Lunes, 31 Enero 2022 05:26

Mirar y mejor no ver

Imagen: Bernardino Avila

En el centro de la ciudad de Bogotá hay un barrio industrial con la particular fisonomía de presentar manzanas enteras de esqueletos de casas demolidas. Puente Aranda se llama. Esos esqueletos de hormigón y revoltijos de basura albergan a quienes se debería mencionar como personas en situación de calle --hay quienes luchan y ponen toda su energía solidaria para considerar lo provisorio de esa “situación”-- que en el ámbito local la jerga los destrata como “los sintecho”, pero que en Bogotá, más realistas y nada mágicos, lisa y llanamente los conocen como “los desechables”.

Desechables, descartables, como autos para el desguace, como mueble viejo, como plásticos no reciclables, como residuos patológicos o pilas.

En fin, personas a desechar.

Bogotá no es dueña original de esa producción de “desechables”. Mas bien, nacen en todo el mundo como personas, como cualquiera, y las circunstancias --no de su vida, sino de las políticas más crueles que ha promovido el neoliberalismo-- las dejan con escasísimas (o ninguna) herramientas para mantenerse dentro del sistema, en Bogotá, en Buenos Aires, en Nueva York, en Madrid, en todas las ciudades del mundo, especialmente las grandes, que convocan multitudes con promesas de futuro y escupen una enorme proporción de ellas. Las que el sistema juzga que están de más.

En Vidas precarias, Judith Butler sostiene que en la construcción de la realidad hegemónica hay quienes merecen la pena de tener luto por ellos y hay quienes no, como una construcción de la mirada hegemónica que decide quienes sí y quienes no.

Desde otra perspectiva, en Vidas desperdiciadas, Zygmunt Bauman hace hincapié en la adictiva producción de vidas miserables, residuos de la industria de la vida en metrópoli y subraya la inseguridad que provoca que esas personas, consideradas residuos, reclamen, se levanten, protesten, busquen apoyos en la comunidad a la que pertenecen y de la que son despojados.

No son los únicos autoras o autores, ni es noticia. Esas muertes en vida son provocadas en una guerra cotidiana y no siempre silenciosa, en la que nadie quiere quedar implicado, quedar sometido a los vapuleos de una vida fuera de los conceptos mercantiles de lo que es vida.

Son los despojos humanos que la sociedad no ve, no quiere ver, la sociedad de la inmensa ceguera autosumergida y autosustentada. No ver lo que no se quiere ver, como explicación apriorística de que no existe. Negacionismo desparramado a niveles insospechados, porque excede los límites de lo que hoy apuntaríamos como antivacunas o antiderechos en los casos de género, cuya negativa resulta de una postura execrable, pero consciente, pensada, intencionada.

No, en este caso se trata de otro tipo de negacionismo vinculado a la invisibilidad producto de la no videncia, al no te metás, al mirar para otro lado que se llega tarde al trabajo, o a donde sea, porque cualquier lugar será más tabla de salvación que ver e interrumpir lo rutinariamente programable. No es una posición que resulte confortante, porque es escurrirse a la realidad, y por dentro se sabe de esto, pero hay algo que lleva a naturalizar esa ceguera involuntaria aunque voluntariamente. Hay algo que lleva a no ofrecerle a alguien verlo, a no ofrecer ver esas personas, a no incluirlas como parte nuestra.

El miedo es protagonista fundamental en esta fórmula naturalizada de anulación mediante la invisibilización. El miedo introducido por el mensaje de la inseguridad selectiva, que juzga qué es peligroso y qué no, sin necesidad de que ese peligro tenga algún tipo de ancla con la realidad. La inseguridad real está compuesta por muchas más aristas y más profundas que la reconocible como “delincuencial”. Ni siquiera lo “delincuencial” tiene una mirada clara, sino que también hay una profunda selectividad incorporada en los mensajes, que hacen que el robo y humanicidio cotidiano del sistema mediante desajustes, pauperización, aumentos, devaluaciones, destrucción de humedales, talado de árboles, predominio del negocio del cemento inmobiliario, explotación extrema de los campos, destrucción de la fauna, por mencionar algunos, no sea visto como peligroso, pero sí una persona que yace en el piso.

Miedo a que al mirar se vea demasiado, y haya que involucrarse más de lo que se puede, porque la mayor parte de las personas está dispuesta a hacer algo, pero todo ese algo se aparece de dimensiones tan monstruosas, que lo hace imposible.

Ese miedo sugerido en miles de mensajes instruye a que implicarse es solo de manera individual, sin manos, sin abrazos, una mirada individual de nuestro propio aislamiento, lo que hace proponer cualquier intención solidaria como una osadía que mejor dejar para alguien más osado.

Mejor pasar de largo y pensar en la comida de los pibes.

Pero ese miedo naturalizado tiene errores también en su horroroso sistema de selectividad. Más que errores, muestra a una máquina que tritura lo que encuentra a su paso y eso es lo que alimenta el miedo. No todos están dispuestos a exponerse y mirar, con todo lo que significa ver.

Hace unos días, murió René Robert, fotógrafo suizo del flamenco, a los 84 años. Murió en la calle, dicen que por hipotermia, pero murió de no ser visto. En una de las calles más transitadas de París, a pocos metros de su casa.

Nadie durante nueve horas se le acercó. La noticia dio la vuelta al mundo por eso, por la sorpresa de haberle ocurrido a alguien a quien no le estaba reservada esa horrible distancia de los demás.

Dijeron que murió de frío, pero no. Murió de distancia.

Nadie sabe si fue visto o no hasta el momento en que alguien con necesidad de ver lo vio y pidió ayuda.

Es probable, como parte de las conjeturas optimistas, que si lo hubieran visto caer hubiese sido otra la reacción. Es imaginable, porque sería identificarlo como no desechable, y entonces, sí verlo y socorrerlo como a uno de los “nuestros”. Pero al estar caído, un bulto humano más como tantos en la calle... Mirar y mejor no verlo.

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ONU asegura que la inseguridad alimentaria se agudizará en Colombia

 

Haití y Honduras serán las naciones más afectadas por el hambre durante 2022

 

El Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura revelaron un informe este 27 de enero donde Colombia, en cuanto a seguridad alimentaria aguda, no queda muy bien posicionada.

Según lo dicho en el informe, la situación se agravará entre febrero y mayo de 2022 en tres países de América Latina y el Caribe: Colombia, Honduras y Haití.

El informe titulado ‘Focos de Hambre’ sostiene que la falta de comida seguirá ganando terreno en el país, debido a la inestabilidad política, la pandemia, la crisis migratoria, el desplazamiento interno, y la inestabilidad regional.

De acuerdo con el estudio de necesidades humanitarias de 2022, 7,3 millones de colombianos precisarán asistencia alimentaria este año y hasta julio de 2021 había 1,1 millones de migrantes venezolanos en el país en situación de inseguridad alimentaria, aunque reporta que esto ha mejorado ligeramente.

Asimismo, el documento resalta que el número de migrantes venezolanos ha venido creciendo ya que en agosto del año pasado llegaban a 1,8 millones acogidos en Colombia y adelantó que esa cantidad podría aumentar. A ese colectivo se aúnan las personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.

Otro ítem que desencadenará el hambre en el país es la inestabilidad política debido a los retrasos en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre las Farc y el Estado colombiano, lo que ha llevado a un recrudecimiento de la violencia y nuevos desplazamientos internos, que podrían llevar a crecer el malestar social y los posibles baches económicos.

Señala que la pandemia ha amplificado la desigualdad y apunta a que el alto nivel de la inflación seguirá afectando el poder de compra de las familias pobres.

Asimismo, la FAO y el PMA indicaron que el acceso a la asistencia humanitaria en el país está muy restringido y podría ser peor debido al recrudecimiento del conflicto armado en las zonas más peligrosas del país.

Por último, el informe recomienda medidas como las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las comunidades de acogida, así como la distribución de insumos agrícolas y el establecimiento de áreas para la producción rápida de alimentos, atención médica veterinaria, apoyo a la producción de forraje y ayuda para preservar los medios de vida.

Los compañeros de Colombia: Haití y Honduras

En Honduras los factores son otros. La poca precipitación acumulada en 2021 por lluvias debajo del promedio en octubre y noviembre de 2021, y la crisis derivada de la pandemia son los dos principales motivos del empeoramiento de la inseguridad alimentaria en los meses por venir en el país, sobre todo en el Corredor Seco, donde las familias más pobres necesitarán asistencia humanitaria.

Aunque la producción de maíz disminuiría sólo un 3 % en comparación con la media de los cinco años anteriores, la reducción de 60 % que se espera en la producción de sorgo afectaría los medios de vida agrícolas.

Además, según el Banco Mundial, el 32% de las personas empleadas perdió o abandonó su trabajo como resultado de las perturbaciones derivadas de la pandemia.

Por su parte, en Haití la crisis económica, la sucesión de cosechas por debajo de lo normal, la inestabilidad sociopolítica y la violencia de las pandillas exacerbaría los alarmantes niveles de hambre en el país, especialmente en los departamentos del sur.

Según cifras de la ONU, al inicio de febrero de 2022 unos 4,3 millones de personas requieren ayuda alimentaria de emergencia y de marzo a junio el horizonte se agravaría para alcanzar a 4,6 millones de haitianos en esas condiciones.

La depreciación de la divisa haitiana y el alza de los combustibles y las materias primas erosionan más el poder adquisitivo de las familias, cuya canasta básica cuesta un 40 % más que hace un año por el aumento de los precios de los productos importados como el aceite vegetal, la harina de maíz y el trigo.

Por otra parte, la inseguridad y la inestabilidad política seguirán siendo altas en los próximos meses, dificultando el acceso y las operaciones humanitarias.

27 de Enero de 2022

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Ofensiva derechista en EU busca anular libertades civiles y derechos de minorías (I)

 Pretenden revocar el derecho al voto, al aborto, conquistas de la comunidad gay y una purga de libros

 

Una ofensiva de una constelación de fuerzas derechistas en Estados Unidos está promoviendo no sólo la anulación del sufragio efectivo, sino revertir derechos y libertades constitucionales de mujeres, minorías raciales y la comunidad gay, prohibir libros y la enseñanza de historia social, incluyendo el racismo, impulsar campañas contra medidas para mitigar la pandemia como el uso de cubrebocas y el rechazo de vacunas, parte de un ataque contra la ciencia, y algunas corrientes se preparan para acciones armadas con el fin de, según ellos, defender su país contra "comunistas", "anarquistas" y otros "radicales", incluidos demócratas centristas.

