Tras retomar el control de la cárcel de Bellavista, los vigilantes arrodillaron a decenas de reos en el patio del penal. Foto Afp/Ministerio del Interior de Ecuador

Se fugan 220 en el motín; recapturan a 112

Quito. Al menos 44 presos murieron y 10 resultaron heridos, la mayoría de de gravedad, tras un enfrentamiento ayer entre bandas rivales vinculadas con el narcotráfico en una cárcel de Ecuador, donde en medio de la situación 220 presos aprovecharon para fugarse.

En una actualización al final de la tarde, el ministerio del Interior detalló esas cifras en su cuenta de Twitter, mientras decenas de agentes fueron desplegados en las carreteras de acceso y salida de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cuya cárcel estatal se produjo el motín que comenzó en horas de la madrugada.

Un policía resultó herido, confirmaron las autoridades.

El presidente Guillermo Lasso, quien está de gira en Israel, envió su el pésame a los familiares de los fallecidos. "Este es un lamentable resultado de la violencia entre bandas", añadió en Twitter.

La refriega se desató por la madrugada en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, unos 80 kilómetros al suroeste de Quito, cuando la banda de Los Lobos "agrede y elimina" a unos 40 integrantes de una facción denominada R7, indicó el ministro de Interior, Patricio Carrillo, en rueda de prensa.

Las autoridades sospechan que los choques se originaron por el traslado a Bellavista de un cabecilla del grupo R7, gracias a una medida cautelar.

El líder estaba en una prisión de máxima seguridad en la costera provincia de Guayas (suroeste) tras haber protagonizado otro enfrentamiento entre Los Lobos y R7 en la cárcel de El Turi, en la andina ciudad de Cuenca, que dejó 20 muertos hace un mes, explicó Carrillo.

"No quieren rehabilitarse y lo han demostrado, son los hechos los que los definen. Lo que se vivió en el centro carcelario de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad", sostuvo el funcionario.

Destacó que a simple vista "se puede evidenciar que los que perdieron la vida fueron ajusticiados con arma blanca" y ofreció la ayuda del gobierno a los familiares para trasladar los cuerpos a sus sitios de origen.

En los videos que circularon en las redes sociales se veía la cárcel, aún a oscuras, y se escuchaban gritos y disparos que provenían de su interior.

Carrillo añadió que se encontraron armas de fuego, granadas y otros materiales en poder de los presos de la cárcel Bellavista.

La policía confirmó que tras la intervención de grupos tácticos y de asalto el centro de reclusión quedó nuevamente bajo el control de las autoridades, en especial el pabellón de máxima seguridad, donde ocurrieron los hechos.

En un patio decenas de reclusos eran obligados a arrodillarse con las manos en la cabeza bajo la mirada de los uniformados, durante una operación para retomar el control del penal, se vio en imágenes difundidas por las autoridades.

De los 220 fugados, 112 fueron recapturados por los uniformados en las afueras de la prisión.

Con este último episodio sangriento, las prisiones ecuatorianas suman casi 400 reclusos muertos brutalmente en seis matanzas desde febrero de 2021, en medio de una ola violenta que el gobierno atribuye al enfrentamiento de grupos vinculados al narcotráfico.

En los últimos años las cárceles de Ecuador se han convertido en escenario de violentos ataques entre reclusos, principalmente debido a disputas entre bandas relacionadas con el narcotráfico y rutas de exportación de droga presuntamente vinculadas con cárteles mexicanos. El último de estos motines, que dejó 20 fallecidos, se registró a inicios de abril.

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Norma McCorvey (izq.), quien fue Jane Roe en el caso Roe v. Wade de 1973, con su abogada, Gloria Allred, en 1989.

El equilibrio de poderes entre Washington y los Estados se ve amenazado en EE.UU., donde la ultraderecha religiosa se ha unido a la élite conservadora para poner límites a unas libertades civiles que tachan de libertinaje

 

De los tres poderes –Ejecutivo, la espada; Legislativo; la cartera; y Judicial, los jueces–, el encargado de administrar justicia nació como el hijo tonto de la joven democracia estadounidense. Alexander Hamilton ya lo advirtió a primera hora: “el [poder] judicial carece de influencia sobre la espada o la cartera. No tiene capacidad de acción sobre la fuerza o sobre la riqueza de la sociedad, por lo que no puede actuar decididamente sobre ningún asunto de importancia”. Es decir: no puede imponer sus decisiones. Corría el año de 1789.

La vista del número uno de la First St NE de Washington D.C. es imponente: primero la escalinata flanqueada por dos estatuas: a la izquierda una mujer, Contemplation of Justice; a la derecha, una figura masculina, The Guardian or the Authority of Law, también llamado The Executor of Law, ambas obras de James Earle Fraser. Después, las dieciséis columnas corintias que sostienen el frontón; y finalmente impresas sobre el arquitrabe, cinco palabras: Equal Justice Under the Law. El Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS en sus siglas en inglés) ocupa este impresionante edificio desde 1935, 146 años después de que fuera establecido como máxima autoridad judicial de la nación mediante la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos en 1789. 

Hasta 1935, la historia de SCOTUS es singular y accidentada: desde constituirse en una especie de consejo de sabios nómada, atendiendo casos de ciudad en ciudad en los primeros años de la nueva nación, hasta la oscuridad de los sótanos del Capitolio, pasando por breves periodos en Nueva York o Filadelfia. Su originario papel secundario y sus más de doscientos años de historia son la lucha continuada por consolidar su poder sobre la tierra; esto es: constituirse en the law of the land, el último órgano de decisión, no solo capaz de decir qué es constitucional sino de imponerse sobre sus hermanos. 

Primer acto: SCOTUS 1-mujeres 0. La sede de SCOTUS, también llamada El palacio de mármol, se levanta sobre el solar que ocupaba el Old Brick Capitol, histórico cuartel hasta 1929 del National Woman’s Party –la compró el Gobierno federal a insistencia del expresidente William Howard Taft, en ese momento primer magistrado del Alto Tribunal–, el partido que abogó incansablemente por el sufragio femenino en EE.UU. hasta su consecución en 1920 (Enmienda 19 de la Constitución) y que, desde entonces, se entregó a las luchas por los derechos civiles desde su feminismo militante. Fue una compra, sí. Pero digamos que aquellas primeras feministas fueron invitadas a abandonar su casa. Las ironías de la historia.

Segundo acto: SCOTUS 0-mujeres 1. 1973, Roe v. Wade. La archiconocida sentencia por la que el máximo órgano judicial estadounidense declaraba inconstitucional cualquier restricción al acceso de la mujer a la posibilidad de abortar en condiciones sanitarias adecuadas y de forma legal. La argumentación sobre la que se basaba Roe contra Wade poco tenía que ver con la moral y mucho menos con la biología (ambos pilares que sostienen las posiciones de los autodenominados pro-vida): se trataba única y exclusivamente de salvaguardar el “derecho a la intimidad” de cada persona en relación a una de las cláusulas de la 14º Enmienda de la Constitución. Es decir: el gobierno (ninguno) no es quien para decidir qué puede hacer cada uno con su cuerpo. Ese uno era una mujer, Norma McCorvey, la camarera de Texas que se escondía bajo el pseudónimo de Jane Roe, quien tras quedarse embarazada de su tercer hijo en 1969 quiso abortar. El problema era que en Texas, donde residía, el aborto era ilegal salvo riesgo para la vida de la madre. No era la primera vez, pero sí una de las más importantes en las que SCOTUS volvía a poner de manifiesto la fuente de su poder: la confirmación del concepto de judicial review del que emana su supremacía judicial. En resumen: la decisión sobre un caso específico se aplica y afecta a todos los demás casos semejantes en cualquier lugar del país. Una vez más, SCOTUS marcaba la única distancia posible entre el suelo y el techo de la casa común estadounidense. 

