Los camioneros continúan protestando contra los mandatos de vacunación en el centro de Ottawa, Ontario, Canadá. — ANDRE PICHETTE / EFE

Las autoridades impondrán multas de hasta 79.000 dólares estadounidenses y penas de no más de un año de prisión para aquellas personas que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos en la región. 

 

El Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, en la que se encuentra Ottawa, ha declarado este viernes el estado de emergencia. Este viene motivado por las protestas de camioneros contra las medidas preventivas de coronavirus en Canadá y que tienen bloqueada la vía principal para el tráfico de mercancías que conecta su país con EEUU. 

Así lo ha anunciado el primer ministro de la región, Doug Ford, en una rueda de prensa. Ford, además, ha señalado que las autoridades pertinentes impondrán multas de hasta 100.000 dólares canadienses (79.000 dólares estadounidenses, aproximadamente) y penas de hasta un año de prisión para aquellos que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos. 

Ford ha hecho estas declaraciones en el quinto día de bloqueo de la principal vía que une Canadá con EEUU, el puente Ambassador. Aunque poco antes de que el ministro hiciera su anuncio, los manifestantes han permitido la apertura de uno de los carriles para el tránsito de dicho puente. 

A través del puente Canadá y Estados Unidos quedan conectados por las localidades de Windsor y Detroit y, a través de él, transitan diariamente mercancías por valor de 400 millones de dólares

Grandes daños en ambas economías

El bloqueo ha motivado que las economías de ambos países estén sufriendo las consecuencias. Empresas multinacionales de la talla de General Motors (GM), Ford, Stellantis y Toyota se han visto en la obligación de paralizar o, en su defecto, reducir su producción en plantas de ambos países por los problemas de suministro que está causando el bloqueo del puente. 

Pero esta vía no es la única que se ha visto paralizada por las protestas. Al menos otros dos cruces fronterizos se encuentran en la misma situación: uno en el centro y otro en el oeste de Canadá. Además, en la capital, Ottawa, cerca de 400 camiones y centenas de personas llevan ocupando desde hace dos semanas las calles próximas al parlamento canadiense.   

Por su parte, Estados Unidos, además de pedir al gobierno canadiense que trabaje para reactivar el tráfico de mercancías entre ambas naciones, ha ofrecido su ayuda para actuar en el bloqueo del puente Ambassador.

11/02/2022 17:58

 

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La lógica geopolítica bloquea la emancipación

Si observamos lo que sucede puertas adentro de las tres grandes potencias que pugnan por la hegemonía mundial (Estados Unidos, China y Rusia), veremos cómo la prioridad de las lógicas geopolíticas y las luchas interestatales estrechan los espacios de los movimientos antisistémicos y hasta la crítica a los poderes establecidos.

Cada vez que crece la tensión entre naciones, las clases dominantes se empeñan en controlar a sus sociedades, ya que la intensificación del conflicto social puede debilitarlas en sus aspiraciones globales. En estos momentos asistimos al control cada vez más asfixiante de cualquier acción social, a través de la represión directa, de la cooptación o de una combinación de ambas.

En China el poder del Partido Comunista y de un Estado autoritario aplastan cualquier movimiento de resistencia, en una nación donde el gobierno controla férreamente la sociedad civil. No existe un sindicalismo independiente del Estado, ni movimientos sociales como los que conocimos en otros periodos de la historia china, ni la posibilidad de expresar críticas abiertas a las autoridades.

Según la emisora estatal Radio Internacional, "unas mil 650 personas fallecen diariamente en China como consecuencia de trabajar en exceso", lo que supone 600 mil muertos al año (https://bit.ly/3LmdDoW). Las feministas chinas son perseguidas y encarceladas por distribuir propaganda, en una sociedad donde el poder "es paranoico respecto de todo lo que no puede controlar" (https://bit.ly/3rzpIiL).

En un excelente texto en El Sal­to, Rafael Poch de Feliu estima que tanto en Rusia como en las ex repúblicas soviéticas asiáticas, predominan oligarquías que gestionan regímenes autocráticos. La suspicacia del Kremlin ante la menor protesta social, se debe en su opinión al "miedo a una revuelta social y antioligárquica en Rusia, algo que tarde o temprano sucederá" (https://bit.ly/3oymgmG).

En países donde no existe sociedad civil autónoma y las personas están excluidas de toda participación, sin "altavoces para expresar legalmente su disconformidad", se constata la tendencia hacia "una actitud de derribo más que de reforma o enmienda del orden establecido". Acusar a los manifestantes de agentes extranjeros, es una vieja coartada que usaban las derechas en nuestras tierras contra toda oposición de abajo.

En Estados Unidos se combinan la brutal represión contra las movilizaciones de abajo (como sucedió con las protestas a raíz del asesinato policial de George Floyd), con la más sutil cooptación de los dirigentes de movimientos, para ensanchar las bases sociales del poder y debilitar las luchas.

En su Informe 2020 sobre los derechos humanos en Estados Unidos, Amnistía Internacional asegura que "al menos mil personas murieron por disparos efectuados por la policía" (https://bit.ly/3GHldai). El informe agrega que se produjeron "numerosas y flagrantes violaciones de derechos humanos contra quienes protestaban por los homicidios ilegítimos de personas negras y pedían una reforma sistémica de la policía".

Además, denuncia que "en los estados que se permitía portar armas de fuego a la vista, hubo casos de civiles armados que se enfrentaron a manifestantes con el resultado de al menos cuatro muertes". Las descripciones que hacen Amnistía y algunos medios sobre la violencia policial, son muy similares a las que se registran diariamente en algunos países latinoamericanos, como Colombia y Brasil.

En la reunión que mantuvo la vicepresidenta Kamala Harris con la presidenta hondureña, Xiomara Castro, días atrás, la primera insistió en la importancia de "combatir la violencia sexual, de género y doméstica, y que este trabajo es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de EU para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central" (https://bit.ly/3Lop4wo).

No se puede negar que son creativos: ahora el imperio exporta feminismo, mientras llueven las denuncias de violencia contra las mujeres en las fuerzas armadas. Deborah Snyder, coronel retirada de la Armada, dijo a France 24 que "80 por ciento de las mujeres soldados han sido víctima de agresión sexual" (https://bit.ly/3gzsjTI).

Estados Unidos y las derechas impulsan las "revoluciones de color" para promover cambios de régimen, apelando al feminismo y al ambientalismo, aprovechando el descontento social para derribar gobiernos que no les resultan afines.

De modo simétrico, las izquierdas en el gobierno acusan a quienes las critican de "hacerle el juego a la derecha", como juzgan en Brasil al movimiento de junio de 2013 que luchó contra la desigualdad. No olvidemos que el Ejército Revolucionario del Pueblo fusiló a Roque Dalton por "estar al servicio de la CIA", o sea por discrepar con la línea de la dirección.

Corren malos tiempos para la lucha de los de abajo. No desesperemos; la historia nos enseña, como sucedió en 1914, que los furores estatistas se desvanecen al emerger toda la indecencia de los estados y sus fuerzas represivas.

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Viernes, 11 Febrero 2022 06:12

Desde el río hasta el mar

Un activista pro Palestina pinta un cartel en protesta contra el apartheid israelí, en Johannesburgo, Sudáfrica, 2017 AFP, MARCO LONGARI

Amnistía Internacional y el apartheid israelí

La principal organización mundial de derechos humanos se sumó al creciente consenso que acusa a Israel de cometer ese crimen de lesa humanidad en todo el territorio bajo su control. Tarde, y de a poco, las denuncias palestinas comienzan a ser escuchadas.

Siempre es igual: las denuncias que la sociedad civil palestina hace durante décadas son ignoradas por la comunidad y la opinión pública internacionales… hasta que las repiten voces occidentales o israelíes; entonces por fin el mundo escucha, y cree. En el último año esas voces «autorizadas» han hablado alto y acusado a Israel de ser un régimen de apartheid. En enero de 2021, la principal organización israelí de derechos humanos, B’Tselem, dio a conocer un informe titulado significativamente: «Un régimen de supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo: esto es apartheid». En abril, Human Rights Watch (HRW) publicó un extenso informe de 224 páginas para demostrar que Israel comete los delitos de lesa humanidad de apartheid y persecución, y abonó así la investigación abierta un mes antes por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (véase «La normalidad de Israel», Brecha, 21-V-21). Este mes, Amnistía Internacional (AI) presentó su propio informe, de 278 páginas, bajo el título: «El apartheid israelí contra la población palestina. Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad».