Mucho de esto no es nuevo, pero sus dimensiones y poder político son suficientes para provocar alarmas entre la Casa Blanca, legisladores, organizaciones de defensa de derechos y libertades civiles y prominentes intelectuales, de que están amenazando los fundamentos democráticos de la república estadunidense.

Es parte del legado activo que cultivó Donald Trump, a quien se ha subordinado casi todo el Partido Republicano junto con extremistas, y que incluye un asalto al Capitolio como parte de una intentona de golpe de Estado, hecho sin precedente en la historia del país.

La agenda política derechista que ocupó el poder nacional con Trump durante cuatro años continúa hoy a nivel federal con legisladores republicanos frenando esfuerzos para defender el sufragio efectivo y a través de la mayoría conservadora en la Suprema Corte donde, entre otras cosas, está en riesgo el derecho constitucional al aborto, pero aún más efectivos son los esfuerzos derechistas a nivel estatal y local con gobiernos republicanos.

Es en los estados y condados donde la ofensiva para suprimir y hasta subvertir el voto se está impulsando. Más de 440 iniciativas de ley para obstaculizar y dificultar el ejercicio del voto, sobre todo de minorías y pobres, han sido impulsadas en 49 estados, y 19 entidades han aprobado 34 de estas leyes, reporta el Brennan Center for Justice.

Republicanos en estados donde controlan la legislatura y la gubernatura están usando ese poder para redibujar distritos electorales diseñados para consolidar ese control y dividir al electorado que suele votar en su contra, los demócratas han hecho lo mismo, pero no de manera tan efectiva, en entidades que ellos dominan.

Más aún, desde el nivel estatal han impulsado leyes para anular el derecho de las mujeres a servicios de salud que incluyen el aborto, así como para cancelar avances en la defensa de derechos civiles de la comunidad gay, ampliar la influencia de iglesias conservadoras en la política, "proteger" y ampliar el "derecho" de comprar y portar armas de fuego (casi todo lo relacionado con armamento privado se regula a nivel estatal en Estados Unidos).

Los republicanos y sus aliados de la derecha se han enfocado también en organizar y tomar control al nivel local, desde juntas escolares a puestos administrativos y de regulación a nivel municipal y de condados desde los cuales han impulsado medidas que afectan desde el programa de estudios de escuelas públicas, hasta qué libros se permiten o no en las bibliotecas, censura que se expresa cada vez más abiertamente en diversas partes del país.

Por ejemplo, esta semana, una junta escolar en Tenesi votó de manera unánime (10-0) a favor de prohibir la novel gráfica famosa, y ganadora del Premio Pulitzer, Maus de Art Spiegelman, la cual ya no podrá ser usada en sus aulas porque contiene material "inapropiado", incluyendo algunas palabras y una figura desnuda. La obra es sobre el Holocausto.

También esta semana un alcalde del pueblo de Ridgeland en Misisipi se rehusó a entregar 110 mil dólares en financiamiento destinando al sistema de bibliotecas públicas en el condado exigiendo una purga de todos los libros sobre los gay antes de soltar los fondos.

En Virginia, el nuevo gobernador conservador acaba de instalar un sistema para que ciudadanos puedan denunciar a escuelas y maestros que estén abordando el tema del racismo de manera extensa.

En Texas una nueva ley busca limitar la enseñanza de historia reduciendo o eliminado referencias a la discriminacion contra mexicanos y a la esclavitud, parte de una ofensiva conservadora que hasta ha logrado frenar cualquier alusión crítica al Álamo. Un legislador republicano estatal texano circuló una lista de 850 libros a oficiales escolares del estado donde incluyó tanto libros ya viejos como nuevos por autores reconocidos como Margaret Atwood o hasta Quinceañera de Ilan Stavans.

En un distrito escolar en Kansas se retiraron 29 títulos de las bibliotecas, incluyendo una de las obras de la Premio Nobel Toni Morrison.

En York, Pensilvania, maestros y estudiantes lograron revertir con sus protestas una prohibición sobre varios libros escritos desde la perspectiva de niños latinos, afroestadunidenses y gay. Entre los libros había dos para niños sobre Martin Luther King y Rosa Parks.

Líderes conservadores han sido exitosos en detonar un debate nacional al atacar lo que llaman "teoría crítica de raza" –frase académica que aborda el estudio del racismo sistémico en Estados Unidos– al calificarlo de "antiestadunidense".

En Florida se promueve un proyecto de ley estatal para limitar el enfoque sobre racismo, justificado por, textualmente, "no haga sentir incómodo, culpable, angustiado o cualquier otro tipo de destreza (a un individuo) por su raza".

La Asociación de Bibliotecas de America (ALA) reportó que recibió 156 solicitudes para remover 273 libros en 2020, pero en el último trimestre de 2021, esa cifra se elevó a 330.

Desde enero 2021, se han introducido 122 proyectos de ley a nivel estatal para prohibir, limitar o condicionar libros en educación pública y bibliotecas en 33 estados, 10 de esos se han promulgado en ley en nueve estados, reporta PEN America. Según varios medios, ciertos libros ya han sido recogidos de escuelas en Texas, Pensilvania, Utah, Virginia y Wyoming.

Un observador de todo esto circuló una vieja cita de Heinrich Heine, poeta alemán del siglo XIX, como advertencia: "Donde quemen libros, también, al final, quemarán a seres humanos".

(En la segunda parte: el neofascis- mo y la ofensiva contra mujeres, minorías e inmigrantes).

Por David Brooks, corresponsal

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Maduro impone condiciones inalcanzables para un referéndum revocatorio

 

 

El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional Electoral, anunció sorpresivamente condiciones incumplibles para impulsar una consulta popular sobre la continuidad o no del mandato de Maduro.

 

El día 26 será una mala pantomima para aparentar respeto al derecho constitucional de realizar un referéndum revocatorio del presidente de la nación. Faltando poco para las 9 de la noche del viernes 21, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que menos de una semana después, el miércoles 26, sería la fecha única para la recolección de firmas necesarias para activar el mecanismo constitucional del referendo revocatorio.

Serán solo 12 horas (de 6 am a 6 pm), un día de semana, en pleno auge de contagios por la variante Ómicron de la Covid-19, para recoger un mínimo de 20% del registro electoral en cada una de los estados del país, debiendo sumar poco más de 4 millones 253 mil firmas, tomando como base el registro validado para las pasadas elecciones regionales, que asciende a casi 21 millones de electores y electoras (20.929.987).

Esto no solo implica una convocatoria con apenas cuatro días de antelación, sino que en promedio tendrían que procesarse 5 firmas de apoyo por cada minuto en cada uno de los centros definidos para la recolección (1.200, en contraste con los 14.400 centros habilitados para las elecciones de noviembre). Algo que objetivamente no tiene viabilidad ni posibilidad de hacerse realidad.

Como corolario, el cronograma es bastante compulsivo e inconsistente: el 21 en la noche se anunciaron las condiciones, en la tarde del día siguiente se anunció que la presentación de testigos estaba habilitada desde el propio 21 –aunque nadie lo sabía entonces, porque recién lo informan el 22– hasta el 24, la acreditación de estos está pautada para el mismo 22 –aunque el CNE lo informó pasadas las 2 de la tarde de ese día y recién después de las 3 de la tarde es que estuvo disponible en la página web del CNE la planilla de presentación de los testigos– hasta el 25. Para ayer 23 de enero sería “el despliegue lineal de los equipos tecnológicos para la jornada e igualmente inicia el proceso de capacitación de los agentes que prestarán servicio en la Jornada de recepción de manifestación de voluntad”. Para este martes 25 sería la instalación de los equipos tecnológicos.

No solo se está ante un tiempo irrisorio para organizarse quienes quisieran llevar adelante la recolección, incluso para la labor elemental del ente electoral y de los involucrados de informar a la población sobre el mecanismo, aclarar duras, etc., sino que la posibilidad real de promover y organizar testigos, auditar máquinas y el sistema de procesamiento de los votos, etc., es prácticamente inexistente. De hecho, el cronograma no contempla ninguna fase de verificación del software a usarse. Amén de la cifra imposible de 5 firmas por cada minuto de las 12 horas de recolección en cada uno de los centros definidos. Por si fuera poco, en un día laboral.

Es a todas luces un madrugonazo del gobierno para anular, por la vía de los hechos, la posibilidad de activación de ese derecho democrático establecido en la propia constitución que el chavismo hizo votar iniciando su ascenso al poder. El 17 de enero el CNE dio respuesta pública a las solicitudes introducidas el día 10 por algunas organizaciones del pequeño sector de la oposición que está decidido a impulsar ese mecanismo, ese día anunció que “procedían” las solicitudes y que el próximo paso sería elaborar un cronograma. Cuatro días después, las condiciones estaban listas y aprobadas por la mayoría de 3 rectores chavistas que responden al Gobierno, con el voto salvado de los 2 rectores que responden al arco opositor.

Cabe recordar además que, al tratarse del cargo de Presidente de la República, aunque el distrito electoral que corresponde es el país como un todo, el Gobierno de Maduro se valió del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para emitir una sentencia en 2016 (17/10/2016), en la cual la Sala Electoral modificó la normativa para la recolección de firmas, estableciendo que no sería ya el 20% del electorado nacional, sino el 20% de cada una de las entidades del país. Lo que implica esto es que si en un solo estado del país no se consiguiese alcanzar el 20% de las firmas, aun cuando sí se hubiesen conseguido en todos los demás y el total nacional sumara el 20% del electorado, no procedería la activación del referendo.

Una verdadera trácala electoral que violenta el principio lógico más elemental de que si el distrito electoral para elegir al Presidente es el nacional, tomándose el país como distrito único, así también debe ser la recolección de firmas. Para ser elegido Presidente de la República a Maduro no se le exigió tener un mínimo de votos en cada unas de las entidades del país, ¿cierto? Se toma todo el país como un único distrito electoral y se gana el cargo independientemente de la proporción de votos obtenidos en cada uno de los estados… pero en 2016 se inventaron que para activar un referendo revocatorio ya no valía el país como distrito único.

