Reino Unido arranca una prueba de la semana laboral de cuatro días

Unas 30 empresas participarán en este proyecto piloto durante seis meses, entre las que se encuentra la multinacional Canon.

Un nuevo proyecto piloto se une a las pruebas similares que han hecho en Islandia, Australia, Nueva Zelanda o en España, que consta con un proyecto impulsado por Compromís en la Comunidad Valenciana y con un proyecto estatal impulsado por Más País.

Durante seis meses, hasta 30 empresas británicas participarán en este proyecto para comprobar las ventajas y las posibilidades de una reducción de jornada laboral a cuatro días sin reducción de salario. Dichas empresas mantendrán los salarios de los empleados exigiendo una productividad del 100% durante el 80% del tiempo.

Además de controlar la productividad, el proyecto trabajará junto a las empresas para medir el impacto en el bienestar de la plantilla, el impacto en el medio ambiente y la igualdad de género

Hasta el momento se han unido seis empresas al programa que pretende empezar en junio de 2022. Los impulsores del programa pretenden que el número de compañías participantes llegue a las 30 antes de la fecha de comienzo. Todas las empresas recibirán un paquete de apoyo que incluye talleres, tutorías, creación de redes y acceso a investigaciones académicas de primer orden, según han explicado desde los promotores. Además de controlar la productividad, el proyecto piloto contará de un equipo de expertos que trabajarán junto a las empresas para medir también el impacto en el bienestar de la plantilla, el impacto en el medio ambiente y la igualdad de género.

El programa piloto se llevará a cabo en colaboración con académicos de Cambridge y Oxford, así como con el Boston College, la campaña británica 4 Day Week y la organización Autonomy.  La empresa Canon Medical Research Europe, con sede en Edimburgo, será una de las empresas que probará la semana de cuatro días entre sus 140 empleados sin reducir sus salarios.

Enero 17/22

Publicado enInternacional
Justicia: el grito de las madres de las víctimas de disparos de la Policía en Colombia

De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Los familiares de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones

Santiago Mesa Andrés Buitrago Catalina Oquendo

Cali / Medellín - 12 ene 2022 - 16:02 COT

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

Publicado enColombia
"A Dios no le gusta que nadie sufra (...) no creo que Dios, porque yo trate de dejar de sufrir, me vaya a castigar por eso", decía Víctor Escobar, quien murió ayer por eutanasia sin ser paciente desahuciado. En la imagen, las últimas horas con su familia. Foto Afp

Víctor Escobar fue uno de los primeros latinoamericanos en fallecer por eutanasia sin ser enfermo terminal y quiso "abrir una puerta" para que otros accedan a la muerte asistida amparados en una decisión de la justicia de Colombia.

Horas antes de su deceso, el hombre de 60 años celebró que "ganó una batalla legal" de más de dos años para descansar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le impedía respirar por sus propios medios. La diabetes y las secuelas de un accidente cardiovascular agravaron la condición de Escobar y lo obligaron a postrarse en una silla de ruedas.

"Quiero que mi historia se conozca porque abre un hilo para que pacientes como yo, que somos pacientes degenerativos, tengan una puerta abierta a que puedan solicitar su descanso."

Falleció en la ciudad de Cali, bajo asistencia médica, confirmó su abogado en Twitter. En las últimas imágenes se le vio risueño junto a su familia. "Se les estaba obligando a vivir en condiciones que no son dignas contra su voluntad", explicó Mónica Giraldo, directora de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, quien agregó que otros tres pacientes no terminales ya accedieron a la eutanasia a raíz del fallo, pero sólo Escobar quiso hacer público su caso.

Según cifras oficiales, al menos 157 personas han recibido la muerte asistida en Colombia hasta octubre de 2021, tras la despenalización en 1997.

En Europa, sólo Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España legalizaron la eutanasia.

A la fecha, Derecho a Morir Dignamente acompaña cinco casos que buscan la eutanasia en Bogotá

Domingo 9 de enero de 2022

Publicado enColombia
La persecución de Biden a Julian Assange

¡Dejen de criminalizar a la prensa!