Las tres organizaciones dejan claro que el delito de apartheid, si bien debe su nombre afrikáner al régimen racista de Sudáfrica, está codificado en el derecho internacional. La Convención Internacional sobre el Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad que consta de tres elementos principales: 1) la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro; 2) un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo oprimido; 3) actos inhumanos cometidos por el primero hacia el segundo. Y adoptan de la Convención Internacional sobre la Discriminación Racial su definición amplia de grupo racial, que comprende no solo los rasgos genéticos, sino también la ascendencia y el origen nacional o étnico. HRW además atribuye a Israel el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo define el Estatuto de Roma: la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo, con intención discriminatoria.

UN SALTO CUALITATIVO

Más allá de sus particularidades, los tres informes coinciden en que Israel impone un régimen de apartheid sobre la población palestina en todo el territorio que controla (y no solo en los territorios ocupados en 1967). Dice B’Tselem: «En toda la región entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes, prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía de un grupo, el judío, sobre otro, el palestino». Y AI afirma: «Casi todas [las autoridades] de Israel, así como las instituciones […] participan en la aplicación del sistema de apartheid contra la población palestina en todo Israel y los territorios palestinos ocupados, y contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio».

Este cambio de perspectiva supone un salto cualitativo: las tres organizaciones elaboraron durante años informes que exclusivamente investigaban las violaciones de derechos humanos que Israel comete en los territorios ocupados en 1967: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Incluso AI y HRW han sido criticadas por poner en pie de igualdad la violencia del ocupante y la del ocupado. Ahora, en cambio, afirman –al igual que B’Tselem– que Israel impone un mismo sistema de dominación, segregación y discriminación, mediante distintos estatutos jurídicos, sobre los distintos grupos en que mantiene fragmentada a la población palestina: dentro de Israel tiene menos derechos que la mayoría judía, en los territorios ocupados no tiene ningún derecho y, desde 1948, Israel prohíbe el regreso de la que se encuentra en el exilio.

Esto echa por tierra la mitología del movimiento sionista y sus aliados en el mundo, que presenta a Israel como un país civilizado y una democracia plena, que tendría apenas un problema con algunos territorios que ocupa temporalmente y solo por razones de seguridad, pero que va a solucionar apenas se den las condiciones. No importa que esa ocupación temporal dure ya 54 años ni que los líderes israelíes lleven más de una década explicitando que no van a devolver los territorios ocupados y que nunca existirá un Estado palestino.

ALCANCES Y LÍMITES

El informe de AI contiene dos aspectos que lo hacen notable respecto a los de B’Tselem y HRW. En primer lugar, afirma que Israel desarrolló este sistema de dominación desde su misma creación, en 1948, como Estado judío, mediante la limpieza étnica y la destrucción de 500 localidades palestinas (lo que los palestinos llaman la Nakba), con la intención de apoderarse de la tierra y los recursos naturales –que en un 90 por ciento estaban en manos palestinas– y de sustituir a la población árabe –que era, en 1948 y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi el 70 por ciento del total– por población judía inmigrante.

Además, destaca un hecho a menudo soslayado: como elemento central de su estrategia demográfica, Israel niega el derecho al retorno de la población refugiada. Al subrayar su derecho al retorno, AI recoge el reclamo palestino de que este es central para acabar con el apartheid.

No obstante, las críticas palestinas han señalado que ninguno de los tres informes mencionados se atreve a recordar que el apartheid es inseparable del colonialismo ni que en la base de ambos está el sionismo, en tanto ideología racista y supremacista. La semana pasada, Adalah Justice Project, una organización de derechos humanos palestina en Estados Unidos, preguntó a AI a través de Twitter: «¿Es posible acabar con el apartheid sin acabar con el proyecto colonial de asentamiento sionista?».

La doctora en política y estudios internacionales palestina Lana Tatour fue categórica en una reciente columna en Middle East Eye: es fundamental «incluir el reconocimiento del sionismo como la ideología racial que impulsa el colonialismo de asentamiento y el apartheid en Palestina. Negarse a reconocer los fundamentos raciales del sionismo al hablar del apartheid israelí es como negarse a abordar la supremacía blanca al hablar del movimiento Black Lives Matter». Y el activista Mohammed El-Kurd, mundialmente célebre como vocero del barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén, sostuvo, a propósito del asesinato de tres palestinos en Nablus esta semana: «Aquí es donde el análisis del apartheid se queda corto: el proyecto colonial sionista en Palestina siempre ha consistido en eliminar a los nativos y su resistencia».

CRONOLOGÍA DE UNA MALA PALABRA

En cambio, la sociedad civil palestina lleva décadas describiendo y denunciando el apartheid israelí como producto del colonialismo y de la ideología racista del sionismo. En su comentario al informe de HRW, en un ensayo publicado por el European Journal of International Law, la abogada de derechos humanos y profesora adjunta de estudios internacionales en la Universidad Rutgers Noura Erakat señala que el intelectual palestino Fayez Sayegh desarrolló en los sesenta una teoría sobre el componente racista del colonialismo de asentamiento sionista, plasmada luego en la resolución 3.379 de la Asamblea General de la ONU (1975), que condenó al sionismo como una forma de racismo (y que fue rescindida en 1991 como parte de los compromisos de Oslo). Erakat también reseña los trabajos publicados en 2008 por una serie de ONG palestinas de derechos humanos, así como el documento estratégico de la sociedad civil palestina organizada en el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para la Conferencia de Revisión de Durban (Ginebra, 2009).

Un mérito indudable en el reconocimiento internacional del apartheid sufrido por el pueblo palestino lo tiene el movimiento BDS, que desde 2005 denuncia las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que rigen dentro de Israel, en los territorios ocupados y en el exilio. Los informes de B’Tselem, HRW y AI deben verse en el contexto de esos esfuerzos palestinos sostenidos por más de 20 años ante organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la CPI. La criminalización israelí de las principales organizaciones palestinas de derechos humanos (véase «Algo habrán hecho», Brecha, 4-XI-21) demuestra la eficacia de esa labor para hacer visible el apartheid.

En 2009, el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica publicó un extenso informe titulado «Occupation, Colonialism, Apartheid?: A re-assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international law», en el que expertos y organizaciones internacionales (incluyendo las ONG palestinas Al-Haq y Adalah) analizan las prácticas israelíes según las definiciones de colonialismo y apartheid a la luz del derecho internacional. En 2011, fue la sesión del Tribunal Russell sobre Palestina llevada adelante en Sudáfrica la que acusó a Israel de practicar el apartheid.

En la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial acusó a Israel de practicar el apartheid en los territorios ocupados en su informe de 2012. En el de 2019, extendió la acusación a todo el territorio israelí. En un exhaustivo informe de 2017, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental describió el régimen de apartheid israelí. La presión de Israel obligó al secretario general de la ONU, António Guterres, a retirar el informe de la web de la comisión, lo que llevó a la renuncia de su directora, la jordana Rima Khalaf; no obstante, conceptos claves expuestos allí, como el de ingeniería demográfica, han sustentado los trabajos posteriores.

También acusaron a Israel de aplicar el apartheid los líderes sudafricanos Nelson y Winnie Mandela, el expresidente de Sudáfrica Kgalema Motlanthe, varios legisladores de ese país (incluyendo a Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto del expresidente), el exministro sudafricano Ronnie Kasrils (judío y militante de la causa palestina) y el arzobispo y premio nobel de la paz Desmond Tutu. El prestigioso jurista John Dugard, también de origen sudafricano, durante su mandato como relator especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados afirmó en un informe de 2007 que las prácticas israelíes tenían características de colonialismo y apartheid, tesis que desarrolló en un trabajo académico en 2013.

Paradójicamente, ya el ex primer ministro y fundador de Israel David Ben Gurion había advertido tras la ocupación de 1967: «Será mejor que Israel se deshaga de los territorios y de su población árabe lo antes posible. Si no lo hace, se convertirá pronto en un Estado de apartheid». En 1976 el entonces premier, Isaac Rabin, hizo una advertencia similar. En 2007 el primer ministro, Ehud Olmert, y en 2010 su par, Ehud Barak, advirtieron que si no se negociaba una solución de dos Estados con los palestinos, Israel se enfrentaría a una lucha al estilo de la sudafricana y sería el fin del Estado judío.


Recuadro

 

Revisar los vínculos

Reconocer que existe un apartheid en el siglo XXI tiene consecuencias legales y políticas. Por eso Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) terminan sus informes con exhaustivas recomendaciones dirigidas al Estado de Israel, a la Autoridad Palestina (a la que AI llama a suspender su «coordinación de seguridad» con Israel), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Unión Europea, a la Corte Penal Internacional, a Estados Unidos, a los demás Estados y a las empresas implicadas en la región para que reconozcan el apartheid y actúen en consecuencia.

