro video, en este caso filmado por un dron, en el que se ve a un hombre arrojando una botella (sin que esté claro si es de vidrio o plástico) desde detrás de la multitud. Pero el video no explica que el acto se produjo solo luego de que la policía irrumpiese en el hospital donde estaba el cuerpo ni da razones de la violencia de los uniformados contra las personas que cargaban el ataúd, pues no hay imagen alguna donde se muestre que ellos hayan iniciado un ataque contra la policía. El mismo video muestra a un hombre utilizando una bandera palestina contra la policía, aunque esa acción se produce como acto de defensa después de que la policía comenzara con los golpes.

Anton Abu Akleh, el hermano mayor de Shireem que trabaja para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descartó de plano las declaraciones de las fuerzas israelíes: «Les informamos [a las fuerzas de seguridad] sobre los arreglos que habíamos hecho, los caminos que planeábamos hacer, desde la Puerta de Jaffa hasta el Monte Sion. Exigieron que no levantáramos la bandera palestina ni coreáramos consignas alusivas». Anton Abu Akleh también rechazó terminantemente los pedidos israelíes para una investigación conjunta y dijo que cree que los soldados israelíes son los responsables de matar a su hermana. Observando las imágenes de la represión en el funeral donde se ve a la policía israelí arrancar la bandera palestina del coche fúnebre queda claro que no sería apropiado confiar en un actor que trata a los palestinos de esa manera (y que se encuentra comprometido en la acusación) para realizar una investigación imparcial. ¿O acaso alguien exigiría una investigación conjunta ruso-ucraniana por cada uno de los siete periodistas asesinados por las fuerzas rusas en Ucrania?

¿Cómo puede Israel animarse a reprimir en el mismo funeral de la persona de la que está acusada de asesinar (de manera intencional o involuntaria)? ¿Por qué hace esto Israel? La respuesta es simple: porque puede. La gran mayoría de los ciudadanos israelíes no le han prestado la más mínima atención al asesinato de la periodista palestina, que solo ocupa un pequeño segmento de los clásicos noticieros del país. Es evidente que Israel no sufrirá ninguna condena internacional efectiva y que la situación seguirá siendo igual. De hecho, el mismo día del asesinato de Shireem Abu Akleh, colonos judíos en la ciudad palestina de Hebrón –donde 800 israelíes viven custodiados entre 250.000 palestinos– tomaron una casa palestina sin los permisos necesarios para hacerlo. En esa misma jornada, otros colonos israelíes de un asentamiento en las colinas del sur de Hebrón golpearon a palestinos y a activistas israelíes que protestaban por una decisión de la Corte Suprema que avaló la destrucción de ocho poblados palestinos en áreas ocupadas y administradas por el poder militar israelí (Israel gobierna la Cisjordania ocupada con un órgano militar llamado, en lo que parece un verdadero chiste, «Administración Civil»). La excusa empleada por Israel para la expulsión de 1.800 personas –lo que constituye el mayor desplazamiento de palestinos desde la década de 1970– resulta difícil de comprender: arguye que los palestinos tienen sus poblados en una zona reservada por el ejército para la «práctica de tiro» en territorio ocupado. 

La ocupación militar israelí sobre los palestinos ya ha durado demasiado. De los 74 años de vida del Estado de Israel, 55 han sido de ocupación militar sobre los palestinos. Durante dicha dictadura militar sobre otro pueblo, Israel ha desarrollado uno de sus mayores proyectos nacionales: la construcción de más de 120 asentamientos (hay otros cien que aún no han recibido autorización oficial, pero todo parece indicar que solo es cuestión de tiempo) donde 700.000 israelíes gozan de derechos exclusivos entre millones de palestinos. Las colonias no son pequeños parajes, sino que algunos ya se han convertido en ciudades (Modin Illit, Maaleh Adumin, Ariel, etc.). 

Israel se considera a sí misma una democracia para todos, pero no lo es: se trata de una democracia con derechos de privilegio para los judíos (cualquier judío del mundo que quiera emigrar a  puede convertirse en ciudadano israelí al instante), pero limitada e imperfecta para los árabes que viven dentro de Israel (que estuvieron bajo dominio militar dentro de Israel desde la fundación del estado hasta 1966 y al día de hoy no pueden instalarse en cualquier zona del país). Los palestinos de Cisjordania y Gaza están en el último peldaño de la pirámide. Son ellos quienes deben lidiar día a día con el sistema que «la única democracia en  Medio Oriente» ideó para ellos: un régimen pergeñado para que este sector nunca experimente tal democracia.