Con la persecución que está llevando a cabo en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el Gobierno de Biden está liderando el ataque contra el periodismo y fortaleciendo a los aspirantes a autócratas de todo el mundo

Al cumplirse un año de la insurrección que tuvo lugar el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump incitó a miles de sus simpatizantes a irrumpir violentamente en el Capitolio con la intención de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, las amenazas a la democracia continúan en el centro de la escena. Mientras el Partido Republicano se sume en el culto de Trump, activistas progresistas de todo el país luchan para ampliar los derechos electorales y garantizar el desarrollo de elecciones libres y justas. Uno de los principales baluartes de la democracia es la libertad de prensa. Lamentablemente, con la persecución que está llevando a cabo en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el Gobierno de Biden está liderando el ataque contra el periodismo y fortaleciendo a los aspirantes a autócratas de todo el mundo.

Julian Assange es el fundador y editor de Wikileaks, un sitio web pionero al servicio de la transparencia. Wikileaks expuso los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como también sus prácticas de tortura en Guantánamo y otros abusos de poder, al publicar miles de documentos militares y gubernamentales secretos estadounidenses que los principales medios de noticias de diversas partes del mundo —incluidos los periódicos The New York Times, The Washington Post y The Guardian— utilizaron como base para publicar reportajes que luego fueron ampliamente galardonados. Mientras lucha contra el intento del Gobierno de Estados Unidos de extraditarlo por cargos de espionaje y hackeo de información, Assange se encuentra encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, que ha sido descrita como la “versión británica de la prisión de la bahía de Guantánamo”. Si es extraditado, el fundador de Wikileaks podría enfrentar una condena de hasta 175 años de prisión.

Este miércoles se cumplieron 1.000 días de reclusión de Julian Assange en Belmarsh y un grupo de activistas se congregó frente a la prisión para conmemorar la fecha y exigir su liberación. Antes de ser recluido en Belmarsh, Assange pasó casi siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, en calidad de asilado político.

Entre los manifestantes se encontraba Stella Moris, pareja de Assange y madre de sus dos hijos menores. Como parte de su campaña por la liberación de Assange, Moris concurrió a la cumbre contra el cambio climático que se desarrolló en noviembre en Glasgow. En esa ocasión dijo a Democracy Now!: “Realmente todo esto ha comenzado a afectarlo. Cada día es una lucha para él. No se vislumbra un final. Esta [situación] puede continuar así durante años”.

Stella Moris anunció la vigilia de protesta por los 1.000 días de encarcelamiento de Assange en un tuit que incluye una grabación de audio supuestamente realizada dentro de la celda de la prisión de Belmarsh donde está recluido Assange. En dicha grabación, los gritos de los reclusos, los ladridos de los perros guardianes y el sonido incesante de puertas de metal que se abren y cierran pintan una imagen cruda de las duras condiciones que se viven dentro de Belmarsh.

En su conversación con Democracy Now!, Stella Moris agregó: “El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura ha dicho que Julian está siendo torturado psicológicamente. Su salud física se ha deteriorado muchísimo. Lo están matando. Si muere, es porque lo mataron. Lo están torturando hasta la muerte”.

Stella Moris reveló recientemente que Julian Assange sufrió un pequeño accidente cerebrovascular en prisión el 27 de octubre, el primer día de su audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Londres. Ese tribunal finalmente falló a favor del Gobierno estadounidense para que Assange pueda ser extraditado. Assange está actualmente solicitando permiso a ese mismo tribunal para apelar el fallo ante la Corte Suprema del Reino Unido.

Las amenazas a periodistas y trabajadores de los medios en todo el mundo han ido en aumento. El Comité para la Protección de los Periodistas declaró que, al 8 de diciembre, 24 periodistas habían sido asesinados en el cumplimiento de su deber en 2021 y se cree que otras ocho muertes estuvieron relacionadas con el trabajo periodístico. Asimismo, 293 periodistas fueron encarcelados durante 2021, lo que constituye una cifra récord.

El 9 de diciembre pasado, el presidente Joe Biden inauguró la “Cumbre por la Democracia”, organizada por la Casa Blanca, con las siguientes palabras: “Medios de comunicación libres e independientes. Esa es la base de la democracia. Así es como la población se mantiene informada y como los Gobiernos rinden cuenta de sus actos. En todo el mundo, la libertad de prensa está amenazada”.