Al igual que HRW, y en línea con lo que la sociedad civil palestina venía exigiendo desde hace años, AI pide a la ONU que, así como jugó un rol clave para acabar con el apartheid sudafricano, nombre un enviado o un comité específico para investigar el apartheid israelí y restablezca el funcionamiento del Comité Especial contra el Apartheid, que dejó de funcionar en 1994.

Además, exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer diversas sanciones selectivas a Israel. La principal de ellas –que reclama desde hace años– es un embargo militar total. Llama también a todos los Estados a cortar sus vínculos militares con Israel, así como a revisar los vínculos comerciales y de otra índole que mantengan con ese país, y a presionar diplomáticamente para que Israel cumpla las múltiples recomendaciones del informe.

Que los informes de B’Tselem y de HRW no despertaran una reacción tan furibunda de Israel como lo ha hecho estos últimos días el de AI puede deberse precisamente al peligro que supone una organización orientada a hacer campañas globales, con miles de activistas y grupos locales repartidos por todo el mundo (véase en este número «De los síntomas a las causas»). De cobrar fuerza, podría ser un respaldo sin precedentes para el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que lleva casi dos décadas impulsando campañas. El momento sudafricano no llegó aún para Palestina, pero hoy se ve mucho más cerca.

11 febrero, 2022

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La vivienda no puede estar sometida a la lógica financiera

Una entrevista con Raquel Rolnik


Conversamos con Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña, sobre la necesidad de impulsar programas de vivienda que respondan a las necesidades de la gente y que se apoyen en las iniciativas populares.

 

Raquel Rolnik es una arquitecta y urbanista brasileña. Lleva más de cuarenta años como investigadora en la academia pero también como activista por los derechos humanos en la participación de políticas de planeamiento, urbanismo y el problema de la vivienda. A su vez, ha sido impulsora de las políticas de vivienda popular, urbanismo y desarrollo local en el marco del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) encabezado por el expresidente Lula Da Silva. Entre 2003 y 2007 fue Secretaria nacional de los Programas urbanos del ministerio brasileño de las Ciudades.

En mayo de 2008, en plena crisis financiera hipotecaria, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU la nombró Relatora Especial de las Naciones Unidas en lo que respecta a vivienda durante seis años. En ese rol, la investigadora evaluó y acompañó las denuncias de violaciones de Derechos Humanos en materia de vivienda.

Recientemente se realizó el lanzamiento en Argentina de su último libro La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas, coeditado por la Editorial El Colectivo y Lom Ediciones con apoyo de la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo. Desde Jacobin América Latina pudimos conversar con Rolnik en torno a la producción de la ciudad en el actual contexto y las posibles alternativas populares que responden a la financiarización del derecho a la vivienda.

CP

Tu último libro, La guerra de los lugares, recientemente publicado en la Argentina, resulta un material imprescindible para repensar la ciudad y entenderla en el entramado de relaciones de poder. Allí hablas de la colonialidad del poder y de cómo impacta a través de las finanzas globales ¿Por qué es importante hablar del poder colonial hoy?

RR

Toda la trayectoria del libro La guerra de los lugares ha salido de mi experiencia como Relatora Especial para el derecho a la vivienda adecuada para el Concejo Derecho Humanos de Naciones Unidas (ONU) a partir de 2008 que, justamente, coincidió con la crisis financiera hipotecaria. Entonces, al intentar investigar las razones y los orígenes de la crisis financiera hipotecaria, mientras hacía mi trabajo de relatora, recorriendo distintos países del planeta, me di cuenta de que estábamos ante de un proceso global, por encima de todos los procesos particulares y sus territorios.

Ahí lo tomé como una metáfora —que al final no era tanto— como una ocupación territorial del espacio construido por las finanzas. De tal manera que estamos hablando de un nuevo poder colonial ¿Por qué la idea de colonialidad es importante para intentar avanzar en nuestra comprensión de ese fenómeno? Porque estamos hablando de una triple ocuoación: material, política y cultural. Se trata de una ocupación material, porque todas las partes del territorio del planeta son capturadas por una lógica de ocupación y de gestión del lugar instaurada a través de regímenes privados de control territorial con el objetivo de generar interés para el capital invertido.

Pero es también una ocupación política, porque, por ejemplo, en Brasil, cada vez que se discuten políticas públicas nacionales se anuncia en los medios: «El mercado está nervioso». Pero, ¿qué es que el mercado «se ponga nervioso»? Es el mercado financiero. Hay algo más allá, que es abstracto, que no tiene vínculos con los territorios pero que se superpone sobre las dinámicas existentes, las controla y somete políticamente. Porque, por los «nervios» del mercado, caen presidentes, primeros ministros, coaliciones políticas, entonces es una ocupación política también.

Y finalmente, siguiendo con la metáfora de la colonialidad, esta también es una ocupación cultural. Es una imposición de ciertas maneras de organizar espacio de nuevo, si tomamos un ejemplo como los centros comerciales los shoppings centers, qué son sino una nueva manera de organizar sociabilidad y también ligadas a procesos de consumo. La imposición cultural de una manera de vivir, de una manera de existir, de estar en el planeta. La idea de colonialidad va mucho más allá de la idea del colonialismo, como algo que estuvo en el pasado. Estamos hablando de una renovación del concepto y de la presencia colonial en el planeta.

CP

En el libro, también, mencionas que el alquiler es «la nueva frontera de financiarización de la vivienda». ¿Qué lugar ocupa el mecanismo de alquiler en el sistema financiero y cuáles deberían ser las respuestas de los gobiernos?
 

RR

Es muy interesante mirarlo desde el proceso de acumulación y financiación de la vivienda. Lo que hemos podido observar en el ciclo anterior, que ha llevado hasta la crisis financiera hipotecaria, fue la promoción de la vivienda en propiedad como algo nuevo. Porque, si bien en algunos países de la socialdemocracia donde las luchas históricas de las y los trabajadores habían construido la idea de vivienda como un campo de inversión en vivienda social como una realidad, en muchos otros países fue una ilusión, como en el caso de América Latina. Pero, incluso como ilusión, también ahí estaba este cambio de que la vivienda no es un derecho social, no es parte de una política de bienestar —ya sea como realidad o como ilusión— para convertirse en una mercancía, en un activo financiero, y así han sido promovidas políticas muy amplias de inducción a la promoción de vivienda y propiedad vía crédito inmobiliario e hipotecario en todo el mundo, incluso movilizando mucho subsidio público en estas operaciones.

Las vivienda pasó a ser como un elemento de pasaje del circuito financiero, de los excedentes financieros para poder lograr interés y la vivienda. Entonces se convirtió en un activo y fue promovido también culturalmente, de tal manera que a partir de la vivienda como garantía se puede endeudar y financiar el consumo pero también financiar derechos. Es decir, financiar la educación paga, la salud privada y también como parte de la inversión de los sistemas privados de pensión, o sea, poner todo esto en un circuito permanente de valorización financiera y endeudamiento.

CP

¿Y cuál fue el resultado?

RR

El resultado de este primer ciclo fue una concentración enorme de lucros en gestores financieros y un ciclo de desposesión con la pérdida del valor, con la quiebra de constructoras, con ejecuciones hipotecarias. Estoy hablando mucho del proceso norteamericano. Pero después de este ciclo, el mismo modelo de promoción de vivienda y propiedad vía crédito inmobiliario también ha sido aplicado en la periferia del capitalismo. Esto lo vemos claramente a partir del modelo chileno, que luego se difundió en América Latina, en África, en varias partes de la periferia del capitalismo.
Claro que ni siquiera en la periferia del capitalismo de Europa y Estados Unidos han logrado acabar con el problema de la vivienda o el hecho de que mucha gente no tiene donde vivir o no tiene condiciones de pagar donde vivir y, por lo tanto, hay una nueva ola por todo lo que significó la emergencia habitacional en países del centro del capitalismo, toda una nueva ola de inversión la vivienda en esta segunda ola de alquiler.

El alquiler como un nuevo frente de financiarización de la vivienda, los mismos agentes financieros, gestores de finanzas globales que han sido involucrados en la promoción de la vivienda en propiedad, ahora se han convertido en señoríos, propietarios, corporativos de miles de viviendas de alquiler. Y ahora, en términos de política pública otra vez existe una promoción masiva en todas partes del mundo de la idea de que «hay que tener un sector profesional, corporativo de alquiler». Un poco con esto, abriendo el campo —que es exactamente lo que los Estados hacen— para esta nueva fuente financiera.