En realidad, Roe contra Wade fue el canto del cisne de una época que en 1969 estaba a punto de cerrarse con la llegada de Nixon a la presidencia: la gran expansión de los Derechos Civiles iniciada una década antes y que había sido consecuencia de la madre de todas las batallas en EE.UU.: el enfrentamiento entre la Casa Blanca (con o sin el Capitolio) y SCOTUS, es decir, la espada contra la toga. Una batalla ganada por los liberales, cuyo punto culminante habían sido las grandes sentencias en favor de los Derechos Civiles auspiciadas bajo un Tribunal (la llamada Warren Court Era) que había empezado a perfilarse bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. En la mente del Partido Republicano solo era cuestión de tiempo, de paciencia. Y de colocar en la Casa Blanca al hombre adecuado. La derecha y la ultraderecha estadounidense habían entendido por fin que la política de un país no se cambia tanto en el Capitolio como desde la sala noble del Palacio de Mármol.

Por eso no es casualidad que este tercer acto empiece precisamente por Roe contra Wade. La filtración del borrador publicado en la noche del pasado lunes por el diario Politicoy firmada por el juez Samuel Alito (conservador) reflejaba una opinión predominante de cinco de los nueve magistrados que integran la Corte a favor de la revocación del derecho a la interrupción del embarazo. Hacía meses que había sospechas de que esto ocurriría, no es ningún secreto que el propio tribunal vive tiempos convulsos con acusaciones de corrupción sobre algunos de sus miembros y enemistades personales entre otros. Incluso la pandemia y su politización ha sido motivo de discordia entre el grupo patricios togados: algunos de los jueces más jóvenes y conservadores se han mostrado reticentes a ponerse mascarillas en las reuniones con sus compañeros más veteranos.

La única sorpresa aquí ha sido que la bomba explotara vía filtración, acto sin precedentes en la historia de la institución y que ha desatado una caza de brujas con los ojos puestos en los magistrados liberales y, especialmente, su staff. El martes, el presidente de la Corte Suprema, el conservador –fue nombrado por George W. Bush, y últimamente se posiciona con sus compañeros más progresistas, lo que indica hacia dónde se ha movido el tribunal en los últimos cuatro años– John Roberts confirmó el contenido del documento de 98 páginas conocido el lunes, aunque señaló que se trataba de un “primer borrador”. Hay que indicar que la filtración en sí no es delito, pero si se descubre a su autor supondría el final de su carrera, amén de otro tipo de actos disciplinarios. 

El texto no deja lugar a dudas: según el voto privado emitido el pasado febrero, la mayoría conservadora cree necesario derogar el precedente sentado por la sentencia de 1973 (y confirmado en el caso Planned Parenthood contra Casey, de 1992): “[La sentencia de] Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio”, escribe Alito, para el que “su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división”. Decenas de personas se han concentrado a las puertas del edificio del Alto Tribunal desde la publicación del borrador para protestar. Según un estudio reciente del Pew Research Center, seis de cada diez estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todas o casi todas las circunstancias, mientras que un 54% se manifiesta contrario a la derogación de Roe contra Wade.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, argumenta Alito en una posición que secundan los magistrados Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, estos tres últimos nombrados durante la presidencia de Donald Trump. El fallo definitivo no se espera hasta finales de junio o principios de julio. La mayoría conservadora, seis contra tres, hace poco probable un cambio en la argumentación de la misma.

Una aclaración: si finalmente Roe contra Wade es revocada, eso no significa que el aborto se vuelva ilegal en EE.UU.. Solo que el poder de decisión tornará a los Estados y, por tanto, los más conservadores ya no tendrán obstáculo federal para prohibirlo en su territorio. La distancia entre las dos Américas, una liberal y otra conservadora, se agrandará todavía más.

El GOP y Trump, historia de un amor de conveniencia

Para entender un poco el origen de lo que está ocurriendo hay que irse al último año de legislatura de Obama. A un año de las elecciones, Obama pretendió llenar la vacante dejada por el fallecimiento del juez Anthony Scalia con el moderado Merrick Garland (hoy Fiscal General de Joe Biden). El entonces líder del GOP en el Senado, Mitch McConnell se negó incluso a reunirse con Garland y bloqueó cualquier intento de nominación durante 293 días. El tiempo justo para que Donald Trump se hiciera con la presidencia de EE.UU..

Con Trump en la Casa Blanca, fue el ultraconservador Neil Gorsuch quien ocuparía la vacante de Scalia en el Alto Tribunal. No sería el único. En solo cuatro años, Trump colocaría dos jueces conservadores más: Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los tres en la cincuentena, para una posición que, recordemos, es vitalicia salvo renuncia voluntaria –es el caso de Stephen Breyer cuyo asiento será ocupado por la jueza Ketanji Brown Jackson (51 años) en algún momento de este verano y confirmada por el Senado a propuesta del presidente Biden el pasado 7 de abril. 

Aquel fue el verdadero legado de Trump, un presidente que para hacerse con el poder en el GOP se alió con el ala más conservadora del movimiento republicano estadounidense, la misma que llevaba décadas esperando la oportunidad para asaltar SCOTUS. Un quid pro quo necesario para iniciar la estrategia de demolición de lo conseguido desde la década de los Derechos Civiles. En definitiva, una partida de póker en la que en Estados Unidos siempre se apuesta en una doble vertiente. Por un lado, a medida que crece el poder de SCOTUS decrece el de la Casa Blanca, y viceversa. Por el otro, a medida que decrece el poder del Gobierno federal, crece el de los Estados; también y viceversa. 

Y aquí estamos otra vez: “Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo”, sentencia el borrador de Alito, en una clara referencia a los gobiernos estatales. En la práctica, la derogación de Roe contra Wade supondría la libertad de los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Insisto, el GOP lleva décadas fraguando esto, y la derrota de Trump hace dos años simplemente potenció el cambio de paradigma en los estados controlados por los republicanos donde sus gobernadores han preparado leyes restrictivas que entrarán en vigor inmediatamente.

Dos países y una puerta hacia el abismo

Hay un país azul demócrata a punto de convertirse en santuario de los derechos de las mujeres y preparándose para acoger una ola de turismo reproductivo. Hay otro rojo republicano, en el que más de una veintena de estados aguardan la confirmación de lo filtrado esta semana. Estados como Oklahoma, cuya Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una estricta norma que prohíbe las intervenciones después de la sexta semana de gestación, antes incluso de que la mayoría de las mujeres sepan de su embarazo. O Texas, siempre a la vanguardia de la reacción y no solo en el ámbito sanitario, cuya nueva legislación, promulgada en septiembre y conocida como la “Ley del latido”, propone la persecución de los ciudadanos particulares que ayuden a una persona a poner fin a un embarazo no deseado. Se trataría de una puerta hacia un abismo: según sea interpretada la norma, un taxista que lleve a una mujer a una clínica abortiva, aunque sea en otro Estado, podría ser perseguido judicialmente con penas de hasta 10 años de prisión. Tras Texas y Oklahoma, Florida, Ohio y otros Estados del sur anuncian su intención de convertirse en “santuarios de la vida”. 