La gran mayoría de los palestinos está dispuesta a aceptar un compromiso que les otorgue todos los territorios previos a la conquista israelí en la Guerra de los Seis Días de 1967, es decir solo 22% de todo lo que ellos mismos denominan como la «Palestina Histórica» (concepto de por sí controvertido, pero que comprende lo que hoy es Israel, Cisjordania y Gaza). Esta constituye una concesión enorme de su parte. Sin embargo, los israelíes sostienen que no es suficiente y continúan votando masivamente a representantes que consideran a Cisjordania (los israelíes llaman a esa zona con el nombre bíblico de Judea y Samaria) como parte de Israel. Si se  conduce por cualquier ruta israelí, en los carteles que indican cómo ir a Tel Aviv o Haifa también se señala como llegar a las colonias de Betar Illit o Alfei Menashe, entre muchas otras. Muchos israelíes argumentan que es imposible la paz con los palestinos, algo que será difícil corroborar mientras Israel mantenga su presencia militar y civil en sus territorios. Incluso si los palestinos no quisieran tener paz con los israelíes, no existe excusa alguna para desarrollar un enorme y millonario proyecto colonial en sus tierras. Líbano, por ejemplo, no desea hoy la paz con Israel y dicho país no fue perforado como un queso por colonias judías durante la pasada ocupación israelí. Israel podría incluso esgrimir que mantiene su presencia militar en Cisjordania para garantizar una supuesta seguridad, pero los asentamientos israelíes indican otra cosa. No es solo una lucha por la supervivencia, sino una guerra de dominio y control.

La periodista palestina Shireem Abu Akleh no tenía por qué estar en Jenin relatando cómo el ejército israelí daba caza a «terroristas», que es como cualquier noticiero televisivo de Israel denomina a los palestinos armados, sin importar que operen o no en ciudades israelíes o que resistan contra una potencia militar en territorio colonizado. Uno puede estar en completo desacuerdo con la estrategia armada de lucha palestina (siete décadas de ella comprueban que la misma solo consigue polarizar el sentimiento israelí de estar constantemente amenazados), pero Israel tampoco ve con buenos ojos la forma no violenta de la desobediencia civil palestina. Es más, esta estrategia pone aún más nervioso al gobierno y sus fuerzas de seguridad, pues no saben cómo contrarrestarla, lo que quedó en evidencia en la Primera Intifada o en el funeral de Shireem. 

El asesinato de Abu Akleh y la extrema represión de su procesión fúnebre han generado una indignación mundial que los israelíes no deben ignorar. Sin la protesta extranjera, la muerte de la reconocida periodista hubiese sido un número más entre las víctimas palestinas. No existe algo parecido a una ocupación militar justa o a un colonialismo sano. Es un contrasentido. Es preciso terminar con la dictadura militar sobre los palestinos lo más pronto posible, primero por su derecho a la autodeterminación, pero también por el propio bienestar israelí. Lo cierto es que, al contrario de lo esperado por muchos, la ocupación no se suavizará. Pero solo hay dos alternativas: o Israel termina con la ocupación o la ocupación terminará desde adentro con el Estado de Israel y el refugio que tienen los judíos en el mundo. Ya no hay tiempo que perder.

Este artículo fue escrito desde Jerusalén

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Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia. Imagen de archivo. EFE/Martin Divisek/

La decisión del alto tribunal fue tomada teniendo en cuenta que este mecanismo no califica como delito y que, por el contrario, está amparado por la Constitución Política

 

La Corte Constitucional, a través de un fallo histórico debido a la discusión suscitada en diferentes sectores sociales y políticos, legalizó el Suicidio Médicamente Asistido como procedimiento permitido en Colombia para tener una muerte digna.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta una ponencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo que registró una votación de seis votos a favor y tres en contra. Al togado lo acompañaron en su tesis, Diana Fajardo, Natalia Ángel, Gloria Ortiz y Alejandro Linares, quienes a través del fallo, sacaron del Código Penal una prohibición que pesaba sobre los médicos al momento de asistir a personas con el deseo de morir dignamente

Cabe señalar que esta determinación de la Corte se produjo tras el estudio de una demanda presentada por los ciudadanos Camila Jaramillo Salazar y Lucas Correa Montoya, ambos miembros del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DescLAB-, contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, el cual castiga la inducción al suicidio otorgando penas carcelarias de entre 16 y 36 meses a quienes guíen a una persona hacia el suicidio con el fin de terminar con intenso sufrimiento producto de enfermedades graves o incurables.