Obviamente son obstáculos adicionales que fue colocando un gobierno cada vez más vaciado de base social, como parte de su giro antidemocrático. Violenta completamente la posible voluntad mayoritaria, pues en un país con una distribución territorial de la población bastante desigual, donde la mayor parte se concentra en determinados estados que son el centro económico, social y político del país, aun cuando de ese total de la población haya claramente el porcentaje necesario manifestando la voluntad de ir a un revocatorio, estaría bloqueada esa posibilidad si no se logra la misma proporción en cada estado, así represente un porcentaje muy minoritario de la población.

La ponente de esa sentencia fue la presidenta de la Sala Electoral, Indira Alfonzo, quien años después fue, ella misma, nombrada por el TSJ como Presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Volviendo al tramposo cronograma, el CNE anunció que luego del 26, “La auditoría de huellas de las solicitudes de manifestación de voluntad se desarrollará entre el 7 y 10 de febrero y la declaratoria de procedencia o improcedencia quedó fijada para el 13 de febrero”. Tanto el CNE como el propio gobierno se han encargado de recordar que, de acuerdo a la ley, solo se puede activar una solicitud de referendo revocatorio a lo largo del mandato, por lo cual, si en esta ocasión no se consiguen los requisitos, no hay segundas oportunidades.

Nunca faltan el chantaje y la intimidación: pedirán el listado de los firmantes

Por si hicieran falta elementos en contra para el ejercicio de esta consulta popular, como al autoritarismo del gobierno no le faltan los elementos de coacción a la hora de forzar algún resultado electoral, esta vez se hacen presentes también. Es así que el día de ayer, lunes 24, Diosdado Cabello dio una rueda de prensa a nombre del PSUV señalando, entre otras cosas, que luego de la recolección de firmas, ellos, es decir, el Gobierno, solicitarán al CNE el listado de las personas que hayan manifestado voluntad favorable a la realización del referendo.

Que Maduro tiene derecho a saber quiénes son las personas quieren revocarlo, fue la cínica argumentación del segundo vicepresidente del partido de gobierno. No está de más recordar que luego de la realización del referendo revocatorio a Chávez en 2004, el listado de quienes firmaron a favor de esa consulta se convirtió en una “lista negra” que servía para negar puestos de trabajo en instituciones públicas o directamente despedir. Esta lista y otras siguen usándose en la actualidad, cuando la profunda descomposición autoritaria ha llegado al punto de chantajear, en los sectores populares, con negar el acceso a la bolsa de alimentos (CLAP) o el suministro de las bombonas de gas doméstico, a quienes no manifiesten lealtad electoral al Gobierno-PSUV.

Para más acoso, también anunció Diosdado que el PSUV desplegará sus “testigos” el día de la recolección de firmas, porque tienen derecho a verificar que el proceso se cumpla acorde a las reglas, dijo.

“Fast-track” para quitarse un embrollo de encima y bloquear un derecho democrático

Claramente estamos ante una jugada más del autoritarismo del gobierno para dar por pasada ya la página del revocatorio, la implementación a su medida de una vía rápida para tramitar y dar por cerrado este importante problema político. Una jugada acorde con la serie de mecanismos tramposos y proscriptivos con que ha encarado los diferentes procesos electorales de los últimos años.

Quienes militamos en la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), siendo parte del arco de los que nos oponemos por izquierda al régimen de Maduro y las FFAA –y por tanto también nos oponemos a la oposición de derecha y al imperialismo estadounidense–, repudiamos claramente estas descaradas acciones antidemocráticas.

La Constitución del ’99 consagró en su artículo 72 la opción de convocar referendos revocatorios para todos los cargos de elección popular, una vez cumplida la mitad del mandato. Un nuevo derecho democrático que, como todos los otros aspectos democráticos novedosos de la nueva constitución, no solo convivía con el hecho fundamental de mantener una sociedad de clases basada en la explotación –lo que ya de por sí impone un régimen social antidemocrático–, sino además con la pervivencia y aumento de la concentración de poderes en la figura presidencial.

Tras la debacle del régimen puntofijista, en medio de una crisis terminal de sus instituciones, y con el ingrediente central de la entrada en escena del movimiento de masas a partir de la rebelión del ’89, que a pesar de la sangrienta derrota marcó el inicio de un importante ascenso de luchas y movilizaciones en toda la década de los 90’s, el nuevo régimen político que ascendía apoyado en ese descontento y aspiraciones populares no podía asentarse sin hacer concesiones a esas expectativas. Apoyado en el movimiento de masas, Chávez y el chavismo introdujeron algunos mecanismos relativamente democráticos, que resultaban novedosos para la limitada democracia burguesa venezolana (e incluso en algunos casos para la democracia burguesa en general).

Uno de esos mecanismos fue la figura de los revocatorios. No es el objetivo aquí desarrollar el conjunto de mecanismos y el por qué de lo relativos y bastante limitados desde el punto de vista de un régimen político en el que, según los publicitas de la democracia burguesa, “la soberanía resida en el pueblo”. Nos basta por ahora con señalar el hecho fundamental de que tales “poderes” o “decisiones” quedaban siempre subordinados a los poderes económicos y políticos reales de la sociedad burguesa: la clase de los capitalistas, su Estado, sus Fuerzas Armadas. Y en ese marco es pertinente señalar que al mismo tiempo se profundizaba el histórico “presidencialismo” de los regímenes anteriores, brindando mayores condiciones formales para el desarrollo de un régimen personalista y bonapartista.

Es en ese entramado que existe el derecho al revocatorio, un derecho bastante limitado desde el punto de vista de lo que se le vende al pueblo como “ejercer la voluntad popular”, pero que no deja de ser una posibilidad para que, en determinados momentos, el pueblo pueda expresar su parecer, aun en los estrechos márgenes que brinda. Desde ese punto de vista, rechazamos de plano y denunciamos esa nueva afrenta del gobierno de Maduro y las FF.AA., tal como lo hemos hecho siempre ante cada maniobra autoritaria y antidemocrática gubernamental.

La organización y movilización de las trabajadoras y los trabajadores, lxs jóvenes y las mujeres por nuestras demandas económicas, sociales y políticas, sigue siendo una necesidad para recuperar la capacidad de lucha. Para pararle la mano a este gobierno y a los empresarios y patronos de conjunto, que pretenden avanzar hacia una “recuperación” económica y una nueva etapa de convivencia política sobre las ruinas de nuestros derechos y nuestras condiciones de vida.

Por Ángel AriasSociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts

Martes 25 de enero

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Ilustración: @marcoprile

Entrevista a Lisbeth Moya González

Conversamos con Lisbeth Moya González, quien es una joven periodista, escritora y activista política como parte de la izquierda crítica cubana. En esta interesante entrevista, realizada en los últimos días de diciembre, se consideran distintos aspectos de la difícil problemática económica, política y social que recorre la isla, cuyo destino es de gran interés para los trabajadores y pueblos de América Latina y el mundo. Sin compartir algunas de las diversas cuestiones que desarrolla, consideramos de suma importancia dar a conocer su visión sobre lo que acontece en el interior de la propia isla y los caminos que se proponen para una salida de la actual crisis cubana. Esta entrevista es parte de un conjunto que estamos realizando a una parte de la llamada izquierda crítica cubana; próximamente estaremos publicando un artículo sobre la situación y el programa, donde abordamos nuestra visión y posición como parte de los debates en curso.

Las movilizaciones del 11 de julio de 2021 marcaron un antes y un después en la situación política en Cuba. ¿Cuáles fueron, para ti, las causas de esas movilizaciones?

El 11 de julio fue un día bastante polémico, fue un día que para mí no fue una sorpresa. Sabíamos con anticipación que las cosas estaban mal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del descontento de la gente, y que eventualmente iban a explotar. No sabíamos de qué manera, pero sí que algo se iba a armar. Yo vivo en un barrio marginal que se llama Jesús María, en el centro de La Habana vieja, y todo el tiempo sentíamos el descontento popular. Estaba todo muy caldeado. También sabía, pues conozco otras partes de la historia, porque tengo a mis padres, por ejemplo, que viven en el interior del país, que allí la situación económica era mucho más terrible que en La Habana.

Por otro lado, hay que considerar que en Cuba pasamos por un período especial y si bien tuvimos un maleconazo el 5 de agosto de 1994, este fue un pequeño estallido social, comparado con el 11 de julio. La ciudadanía está acostumbrada, por falta de tradición política o porque se les educa en obedecer y ser parte de un sistema, como un engranaje continuo, a no rebelarse. Porque además el derecho de manifestación en Cuba no existía en lo más mínimo, hasta hace muy poco que en la nueva Constitución sí se habla del derecho a manifestación.

Entonces, en Cuba no existe tradición de protesta. No existen sindicatos que ejerzan esa función; aunque existe la Central de Trabajadores de Cuba, que es como un gran sindicato que está controlado por el Gobierno, pero no ejerce la función de sindicato. Cuando tienes problemas en el trabajo con tu jefe o cualquier cosa el sindicato no te va a respaldar de la misma manera. Cuando tienes un problema con los efectos de las medidas económicas que se apliquen a nivel macro en el país no vas a ver a un sindicato en la calle reclamando tus derechos. O ante situaciones como las que se enfrentaron hace un tiempo, cuando ocurrió una especie de despidos masivos, que acá se le llamó en ese momento un “proceso de idoneidad” dentro de los trabajos, que sencillamente te decían que ya no, porque se abría el sector privado, y se buscaba echar a la calle a trabajadores del sector estatal, hacían un proceso de selección y sencillamente echaron a la calle a un montón de gente para que fueran precisamente la mano de obra de ese sector privado. Eso le dolió a mucha gente porque muchas personas estaban adaptadas a su trabajo y sencillamente verte sin trabajo de un día para otro no es nada gracioso y ahí no hubo un sindicato, por ejemplo, que protestara, y no sucedió nada.

Con esto no estoy diciendo que en Cuba no exista una tradición política de protesta. Tenemos una historia que es de antes del ‘59, que era una historia convulsa de protestas, de lucha, pero luego se vino a eliminar toda posibilidad de asociación, de disenso, o sea, básicamente, actualmente, si no estás de acuerdo con lo que se plantea desde arriba, esa verticalidad, si no estás de acuerdo con ellos, no puedes protestar.