Este abismo no tendría por qué circunscribirse a las cuestiones reproductivas. Por ejemplo: en Lawrence contra Texas (2003), SCOTUS usó el mismo argumento de Roe contra Wade (derecho a la privacidad) para determinar que era inconstitucional castigar a las personas por cometer sodomía. Obergefell contra Hodges (2015), que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y utilizó el derecho a la privacidad y la cláusula de igual protección para hacerlo. Esto podría abrir la puerta para que un Estado trate de desafiar las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y las distintas legislaciones en relación a la comunidad LGTBQ, que ya están en el punto de mira de los legisladores republicanos. De nuevo Texas, donde se ha llegado a plantear la posibilidad de poner a cargo de las autoridades a los niños trans si estos son apoyados por sus padres en su proceso de transición. Pero hay más: Griswold contra Connecticut (1965), que protege la capacidad de los matrimonios para comprar anticonceptivos sin restricciones gubernamentales. No se trata solo del aborto. O Meyer contra Nebraska (1923), que permite que las familias decidan si quieren que sus hijos aprendan un idioma que no sea inglés. Esto podría abrir la puerta para que Estados antinmigración intenten prohibir el aprendizaje de otros idiomas que no sean el inglés en las escuelas públicas. Incluso, la obligación estatal de ofrecer un sistema público de enseñanza (Plyler contra Doe, 1982), como ha anunciado que va a estudiar el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. La educación pública nunca ha dejado de estar en el punto de mira republicano. 

También Skinner contra Oklahoma (1942), el fallo que declaró inconstitucional la esterilización forzosa de personas (se hizo con miles de mujeres afroamericanas). Hay quien ha señalado estos días que la caída de Roe contra Wade podría abrir la puerta para que algunos Estados determinaran la esterilización de delincuentes, personas discapacitadas o minorías de todo tipo. Sin duda, también el derecho al voto en un momento en el que en muchos Estados republicanos están aprobándose legislaciones encaminadas a restringir o dificultar el sufragio y que tienen a minorías raciales como principal objetivo.

En el origen de todo está la condición del juez Alito como ‘originalista’ constitucional. Con ese término se conoce a los magistrados que defienden que la Constitución debe interpretarse tal y como fue pensada por sus creadores hace más de dos siglos. Originalistas son también los jueces Thomas, Barrett, Gorsuch e, incluso, Kavanaugh también son originalistas. Los tres nominados por Trump.

Biden contra la Corte Suprema 

Muchos dicen que los senadores son los patricios del imperio americano. No es del todo cierto. Son los miembros de la Corte Suprema, depositarios de un poder casi omnipotente y sin aparente fecha de caducidad. Una situación sin paralelismo en ninguna otra democracia occidental.

El número de asientos en el Alto Tribunal permanece inalterado desde la presidencia de Ulysses S. Grant (1864-1865), y ante la herencia de Trump, no pocas voces llevan defendiendo la idea de que ha llegado el momento de ir a una nueva guerra contra la máxima institución judicial del país. En política estadounidense esto se conoce como Court Packing: que un presidente trate de incrementar –a veces reducir– el número de jueces del Supremo para lograr un tribunal con cierto equilibrio ideológico. En la práctica lo que se busca es una Corte más alineada con la Casa Blanca o el mismo Capitolio. En 1801, John Adams redujo el número de miembros de seis a cinco para evitar que su sucesor, Thomas Jefferson, pudiera nombrar a su propio magistrado. Poco después, el Congreso incrementó de cinco a siete el número de asientos. Andrew Jackson sumó dos más hasta conformar un Tribunal con nueve sillas. Más tarde, Lincoln añadiría una más; mientras que su sucesor, Andrew Johnson, volvería a reducir la alineación a siete, hasta que el mencionado Grant conformara los nueve actuales. 

La posibilidad de sumar nuevos jueces al actual SCOTUS, es algo que cuenta con la oposición frontal del GOP, muy cómodo con la situación actual, mientras que tampoco se ve claro en los círculos de poder más cercanos al presidente. No tanto por su problemática, es completamente legal y hay precedentes, sino porque supondría que la Administración Biden abriera un nuevo frente de batalla –sin cuartel y a todos los niveles, Partido Demócrata incluido–, y con la cita electoral de las elecciones de medio mandato –legislativas– el próximo noviembre. 

El enfrentamiento más sonado entre SCOTUS y la Casa Blanca data de 1933. EE.UU. vivía inmerso en la Gran Depresión y el entonces presidente, Franklin Delano Roosevelt, puso encima de la mesa su primer New Deal, la mayor expansión del Gobierno Federal de la historia de EE.UU. hasta la fecha. Su agenda populista(como fue calificada entonces, algunos dirían hoy socialista) chocó con la oposición frontal de un Tribunal muy conservador y receloso de un poder de Washington en expansión a costa del de los Estados. Todas las iniciativas contenidas en aquel primer New Deal fueron tumbadas por los togados, una tras otra. SCOTUS acababa de mudarse a su nueva y flamante sede y, en 1935, en un editorial publicado por The New Yorker se podía leer: “el nuevo edificio [de SCOTUS] dispone de unas grandes y maravillosas ventanas desde las que arrojar el New Deal”. 

Franklin Delano Roosevelt decidió cambiar de estrategia y reescribir las reglas del juego: amenazó con nominar un nuevo juez por cada miembro mayor de 70 años que se negara a retirarse. Esto suponía añadir seis nuevos magistrados hasta un total de quince. Todos ellos, claro, receptivos, cuando no directamente favorables, a las políticas del presidente. No fue necesario. El Alto Tribunal aflojó, y para 1937 un segundo paquete del New Deal pasó el dictamen de SCOTUS. Fruto de aquella victoria, los ciudadanos de EE.UU. contaron por vez primera con salario mínimo federal, seguridad social (nada que ver con la española) o el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. En los siguientes dos años, la mayor parte de los jueces más conservadores optó por retirarse y Roosevelt fue sustituyéndolos. Un nuevo SCOTUS se centraría desde entonces en el ámbito de los llamados “derechos individuales”, un rincón al que nadie había hecho demasiado caso desde el punto de vista constitucional. Este sería el germen de lo que se consumaría en los años sesenta, y cuyas bases comenzaron a asentarse en 1952 con la sentencia de Brown contra Board of Education, que supuso el inicio del fin de la segregación racial en el sistema educativo y, por extensión, en todo el país. 

El problema hoy es que Biden no es Roosevelt, y sí un presidente mucho más débil, con un partido más dividido y una oposición mucho más escorada hacia la derecha. 

No se trata del aborto, insisto. Se trata, una vez más, de derechos civiles y en último término del equilibrio de poderes entre Washington y los Estados. Un sector de la sociedad estadounidense, la ultraderecha religiosa, ha unido sus fuerzas a la élite más conservadora y libertaria a nivel económico, y ha decidido que ya basta. Que hay que poner orden en unas libertades civiles que tachan de libertinaje, contrarias incluso al modo de vida americano. El derecho al aborto es el primer asalto. 