Ante esto, el alto tribunal ratificó que el hecho de asistir a un paciente que desea morir dignamente no se configura como un delito y que, por el contrario, es un proceso amparado por la Constitución en las condiciones ya mencionadas.

Asimismo, la demanda precisaba que penalizar el suicidio médicamente asistido vulnera el derecho a morir con dignidad, así como el libre desarrollo de la personalidad por impedir el acceso a una ayuda médica para poner fin a la vida del paciente bajo consenso.

La demanda señala que, “Algunas personas pueden preferir la eutanasia, unas veces porque no pueden causar su propia muerte y otras veces porque no quieren. En otros casos, las personas prefieren poner ellas mismas fin a sus vidas (suicidio médicamente asistido) y al hacerlo buscan tener la ayuda necesaria para lograrlo de forma segura, acompañada y protegida”, añadiendo que la legalización del SMA lo vuelve un acto transparente y seguro.

¿Qué diferencia hay entre el Suicidio Médicamente Asistido y la eutanasia?

Básicamente, mientras que en el primer mecanismo el paciente se autoadministra el medicamento para causar la muerte, en la eutanasia, el médico es quien facilita el deceso. En ese sentido, los demandantes promovieron varias iniciativas indicando que, así como la eutanasia se puede ejecutar bajo determinados parámetros, para el suicidio médicamente asistido deben cumplirse las mismas normas.

Vale resaltar, además, que durante el estudio de la demanda el ministro de Salud Fernando Ruiz, dijo que, en Colombia, “la inclusión de otra opción de muerte médicamente asistida en el país, requiere una discusión a profundidad, cuya competencia recae en el Legislador”.

El jefe de la cartera de la salud añadió en su momento que el Congreso debe abordar este tema “con un desarrollo por vía estatutaria, en especial, teniendo en cuenta la complejidad que supondría la inclusión del SMA como proceso asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Misma conclusión tuvo la Procuraduría.

Para el Ministerio Público, el SMA no es una alternativa desconocida; sin embargo, es el legislativo el que debe reconocerlo como válido, pero teniendo en cuenta la decisión tomada este miércoles por la Corte, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia.

En el mundo, los países que tienen ambos procedimientos reglamentados son Suiza, Canadá, Luxemburgo, España, los estados de Western Australia y Victoria, en Australia y Suiza, así como también Países Bajos y Luxemburgo.

11 de Mayo de 2022

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La venta de armas en EU creció durante la pandemia, de acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades y Prevención.Foto Afp

Nueva York. Las muertes por armas de fuego alcanzaron la cifra más alta jamás registrada en Estados Unidos durante 2020, con un incremento de 35 por ciento en homicidios, cantidad no reportada desde 1994, reportaron los Centros de Control de Enfermedades y Prevención (CDC), principal autoridad federal sobre salud pública.

Más de 45 mil personas murieron en incidentes relacionados con armas de fuego durante el primer año de la pandemia. "Este es un incremento histórico", declaró Debra Houry, subdirectora de los CDC, al divulgar los datos en conferencia de prensa.

Aunque más de la mitad de las muertes por armas de fuego son suicidios, ese número se mantuvo casi igual en 2020, comparado con 2019. Pero fue el dramático incremento de homicidios con armas de fuego lo que elevó el total a niveles sin precedente.

Según los CDC, 79 por ciento de los homicidios y 53 por ciento de los suicidios estaban relacionados con armas en 2020. Excluyendo los suicidios, más de 19 mil personas murieron por balas en 2020, comparado con las más de 14 mil del año anterior.