Las palabras del presidente Biden son ciertas, pero suenan huecas, ya que su Departamento de Justicia busca encerrar en prisión a Julian Assange de por vida, por el simple hecho de desempeñar justamente las funciones de la prensa libre que Biden elogia.

Refiriéndose a los periodistas María Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021 por los valientes informes que llevaron a cabo mientras estaban bajo la amenaza de sus Gobiernos, el director ejecutivo adjunto del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Robert Mahoney, dijo el 10 de diciembre: “El mismo día que se honra a los periodistas con el Premio Nobel de la Paz, un tribunal del Reino Unido dictamina que Estados Unidos puede extraditar a Julian Assange, un fallo que daña gravemente al periodismo. […] La obstinada persecución del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks ha sentado un precedente legal dañino para la prensa […]. Esta semana, en su Cumbre por la Democracia, el Gobierno de Biden se comprometió a apoyar al periodismo. Para ello, podría comenzar por eliminar la amenaza que ahora enfrentan los periodistas de investigación de todas partes del mundo de ser juzgados según la Ley de Espionaje”.

Una coalición de 24 organizaciones internacionales —incluidas Human Rights Watch, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Freedom of the Press Foundation, PEN America y Reporteros sin Fronteras— instaron al Gobierno de Biden a detener el juicio contra Assange, afirmando que este “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es la conducta de muchos periodistas en su día a día, y la que deben adoptar para poder hacer el trabajo que la ciudadanía necesita que hagan”.

La democracia está bajo ataque. El presidente Biden debe cumplir con su promesa de apoyar la libertad de prensa, que actualmente se necesita más que nunca, y abandonar la persecución contra Julian Assange.

Por Amy Goodman - Denis Moynihan | 10/01/2022

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Publicado enInternacional
Más de 300 palestinos heridos en enfrentamientos con militares israelíes en Cisjordania

GAZA (Sputnik) — El número de palestinos que resultaron heridos en enfrentamientos con militares israelíes en Cisjordania superó los 300, informó la Media Luna Roja Palestina.

Al menos "301 sufrieron heridas esta noche en enfrentamientos con militares israelíes en las zonas de (la aldea de) Burqa, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania", dice el comunicado.

La nota indica que 19 personas resultaron heridas por balas reales, 91 fueron alcanzadas por balazos de goma y los demás inhalaron gases lacrimógenos.

Según los palestinos, los enfrentamientos fueron causados ​​por ataques de colonos israelíes.

Publicado enInternacional
Foto: Colprensa

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el 29 de octubre un auto en el que hace varias modificaciones al macrocaso 01, que pasó de llamarse “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” a “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.

Allí no solo modificó el nombre de este caso sino que añadió un delito por el que serán imputados varios exintegrantes de la guerrilla, la esclavitud que ejercieron sobre los secuestrados.

La Sala determinó que la desmovilizada Farc obligó a varios de sus secuestrados a realizar trabajos forzados a su favor durante su cautiverio. En el primero de los casos, la JEP consiguió el testimonio de dos víctimas del Bloque Sur que fueron castigadas por no pagar las sumas impuestas por la guerrilla, por lo que fueron privadas de la libertad y obligadas a trabajar forzadamente.

Una decisión que los comparecientes decidieron apelar al considerar que ya reconocieron ante el tribunal de paz que afectaron la dignidad de los secuestrados y que ahora se hable de esclavitud sería faltar a la verdad porque ellos no fueron una organización esclavista.

Pues ante ese recurso presentado por los excombatientes, la JEP, a través de un nuevo auto, decidió dejar en firme la imputación que hará por esclavitud en secuestrados.

Se trata del Auto 279 de 2021 en el que el tribunal de justicia transicional hace un análisis sobre lo presentado por la Procuraduría (que pidió a la JEP establecer la imposición de trabajos forzados por parte de las víctimas como un crimen de lesa humanidad de esclavitud), y de lo que sustentó la defensa de los exFarc.