Entonces el 11 de julio llega en el punto álgido de un montón de contradicciones, contradicciones de tipo económico que tenían que ver con la situación cubana que estaba mal desde antes. En Cuba nunca hemos estado económicamente bien, desde el período especial hasta los días de hoy, que nadie se engañe. La situación más reciente tiene que ver con la desaparición total de los productos básicos, conseguir un pomo de aceite, carne o lo que sea, acá es muy difícil. Tiene que ver con la gran inflación que existe, descomunal, que se dice era del 6900%, no sé bien la cifra, pero era una brutalidad, pero es que las cifras oficiales nunca están a mano.

Pero yo creo que el fenómeno es mucho más complejo que eso. Para analizarlo hay que pensar, por ejemplo, que no se puede olvidar un momento que fue clave de lo que sucedió en Cuba en enero, que fue la Tarea Ordenamiento Económico, que fue un momento en la economía que, en medio de la crisis económica y sanitaria que implica el COVID-19, se decidió hacer algo que el gobierno había atrasado durante mucho tiempo, algo que estaba planificado, pero que no se había hecho, y como ya estábamos en una crisis muy grande e insostenible, pues decidieron meter esa medida económica, un paquetazo de una vez para tratar de “cambiar algo” y tratar de “revitalizar la economía”. Estoy utilizando palabras que ellos mismos emplean.

Y que en realidad representó un ataque enorme a las condiciones de vida del pueblo cubano…

Sí. Cuando hablo de esto me acuerdo de Alejandro Gil, ministro de economía, diciendo en la televisión que se iban a abrir las tiendas en moneda libremente convertible, llamadas MLC, donde tendrían acceso las personas que reciben remesas o que reciben dólares, euros u otras monedas extranjeras. Esas personas que tenían esas monedas se harían una tarjeta MLC, donde esta moneda tendría un valor asociado, según la fluctuación del MLC en el mercado, a partir de la cotización de las distintas monedas extranjeras. Con esta tarjeta podrían comprar en tiendas especiales, en las cuales Alejandro Gil dijo que se ofertarían productos de “alta gama”; de esta forma se refieren a productos que no se encuentran normalmente en las tiendas comunes.

Esto fue presentado por el gobierno como una manera de captar los dólares y otras monedas extranjeras que entraban a Cuba, y supuestamente con esos recursos poder invertir y llenar las otras tiendas. Cuando oí eso dije: esto es un apartheid económico, no sé qué voy a hacer yo y todo el mundo porque a estas tiendas no voy a poder acceder nunca. En aquel momento recuerdo que tuve muchos debates y que muchas personas me decían: “no es así, en las tiendas comunes va a haber cosas”, en fin. Esto porque desde el gobierno se afirmó que nunca se dejaría de abastecer a las demás tiendas, y que serían unas pocas tiendas en MLC en cada municipio, en cada localidad.

Pero la realidad es que cada día hay más tiendas en MLC y menos tiendas normales. Hay pueblos donde solo existen una o dos tiendas normales y el resto son tiendas en MLC. Todo esto en un país en donde a los obreros, a los trabajadores no se les paga en MLC, sino en pesos cubanos. Recordemos que estas medidas fueron presentadas para sacar de circulación el CUC, que había sido una moneda emergente que habían implantado durante el periodo especial, para eliminar la circulación del dólar en Cuba. Este proceso de dolarización entra entonces de una manera novedosa y conveniente para ellos.

Y entonces ¿qué sucedió? Que cada día había más tiendas en MLC. Cada día los precios en las tiendas MLC estaban más altos y se decidió comercializar en esas tiendas más productos de los que no se encontraban en ninguna parte: por ejemplo, los cigarros, que solamente se venden en MLC. Y cada día las tiendas normales, donde puedes comprar en pesos cubanos, son menos y están más vacías.

Y cada día, los cubanos tienen que acudir a un mercado negro, con precios descontrolados. Se trata de personas que consiguen el MLC en el mercado negro, donde lo compran a precios elevadísimos, por ejemplo 70 u 80 pesos por un MLC y con eso adquieren los productos. Esto implica que hay un mercado especulativo del MLC, por un lado; de los dólares y euros por otro, y finalmente de los productos de primera necesidad y de todo tipo. Por ejemplo, para comprar un paquete de pollo tienes que dar como 600 pesos cubanos. Eso era inconcebible antes, cuando un paquete de pollo te costaba 8 dólares, que era como 200 pesos, y estoy dando un precio alto. Un pomo de aceite que antes costaba uno o dos dólares ahora cuesta el equivalente a 10 y a veces hasta 15 dólares. Y así todo.

Al mismo tiempo está la crisis sanitaria: no hay medicamentos, prácticamente no hay test para saber si la gente tiene coronavirus. Las cifras de la pandemia son ficticias, porque hay mucha gente contagiada que no puede hacerse test, que tienen los síntomas pero que no se les contabiliza porque no hay test para hacerle. Conozco muchísimos casos que han estado con coronavirus en su casa sin poder testearse. Entonces, si a eso le sumas en el contexto del Covid-19 que la crisis sanitaria había tocado un pico pandémico enorme, que había ciudades que estaban desbordadas y hospitales colapsados, si a eso le sumas los sarcásticos del noticiero de la televisión cubana y de los medios de prensa, diciendo que todo está bien, que no pasa nada. Y esto es porque en Cuba no hay transparencia periodística, y los medios alternativos son totalmente asediados. Y buena parte de los “medios alternativos”, esa crítica tengo que hacerles, a veces son una locura porque realmente están pagados por Estados Unidos y eso no se puede negar, y son terriblemente malos informando, o sea calumnian todo el tiempo. Hay realidades tristes que contar, pero ellos se pasan o inventan, pero también hay medios alternativos muy respetables, eso sí, no lo olvidemos.

Entonces, llegado el 11 de julio teníamos la crisis, teníamos un pueblo, un pueblo que no puede más económicamente hablando, teníamos a la televisión mintiendo todo el tiempo.

Queríamos preguntarte sobre los antecedentes en ese terreno de lo que vienes desarrollando.

Sí, te puedo decir que en el ámbito de lo político habían sucedido varias cuestiones que eran también bastante fuertes, y es que en Cuba existe una oposición que había hecho acciones desde hace muchísimo tiempo, una oposición que no tiene matiz de izquierda, una oposición en buena medida de derecha, aunque la izquierda y la derecha se ha transfigurado un poco en los sucesos asociados a esa oposición en los últimos años. Me refiero, por ejemplo, a los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, donde durante meses estuvieron sitiados y en huelga los miembros del movimiento San Isidro, como Luis Manuel Otero Alcántara y el resto de sus integrantes. Estaban en huelga, protestando precisamente por el encarcelamiento de Denis Solís, un rapero cubano, también opositor, causado por enfrentarse a un policía. Solís había sido condenado a prisión por esto y por otras arbitrariedades del Gobierno. Entonces, estaba San Isidro en huelga, llegaron a las casas de ellos con excusas del Covid-19, de que había alguien que había entrado al país que era Carlos Manuel Álvarez, el periodista, y desalojan a San Isidro. Además de esto a Luis Manuel se lo llevan preso.

Entonces esto fue un punto álgido, digamos, de colapso político, en particular para los artistas y los escritores jóvenes, porque un grupo grande de simpatizantes, inicialmente de simpatizantes de San Isidro, pero después sencillamente de jóvenes, de personas que veían en lo que estaba sucediendo una arbitrariedad más del Gobierno, del tema de la censura y de la no posibilidad de disenso en Cuba.

Yo estuve el 27 de noviembre. Estuve porque quería ver qué sucedía; como periodista debo ver qué sucede políticamente en mi país. Aunque no coincidía con Luis Manuel Otero Alcántara tenía que ver qué estaba pasando y, además de eso, sí estuve allí de convicción por el tema del disenso y la represión en Cuba, que para mí es fundamental ahora mismo y lo era en ese momento. El tema de la represión y del disenso en Cuba es preocupante, acá no hay libertad de manifestación ni de asociación. Mientras en otros países ustedes se manifiestan, aunque los repriman o no, en Cuba no podemos: aquí te manifiestas, te agarran preso y te acusan de delitos contra la seguridad del Estado que implica una cantidad de años encima.

Entonces, volviendo, el caso del 27 de noviembre, que si bien no era de izquierda sí encendió la llama de muchas cosas. Entonces en ese día se congregaron frente al Ministerio de Cultura 500 personas como mínimo. Éramos jóvenes que teníamos miedo, que estábamos allí tratando de dialogar con las instituciones y exigir precisamente en torno a temas como la libertad de Luis Manuel, así como el derecho al disenso, la libertad de expresión y demás. Sin embargo, ese 27 de noviembre no había una conciencia política colectiva de grupo ni mucho menos. Ya después se intentó crear, con los que participaron, un grupo que se llamó 27N, que terminó dispersándose porque precisamente, después de eso, la seguridad del Estado, la policía política, se encargó de desmembrarlo mediante el método de la prisión o el exilio. Esta es la respuesta que se da desde el Estado, a ti te dicen que en tu país no puedes estar y si estás vas a la cárcel. Y tienes que irte de tu país. Porque disientes, porque políticamente no estás de acuerdo con lo que el Gobierno plantea y es el momento en el que tu vida se reduce a estar preso en tu casa o en una prisión sin poder trabajar, sin poder decir ni hacer nada, donde tus libertades civiles y políticas son eliminadas y te obligan a irte pues te dicen o te vas o te hacemos todo esto. En mi caso, que soy de izquierda, he sido hostigada en mi trabajo. Entonces, basado en ese concepto, podemos decir que la seguridad del Estado se ha encargado de desmembrar toda la disidencia y toda oposición.

Después del 27N ocurrieron otras cosas, una serie de momentos de manifestación política. Pero todos los que salieron a la calle después de ese día fueron reprimidos y apresados, están en la cárcel esperando sentencia, como es el caso de Luis Robles, que al parecer se lo hicieron el otro día, pero ahora no sé ni lo que le salió en materia de años. Y antes del 27 de noviembre también... habíamos tenido una marcha que fue el 11 de mayo de 2019. Esa fue una manifestación de la comunidad LGBT, muy masiva, que también fue reprimida, y algunos de sus miembros fueron apresados, y de allí surgió 11M, que es una plataforma que lucha por los derechos de la comunidad LGBT y con la que tengo la suerte de colaborar, porque hacen un trabajo de activismo hermoso.