McCorvey, la Jane Roe original, no pudo beneficiarse de su lucha: fue madre de una niña en junio de 1970 que acabaría dando en adopción. Se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Con posterioridad cambió de idea, y se convirtió en una convencida antiabortista. Ello no impidió que su caso garantizase constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23, en la que se fija la viabilidad del feto, y el derecho de millones de mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en condiciones de legalidad y salubridad. 

“En muchas otras ocasiones, este Tribunal ha anulado importantes decisiones constitucionales…”, dice el texto de Alito. “Sin esas decisiones, la ley constitucional estadounidense tal y como la conocemos sería irreconocible, y este sería un país diferente”. Lo que nadie podría sospechar es que el país podría regresar en 2022 a un tiempo en el que una mujer debía cambiar de Estado o jugarse la vida y la libertad en la clandestinidad si decidía no ser madre.

Por Diego E. Barros 8/05/2022

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El documento de Amnistía Internacional describe ejecuciones de civiles.

Amnistía Internacional denunció presuntos crímenes de guerra perpetrados por el gobierno de Vladimir Putin en la periferia de la capital ucraniana. La secretaria general de la organización Agnès Callamard presentó en Kiev el informe de una investigación que detalla los hallazgos realizados en esa zona, en el cual se condena el "uso ilegítimo de la fuerza" por los ataques contra civiles y se exige que los agresores rindan cuentas ante la Justicia.

El documento He's Not Coming Back: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast ("Él no volverá: Crímenes de guerra en las áreas del noroeste de la provincia de Kiev") se compone de entrevistas a ucranianos y un análisis de las pruebas recabadas sobre el terreno durante un trabajo de campo de doce días. Además, documenta ataques aéreos considerados ilegítimos, cometidos en Borodyanka, así como ejecuciones extrajudiciales en varias localidades, como Adriivka, Vorzel o Bucha.

"Seamos claros, las ejecuciones extrajudiciales cometidas en un conflicto armado internacional son un crimen de guerra; los ataques aéreos indiscriminados llevados a cabo con intenciones dolosas son también crímenes de guerra", dijo Callamard durante una rueda de prensa. La secretaria general también ha recordado que la invasión del Kremlin también ha supuesto ataques desproporcionados y abusos contra civiles, algunos alojados en refugios.

El informe de Amnistía Internacional hace especial hincapie en la rendición de cuentas, recalcando que "todos los responsables, incluyendo la cadena de mando, deben ser llevados ante la Justicia".

Pruebas 

Según registra el informe, al menos cuarenta personas murieron tras la devastación de todo un barrio en Borodyanka, dejando a miles de personas sin hogar. En la ahora tristemente famosa ciudad de Bucha y en otros pueblos al noroeste de Kiev se registraron 22 homicidios, los cuales podrían ser mayoritariamente ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional entrevistó a civiles de estas localidades y visitó los lugares donde se llevaron a cabo los supuestos crímenes.

La investigación relata que a finales de febrero las tropas del ejército ruso ocuparon Bucha, a unos treinta kilómetros de Kiev, y entre el 4 y el 19 de marzo, se pudieron haber realizado cinco ejecuciones extrajudiciales. Además, entre el 1 y el 2 de marzo se llevaron a cabo varios ataques aéreos sobre Borodyanka, a sesenta kilómetros de la capital, alcanzando ocho edificios de apartamentos en los que vivían más de seiscientas familias.

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Colombia: fueron asesinados 53 defensores de DD.HH. entre enero y marzo

Los departamentos del Cauca y Putumayo, los más violentos

Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15 homicidios ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres y 49 hombres.

Colombia sigue inmersa en un huracán de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Un total de 53 defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año, según un informe del Programa Somos Defensores divulgado este jueves que además documenta 254 agresiones, entre homicidios, atentados y amenazas. El año 2021 no se quedó atrás: 139 líderes sociales asesinatos y 996 agredidos, lo que supone una media de 2,7 ataques diarios en el año más violento de los últimos 12.

El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), en el cual se basó Somos Defensores para su análisis, calificó esta cifra como "alarmante, pues supera los 28 casos confirmados durante el mismo período de 2021, con un incremento del 89 % (25 casos más)".

El programa también divulgó los datos de violencia contra los defensores en 2021, el "más violento de los últimos 12 años en contra de este sector" en el que documentó 996 agresiones, entre ellas 139 asesinatos.

Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15 asesinatos ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres -dos lideresas comunitarias, una de víctimas y una del sector LGBTI- y 49 hombres.

Cauca y Putumayo

En los departamentos del Cauca (suroeste) y Putumayo (sur) se registró el mayor número de asesinatos de defensores, con siete en cada uno de ellos.

"Durante este período, el Cauca volvió a ocupar el primer lugar en número de asesinatos, lugar en el que las personas defensoras se desenvuelven entre hostilidades por la presencia de los grupos armados, principalmente las disidencias de las FARC", puntualiza el Programa.

En Nariño hubo 6 asesinatos, seguido de Arauca (5), Norte de Santander (4), Cesar y Chocó (3) y Antioquia, Bolívar, Caquetá, San Andrés, Santander y Valle del Cauca (2).

Mientras tanto en Boyacá, Casanare, Córdoba, La Guajira, Meta y Tolima hubo un homicidio en cada uno de ellos.

Al analizar los liderazgos que esas personas ejercían se tiene que el mayor número de víctimas corresponde a los comunales, con 16 casos; seguido de indígenas, 12; comunitarios, 11, y campesinos, 4, entre otros.

En cuanto a los presuntos responsables de los 53 asesinatos, 40 se atribuyen a autores desconocidos, 7 a las disidencias de las FARC, 2 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 2 al Ejército y 2 a paramilitares.

"Estos datos hacen que se mantenga la tendencia de períodos anteriores donde en la mayoría de los casos no es posible determinar la autoría de los asesinatos, lo que dificulta las labores de investigación y judicialización y contribuye a la persistencia de la impunidad", señala el informe.

Al referirse a las 254 agresiones, Somos Defensores puntualiza que en Colombia ocurrió una media de 2,8 diarias entre enero y marzo.

"Con esta cifra se tiene un incremento del 41 % en comparación con el mismo período de 2021 cuando se registraron 180 hechos", dice el documento que agrega que las cifras hacen que el 2022 se "proyecte como un año altamente peligroso, donde las amenazas se han hecho efectivas y han cobrado la vida de quienes ejercen el liderazgo social en las regiones", concluye. 

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Viernes, 06 Mayo 2022 05:47

Detrás del cartel

Detrás del cartel

Cómo las empresas estadounidenses financian la prohibición del aborto

Estados Unidos está a pocos días de perder su histórica protección federal al derecho al aborto legal. Detrás de la retórica feminista de sus megaempresas se esconde el dinero que estas compañías destinan a los políticos ultraconservadores.