A su vez, fenómenos como el Airbnb, plataformas digitales de movilización del espacio construido junto con la privatización y venta de las de los toques de vivienda que estaban con los bancos por las ejecuciones hipotecarias para gestores financieros. Todo este proceso también ha transformado al alquiler como un nuevo frente de finalización de la vivienda trabajando ahora mucho más con la idea de extraer el interés y rentabilidad del tiempo más que del espacio. El tiempo de permanencia en la vivienda también se convierte en unidad de extracción de valor y avanza aún más hacia una nueva forma de explotación de plusvalías. Por ejemplo, en Airbnb, la gente misma pone su trabajo y su tiempo para que las plataformas digitales puedan extraer esas plusvalías.

CP

En el libro mencionas a las personas «sin lugar». En el contexto brasilero, el «sin techo» de hoy es el «sin tierra» de los años 80, lo que nos habla de una continuidad de la lógica de exclusión y marginación pero también de la permanente extracción de renta sobre el suelo rural y urbano ¿Cuáles son las experiencias de resistencia de las personas «sin lugar» hoy? Y, particularmente, ¿Cuál es el rol de las mujeres?

RR

Todo este proceso activa la lucha en torno a la vivienda. Es un proceso que genera un nuevo grupo o un nuevo segmento de desposeídos y desposeídas. En el tema de la vivienda hay una presencia femenina importante, no solamente en el proceso de endeudamiento sino también en el proceso de desposesión como en la organización y la lucha por la vivienda. Entonces hay toda una nueva generación de organización y luchas en torno a la vivienda en distintas partes del mundo. Organizaciones de afectados por las hipotecas y ejecuciones hipotecarias, sindicatos de inquilinas e inquilinos, organizaciones de inquilinos, movimientos en torno al congelamiento de alquileres, a la denuncia de los alquileres abusivos, hacia una regulación. Por ejemplo, en Brasil, hay una nueva ola de ocupaciones de viviendas en las periferias pero también en áreas céntricas; San Pablo es un ejemplo muy fuerte de esta nueva ola.
 

Desde que la vivienda se ha transformado en un campo de aplicación financiera para las finanzas globales, la presión especulativa sobre los precios es mucho mayor, porque estamos hablando de una masa inmensa de capital financiero global que está buscando donde invertir. Hay nuevos instrumentos financieros que conectan el espacio construido con las finanzas y sus dinámicas circulación, títulos financieros que conectan y permiten una entrada salida de los capitales. Es así que la pobre gente tiene que competir con sus ingresos bajos por la localización con este capital que está listo para entrar e invertir y con una expectativa de remuneración a mediano y largo plazo, no inmediata. Como es un activo financiero, ni siquiera es necesario que sea utilizado, entonces podemos hablar de una especie de «boom de precios inmobiliarios» que se mantiene incluso durante periodos de crisis que se conforma de manera más amplia y global.

De manera que se conforma una agenda de organización y lucha muy importante. En algunos países ya no se veían luchas en torno a la vivienda, y ahora esto renace. En países como Brasil y Argentina las luchas por la vivienda siempre han sido importantes y continúan de una manera aún más intensa.

CP

Hablando de Brasil, el año próximo se realizan las elecciones presidenciales. ¿Qué nos podrías decir del actual contexto y qué se juega para vos en 2022 en clave de derecho a la vivienda?

RR

Durante la era de Lula, con el gobierno del PT, Brasil conoció una financiación de la vivienda por la promoción de vivienda vía crédito hipotecario masivamente, pero que tenía también uno de los componentes pequeños de la posibilidad de crédito a entidades por autogestión. También se construyeron viviendas por el mercado con un subsidio muy alto del presupuesto público, lo que se conoció como el programa «Mi casa, mi vida», que ha producido viviendas en la ciudad y en las afueras que efectivamente no ha logrado (por el modelo mismo, por una falla de su aplicación) garantizar la calidad de vivienda para la gente.

Pero lo que pasó después del golpe contra Dilma fue la interrupción total de los programas de vivienda. Todo el subsidio que estaba movilizado en el programa «Mi casa, mi vida» se terminó. Estamos atravesando una de las crisis más serias de vivienda que hemos visto en Brasil. La cantidad de población viviendo en la calle es algo absolutamente impresionante y en una escala como nunca había visto. La cantidad de nuevas ocupaciones también es muy grande en las periferias. Y no solo no existen políticas públicas a nivel federal del gobierno de Bolsonaro, tampoco hay a nivel estadual, municipal en las ciudades es como si nada.

En este contexto, también, creo que la lucha por la vivienda empieza a crecer. Una campaña muy importante que ha ganado mucho territorialmente en Brasil es la campaña «Cero desalojos» para impedir que la gente sea desalojada durante la pandemia. Es importante en términos de real articulación en torno a la vivienda con una cierta capacidad de aprobar algunas medidas de suspensión de desalojos que ha sido importante en algunos casos y que puso sobre la mesa el tema. Sin embargo, la decisión del Supremo Tribunal Federal donde se aprobó esta suspensión de los desalojos ya se termina en marzo.

Lo que tenemos es una situación muy complicada y creo que esto va a ser un tema importante en la campaña para las elecciones. También, el tema de las vivienda porque durante todo este periodo donde no hubo política, crecieron mucho las auto urbanizaciones y las ocupaciones de edificios, así que la lucha por la rehabilitación de los edificios ocupados, la lucha por la urbanización y consolidación de los asentamientos creo que va a ser una lucha muy importante.

Espero que haya una política importante de vivienda y que no volveremos a un programa como «Mi casa mi vida» porque creo que también esta es una discusión para todo lo que es reconstrucción poscrisis y pospandemia: un poco volver a lo que teníamos, la idea de que la vivienda y las políticas de vivienda históricamente han sido dibujadas por el sector de la industria, de la construcción civil y la industria financiera tiene que cambiar. Hay que insistir con que esto no puede ser, que las políticas de vivienda no pueden estar sometidas a la lógica financiera sino a la lógica de la necesidad de la gente y así generar políticas mucho más descentralizadas. de apoyo a las iniciativas populares vivienda, a las cooperativas que ya se organizaron, a las entidades y las experiencias de autogestión, que ya tenemos. Yo espero que tengamos un apoyo mucho mayor a estas propuestas y una visión mucho más crítica a lo que los programas de promoción masiva de vivienda en general en todas las partes del mundo incluso, no solamente, en Brasil.

CP

Cómo planteas en tus trabajos, si miramos en clave global, existe actualmente un proceso de transformación que tiene que ver con la producción de la ciudad. Esto llevó a la reconfiguración del rol de los gobiernos locales y de los mecanismos de participación como así también la incorporación de organismos y leyes que atiendan la cuestión del hábitat. Sin embargo, muchas veces éstos se convierten únicamente en discursos, sin participación real. ¿Cuál es tu lectura sobre estos cambios institucionales?

RR

Yo creo que la cuestión es definir el «locus de definición de la política pública». Especialmente en la política de vivienda, el locus de definición es la conversación con la industria de la construcción civil y la industria financiera y, por lo tanto, la pregunta central es cuántas nuevas viviendas podemos producir y cuánto crédito inmobiliario podemos poner. Esta es la pregunta central y no cuál es la necesidad de la gente. Cambiar totalmente el locus de definición implica hacer una lectura mucho más clara y desde abajo de las necesidades concretas de la vivienda.

También implica cortar el vínculo que hay entre las finanzas y las viviendas. Es imaginar maneras de organizar la vivienda que sean mucho menos susceptibles a la financiación. Por ejemplo, cooperativas, comicios colectivos, o sea, maneras colectivas y solidarias de organizar el vínculo con el territorio de tal manera que podemos ir generando espacios protegidos de la finalización espacios, reservados para la vida y no para la renta. Creo que esto es muy importante y que la política pública lo que tiene que hacer es apoyar estas iniciativas con recursos públicos, en vez de diseñar iniciativas que no dialogan con nadie.

Notas.

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Camila Parodi es una antropóloga y periodista feminista argentina integrante de Marcha. Actualmente se desempeña como trabajadora del Estado en la integración de políticas de urbanización y hábitat popular.

 
  
Publicado enEconomía
Fuentes: Instituto Tricontinental de Investigación Social [Imagen: Mao Xuhui (China), Dejo el rastro de las alas en el aire, 2014–2017]

La ONU y el Banco Mundial han dado la voz de alarma de que esta «crisis silenciosa» tendrá un impacto devastador en el futuro económico de las y los estudiantes.