“Los comparecientes que reconocieron los hechos y conductas determinados por la Sala de Reconocimiento, y su gravedad en cuanto crímenes no amnistiables, no están obligados a complementar su reconocimiento con un tipo penal específico para continuar en el procedimiento dialógico de reconocimiento”, detalló la JEP en esta nueva decisión.

Y aclaró que la Sala examinará si los trabajos forzados reconocidos por los comparecientes cumplen o no con los elementos del tipo del crimen de lesa humanidad de esclavitud una vez haya recibido las observaciones de estos a dicha calificación jurídica.

La JEP tiene varios testimonios de víctimas que dan cuenta de que sí hubo esclavitud dentro de las Farc. “Víctimas acreditadas describen que fueron obligadas a realizar trabajos forzados como pago por su libertad, al no contar con los recursos económicos exigidos por las FARCEP. Estos relatos parecen ser una modalidad solamente del suroccidente del país, y los reportes de las víctimas acreditadas coinciden en que sucedieron entre los años 2002-2003 en los municipios que limitan entre los departamentos de Nariño y Cauca”, se lee en el auto.

El tribunal de paz hace un salvamento y es que los comparecientes no tendrán que hacer presencia para complementar la información que tengan sobre esclavitud. “Así, por las razones anteriormente expuestas, la Sala revocará la decisión recurrida de requerir a los comparecientes complementar su reconocimiento con la calificación de crimen de lesa humanidad de esclavitud”, definió a Sala.

Agregó que con posterioridad, cuando corresponda, la Sala deberá presentar sus conclusiones sobre el reconocimiento en la respectiva resolución y deberá analizar si este reconocimiento cumple con los estándares constitucionales y legales.

Por estos casos de secuestro pero también de esclavitud, varios excomandantes de las Farc son responsables y deberán responder. Entre ellos están Rodrigo Londoño (Timochenko), como responsable de mando del crimen de lesa humanidad de esclavitud, cometido de manera concurrente con el de graves privaciones de la libertad por las unidades militares de las Farc. También relaciona a Jaime Alberto Parra conocido con el alias de El médico, Milton de Jesús Toncel Redondo conocido como Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Pastor Alape.

24 de Diciembre de 2021

Publicado enColombia
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada ayer en el Congreso colombiano luego de las protestas (en la imagen) contra el gobierno del presidente Iván Duque, que comenzaron en abril pasado. Foto Ap

Sólo falta la firma de Duque para convertirse en ley

La nueva norma viola el derecho a la vida y a la movilización social, denuncia senador de la oposición

 

Bogotá. El Congreso de Colombia aprobó ayer un proyecto de ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, autoriza la "fuerza letal" en legítima defensa para repeler una incursión violenta a una vivienda o vehículo, en lo que sectores de la oposición consideran que afectará el derecho a la movilización social.

La nueva norma fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año –comenzaron el 28 de abril– contra una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza de la policía que dejaron más de 40 muertos y 3 mil heridos.

Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la "ley de seguridad ciudadana", como fue bautizada por el gobierno del presidente Iván Duque, que la promovió como una forma de fortalecer instrumentos jurídicos y económicos para "contrarrestar la delincuencia en las ciudades" y regular las armas "menos letales".

Los congresistas de oposición se negaron a votar el proyecto al considerar que "viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución", como el derecho a la vida y a la movilización social, explicó el senador Iván Cepeda durante la plenaria.

El senador opositor Roy Barreras aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la norma a la que sólo le resta la firma de Duque para convertirse en ley. "Lo que acaba de aprobarse criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano y autoriza a disparar a los jóvenes y a los indígenas", advirtió Barreras.

La iniciativa aumenta las penas para quienes atenten contra la infraestructura, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares o de policía. También para quienes utilicen máscaras que sirvan para ocultar la identidad usadas durante las protestas, en particular por los integrantes de la llamada "primera línea" que se ponían como escudos humanos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Incluye también la "legítima defensa privilegiada" para particulares que se podrá ejercer cuando un "extraño" use "maniobras o mediante violencia penetre o permanezca de manera arbitraria" en lugares privados o vehículos. "La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno", aclara el proyecto de ley aprobado

Festeja el gobierno

El gobierno celebró la medida. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó en un comunicado que es "garantista" de los derechos y libertades de los ciudadanos y a la vez "implacable" con la delincuencia.