Los CDC indicaron que las estadísticas demuestran "amplias disparidades" donde los homicidios con armas de fuego afectaron más a comunidades pobres, y sobre todo a jóvenes afroestadunidenses. A la vez, los homicidios por armas se incrementaron entre gente de todas edades, razas y género, y tanto en ciudades como zonas rurales en todas las regiones del país.

Los afroestadunidenses sufrieron más que cualquier otro segmento con un incremento de 40 por ciento en la tasa de homicidios, sobre todo los jóvenes; entre indígenas del país hubo un incremento de 27 por ciento y de casi 26 por ciento entre latinos, y 28 por ciento entre blancos. El único grupo donde hubo una reducción fue entre los asiático-estadunidenses, según las cifras de los CDC.

El incremento en muertes por armas de fuego está relacionado con la venta acelerada de armas en el país, con estadunidenses comprando armas más de lo normal al ampliarse la pandemia en 2020 y 2021, de acuerdo con los CDC (ver el informe: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7119e1.htm?s_cid=mm7119e1_w).

Es el incremento anual en homicidios por armas más grande en la historia moderna del país, indicó el Centro para Soluciones de Violencia de Armas de la Universidad Johns Hopkins. "En 2020 se perdieron casi 5 mil vidas más en homicidios con armas que en 2019".

Las armas fueron la causa principal de muerte entre niños y adolescentes en 2020, tomando más vidas que el covid-19, accidentes automovilísticos o cáncer” para los menores de edad, afirma un informe de ese centro (https://publichealth.jhu.edu/2022/new-report-highlights-us-2020-gun-related-deaths-highest-number-ever-recorded-by-cdc-gun-homicides-increase-by-more-than-one-third).

Expertos e investigadores no han identificado las razones del incremento de la violencia, y sobre todo de los homicidios con armas de fuego en los últimos dos años, pero algunos señalan que la pandemia exacerbó muchas condiciones prexistentes, sobre todo en algunas comunidades más marginadas, que han elevado el nivel de violencia, incluyendo factores como la desigualdad económica y condiciones de pobreza, comentaron los CDC.

Otros sugieren que la polarización política en el país, ira contra la violencia oficial y el racismo sistémico, y la expresión más explícita de agrupaciones armadas, sobre todo las derechistas, han cultivado mayor violencia.

Los estadunidenses se matan entre sí con armas 25 veces más que otros países desarrollados, señala el centro Brady Campaign to Prevent Gun Violence.

La razón más citada por los que adquieren armas de fuego es la defensa individual, pero investigaciones de los últimos años confirman que en los hogares que tienen armas se incrementa de tres a cinco veces el riesgo de homicidio y suicidio.

Se calcula que hay más armas en manos privadas en Estados Unidos que población –de hecho, 120.5 armas por cada 100 residentes–, más de 390 millones, según cifras de 2018 por el Small Arms Survey. El Brady Campaign calcula que uno de cada tres adultos en Estados Unidos es dueño de un arma.

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Ecuador: tras la masacre, la ONU exigió una reforma urgente del sistema penitenciario

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su "alarma" por la situación penitenciaria de Ecuador luego de que se registraran 44 muertos en un motín que tuvo lugar el lunes, y reclamó una reforma "urgente" que involucre también al sistema judicial. El incidente, ocurrido poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador, que el gobierno de Guillermo Lasso atribuye a una encarnizada lucha de bandas ligadas al narcotráfico.

Decenas de personas, en su mayoría mujeres, esperaban este martes noticias de sus familiares presos en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, a unos 80 kilómetros de Quito, donde un choque entre pandillas dejó 44 muertos y decenas de heridos, mientras que las autoridades empezaban a recapturar a parte de los 220 detenidos que escaparon durante los desmanes.

Responsabilidad estatal y reforma urgente

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo Bachelet en un comunicado leído por su vocera en una rueda de prensa en Ginebra. El gobierno ecuatoriano debe considerar una hoja de ruta que le propusieron "para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción", precisó la expresidenta chilena.

En el caso de lo ocurrido el lunes, la violencia habría estallado en la cárcel de Santo Domingo por el traslado de un preso, pero Bachelet destacó que no se trata de un caso aislado. "Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario", manifestó la funcionaria de la ONU, quien recordó que todo Estado tiene como "responsabilidad" la seguridad de las personas bajo custodia, por lo que es también culpable indirecto de lo que ocurre en las cárceles y debe emprender una "plena investigación".