En octubre de 2021, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró un seminario sobre la pandemia y los sistemas educativos. Las cifras son impresionantes: el 99% de las y los estudiantes de la región pasaron un año académico entero con interrupción total o parcial de las clases presenciales, mientras que más de 600.000 niñxs lucharon con la pérdida de sus cuidadorxs debido a la pandemia. Además, se estima que la crisis podría obligar a 3,1 millones de niñxs y jóvenes a abandonar la escuela y a más de 300.000 a trabajar. En el seminario, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo que la combinación de la pandemia, las turbulencias económicas en la región y los retrocesos en la educación han provocado «una crisis silenciosa».

La situación en todo el mundo es igualmente grave, y la frase «crisis silenciosa» quizá necesite una aplicación más global. Las Naciones Unidas señalan que «más de 1.500 millones de estudiantes y jóvenes de todo el planeta se ven o se han visto afectadxs por el cierre de escuelas y universidades debido a la pandemia de la COVID-19»; al menos 1.000 millones de escolares corren el riesgo de quedarse atrás en sus estudios. «Lxs niñxs de los hogares más pobres», dice la ONU, «no tienen acceso a Internet, computadores personales, televisores o incluso radios en casa, lo que amplifica los efectos de las desigualdades de aprendizaje existentes». Cerca de un tercio de todos lxs niñxs —al menos 463 millones— no tienen ningún acceso a las tecnologías para la educación a distancia; tres de cada cuatro de estos niñxs proceden de zonas rurales, la mayoría de los hogares más pobres. Debido al cierre de las escuelas durante los confinamientos y a la falta de infraestructura para el aprendizaje en línea, muchos niños y niñas «se enfrentan al riesgo de no volver nunca a la escuela, deshaciendo años de progreso en la educación en todo el mundo».

En 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estableciendo diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que debían cumplirse en un plazo de quince años. Todo el proceso de los ODS, que comenzó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza en el año 2000, contó con un amplio consenso. El cuarto ODS consiste en «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos». Como parte del proceso para avanzar en este objetivo, las Naciones Unidas y el Banco Mundial desarrollaron conjuntamente un concepto llamado «pobreza de aprendizaje», definido como «ser incapaz de leer y comprender un texto sencillo a los 10 años». La medida de «pobreza de aprendizaje» se aplica al 53% de lxs niñxs de los países de ingresos bajos y medios y hasta al 80% de lxs de países pobres. Antes de la pandemia, estaba claro que para 2030 las aspiraciones de los ODS no se lograrían para el 43% de los niños y niñas del mundo. Las Naciones Unidas informan ahora que en 2020 otros 101 millones, o el 9% de lxs niñxs de las clases 1 a 8, «quedaron por debajo de los niveles mínimos de competencia en lectura» y que la pandemia ha «anulado los avances en materia de educación logrados en los últimos 20 años». Ahora se reconoce universalmente que el cuarto ODS será irrealizable durante mucho tiempo.

La ONU y el Banco Mundial han dado la voz de alarma de que esta «crisis silenciosa» tendrá un impacto devastador en el futuro económico de las y los estudiantes. Calculan que «esta generación de niñxs arriesga ahora perder 17 billones de dólares en ingresos de por vida en valor actual, o alrededor del 14% del PIB mundial actual, debido a los cierres de escuelas relacionados con el COVID-19 y a las crisis económicas». Lxs estudiantes no solo van a perder billones de dólares en ingresos de por vida, sino que también se van a ver privadxs de la sabiduría y las habilidades sociales, culturales e intelectuales vitales para el avance de la humanidad.

Las instituciones educativas, desde los primeros años hasta la universidad, ya hacen hincapié en la comercialización de la educación. El declive de la formación básica en humanidades se ha convertido en un problema global, privando a la población mundial de una base en historia, sociología, literatura y artes, disciplinas que crean una comprensión más rica de lo que significa vivir en una sociedad y ser un ciudadano del mundo. Este tipo de educación es un antídoto contra las formas tóxicas de patrioterismo y xenofobia que nos llevan a la aniquilación y la extinción.

Las instituciones culturales son las que más problemas tienen en la «crisis silenciosa». Un estudio de la UNESCO sobre el impacto de la pandemia en 104.000 museos de todo el mundo reveló que casi la mitad de estas instituciones experimentaron una reducción significativa de la financiación pública en 2020, con ganancias limitadas al año siguiente. En parte debido a los confinamientos y en parte a los problemas de financiamiento, la asistencia a los museos de arte más populares del mundo se redujo en un 77% en 2020. Además de la pandemia, el auge del capitalismo de plataformas —actividad económica arraigada en las plataformas online— ha acelerado la privatización del consumo cultural. Las formas públicas de exposición cultural a través de la educación pública, los museos y galerías públicas y los conciertos públicos no pueden seguir el ritmo de Netflix y Spotify. El hecho de que solo el 29% de la población del África subsahariana tenga acceso a Internet hace que las desigualdades de la vida cultural sean una preocupación aún más acuciante.

La forma en que se ha tratado a las y los profesores durante la pandemia demuestra la poca importancia que se da a este trabajo crucial y a la educación en general en nuestra sociedad global. Solo en 19 países se colocó a lxs profesores en el primer grupo de prioridad con lxs trabajadores de primera línea para recibir la vacuna COVID-19.

En el transcurso de las últimas semanas, este boletín ha destacado Un plan para salvar el planeta, que hemos desarrollado junto a 26 institutos de investigación de todo el mundo bajo el liderazgo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Seguiremos señalando ese texto porque desafía significativamente la visión del statu quo sobre cómo debemos proceder en nuestras luchas globales compartidas. En lo que respecta a la educación, por ejemplo, estamos construyendo nuestro marco para el planeta basándonos en las necesidades de las y los profesores y alumnos, no en el PIB o el valor del dinero. En cuanto a la educación, tenemos una lista de once demandas que no son exhaustivas, pero sí sugerentes. Pueden leerlas aquí.

Les pedimos que lean atentamente el plan. Esperamos sus comentarios, por favor envíenoslos  a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Si estas ideas les parecen útiles, les rogamos que las difundan ampliamente. Si se preguntan cómo proponemos financiar estas ideas, echen un vistazo al plan completo (por cierto, actualmente hay al menos 37 billones de dólares en paraísos fiscales ilícitos).

En Honduras se están dando pasos en esta dirección. El 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro tomó las riendas del país, convirtiéndose en la primera mujer jefa de gobierno en la historia nacional. Inmediatamente se comprometió a dar electricidad gratuita a más de un millón de los casi diez millones de habitantes de Honduras. Esto mejorará la capacidad de la población hondureña más pobre para ampliar sus horizontes culturales y aumentará las posibilidades de que los niños y niñas puedan participar en el aprendizaje en línea durante la pandemia. El día de la toma de posesión de la presidenta Castro, leí las hermosas palabras de la poeta nicaragüense-salvadoreña Claribel Alegría, cuyo compromiso con el progreso de los pueblos de Centroamérica se refleja en sus brillantes poemas. En 1978, justo antes de la revolución nicaragüense, Alegría ganó el Premio Casa de las Américas por su colección Sobrevivo. Con D. J. Flakoll, escribió la historia definitiva de la Revolución Sandinista: Nicaragua, la revolución sandinista: una crónica política 1855-1979, publicada en 1982. El fragmento de su poema “Contabilizando» de su libro Fugues (1993) nos enseña la importancia de la poesía y la epifanía, y la importancia que el sueño y la esperanza tienen para el avance humano:

No sé cuántos años soñando
con la liberación de mi pueblo
algunas muertes inmortales
los ojos de aquel niño desnutrido
Tus ojos cubriéndome de amor
una tarde nomeolvides
Y en esta hora húmeda
las ganas de plasmarme
en un verso
en un grito
en una espuma

 

Por Vijay Prashad | 05/02/2022

Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/crisis-educacion/

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Unos 50 mil camioneros canadienses, integrantes del convoy de la libertad, rechazan las medidas restrictivas por el covid-19. En la imagen, la policía permite el paso a uno de los manifestantes en Toronto, capital de la provincia de Ontario.Foto Afp

La revuelta de 50 mil camioneros propietarios en Canadá –miembro de la OTAN, del Comando Norte/NORAD y del geoeconómico T-MEC– tiene ya fuerte impacto en su frontera con Estados Unidos. Se escenifica una feroz colisión entre, por un lado, el connotado comentarista de Fox News, Tucker Carlson (TC), el expresidente Donald Trump, el hoy hombre más rico del mundo, Elon Musk (https://bit.ly/34jcNIX), y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban y, por otro lado, los epígonos del megaespeculador israelí-húngaro-anglo-estadunidense George Soros.