Su par del Interior, Daniel Palacios, resaltó que la ley aumenta las condenas para quienes asesinen a periodistas, elementos de la fuerza pública y defensores de derechos humanos, uno de los principales problemas del país.

Según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el estallido social, de 46 muertes que la organización pudo comprobar en las manifestaciones, al menos 28 fueron cometidas presuntamente por policías.

Por lo pronto, 28 congresistas de los opositores Polo Democrático Alternativo, Partido Verde y Comunes enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que aseguran que la nueva ley de Seguridad Ciudadana es un "incumplimiento" a sus recomendaciones hechas en su última visita a Colombia, en el contexto de las protestas antigubernamentales de este año.

"El articulado que fue aprobado por las mayorías parlamentarias pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social", señalaron, y destacaron que el punto de la "legítima defensa privilegiada" prescinde de responsabilidad penal a quienes la ejerzan y "fortalece acciones de autodefensa".

“La ley crea el delito de obstrucción a la función pública, al señalar que quien mediante violencia o ‘cualquier forma de coacción o intimidación obstruya, impida o dificulte la realización de cualquier función pública’, recibirá una pena de 36 a 60 meses. La condena aumentará cuando se obstruya o impida una orden de captura o procedimientos militares o de policía”, señalaron los opositores en el documento.

Publicado enColombia
Protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque en Cali, Colombia, el pasado 3 de mayo. Foto Ap

"Hubo uso desproporcionado de fuerzas del orden y se cometieron violaciones a los derechos humanos" // La mayoría de los fallecidos eran jóvenes de entre 17 y 26 años

 

Bucaramanga. El reciente estallido social en Colombia dejó 46 muertos, informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un reporte divulgado ayer.

Se trata de una cifra superior a los 29 casos que investigan las autoridades colombianas.

"Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza se cometieron violaciones a los derechos humanos", aseveró Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada.

La oficina recibió información sobre la muerte de 63 personas: de ese número verificaron que 46 fallecieron en las protestas –44 civiles y dos policías–, la mayoría por armas de fuego.

En 28 de estos casos, elementos de la fuerza pública serían los presuntos perpetradores, de acuerdo con el informe de la ONU. Se trata de una cifra mayor a la documentada por Human Rights Watch de 25 víctimas.

En otros 10 casos la oficina de la ONU concluyó que los presuntos responsables fueron elementos no estatales en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, manifestó su "preocupación" porque las autoridades no tomaron medidas para prevenir ataques armados de civiles contra los manifestantes.

La oficina en Colombia de la ONU pidió al gobierno investigar todas las muertes y no sólo las 29 que tiene a su cargo la Fiscalía por considerar que ocurrieron en el contexto de las protestas.

El Paro Nacional, como se denominó en Colombia a las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de una reforma fiscal, se prolongó por tres meses pese a que el gobierno cedió y no aumentó los impuestos de inmediato. Esta movilización derivó en un reclamo generalizado por mejores condiciones de vida, sobre todo para los más jóvenes que exigían oportunidades y equidad, así como una reforma a la policía por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Hubo protestas en todo el país y la mayoría fueron pacíficas. Sin embargo, en varios puntos se bloquearon vías que impidieron el libre tránsito de personas, alimentos e insumos médicos. Más de 3 mil civiles y policías resultaron heridos.

La mayoría de las víctimas fatales, concluyó la oficina, eran jóvenes de entre 17 y 26 años, vivían en barrios pobres y eran hijos de campesinos, indígenas, afrodescendientes o desplazados por la violencia.

Durante las protestas se reportaron 60 víctimas de violencia sexual. La oficina manifestó que en 16 casos los policías habrían sido responsables.

El informe también resaltó el diálogo entre las autoridades y los manifestantes para llegar a acuerdos, así como el compromiso del presidente Iván Duque de tener cero tolerancia a los abusos de la fuerza pública.