Un borrador interno de la Corte Suprema de Estados Unidos, publicado por Politico el lunes 2, indica que el máximo tribunal anularía la jurisprudencia sentada por el célebre caso Roe versus Wade, lo que eliminará las protecciones constitucionales para el aborto legal, que han estado vigentes en ese país durante 48 años. «La sentencia de Roe versus Wade estaba terriblemente equivocada desde un comienzo», escribe en el borrador filtrado el juez Samuel Alito. Según los informes, la posición de Alito cuenta con el apoyo de otros cuatro jueces conservadores del tribunal. El grupo incluye a tres jueces designados recientemente por el expresidente Donald Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Es técnicamente posible que uno o más de estos jueces cambien de opinión antes de que se publique oficialmente la decisión. Pero parece muy probable que las protecciones federales para el aborto legal se evaporen en unas semanas. Dieciocho estados estadounidenses ya tienen preparadas leyes que en la práctica prohibirán el aborto en todos los casos tan pronto como Roe sea revocado (aunque algunos de estos estados tienen excepciones por violación, incesto o la vida de la madre). Otros cuatro estados prohibirán el aborto después de las seis semanas: antes, incluso, de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Las fuerzas contrarias al aborto legal han estado presionando para lograr este resultado desde el momento mismo en que se zanjó el caso Roe versus Wade, en 1973. Pero el esfuerzo ha cobrado un impulso significativo desde 2016, con la elección de Trump. Requirió de la acumulación y el ejercicio de poder tanto a escala federal como estatal, con tres objetivos claros.

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DEL SENADO

Después de que el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia muriera en febrero de 2016, el líder de la mayoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se negó a permitir que el Senado considerara siquiera el candidato a reemplazar a Scalia, elegido por el entonces presidente, Barack Obama, a pesar de que a Obama le quedaba casi un año de mandato. Sin embargo, después de que Trump fuera elegido en 2016, McConnell modificó las reglas obstruccionistas de la cámara para aprobar la nominación de Gorsuch y Kavanaugh, y, aunque la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg murió pocas semanas antes de que Trump perdiera su reelección, McConnell forzó la nominación de la ultraconservadora Coney Barrett como reemplazo de Bader Ginsburg. Lo cierto es que ninguna de estas nominaciones hubiera sido posible sin el control republicano del Senado, y el grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para ese órgano es el Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC, por sus siglas en inglés).

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES

Animadas por este nombramiento en la Corte Suprema de magistrados que eran abiertamente hostiles a la jurisprudencia sentada por Roe versus Wade, las legislaturas estatales controladas por políticos contrarios al aborto legal se dedicaron a aprobar prohibiciones a nivel estatal. El grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es el Comité de Liderazgo Estatal Republicano (RSLC, por sus siglas en inglés).

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DE LAS GOBERNACIONES

No es suficiente que las legislaturas estatales aprueben la prohibición del aborto. Necesitan un gobernador contrario al aborto legal que convierta esas prohibiciones en ley. El grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA, por sus siglas en inglés).

Acumular tanto poder no es fácil y, en Estados Unidos, es tremendamente caro. Pero las fuerzas contrarias al aborto legal tuvieron un aliado fundamental: las grandes empresas. Un análisis de Popular Information sobre donaciones políticas corporativas encontró que 13 empresas importantes han donado más de 15 millones de dólares al NRSC, el RSLC y la RGA desde 2016.

Esta cifra es apenas una pequeñísima muestra del papel que las grandes empresas estadounidenses han desempeñado para poner fin a las protecciones constitucionales al derecho al aborto. Primero, solo incluye a 13 grandes compañías e, incluso dentro de ese reducido grupo, no incluye las contribuciones PAC (sigla de Comité de Acción Política, en español), que se donan directamente a las campañas individuales de los políticos. No incluye tampoco dinero donado al NRSC, el RSLC y la RGA por cámaras empresariales. También excluye el apoyo empresarial a organizaciones sin fines de lucro contrarias al aborto legal, como la Heritage Foundation y la Federalist Society, porque esas contribuciones no están obligadas por la ley a ser de naturaleza pública.

Pero esta cifra limitada deja en claro el papel central del dinero de las grandes empresas en la reversión inminente de Roe versus Wade, incluido el dinero de muchas corporaciones que dicen ser campeonas de los derechos y la igualdad de las mujeres, como las que aparecen en la siguiente lista.

Amazon: El CEO de Amazon, Andy Jassy, afirma que la compañía promueve «la igualdad de género y el empoderamiento en el lugar de trabajo, el mercado y las comunidades». El lunes, Amazon anunció que «pagará anualmente [a sus empleados] hasta 4 mil dólares en gastos de viaje por tratamientos médicos que no impliquen riesgo de vida, incluidos abortos». La asignación se aplicará «si una operación no está disponible en un radio de 160 quilómetros de la casa de un empleado». Pero desde 2016, Amazon ha donado 974.718 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 75 mil al NRSC, 789.718 a la RGA y 110 mil al RSLC.

AT&T: En el Informe de Diversidad, Igualdad e Inclusión 2020 de AT&T, su CEO, John Stankey, dijo que uno de los «valores centrales» de la compañía es «la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres». El 26 de agosto, AT&T celebró el Día de la Igualdad de la Mujer, diciendo que era «un día para reflexionar sobre los muchos desafíos que aún enfrentan las mujeres en nuestra sociedad para lograr la equidad». La compañía dijo públicamente que «las mujeres empoderadas son claves para el éxito de sus comunidades». Pero, desde 2016, AT&T ha donado 1.472.827 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 330 mil al NRSC, 984.827 a la RGA y 158 mil al RSLC. AT&T también ha sido uno de los principales donantes PAC de políticos estatales individuales que impulsan la prohibición del aborto.

Citi: La compañía financiera dice que «está tomando medidas para promover la equidad de género dentro de sus oficinas y en las comunidades de todo el mundo». En un informe de 2017, Citi dijo que uno de los obstáculos que frenan a las mujeres en la economía son las «restricciones a sus derechos reproductivos». La compañía dice querer crear un mundo donde «los derechos de las mujeres sean reconocidos y las mujeres estén empoderadas para ser participantes libres e iguales en una economía global robusta, sostenible e inclusiva». En marzo, Citi anunció que «cubriría los costos de viaje de los miembros del personal radicado en Estados Unidos que tienen que viajar fuera de su estado de origen para practicarse un aborto». Pero, desde 2016, Citi ha donado 685 mil dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 90 mil al NRSC y 595 mil al RSLC.

Coca-Cola: La empresa dice que «existe evidencia abrumadora de que lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres tiene amplios efectos buenos para la sociedad». Pero, desde 2016, Coca-Cola ha donado 2.624.000 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 105 mil al NRSC, 2.325.000 a la RGA y 194 mil al RSLC.

Google: «Luchamos por un futuro donde haya equidad en todo el mundo, igualdad de oportunidades para el éxito en todos los campos y donde las mujeres estén seguras tanto online como en el mundo físico», ha dicho la compañía. El 8 de marzo, Google tuiteó que está «trabajando para ayudar a las mujeres a priorizar sus necesidades, poniendo énfasis en su seguridad y salud, creando oportunidades equitativas y celebrando sus logros». Pero, desde 2016, Google ha donado 525.702 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 195 mil al RSLC, 225.702 a la RGA y 105 mil al NRSC.