Trump sentenció que apoya "en toda la ruta (sic) a los grandes camioneros canadienses (Daily Mail, 30/1/22)", mientras el primer Justin Trudeau, de 50 años, abandonó la capital Ottawa con su familia a un lugar desconocido bajo el pretexto de haber contraído covid-19.

En el "convoy de la libertad" brilló el eslogan "Hacer a Canadá grande de nuevo". En contrapunto al wokenismo, que le ha valido a Canadá su apodo de wokestán, surgió lo inesperado: un "convoy de la libertad" de 50 mil camioneros que protestan contra las medidas restrictivas del covid-19, las cuales han sitiado a Ottawa y a su Parlamento, además de poner en jaque al primer Trudeau en Canadá: paradójicamente, país pacifista "doméstico" y simultáneamente bélico foráneo como miembro de la OTAN, donde azuza y atiza la confrontación en Ucrania contra Rusia.

El fondo financiero creado para subvencionar a los contestatarios camioneros, GoFundMe, ha alcanzado 10 millones de dólares (https://bit.ly/35FOtRW), cuyo origen procede en su mayoría de agrupaciones trumpianas de Estados Unidos que los financian generosamente.

Elon Musk apoyó sin tapujos a los camioneros que formaron un impactante convoy de 3 mil 218 kilómetros desde Vancouver (British Columbia), en la costa del Pacífico, hasta la capital Ottawa (Ontario). Musk sentenció por tuit que "los camioneros canadienses gobiernan", mientras el atribulado primer Justin Trudeau los despreció como "racistas" y de "minoría marginal" (https://bit.ly/3GtHqbC).

La asombrosa revuelta alcanzó al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y hasta a Rusia, cuando el conductor estelar de Fox News, TC, desnudó el "control secreto" (sic) de George Soros sobre Hungría y sus multimedia globalistas (https://fxn.ws/3AXqUjh).

TC fustigó a Soros de socavar y ser el enemigo de la "civilización occidental" cuando entrevistó al primer húngaro Viktor Orban –que, por cierto, se acaba de reunir con el zar Vlady Putin en el Kremlin para desactivar el contencioso de Ucrania–, quien exhibió las tendencias globalistas de Soros, personaje que "condensa el símbolo de todo aquello que odian los húngaros". La mendaz estatal CBC difundió en forma bizarra y sin nula evidencia la peregrina "teoría de conspiración" con "actores rusos" (sic) que se encuentran detrás de la revuelta (Daily Mail, 2/2/22). No comment!

Los ardientes camioneros en pleno invierno son propietarios de sus camiones y ya desde el 15 de enero habían sido conminados a ser vacunados para poder atravesar la frontera de la provincia de Alberta, Canadá, con Estados Unidos.

La situación política se le ha complicado a Trudeau cuando el opositor Partido Conservador le exhorta a encontrar una "solución política" e iniciar el diálogo. La postura del Partido Conservador arrojó debajo del autobús a su pusilánime líder Erin O’Toole, quien fue sustituido por la más aguerrida parlamentaria Candice Bergen (CB, https://tgam.ca/3GqXxXt). CB exultó en la Cámara de los Comunes que los contestatarios camioneros son "apasionados, patriotas y pacíficos", (sic) por lo que "merecen ser escuchados y merecen respeto". CB urgió a Trudeau, cercano a Soros, a reunirse con los camioneros, ya que era su responsabilidad "aportar alguna solución".

El primer atribulado Trudeau no sabe arreglar un relativo asunto menor en Canadá –que se le salió de las manos y nunca debió haber llegado a la situación presente–, y ahora busca participar en forma absurda con la OTAN y el megaespeculador globalista George Soros en una guerra nuclear contra Rusia (https://bit.ly/3opDUJt).

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Las mujeres acceden al mundo laboral un 20% menos que los hombres, según el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que, de media, las mujeres de todo el mundo hacen al día dos horas más de trabajo no remunerado que los hombres. Hay  también grandes diferencias entre países.
 

El promedio de participación femenina en el mercado laboral global sigue siendo un 20% más bajo respecto a la tasa masculina, al igual que las brechas de género que se acentúan en los salarios y el acceso a la educación.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva, ha alertado sobre la situación de empleo entre las mujeres de todo el mundo tras la pandemia de la covid, en la cual se han perdido muchos trabajos relacionados con el área de servicios y cuidados, con gran presencia femenina.

Según los datos de la primera mujer en liderar el FMI, existen dos grupos de mujeres que han sido excluidas del mercado laboral y que no han regresado en la misma posición.

El primer grupo consta de las mujeres con niños menores de cinco años que no encuentran guarderías asequibles donde los pequeños puedan aprender mientras ellas vuelven al trabajo. Mientras que el segundo abarca a las mujeres de más edad preocupadas por los riesgos que la pandemia ha podido suponer para su salud.

Además, las alertas sobre las brechas de género sobre los salarios y el acceso a la educación continúan acrecentándose, al igual que las desigualdades en el trabajo no remunerado que las mujeres realizan en el propio hogar al cuidar de sus familiares.

Un nuevo modelo que permita prosperar a las mujeres

Otro factor importante que impide el regreso de las mujeres a nuevos puestos de trabajo corresponde al cambio del modelo laboral: los nuevos empleos están vinculados a la rama de la economía digital, sobre todo, comercio e internet. Georgieva insiste en que el resto de la población debe ayudar a las mujeres para que desarrollen este tipo de habilidades para pasar de un sector a otro.

La gerente del FMI ha considerado que el mundo necesita un "nuevo modelo" que permita prosperar a las mujeres que tienen un gran talento, pero a las que aún se las exige que cuiden de forma gratuita a jóvenes y personas de mayor edad.

El FMI ya había avisado en varias ocasiones sobre la situación de las mujeres que cargan de manera desproporcionada las responsabilidades del trabajo no remunerado con las tareas del hogar y el cuidado de familiares.

De media, las mujeres de todo el mundo hacen al día dos horas más de trabajo no remunerado que los hombres con grandes diferencias entre países, según el Fondo.

04/02/2022 21:39

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Foto: Una mujer mayor vista en una calle con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la agencia de policía nacional de Venezuela, al fondo, en Caracas, Venezuela | Alamy

Ivonne Parra tomó ocho sedantes durante 15 días, después del asesinato de su hijo. Solo quería llorar la pérdida de su único varón. Sus amigas se encargaron de todos los trámites en la medicatura forense y en la funeraria, mientras ella estaba en casa. Llorando.

Casi un mes después del ajusticiamiento, Ivonne sintió que tenía que pararse de la cama y hacer algo. Debía limpiar el nombre de su hijo, quien fue tildado de delincuente según la versión policial. A Guillermo José Rueda Parra, de 20 años de edad, lo asesinó una comisión de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de seguridad del Estado venezolano, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.

Eran las 6:00 de la mañana del 12 de diciembre de 2017, cuando Ivonne le abrió la puerta de su casa a cinco agentes. Ella no crió a un delincuente, por eso no se esperaba que en el primer piso de la vivienda, ubicada sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira, asesinaran a su hijo, desarmado y en pijama. Luego los funcionarios simularon un enfrentamiento y pusieron un arma en la mano de Guillermo. Ivonne vio todo.

—Pásame una bala de otro calibre.

—No, chamo, de esas no tenemos —recuerda Ivonne que decían los funcionarios, mientras ella los observaba desde la calle.

Según el Derecho Internacional las ejecuciones extrajudiciales son los asesinatos cometidos por agentes del Estado, o con su complicidad y tolerancia. Entre enero y septiembre de 2021 el proyecto Lupa por la Vida, de la organización Provea y del Centro Gumilla, documentó 1197 crímenes a manos de policías y militares en toda Venezuela.

Cuatro años después de la ejecución extrajudicial de Guillermo José, como le dice su madre, los funcionarios involucrados no están detenidos aunque en el expediente reposan sus nombres. Sobre el agente Winder Rafael Flores, presuntamente hay una notificación de alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) pero tampoco ha sido apresado.

En la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, Ivonne conoció a Carmen Arroyo, otra madre a quien las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le asesinaron a su hijo. Ambas decidieron conformar una organización no gubernamental llamada Madres Poderosas, luego de asistir a varios talleres de formación en el ámbito de derechos humanos, impartidos por el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) y por miembros de las Naciones Unidas que estuvieron en el país.