La espera de los familiares

Decenas de familiares de los reclusos se desesperaban por segundo día frente a las puertas del penal sin tener noticias de sus seres queridos, mientras militares armados con escopetas custodiaban las inmediaciones. "No nos dan ninguna información. Dicen que los jóvenes que se escaparon por salvar sus vidas van a ser trasladados y entre esos está un hermano mío", afirmó Leisi Zambrano. "Hay muchas madres que hasta la actualidad no les han dado noticias de sus hijos, de si están vivos", agregó la mujer ama de casa, de 48 años.

Ni bien supo de los enfrentamientos, Zambrano dijo haber acudido con otros familiares al penal en la madrugada y escuchaba que desde el interior "los presos pedían auxilio, que no los dejaran morir", y definió la escena como una "carnicería".

En el motín en Santo Domingo en un principio se había confirmado la muerte de 41 reclusos. Minutos después la Fiscalía volvió a actualizar la cifra a 43, y al cierre de la jornada se confirmó otra muerte. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó temprano el mismo lunes que la mayoría de los cuerpos "fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas".

La mayoría de las víctimas murió por armas blancas en sus celdas, y luego algunos presos usaron armas de fuego en su intento de fuga. Las autoridades hallaron fusiles, pistolas, cuatro granadas y municiones en el penal. En este nuevo motín, que se inició en torno a la 1.30 hora local, se fugaron de los pabellones al menos 220 presos ya sea para salvar su vida o recuperar su libertad, y hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112.

El ministro Carrillo señaló que los responsables de este motín pertenecen a la misma organización delictiva que llevó a cabo otra masacre en la cárcel de El Turi, un mes atrás. Según las autoridades, los enfrentamientos del lunes fueron provocados por el traslado a Bellavista de unos de los líderes del denominado grupo "R7", gracias a una medida judicial. "Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios", dijo el jefe de los servicios penitenciarios, Pablo Ramírez.

El gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste (Guayas, Manabí y Esmeraldas), las más golpeadas por el tráfico de drogas, ante la violencia en las calles del país atribuida al narcotráfico.

Una crisis sistémica

Esta nueva masacre es más la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros 10 resultaron heridos. Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, según afirmó el ministro Carrillo en una rueda de prensa, con una organización llamada "Los Lobos" como la supuesta causante de estas masacres al atacar al grupo disidente que se hace llamar R7.

Antes de estos episodios el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presumía de que en los tres primeros meses de 2022 apenas habían fallecido ocho presos en las cárceles ecuatorianas, y que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90 por ciento sobre el año anterior, cifras que saltaron por los aires con las dos últimas matanzas.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.

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Varios periodistas junto al cuerpo de la reportera de Al Yazira Shireen Abu Akleh, asesinada por disparos del ejército israelí durante una redada, a 11 de mayo de 2022. — Mohamad Torokman / Reuters

Con esta son tres las mujeres periodistas asesinadas en lo que va de semana. Este lunes, en el estado mexicano de Veracruz, morían acribilladas la directora del periódico 'El Veraz', Yesenia Mollinedo, y la reportera Sheila Johana Garcí.

 

Un "asesinato a sangre fría". Así califica la cadena de noticias catarí Al Yazira lo ocurrido con su corresponsal en Israel, la palestina Shireen Abu Akleh. Los responsables del medio acusan directamente al Ejército israelí de la muerte de su reportera durante una redada este miércoles del Ejército israelí en la ciudad de Yenín, al norte de Cisjordania ocupada.

Con esta son tres las mujeres periodistas asesinadas en lo que va de semana. Este mismo lunes, en el estado mexicano de Veracruz, morían acribilladas la directora del periódico El Veraz, Yesenia Mollinedo, y la reportera Sheila Johana Garcí, según apuntaban fuentes de la Fiscalía General del Estado. 

Una semana trágica para el periodismo. Por su parte, desde la Red Internacional de Al Yazira, con sede en Doha, han querido denunciar lo sucedido Shireen: "En un trágico asesinato premeditado que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes, a sangre fría, mataron a nuestra reportera, Shireen Abu Akleh".