Walmart: La cadena de retail dice estar comprometida «a celebrar, desarrollar y animar a las mujeres de todo el mundo, tanto dentro de la empresa como en las comunidades a las que esta sirve». En 2019, la compañía tuiteó que «empoderar a las mujeres crea valor compartido: es bueno para la sociedad y es bueno para los negocios». Pero, desde 2016, Walmart ha donado 1.140.000 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 755 mil a la RGA, 195 mil al NRSC y 190 mil al RSLC.

Otros grandes contribuyentes a comités partidarios contrarios al aborto legal incluyen a General Motors (2.405.900), Comcast (1.869.604), CVS (1.380.000), Verizon (901.150), Walgreens (496.700), Wells Fargo (471.800) y T-Mobile (343.400).

Por Judd LegumRebecca Crosby
6 mayo, 2022

(Publicado originalmente en Popular Information. Traducción de Brecha.)

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En riesgo, el aborto legal en Estados Unidos

Washington. Un borrador de opinión que circuló entre los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos sugiere que en febrero la mayoría de ellos apoyó la anulación del histórico caso de 1973 Roe v. Wade que legalizó el aborto en todo el país, según un informe publicado anocheen el portal Politico.

No está claro si el borrador representa la última palabra de la Suprema Corte sobre el asunto.

Ningún proyecto de decisión en la historia moderna del máximo tribunal se había hecho público mientras un caso estaba pendiente, por lo que significa una revelación sin precedente, señaló el New York Times.

Politico publicó lo que se denominó un "primer borrador" de la "opinión de la Corte" en un caso que impugnaba la prohibición del aborto en Misisipi después de 15 semanas, caso conocido como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Según el borrador, la corte anularía la decisión del caso Roe v. Wade para un derecho constitucional federal al aborto. La opinión sería la decisión de este tema más importante en décadas y transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos, indicó CNN.

El impacto inmediato del fallo, tal como está redactado, permitiría que cada estado decidiera si restringe o prohíbe los abortos, reportó el portal.

La Suprema Corte aún tiene que emitir un fallo en el caso, y se sabe que las opiniones, e incluso los votos, cambian durante el proceso de redacción. Se espera que el tribunal se pronuncie antes de que concluya su mandato, a finales de junio o principios de julio.

El borrador está firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de 6-3 de la Suprema Corte.

"Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", señala el borrador. "Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo".

Politico dice que autentificó el borrador, pero la agencia Ap no pudo confirmar su veracidad.

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Jenny al lado del recuerdo vivo de su hijo. Foto por Angélica Bohórquez.

“Tribunal popular busca justicia para las doce víctimas de la represión en Siloé, dice Isabela Albán

 

El martes 3 de mayo se instala en Cali el Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’, que escuchará los testimonios de familiares de las doce personas de este sector de la capital del Valle asesinadas en la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo caleño.

En el Tribunal Popular, que contará con jueces internacionales, también serán escuchados testimonios de familiares de muchas otras de las 48 personas asesinadas por la Fuerza Pública en Cali y de los afectados por las violaciones masivas de derechos humanos en las que incurrieron agentes del régimen de Duque en la represión contra los participantes en el Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021.

La instalación del Tribunal se efectuará a las 5:00 p.m. del martes 3 de mayo, en el Parque de la Horqueta de Siloé, sur occidente de Cali.

Entre el 4 de mayo y el 8 de septiembre se hará el acopio de pruebas y la contrastación de evidencias, en tanto que el 9 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de juicio, acusación e impugnación.

El 10 de diciembre se conocerá la sentencia de este juicio social, orientado a evitar que haya impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas a órdenes del gobierno de Duque.

Impulsan este ejercicio de control y justicia social los familiares de las víctimas, el Museo Popular de Siloé, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Unicatólica, el colectivo Nomadesc, el movimiento N21 Incluyente y Diverso y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos.

El Tribunal cuenta también con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali, la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Asociación Americana de Juristas (Capítulo Colombia), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo 28A, entre muchas otras organizaciones, además de varias instituciones internacionales.

PERIODISMO LIBRE dialogó sobre el Tribunal con la socióloga Isabella Albán H., integrante del Museo Popular de Siloé y una de las organizadoras del certamen, quien sostuvo que el evento procura, entre otros objetivos, que haya justicia para la memoria de las doce personas asesinadas en la represión llevada a cabo por los órganos armados del Estado contra la comunidad de Siloé entre abril y junio de 2021.

El Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’ se cumple al conmemorarse un año de iniciado el Paro Nacional y el levantamiento social contra las políticas neoliberales y violatorias de los derechos humanos del gobierno de Duque.

La Operación Zapateiro hace referencia al plan que anunció el régimen a través del comandante del Ejército, general Enrique Zapateiro, quien sostuvo ante Duque que en una semana “recuperaría el orden en Cali”, anunció que tuvo terribles consecuencias que serán objeto de documentación en el Tribunal Popular de Siloé.

Cali, domingo 1 de Mayo de 2022.

Periodismo libre

 

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Lunes, 02 Mayo 2022 05:49

1º de mayo

Trabajadores de Amazon se manifiestan ayer en Manhattan, Nueva York. Los emplea-dos de una planta de la megaempresa se sindicalizaron hace un mes, lo que retumbó en Estados Unidos, ya que desafiaba los pro-nósticos de políticos y líderes sindicales de que era casi imposible, y ahora hay esfuerzos para replicar eso por todo el pais. Foto Afp

La primera victoria laboral contra la empresa del segundo hombre más rico del país y la ola de triunfos en decenas de tiendas Starbucks a favor de la sindicalización de trabajadores –todo a pesar de esfuerzos antisindicales multimillonarios– en las últimas semanas nutre la esperanza de que los mártires de Chicago están resucitando, una vez más.

El Día de los Trabajadores, que nació con el movimiento por la jornada de ocho horas encabezado por anarcosindicalistas y otros trabajadores rebeldes –muchos de ellos inmigrantes– hace 136 años en Chicago y que se festeja por todas partes del planeta no se celebra oficialmente en Estados Unidos. Pero fueron justo los trabajadores inmigrantes que rescataron la memoria de los mártires de Chicago para los estadunidenses, empezando en el movimiento de millones en la primavera de 2006 –incluyendo el primero de mayo– con marchas y eventos que continúan hasta hoy día en esa fecha.

El extraordinario triunfo de trabajadores en la ciudad de Nueva York que votaron a favor de sindicalizar por primera vez una planta de la megaempresa Amazon en un sindicato independiente llamado Amazon Labor Union hace un mes retumbó alrede-dor del país ya que desafiaba los pronósticos de políticos y líderes sindicales de que tal logro era casi imposible, y ahora hay esfuerzos para replicar eso por todo el pais. Por otro lado, el primer triunfo de trabajadores de Starbucks para sindicalizar una de las miles de tiendas de esa empresa en diciembre, en Búfalo, Nueva York, se está multiplicando (trabajadores en más de 170 tiendas han solicitado una elec-ción sindical) y a la fecha ya son 44 las tiendas que han votado por agremiarse en el nuevo sindicato de Starbucks Workers United. Muchos de estos esfuerzos están encabezados por jóvenes.

A la vez hay triunfos en varios otros sectores en los últimos meses, por ejemplo los casi 500 trabajadores de tecnología del New York Times votaron por agremiarse, al igual que los trabajadores del Instituto de Arte de Chicago.