Madres Poderosas nació en septiembre de 2021 y hasta ahora ha acogido a siete mamás y a una hermana de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en Caracas. Además del acompañamiento y apoyo que se brindan entre familiares, aspiran obtener ayuda psicológica, asesoría legal y colaboraciones de comida o útiles escolares para los hijos huérfanos de los jóvenes asesinados.

En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos

Los menores de edad están bajo la manutención de sus abuelas, quienes no pueden buscar un empleo formal por el tiempo que invierten en asistir regularmente a los tribunales venezolanos. Lina Rivera es una de las mujeres que integra Madres Poderosas. En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos. A su cargo tiene a nueve nietos, que mantiene con mucho esfuerzo.

Estas ocho mujeres no quieren que las llamen víctimas porque no lo son. Realmente son aguerridas y están dispuestas a intentar todo lo que esté a su alcance para limpiar el nombre de sus hijos y hermanos, y obtener justicia.

—Nada me va a devolver a mi hijo, pero yo quiero evitar que estas ejecuciones extrajudiciales sigan pasando, quiero evitar que otras madres pasen por el dolor que nosotras estamos pasando. Nosotras no criamos delincuentes —dijo Ivonne, una mujer de tez blanca, con el cabello teñido de amarillo, que transmite fortaleza aunque sus ojos se inunden de lágrimas cada vez que habla de su hijo.

A Carmen Arroyo le asesinaron a su hijo Christian Alfredo Charris Arroyo, un día después de su cumpleaños, el 24 de septiembre de 2018 en La Dolorita, una comunidad de Petare, la barriada más grande de Caracas. En el expediente del caso están identificados los 20 funcionarios de las FAES que participaron en el operativo. Ninguno ha sido detenido.

Christian era el único hijo de Carmen. Lo crió sola. El joven, de 25 años, era un popular barbero y jugador de baloncesto de la comunidad. La versión policial fue que él pertenecía a una grupo criminal y estaba solicitado por los delitos de robo, hurto, extorsión y homicidio.

—Si se supone que Christian había matado a un hombre llamado Jeferson Gil en 2016 ¿por qué a mi hijo no lo buscaron antes? El delincuente no tiene residencia fija y a mi hijo lo podían encontrar en su casa. A mi hijo lo criminalizaron por ser un joven que vivía en un barrio —contó Carmen, en voz pausada. Su rostro, de piel morena, refleja el dolor con sus expresiones pronunciadas.

Ivonne y Carmen guían a las otras madres en el proceso judicial, las acompañan a los tribunales y las animan para que no desmayen en el proceso. Ninguna de ellas tiene un empleo formal, por lo que a veces no tienen dinero para usar el transporte público que las lleve de sus casas, que quedan en barriadas populares retiradas del centro de la capital.

Al menos dos veces a la semana o cada 15 días, las fundadoras de Madres Poderosas visitan a los fiscales que llevan los casos para averiguar si hay avances. Lo mismo hacen con el resto de las compañeras. La mayoría de las veces no obtienen respuestas de los funcionarios públicos, pero no se cansan, ya no tienen nada que perder porque les arrebataron a sus hijos.

—Estamos luchando contra el verdugo, sabemos que no es una lucha fácil pero seguiremos, no podrán con nosotras porque no criamos a delincuentes, criamos a jóvenes de bien y ahora nos queda defender su nombre —agregó Carmen.

Estas madres se han convertido en abogadas, fiscales, defensoras de los derechos humanos y en correos especiales de los fiscales que llevan sus casos. Manejan términos judiciales y conocen que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad.

El 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal

Cifras de la organización Cofavic apuntan que 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal. En 30% existe retraso injustificado en la tramitación de experticias esenciales, como las autopsias, y en 96% no se ha registrado la detención de los responsables.

Las madres deben encargarse de costear las copias de los expedientes cuando logran tener acceso a ellos, porque en los tribunales no hay presupuesto suficiente. Además, son revictimizadas con los cambios frecuentes de fiscales en diversas oportunidades, con malos tratos de los funcionarios o cuando no las atienden. Incluso han llegado a los tribunales y se encuentran con que no hay electricidad. En el caso del hijo de Ivonne, han removido a los funcionarios al menos seis veces.

—La única forma que yo deje de denunciar es que me muera. No saben con cuánto esfuerzo criamos a nuestros hijos, para sacarlos adelante en un barrio, donde se ven drogas y armas —dijo Carmen.

Lina Rivera siente que Madres Poderosas son su luz en el túnel oscuro que ha significado la pérdida de sus cuatro familiares. En la organización le dan un impulso para luchar. Cuando asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos, entre 2017 y 2018, tuvo miedo hacerle seguimiento a los casos. Pero cuando conoció a Ivonne y a Carmen sintió el valor para regresar.

En julio de 2019, Ivonne y Carmen formaron parte del grupo de familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos que relataron sus testimonios de violaciones de la letalidad policial a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su visita a Venezuela, en 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de Nicolás Maduro que detenga y prevenga el uso excesivo de las fuerza en las manifestaciones, que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se disuelvan las FAES. Al contrario, el mandatario Maduro reiteró el apoyo al cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.

Datos de la exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, revelan que entre enero de 2015 y junio de 2017 se cometieron 8.291 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que Cofavic documentó 11.328 ajusticiamientos por fuerzas de seguridad del Estado, entre 2012 y marzo del 2020.

Una de las mujeres que se incorporó recientemente a la organización de Madres Poderosas fue Miyanllela Fernández. A su hijo Richard Jesús Briceño Fernández, de 23 años, efectivos de las FAES le dieron dos tiros. Ella lo vio herido y lo escuchó gritar de dolor, luego perdió el conocimiento.

El 8 de enero de 2021 se desplegó un operativo policial en la zona popular de La Vega, al oeste de Caracas, para capturar a miembros de una megabanda de delincuentes. El Monitor de Víctimas documentó que 14 jóvenes fueron asesinados por los cuerpos de seguridad. Un informe de Amnistía Internacional considera que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Miyanllela Fernández se ha topado frecuentemente con el funcionario de las FAES, que presuntamente le disparó a su hijo. Carmen Arroyo también se encontró al efectivo supuestamente involucrado en el crimen.

“Cada vez que veía a tres de los funcionarios que estaban ese día, llevaba a mi nieta y me provocaba vengar la muerte de mi hijo. Si yo hubiese sabido que me iban a matar a mi hijo me lo hubiese llevado y no nos hubiésemos quedado en la casa”, dijo Miyanllela.

Carmen se planteó estudiar Derecho en la universidad, desde la ejecución de sus hijo. Hasta el momento no ha logrado obtener el cupo en una institución pública, pero mantiene claro su objetivo de formación y empoderamiento.

Maritza Molina, otra mujer que integra Madres Poderosas, ya está por terminar la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. A su hijo, el doctor Billi Daniel Mascobeto Molina lo asesinaron en Barlovento, estado Miranda, el 29 de febrero de 2012.

En casi 10 años el expediente del caso de su hijo consta de 14 piezas y han cambiado a 21 fiscales nacionales y auxiliares. Ninguno ha resuelto el caso. Se unió a Madres Poderosas por ese impulso y motivación que le dan las otras mujeres para insistir en la búsqueda de justicia.

2 febrero 2022

Publicado originalmente en Open Democracy

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Cartel en calles de La Habana, en imagen de archivo.Foto Afp

Apenas llegó al poder, intensificó la presión que había impuesto Eisenhower a Cuba // La CIA ya admitió el fracaso de esta política // Es un símbolo de "hostilidad perpetua": experto

 

Nueva York. Hace 60 años, el entonces presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva que impuso "un embargo sobre todo comercio con Cuba", medida que nació de una recomendación de política exterior de Washington de que la mejor manera para provocar un cambio de régimen en la isla era "generando hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno".

La orden ejecutiva conocida como Proclamación 3447 fue firmada por Kennedy el 3 de febrero de 1962 e implementada el 7 de febrero imponiendo un bloqueo "sobre todo comercio" que, seis décadas después, sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser una política que la propia CIA en los años 80, y el gobierno de Barack Obama hace sólo ocho años, calificaron de fracaso, y que ha sido explícitamente reprobada por casi todos los países cada año en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Los documentos oficiales desclasificados que establecen esta política, una selección de los cuales fueron presentados ayer por el National Security Archive –organización independiente de investigaciones y documentación sobre política exterior de Estados Unidos–, demuestran que el propósito de un bloqueo total era generar "dificultades" y "desencanto" entre el pueblo cubano para minar su apoyo a la revolución, que era lo que más entorpecía los deseos de Washington de cambiar el régimen en La Habana.