La oficina de la ONU recomendó al gobierno colombiano aplicar "los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica", reparar a todas las víctimas y reforzar las investigaciones y sanciones.

Tras los cuestionamientos, el gobierno ha implementado una serie de reformas en la policía que incluye crear la Dirección de Derechos Humanos.

El informe basó su información en 600 entrevistas a víctimas y testigos, 500 reuniones con funcionarios, más de 370 con organizaciones de la sociedad civil, análisis forenses de los videos y misiones de verificación directa durante las protestas.

La víspera la oficina de la ONU llamó la atención sobre el uso desproporcionado de la fuerza de la policía que habría causado la muerte de 11 manifestantes entre los días 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, de acuerdo con un informe independiente que la ONU apoyó con asesoría técnica.

Horas después, en una ceremonia de ascensos en las fuerzas militares, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró: "no hemos dado la orden para que se cometa ningún delito. La policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden".

En el mismo acto, el presidente Duque sostuvo: "prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es, en sí mismo, un ataque a la institución".

Publicado enColombia
Erika Prieto

Colombia tiene una de las constituciones más adelantadas de América Latina. Paradójicamente, encabeza la lista de países que violan los derechos humanos. En 2021, según Indepaz, han sido asesinados 162 líderes sociales y 44 firmantes del proceso de paz. Cuando no existen condiciones de posibilidad para la aplicación del derecho, palabras, artículos y leyes del ordenamiento jurídico aterrizan en la realidad del papel mojado.

Los asesinatos contra defensores de los derechos humanos no son la única forma de atentar contra procesos de vida digna en Colombia. El campo jurídico es una herramienta más silenciosa. Los montajes judiciales también interrumpen la labor militante. El movimiento Congreso de los Pueblos lo sufre de forma grosera; "desde 2002 hasta hoy el Estado colombiano ha encarcelado a más de 150 de nuestros liderazgos y mantiene vigentes más de 400 procesos penales", denuncia en un comunicado en el marco de otra persecución de la fiscalía contra una de sus dirigentes: Erika Isabel Prieto Jaime.

Pudimos acompañar a Erika en su trabajo social en Bogotá al inicio de la pandemia. En la entrega de material sanitario en las cárceles, defensa a trabajadores informales, reparto de alimentos a hogares vulnerables o el desalojo irregular de cientos de familias en pleno confinamiento. Entre tales tareas, vimos a Erika sacar tiempo para rescatar de la calle a animales abandonados, participar en eternas reuniones virtuales o acompañar a la juventud de los Escudos Azules, primera línea durante el Paro Nacional. La calidez y calidad humana que desprende esta defensora de la vida se resume con palabras como amor, ternura y compromiso. Pero en su caso aplica mejor la palabra contagio. Erika es ante todo una contagiadora de alegría, sueños y esperanzas.

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación para defender su inocencia. En declaraciones a los medios, esta licenciada en derecho afirmó "obviamente, hay mucho temor, porque yo sé lo que son los manuales del Estado, sé la injusticia que se vive dentro del derecho penal, sé cómo funciona todo ese ejercicio de los poderosos en Colombia, pero aun así creo que lo que hay que hacer es dar la cara, decir que lo que hemos hecho por transformar la vida de los empobrecidos, lo hemos hecho en total legitimidad, y que de ninguna manera tenemos que agachar la cabeza por eso".

Su judicialización continúa estos días con una audiencia de legalización de captura, donde se decidirá si sigue el proceso en libertad o prisión preventiva. "La estrategia habitual de la fiscalía es intentar encarcelar a los defensores hasta que llega el juicio y ahí habitualmente el juez les absuelve, pero si han estado varios años en la cárcel les ha truncado la vida y su proceso organizativo", afirma Luis Mangrané, abogado español de la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

"Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", dice el artículo 12 de la Constitución colombiana. La Carta Magna de 1991 coincide con el proceso de modernización del Estado en sintonía con el Consenso de Washington. El proceso de neoliberalización en Colombia, a diferencia de Chile o Argentina, no llega de la mano de dictaduras militares, sino de un "Estado social de derecho". Éste se pone al servicio del libre mercado y la ideología del emprendedurismo aplicando el clásico paquete: privatización, desindustrialización, flexibilización laboral, aumento del extractivismo, fortalecimiento del sector financiero o expansión de la frontera agrícola al servicio de la economía de la cocaína. Colombia no puede entenderse sin el narcotráfico y sus vínculos con Estado y sector financiero, que se manifiestan en estructuras como el paramilitarismo, grupos criminales creados por el Estado que atentan contra el movimiento social, protegiendo los intereses del gran capital. Política, guerra contrainsurgente y narcotráfico inyectan jugosos frutos al mundo financiero. Realidad tamizada por una Constitución que conjugando elementos liberales y socialdemócratas, favorece el consenso y la reproducción del orden.

La convivencia de esta fachada jurídica con la arquitectura de la violencia es síntoma de la capacidad de resistencia del pueblo colombiano. Pero también de una crisis anunciada. La que hoy se pone de manifiesto en las estructuras del Estado, subordinadas a los intereses de la geopolítica imperial estadunidense, con al menos siete bases militares en Colombia.

Estado y mercado pueden tratar de acabar con la resistencia popular. Asesinarla, encarcelarla, tratar de anularla. Pero el pueblo colombiano seguirá pariendo a contagiadoras de sueños como Erika, capaces de transmitir la certeza de que es posible cambiar el estado de cosas actual, y de que lo vamos a lograr. En declaraciones a Telesur antes de ser detenida expresó: "quiero decir a los muchachos que vienen siendo judicializados que lo más duro de esto es sentirse vencido, y pensar que porque uno llora y está triste eso está mal; eso es lo normal, lo anormal es que fuéramos como ellos, que no sintiéramos. Nosotros sentimos con todo el corazón, pero eso no quiere decir que no vayamos a vencer".

Vanessa Pérez Gordillo* y Raúl García Sánchez**

* Filósofa

** Periodista

Publicado enColombia
Jueves, 16 Diciembre 2021 06:02

Los niños de la pandemia

Imagen: Sandra Cartasso

Jean Luc Nancy nos propone: ”Luego de la pandemia tenemos que aprender a respirar y a vivir simplemente. Algo que es mucho, difícil y largo; los niños lo experimentan. Ellos, los infantes, no saben hablar. No saben modular su aliento sobre la palabra, pero no piden más que aprende , y aprenden y hablan. Seamos niños. Recreemos un lenguaje. Tengamos esa valentía...”

Nos describe un devenir no tan lejano en el tiempo, de miedo y aislamiento. La lupa viral aumentó nuestras contradicciones y límites. Fue un principio de realidad que golpeó la puerta del principio del placer. La muerte la acompañaba. Pero una muerte ya no disfrazada y negada sino todo lo contrario, siempre presente una amenaza constante. Nos acompañaba en cada uno de nuestros movimientos y en el lugar en que situábamos al otro, otro peligroso, contagioso y hostil; acechándonos en cada esquina.

Tuvimos plena conciencia de nuestra finitud, que nos señalaba el fallido intento de ser infinitamente poderosos. Nuestras certidumbres y seguridades tambalearon y vimos caer nuestra autosuficiencia.

De todas maneras, afirma Nancy, se reavivó una interdependencia tanto del contagio como de la solidaridad, la del mantenimiento a distancia como de la consideración mutua, la de la cohesión social en la observancia de los protocolos como de la anarquía que proponía la mentira y la destrucción.

Y last but not least, “el miedo” cotidiano, miedo a un virus inasible y que alimentaba una ansiedad suplementaria y un estado de alerta permanente aun en nuestras peores pesadillas. El semejante, su proximidad y el temor al contagio, el barbijo en tanto protección y señal inquietante.

La proximidad física, el abrazo, el roce de los cuerpos tenía consecuencias mortales. Se perdieron sonrisas, imágenes, corporalidad. Por un tiempo nos transformamos en un mundo herido en sus metáforas y creencias.

En ese estado de aislamiento permanente se agotan las reservas eróticas como así también las fuerzas que mantienen unida a una sociedad.

Transitamos la desazón y el miedo y nuestra vida se organizó en clave de protocolo, control y limpieza. La recreación de nuestros vínculos quedó despojada de la posibilidad de alojar y de hospedar.