Entonces tenemos todos estos antecedentes de represión y de un despertar de la sociedad civil cubana en materia de activismo. Sin embargo, es curiosísimo que la marcha del 11 de julio no fue organizada por la sociedad civil cubana. Los artistas, la comunidad LGBT, los intelectuales y demás solo fuimos simples participantes o espectadores ese 11 de julio. Fue el pueblo de centro Habana, de Jesús María, de Marianao, de Los Pocitos, de la Güinera, etc., que son los barrios pobres de La Habana, los marginados, los que más están sufriendo la crisis económica; fue de allí de donde surgió la manifestación, desde donde salieron a las calles, en un fenómeno que fue bastante fuerte y simultáneo en muchos lugares del país.

Se ha criticado que la marcha fue violenta de parte de los manifestantes. Yo realmente no sé qué espera el Gobierno cubano. No quiero minimizar la violencia de los manifestantes – sé que hicieron cosas como intentar tomar cuarteles de policía o virar patrullas de policía– pero sí vi y viví en carne propia la violencia del Estado sobre los manifestantes. Está el caso de Leonardo Romero Negrín, que estaba conmigo ese día y que fue apresado injustamente sin hacer nada, solo porque le pedimos cuentas a un policía que estaba golpeando a un menor de edad. Leonardo fue reprimido, le fracturaron las costillas, le sucedieron muchas cosas dentro de la prisión y estaba desaparecido. No lo encontrábamos. Y una semana después, que pudimos dar con él gracias a la presión social y política, logramos que saliera. Pero no todos los presos tienen la suerte de Leonardo Romero.

¿Cómo vinculas las políticas gubernamentales, y en particular la Tarea Ordenamiento, con el aumento de la desigualdad social y el avance de la restauración capitalista?

Yo diría que la restauración capitalista es algo que ha venido sucediendo, de a poco. Es innegable que en Cuba la economía es una especie de Frankenstein. Yo la llamaría una economía de resistencia: todo el tiempo estamos resistiendo. A mi modo de ver, en Cuba el tema de los medios de producción nunca se ha afrontado como debería hacerse en un país que se plantea construir el socialismo: que es socializar los medios de producción de manera cooperativa, y no centralizarlo todo, porque el Estado cubano siempre ha sido bastante centralizado y ha querido siempre tener el poder económico. Nunca se ha laborado en la construcción de esa economía ideal, ya sea por el bloqueo o ya sea por la mala gestión de la burocracia en Cuba.

Evidentemente vivimos el bloqueo y el asedio norteamericano, porque estamos al lado del imperio que no quiere que el socialismo exista en ningún país porque es su opuesto histórico. Hemos vivido siempre en un estado de alarma, en un estado sitiado, y el desarrollo de la economía ha sido bastante centralizado y muy poco socializado.

Entonces en medio de esto viene el avance de la restauración capitalista, que tiene que ver también con las nuevas generaciones que detentan el poder en Cuba, y tiene su cara más brutal en el paquetazo neoliberal que fue la Tarea Ordenamiento. Estas medidas fueron otro paso más, porque ya se habían tomado medidas para llegar hasta aquí, como lo que comenté respecto a los despidos. Esto no fue algo sorpresivo, en la Constitución que se aprobó años atrás se sentaban las bases para esa restauración capitalista, y efectivamente, entonces, el 11 de julio responde a ese proceso de restauración.

Y obviamente el avance de la restauración capitalista ha traído consigo la desigualdad y la desigualdad se ve cada día más. En La Habana, por ejemplo, se ve en que los barrios están cayendo, se están derrumbando, y los hoteles, la mayoría lujosos, se están levantando. El otro día hubo un derrumbe muy fuerte. Se ve en que la inflación crece, los precios aumentan y la gente no tiene para comer. Se ve cómo los negocios privados aumentan con unos precios escandalosos y no hay tiendas para comprar productos básicos. Hay muchas manifestaciones desde el punto de vista social y económico por el descontento por esa restauración capitalista y sus consecuencias. Se ve cómo en Cuba surgen nuevas clases sociales, surge la pequeña burguesía, y se mezcla allí de una manera muy interesante con, yo diría, la burguesía de sangre azul que ya existía, que son los hijos de quienes dirigen Cuba y sus familias, que tienen otras prebendas, lujos, que la población no tiene.

Es muy interesante lo que mencionas, respecto al proceso que se da en torno a la emergencia de estos sectores privilegiados. ¿Podrías ampliar en torno a esto?

Sí. En Cuba siempre han existido los privilegios de los hijos de los burócratas y sus familiares. Antes, como no había internet, esos privilegios se podían ocultar un poco más. Con el internet se evidencian más muestras de eso. Además, particularmente en la capital, se ven más esos privilegios, porque esos hijos ya no se esconden y tienen negocios propios.

Con la Constitución de 2019 se abrió la propiedad privada, y este fenómeno al que me refiero (el de los negocios propios, N de la R.) se muestra más. Además, estas personas -los familiares de los burócratas- van a tener mayores ventajas en sus negocios, les va a ir bien, mucho mejor que a otros emprendedores privados, porque tienen ventajas tanto económicas, como para resolver los trámites infinitos que hay que hacer en Cuba para lograr cualquier cosa.

Este proceso de emergencia de la pequeña burguesía, y de hijos y familiares de la burocracia dedicados a sus negocios privados, ¿qué tan extenso es respecto al conjunto de la población?

Obviamente son una minoría, pero es una minoría creciente. La Habana es una ciudad turística, basada en los servicios como economía de subsistencia, y aquí se ve cada día más esa serie de negocios, y cómo el modo de vida de mucha gente va cambiando. Esta crisis, que está viviendo muy duramente el pueblo, los obreros, la están aprovechando esos sectores, que son la burocracia y los pequeños burgueses. Hay gente que posee negocios y riquezas, en tanto hay quienes, la gran mayoría, solo tienen sus manos, tienen que trabajar y comprar productos básicos en el mercado negro porque no le queda de otra. Es precisamente esa gente la que salió a la calle el 11 de julio.

¿Cuál es la situación que están atravesando hoy los presos políticos por protestar en Cuba?

La situación de los presos políticos en Cuba es terrible. El 11 de julio se realizaron detenciones masivas, con cientos de presos; se ha documentado que ese día fueron 1271 personas detenidas. Han enfrentado procesos penales, muchos de ellos con prisión preventiva. Esto significa que llevan 6 meses presos esperando una sanción, en tanto otros tienen medidas cautelares en su casa o en el trabajo. Dentro de estos presos hay menores de edad, hay personas de izquierda, y hay de distintos estratos económicos y sociales. Actualmente quedan más de 600 en prisión, enfrentando penas y peticiones fiscales desde 6 meses hasta 20 o 30 años. Es peligroso porque le acusan de delitos contra la seguridad del Estado, cuando son personas que ejercieron una libertad básica en cualquier lugar del mundo, que es la libertad de manifestación, y que están siendo llevados a juicios sumarios, incluso sin poder acceder a un abogado. Mientras algunos, por ser más visibles, por ser activistas o artistas, pudieron salir, quienes están pagando los platos rotos son precisamente los habitantes de barrios marginados que se manifestaron. Muchos de ellos van a enfrentar o están enfrentando ya condenas muy grandes, por sencillamente salir a manifestarse o por cometer algún hecho “vandálico” –como dicen acá–, que puede haber sido tirar una piedra en respuesta a la violencia policial o enfrentarse a la policía, por ejemplo. Entonces la situación de los presos políticos en Cuba es terrible.

Además, hay un miedo generalizado, muchos llamaban a no denunciar en las redes o públicamente la situación de sus familiares, a mantenerse en el anonimato y asumir esa condena. Esto ocurrió porque la seguridad del Estado se ha encargado de asediarlos. Es un proceso ejemplarizante y de demostración de poder por parte del Estado, para decirle a la gente: “miren lo que soy capaz de hacer, miren lo que les va a pasar si vuelven a intentar manifestarse”. Y esto ha sido asumido, de una manera totalmente manipuladora, por los medios de comunicación nacionales. Porque a esas personas se les ha tildado de mercenarios y de ser pagados por el Gobierno estadounidense, una campaña de descrédito. Yo no dudo que haya personas que han sido pagadas por el gobierno de Estados Unidos. Pero la cantidad de personas del pueblo que salieron el 11 de julio no recibieron dinero por eso. Los presos políticos están pagando el empeño de un gobierno por mantenerse en el poder y están siendo el ejemplo de lo que el gobierno no quiere que suceda en el futuro para garantizar su gobernabilidad.

¿Cuál es la relación que encuentras entre estas medidas represivas y las medidas económicas que nos relatabas previamente?

Por supuesto que el aumento de la represión tiene que ver con la necesidad de ejecutar el plan neoliberal del que estamos hablando. Para decirles a los gobiernos extranjeros o a inversores extranjeros que inviertan en Cuba se tiene que garantizar la paz. Y la paz pasa por un pueblo que no se manifieste y que no exija derechos. Y deben demostrar la solidez de un sistema político.

La represión pasa por ahí: el Gobierno está tratando de que haya paz. Y está tratando que la gente esté en calma y asuma su destino como ellos dictan que debe ser, para poder ejecutar todos esos planes. He ahí la relación. Lo otro, es que la revolución cubana se ha caracterizado por no asumir cuestionamientos, no permitir que nadie cuestione; por eso la no posibilidad de asociación y la falta de participación política y popular. Entonces, en un momento de crisis económica, donde hay un estallido social, la represión va a ser directamente proporcional. Ellos tienen que controlar eso y han decidido hacerlo sin asumir un diálogo con la gente. No han decidido escuchar a la gente, ver qué piden y tratar de girar las decisiones a favor de los de abajo.

A mí me molesta mucho cuando algunas personas, que son defensoras acérrimas del Gobierno cubano, incluso miembros de partidos de izquierda del mundo entero, esgrimen el argumento de que no se puede comparar la represión en Cuba con la represión de Chile, por ejemplo, dicen: “no, porque miren en Cuba, no es como en Chile, que en una manifestación te golpean o que en una manifestación te sacan un ojo”. En Cuba es más brutal aún porque no hay manifestaciones, porque no tienes el derecho de salir a la calle.