De hecho, el famoso memorando elaborado por el subsecretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos Lestor Mallory, fechado el 6 de abril de 1960, resume el razonamiento oficial con que se desarrolló la política del bloqueo. El tema del memorando es "El declive y caída de (Fidel) Castro". Enumera consideraciones sobre el gobierno de la isla: que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro; no hay una oposición política efectiva, la "influencia comunista" está creciendo dentro del gobierno; oposición "militante" a Castro desde el exterior "sólo serviría a su causa y a la comunista" y que dado todo esto “el único medio que se puede vislumbrar para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto… basado en la insatisfacción y dificultad económica”.

El memorando de Mallory concluye que ante estas consideraciones "todo medio posible debería ser llevado a cabo cuanto antes para debilitar la vida económica de Cuba" a través de medidas como "negar dinero y suministros, reducir los salarios reales y monetarios, generar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno". Aunque se conocía este texto, el Archive por primera vez difundió una imagen del original (https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/2022-02/Embargo1-Mallorymemo.pdf).

Eisenhower amplió las sanciones comerciales a Cuba en octubre de 1960, a pesar de su preocupación de que eso podría provocar una reacción adversa de México y también fomentar división en la Organización de Estados Americanos. Sus asesores sugieren eximir del embargo medicinas y alimentos para aplacar posibles posturas contrarias a la medida entre la opinión pública estadunidense

Pero no sería hasta febrero de 1961, apenas un mes después de que Kennedy llegó a la Casa Blanca, que se intensificó la presión política para ampliar el embargo comercial parcial de su antecesor. Su secretario de Estado, Dean Rusk, ofreció su evaluación sobre las implicaciones de imponer un bloque comercial total, concluyendo que prohibir importaciones de Cuba pondría en desventaja económica a Castro y sería superior a cualquier beneficio político que Castro podría lograr al acusar a Estados Unidos de agresión económica y la aplicación de medidas unilaterales.

Más aún, Rusk aseguró a Kennedy que un bloqueo "ofrecerá apoyo moral y alentará a aquellos que están resistiendo al régimen de Castro" y que era la mejor opción para minar al gobierno de la isla.

Poco más de 20 años después, en una evaluación extensa del impacto de sanciones económicas estadunidenses en el mundo, la CIA concluyó que después de dos décadas las sanciones estadunidenses contra Cuba "no han cumplido con ninguno de sus objetivos". En esa misma evaluación, la CIA señala que aunque en público Washington promueve su meta de "una Cuba realmente libre e independiente", el objetivo real siempre ha sido "remover a Castro del poder".

Según Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Cuba del Archive, 60 años después "este embargo eterno se ha convertido en un símbolo perdurable de la hostilidad perpetua en la postura de Estados Unidos hacia Cuba".

La colección de documentos difundida ayer ofrece la evolución de esta política, desde el embargo parcial del presidente Dwight Eisenhower, hasta el bloqueo impulsado por Kennedy, así como modificaciones y maniobras de los siguientes presidentes y otros funcionarios desde Lyndon Johnson, Richard Nixon y Jimmy Carter. (Para ver la colección de los documentos y una cronología del bloqueo: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/cuba/2022-02-02/cuba-embargoed-us-trade-sanctions-turn-sixty).

 

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Nicaragua: liberar a los presos políticos y suspender el estado policial

Desde el dolor y la desesperación por el deterioro físico y emocional de los que hoy sufren la injusticia y la tortura en las cárceles, más de un centenar de familias de ciudadanos presos políticos han relanzado el reclamo nacional por la liberación de los 170 reos de conciencia, demandando, además, la anulación de los juicios políticos en su contra, para preservar todos sus derechos y garantías constitucionales.

Sin embargo, la única respuesta del régimen ha sido programar más juicios políticos en las cárceles del Chipote contra 12 reos de conciencia: Yader Parajón, Yaser Muhammad Vado, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza, Suyen Barahona, Miguel Mora, Noel Vidaurre, María Oviedo, Irving Larios y Freddy Navas.

El pasado 17 de enero fue condenado en Chinandega Donald Margarito Alvarenga, un ex combatiente sandinista que luchó contra la dictadura de Somoza, ex oficial del Ministerio del Interior en los años 80, el primer preso político procesado bajo las llamadas leyes de "ciberdelitos" y "defensa de la soberanía" de la dictadura Ortega-Murillo.

Por expresar sus opiniones contrarias al régimen en Facebook y WhatsApp, lo acusaron de los presuntos delitos de subversión e incitación al odio y la violencia. Todos los testigos que declararon en el juicio en su contra y presentaron "pruebas" fueron los mismos siete policías que lo espiaban y lo secuestraron. La audiencia judicial, presidida por la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, duró 13 horas, se realizó en un solo día, y cinco días después emitió una condena de culpabilidad con pena de siete años y medio de cárcel. Veinticuatro horas después, la jueza rectificó su sentencia, no para reconocer y reparar las aberraciones jurídicas del juicio, sino para aumentar la pena a 12 años de cárcel.

Así son los "juicios" con que el régimen pretende legalizar la condena de todos los reos de conciencia; no son verdaderos juicios con derecho a la defensa bajo un estado de derecho o un Poder Judicial autónomo, sino únicamente un trámite de ordeno y mando para ejecutar la venganza política, que se decide y se ejecuta de forma discrecional desde El Carmen.

Entre los 170 presos políticos de Ortega y Murillo, hay mujeres y hombres de todas las edades y departamentos del país; precandidatos presidenciales y líderes cívicos; líderes políticos de partidos de derecha, centro e izquierda, y una mayoría de ciudadanos sin partido; dirigentes campesinos y líderes estudiantiles; intelectuales, diplomáticos y ex militares; empresarios, productores, banqueros y líderes gremiales; periodistas y defensores de derechos humanos. Ellos representan una muestra de la pluralidad y la unidad nacional de la Nicaragua azul y blanco que resiste y demanda un cambio democrático, que el proyecto totalitario de Ortega y Murillo no ha podido aplastar.

Todos, los 170 presos políticos, son inocentes porque no han cometido ningún delito, su único pecado es haber protestado durante la rebelión cívica, demandado justicia y democracia, y haber aspirado a liderar el reclamo de elecciones libres de todos los nicaragüenses, que fue conculcado por la fuerza el 7 de noviembre.

Las encuestas de opinión han reflejado el clamor nacional de esa gran mayoría que no está pidiendo un indulto o una amnistía, sino la liberación incondicional de todos los presos políticos, la anulación de los juicios y la suspensión del estado policial.

Durante el segundo diálogo nacional en 2019, el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos, pero Ortega solamente cumplió de forma parcial el acuerdo, para lo cual recurrió a una autoamnistía, pero mantuvo en la cárcel a más de un centenar de reos de conciencia que nunca fueron liberados.

Pero, además, la delegación oficial encabezada por el canciller Denis Moncada firmó el 29 de marzo de 2019 un "acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas", asumiendo el compromiso de levantar el estado de excepción de facto y restituir todos los derechos constitucionales. El gobierno nunca cumplió el acuerdo, y los representantes del Vaticano y la OEA, que actuaban como testigos internacionales de la negociación, también fracasaron en su obligación de garantizar su cumplimiento. Por el contrario, Ortega reforzó el estado policial con las leyes represivas aprobadas a finales de 2020 y desató una nueva ola represiva de encarcelamientos hasta liquidar el proceso electoral en 2021.

De manera que hablar de un eventual "diálogo" sin precondiciones con el gobierno, como sugiere el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), o imponer un monólogo económico, sin liberar a los presos y sin levantar el estado policial, como ha anunciado el gobierno, no le traerá al país ninguna expectativa de paz.

Para devolverle al país la esperanza se necesita primero sumar fuerzas y ejercer máxima presión, nacional e internacional, para exigir y lograr la liberación de todos los presos políticos, la anulación de los juicios y la suspensión del estado policial. Ese es el punto de partida para lograr una solución humanitaria, que libere del sufrimiento a los reos de conciencia y a sus familiares, y también para buscar una solución política a la crisis nacional.

La salida empieza por recuperar las libertades para derribar los muros de esa gran cárcel nacional en la cual somos rehenes todos los nicaragüenses, incluidos los servidores públicos –civiles y militares–, así como decenas de miles de exiliados, para encontrar entre todas las fuerzas vivas del país, sin los carceleros, una solución nacional a través de elecciones libres.

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