¿Qué efectos se generaron en nuestros chiques en estas condiciones? ¿Qué consecuencias en la construcción de su subjetividad y en la relación con una otredad perniciosa? ¿Podemos pensar en los niños en pandemia y qué se resignificó a posteriori?

Para Donald Winnicott, la importancia del juego y del encuentro con los pares es imprescindible en la infancia. El juego compartido con otros territorializa y genera un espacio de fronteras móviles que dan cuenta de nuestra existencia: el extremo de una cuerda, una sonrisa, una mirada que nos concede la certeza de estar vivos.

En ese instante de convite para estar con otros se descubren e inventan mundos. Es la esencia del inicio de un vínculo y el advenimiento de un sujeto como el protagonista de la aventura de vivir. Y esa cita se renueva cada día.

Este encuentro con el otro extranjero significa una experiencia cultural, surge la creatividad como antecedente de formas de enfrentamiento a conflictos o experiencias ulteriores de nuestra adultez.

Este espacio intermedio, sostiene Winnicott, se alimenta en la confianza hacia la figura materna y sus sustitutos en el mundo extrafamiliar, ellos son los que nos proponen zonas de experimentación vitales y de aprendizaje. Para el infantil sujeto, cada uno de los acontecimeintos de su cotidiano devenir son posibilidades en la construcción del lazo social.

La base o los cimientos de esta construcción se apoya en la confianza, su ausencia significa en parte una pérdida de la zona de juego y su simbología.

Para Fred Plaut, "la capacidad de juego para formar imágenes y usarlas de manera constructiva por recombinación de nuevas figuras depende, a diferencia de los sueños y fantasías, de la posibilidad del individuo para confiar”.

Los niños de la pandemia atravesaron durante días, meses, nuevas condiciones de vida necesarias para su cuidado, pero no sin consecuencias. Y en algunos casos con ausencias definitivas y sin posibilidad de despedida.

Aparecieron nuevas formas de conectarse y lo virtual se convirtió en hegemónico como única posibilidad de encuentro.

No es momento de conclusiones, sí de preguntas, esta pandemia que todavía nos amenaza nos deja como legado en los próximos años el desafío de investigar, intercambiar y generar pensamiento acerca de lo ocurrido.

Gracias a Marcela Altschul tenemos algunos testimonios de los chiques en pandemia que reflejan sus estados de ánimo, su sentido del humor y su indoblegable capacidad de juego (testimonios de su libro de próxima publicación).

..."Si salgo, necesito salir con los que no convivo! No tener que salir con los que veo todo el día hace dos meses”. Anna, 13 años.

...”Lo que me está faltando en mi vida son los espacios intermedios. Los momentos de ir y venir del cole, salir a comprar algo. Todo es un continuo, todo es igual”. Victoria, 14 años.

...”El momento más exitante del día es cuando saco la basura a la puerta”. Lucía, 10 años.

...”El finde podíamos salir pero estaba en modo paja y no quise. Ya me acostumbré a la cuarentena”.  Lara, 12 años.

...”Gané la pelea familiar. Soy el encargado de sacar el perro a la puerta". Federico, 12 años.

Es apenas un comienzo de contar con algunos de sus testimonios, para convocarnos en tanto analistas a pensar en sus miedos y en sus posibilidades creativas para jaquear el miedo y la muerte.

Hago mías las palabras de Jean Luc Nancy a modo de epílogo: ”La enfermedad de la piel de la tierra es el hombre, el ser humano en contra de lo humano y de toda forma de vida que no esté a su servicio. Su prioridad es la relación consigo mismo. Deberemos inventar un dios que baila, otras relaciones entre nosotros y resignificar la palabra humanidad".

16 de diciembre de 2021

Monika Arredondo es psicoanalista.

Bibliografía

Jean Luc Nancy: “Un virus demasiado humano”.

Donald Winnicott: “Realidad y juego”

Fred Plaut: “Analysis-analysed”.

Marcela Altschul: “Rayos y lentejas, grandes reflexiones de pequeños pensadores”.

Publicado enSociedad