Sin embargo, sí existe la represión física brutal como lo vimos el 11 de julio. Es cierto, en Cuba no matan activistas. Sin embargo, la represión es muy fuerte, con juicios sumarios con condenas de cárcel por muchos años por el simple hecho de participar en una protesta, y a estas personas las ahogan al punto de que tengan que emigrar, o les hacen emigrar, les anulan social y políticamente. Les acosan todo el tiempo. La represión no es solamente desaparecerte físicamente. Es también desaparecer política y socialmente, un acto terrible y represivo porque te están matando en vida. Te están anulando, te están borrando de la historia, que es otro proceso que se da acá. A los activistas, a las personas que disienten, las borran de la historia. Sencillamente deciden no reflejar más su obra, en caso de que seas artista, no te mencionan más en los medios. Y si se les menciona, es para difamarles.

Para finalizar, ¿nos podrías comentar sobre la izquierda crítica en Cuba?

Mira, en Cuba la izquierda crítica es sumamente heterogénea y pequeña, además está muy poco organizada y están tratando de eliminarnos fuertemente –créeme, esto lo estoy viviendo en carne propia–. Yo diría que lo que han surgido son voces emergentes, de izquierda crítica. Entonces, si bien existen diversos colectivos, estas voces emergentes que se han pronunciado a raíz del día 11, yo pienso que la izquierda crítica en Cuba va a tener que esperar o va a tener que madurar mucho más para para lograr hacer una fuerza política constante y coherente.

Tienes a esa izquierda gubernamental, oficial, en la juventud, que te dicen que sí, que ellos tienen inquietudes, pero que la manera de hacerlo no es enfrentarse al Gobierno, sino que se trata de estar dentro de él para cambiar las cosas, y eso es una gran mentira, porque al final lo que sucede es que esa burocracia y esa comodidad en un país tan precario como el nuestro ahora mismo les asimila y básicamente les dan casa, les dan carro, tienen una vida y una posición económica mucho mejor que tienen que mantener y se mantiene acatando órdenes. Y sencillamente se convierten en los burócratas del futuro. Eso está sucediendo, es asimilación.

En cambio, la izquierda crítica está siendo tratada, en cuanto a disenso, igual que cualquier disidente de derecha actualmente. Nos están tratando de aniquilar, no te voy a mentir, no, no les conviene que existamos. La última vez que me citó la persona de la seguridad del Estado me dijo mercenaria, me dijo contrarrevolucionaria, me dijo que yo no era de izquierda. Y además de eso, el ataque de la izquierda gubernamental a la izquierda crítica es increíble, siempre prima el cuestionamiento de si somos izquierda. Si yo me pongo a trabajar con los obreros de una fábrica, por ejemplo, para tratar de cambiar las cosas, yo no voy a entrar por la puerta de la fábrica porque a mí me van a desaparecer políticamente, eso lo sabemos todos. En este marco, entonces, pienso que lo que nos queda es hacer en el campo de las ideas y en el campo de la denuncia social. Y lo intentamos, pero nos falta mucho. Te podría enumerar numerosos colectivos que existen en Cuba, pequeños pero que se mantienen activos, y se me hace difícil enumerártelos acá. Pero te repito, nos falta mucha maduración en la izquierda crítica para lograr ser una fuerza política coherente e importante también.

Transcripción de Manuel Aguilar

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Asesinan a Albeiro Camayo, fundador de la Guardia Indígena Nacional

La noticia fue confirmada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que asegura que la guardia indígena se está movilizando para capturar a los responsables

En medio de un ataque armado, el fundador y excoordinador de la Guardia Indígena Nacional, Albeiro Camayo, fue asesinado en la noche de este 24 de enero en el resguardo de Las Delicias, ubicado en el municipio de Buenos Aires, Cauca. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - Çxhab Wala Kiwe, que confirmó el suceso, señala como responsable a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por el crimen.

“El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informa a la comunidad en general y a la opinión pública nacional e internacional que en un ataque armado, perpetrado por el grupo autodenominado Columna Móvil Jaime Martínez, en el sector conocido como La Primavera, del territorio ancestral de Las Delicias (Buenos Aires, Cauca), fue asesinado el compañero Albeiro Camayo Güetio, excoordinador regional de la guardia indígena”, denunció la asociación.

Se detalló que alrededor de las 3:15 p. m. de este lunes los indígenas del resguardo Las Delicias denunciaron la presencia de un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de la autodenominada Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Cuentan que los subversivos se movilizaron por los sectores de El Cabuyo y La Primavera y forzaron a la comunidad, haciendo uso de las armas, para que participaran de varias reuniones que organizaron.

Cuando los criminales se encontraban en La Primavera, la neeh we’sx (que se traduce como gobernadora indígena) de Las Delicias llegó al lugar a exigir el respeto por la población civil. De esta manera, en compañía con la comunidad y los kiwe thegnas (guardia indígena) se procedió a expulsar a los armados del territorio.

Como respuesta, los subversivos hicieron acusaciones contra las autoridades, la guardia y la comunidad. Amenazaron directamente a los comuneros y los intimidaron con armas de fuego.

Horas más tarde, aproximadamente a las 5:30 p. m., los criminales comenzaron a disparar contra la comunidad del sector La Primavera y de El Mandarino. En este momento es cuando una de las balas impacta a Camayo.

“Alrededor de las 5:30 p. m. los miembros del grupo comenzaron a disparar en contra de la comunidad reunida. El ataque armado se registró también por el sector de El Mandarino. Es el tercer kiwe thegnas que es asesinado en este territorio y por los mismos autores en menos de dos semana”, relató la Asociación.

Es importante mencionar que, según los indígenas caucanos, entre los subversivos que atacaron este lunes se encontraba alias el Paisa, responsable de los asesinatos del joven ambientalista Breiner Cucuñame y de Guillermo Chicame, quien era miembro del esquema de seguridad de la autoridad Uka We´ sx del resguardo de Las Delicias. Este episodio ocurrió solo hace 10 días, el pasado viernes 14 de enero alrededor de las 1:30 a. m., cuando los disidentes de la columna Jaime Martínez también incursionaron armados en el territorio ancestral.

Ante este recrudecimiento de la violencia que se vive al norte del Cauca, las comunidades indígenas solicitan el acompañamiento de las entidades del Estado, el Gobierno tanto regional como nacional y de la organizaciones en pro de los derechos humanos. En particular, pidieron ayuda a la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

“Se hace la alerta máxima a todos los territorios indígenas del Cauca y a las organizaciones hermanas para acompañar a la familia Camayo Güetio y a la comunidad de Las Delicias en estos momentos de horror y muerte”, pidió la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

24 de Enero de 2022

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Inmigrantes: el buen esclavo y el esclavo rebelde

Los inmigrantes más sufridos en Estados Unidos, los indocumentados.

En la Edad Media y en el Renacimiento europeo, el título de hidalgo pudo haber significado “hijo de algo” o “fiel a su amo”. Aunque su etimología es discutida, lo que está claro es que se trataba de un aspirante a noble, un aristócrata de segunda. Un noble hacía cosas nobles por herencia, mientras el vulgo era vulgar y los villeros eran villanos por naturaleza. Eran los hijos de nadie. Eran los peones sin rostro del ajedrez, sin corona, sin bonete, sin caballos y sin torres donde refugiarse. Eran los primeros en ir a morir en las guerras de los nobles, los primeros en defender al rey y a la reina, aunque nunca subían al castillo y menos entraban a palacio. En grupos de a mil, formaban las militias. Eran números. Como en las guerras modernas, iban a matar y a morir, con fanatismo, defendiendo una causa noble, en el doble sentido de la palabra. Dios, la patria, la libertad. Causas nobles que ocultaban los intereses de los nobles. 

Poco o nada ha cambiado desde entonces. Los soldados estadounidenses que vuelven de las guerras de sus nobles, bajan en el aeropuerto de Atlanta y son aplaudidos por los vasallos que luego los abandonarán a la locura de sus memorias. Los recuerdos y hasta los olvidos los persiguirán como el diablo. Muchos terminarán en la mendicidad, en las drogas o en el suicidio. Cuando ya no importen, serán honrados en tumbas sin nombres o les llevarán flores a un peón caído, tan abstracto como en el ajedrez, llamado Tumba del Soldado Desconocido. Sobre todo, si hay cámaras de televisión cerca. 

Por no hablar de las cifras mil veces mayores de los civiles muertos del otro lado, que ni siquiera son números claros sino estimaciones. Aproximaciones que nunca alcanzan la indignación de los grandes medios ni la conciencia confortable de los ciudadanos del Primer Mundo, porque los suprimidos pertenecen a razas inferiores, son categorías subhumanas que nos quieren atacar o amenazan con quitarnos nuestro way of life dejando de ser esclavos. Los ataques de los poderosos nobles son tan preventivos que suelen eliminar cincuenta niños en un solo bombardeo sin que provoque discursos ni marchas indignadas con lideres mundiales al frente. Ni siquiera un tímido 6 de enero a favor de la paz y de la justicia ajena.

Los peones y los vasallos medievales no tenían rostros ni tenían apellidos porque no tenían nada que dejarle a sus hijos como herencia. Apenas tenían un nombre y la referencia de dónde habían nacido o a qué se dedicaban, cuando trabajar era signo de vergüenza y, como ahora, signo no necesidad. Para decir que alguien no se puede dar el lujo de un descanso prolongado se dice que es un trabajador. Ser hijo de una familia de obreros es un eufemismo de ser pobre. No es tan grave, porque, como las razas inferiores, los pobres no tienen sentimientos. 

“Los pobres sienten también sus penas,” dice una empleada en La casa de Bernarda Alba, y Bernarda, la pobre aristocrática, responde: “Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos”. 

El dolor de quien no está cerca del poder no importa, como no importan cincuenta niños suprimidos por una bomba en un país lejano. Como no importan cincuenta niños enjaulados en un recinto de inmigración. Como no importan los indocumentados pobres y de piel oscura, porque también son criminales que han violado Nuestras leyes trabajando para nosotros como esclavos y robando un salario que ningún esclavo se merece.