Según el Ministerio de Salud palestino, una bala disparada a la cabeza de Shireen fue lo que le causó la muerte. Su compañero Ali al Samudi ha corrido mejor suerte y se encuentra hospitalizado pero estable tras ser herido con una bala en la espalda.

"Condenamos este crimen atroz, a través del cual se pretende impedir que los medios de comunicación lleven a cabo su mensaje, y responsabilizamos al Gobierno israelí y a las fuerzas de ocupación por el asesinato de la difunta colega Shireen", denuncia la cadena catarí a través de un comunicado.

Al Yazira ha querido también hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que "condene y responsabilice a las fuerzas de ocupación israelíes por atacar y matar deliberadamente a nuestra colega Shireen Abu Akleh".

La muerte de Shireen se produce en el marco de las "operaciones de contraterrorismo" que el Ejército israelí ha intensificado a lo largo de los últimos meses en Cisjordania. Unas operaciones que se han saldado con una treintena de palestinos muertos, algunos de ellos civiles desarmados y sin vínculos con las milicias palestinas, y decenas han sido detenidos.

11/05/2022 09:43

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Inseguridad alimentaria aguda: 40 millones de personas más en un año

Alarmante informe de la FAO

Desde Roma. La llamada “inseguridad alimentaria aguda”, es decir cuando una persona no puede consumir alimentos suficientes y eso pone su vida en peligro inmediato, afectó a 40 millones de personas más en el mundo entre 2020 y 2021, llegando a afectar a un total de 193 millones de personas de 53 países, según el Informe Global sobre Crisis Alimentaria 2022 recientemente publicado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ambos con base mundial en Roma.

Los países más afectados están en África (Yemen, Eritrea, Burundi, Kenia, Mozambique, Congo, Etiopía, Nigeria, entre otros), en América Central y Caribe (Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua) y en Asia (Pakistán, Bangladesh, Siria, Afganistán, entre otros). América Central y Caribe no sólo tuvieron que luchar contra los problemas económicos y sociales creados por la pandemia, sino que en noviembre del 2020 pasaron por dos huracanes, Eta y Iota que produjeron muchos daños a la población y a la agricultura.

Anna Ricoy, coordinadora de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y Caribe con base en Chile, explicó a Página 12 las consecuencias de todos estos fenómenos para la seguridad alimentaria de las personas y lo que se puede hacer para mitigar sus efectos. Agrónoma originaria de España, Ricoy obtuvo un Master en Economía y Ciencias Sociales en el AgroParisTech, el instituto de tecnología para Ciencias de la Vida, Alimentación y Medioambiente de París. Trabaja para la FAO desde 2009.

-El Informe Global sobre Crisis Alimentaria 2022 dice que en América Latina unos 12,7 millones de personas padecen este flagelo, un millón de personas más en poco más de un año. Y los países más afectados son Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua además del caribeño Haití que alberga un tercio del total (4,4 millones) de las personas que sufren hambre en la región. ¿Según usted es debido sólo a la crisis de la pandemia o también a eventos naturales y conflictos internos?

-Estas cifras están relacionadas con tres principales impulsores, que están interrelacionados y se refuerzan mutuamente: la crisis socioeconómica, los eventos extremos como huracanes y terremotos y la inestabilidad. La enorme preocupación ha sido el impacto que ha tenido la ralentización económica sobre la pérdida de empleos y la caída de los ingresos, especialmente considerando que gran parte de los trabajadores de la región son informales. En cuanto a los eventos extremos en América Central, los huracanes Eta/Iota de 2020 destruyeron cultivos y reservas de alimentos. Las lluvias irregulares en Haití, el terremoto de magnitud 7.2 y la depresión tropical Grace en agosto de 2021 afectaron la producción y disponibilidad de alimentos. Los altos niveles de inseguridad en Centroamérica impactaron las actividades económicas y agrícolas. La situación de inseguridad en Haití se deterioró aún más en 2021.

-¿Por qué el informe no habla de los demás países de América Latina ni de Venezuela que otros años era considerada a riesgo?

-El informe no habla de los demás países de América Latina y el Caribe porque en los demás países no se cuenta con evidencia sólida en cuanto a la magnitud y/o severidad de una crisis alimentaria. En cuanto a Venezuela no se ha incluido en el informe por falta de datos. A pesar de los indicios de estabilización en la disponibilidad de alimentos y combustible desde finales de 2021, la inseguridad alimentaria sigue siendo una preocupación en Venezuela, especialmente para familias de ingresos limitados debido a los efectos combinados de la contracción económica prolongada, inflación, sanciones internacionales y restricciones de Covid 19.