Sólo en los últimos seis meses se ha registrado un incremento de 57 por ciento en el número de trabajadores y agrupaciones laborales que formalmente exigen ser representados por un sindicato, reporta Reuters.

También hay acciones sin precedente, como el piquete flotante de huelguistas ante una refinería de Chevron en Richmond, California, donde se busca que los buques no crucen esa línea, es resultado de una nueva alianza entre el sindicato siderúrgico United Steelworkers y la organización ambientalista Greenpeace.

Todo esto en el momento mas débil del movimiento sindical en casi un siglo resultado de una ofensiva neoliberal durante los últimos 40 años que ha logrado reducir la tasa de sindicalización del sector privado a sólo un 6 por ciento, y con un incremento dramático de la concentración de riqueza sin precedente entre el uno por ciento más rico.

Pero lo de Amazon y Starbucks no salió de un vacío, ya que a lo largo de la última década hubo estallidos y rebeliones laborales, incluyendo la ola de huelgas de maestros en 2018 y 2019 en varios estados, acciones de trabajadores del sector de comida rápida en todo el país por un salario mínimo digno de 15 dólares la hora (el salario mínimo oficial de 7.25 dólares no ha sido modificado en décadas), nuevos sindicatos universitarios y hasta huelgas dentro de prisiones en 17 estados por reos obligados a trabajar por un dólar la hora, y acciones mas tradicionales, como la huelga de más de un año de los mineros en Alabama.

"Desde baristas hasta trabajadores de almacenes y maestros hay algo común, una clase trabajadora machacada década tras década. A través del país, gente trabajadora rehúsa ser pieza en el engranaje de la máquina de la clase multimillonaria. Este primero de mayo recordemos el poder de nuestra solidaridad y concluyo que cuando los trabajadores en nuestro país y alrededor del mundo se juntan, no hay nada que nos puede detener en la lucha por la justicia".

Almanac Singers. Talking Union. https://open.spotify.com/track/0yuKuvDJlOf4GjUtf3OPjf?si=3a90eecd2e824c35

Bruce Springsteen, Tom Morello. Ghost of Tom Joad. https://www.youtube.com/watch?v=B-c6GphpAeY

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Estados Unidos: medidas draconianas para la crisis migratoria que se aproxima

El presidente Biden se juega en la frontera con México las chances del Partido Demócrata en las elecciones de medio término que se harán el 8 de noviembre.

Estados Unidos no puede superar el viejo problema de su frontera sur. Sigue limitado al uso de dos herramientas punitivas ante cada crisis migratoria que se le viene encima. Son la deportación inmediata de indocumentados o su detención durante varios meses en una cárcel ordinaria. No incluye este racconto la ampliación del muro que lo separa de México. La primera medida llamada Título 42 es hija de las políticas xenófobas de Donald Trump que se exacerbaron con la pandemia. Es muy posible que pierda vigencia el 23 de mayo si el gobierno de Joe Biden no la mantiene. Con lo que podrían suceder dos cosas: un aumento en el flujo de personas desde Centroamérica y el endurecimiento todavía mayor de otros dispositivos para frenarlas. Si la situación se volviera explosiva en el hemisferio norte camino al verano, el Partido Demócrata estaría en aprietos para mantener la módica ventaja que conserva en las dos cámaras del Congreso. 

El 8 de noviembre son las elecciones de medio término. El debate sobre la inmigración es un tema no saldado y hay republicanos que siguen aplicando mano dura como el gobernador de Texas, Greg Abbott. Su operación Estrella Solitaria (Lone Star) le permite realizar arrestos indiscriminados bajo cualquier cargo. Medios estadounidenses denunciaron que aun pagando fianza, hubo detenidos que no fueron liberados. Un grupo de ellos demandó al gobernante porque consideró que su estrategia para la frontera es inconstitucional.

Si se trazara una línea de tiempo en políticas migratorias, ni todos los demócratas han sido condescendientes con el fenómeno, ni la intolerancia es una condición exclusiva del Partido Republicano. El ejemplo clásico que suele citarse es el de Barack Obama. Cuando llegó a la Casa Blanca en 2009 deportó más latinoamericanos que Trump en su primer año de gobierno. Incluso en sus dos mandatos superó la cantidad de expulsados que George W. Bush provocó en sus ocho años de gobierno. 

Título 42

Ahora el dilema de qué hacer ante un problema que puede incidir en las legislativas de noviembre, lo tiene Biden. El llamado Título 42 aprobado en 2020 durante la presidencia del magnate republicano es un instrumento legal que a EE.UU le permite deportar antes de que un migrante presente el pedido de asilo. El trámite es expeditivo y así, en lo que va del año fiscal 2022 – se lo considera a partir del 1° de octubre de 2021 – el 51 % de los migrantes detenidos por cruzar la frontera fue deportado bajo la normativa del Título 42.

La aplicaba y continúa haciéndolo, la Policía de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés) que desde el 20 de marzo de 2020 y por una cuestión de Salud Pública, impide la entrada de extranjeros que “potencialmente representan un riesgo para la salud”. Esa medida es la que hoy se está discutiendo, ya superada la peor etapa de la pandemia.

El gobierno de Biden todavía no definió qué hará porque el draconiano Título 42 es un disuasivo que no frena el incontenible flujo migratorio, pero le sirve para demorar el eventual desborde que se avecina. Especialistas en el tema ya lo vaticinan. El actual presidente había anticipado el final de la norma que permitió deportar poco más de un millón de personas en los últimos seis meses. Se basó en el criterio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que aconsejaron terminar con ella.

Pero entre quienes se oponen a la derogación del Título 42 se encuentra el gobernador texano. Abbott es un halcón republicano que el 3 de junio de 2021 ya había declarado en la cadena ultraconservadora Fox News: “Sigo la ley, y la que voy a usar será la forma legal en la que Texas comenzará a arrestar a todos los que crucen la frontera. No solo arrestarlos, sino que debido a que esto ahora será un allanamiento de morada con agravantes, pasarán medio año en la cárcel, o un año”.

La amenaza la puso en práctica bajo lo que se conoce como la operación Estrella Solitaria (Lone Star). Una investigación de los medios ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project aporta evidencias sobre presuntas irregularidades cometidas por Abbott con dinero público para mantener blindada la frontera de su estado, Texas.

Quienes padecen todavía el Título 42 o la incipiente política contenida en Lone Star, son los inmigrantes mexicanos o que provienen del denominado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y Salvador. Para justificar las medidas contra ellos, Abbott se basa en que “Biden no está asegurando la frontera, el estado de Texas tiene que intensificar y gastar el dinero de los contribuyentes para hacer el trabajo del gobierno federal”.

Los medios que investigaron a Abbott publicaron que la operación Estrella Solitaria “ha contado arrestos por delitos sin conexión con la frontera e incluido recuentos de drogas capturadas en todo el estado en comunidades que no recibieron recursos adicionales de la iniciativa”. Los movimientos del gobernador que va por su reelección – y es muy crítico de Biden – continuarán hasta el 31 de mayo.

El republicano se opone a que el Título 42 desaparezca porque sería una decisión “sin precedentes y peligrosa”. También declaró: “Texas tomará sus propias medidas sin precedentes este mes para hacer lo que ningún estado de EE.UU ha hecho jamás en la historia de este país y asegurar mejor nuestro estado y nuestra nación”.