En la Antigüedad, los esclavos por deudas se conocían como “adictos”. Eran aquellos que decían, que hablaban en nombre de sus amos. Estaban atados a una servidumbre. Cuando siglos más tarde el invento de la esclavitud hereditaria y basada en el color de piel fue ilegalizado en el siglo XIX, la esclavitud volvió a ser cuestión de adictos. Ahora son pobres atados a una servidumbre por la necesidad de su pobreza, casi siempre hereditaria, como los pobres europeos que antes se vendían a sí mismos por cinco o por diez años como esclavos en Norteamérica. 

Pero los indentured laborers (“trabajadores sin salario”) de hoy no son sólo inmigrantes que deben venderse al bajo precio de la necesidad; también son aquellos que, sin hambre y sin una madre enferma del otro lado de la frontera, deciden vender su palabra a cambio de confort físico y moral. Como los esclavos en la antigua Roma, son “adictos”, no a una substancia sino a los valores, a la moral y a las ideas de sus amos, los millonarios a los cuales debemos agradecer la paz, el orden y el progreso, como en el siglo XIX los negros esclavos debían agradecerles a los esclavistas por la sombra de los árboles, por la lluvia y por la pócima que comían dos veces al día. Como en el siglo XIX, los esclavistas se expandieron con un fusil en una mano, con el discurso de la lucha por la libertad en la otra y con sus adictos detrás.

Como en su momento lo denunciaron el peruano González Prada y el estadounidense Malcolm X, estos adictos (“el buen indio”, “el negro bueno”) son los peores enemigos de la justicia y la liberación de sus propios hermanos. La lengua, que conserva una infinita memoria escondida, también sabe que la palabra lacayo era el nombre de los escuderos alcahuetes de sus amos, codiciosos mercenarios que caminaban detrás de sus amos como los peces remora viajan pegados a los tiburones.

Pero también están aquellos que no han vendido su libertad al precio de la necesidad y se resisten a inocularse el mito de “El país de la libertad” a donde “llegaron de forma voluntaria” y pueden irse, también “de forma voluntaria”, allanando el camino de las remoras y de los adictos. Son aquellos inmigrantes ilegales que ocupan los estamentos más bajo de las sociedades más ricas. Aquellos que deben vender sus cuerpos, pero no venden sus conciencias. 

Muchas veces me han preguntado si no tengo miedo de escribir contra las mafias imperiales desde las entrañas de la bestia, como decía José Martí. Cierto, no es fácil y mucho más ganaría adulando al poder y acomodando mis ideas a mis intereses personales. Pero hay cosas que no las compran ni todos los miles de millones de los nobles modernos. Ahora, si hablamos de coraje, el primer premio se lo llevan los inmigrantes indocumentados. Sobre todo, inmigrantes como Ilka Oliva-Corado. Empleada doméstica, talentosa pintora y escritora, valiente como un barquito de papel en la tempestad, mujer, guatemalteca, negra orgullosa y sin ataduras en la lengua. Una representante digna de los inmigrantes más sufridos en Estados Unidos, expulsados de sus países de origen, despreciados, explotados y deshumanizados por las sociedades que los usan y por las sociedades que los expulsan para luego recibir sus remesas.

 Por Jorge Majfud | 22/01/2022  

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Sábado, 22 Enero 2022 06:12

Que ni se te ocurra

Ceremonia con motivo del centenario del Partido Comunista de China, en la plaza de Tian´anmen, en Beijing, China, en julio de 2021 XINHUA, SHEN HONG

China impone el silencio en Hong Kong

En el enclave, los últimos periódicos y sindicatos prodemocracia están siendo cerrados. Van quedando pocas vías legales para expresar el descontento con Beijing.

Xia Baolong, jefe de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China, instó el mes pasado al pueblo de Hong Kong a votar en las elecciones legislativas del 19 de diciembre. «No es solo un voto por sus candidatos preferidos, sino también un voto de confianza en el principio de “un país, dos sistemas”», dijo (la fórmula ideada en la década del 80 que se suponía que garantizaba la autonomía de Hong Kong luego de que el enclave regresara a la soberanía china en 1997). El 19, la mayor parte del electorado rechazó la invitación de Xia. Solo 1,35 millones de personas (el 30 por ciento del electorado) acudieron a votar por los concejos distritales sometidos a votación, muy lejos de los 2,94 millones (el 71 por ciento del electorado) que votaron en las elecciones distritales de noviembre de 2019.

En aquellas elecciones de hace dos años, llevadas a cabo en el punto álgido de las enormes protestas que sacudieron la ciudad (véase «El consenso imposible», Brecha, 12-VI-20), los candidatos prodemocráticos ganaron casi 400 de los 452 escaños disponibles y se hicieron con el control de 17 de los 18 concejos distritales. En las elecciones del mes pasado, celebradas luego de que la Asamblea Popular Nacional de China introdujera una reforma del sistema electoral hongkonés que hizo prácticamente imposible que las figuras de la oposición se presentaran, los candidatos «patrióticos» pro-Beijing ganaron el 100 por ciento de los escaños.

«La legislatura ya no degenerará en una guarida de políticos anti-China, anticomunistas y secesionistas», escribió Lau Siu-kai, vicepresidente de la Asociación China de Estudios de Hong Kong y Macao, en el estatal China Daily. La jefa ejecutiva de Hong Kong (su «gobernadora», elegida por Beijing), Carrie Lam, descartó las críticas por la baja participación electoral. «Hong Kong está de vuelta en el camino correcto. Nosotros no podemos copiar y pegar el llamado sistema democrático de los países occidentales», dijo.

La confianza de Lam puede estar justificada. Es difícil imaginar un retorno de la oposición que durante las dos últimas décadas mantuvo movilizada a la juventud y a gran parte del resto de la población local. Sus principales figuras están ahora en la cárcel, en el exilio o retiradas de la política. El periódico prodemocracia más grande de la ciudad, Apple Daily, fue obligado a cerrar en junio, tras 26 años de actividad. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, desde sindicatos hasta grupos de apoyo a los presos, han sido presionadas para disolverse.1

La represión a la oposición continuará, y será en los tribunales donde podrá seguirse su faceta más visible. Hasta el momento, se han completado dos juicios en virtud de la ley de seguridad nacional, impuesta por China el 30 de junio de 2020, cuya entrada en vigencia marcó el fin del movimiento de protestas. Tong Ying-kit fue condenado en julio a nueve años de cárcel por llevar una bandera con el lema «Liberar a Hong Kong, la revolución de nuestra era» y estrellar su motocicleta contra tres policías antidisturbios. Ma Chun-man fue condenado en noviembre a cinco años y nueve meses por corear consignas, mostrar pancartas y hacer declaraciones a la prensa en las que pedía la separación de Hong Kong de China.

En marzo del año pasado, 47 activistas a favor de la democracia fueron acusados ​​de conspiración subversiva, conforme a la ley de seguridad nacional. Fue luego de que organizaran elecciones primarias no oficiales para elegir candidatos a las elecciones del consejo legislativo. Luego de dos aplazamientos solicitados por la fiscalía, su juicio fue agendado para marzo de este año. A muchos de ellos se les ha negado la libertad bajo fianza y han permanecido detenidos durante los últimos diez meses.

Mientras tanto, a principios de diciembre, ocho personas –entre ellas Jimmy Lai, el expropietario del Apple Daily– fueron sentenciadas a penas de prisión de cuatro a 14 meses por participar de una vigilia prohibida en la que se conmemoró a las personas asesinadas en la masacre de Tiananmén de 1989.

Las protestas callejeras y otras formas de oposición explícita son ahora casi imposibles. No votar es una de las pocas vías de resistencia que todavía quedan abiertas. Pero no les pidas a otros que se unan a tu boicot. En el período previo a las elecciones del 19 de diciembre, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong arrestó a diez personas por incitar a otras a abstenerse o emitir votos en blanco o anulados, lo que configura un delito según la reciente reforma de las leyes electorales. Los encontrados culpables pueden enfrentar hasta tres años de cárcel.

(Publicado originalmente en London Review of Books. Traducción de Brecha).

*Es un periodista e investigador que reside en Hong Kong desde 1991 y el autor de A System Apart: Hong Kong’s Political Economy from 1997 until Now (Penguin, 2017).

1. La Confederación Hongkonesa de Sindicatos (HKCTU) votó por disolverse, tras 31 años de actividad, en octubre, poco después de que hicieran lo propio el Sindicato de Profesores y la oficina local del Asia Monitor Resource Centre, un organismo dedicado a promover los derechos sindicales y las agremiaciones de base desde la década del 70. La HKCTU citó su preocupación por la seguridad de sus líderes y afiliados como su principal causa para tomar la decisión (N. de E.).

 
20 enero, 2022

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Bogotá, 19 de febrero de 2020. Sala Plena de la Corte Constitucional.(Colprensa - Álvaro Tavera)

Los ocho magistrados que votaron sobre despenalizar el aborto quedaron divididos 4-4. Será ahora un conjuez quien se encargue del desempate

Este 20 de enero la Sala Plena de la Corte Constitucional votó sobre la despenalización del aborto en Colombia. Una decisión que quedó en empate con cuatro magistrados a favor y cuatro en contra. Es de recordar que, el noveno voto hubiese sido del magistrado Alejandro Linares, pero este fue separado del debate por un impedimento que presentó al referirse sobre el tema del aborto en un medio de comunicación.

A favor de la ponencia que despenaliza el aborto votaron los magistrados: Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio Lizarazo y Diana Fajardo. Mientras que en contra de despenalizar, votaron Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz.

Ahora tendrá que ser un conjuez quien determine el desempate de esta discusión que puede culminar en la despenalización total de esta práctica como lo reclaman las organizaciones que velan por el derecho de la mujer, o que en el país siga aplicándose el aborto solo bajo las tres causales:

  1. Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer.
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina.
  3. En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

El 25 de febrero de 2021, la Sala Plena eligió, por unanimidad, a los 18 conjueces que, en caso de empate o falta de quorum necesario, tendrán la responsabilidad de participar de la deliberación y votación de las decisiones para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

Esta es la lista de los conjueces y será uno de ellos quien termine definiendo el desempate de este importante debate.