-¿La guerra en Ucrania ha influido también?

-El conflicto en Ucrania es fuente de gran inquietud en nuestra región como en el resto del mundo y en particular en los países en crisis alimentarias. La incertidumbre respecto a las próximas campañas agrícolas podría impactar la disponibilidad de las reservas globales de alimentos, e influir en una ulterior alza de los precios de aceites vegetales, cereales y carne, del azúcar y productos lácteos, entre otros. Ya en el último mes el índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó un 12.6 %. Es el aumento más alto desde que tenemos registros. Por otra parte, las eventuales disrupciones de gas natural y energía van a impactar la producción global de fertilizantes, reduciendo su disponibilidad y llevando los precios al alza. Cabe destacar que América Central es importadora neta de fertilizantes. Todos estos factores van a tener un impacto en la producción, en los rendimientos, y por supuesto se reflejará en un alza de los precios al consumidor. En América Central no hay hambre por falta de alimentos, hay hambre por falta de dinero en los bolsillos de las personas. Por lo tanto se podría dificultar ulteriormente el acceso a los alimentos y provocar un aumento de todas las formas de malnutrición.

-Según prevé el informe, la inseguridad alimentaria podría mejorar levemente en 2022.

Este informe fue desarrollado con datos anteriores al conflicto de Ucrania. Este pronóstico de leve mejora tiene en cuenta la recuperación económica parcial tanto del impacto económico del Covid19 como de los daños causados por las tormentas tropicales en Centroamérica. Sin embargo, esto probablemente se verá atenuado por los altos precios de los insumos agrícolas que limitan la producción y reducen la demanda de mano de obra agrícola. Además, ahora debemos tomar en cuenta la situación actual de crisis global por el conflicto en Ucrania y las consecuencias en cadena que está teniendo en el sistema agroalimentario. Los pronósticos más recientes para la región no son alentadores. En las últimas dos semanas, el Fondo Monetario Internacional rebajó las proyecciones de crecimiento respecto a las de Enero 2022. De acuerdo con esta información, para América Latina y el Caribe se estima una inflación promedio de 6,6% para 2022 y de 5,4% para 2023. El crecimiento se estima en torno al 2.5% en 2022 y 2.5% en 2023. Estamos frente a una crisis de nivel global que podría tener repercusiones graves a nivel regional, y debemos prevenir que se desencadene una crisis alimentaria mayor en la región.

-¿El aumento de las migraciones será otro efecto colateral de esta crisis?

-Las migraciones son un efecto colateral de la inseguridad alimentaria: la pérdida del poder adquisitivo de los hogares por la pandemia y por la inflación en los precios de los alimentos, los eventos climáticos extremos, los niveles de inseguridad en ciertos territorios, entre otros. Todos estos factores están interrelacionados, se refuerzan mutuamente, e influyen en las decisiones que toman los hogares de abandonar sus casas y tierras en busca de trabajo o ayuda.

-¿Qué debería hacer cada país para mejorar esta situación? ¿Qué Podría hacer FAO?

-Tenemos que repensar la manera como respondemos a las crisis alimentarias, poniendo las necesidades de los productores agropecuarios al centro de la respuesta. En 2020, la financiación para intervenciones humanitarias en agricultura, representaron solo el 8 por ciento de los fondos humanitarios destinados a la seguridad alimentaria. Tenemos que cambiar esta tendencia. Invertir en la agricultura y en los recursos que la sustentan es estratégico y rentable. Según la FAO, los beneficios en estos casos pueden ser 10 veces mayor que si se dedican los fondos a la ayuda alimentaria. Y el efecto de estas intervenciones se prolonga en el tiempo. En lo inmediato debemos brindar apoyo a los gobiernos para que los productores cuenten con los medios necesarios para seguir produciendo alimentos localmente y, en condiciones adversas, obtener ingresos, acceder a financiación. Paralelamente a los apoyos productivos es fundamental garantizar el acceso económico a alimentos para la población más vulnerable.

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