El gobernador es un dinosaurio cuyos planes contra la inmigración incluyen una batería de medidas adicionales: bloqueos de botes en el Río Grande, la colocación de alambres de púas en cruces de aguas bajas y autobuses financiados por el Estado para que trasladen a los solicitantes de asilo hasta el Capitolio en Washington. Aclara, “de forma voluntaria”, una manera de trasladarle el problema al gobierno federal que ejerce Biden.

Hoy los detenidos se cuentan por miles y las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos son reflejadas en medios de los estados fronterizos. El viernes, el presidente de EE.UU llamó a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. La conversación duró 45 minutos e incluyó los problemas migratorios irresueltos. La portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki declaró: “Fue planeada en parte por la Cumbre de las Américas y también por el próximo levantamiento del Título 42 y la anticipación y expectativa del Departamento de Seguridad Nacional sobre el aumento de la afluencia de migrantes que intentan cruzar la frontera”. Las oleadas de desesperados no se detendrán. Los esperan para esta primavera en Estados Unidos. Biden se juega en su frontera sur el futuro de su gobierno en los próximos dos años.

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Los falsos positivos, problema de fe y problema de todos

Durante los días 26 y 27 de abril, en Ocaña, tuvo lugar una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y lo que allí se dijo dejó estremecida a la Colombia sensible.  9 militares y un civil que colaboraba con ellos confesaron crímenes de lesa humanidad y dejaron patente lo que tanto se ha tratado de negar, y es que una estructura criminal se incrustó en nuestro ejército colombiano, y fue esa la que dio lugar a 6.402 ejecuciones extrajudiciales, aquí conocidas como “falsos positivos”,  y esto atendiendo sólo a los casos que han llegado al registro del mencionado tribunal, y es que, según los familiares de los desaparecidos, son todavía muchísimos más.  Después de lo que oímos no hay más lugar a negacionismo y los familiares saben que apenas empieza a destaparse lo que todos tenemos que saber y echarnos a la conciencia para poder construir un nuevo país.

Los militares confesaron que para tener contento a un gobierno que pedía resultados, esto es bajas, y presionaba para poder demostrar que ganaba la guerra, recurrieron a reclutar muchachos inocentes, a llevárselos con promesas de trabajo, y mientras todo esto lo hacían unos, los otros preparaban la escena de un supuesto combate, conseguían los uniformes de guerrilleros que les pondrían después de asesinarlos, se proveían de las armas que habría que dejar en los puños de los muertos y hacían los documentos para certificar su “triunfo”, los tenían unos días en casas que se prestaban para ello, y el día acordado los asesinaban borrando todo rastro de su identidad para que sus seres queridos no los encontraran.  Y la cosa no terminaba ahí, después de presentar los resultados, los asesinos recibían dinero, vacaciones, ascensos, condecoraciones, “la gloria militar”.

Víctima es la palabra que usamos para designar lo que se sacrifica en un altar, lo que se le ofrece a un ídolo.  Sólo los ídolos piden víctimas, Dios que es padre, no las quiere y no quiere la sangre de nadie;  si hay víctimas en Colombia es que hay ídolos puestos sobre nuestros altares y están diciéndonos, con sus gritos y su muerte, que, incluso cuando vamos a los templos y hacemos caridad, estamos no delante de Dios sino de muchos ídolos.  Dios es uno, los ídolos son muchos, son legión. Sangre derramada es siempre señal de ídolos apaciguados. Entonces, ¿cuáles son esos ídolos que nos han pedido sobre sus altares 6.402 “falsos positivos” y que se siguen tragando la sangre de 9.263.826 víctimas contadas en el Registro Único de Víctimas (RUV)? ¿Mientras las rodillas de las mayorías cristianas y católicas se doblan en los templos, delante de quien se arrodillan los corazones?

Hay una palabra que puede señalarnos la identidad de uno de estos ídolos, y es “seguridad”.  La invocamos a menudo y nuestros gobiernos se glorían de ella; a nombre de la seguridad se impusieron las dictaduras en nuestra América Latina y se persiguió, se torturó, se desapareció, se asesinó; la seguridad como un dios al que había que apaciguar y tener tranquilo.  Y esa misma palabra, que nombra un ídolo, tiene mucha historia en Colombia, y sigue siendo clave para atraer adoradores en la campaña electoral de estos días. 

Todo lo que promete un ídolo es mentira y aquí en esta palabra si que hay mentiras; por lo que hemos oído en la audiencia de esta semana llegamos a saber que la tal seguridad era sólo una falacia para cuidar capitales, pero no para cuidar a la gente.  Los dueños de fincas y de las empresas se arrodillaban ante la seguridad que les ofrecían los militares que cuidaban las carreteras para que pudieran salir a visitar sus predios, a hacer sus negocios y a divertirse, y desconocían, o ni les interesaba, que  muchachos desempleados y en la miseria no pudieran salir  a buscar trabajo porque los reclutaban miembros de las mismas fuerzas armadas para asesinarlos, vestirlos de guerrilleros, perder sus documentos, incluidas sus libretas militares, y lograr presentarlos como NN. muertos en combate, y como suceso de estrategia militar. La seguridad, ese dios al que los gobernantes y militares, ofrecían su culto, y al seguir negándololo siguen haciendo, puso la muerte en una institución que está para cuidar la vida de todos los colombianos.

Todo esto de los “falsos positivos” es para los creyentes, para los que seguimos a Jesús, no sólo un problema de política, sino sobre todo un problema de fe; no es un problema de los militares, sobre los que cae una tremenda responsabilidad, es un problema de todos los que hemos adorado este ídolo con la indiferencia, mirando desde lejos, alegando que los sacrificados “no estarían cogiendo café” y que “quién sabe en qué cosas andarían para que les haya pasado lo que los pasó”, gozando del privilegio de comer tres veces al día y sin interesarnos por los 21 millones de personas que en este país se ubican en la pobreza.  Sí, esto de los falsos positivos es problema de todos y es problema de fe.

Seguir adorando la seguridad pedirá siempre más víctimas, acaba de pasar la masacre del Putumayo, que nos da indicios de que todavía estamos arrodillados ante este altar de muerte.  El culto que Dios pide, si queremos ser coherentes con la fe que decimos profesar las mayorías colombianas, es el cuidado, cuidar de los más vulnerables, de los más pobres; por algo la palabra culto es pariente de la palabra cuidado.  Dar culto a Dios es cuidar lo que Dios cuida y Dios cuida a los pobres; hay pues que pasar de la seguridad al cuidado; del cuidado vendrá entre otras cosas seguridad, pero no como un ídolo para adorar, sino como un fruto para gozar esta vida y vivirla como hijos e hijas de Dios. La gloria de la patria no es inmarcesible, como cantamos orgullosos en el himno nacional, y aquí, asesinando así a estos muchachos, oficiando al dios seguridad, sí que se ha marchitado.  Mientras busquemos la seguridad de los capitales y no cuidemos de la vida de los más pobres seguiremos en estos altares de muerte y terminaremos todos sacrificados. La gloria que no se marchita es la de Dios, y esta no es otra que la vida de los pobres.

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