Según El Tiempo, la responsabilidad recayó en los conjueces Julio Andrés Ossa y Juan Carlos Henao que tendrán un tiempo para evaluar todo el expediente.

El empate se dio por la falta del voto del magistrado Linares

Linares entregó unas declaraciones a un medio de comunicación el 11 de noviembre de 2021, las cuales, de acuerdo con él, podrían interferir con su imagen de imparcialidad en la discusión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia.

“En ese tema uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno (…) o tiene los hijos de uno que le dicen: ‘papá, estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte”, dijo en ese entonces el magistrado a un medio de comunicación.

Frente al impedimento, el pasado 18 de noviembre de 2021 la Sala Plena de la Corte no llegó a un acuerdo, por lo que designaron al conjuez Yepes Arcila. El primero de diciembre, el alto tribunal tuvo un primera sesión, sin embargo, ese día tampoco se tomó una decisión por lo que se suspendió el encuentro. Ahora, un mes y medio después, la Corte Constitucional aceptó el impedimento del magistrado Linares.

El alto tribunal estudió las ponencias presentadas por los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, en las que se solicita despenalizar el aborto en Colombia, el cual es legal en el país desde 2006 bajo tres causales y de no entrar en ellas, el aborto es considerado como un delito, cuya pena sería de entre 16 a 54 meses de cárcel.

Según Lizarazo, el Estado debe despenalizar la interrupción voluntaria del aborto en el país, pues penalizarlo no solo incide en que se practiquen abortos inseguros, sino también, que se vulnere “la libertad de conciencia de las mujeres” de decidir si quieren procrear o no.

Se espera que en las próximas semanas se conozca la posición de los conjueces y se llegue a una decisión crucial sobre el tema del aborto en Colombia.

20 de Enero de 2022

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Juicios en Cuba a los presos por las protestas del 11 de julio

Por el derecho a la protesta.

Seis meses después de las protestas del 11 de julio, activistas y familiares de personas detenidas por manifestarse ese día han venido haciendo público que son sometidos a juicios sumarios y muchos de ellos podrían sufrir condenas de hasta 30 años de prisión. Las acusaciones van desde “actos vandálicos” hasta “sedición” que es una de las más graves. Entre los detenidos hay muchos menores de edad.

 

A comienzos de la semana pasada, el 11 de enero, dieron inicio tres juicios para un total de 57 personas, entre ellas 14 adolescentes, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Procesos que empezaron a llevarse a cabo en La Habana, la provincial central Santa Clara y la oriental Holguín.

Este lunes 17 de enero se difundió que se iniciaron otros juicios para un total de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, comenzaban a ser juzgadas en relación con las protestas de julio, según datos recopilados por activistas del colectivo Justicia 11J, que de manera voluntaria recopilar toda la información posible a través de un relevamiento sistemático de los detenidos y un seguimiento de las familias.

Estos juicios de enero se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre y diciembre en los que las condenas variaron desde multas hasta dictámenes entre 14 y 30 años de cárcel. Solo en las últimas dos semanas de diciembre unas 150 personas fueron llevadas a juicio con causas asociadas a las protestas del 11 de julio.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1300 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores), 800 de los cuales siguen en prisión sin juicio.

De acuerdo a Justicia 11J, los tres juicios anunciados este 17 de enero, se empezaron a celebrar en Mayabeque y La Habana, que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel. La Fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como “desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria” y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición.

El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión. En este juicio los activistas han detectado que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos pide la fiscalía 15 años de cárcel. En la provincia occidental de Mayabeque tienen lugar esta semana dos juicios, ambos en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. En el primero, entre este lunes y el miércoles, 15 personas se enfrentan a hasta 14 años de cárcel; en el segundo, el jueves, 7 personas afrontan penas de hasta 15 años.

En el llamado público a ser firmado “Justicia para los manifestantes del 11J”, Justicia11J declara que “La práctica represiva y la violación de los derechos más elementales se ha agudizado en los últimos meses, a raíz de la crisis sistémica que atraviesa el país. La emergencia sanitaria y social desencadenó el pasado 11 de julio una manifestación general de carácter pacífico que, a su vez, tuvo como respuesta gubernamental la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas.”

A raíz de esta situación desde La Izquierda Diario conversamos este 18 de enero con la joven periodista Lisbeth Moya González vía telefónica, quien nos comunicaba que “con respecto al tema de los juicios es difícil dar información porque el Gobierno no está siendo transparente. Sabemos que las personas detenidas están siendo juzgadas paulatinamente y que están siendo condenadas desde un año hasta 30 años. Llama mucho la atención que se están utilizando cargos como sedición para acusarlas, un cargo por el cual se pide muchísimos años de prisión que pueden ir desde 15, 25 y hasta 30 años. También están los cargos de desorden público y de atentados. Es de recalcar que hay menores de edad que están siendo juzgados, desde 15 a 17 años que están siendo juzgados con severidad. Y una gran mayoría son personas muy jóvenes de unos veinte y tantos años que están siendo condenadas a altas penas”.

Además enfatiza la joven periodista, que también es escritora, que “Hay muchos casos muy complejos, por ejemplo, hay una madre que tiene a sus tres hijos presos, es un caso de La Güinera que es un barrio donde las protestas fueron fuertes, y las condenas a esas personas están siendo bastante elevadas. Está el caso del muchacho Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, que tiene problemas mentales, y su padre no ha podido presentar esas pruebas porque no se lo permitieron y lo condenaron a 23 años de cárcel. El caso del joven músico y poeta Abel Lescay, quien tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado durante la noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid 19 durante el arresto. “

Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Los juicios no son públicos y no hay información al respecto por falta de transparencia y en muchos casos los abogados no tienen acceso al proceso, de acuerdo a las denuncias de activistas. “El Gobierno no da información y no existe transparencia. Existen muchas denuncias de los familiares que cuando hacen público lo que está sucediendo con sus allegados son acosados por la Seguridad del Estado, además de decirles que no pueden hablar con medios alternativos ni denunciar de ninguna manera porque será peor para ellos. En ciertos casos llegan a meterles miedo al punto de decirles que pueden perder el trabajo y sufren represalias. Además hay que señalar que los abogados no están teniendo acceso a los expedientes de manera regular, hay problemas con los testigos pues según testimonios de algunos familiares son traídos por la Fiscalía, y en el caso de las personas más desconocidas se les ha juzgado sin abogados”, recalca Moya González.

El discurso del gobierno cubano a través de las autoridades judiciales argumenta que “cumplen estrictamente los instrumentos internacionales”, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que juzgan sólo delitos “violentos y actos de vandalismo”. Así lo afirma el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, cuando hizo una referencia indirecta el lunes 17 de enero a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”. Afirmaciones que no se sostienen ya que las personas son implicadas por los hechos de las manifestaciones del 11 de julio que fue reprimida por el Gobierno, y son condenadas por ejercer el derecho a manifestación y asociación, pero los tratan como delincuentes comunes en la jerga oficial.

El presidente Miguel Díaz-Canel asegura que los cubanos "pueden manifestarse libremente", cuando los hechos y la realidad demuestra todo lo contrario, tal como se vio el propio 11 de Julio. Así lo denuncia Lisbeth Moya: “En Cuba el gobierno se empeña en decir que en el país no hay presos políticos, pero todas las personas que participaron el 11 de julio por definición son presos políticos. Se empeñan en negarlo para que no haya una visión hacia afuera del país de que hay personas que están en desacuerdo con el gobierno, pero todas las personas que se manifestaron están en desacuerdo con el gobierno, y las personas que están presas ahora mismo están en desacuerdo con el gobierno y están siendo juzgadas por un derecho político que es el derecho a manifestación”.

La escritora y periodista cubana Lisbeth Moya González en un artículo que escribiera de llamamiento a la solidaridad de los presos por protestar del 11 de julio, y publicado en La Izquierda Diario, relata que “Hasta el día de hoy [primeros días de diciembre] el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos de la plataforma de la sociedad civil cubana Justicia 11J ha documentado 1271 detenciones en relación con el estallido social del 11J. De estas personas al menos 659 siguen en detención. Se ha verificado que 42 han sido condenadas a privación de libertad en juicios sumarios y 8 en juicios ordinarios. Ya se conoce la petición fiscal de 269 personas que esperan entre 1 y 30 años de sanción. La figura de sedición ha sido utilizada para imponer sanciones al menos 122 personas, según informa dicha plataforma que se ha encargado de contabilizar y sacar a la luz la situación de los involucrados, debido a que no existen cifras oficiales disponibles.”

Para el mes de enero, y con datos más actualizados hasta esa fecha, el Colectivo Justicia11J destacaba que “ininterrumpidamente hemos puesto a disposición pública información sobre los casos, gracias a los reportes de familiares y amigos, y de las mismas personas detenidas. A pesar de la negación de tal escenario por parte del gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República, nuestro trabajo colaborativo ha podido dar cuenta de, al menos, 1339 personas detenidas o desaparecidas (entre ellos, hay 45 menores de 18 años), así como informaciones y estadísticas, todo ello accesible y transparentado en el siguiente enlace: Listado de personas detenidas y desaparecidas 11J”. Estadísticas que se sabe que son incompletas pues hay muchos más casos que no se conocen, porque no solo fue el 11 de julio cuando apresaron personas también lo hicieron en los días siguientes cuando iban apareciendo en los videos y la seguridad del Estado iba a sus casas a buscarlos.

Por ello el Colectivo Justicia11J en el Llamamiento que hacen para que sea firmado exigen al Gobierno “Información relativa al número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país”.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento. Lisbeth Moya enfatiza que “El 11 de julio fue el punto más álgido de la represión al disenso en Cuba. Históricamente existía el acoso sistemático de los Órganos de la seguridad del estado a quienes disentían a lo largo y ancho del espectro político; existían también casos de expulsiones de centros de estudio o trabajo por cuestiones ideológicas y muchas otras manifestaciones por el estilo. No obstante, el 11 de julio la represión fue ejercida en el cuerpo de los manifestantes.”

En este sentido los juicios que han comenzado en Cuba, el hermetismo con los que se llevan adelante y las condenas de hasta 30 años, son un mecanismo aleccionador de parte del Gobierno en la búsqueda de amedrentar a los manifestantes que como el 11 de julio de 2021 salieron a las calles contra una situación social y económica insostenible.

Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Miércoles 19 de enero

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